COVID-19: Proteger a las personas y las sociedades

Abstract

En solo unas semanas, COVID-19 cambió profundamente nuestra vida, causando un enorme sufrimiento humano y desafiando los fundamentos básicos del bienestar social. Más allá del efecto inmediato sobre la salud, el empleo y los ingresos, la pandemia aumenta la ansiedad y la preocupación de los seres humanos, afecta sus relaciones sociales, su confianza en otras personas y en las instituciones, su seguridad personal y su sentido de pertenencia.

Los impactos de COVID-19 en el corto y el mediano plazos serán especialmente serios para los más desfavorecidos y plantean el riesgo de agravar las divisiones socioeconómicas actuales. En esta nota sobre políticas se analiza la amplia gama de efectos que COVID-19 causará en diferentes aspectos de la vida de las personas, haciendo hincapié en grupos de población específicos como niños, mujeres y ancianos. Aquí se convoca a la acción rápida y decisiva de los gobiernos para apoyar a los seres humanos más vulnerables, y se destaca la importancia de brindar una respuesta política amplia y coordinada que incluya el reforzamiento de la protección social, la educación, la atención de la salud, el apoyo a la vivienda e intervenciones concretas para mejorar la seguridad personal de las mujeres y los niños, así como acciones de apoyo a trabajadores vulnerables, pequeñas empresas, comunidades y regiones rezagadas.

Contexto

Con cerca de 900 000 casos1 confirmados en todo el mundo y una escala de contagio que sigue en aumento en la mayoría de los países afectados, COVID-19 está causando un enorme sufrimiento con implicaciones graves y de largo plazo para la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Más allá de los riesgos obvios relativos a la salud física y la economía, la pandemia afecta también las conexiones sociales de las personas, su confianza en sus congéneres y en las instituciones, su empleo y sus ingresos; además, impone un gran costo en términos de ansiedad y preocupación. COVID-19 causa estragos en un momento en el que en los países de la OCDE prevalece un alto grado de desigualdad y presiones sociales, y muchas personas y comunidades continúan rezagadas pese a que en los últimos 10 años las condiciones de vida promedio han mejorado.

Si bien los gobiernos deben actuar con rapidez y decisión para contener la propagación del virus, también es necesario que los países evalúen las repercusiones de la enfermedad y las medidas para contrarrestarlas en todos los aspectos de la vida de las personas —sobre todo las más vulnerables—, e integren estas repercusiones distributivas en la respuesta. En la carrera contra el reloj en un entorno complejo e incierto, la respuesta de los países a la crisis de COVID-19 también deberá abordar la perspectiva del bienestar de una manera completa e integrada, y no desde un enfoque sectorial. De no hacerlo, se corre el riesgo de intensificar las desigualdades, lo que podría provocar nuevas divisiones y debilitar la resiliencia de las sociedades.

En esta nota sobre políticas públicas se analiza cómo la crisis de COVID-19, en su etapa de evolución, afecta a las personas y las comunidades vulnerables, así como a grupos poblacionales y sitios específicos (niños, mujeres y ancianos) a lo largo de múltiples dimensiones. Puesto que otras notas de la OCDE han abarcado los efectos en las dimensiones de bienestar, como la salud (OECD, 2020[1]; OECD, 2020[2]), el empleo (OECD, 2020[3]) y conocimiento y competencias (OECD, 2020[4]), y se han dirigido a ciertos grupos de población como las mujeres (OECD, 2020[5]), la presente nota se centra en dimensiones menos exploradas, en particular las conexiones sociales, el bienestar subjetivo y la salud mental, la seguridad personal, la vulnerabilidad financiera, el estrés y otras. En la nota se analizan también las respuestas de política hacia una gobernanza coordinada, la protección de las personas y los sitios dejados atrás, y el apoyo a pequeñas empresas y trabajadores vulnerables, así como la identificación de brechas de datos para una respuesta de política informada y basada en evidencias en medio de una crisis en evolución.2

Impactos previstos en la vida y el bienestar de las personas

El nuevo coronavirus que causa la COVID-19 y las consecuencias sociales, económicas y políticas de la pandemia repercutirán en todos los aspectos de la vida de las personas. Los grupos vulnerables y desfavorecidos resultarán afectados más gravemente y, por tanto, requerirán que en la respuesta política se les preste atención especial. Por ejemplo, la educación en el hogar tendrá diferentes efectos de largo plazo en los niños y jóvenes, según su origen socioeconómico y la asistencia que las comunidades y los responsables de tomar decisiones puedan brindar.

