Covid-19 en América Latina y el Caribe: Panorama de las respuestas de los gobiernos a la crisis

 Medidas de contención decretadas por los gobiernos en la región

La rápida propagación de la pandemia ha sido un desafío para el mundo, pero en particular para la región de América Latina y el Caribe (Gráfica 1). Independientemente del aumento en el acceso a los servicios básicos de salud en los últimos 30 años, las medidas sanitarias esenciales, como el lavado de manos constante, el uso de gel hidroalcohólico, mascarillas y las medidas de distanciamiento social, siguen siendo difíciles de seguir para 230 millones de personas vulnerables de ALC (ECLAC, 2020[9]). Muchos hogares no tienen acceso a agua potable. El 21% de la población urbana latinoamericana vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas precarias, donde el hacinamiento y la falta de servicios básicos son algunos de los factores que crean un entorno especialmente propicio para la propagación de la enfermedad (OXFAM, 2020[13]). En Bolivia, por ejemplo, sólo el 52.7% de los hogares tiene acceso a servicios sanitarios básicos (agua corriente, electricidad, tratamiento de aguas residuales) (INE, 2019[14]).

 

Gráfica 1. Fallecimientos nuevos por COVID-19 confirmados diariamente por región (media acumulada a 7 días)

Fuente: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Gráfica de ourworldindata.org – última actualización el 27 de octubre

Para contener la propagación de COVID-19, muchos países de la región reaccionaron rápidamente adoptando estrictas medidas de distanciamiento social y sanitarias (Cuadro 1); sin embargo, dadas las condiciones preexistentes mencionadas previamente, el efecto positivo de las medidas de contención fue limitado en las zonas más vulnerables (Gráfica 2). Tras ocho meses de confinamiento y otras medidas restrictivas, se plantea también el problema de la "fatiga pandémica", que es la desmotivación para seguir los comportamientos de protección recomendados, que surgen gradualmente con el paso del tiempo y se ven afectados por una serie de emociones, experiencias y percepciones. Por ejemplo, dado que los confinamientos y otras medidas restrictivas en ALC se han prolongado durante períodos más largos que en otras regiones, la "fatiga pandémica" también podría estar contribuyendo a la situación y podría agravarse en el contexto de una segunda ola (WHO, 2020[15]).

El Rastreador de Respuesta del Gobierno al COVID-19 de Oxford (OxCGRT1) es una medida compuesta que analiza las respuestas del gobierno a la pandemia en todo el mundo (Figura 2). El indicador sugiere que, si bien las medidas restrictivas de distanciamiento social fueron eficaces para contener las infecciones en Europa, no tuvieron el mismo efecto en ALC. En la mayoría de los países de ALC, en lugar de producirse una rápida disminución del número de casos y muertes, el contagio se estabilizó en un nivel alto durante varias semanas, sin que se produjera una disminución marcada hasta el mes de septiembre.

 

Gráfica 2. Rastreador de respuesta del gobierno y número de fallecimientos

 Desafíos y medidas del sistema de salud

Los sistemas de atención de la salud de la mayoría de los países de la región tienen una capacidad considerablemente inferior al promedio de la OCDE, con un menor gasto sanitario, menos camas y profesionales de la salud por cada 1000 habitantes y sistemas de vigilancia y seguimiento de enfermedades más débiles. Por ejemplo, mientras que México, Costa Rica, Colombia y Chile tienen como máximo 2.1 camas por cada 1000 personas (Figura 3), el promedio de la OCDE es de 4.7 (OECD, 2019[16]). Estas brechas en términos de capacidad de acogida se extienden más allá del número de camas para incluir también la capacidad de kits de testeo. Por ejemplo, el 11 de marzo, el Ministerio de Salud de Costa Rica anunció que ya no informaría sobre los casos sospechosos, ya que la cantidad de casos sospechosos superaba la capacidad nacional para aplicar pruebas COVID-19.

 

Gráfica 3. Estado de las capacidades del Sistema de Salud en América Latina y el Caribe antes de la pandemia

StatLink: https://stat.link/5lcxwi

StatLink: https://stat.link/1twid9

Fuente: OECD/The World Bank (2020), Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020 (Un vistazo a la salud: América Latina y el Caribe 2020), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6089164f-en

Frente a estos desafíos, los países de ALC declararon rápidamente el estado de emergencia, instituyendo una cuarentena nacional inicial en marzo que luego se extendió hasta octubre de 2020 en la mayoría de los países (Anexo 1). En algunos estados federales como México y Brasil, estas decisiones fueron tomadas por los gobiernos estatales y, por consiguiente, se aplicaron considerablemente más tarde. En cambio, El Salvador comenzó a aplicar una de las medidas de contención más estrictas incluso antes de que se confirmara el primer caso en el país (ASCOA, 2020[3]). Desde entonces, los gobiernos han adoptado medidas para controlar el distanciamiento social en función de los niveles de las zonas infectadas (por ejemplo, Chile, Ecuador y Guatemala), del género (por ejemplo, Panamá, Colombia y Perú), del número de placas de los vehículos (por ejemplo, Ecuador) y cd los toques de queda durante la semana o los fines de semana (por ejemplo, República Dominicana y Honduras).

Los gobiernos también aumentaron la capacidad de sus sistemas de salud para hacer frente a esta crisis, así como para facilitar el acceso a todos sus ciudadanos. Entre las medidas adoptadas se encuentran la construcción de hospitales de emergencia en un tiempo récord (por ejemplo, en Argentina), la puesta a disposición de camas adicionales en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) (por ejemplo, en Colombia y Perú) así como la capacitación de profesionales de la salud para prestar servicios en las UCI (por ejemplo, en Brasil y Chile). En medio de la preocupación por la capacidad y el aumento de los precios, algunos gobiernos concertaron acuerdos con clínicas privadas para aumentar de forma inmediata la cantidad de camas disponibles. Perú, por ejemplo, dio a las clínicas privadas 48 horas para llegar a un acuerdo sobre los precios establecidos que facturarían al Estado para atender a los pacientes de COVID-19 que no cuenten con seguro. Del mismo modo, Chile emitió el Decreto [N°356] por el que las clínicas debían aumentar la capacidad de camas de las UCI en 20% en una semana, y en 100% en un mes (MINSAL, 2020[17]).

Algunos países, como Uruguay y Argentina, también desarrollaron sus kits de prueba con investigaciones financiadas por los gobiernos en las principales universidades nacionales, junto con empresas de tecnología, produciendo hasta 100 000 kits de prueba por mes. Otros, como Brasil y México, recibieron hasta 135 000 kits de pruebas de China. Los gobiernos también han fortalecido sus estrategias para probar, rastrear y aislar los casos.

