Aumentar la confianza pública en la vacunación contra el COVID 19: El papel de los gobiernos

Reforzar las garantías y la rendición de cuentas en la asignación de fondos públicos y en la atención pública ante emergencias

La necesidad de proteger la salud pública y garantizar la continuidad de los servicios públicos ha causado que la atención pública sea una prioridad esencial para los gobiernos, a la hora de desarrollar sus respuestas a la crisis de COVID‑19.11 La emergencia de salud ha llevado a los gobiernos a realizar inversiones masivas en I+D y a destinar sumas enormes para adquirir vacunas, tratamientos y realizar diagnósticos, tanto a nivel multilateral (a través del Acelerador ACT de la OMS) como nacional. Aunque todavía no se dispone de datos completos y precisos, los gobiernos de los países de la OCDE han aportado al menos USD 13 000 millones en financiación directa para I+D y en la generación de recursos para producir vacunas COVID-19. Esta cifra no incluye los miles de millones adicionales destinados al esfuerzo para la compra anticipada de vacunas, ni a la financiación extendida para apuntalar los sistemas de salubridad, adquirir los suministros necesarios y desarrollar otras tecnologías de salud para responder a la pandemia. Los gobiernos han asignado sumas aún mayores —billones de dólares— para compensar la pérdida de ingresos y apoyar a los sectores de la economía que se encuentran en dificultades. Tales medidas se adoptaron con gran rapidez en tanto se desarrollaba la crisis durante el primer semestre de 2020.

A pesar del rápido ritmo de respuesta, deben observarse las garantías de integridad y rendición de cuentas al movilizar fondos públicos tan excepcionales, para aumentar la confianza y asegurar que los fondos se asignan en el mejor interés del público. Aunque la mayoría de los gobiernos de la OCDE contaban con los marcos jurídicos necesarios para la atención pública ante la emergencia, se tuvo que equilibrar la necesidad de adquirir grandes volúmenes de bienes y servicios con rapidez, a menudo de proveedores con los que no habían trabajado anteriormente y, con el aumento de los riesgos comerciales y de propiedad asociados a la adquisición pública ante emergencias. En Canadá, por ejemplo, las normativas de emergencia permiten la adquisición directa a proveedores no precalificados (ante la pandemia, el gobierno se limitó a preguntar al sector privado quién podía suministrar productos como mascarillas, desinfectantes, etc.). No obstante, todas las decisiones fueron documentadas, pueden impugnarse legalmente y están sujetas a auditoría. En Estados Unidos, la ley CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) de 2020 estipula que la asignación de fondos públicos a la investigación y el desarrollo de vacunas y, los productos desarrollados con ciertos fondos deben estar disponibles a un precio "justo y razonable".

Aunque estas rápidas actividades de adquisición garantizaron volúmenes de suministros esenciales que no tenían precedente, el uso de adjudicaciones directas supuso la ausencia de competencia en la contratación, que es un aspecto crucial para mantener la confianza de los ciudadanos y las empresas en estos procesos. Sin esa competencia en el proceso de adquisición y para mantener la integridad de las actividades de contratación, los compradores públicos deben proporcionar documentación clara sobre cómo han considerado y gestionado los posibles conflictos de intereses o la parcialidad en sus decisiones y acciones de adquisición, también deben publicar sus adjudicaciones y contratos de manera oportuna y, documentar las comprobaciones debidas llevadas a cabo diligentemente acerca de los proveedores y asociados. El Comité de rendición de cuentas de la respuesta a la pandemia en Estados Unidos., compuesto por inspectores independientes, fue creado por la Ley CARES con el fin de auditar el gasto relacionado con la respuesta al COVID-19 para incrementar la rendición de cuentas e identificar el despilfarro y, para investigar el fraude y abuso en el gasto que estuviera específicamente relacionado con la respuesta a la crisis del coronavirus.12

Aunque la pandemia destacó una serie de riesgos ante la adquisición pública y las medidas de mitigación asociadas, antes de la crisis ya existían esfuerzos específicos para aumentar una estrategia de adquisición pública basada en riesgo. En un inicio, centrados ante las amenazas a la integridad, se ha prestado cada vez más atención en los últimos años el abordar otros riesgos que podrían afectar significativamente al resultado y al impacto de los procesos de adquisiciones públicas, incluyendo los riesgos operativos, financieros, de reputación, sociales y medioambientales entre otros riesgos del entorno (OECD, 2019[18]). Las actuales circunstancias excepcionales de la pandemia también presentan una oportunidad para que las organizaciones internacionales y los gobiernos fortalezcan permanentemente las garantías de integridad y la rendición de cuentas, así también, promueven modelos integrales de administración de riesgos dentro de las adquisiciones públicas.