Los grupos vulnerables no son solo aquellos con mala salud física: quienes tienen un empleo o condiciones financieras precarios, quienes habitan viviendas de mala calidad, quienes están socialmente aislados y quienes ya afrontaban un bajo bienestar subjetivo o problemas de salud mental, corren un riesgo particular. Las medidas temporales adoptadas para restringir y retrasar las tasas de infección por COVID-19 por la vía del confinamiento y el distanciamiento social podrían —además de impactar la salud de forma inmediata— traer consigo otras consecuencias imprevistas, algunas positivas (como una menor contaminación del aire, más tiempo dedicado a la familia inmediata y (quizá) mayor solidaridad social) y otras no, como la pérdida de empleo y de ingresos. Las consecuencias económicas del nuevo coronavirus podrían ser duraderas, a partir de fragilidades bien establecidas en el sistema. Esto, a su vez, planteará otro conjunto de riesgos indirectos para la salud y el bienestar humanos que se desarrollarán durante mayor tiempo y tendrán efectos generalizados sobre toda la población, como sucediera durante la Gran Recesión (OECD, 2013[6]; OECD, 2015[7]; OECD, 2017[8]).

Hoy se requieren respuestas gubernamentales inmediatas y de corto plazo para salvar vidas y medios de subsistencia. Sin embargo, la crisis podría aportar lecciones útiles para emprender cambios de más largo plazo y así construir una mayor resiliencia en los sistemas que sostienen el bienestar a lo largo del tiempo. Eso incluye construir conexiones sociales y capital social; crear nuevas formas de trabajar y de vivir, y reforzar la capacidad de los servicios públicos y las redes de seguridad social para reaccionar en épocas de crisis. También abogar por redoblar esfuerzos para reducir o mitigar las fuentes de vulnerabilidad relacionadas con la inseguridad laboral, la vivienda de mala calidad, la mala calidad ambiental, los problemas de salud, mental y de otro tipo, y el aislamiento social.

En esta nota también se abordan las diferentes dimensiones que son y seguirán siendo afectadas por la crisis de COVID-19 y sus secuelas, con base en el Marco de Bienestar de la OCDE (Gráfica 1). En particular, se abarca el efecto de COVID-19 en ingreso y patrimonio, el trabajo y la calidad del empleo, la vivienda, el bienestar subjetivo, las conexiones sociales, el balance vida-trabajo, la calidad ambiental y la seguridad.

Ingreso y patrimonio: la inseguridad financiera era generalizada, incluso antes de la crisis actual

El coronavirus amenaza con propagar el contagio financiero en una economía mundial que aún se recuperaba de las heridas de la Gran Recesión. Si bien desde 2010, el ingreso disponible per cápita ajustado de los hogares promedio experimentó un aumento acumulado de 6% en la zona de la OCDE, todavía se hallaba por debajo de los niveles de 2010 en España e Italia, dos de los países más afectados por el brote del virus (OECD, 2020[9]). La baja del PIB más bajo se reflejará en una baja de los ingresos del hogar con más rapidez en el entorno actual que en 2008, ya que sectores enteros de la economía se encuentran paralizados y gran parte de la población está confinada en casa.

Si bien los gobiernos actúan para reforzar las redes de seguridad social (OECD, 2020[3]), implementar las políticas de bienestar complementarias dirigidas a trabajadores atípicos y a aquellos no cubiertos por las redes de seguridad social, requerirá tiempo. Esto ocurre en un contexto en el que en muchos países de la OCDE aumentan cada vez más los empleos atípicos. Mientras tanto, un gran número de hogares tienen que afrontar la perspectiva de quedar en situación de pobreza debido a la baja de sus ingresos vinculada con la crisis de salud y los limitados márgenes financieros. En la OCDE, más de una de cada tres personas padecen inseguridad financiera; es decir, si bien no son pobres según los umbrales convencionales de ingresos, no tienen suficientes activos financieros para mantener a su familia por encima de la línea de pobreza durante más de tres meses, en caso de que sus ingresos cesaran repentinamente. Este riesgo es particularmente alto para los jóvenes, las personas de un nivel educativo por debajo del terciario y las parejas con hijos (Gráfica 2), quienes también se encuentran entre los que tienen que lidiar con los efectos del cierre de las escuelas y nuevas responsabilidades de cuidado de familiares. Las familias monoparentales (sobre todo las encabezadas por mujeres) también pueden encarar grandes retos por pérdida de ingresos, dificultades con el cuidado de los niños y falta de apoyo familiar.

Quienes cuenten con recursos financieros adecuados los utilizarán para apoyar su consumo al enfrentar una crisis de ingresos, otros tendrán que recortar el gasto de su hogar. Gastos que son esenciales para la vida diaria, como el consumo de alimentos en el hogar, o los realizados en el marco de contratos que resultan difíciles de renegociar en el corto plazo —por ejemplo alquiler, servicios públicos, entre otros— representan, en promedio, casi 75% del ingreso disponible del 20% más pobre de los hogares (OECD-Eurostat, 2020[10]). Los hogares de ingresos medios también tendrán problemas para sobrevivir, pues en los países de la OCDE, uno de cada cinco de estos hogares gasta más de lo que gana. En la mayoría de dichos países, el sobreendeudamiento está más extendido entre los hogares de ingresos medios que entre los de ingresos bajos y altos, y en promedio afecta a alrededor de 11% de los hogares de ingresos medios (OECD, 2019[11]). Esto deja a muchos hogares con distintos niveles de ingresos con muy pocos recursos para afrontar crisis. En estas condiciones, cualquier pérdida de ingresos o aumento de los gastos podría someterlos a una grave presión financiera. Las medidas adoptadas por diversos países, como el aplazamiento de los pagos de alquiler o la congelación del pago de impuestos, son medidas bienvenidas para aliviar la pérdida repentina de ingresos.