 Estrategias de reapertura

Teniendo en cuenta el fuerte impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo en las economías de ALC y las vulnerabilidades preexistentes de una gran parte su población, los gobiernos de ALC se han visto obligados a reabrir sus economías y a relajar gradualmente sus planes de confinamiento. Sin embargo, a pesar de la urgencia de la situación, varios países pudieron diseñar y aplicar planes de distanciamiento gradual (Anexo 1). Al dividir el territorio por niveles de contagio, los países presentaron planes de reapertura en etapas graduales. Bolivia, por ejemplo, comenzó a flexibilizar las medidas de cuarentena en el mes de mayo en función de la clasificación del Ministerio de Salud de los niveles de contagio del país. Ecuador, México y Costa Rica adoptaron una estrategia similar de sistemas nacionales de alerta de emergencia codificados por colores. Chile anunció un plan de reapertura "paso a paso" basado en la tasa de contagio de cada distrito. Perú basó su plan en el porcentaje de capacidad operativa de los sectores. Por ejemplo, la producción de minerales no metálicos y de papel comenzó en mayo, la minería subterránea a gran escala en junio, la minería subterránea en mediana escala en julio, y la producción de tabaco en agosto. No obstante, los sectores sensibles, como los restaurantes y las actividades de entretenimiento, no podían superar el 40% de ocupación hasta el 1 de octubre, cuando el país entró en la etapa 4 del plan de reapertura. Argentina anunció planes para relajar progresivamente las medidas de distanciamiento social, comenzando por la apertura de negocios no esenciales en los barrios, la reapertura gradual de las escuelas (cerradas desde marzo) y la autorización del ejercicio al aire libre en las regiones con menor índice de contagio. En algunos países, todas las fronteras han estado cerradas desde abril, prohibiendo la entrada a todos los ciudadanos extranjeros hasta fines de 2020. Paraguay, Perú, Chile y El Salvador decidieron mantener las escuelas cerradas hasta el final del año.

 Evitar y mitigar una segunda ola: lecciones de Europa y Asia

Teniendo en cuenta la segunda ola de COVID-19 que golpeó a Europa al momento de redactar este informe, los países de ALC deberían revisar la flexibilización de los cierres, en particular en las zonas altamente contaminadas, haciéndolos más largos y estrictos para dar seguimiento y contener la propagación del virus. Muchos países europeos no lograron construir sistemas sólidos de prueba-seguimiento-rastreo una vez que se puso fin a los cierres. Tampoco aprovecharon este tiempo para adelantar las hospitalizaciones de pacientes con padecimientos no relacionadas con el COVID-19 (The Economist, 2020[4]). Esto implica que ahora los países europeos se enfrentan no solo a una segunda ola aún más fuerte, sino que además y de forma paralela, tienen que tratar a los pacientes cuyas hospitalizaciones se habían postergado debido a la pandemia. Al tener que volver a medidas estrictas de distanciamiento social para evitar la saturación de los hospitales, los países europeos están ahora introduciendo o reintroduciendo cuarentenas y toques de queda. Los países que se encontraban bajo confinamientos estrictos durante la primera oleada se han mostrado reacios a reintroducir medidas de cuarentena estrictas y han tratado de evitarlas reduciendo las interacciones sociales en la medida de lo posible. Los toques de queda han sido una opción intermedia, al tiempo que se ha incrementado el uso de mascarillas, desinfectantes y se ha promovido el trabajo a distancia tanto como ha sido posible (The Economist, 2020[4]). Francia, Italia y España reintrodujeron toques de queda parciales a partir de las 9 a las 11 p.m., respectivamente (GOUV, 2020[18]); (MDS, 2020[19]); (MSCBS, 2020[20]) en octubre, extendiéndola luego a otras zonas con altos niveles de contaminación un par de semanas después. A pesar de un toque de queda inicial de dos semanas aplicado para detener el rápido aumento de los casos de COVID-19, Francia implementó una segunda cuarentena nacional el 30 de octubre (GOUV, 2020[21]), sumándose a Gales, Irlanda y Holanda (GOV, 2020[22]); (GOV, 2020[23]) Inglaterra, Bélgica y Portugal han introducido también cierres de cuatro semanas comenzando en noviembre (GOV, 2020[24]); (BE, 2020[25]); (GOV, 2020[26]). Alemania implementó un cierre parcial de un mes, adoptando rigurosas restricciones a los contactos personales y a las actividades recreativas, y manteniendo abiertas las tiendas, escuelas y guarderías.

Teniendo en cuenta las dificultades sociales y económicas que LAC podría tener al enfrentarse a la segunda ola de COVID-19 mediante la implementación de una segunda cuarentena, los esfuerzos deberían centrarse en prepararse para la segunda ola saliendo de forma coordinada del primer cierre. En Israel, por ejemplo, la estrategia de salida en ocho etapas implementada gradualmente después de haber tenido que introducir un segundo cierre en septiembre, parece estar dando resultados positivos (Times of Israel, 2020[27]). Esto mantendría el virus bajo control mientras se trata a los pacientes hospitalizados por causas no relacionadas con el COVID-19 para así minimizar la posible afluencia de pacientes durante una segunda oleada. Como se ha visto anteriormente, hay opciones intermedias antes de reintroducir los cierres nacionales, pero sólo funcionan si se cumplen ciertas condiciones. Entre ellas figuran la realización de pruebas eficaces, la localización de contactos y la capacidad de aislamiento; una cultura de uso de mascarillas y de cumplimiento de las directrices de salud pública; la localización electrónica de contactos; y restricciones locales selectivas no esenciales con altos niveles de interacción social. Se debe prestar particular atención a la protección de los más vulnerables contra el virus y que al mismo tiempo la economía siga funcionando. Corea del Sur, por ejemplo, dividió a las personas vulnerables en siete categorías diferentes: (1) personas de 65 años de edad o más; (2) personas con padecimientos crónicos subyacentes como diabetes, enfermedades renales, hepáticas o cardiacas crónicas, y VIH; (3) personas con leucemia; (4) pacientes oncológicos que reciben quimioterapia; (5) personas que toman uno o más medicamentos inmunosupresores; (6) mujeres embarazadas, personas extremadamente obesas, personas que se someten a diálisis, receptores de trasplantes y fumadores; y (7) personas con un nivel de saturación de oxígeno en sangre inferior al 90%. El país también garantizó la preparación de la respuesta para estos y otros grupos mediante la realización de simulaciones de diversas condiciones de brotes en los hospitales antes del inicio de la pandemia del COVID-19 (Our World in Data, 2020[28]).