Promoción de estándares de integridad sólidas en las interacciones entre funcionarios públicos y partes interesadas

La segunda cuestión de integridad en relación con las vacunas COVID‑19 se refiere a las interacciones entre los funcionarios públicos y otros actores. Las partes interesadas que participan en los procesos de elaboración de políticas, incluidos los representantes del sector privado y los grupos de interés, pueden aportar ideas valiosas al debate político. Sin embargo, es importante establecer criterios claros sobre la forma en que los intereses privados influyen e interactúan con los responsables políticos y, promover la apertura, la integridad y la equidad para mantener la confianza pública. De lo contrario, se corre el riesgo de que algunos intereses ejerzan una influencia indebida en el proceso de toma de decisiones y capturen las políticas, en detrimento del interés público.

Un estudio sobre la representación de intereses durante la COVID‑19 reveló que las actividades de cabildeo aumentaron durante la crisis —especialmente en relación con los paquetes de rescate económico— y que algunos participantes disfrutaron ventajas de acceso (Junk et al., 2020[19]). Este entorno puede favorecer a las partes interesadas y a los intereses sectoriales con representantes experimentados y bien financiados,13 quienes ya tienen acceso a importantes personas que son responsables de la toma de decisiones y son capaces de mantener relaciones establecidas de largo tiempo, a través de llamadas telefónicas u otros medios digitales.14

Reconociendo que el uso de principios éticos para guiar la toma de decisiones puede aumentar la confianza y la solidaridad, así como reforzar la legitimidad y la aceptación de medidas para responder a la pandemia, en marzo de 2020 el gobierno irlandés desarrolló un marco ético para la toma de decisiones. El marco establece principios éticos para la toma de decisiones y valores de procedimiento para guiar la manera en que se toman esas decisiones. Entre los principios, el tema de equidad exige, por ejemplo, que las decisiones de asignación de recursos no se tomen de forma arbitraria y subraya que, una decisión justa es aquella que da a las personas las mismas oportunidades para recibir atención en cuidados de salud. Además, la responsabilidad como valor de procedimiento destaca que debe existir la oportunidad de reexaminar y revisar las decisiones a medida que se disponga de nueva información, así como deben existir mecanismos para atender las disputas y reclamaciones. Aunado a ello, con el fin de promover la transparencia y la oportuna rendición de cuentas en las actividades de cabildeo, la Oficina del Comisionado de Cabildeo en Canadá, ordenó que todas las actividades relacionadas al COVID‑19 tuvieran etiquetas digitales e incluyó una opción para realizar búsquedas por palabras clave en el registro de cabildo en línea, facilitando así, un escrutinio oportuno de la información por parte del público.15