Empleo y calidad del empleo: la crisis afectará seriamente a los empleos mal pagados e inseguros, pero la clase media también podría sufrir graves afectaciones

Las medidas tomadas para mitigar la crisis de salud, como el distanciamiento social y el cierre del comercio minorista, medios de transporte, restaurantes, hoteles y otras industrias de servicios, afectarán en particular a los trabajadores mal pagados e inseguros. Los trabajadores con salarios bajos (quienes laboran a tiempo completo y ganan menos de dos tercios de la mediana nacional) representan, en promedio, cerca de 15% de todos los empleados a tiempo completo en los países de la OCDE. Las cifras oscilan entre 25% en Letonia y Estados Unidos, y menos de 5% en Bélgica y Turquía (OECD, 2020[9]). En algunos países de la OCDE, los ingresos brutos anuales aún no se recuperan de la Gran Recesión. Entre 2010 y 2018, los ingresos reales promedio bajaron 15% en Grecia, 6% en España y Portugal y 3% en Italia (OECD, 2020[9]). Es probable que los trabajadores con la menor remuneración tengan menos ahorros a los cuales recurrir en caso de pérdida de ingresos (véase lo antes expuesto).

El trabajo a distancia puede disminuir algunos efectos económicos inmediatos de las medidas de distanciamiento social, pero en la práctica se restringe a un pequeño porcentaje de los trabajadores, algunos de los cuales probablemente hagan malabares con responsabilidades de cuidado adicionales por el cierre de escuelas y con la necesidad de apoyar a amistades y familiares vulnerables o en autoaislamiento, tanto dentro como fuera del hogar. Datos recabados en el Reino Unido indican que, antes de la crisis de COVID-19, el trabajo a distancia se limitaba en gran medida a los trabajadores mejor pagados (Gráfica 3). Incluso entre dicho grupo, en el periodo 2014-2018, únicamente cerca de un tercio de directivos, profesionales, empleados de la administración pública y aquellos con funciones en las áreas de finanzas, seguros y comercio podían trabajar desde casa en caso de ser necesario (Resolution Foundation, 2020[13]). También se observó una pauta similar en la Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo de 2015 (OECD, 2016[14]). En las circunstancias actuales, es posible que las cifras reales sean más bajas, puesto que el cierre total de los lugares de trabajo (desde las fábricas hasta los juzgados) limita los logros que incluso los directivos y profesionales puedan alcanzar trabajando de forma remota. A la vez, la crisis de COVID-19 impulsa a los empleadores a ampliar las oportunidades de trabajo a distancia siempre que sea posible, lo que propicia una mayor inversión en infraestructura para esta modalidad de trabajo que podría aportar algunos beneficios de largo plazo (consulte la sección Balance vida-trabajo, a continuación). Sin embargo, esto aliviará muy poco la situación de quienes no pueden trabajar a distancia, bien sea porque se dedican a actividades de primera línea y están expuestos a infectarse, o porque sus lugares de trabajo han cerrado y su empleo puede estar en riesgo.

Vivienda: las malas condiciones ponen a las personas en mayor riesgo

Casi 12% de los hogares de los países de la OCDE, en promedio, viven en condiciones de hacinamiento (Gráfica 4). Es probable que esta condición se sume a las tensiones psicosociales de las medidas de confinamiento y distanciamiento social, y también dificulte mucho aislar a las personas sintomáticas de otros miembros del hogar. El acceso a servicios sanitarios básicos (es decir, un inodoro interior con agua corriente para el uso exclusivo del hogar) representa aún un problema entre los hogares más pobres de algunos países de la OCDE y será fundamental para limitar la propagación del virus entre los habitantes de hogares cercanos. En 2017, en promedio, 6.8% de los hogares pobres carecían de servicios sanitarios básicos en la OCDE, cifra que en México, Lituania y Letonia aumenta a más de 25% (OECD, 2020[9]).

En 10 países de la OCDE hasta una cuarta parte de los hogares carecen de una computadora personal, mientras que en Turquía y México menos de la mitad tienen acceso a una (OECD, 2020[3]). El acceso a Internet confiable y de alta velocidad en el hogar también es esencial para el trabajo a distancia y la educación en el hogar a gran escala. Representa una fuente importante de información pública y actúa como una cuerda de salvamento fundamental para conectar a las personas socialmente aisladas o vulnerables o que pueden necesitar asistencia médica a distancia o apoyo comunitario (por ejemplo, entrega de alimentos y medicamentos). En 2018, 85% de los hogares en 29 países de la OCDE tenían acceso a servicios de Internet de banda ancha. Sin embargo, la cobertura está por debajo de 60% en México, de 70% en Japón y de 80% en Australia, Estados Unidos, Grecia, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal y República Eslovaca (OECD, 2020[9]).