 Acciones encaminadas al acceso a la vacuna

Si bien la mayoría de los países de la región se han sumado al Mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud con la esperanza de tener un acceso rápido y equitativo a la vacuna COVID-19 una vez que se encuentre disponible, también se han puesto en marcha diversas iniciativas locales para producirla. En agosto de 2020, los gobiernos de Argentina y México firmaron un acuerdo con mAbxience, la empresa farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El objetivo es producir conjuntamente entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que se distribuirán en toda América Latina en la primera mitad de 2021. Asimismo, Brasil firmó acuerdos separados con cuatro empresas farmacéuticas para producir una vacuna contra el COVID-19 y financió la construcción de una fábrica con la ayuda de inversiones privadas (Cuadro 2). En Chile, Colombia, Cuba y Perú, entre otros, se están realizando ensayos clínicos para diferentes vacunas estadounidenses, rusas y chinas, con la expectativa de que se disponga de una que sea efectiva. Más que un centro de Investigación y Desarrollo (I+D), América Latina se ha convertido en una región en la que las vacunas se ensayarán en la etapa 3 (sólo en algunos países, incluyendo Brasil) y, se espera que en los próximos meses también se fabricarán vacunas en Argentina, Brasil y México. La innovación, desafortunadamente es débil en los propios países de ALC. Brasil parece tener más ensayos para evaluar los tratamientos, pero todavía en menor proporción que en otras regiones.

 Consideraciones a largo plazo para una mayor resiliencia

Con la propagación de la pandemia del COVID-19, el tema de la resiliencia y preparación del sistema de salud para garantizar la igualdad en el acceso a la salud y al tratamiento, ha encabezado los programas de salud nacionales y mundiales. A largo plazo, se necesitarán nuevas estrategias para mejorar la igualdad de acceso y la calidad de los sistemas de salud para todos, así como reforzar su capacidad de reacción ante futuras crisis sanitarias. Los países deben buscar la continuidad de su avance hacia la cobertura universal de servicios de alta calidad; fortalecer la capacidad de salud pública, incluyendo la infraestructura de información sanitaria y los sistemas de vigilancia; además de mejorar la gobernanza y la rápida coordinación de respuestas ante los brotes en todo el territorio nacional. Los gobiernos deberían aumentar su enfoque a la atención primaria de salud (APS) - la columna vertebral de sistemas de salud sólidos - para mitigar el impacto de las epidemias y pandemias, dada su cercanía a la comunidad y su posible función de abordar la mayoría de las necesidades sanitarias de la población a la que atiende. En general, se necesita un mayor y mejor gasto en salud, dando prioridad a la reducción del gasto privado perjudicial e ineficiente, como los altos gastos de bolsillo (OECD, 2020[29]). La Red Conjunta de Funcionarios Superiores de Presupuesto y Salud de la OCDE, en asociación con la OMS, se encuentra elaborando una "Herramienta de evaluación sobre la capacidad de recuperación de la financiación en salud", que, tras un ensayo inicial, podría aplicarse en por lo menos 10 países de ALC. Esta herramienta proporcionará un tablero en el que se destacarán las esferas prioritarias de reforma y las recomendaciones de políticas específicas (OECD, 2020[30]). También se necesita una mayor colaboración regional e internacional para seguir desarrollando bienes públicos como la innovación y desarrollo de vacunas, diagnósticos, tratamientos para enfermedades prioritarias y (re)emergentes, y estadísticas e información sobre salud, entre otros (OECD, 2020[29]).

 Cómo afectó la pandemia a los más vulnerables: los trabajadores del sector informal y las mujeres

La región de América Latina y el Caribe se enfrenta a un conjunto de desafíos sociales subyacentes que tienen una gran repercusión en las respuestas políticas a la crisis. Con una contracción prevista del PIB del 9.1%, el desempleo podría alcanzar el 13.5%, con 44.1 millones de personas desempleadas. Se espera que la pobreza aumente en 45.4 millones en 2020, con lo que la cifra total ascendería a 230.9 millones en 2020 (lo que representa el 37% de la población de ALC), siendo los países más afectados Argentina, Brasil, México y Perú (ECLAC, 2020[31]).

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las numerosas desigualdades y disparidades profundamente arraigadas en la región. Los programas de asistencia social de la región abarcan una parte importante de los hogares pobres, pero muchos siguen expuestos. Cerca del 40% de los trabajadores no están protegidos por ninguna red de seguridad y esto se eleva a un nivel del 65% en los trabajadores informales (Basto-Aguirre, Nieto-Parra and Vázquez-Zamora, 2020; OECD et al., 2020[32]). La informalidad generalizada en ALC sigue siendo una preocupación fundamental, ya que más de la mitad del total de los trabajadores son informales, lo que limita su capacidad para seguir medidas de distanciamiento social y protegerse a sí mismos y a sus familiares, y los coloca en un mayor riesgo de pérdida de ingresos(OECD, 2020[1]). La prevalencia de la informalidad es muy heterogénea en la región. En Uruguay, por ejemplo, se sitúa cerca del 25%, mientras que en Honduras y Perú el 80% de los trabajadores se encuentran en el sector informal. Si bien el trabajo desde el hogar puede ser una solución para los trabajadores altamente calificados, esa opción está fuera del alcance de los más vulnerables debido en parte al tipo de trabajo que realizan y a la brecha digital, que limita la capacidad de los trabajadores para acceder a la tecnología y utilizarla eficazmente (OECD, 2020[6]). Los trabajadores informales que no tienen cobertura médica se enfrentan también a obstáculos para acceder a los servicios de salud cuando los requieren. Adicionalmente, más del 80% de la población se concentra en las zonas urbanas (STATISTA, 2019[33]) con el 21% de ellos viviendo en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas donde no se dispone de los servicios sanitarios básicos (UNHABITAT, 2016[34]). Esta combinación crea un escenario complejo, exacerbando el impacto de la epidemia en los grupos más vulnerables. De igual manera, el aumento de las tasas de desempleo, en particular en el comercio y el turismo, ha tenido un fuerte impacto en las mujeres, que tradicionalmente registran tasas de desempleo más altas que los hombres en ALC (ECLAC, 2020[35]). Por lo demás, las mujeres también han estado en la primera línea de respuesta a la pandemia, representando más del 70% de los trabajadores de salud de la región (ECLAC, 2020[35]).