Garantizar la transparencia y la integridad de los órganos consultivos

Otro elemento para generar confianza en las estrategias de vacunación es garantizar la transparencia y la integridad de los órganos consultivos especiales16 (tales como los comités científicos) (OECD, 2014[20]). Many governments have established such entities to inform public decision-making in responding to the pandemic. Muchos gobiernos han establecido entidades de este tipo para informar la toma de decisiones públicas en respuesta a la pandemia. Hay indicios de que diversos sectores industriales pueden colaborar con estos organismos para influir en los procesos normativos, por ejemplo, mediante el desarrollo de programas "aparentemente destinados a abordar los problemas de salud derivados de los productos que fabrican o distribuyen" (Mindell et al., 2012[21]). Por ejemplo, tras la pandemia de gripe porcina A (H1N1) de 2009, los debates científicos y públicos suscitaron acusaciones de sesgo comercial y que algunos gobiernos e instituciones públicas fueron engañados para almacenar un medicamento de eficacia limitada. Un análisis de cómo el grupo de expertos daneses desarrollaron el plan para hacer frente a la pandemia de gripe porcina, demostró que fueron presionados por la industria de forma directa y en un modo más sutil (Vilhelmsson and Mulinari, 2017[22]). Investigaciones recientes han demostrado que, tras los informes de escasez en el Reino Unido, España, los Países Bajos y Polonia, la UE compró y almacenó una cantidad significativa de antivirales, a pesar de las escasas pruebas de su eficacia (Hordijk and Patnaik, 2020[23]). En general, las actividades de asesoramiento están excluidas de los marcos de influencia. Por ejemplo, solo siete países de la OCDE pusieron a disposición del público información sobre las órdenes del día, las minutas y los participantes en los órganos consultivos en 2014 y, en 2019 solo el 47 % de los países de la OCDE exigieron la divulgación pública de los miembros de los órganos consultivos que participaban en los procesos normativos a nivel nacional (OECD, 2014[20]).17 Sin embargo, el Grupo Consultivo de la Comisión Europea sobre COVID‑19 es un ejemplo de un alto nivel de transparencia en la pandemia actual. El orden del día y los informes de las reuniones del grupo se publican en línea, lo que favorece la rendición de cuentas al público. Además, las minutas, las aportaciones de los participantes y cualquier contribución externa recibida pueden consultarse previa solicitud. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de Estados Unidos, que elabora recomendaciones sobre el uso de las vacunas, es otro ejemplo de transparencia. Todos los debates se transmiten en directo y se invita al público a hacer comentarios.18

En términos más generales, algunos estudios subrayan el papel favorable de la "transparencia operativa" —cuando los gobiernos y los organismos públicos divulgan información sobre su forma de trabajar y las razones de algunas decisiones— para aumentar la confianza de las personas en los procesos y los resultados de las políticas públicas (Buell, 2019[24]) En consecuencia, crear conciencia en la población para entender los procedimientos de aprobación de vacunas que son vigilados por los organismos reguladores internacionales y nacionales, puede contribuir a aumentar la confianza en las vacunas.

Fomentar la transparencia y la integridad en la investigación médica

Por último, los gobiernos deben garantizar que la información y los resultados de la investigación sobre tratamientos y vacunas se comuniquen de forma transparente y exhaustiva. En el proceso de desarrollo de la vacuna COVID‑19, varias empresas publicaron sus protocolos de ensayos clínicos, pero los resultados de ensayos centrales fueron comunicados inicialmente en titulares y por medio de comunicados de prensa,19 con pocos detalles, lo que dio lugar a especulaciones20 sobre los datos subyacentes, antes de su publicación y revisión por pares. Además, hasta la fecha, las autorizaciones rápidas de vacunas por parte de organismos reguladores estrictos se han realizado principalmente en el marco de protocolos de emergencia, lo que puede crear la percepción de que las evaluaciones implicaron menos rigor del habitual,21 o se basaron en datos preliminares o incompletos22 (véase el Recuadro 2) sobre cómo se expeditó la autorización reglamentaria al tiempo que se garantizaban las normas de seguridad). Se vuelve crucial todo lo siguiente mencionado: la transición de estos productos para una autorización completa, la publicación bajo revisión por pares, tanto de los resultados obtenidos hasta la fecha, como del seguimiento a largo plazo de los sujetos en los ensayos clínicos en curso y, la total transparencia de los datos posteriores a la comercialización procedentes de los ensayos de fase IV, así como los conjuntos de datos recogidos de forma rutinaria y la farmacovigilancia activa y pasiva.

Este grado de transparencia no siempre fue la norma antes de la pandemia de COVID‑19. Varios estudios han demostrado que la investigación clínica financiada por la industria biofarmacéutica a menudo está sujeta a un importante sesgo de publicación, que favorece los estudios con resultados positivos, así como a la selección de pruebas y orientación a la mercadotecnia. (Smith, 2005[25]; Lundh et al., 2017[26]). Sin embargo, desde 2015, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha establecido una política de aumento a la transparencia, publicando todos los datos de los ensayos clínicos presentados en las solicitudes reglamentarias de las empresas farmacéuticas y evaluados por su Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP). Además, para cada presentación, la EMA publica en su sitio web, un informe de evaluación pública europeo en el que figura la evaluación de los datos por parte del CHMP. Durante la crisis de COVID-19, las autoridades reguladoras también instituyeron medidas de "transparencia excepcional" en la evaluación de las vacunas COVID-19. Por ejemplo, la EMA ha publicado documentos importantes tras la autorización de la vacuna, incluyendo la versión completa del plan de administración de riesgos y los datos de los ensayos clínicos de la vacuna revisados como apoyo a su autorización.23