Los grupos poblacionales sin hogar representan otro sector aislado y vulnerable. No tienen medios para aislarse por sí mismos, y donde sí cuentan con refugio es, por lo común, en albergues con medios limitados de aislamiento o protección para personas en riesgo (como aquellas con trastornos de salud existentes). Si bien es difícil hacer comparaciones entre países debido a las diferentes definiciones y métodos de recopilación de datos, se estima que en los países de la OCDE cerca de 1.9 millones de personas no tienen hogar (OECD, 2020[15]).

Los gobiernos pueden brindar apoyo inmediato por la pérdida de empleo e ingresos, ampliar el pago por enfermedad a los trabajadores excluidos y brindar refugio inmediato a las personas sin hogar (OECD, 2020[3]). Sin embargo, es mucho más arduo resolver las condiciones de hacinamiento de los hogares, el acceso a servicios sanitarios básicos y la exclusión digital en el corto plazo. En ese sentido, las condiciones deficientes de vivienda representan un riesgo sistémico en relación con los efectos de las crisis de salud, lo que requiere una respuesta gubernamental de más largo plazo para generar resiliencia. En el corto plazo, quienes viven en condiciones de hacinamiento y/o insalubres quizá deban recibir trato prioritario para la hospitalización u otras formas de atención fuera de casa, con el fin de proteger a otros miembros vulnerables de su hogar. De manera similar, es probable que quienes viven solos en circunstancias muy aisladas requieran formas adicionales de apoyo y atención comunitarios durante los periodos en los que se recomienda quedarse en casa.

Bienestar subjetivo: ansiedad, estrés y riesgos para la salud mental

La pandemia de COVID-19 causa efectos inmediatos en términos de ansiedad y estrés de las personas. Una temprana Encuesta Gallup Social Series (realizada del 2 al 13 de marzo de 2020) mostró que 60% de los estadounidenses se preocupaban “mucho” (26%) o “algo” (34%) por que ellos o algún familiar se expusiera al nuevo coronavirus (cifra mayor que el 36% obtenido del 3 al 16 de febrero) (McCarthy, 2020[16]). Los niveles de miedo son mayores entre los no blancos en comparación con los blancos, y entre los grupos de ingresos bajos en comparación con los de ingresos altos. Los temores también se extienden al estado de la economía: en la misma encuesta se detectó que 86% de los estadounidenses cree que el virus tendrá un impacto "muy" o "algo" negativo sobre la economía global (frente a 65% obtenido en la encuesta de febrero). Otras encuestas realizadas por el Pew Research Center a principios de marzo (Gráfica 5) también revelaron preocupaciones generalizadas (Pew Research Center, 2020[17]), y esto fue antes de que los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos comenzaran a escalar drásticamente. Los temores acerca de la salud y las finanzas personales son notoriamente mayores entre los hispanos que entre la población estadounidense total (Pew Research Center, 2020[18]).3

Los efectos psicológicos de las medidas de distanciamiento social y cuarentena de corto plazo dependerán de otras circunstancias del hogar e individuales descritas en esta nota (por ejemplo, perspectivas de pérdida de empleo y de ingresos; calidad de la vivienda; presencia de afecciones médicas existentes y personas vulnerables en el hogar; seguridad personal; separaciones familiares y enfermedad o pérdida de seres queridos; grado de aislamiento social, entre otras). Investigaciones sobre epidemias y brotes de enfermedades contagiosas previos tendían a centrarse en las personas que hicieron cuarentena de forma obligatoria, a menudo en instalaciones gubernamentales, durante brotes con una tasa de mortalidad más alta que la de COVID-19 (Brooks et al., 2020[19]). No obstante, es posible extraer enseñanzas más amplias para los responsables de formular políticas públicas que respondan a la crisis de COVID-19 (véase el Recuadro 1).

La investigación sobre epidemias anteriores también destacó algunos impactos psicológicos duraderos entre quienes se enferman. Por ejemplo, en un estudio de cohorte de sobrevivientes del síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) que se sometieron a tratamiento hospitalario en Hong Kong se encontró que la incidencia acumulada de trastornos psiquiátricos era de 59%. Dentro de los 30 meses posteriores a haber contraído SARS, un tercio de la cohorte sufría un trastorno de esta índole. Una cuarta parte sufrió el trastorno de estrés postraumático y 16% mostró síntomas de depresión (Mak et al., 2009[20]). Durante el brote de SARS de 2003, se informó de diversas morbilidades psiquiátricas, como depresión persistente, ansiedad, ataques de pánico, excitación psicomotora, síntomas psicóticos, delirio e incluso tendencias suicidas. Entre los afectados hubo trabajadores de atención de la salud que padecieron, por ejemplo, depresión, ansiedad, miedo y frustración, así como trastorno de estrés postraumático (Xiang et al., 2020[21]). Sin embargo, el acceso a tecnología de comunicación digital, sobre todo las basadas en video, aumentó en gran medida desde 2003 y esto podría ayudar a disminuir algunos efectos negativos del confinamiento o el aislamiento social, tanto entre la población en general (mantenerse en contacto con amigos y familiares) como entre quienes acceden a algunos servicios de salud mental (por ejemplo, terapia psicológica en línea).