En un escenario de contracción del PIB en 9,1% en el año 2020, la pobreza en ALC podría aumentar en 6.9 puntos porcentuales (45.4 millones de personas más) con respecto al año anterior, afectando a un total de 230.9 millones de personas (37.3% de la población de ALC) (OECD, 2020[36]). Entre ellos, se espera que 118 millones sean mujeres (OECD, 2020[29]). Se teme que la crisis pueda hacer retroceder un decenio la participación de la mujer en el mercado laboral, ya que aproximadamente el 57.2% del empleo de las mujeres se concentra en sectores de alto riesgo (en comparación con el 40.3% del de los hombres) (ECLAC, 2020[37]). Además, las mujeres de la región se enfrentan a importantes obstáculos para participar plenamente en la economía formal, en parte debido a la carga adicional que asumen por las actividades de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Incluso antes de la pandemia, una de cada tres mujeres de la región no contaba con ingresos propios. La pandemia del COVID-19, mediante la reducción abrupta de las opciones formales de cuidado (cierre de escuelas y centros de atención, trabajo doméstico remunerado) y de los sistemas informales (familias, vecinos, etc.),junto con la carga adicional para las familias que han implicado las cuarentenas, se ha agravado aún más esta situación. El equilibrio entre el trabajo y la vida privada de las mujeres se ha deteriorado, ya que se han visto obligadas a hacer malabarismos con su empleo remunerado y las responsabilidades adicionales de cuidado de los niños y otros miembros de la familia, la supervisión de la escolarización en el hogar y las actividades domésticas, como la cocina o la limpieza (ECLAC, 2020[38]). Incluso en "tiempos normales" las mujeres y niñas de ALC pasan tres veces más de tiempo en estas actividades por día que los hombres y los niños, lo que indica la persistente percepción de las mujeres como principales cuidadoras. Esta situación es particularmente crítica en Argentina, Chile y México (ECLAC, 2020[35]).

Las cuarentenas prolongadas, el hacinamiento, la incertidumbre económica y el aumento de la pobreza debido a la pandemia han hecho que se incrementen las denuncias sobre violencia de género en la región, incluidos los actos de violencia contra las mujeres y las niñas (ECLAC, 2020[38]). Desde abril, las denuncias sobre violencia doméstica y abuso sexual han aumentado drásticamente. Por ejemplo, en la primera semana de cuarentena, las llamadas a la línea de ayuda contra el abuso doméstico de Chile aumentaron un 70% y en las dos primeras semanas, las llamadas a la línea de ayuda contra la violencia doméstica de Colombia aumentaron un 130%. En Argentina, Brasil y México, las denuncias de violencia doméstica aumentaron un 67%, 45% y 25% respectivamente, en comparación con el año anterior (STATISTA, 2020[39]). Además, en muchos casos, es difícil para las mujeres denunciar a su agresor, a menudo confinado en el mismo hogar (OAS, 2020[40]). Las Naciones Unidas estiman que, por cada tres meses de encierro, habrá 15 millones de casos adicionales de violencia de género en todo el mundo (UNFPA, 2020[41]). Considerando los cierres de escuelas, las adolescentes están en mayor riesgo de enfrentar varias formas de violencia.

 Medidas de recuperación de corto y mediano plazo

Como se analizará a mayor detalle en la próxima sección, todos los países han establecido medidas de apoyo económico para brindar apoyo tanto a las empresas como a los particulares, y a menudo con especial hincapié en los más vulnerables. Como respuesta inmediata, los gobiernos anunciaron la suspensión de los desalojos de quienes no podían pagar el alquiler y el congelamiento de tasas en préstamos hipotecarios, así como convenios de pago. Costa Rica y Panamá establecieron una moratoria sobre una serie de impuestos, incluyendo las hipotecas, los préstamos y las tarjetas de crédito, por un período limitado. Colombia aprobó una ley de "estado limpio" que daría a los deudores un período de gracia de un año para ponerse al día en sus pagos. También se dieron algunas condiciones de alivio para los pagos de los préstamos estudiantiles. Sin embargo, el hecho de que muchos trabajadores por cuenta propia, PYMES y particulares operen en el sector informal limita que la ayuda del Estado llegue a los más necesitados

Muchos gobiernos han implementado medidas sociales de apoyo a los ingresos adicionales para asegurar que el cumplimiento de las medidas de confinamiento sea posible para las personas de bajos ingresos y/o la incapacidad de trabajar desde el hogar (Cuadro 3). Estas medidas suelen incluir la ampliación temporal de los programas existentes de transferencia de efectivo y en especie, y transferencias adicionales para llegar a las personas vulnerables que no tienen cobertura de los programas existentes. Por ejemplo, Brasil anunció una prórroga hasta finales de año del pago de ayuda de emergencia a los trabajadores informales y desempleados y a los beneficiarios del programa de bienestar Bolsa Familia. La República Dominicana también amplió el alcance del programa de bienestar social Tarjeta de Solidaridad a las familias que quedan fuera del radar del gobierno. Un plan similar se amplió para llegar a 2 millones de personas en Ecuador (OECD, 2020[42]). Muchos países de ALC, entre ellos Chile y El Salvador, también llevaron a cabo una distribución masiva de productos alimenticios en beneficio de los ciudadanos de bajos ingresos. Brasil también amplió su plan de ingresos de emergencia, que hizo que los trabajadores informales tuvieran derecho a recibir prestaciones sociales. En Chile, esto se tradujo en un bono COVID-19 y en un proyecto de ingresos familiares de emergencia para complementar los salarios de las familias vulnerables, incluyendo a las que dependen de los ingresos informales. Con enfoque a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores informales, los hogares peruanos que no habían tenido derecho a recibir los pagos anteriores también recibieron bonos. En algunos países, como México, se adelantaron los depósitos de las pensiones de los ancianos. En Chile, se permitió a los ciudadanos retirar parte de sus pensiones (Basto-Aguirre, Nieto-Parra and Vázquez-Zamora, 2020; OECD et al., 2020[32]).

Países como Argentina crearon fondos y programas de emergencia para ayudar a las empresas y trabajadores de los sectores más afectados, como el turismo, el entretenimiento, la cultura, la salud y el deporte. Los gobiernos de Ecuador, Paraguay y Perú ayudaron a los trabajadores a conservar sus puestos de trabajo ofreciéndoles salarios complementarios hasta el salario mínimo, absorbieron parte de los salarios de algunos trabajadores y concedieron ventajas, entre ellas préstamos sin intereses, a los trabajadores independientes de Chile y Argentina. En Colombia, Costa Rica y Perú se crearon plataformas en línea mediante las cuales las personas que habían perdido su empleo o sufrían de inseguridad de los ingresos podían solicitar un bono mensual por un período limitado. Costa Rica puso en marcha el Plan Proteger, una plataforma de apoyo financiero en línea a través de la cual los costarricenses podían solicitar ese bono mensual. Uruguay también amplió las prestaciones de desempleo para los trabajadores que perdieron completamente su empleo

En Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay, se realizaron transferencias de efectivo no condicionadas, enfocadas especialmente a los hogares encabezados por mujeres. El programa "Quédate en casa" en República Dominicana, el refuerzo de los programas de transferencias como la Tarjeta Social en Uruguay y Costa Rica, así como el bono COVID-19 en Chile, tuvieron como objetivo apoyar a los hogares vulnerables, y en particular a mujeres y niños. Los gobiernos también han identificado interacciones entre el sector de cuidados y el COVID-19, y han aplicado medidas para mitigar la carga adicional que recae sobre las mujeres durante el confinamiento. Por ejemplo, se otorgó una licencia especial a las mujeres embarazadas y a las personas cuya presencia es indispensable para la atención en Argentina y Bolivia. Las redes de servicios de guardería siguieron prestando apoyo en Costa Rica y Uruguay. Se iniciaron campañas públicas en los medios de difusión y en redes sociales con objeto de promover una distribución más equilibrada de las tareas domésticas y la corresponsabilidad de los cuidados. Hashtags como #CuarentenaConDerechos en Argentina, la campaña #EnCasaCompartimosTareas en Ecuador y la campaña #HeForShe en México, ayudaron a promover una distribución no estereotipada del trabajo en el hogar.