Además de garantizar la transparencia de los datos de los ensayos clínicos, es vital tratar de evitar o, cuando sea inevitable, gestionar los conflictos de intereses entre las distintas partes que participan en el desarrollo de vacunas (por ejemplo, investigadores, empresas farmacéuticas, gobiernos), así como reforzar la independencia de los investigadores mediante mecanismos de financiación y supervisión que los aíslen de las presiones políticas y económicas. Para ello, se necesitan requisitos de transparencia, junto con políticas institucionales claras sobre el patrocinio de la industria y los conflictos de intereses, a fin de preservar la integridad y la independencia de la investigación.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU. mantienen una base de datos que contiene un registro de ensayos clínicos donde el público puede acceder a una lista de estudios clínicos relacionados específicamente con el COVID‑19. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) exige que los científicos y las organizaciones que aportan datos a sus procesos revelen sus fuentes de ingresos y financiación (Bowers and Cohen, 2018[27]). Además, las asociaciones profesionales e industriales han desarrollado medidas voluntarias. Por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría publicó en 2007 una política que exige a las personas que participan en ensayos clínicos, o en la revisión de protocolos de diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales que, en los tres años naturales siguientes a su nombramiento, divulguen cualquier relación con la industria, con actualizaciones anuales mientras dure su participación (Wheeler and Cosgrove, 2013[28]). En 2016, la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) adoptó un código voluntario24 similar al de la Ley de Transparencia en los Pagos Médicos (Physician Payment Sunshine Act) de Estados Unidos. Esta última exige a los fabricantes de productos médicos que revelen a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) cualquier pago u otra transferencia de valor realizada a médicos u hospitales universitarios,25 que luego son publicados en un sitio web público.26

Publicar de forma proactiva la información y los datos oportunos sobre las estrategias, modalidades y logros de la vacunación en formatos desglosados, intuitivos y de código abierto

La pandemia de COVID‑19 ha puesto de manifiesto cómo la falta de información clara y de datos oportunos puede causar incertidumbre en la toma de decisiones y fomentar la desconfianza de la población. Garantizar la disponibilidad de datos granulares en código abierto y de forma oportuna sobre cuestiones esenciales, tales como el número de personas vacunadas, el número de dosis administradas, la cobertura geográfica y el número de personas que experimentan reacciones adversas, facilitará el análisis y la difusión de los datos en herramientas de rastreo en línea, sitios de noticias, etc.

La publicación proactiva de información actualizada, fiable y fácil de entender sobre la adquisición y financiación de vacunas, en cumplimiento con las leyes de acceso a la información, también es crucial para que las personas ajenas al gobierno confíen en la eficacia de las estrategias y políticas de vacunación gubernamentales. Sin embargo, los contratos de suministro y la información que contienen, incluidos los compromisos de entrega, han permanecido usualmente en confidencialidad. Las autoridades nacionales solo dieron a conocer detalles muy limitados sobre la adquisición de vacunas al principio, con escasa o nula divulgación de precios, calendarios de entrega y otras condiciones contractuales o la financiación de la I+D, todas ellas cuestiones de interés público.

Aunque eventualmente se publicaron algunos contratos, estaban muy censurados y solo se dieron a conocer tras reiteradas peticiones de organizaciones de la sociedad civil o tras disputas entre gobiernos y fabricantes sobre el calendario, la magnitud y la naturaleza de los compromisos de entrega.27 La ausencia de información confiable y de fácil acceso puede dejar mucho margen a la especulación, las afirmaciones falsas y las controversias. En última instancia, también puede conducir a una erosión de la confianza si existe la percepción entre el público —justificada o no—, que la información se está ocultando o reteniendo deliberadamente con el fin de eludir la rendición de cuentas. Por otro lado, la divulgación proactiva de todos los detalles no sensibles desde el punto de vista comercial de los contratos con los fabricantes de vacunas no solo podría ayudar a generar confianza, sino también a reducir la carga a la que se enfrentan los gobiernos y el sistema judicial con el aumento del volumen de solicitudes de acceso a la información (UNESCO, 2020[29]).