En términos generales, las condiciones de salud, las conexiones sociales, la confianza en los demás, el empleo y los ingresos son motores importantes del bienestar subjetivo, y todos podrían estar bajo riesgo en la crisis actual. En 2018, en los países de la OCDE, cerca de 7% de las personas tenían una satisfacción con la vida muy baja4 en promedio, y una de cada ocho personas albergaba más sentimientos negativos que positivos en un día común y corriente (OECD, 2020[9]).

Recuadro 1. Posibles efectos psicológicos de las políticas de aislamiento y distanciamiento social

A falta de una vacuna o cura para COVID-19, las intervenciones no médicas, como el distanciamiento social y el confinamiento, contribuyen de manera importante a desacelerar la propagación de la enfermedad y, por tanto, a reducir el grado de saturación de los servicios de salud que provoca pérdidas evitables de vidas humanas (OECD, 2020[1]; OECD, 2020[2]). Según el seguimiento realizado por la UNESCO (al 27 de marzo de 2020), más de 160 naciones instauraron cierres de escuelas en todo el país, lo que afecta a más de 87% de la población estudiantil mundial (UNESCO, 2020[22]). Varios países o regiones de la OCDE (por ejemplo, la República Checa, Italia, Francia, España y Baviera [Alemania]) implementaron políticas de confinamiento altamente restrictivas que implican el confinamiento obligatorio en el hogar para toda la población, excepto viajes esenciales, por ejemplo para comprar alimentos o de trabajadores esenciales, como el personal médico (OECD, 2020[2]).

El distanciamiento social o el confinamiento obligatorio podrían afectar el aspecto psicosocial, así como la salud física y mental, aunque será muy difícil evaluar esto en el corto plazo. Factores que podrían contribuir a aumentar los riesgos son un periodo inestable de ansiedad, pánico y miedo, aunado a la interrupción de hábitos de salud positivos y otras rutinas, la amenaza de pérdida de empleo y de ingresos, y una mayor presión sobre los sistemas de atención de la salud que dificulta el acceso al apoyo (OECD, 2020[2]). Estos riesgos también son para los niños: incluso cuando no asisten a la escuela por razones mucho más benignas (como fines de semana y vacaciones de verano), la evidencia indica que los niños tienen menos actividad física, pasan mucho más tiempo frente a la pantalla, tienen patrones de sueño más irregulares y siguen dietas menos saludables (Wang et al., 2020[23]). Estar confinado en el interior de una vivienda, sin oportunidad de reunirse con amigos, podría intensificar estos retos para niños y adultos por igual.

El análisis de (Brooks et al., 2020[19]) acerca de la investigación sobre epidemias y brotes de enfermedades contagiosas anteriores señala que, para limitar los impactos psicológicos de las cuarentenas, es recomendable que las autoridades:

Mantengan el periodo de cuarentena lo más breve posible.

Brinden a las personas tanta información como sea posible.

Proporcionen suministros adecuados de material médico.

Presten atención especial a los trabajadores de la salud.

Confíen en el altruismo más que en la obligación siempre que sea posible.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (2020[24]) también aporta varias consideraciones para los gobiernos que instauran medidas de confinamiento o distanciamiento social, que incluyen las siguientes:

Factores sociales y políticos

Derechos humanos y proporcionalidad de la respuesta

Comunicación de riesgos

Neutralización del estigma

Apoyo a personas y comunidades sometidas a distanciamiento social

Apoyo especial a grupos vulnerables

Promoción de la solidaridad y el apoyo comunitario mutuo

Compensación financiera por pérdida de ingresos y de empleo

Aseguramiento de la continuidad del negocio

Evaluación de procesos e impacto

Por su parte, los gobiernos también pueden ayudar a apuntalar la salud mental positiva de varias formas, durante el pico de la pandemia y después de este (OECD, 2020[2]). Algunas de estas formas son las siguientes: suministrar recursos en línea; asesorar a médicos generales y a otros trabajadores de atención de primera línea sobre cómo identificar a personas bajo riesgo de sufrir trastornos de salud mental o soledad, así como sobre opciones de tratamiento y derivación de los pacientes; permitir que los farmacéuticos renueven las recetas cuando corresponda; ofrecer consultas médicas a distancia y facilitar la continuidad del tratamiento psicológico y psiquiátrico cuando sea posible, así como reforzar los recursos para los servicios de salud mental al término de la pandemia.

Nota: Es decir, recomendar u obligar legalmente a la población a permanecer en casa, salvo para realizar un número restringido de actividades esenciales (por ejemplo, compra de alimentos, atención médica, atención a personas vulnerables, ejercicio limitado para personas y perros, y asistencia al trabajo de quienes desempeñan servicios esenciales y de cuidado).

Fuente: (Brooks et al., 2020[19]; European Centre for Disease Prevention and Control, 2020[24]).