Con el fin de hacer frente a los crecientes niveles de violencia en el hogar, varios países aplicaron medidas para prevenir y denunciar la violencia contra la mujer (OECD, 2020[43]). Chile, Colombia y Uruguay aplicaron rápidamente medidas para detener el aumento de la violencia doméstica relacionada con el género durante el distanciamiento social. Uruguay lanzó una campaña de sensibilización en redes sociales, un número telefónico para emergencias y un protocolo creado en conjunto con el Ministerio de Salud para que el personal detectara posibles casos de violencia doméstica. Otros países crearon lugares específicos para acoger a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Colombia, México y Perú aumentaron sus presupuestos para lugares en casas de seguridad y refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género y de violencia doméstica (ECLAC, 2020[35]). En Chile, la palabra clave "Mascarilla 19" se utiliza en las farmacias para identificar a las mujeres que buscan apoyo. El Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género de Chile también han inaugurado importantes medidas preventivas y de contención, como centros de acogidas para mujeres y refugios, campañas para fomentar la denuncia y cursos de prevención en línea. Entre ellas se encuentran: #ContigoMujer, #PasaElDato y "En esta comunidad no entra la violencia", todas ellas campañas dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el tema de la violencia contra la mujer (OECD, 2020[44]).

 Consideraciones a largo plazo para una mayor resiliencia

Esta crisis excepcional ha requerido medidas sin precedentes. En respuesta al COVID-19, los países de la región ampliaron considerablemente el alcance de sus programas sociales mediante la aplicación de nuevas estrategias de registro, dirigidas específicamente a los trabajadores no empleados e informales. Para aumentar aún más el alcance y el impacto de las estrategias de protección social, los gobiernos deberían:

• Dependiendo de la estructura del empleo formal e informal, por ejemplo, en lo que respecta a la proporción de trabajadores de bajos ingresos, evaluar si se debe proporcionar apoyo a los ingresos o exenciones temporales de impuestos sobre nómina o contribuciones sociales a los trabajadores formales cuyas horas se hayan reducido, con el fin de alentar a los empleadores a mantenerlos en su nómina. Esas medidas podrían ayudar a mantener algunos de los avances en la formalización del empleo que muchos países de la región lograron en los últimos años.

• Ampliar la cobertura de la protección social, acelerar los esfuerzos en curso para ampliar la cobertura y el acceso a la protección social, así como garantizar que la atención a la salud sea de igual calidad para todos los ciudadanos. Para ello será necesario ampliar el espacio fiscal mediante una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos y el gasto público.

• Ampliar los esfuerzos para incluir a los trabajadores informales en la fuerza de trabajo formal. La crisis ofrece una oportunidad histórica para crear una relación directa entre el gobierno y la economía informal, por ejemplo, mediante la creación de un registro detallado y el seguimiento con programas de formalización gradual (OECD, 2020[45]).

• Aumentar el acceso y la calidad de la educación en la primera infancia y de los centros de atención. La pandemia también ha puesto de relieve los aspectos estructurales existentes que impulsan las desigualdades de género en la región, como la economía del cuidado. A este respecto, los gobiernos pueden hacer más para nivelar el terreno de juego fortaleciendo las políticas de atención y asegurándose de que todas las políticas promuevan la corresponsabilidad.

• Fortalecer y promover programas específicos para identificar y erradicar tempranamente la violencia de género. Brindar asistencia y protección psicológica y financiera a las mujeres y niñas que lo necesiten.

La Guía de acciones en apoyo de una recuperación inclusiva y el establecimiento de las bases para un pacto social renovado, incluida en las Conclusiones y consideraciones de política de la reciente Cumbre Ministerial sobre Inclusión Social del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, contiene recomendaciones más específicas sobre los siguientes puntos:

• Protección social universal y cobertura de salud.

• Iniciativas para reducir la incidencia de la informalidad.

• Calidad de la educación y mayor impulso a las habilidades digitales, cognitivas y no cognitivas.

• Oportunidades de empleo para jóvenes, mujeres, migrantes y poblaciones indígenas.

 Perspectiva macroeconómica

La economía mundial colapsó en la primera mitad de 2020 cuando se produjo el brote de COVID-19, con una disminución en la producción de hasta un 20% en algunos países donde las medidas de contención eran particularmente restrictivas. La región de América Latina y el Caribe, en la que la mayoría de los países ya tenían perspectivas de crecimiento lento, está sufriendo un golpe importante (OECD, 2020[5]). El informe provisional Panorama Económico de la OCDE, publicado en septiembre de 2020, revisó sus proyecciones para los países del G20 de la región para 2020 y 2021 (Argentina -11.2 y 3.2, Brasil -6.5 y 3.6, México -10.2 y 3.0 para 2020 y 2021, respectivamente). El FMI estima una disminución del 8.1% para 2020 y una recuperación del 3.6% para 2021 (IMF, 2020[46]). La CEPAL proyecta una caída del PIB en la región en 9.1%, y estima que la caída de la actividad económica llevará al PIB per cápita a un nivel similar al observado en 2010 (ECLAC, 2020[47]).

La fuerte disminución de la actividad económica mundial y regional en 2020 también tendrá un fuerte impacto en las cuentas externas de ALC. La demanda del resto del mundo ha disminuido. Los socios comerciales están aplazando las decisiones de inversión, mientras que la disminución de la demanda internacional está provocando una drástica caída de las exportaciones de la región. La CEPAL informa que el valor de las exportaciones e importaciones de bienes de la región disminuyó en un 17% entre enero y mayo de 2020 en comparación con el mismo período en 2019. Ambos flujos colapsaron hacia el final del periodo de cinco meses en 2020, con una caída interanual del 37% en mayo (ECLAC, 2020[48]). Las condiciones comerciales también se han deteriorado. El índice de precios de productos básicos (que incluye productos que representaron casi el 40% del valor de las exportaciones totales de bienes de la región en 2018 y 2019) se desplomó en 18.2% en el período comprendido entre enero y junio de 2020. El descenso fue mucho mayor en los productos energéticos (37%), especialmente el petróleo y sus derivados. Hasta principios de abril de 2020, los precios del petróleo han disminuido un 30% desde el comienzo del año; los precios del cobre, el hierro, la soya, el azúcar y el café también han disminuido considerablemente.