Potenciar una comunicación pública transparente y coherente para hacer frente a la desinformación y la "infodemia"

Desde su inicio, la pandemia de COVID‑19 ha ido acompañada de una "infodemia" (WHO, 2020[30]) —una sobreabundancia de información—, sea exacta o no. Abordarla con determinación también es crucial para aumentar la confianza.

La mayoría de los contenidos cuestionables que circulan en línea (generalmente a través de las redes sociales), se basan en manipulaciones de los hechos y en teorías científicas no demostradas. Los gobiernos —que se enfrentaron a pruebas científicas escasas y en constante cambio— y no se comunicaron de forma decisiva al principio de la pandemia (OECD, 2020[31]) abrieron la puerta a la difusión de este tipo de contenidos. El mero hecho de estar expuestos a la "ciencia en ciernes", con conocimientos en constante cambio y, estar expuestos a debates en disciplinas a las que la mayoría de las personas no estaban expuestas antes de la pandemia (por ejemplo, la epidemiología), puede contribuir a aumentar las dudas sobre las vacunas debido a la falta de comprensión. La sobrecarga cognitiva también es un problema. A medida que se genera y difunde nueva información a un ritmo rápido, la gente puede sentirse abrumada e incapaz de extraer los principios más importantes que podrían guiar su comportamiento.

Los algoritmos de las plataformas en redes sociales tienden a incitar a los usuarios a consumir contenidos similares a los que han visto anteriormente, lo que puede contribuir a crear cámaras de eco. En las redes sociales no moderadas, aunque el volumen de contenidos sobre COVID‑19 proceden de fuentes poco fiables, este era relativamente menor que el de los contenidos de fuentes confiables, el volumen de reacciones a los primeros era mayor (por ejemplo, "me gusta", comentarios) (Cinelli et al., 2020[32]). Varias empresas de redes sociales han reforzado sus políticas de moderación, incluida la eliminación de desinformación28 en 2020. Sin embargo, la mayoría de ellas no tienen definiciones claras de los tipos de contenidos que deben eliminarse,29 y pocas informan de cómo llevan a cabo la moderación de contenidos o de cómo los usuarios pueden contribuir a ella. Se necesitaría más transparencia en relación con las actividades de los cabilderos y otros interesados que tratan de influir en los asuntos nacionales a través de las redes sociales. La mayoría de los gobiernos no han establecido definiciones de desinformación y falsa información, lo que mejoraría una política coherente de moderación de contenidos en todas las plataformas mediáticas (OECD, 2021[2]).

Una comunicación pública eficaz y autorizada puede contribuir a aumentar la confianza. Los gobiernos deben garantizar que el público pueda acceder a información oportuna y precisa de fuentes confiables sobre por qué la vacunación es el único medio realista de lograr la inmunidad colectiva a mediano plazo y que es esencial para la reapertura segura de nuestras sociedades y economías. Por ejemplo, Bélgica ha delegado en su centro de crisis y en expertos científicos, la tarea de informar diariamente a los ciudadanos.30 Los gobiernos también pueden aprender unos de otros compartiendo buenas prácticas de comunicación. En el marco de su Presidencia en el G7, el Gobierno del Reino Unido tiene previsto lanzar una Campaña Mundial de Confianza en las Vacunas para hacer frente a la desinformación de salud y fomentar la confianza en las vacunas a través de un enfoque integral (Recuadro 4).

Sin embargo, los gobiernos también deben ser abiertos en relación con las incertidumbres residuales a la hora de comunicar, dado que omitir piezas importantes de información puede fomentar la desconfianza entre el público una vez que se disponga de nuevas pruebas. De hecho, investigaciones recientes demuestran que comunicar la incertidumbre en los artículos de noticias solo produce una pequeña disminución de la confianza en las cifras que se comunican y en la fuente de información (van der Bles et al., 202[34]).