Conexiones sociales: una cuerda de salvamento imprescindible

Las medidas de distanciamiento social voluntario y de confinamiento obligatorio tienen implicaciones obvias para la capacidad de las personas de mantener relaciones sociales que trasciendan a los miembros inmediatos de su hogar, bien sea para recibir apoyo instrumental o emocional, o simplemente para tener compañía. Cerca de 31% de los habitantes de los países de la OCDE viven solos (OECD, 2016[25]), y lo más probable es que estén confinados a solas, lo cual ocasionaría un conjunto adicional de riesgos en caso de enfermedad, incluso para quienes sean dados de alta del hospital antes de lo normal para dar paso a pacientes con COVID-19. En promedio en los países de la OCDE, una de cada 11 personas informa que no tiene a nadie con quién contar para recibir apoyo en caso de necesidad y el sentimiento de tener apoyo social suele ser más bajo entre las personas mayores (Gráfica 6) (OECD, 2020[9]). Por consiguiente, además de ser más físicamente vulnerables a los efectos del virus, las personas mayores también son más vulnerables en el aspecto social (véase más adelante), incluso en lo que respecta a acceder a alimentos y otros productos y servicios.

En los países de la OCDE, en promedio, las personas suelen dedicar solo seis horas por semana a la interacción social con amigos y familiares.5 Si bien los datos sobre tendencias a este respecto son escasos, estudios realizados en siete países de la OCDE indican una preocupante reducción de casi 30 minutos en promedio durante la última década aproximadamente (OECD, 2020[9]). Bajo medidas de confinamiento o distanciamiento social, el tiempo para la interacción presencial con los miembros del hogar probablemente aumente significativamente, lo que podría traer beneficios positivos para los vínculos familiares. Sin embargo, dado que ello no se produce solo por decisión propia, también podría agravar cualquier tensión doméstica subyacente, sobre todo si tales medidas se extienden durante un tiempo prolongado, si los medios de subsistencia están amenazados o si el trabajo a distancia se combina con la necesidad de recibir educación en el hogar y cuidar de niños pequeños o familiares mayores.

Al mismo tiempo, si las medidas de distanciamiento social son eficaces, la interacción presencial con amigos y familiares fuera del hogar se reducirán casi a cero. Ello podría causar mucha angustia a quienes no puedan visitar a familiares y amigos ancianos y vulnerables fuera del hogar durante un periodo que podría ser de varios meses;6 además, estos son también los grupos sociales con menos probabilidades de utilizar soluciones tecnológicas para conectarse de forma remota. Superar las brechas digitales de este tipo será fundamental para reducir el aislamiento y la soledad que ya sufren muchas personas pertenecientes a grupos vulnerables y que podrían agravarse con COVID-19. Los riesgos que el aislamiento social y la soledad implican para la salud física y mental son considerables (Klinenberg E., 2016[26]; Pantell et al., 2013[27]; House, Landis and Umberson, 1988[28]; Holt-Lunstad, Smith and Layton, 2010[29]) y deben afrontarse con medidas políticas, por ejemplo, con verificaciones y controles periódicos por parte de los servicios sociales, la sociedad civil y grupos de voluntarios.7

Informes anecdóticos sugieren que la pandemia puede ampliar los actos de solidaridad (World Economic Forum, 2020[30]). También se comprobó un aumento del apoyo social en una muestra aleatoria de la población general de Hong Kong después del brote de SARS de 2003 (Lau et al., 2006[31]). Muchas obras de psicología documentaron las importantes funciones directas y de amortiguación que el apoyo social desempeña en ocasiones estresantes (Cohen and Wills, 1985[32]; Bowen, Uchino and Birmingham, 2014[33]; Cohen, 2005[34]; Cohen et al., 2014[35]). Ante las medidas de distanciamiento social prolongadas, será importante mantener la conexión social y la solidaridad más allá del valor novedoso inicial de estar atrapado en casa, en especial ante medidas de confinamiento de mayor duración y estrictas.

Balance vida-trabajo: presión en la primera línea; un experimento masivo de trabajo a distancia para algunos afortunados

Los trabajadores esenciales (por ejemplo, en los campos de atención de la salud, cuidado domiciliario y hogares de ancianos) corren un riesgo particular de sufrir estrés y agotamiento ante la pandemia. Incluso en circunstancias "habituales", el estrés, la depresión o la ansiedad relacionados con el trabajo prevalecen más en quienes brindan servicios públicos, como atención de la salud y trabajo social (Health and Safety Executive, 2019[36]; European Agency for Safety and Health at Work, 2009[37]). En la crisis actual, la exposición directa a mayores riesgos de infección, las largas horas de trabajo, la escasez de equipos, camas e información, y las altas tasas de mortalidad entre los pacientes (que no pueden recibir visitas de amigos o familiares) cobran un alto precio en el personal de primera línea, algunos de los cuales tendrán que tomar a diario decisiones de “vida o muerte”. Ese mismo personal de primera línea puede también sufrir presiones adicionales en el hogar debido a responsabilidades de cuidar a otros, a la necesidad de educar en casa a los niños cuyas escuelas han cerrado o la necesidad de distanciarse físicamente de las personas vulnerables que viven en sus propios hogares. Datos recabados en el Reino Unido indican que, de los trabajadores esenciales, 42% tienen al menos un hijo de 16 años o menos, 28% de aquellos con hijos dependientes tienen una pareja que también es trabajador/a esencial, y 16% de aquellos con hijos menores de 16 años son padres o madres solteros (en comparación con 11% de los demás trabajadores) (Institute for Fiscal Studies, 2020[38]). Lo anterior pone de manifiesto los conflictos entre el trabajo y la vida personal que probablemente enfrentarán quienes desempeñan funciones que salvan vidas y de quienes ahora depende más que nunca toda la población.