 Perspectivas microeconómicas

El distanciamiento social y las medidas restrictivas que aún siguen vigentes están teniendo un impacto significativo en las empresas, en particular en las PYMES, y en la gran población que opera en la economía informal. Es más probable que las PYMES tengan menos capacidad de recuperación y flexibilidad para hacer frente a los costos que suponen estas crisis, debido a que los costos de la mano de obra y el capital infrautilizados pesan más en las PYMES que en las empresas de mayor tamaño, el grado de informalidad y, en muchos casos, los bajos niveles de digitalización que impiden el trabajo a distancia, que de otro modo sería posible. Así, el período durante el cual las PYMES pueden sobrevivir al impacto puede ser más corto que en el caso de las empresas más grandes. Además, tanto en los países de la OCDE como en los de ALC, las PYMES tienen una fuerte presencia en los sectores de servicios, que proporcionan el 64% del empleo formal en la región (ECLAC, 2020[49]). El turismo es otra área que ha sido duramente golpeada, dada la naturaleza. En el primer cuarto de 2020, el turismo se redujo en un 44% a nivel mundial. Para el año en general, el turismo podría caer entre el 60% y el 80%. Esto ha tenido un efecto catastrófico en las economías de los pequeños estados insulares en desarrollo de Centroamérica y el Caribe, donde el turismo es un importante motor de la actividad económica y el empleo.

 Medidas políticas implementadas para mitigar la situación

Todos los países han implementado medidas de estímulo económico para aliviar los efectos negativos de la crisis y hacer frente a la desaceleración económica general. Estas medidas se centran en proporcionar alivio tanto a las empresas como a los particulares en lo que respecta a su acceso al financiamiento y a su capacidad para cumplir con los pagos obligatorios durante esta crisis, como los impuestos o los servicios públicos

Varios gobiernos han establecido políticas específicas para apoyar a las PYMES más vulnerables, entre ellas se incluyen líneas de financiamiento específicas, préstamos de bajo costo o sin intereses, pago de salarios a través de fondos públicos, aplazamiento de diversos pagos de impuestos, contribuciones a la seguridad social y pagos de préstamos. Además, los países han adoptado medidas para aligerar la carga financiera y de procedimiento de los pagos de impuestos personales, servicios públicos, tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas. El apoyo fiscal varía considerablemente de un país a otro y ha sido relativamente cuantioso en algunas economías, entre ellas Brasil, Chile y Perú. Sin embargo, el valor final de estas medidas sigue siendo incierto, dada la ejecución definitiva de estos anuncios, así como la posibilidad de ampliar la duración o la cobertura de estas medidas temporales o el anuncio de nuevas medidas de política en los próximos meses (OECD, 2020[36]). El volumen de las medidas anunciadas oscilaba entre el 0.5% y el 12% del PIB (Elgin, C., Basbug, G., Yalaman, A., 2020[50]). Dado que las medidas específicas empleadas por cada país varían sustancialmente y que existen importantes brechas de información en lo que respecta a la implementación optima, el Anexo 2 ofrece un panorama más detallado por país.

 Consideraciones a largo plazo para una mayor resiliencia

La pandemia ha expuesto una serie de vulnerabilidades estructurales preexistentes en las economías de ALC. El margen fiscal limitado, reducido por el aumento de la deuda pública, pone relieven evidencia la urgente necesidad de reformas estructurales para mejorar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público. Se alienta a los gobiernos a:

• Promover la competencia y reducir las cargas regulatorias. El crecimiento sostenible a largo plazo sólo puede apoyarse en el aumento de la productividad, lo que exigirá que los gobiernos promuevan la competencia y reduzcan las cargas regulatorias, mejorando el entorno empresarial y fomentando la inversión.

• Mejorar los programas de capacitación o de mentoría, para ayudar a las PYMES a evaluar y gestionar el impacto financiero de la crisis, a digitalizarse y a encontrar nuevos mercados.

• Promover el acceso al mercado laboral formal, y mejorar las habilidades y destrezas de la fuerza laboral. La transformación digital ha demostrado ser clave para proteger ciertas actividades económicas a lo largo de esta crisis. Al mismo tiempo, también ha puesto de manifiesto las consecuencias negativas de la brecha digital, en términos de acceso limitado a la educación a distancia, por ejemplo. Por lo tanto, es esencial mejorar las aptitudes de los trabajadores en la economía digital, así como invertir en la educación y el desarrollo empresarial.

• Mejorar la infraestructura y la cobertura de la conectividad. En un contexto mundial de creciente regionalización de la producción, la integración regional podría desempeñar un papel fundamental en las estrategias de recuperación de la crisis en América Latina y el Caribe. Para avanzar en la integración regional, se debe incluir a la infraestructura y la logística en los paquetes de recuperación económica.

 Gobernanza y gestión de crisis

La crisis de COVID-19 en los gobiernos de ALC está poniendo a prueba a gobiernos democráticos relativamente jóvenes y aún en vías de consolidación de la región. La pandemia golpeó a una región que ya atravesaba un período difícil marcado por una ola de protestas masivas iniciada a finales de 2019 y principios de 2020. Los gobiernos de ALC ahora también se enfrentan a nuevos desafíos en la gestión de los aspectos operativos y de comunicaciones de la crisis, a todos los niveles de gobierno, incluido el subnacional (OECD, 2020[36]).

La respuesta de emergencia para controlar la propagación del virus ha requerido, en algunos casos, que los gobiernos limiten ciertos derechos y libertades (ICNL, 2020[51]). Sin embargo, estas medidas deben tener un plazo definido y es fundamental que no representen una amenaza para las libertades y los derechos cívicos de los ciudadanos y que estos sean revisadas periódicamente por autoridades independientes. El espacio cívico es la base de toda sociedad abierta y democrática, y está arraigado en la libertad fundamental de los ciudadanos de asociarse, reunirse pacíficamente y expresar libremente sus puntos de vista y opiniones (CIVICUS, 2020[52]). Las pruebas demuestran que los países que protegen el espacio cívico tienen mejores resultados, tanto políticos como sociales y económicos. Los datos del Instituto de Variedades de Democracia (V-Dem) muestran una correlación positiva entre la protección del espacio cívico y los niveles de desarrollo económico y humano del país (BTEAM, 2018[53]).