Los esfuerzos para aumentar la capacidad de las personas para detectar la información falsa y su alfabetización mediática y científica pueden contribuir a reducir la incertidumbre que provoca la indecisión ante las vacunas. Algunos países (por ejemplo, España31) han comenzado a monitorear las campañas de desinformación de manera sistemática y han implementado planes de acción o leyes en respuesta a esta problemática. Francia, por ejemplo, aprobó una ley contra la manipulación de la información en 2018.32 Otras iniciativas incluyen kits de herramientas para ayudar a los ciudadanos a detectar información falsa. Otros países han creado materiales educativos sobre la desinformación. La autoridad de salud danesa ha publicado un video en su sitio web, en el que ofrece orientación sobre cómo detectar noticias falsas, incluyendo por ejemplo, la verificación de si estas proceden de una fuente autorizada y si fueron publicadas en múltiples medios.33 El "pre-bunking" (también conocido como ‘inoculación social’) —expone al público a pequeñas dosis de desinformación para explicar su razonamiento erróneo— y puede ayudar a las personas indecisas a superar sus temores sobre la vacuna contra el COVID‑19 (OECD, 2020[31]). El Gobierno del Reino Unido junto con la Universidad de Cambridge han desarrollado “Go Viral!”,34 un juego para educar a la gente y exponerla a las técnicas utilizadas para difundir información falsa en las redes sociales.

Una comunicación eficaz y la empatía con la gente, también implica un buen conocimiento de las distintas audiencias (por ejemplo, consumo de medios de comunicación, idiomas hablados), asociaciones con líderes comunitarios y gobiernos subnacionales para superar las barreras de información (OECD, 2020[31]; OECD, 2020[35]). En muchos países, las minorías étnicas son más reacias a vacunarse. Además, un estudio reciente demostró que, en Irlanda y el Reino Unido, los grupos de población que se resisten a vacunarse contra el COVID‑19 recurren a las redes sociales como fuente de información en mayor medida que los segmentos que aceptan las vacunas y, tienen menores niveles de confianza en la información procedente de agencias de noticias, organismos gubernamentales y profesionales de la salud. También se descubrió que las personas reacias a vacunarse tienen creencias religiosas más fuertes (Murphy et al., 2021[36]).

Diversas estrategias pueden resultar eficaces para estimular la demanda de vacunación entre grupos de población indecisos (véanse, por ejemplo, Evans y French (2021[37])), muchas de las cuales ya están siendo utilizadas por algunos gobiernos de países de la OCDE. En Israel, el Ministerio de Salud lanzó una campaña de relaciones públicas para fomentar la vacunación entre las comunidades judías ultraortodoxas. Los líderes religiosos de algunos de estos grupos comunicaron a sus miembros la importancia de vacunarse, incluso compartiendo fotos de sus propias vacunaciones. En el Reino Unido, el Departamento de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte puso en marcha una campaña para hacer frente a la información falsa sobre vacunas que fue compartida entre las comunidades de minorías étnicas, proporcionando un conjunto de herramientas con contenidos diseñados para ser compartidos a través de grupos comunitarios usando WhatsApp y Facebook, así como Twitter, YouTube e Instagram. La campaña está encabezada por figuras de confianza de la comunidad local, incluyendo líderes religiosos, médicos y otros, quienes ofrecen consejos sencillos sobre cómo detectar la información falsa y qué debe hacerse para detener su propagación, a través de videos breves y compartibles.35 En el Recuadro 5 se ofrecen otros ejemplos de buenas prácticas en materia de comunicación pública por parte de los gobiernos.

La OCDE ha facilitado una serie de conversaciones exhaustivas sobre el papel de la comunicación y los esfuerzos de los gobiernos para fomentar la confianza en las vacunas, en un evento de la Serie de Foros de la OCDE36 en el que se exploró la importancia de una comunicación eficaz para hacer frente a la "infodemia" y un evento de alto nivel37 en el que se revisaron los retos que plantea la desinformación en el contexto de la pandemia y, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y buenas prácticas de comunicación.