Se están poniendo en marcha medidas para brindar servicios de atención infantil a los trabajadores esenciales y aumentar la capacidad de atención de la salud en los países de la OCDE, lo cual es un paso en el sentido correcto (OECD, 2020[1]). Los países con un número reducido de médicos y enfermeras/os por habitante (por ejemplo, Turquía, México, Chile, Polonia, Israel, Letonia, República Eslovaca, Estonia, Hungría, Corea y Reino Unido) pueden encarar retos particulares para hacer frente a la pandemia (Gráfica 7). La escasez de equipos, como prendas protectoras, camas y, en particular, ventiladores, eleva considerablemente la tensión que viven los profesionales de atención de la salud.

Muchos trabajadores, en particular los de salarios bajos, los autónomos y otros con empleos precarios (por ejemplo, los que laboran en el área de espectáculos), podrían quedarse en paro técnico laboral (o incluso desempleados) en los próximos meses aunque, dado lo inédito de la situación actual es difícil predecir en qué medida resultarán afectadas las diferentes categorías de trabajadores. Mientras tanto, para un porcentaje relativamente pequeño de profesionales y directivos que en su mayoría laboran en oficinas, ante los cierres de estas y otros sitios, el trabajo a distancia se ha convertido en la nueva normalidad. Eso sucede junto con restricciones a gran escala de los viajes internacionales y un mayor uso de herramientas digitales para videoconferencias y conferencias telefónicas. Un cambio de esta naturaleza era muy poco probable en circunstancias “habituales” y podría sentar las bases para cambios más duraderos en las modalidades de trabajo. Ello podría ofrecer a los empleados mayor flexibilidad para mejorar su balance vida-trabajo, reducir el impacto climático de los viajes de negocios y facilitar el acceso a una educación de alta calidad para una gama más amplia de personas… y al mismo tiempo dificultar aún más las cosas para los excluidos en materia digital. Varios factores podrían entorpecer el éxito del gran experimento de trabajo a distancia en curso, por ejemplo, la puesta en marcha de medidas con muy poca antelación; la necesidad de muchos trabajadores de compaginar el trabajo y las responsabilidades de cuidado de otros, así como la falta de conectividad en muchos hogares. Por otra parte, para asegurar su eficacia, el aprendizaje en línea requiere una fuerte inversión en competencias pedagógicas y trabajo relacionado con el contenido. Como mínimo, las circunstancias actuales harán que empleadores y empleados, así como escolares y estudiantes universitarios, sean más conscientes de los factores fundamentales para el éxito del trabajo a distancia masivo, lo que permitirá incorporar mayor resiliencia en los sistemas del futuro.

Calidad ambiental: una mano amiga de la contaminación que se reduce y el acceso a espacios verdes

Casi dos tercios de la población de la OCDE está expuesta a un nivel de contaminación atmosférica por partículas pequeñas que pone en riesgo la salud (OECD, 2020[9]). La contaminación atmosférica exterior causó más de tres millones de muertes prematuras en 2010, y las personas mayores y los niños fueron los más afectados. Las proyecciones de la OCDE indican que para 2060 las muertes prematuras por aire sucio se duplicarán o triplicarán (OECD, 2016[39]). Las acciones emprendidas para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en China disminuyeron las partículas finas en febrero de 2020 en comparación con los tres años anteriores y se lograron reducciones de 20% a 30% en gran parte de China (European Space Agency, 2020[40]). Desde que Italia entró en confinamiento el 9 de marzo, los niveles de dióxido de nitrógeno en Milán y otras partes del norte del país también disminuyeron (European Space Agency, 2020[41]). Estas reducciones en la contaminación atmosférica beneficiarán a las personas con problemas respiratorios o asma, que se consideran más susceptibles a COVID-19, y reducirán los efectos secundarios negativos de la contaminación, como el aumento de la inflamación y la disminución de la inmunidad (Glencross et al., 2020[42]).