Las difíciles condiciones iniciales sanitarias, sociales y económicas descritas anteriormente demuestran el complejo entorno en el que operan los gobiernos. Algunos de los desafíos más importantes en materia de gobernanza han sido:

• Difusión de información/comunicación. La propagación mundial del COVID-19 ha ido acompañada de una ola de desinformación que está menoscabando las respuestas políticas y amplificando la desconfianza y la preocupación de los ciudadanos. Además, los gobiernos de la región se han enfrentado a un difícil equilibrio entre la comunicación de la incertidumbre y el intercambio de información clara, confiable y transparente para aplanar la curva de propagación del virus. Se ha acusado a los ministros de salud de manipular los datos sobre los casos de COVID-19 en Chile (RFI, 2020[54]) y Brasil (Reuters, 2020[55]). Las críticas en México (BBC, 2020[56]) y Brasil (Aljazeera, 2020[57]) han acusado a sus gobiernos de desatender la crisis. Los médicos también se han hecho oír, especialmente en Nicaragua, sobre la estrategia del gobierno para hacer frente al virus. Al mismo tiempo, esas circunstancias excepcionales han impulsado la adopción de iniciativas novedosas de comunicación pública y han fomentado nuevas asociaciones entre el Gobierno y los agentes externos (OECD, 2020[58]).

• Los bajos niveles iniciales de confianza interpersonal e institucional han limitado la capacidad de las autoridades para garantizar la aceptación y el cumplimiento de las medidas de emergencia. Los países se han encontrado con problemas para acceder a los datos públicos y compartirlos, lo que ha afectado la presentación de informes y la comunicación con sus ciudadanos (ECLAC, 2020[59]). Más importante aún, varios países de ALC, como Brasil, adoptaron medidas extraordinarias que suspendieron o modificaron ciertas obligaciones de sus leyes de acceso a la información, lo que obstaculizó aún más la capacidad de los ciudadanos de estar informados durante la crisis. Esto también ha limitado la capacidad de los ciudadanos, y de los medios de comunicación en particular, de supervisar las respuestas de los gobiernos ante la crisis. Las órdenes de distanciamiento social en países como El Salvador (El Mundo, 2020[60]), Costa Rica (CRHOY, 2020[61]), Argentina (El Clarin, 2020[62]), han enfrentado oposición, haciendo que la gestión del virus sea aún más desafiante.

• Reducir el espacio cívico. Se ha debilitado la capacidad de los ciudadanos para criticar las respuestas del gobierno ante la crisis y protestar. En Brasil y Chile se han reportado reacciones excesivas del gobierno y uso excesivo de la fuerza (Civicus, 2020[63]), al igual que en Belice, Perú y Nicaragua (International Center for Not-for-Profit Law, 2020[64]). Perú ha informado sobre la exclusión de organizaciones de la sociedad civil de los debates críticos (International Center for Not-for-Profit Law, 2020[64]) y, en Nicaragua, se ha abordado a los periodistas por criticar el manejo gubernamental de la crisis (Civicus, 2020[63]). Esto exacerba las tensiones en un contexto de instituciones democráticas ya debilitadas, oleadas de protestas públicas y un entorno general "cada vez más complejo y hostil" para los periodistas, con un aumento del acoso, la violencia y la intimidación en toda la región (Reporters Without Borders, 2020[65]).

• Denuncias de corrupción en el contexto de la adquisición pública de emergencia. Los escándalos de corrupción relacionados con la adquisición de material médico, la construcción de hospitales y el uso indebido de los recursos de COVID-19 ya han salido a la luz en varios países de ALC (France24, 2020[66]), lo cual ha generado protestas en Honduras (France24, 2020[67]), Ecuador (El Pais, 2020[68]) y Bolivia (Reuters, 2020[69]).

• Las diferencias institucionales y la falta de coherencia de políticas entre los principales agentes del Estado. En El Salvador, la oposición entre el poder ejecutivo y los poderes legislativo y judicial sobre las medidas excepcionales de cuarentena han dividido al país (El Pais, 2020[70]). El choque preexistente entre los poderes ejecutivo y legislativo se ha visto exacerbado por el tema del COVID-19 en Perú (Le Monde, 2020[71]). En México (El Universal, 2020[72]) y Brasil (AA, 2020[73]) se han intensificado las disputas entre el gobierno federal y los gobiernos estatales sobre las medidas políticas y el etiquetado de colores de los estados.

• Aplazamiento de las elecciones y los referendos. Los calendarios electorales se han visto afectados por la pandemia, retrasando las elecciones legislativas en Paraguay y Perú; las elecciones presidenciales en Bolivia y en la República Dominicana y un referéndum nacional en Chile (IDEA, 2020[74]). Esto ha generado acusaciones de manipulación política y uso de la crisis en beneficio del gobierno o de ciertos partidos políticos. Al mismo tiempo, las elecciones que se han celebrado –aunque con numerosas precauciones– como en el caso de la República Dominicana, han fortalecido las instituciones democráticas y el compromiso cívico.

• Dificultad para asegurar la continuidad de la justicia y los servicios penitenciarios. El reto inmediato que enfrentan los sistemas de justicia ha sido asegurar la disponibilidad de las resoluciones judiciales (como los tribunales y los métodos alternativos de solución de controversias), particularmente en los casos más urgentes que no podían posponerse. Además, garantizar la seguridad e idoneidad del servicio prestado en los servicios penitenciarios para los reclusos ha resultado ser un gran desafío (IDB, 2020[75]).

 Desconfianza preexistente exacerbada en tiempos de crisis

La percepción de una falta de integridad y transparencia erosiona la confianza en los gobiernos y puede alimentar aún más la percepción de un sistema desigual e injusto que está "amañado" para favorecer los beneficios de unos pocos. Tres de cada cuatro latinoamericanos muestran poca o ninguna confianza en sus gobiernos nacionales y alrededor del 80% piensa que la corrupción es generalizada. Según el Latinobarómetro, casi el 85% de los ciudadanos latinoamericanos creen que unos pocos grupos poderosos gobiernan sus países en beneficio propio (Latinobarometro, 2018[76]).