Involucrar al público al desarrollar estrategias de vacunación

Los gobiernos deben escuchar las preocupaciones de la gente y las razones por las que no confían en las vacunas aprobadas contra el COVID‑19 y deben atender su necesidad de certidumbre. Aunque las dudas sobre las vacunas se caracterizan por la desconfianza en los expertos (Stecula, Kuru and Jamieson, 2020[39]), no está relacionado a la competencia o conocimientos técnicos sobre el tema, sino más bien con la percepción de que los expertos no actúan de buena fe (Eiser et al., 2009[40]). Por este motivo, la comunicación unidireccional sobre los beneficios de la vacunación no bastará para convencer a las personas que modifiquen sus puntos de vista. En su lugar, permitir que las personas reticentes a la vacunación expresen sus opiniones, manifestando empatía y tratando la resistencia sin antagonismo, son formas eficaces de promover el cambio de comportamiento (Gagneur et al., 2018[41]). Siguiendo este enfoque, el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Francia elaboró un sitio web38 para preguntar a los ciudadanos sobre las razones por las que están o no dispuestos a vacunarse.

Para mantener o restablecer la confianza en las vacunas, es necesario conocer a fondo las preocupaciones específicas de cada ciudadano en relación con las vacunas, sus experiencias históricas, su afiliación religiosa o política y su situación socioeconómica. Por ejemplo, en Estados Unidos, los afroamericanos están menos dispuestos a vacunarse que otros grupos (Reiter, Pennell and Katz, 2020[42]). Esta desconfianza puede estar relacionada con experiencias negativas personales o cercanas con el sistema de salud y otros servicios públicos, así como con abusos de poder actuales e históricos hacia estos grupos (por ejemplo, falta de consentimiento informado). Las pruebas demuestran que los afroamericanos tienden a experimentar una menor calidad de comunicación (como el suministro de información y la toma de decisiones participativa) con los médicos, especialmente con los médicos no afroamericanos (Johnson Shen et al., 2018[43]). Los grupos desfavorecidos también están más expuestos al COVID‑19 debido a sus ocupaciones y/o condiciones de vida (que pueden impedirles aislarse en casa o mantener un distanciamiento social efectivo en el lugar de trabajo) y, tienen menos acceso a redes de seguridad en caso de enfermar gravemente (OECD, 2020[44]). En términos más generales, estos grupos de población también suelen tener peor acceso a cuidados de salud, lo que contribuye al impacto reducido de las recomendaciones existentes. Otro ejemplo es la baja cobertura de la vacuna triple vírica en poblaciones minoritarias de los distritos londinenses.39 Todos estos factores combinados contribuyen al escepticismo sobre las recomendaciones gubernamentales. Esto exige específicamente la participación de las comunidades en el desarrollo y aplicación de estrategias de salud pública que aborden sus necesidades, así como la ampliación de todos los servicios gubernamentales implicados.

También es necesario explicar y comunicar claramente las decisiones sobre las estrategias de vacunación para aumentar su aceptación. La demanda de vacunas contra el COVID‑19 seguirá superando la oferta durante varios meses (OECD, 2021[1]). Por lo tanto, muchos países deben priorizar la administración de las reservas limitadas de vacunas. La claridad en cómo se toman estas decisiones es esencial para ganarse la confianza del público en la acción gubernamental. Por ejemplo, el personal de salud y los trabajadores de servicios esenciales están especialmente expuestos, ya que se encuentran "al frente" de la lucha contra la pandemia. Asimismo, los ancianos y las personas con comorbilidades tienen más probabilidades de desarrollar formas graves de la enfermedad y estos grupos han registrado tasas de mortalidad mucho más elevadas que el resto de la población. Se reconoce ampliamente que inmunizar primero a estos grupos, contribuiría a aliviar la presión sobre los sistemas de salud. Los esfuerzos de comunicación sobre por qué estos dos grupos son considerados población prioritaria en casi todos los países, facilitarían la aceptación y fomentarían la confianza en las intenciones.

El éxito de las campañas de vacunación requiere una participación amplia y bien gestionada de la comunidad. Todos los grupos de población deben participar en el diseño y la puesta en marcha de iniciativas de base que generen confianza en las vacunas y refuercen las relaciones entre las comunidades y sus gobiernos, especialmente en el caso de los segmentos marginados o desatendidos de la población.40 En el caso de COVID‑19, esto requiere un énfasis específico al abordar las cuestiones que generan preocupación, como la velocidad en el desarrollo y aprobación de las vacunas. En el caso de COVID‑19, esto requiere un énfasis específico al abordar las cuestiones que generan preocupación, como la velocidad en el desarrollo y aprobación de las vacunas (véase el Recuadro 2).