Estas cifras corren el riesgo de empeorar y, si surgen nuevos escándalos de corrupción o si el público percibe medidas para favorecer indebidamente a la élite, podría entorpecer el apoyo a las reformas estructurales y las medidas de recuperación necesarias. Es fundamental que los gobiernos de ALC aborden las deficiencias fundamentales de sus sistemas de integridad pública por ejemplo, en la coordinación institucional, la administración pública, el financiamiento de campañas políticas, la gestión de riesgos y la auditoría interna- que se han visto amplificadas por la crisis de COVID-19. (OECD, 2019[77])

 Medidas de política para la recuperación

La respuesta a la crisis de COVID-19 requiere al menos tres etapas de acción coordinada por parte de los gobiernos: una reacción de emergencia inmediata (que ya ha tenido lugar), un período de reevaluación (en curso) y un plan de recuperación a largo plazo. Estas medidas deben adoptarse de manera que se promueva la confianza en la capacidad de los gobiernos de América Latina y el Caribe para responder a la crisis.Acción de emergencia inmediata. Al igual que otros países del mundo, la crisis ha obligado a los gobiernos atomar medidas drásticas para proteger a las comunidades en peligro, gestionar la propagación de la enfermedad y limitar las consecuencias económicas, sociales y de gobernanza que puedan derivarse de ella. Las crisis pasadas han demostrado que las emergencias y las posteriores respuestas rápidas y medidas políticas crean oportunidades para las faltas de integridad, en particular la influencia indebida en la formulación de políticas, el fraude y la corrupción, o la utilización política en la ejecución de programas de apoyo, así como la posible violación de derechos de los ciudadanos. Con ello se corre el riesgo de debilitar gravemente la eficiencia del actuar gubernamental. Como se ha señalado anteriormente, en toda América Latina ya están apareciendo pruebas de esos riesgos en la crisis actual. Al mismo tiempo, los gobiernos que han actuado con transparencia y responsabilidad están obteniendo una mayor confianza de los ciudadanos. Por ejemplo, varios países de la región, entre ellos Argentina, México, Chile y Perú, han permitido que se lleven a cabo juicios en línea para garantizar la continuidad de la prestación de servicios de justicia, y Chile ha asegurado la transmisión en vivo por internet para permitir la transparencia de los procedimientos legales. Colombia ha permitido que los centros de conciliación y arbitraje familiar permanezcan abiertos por medios telemáticos. Los países pueden aprovechar la oportunidad de hacer que la formulación de políticas sea más inclusiva, buscar puntos comunes y fomentar una mayor cohesión social para emprender las difíciles decisiones y reformas necesarias para superar la crisis.

Período de reevaluación. El segundo semestre de 2020 está dando a los gobiernos la oportunidad de adaptar sus estrategias, especialmente porque ha quedado claro que el virus seguirá circulando a mediano plazo y que probablemente una segunda ola golpeará el continente a mediados de 2021. Desde el punto de vista de la gobernanza, este período es fundamental para planificar una posible segunda ola. El fortalecimiento de la integridad y la lucha contra la corrupción serán fundamentales, ya que los flujos de asistencia financiera y técnica se están entregando rápidamente para hacer frente a la crisis del COVID-19, y las faltas de la integridad pueden debilitar gravemente los esfuerzos más amplios de recuperación económica (OECD, 2020[78]). Es fundamental que los países garanticen un papel fundamental para los datos de gobierno abierto (OGD) en la pandemia. En países como la República Dominicana, la publicación de las adquisiciones y gastos de emergencia en formatos abiertos (datos abiertos) ha tratado de aumentar la vigilancia y la rendición de cuentas de la respuesta del gobierno ante el virus. Esto es fundamental no sólo para gestionar la crisis, sino también para equilibrar la velocidad de la asignación presupuestaria y la agilización de los requisitos regulatorios para llevar a cabo las adquisiciones públicas con la necesidad de una mayor transparencia e integridad (OECD, 2020[79]). Los países de América Latina y el Caribe podrían beneficiarse a este respecto de programas que evalúen las adquisiciones y las aprobaciones regulatorias ex post para garantizar la transparencia y, al mismo tiempo, elaborar mecanismos que permitan introducir los ajustes pertinentes.

Los gobiernos están transformando sus políticas y servicios públicos para responder al contexto de un mundo nuevo, post COVID-19. Hoy más que nunca es importante tener mayor coherencia de las políticas publicas. La crisis actual ha puesto énfasis en el valor potencial de la transformación digital para el sector público. Para garantizar la continuidad de la prestación de servicios públicos, los gobiernos deben enfocarse en herramientas habilitadoras, como las normas de diseño de los servicios, los mecanismos de gestión financiera, la infraestructura de datos y la identidad digital (OECD, 2020[80]). Los países de ALC debiesen aprovechar esta oportunidad para desarrollar mecanismos de participación y crear un círculo virtuoso de retroalimentación para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos, impulsar el cumplimiento de las medidas de respuesta por parte de los ciudadanos y, de manera más general, fomentar una mayor participación de los interesados (OECD, 2020[45]). Los gobiernos deben considerar a los ciudadanos como socios esenciales que pueden contribuir al éxito de la recuperación, no sólo como receptores de beneficios o contribuyentes (ECLAC, 2020[81]). Con este propósito, deberían establecerse plataformas participativas inclusivas yabiertas a los ciudadanos, las empresas, los sindicatos, la comunidad académica y la sociedad civil, para diseñar, aplicar y supervisar la respuesta de recuperación.

 Consideraciones a largo plazo para una mayor resiliencia

Para sentar las bases de una mayor resiliencia, los gobiernos de la región deberían dar prioridad a la inversión en modelos de diseño y prestación de servicios públicos inclusivos, ágiles y sólidos; fortalecer los mecanismos de diálogo existentes dentro del Estado y adoptar estrategias intergubernamentales; así como permitir el diseño y la prestación de servicios omnipresentes para garantizar la continuidad de la prestación coherente de servicios. En las circunstancias actuales, los gobiernos deberían aprovechar plenamente las tecnologías digitales para ayudarles a anticipar, priorizar y dar seguimiento a la situación de la pandemia. Estas herramientas pueden ayudar a las administraciones públicas y a los responsables de la formulación de políticas públicas a conectar de forma más significativa con los ciudadanos y a promover la transparencia y la rendición de cuentas públicas. En particular, la utilización de las nuevas tecnologías digitales puede transformar las instituciones públicas y hacerlas más eficientes, inclusivas e innovadoras. Con esto, se puede ayudar a restablecer la confianza en los gobiernos simplificando los complejos sistemas burocráticos, prestando servicios públicos más inclusivos, como la salud electrónica o el aprendizaje electrónico, que lleguen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y permitiendo la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones (OECD, 2020[5]). Es preciso seguir esforzándose por fortalecer la orientación hacia el usuario de los sistemas de justicia, lo que mantiene la creciente confianza del público y facilita un próspero entorno empresarial y de inversión mediante la certeza jurídica y el cumplimiento de contratos. Los gobiernos deben procurar evitar las lagunas políticas que podrían permitir el fraude, la corrupción y la desviación de fondos o el uso indebido de transferencias directas; y habilitar mecanismos de supervisión que permitan revisar las adquisiciones públicas o las aprobaciones regulatorias.

La Guía de acciones en apoyo de una recuperación inclusiva y el establecimiento de las bases para un pacto social renovado, incluida en las Conclusiones y consideraciones de política de la reciente Cumbre Ministerial sobre Inclusión Social del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, contiene recomendaciones más específicas sobre los siguientes puntos:

• Formas más inclusivas de diálogo social.

• Financiamiento de un renovado pacto social inclusivo.

• Prestación de servicios gubernamentales de calidad, gasto público eficaz y transparente.