Los gobiernos pueden asociarse con las organizaciones comunitarias y apoyarlas, para aprovechar las estructuras existentes para vacunar a la población, así como lograr que exista una comprensión más clara de los obstáculos y facilitadores de la vacunación en comunidades específicas, empoderando a los líderes de estos grupos y quienes están mejor posicionados para transmitir confianza en las vacunas. Empleadores (Milkman et al., 2011[45]), compañeros de trabajo (Chapman and Coups, 1999[46]), familiares y amigos (Takahashi et al., 2003[47]) desempeñan un papel importante en la aplicación de la vacuna de la influenza en adultos. También, se ha demostrado de forma consistente que, bajo recomendación médica, incrementa las tasas de vacunación para otras enfermedades (Brewer and Fazekas, 2007[48]). La Evaluación Rápida de la Comunidad, desarrollada por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, proporciona a los funcionarios de salud una guía de cinco pasos para evaluar lo que piensan las comunidades sobre las vacunas COVID‑19, identifica a los líderes de la comunidad y a los mensajeros de confianza y, permite priorizar las estrategias de intervención con potencial que logren aumentar la confianza y aceptación en la vacuna COVID‑19 (Centers for Disease Control and Prevention, 2021[49]).

Cuando se realiza apropiadamente, la participación comunitaria mejora la posibilidad de que las comunidades estén al frente de las cuestiones que les afectan, utilicen los servicios y aumenten su resiliencia. Cuando la comunidad participa, se extiende la influencia de los responsables locales, facilita el acceso a la información y su entendimiento, permite y promueve el derecho a proporcionar retroalimentación sobre los servicios recibidos y aprovecha las capacidades locales existentes. En Estados Unidos, recientes programas piloto en California ofrecen lecciones importantes sobre el valor del compromiso comunitario (Mondal, 2021[50]). Por ejemplo, un estudio longitudinal de grupos en cierta edad, que comenzó en 1999 como un examen de los efectos del uso de plaguicidas en los trabajadores agrícolas del Valle Central de California, recientemente se ha cambiado a realizar investigación de los efectos del COVID‑19. En su último informe, los investigadores descubrieron que, en octubre de 2021, el 20% eran positivos a los anticuerpos contra el SARS‑CoV‑2 pero, al menos la mitad de ellos se mostraban reacios a aceptar la vacuna COVID‑19, ya que no confiaban en el gobierno. Los investigadores no tardaron en darse cuenta de que, para generar confianza en la vacunación entre este grupo de estudio, sería necesario integrar la participación de la comunidad.

Existe la expectativa de que, cuanto más participe el público en las decisiones relacionadas a la aprobación y administración de vacunas, más probable será que acepte la vacunación. La democracia deliberativa41 está ganando terreno como forma de enfrentar problemas políticos acuciantes, en ámbitos como la planificación urbana, la salud y el medio ambiente (OECD, 2020[51]). Estos procesos suelen tener éxito cuando se requiere abordar dilemas morales (como la implantación o no de "pasaportes de vacunación") y, se da el tiempo suficiente para sopesar argumentos y pruebas. Por ejemplo, en el caso de Escocia, se creó un grupo de ciudadanos para evaluar la respuesta del gobierno al COVID‑19, valorando las pruebas aportadas por expertos en áreas que van desde la epidemiología hasta el derecho y la economía y, presentaron un informe al comité COVID‑19 del Parlamento.42

Consultar e involucrar a los ciudadanos y las comunidades locales también ayudará a desarrollar la estrategia de vacunación más adaptada al contexto local, superando así algunos de los retos logísticos y las reticencias a la vacunación. Por ejemplo, el plan de vacunación COVID‑19 de Canadá, incluye la colaboración entre el Gobierno Federal, las provincias, los territorios, los líderes de las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis así como los gobiernos municipales, entre otros.43 El plan de vacunación COVID‑19 del Reino Unido adopta una visión local, dirigida por la comunidad, con asociaciones entre el gobierno nacional, las autoridades locales, el sistema nacional de salud, los directores locales de salud pública, las juntas locales de salud y bienestar, el voluntariado y los sectores comunales y religiosos.44