En condiciones de confinamiento, el movimiento podría restringirse y los espacios públicos y parques cerrarse (por ejemplo, al escribir esta nota, en Francia solo se permite un periodo de ejercicio diario al aire libre por persona, sin alejarse más de un kilómetro de su hogar). Muchas familias urbanas están confinadas en departamentos pequeños. El acceso a espacios verdes aporta múltiples beneficios para la salud y el bienestar, por ejemplo, relajación psicológica; disminución del estrés; mejora de la actividad física; mitigación de la exposición a la contaminación atmosférica, calor y ruido excesivos; mejora del capital social y conducta en pro del medio ambiente (WHO Regional Office for Europe, 2016[43]; Engemann et al., 2019[44]). En promedio, en las zonas urbanas europeas, 93% de las personas tienen acceso a parques públicos, bosques u otros espacios verdes recreativos a 10 minutos de distancia de su hogar a pie. Sin embargo, en Islandia, Portugal, Italia y Dinamarca, menos de 90% goza de este privilegio (OECD, 2020[9]) (y no se dispone de datos comparables para los países no europeos de la OCDE). Quienes viven en confinamiento necesitan formas de acceder con seguridad a espacios verdes, y a la vez respetar los requisitos de distanciamiento social.

Seguridad: amenazas de cerca y de lejos

El confinamiento obligatorio plantea problemas específicos para las personas en riesgo de sufrir abuso doméstico y los grupos de apoyo ya alertan sobre la posibilidad de que aumenten los casos de abuso durante la pandemia (Mahdawi, 2020[45]; Selvaratnam, 2020[46]). La violencia de pareja íntima (VPI) es una forma común de abuso; una de cada tres mujeres ha sido víctima en el transcurso de su vida de violencia física y/o sexual por parte de su pareja íntima o de violencia sexual fuera de la pareja (OECD, 2019[47]; WHO, 2013[48]). Las parejas íntimas masculinas perpetran la mayor parte de esta violencia: en el ámbito mundial, 30% de las mujeres que han tenido una relación han experimentado violencia física y/o sexual a manos de su pareja íntima, y 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja íntima (WHO, 2013[48]). La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa estima que, en toda la Región de Europa de dicha Organización, la prevalencia a lo largo de la vida de abuso sexual infantil asciende a casi 10% (5.7% de los varones, 13.4% de las niñas), de abuso físico a casi 23% y de abuso emocional a 30%. Además, casi 15% de los niños son testigos de episodios de violencia de pareja íntima en el hogar (Sethi et al., 2013[49]; OECD, 2019[50]).

La ciberdelincuencia también plantea mayores riesgos en las circunstancias actuales.8 Puesto que muchas tiendas, servicios y oficinas están cerrados y un gran número de personas están aisladas, cada vez más estas dependerán de los bienes y servicios adquiridos en línea. Las preocupaciones por la ciberseguridad son primordiales para la gran cantidad de empresas que dependen de Internet para seguir en funcionamiento durante la pandemia, incluso con trabajadores conectados a través de redes domésticas con menos funciones de seguridad. En los países de la OCDE ya se ha tenido amplia experiencia en incidentes de ciberseguridad (Gráfica 8). En 2017, en los países de la OCDE, cerca de una de cada cinco personas dijo haber experimentado un incidente de seguridad cibernética y los mayores porcentajes se registraron en Francia, Hungría y Luxemburgo. La proporción ha disminuido, en promedio, desde 2010, pero los cambios en el uso de Internet y la conducta durante la pandemia podrían traer consigo riesgos adicionales (véase la próxima nota informativa de la OCDE sobre Política de Seguridad Digital, por publicarse).

El pánico y la desesperación también aumentan la vulnerabilidad de las personas al fraude en línea y a domicilio al intentar obtener artículos esenciales que ahora escasean. Entre el 1 de febrero y mediados de marzo de 2020, el centro nacional de denuncias de fraude y delitos cibernéticos del Reino Unido, Action Fraud, registró fraudes y estafas de coronavirus por casi 970 000 GBP, vinculados sobre todo con pedidos de productos en línea (mascarillas, desinfectante de manos) que nunca llegaron (Action Fraud, 2020[51]). También se han destacado estafas con kits de pruebas falsos vendidos de puerta en puerta (Action Fraud, 2020[52]) y otras dirigidas a personas vulnerables que necesitan ayuda para comprar alimentos y recoger medicamentos mientras están en aislamiento a solas. Grupos de consumidores también informan sobre medicamentos falsos y curas que se ofrecen en línea (Studman, 2020[53]) así como de empresas proveedoras de bienes escasos (desinfectante de manos, termómetros, fórmula para bebés y tampones) que lucran al venderlos a precios exorbitantes (Walsh, 2020[54]).

Capital social: la confianza es más importante que nunca, pero parte de una posición frágil

Antes del brote de coronavirus, la confianza social ya se hallaba en una posición frágil. Al preguntar a los participantes si confían en otras personas (0 significa ninguna confianza y 10 significa confianza total), el puntaje promedio obtenido en los países de la OCDE es 6.1. Después de un deterioro general registrado a raíz de la crisis financiera de 2007-2008, en los países de la OCDE la confianza en las instituciones públicas mejoró 3 puntos porcentuales entre 2010 y 2018, aunque todavía menos de la mitad de la población (43%) confía en su gobierno nacional. Además, la confianza en el gobierno disminuyó en algunos de los países donde ya era baja. Esto podría afectar la capacidad de los países para poner en marcha respuestas colectivas a los retos que se avecinan.

La evidencia más reciente señala que en la actualidad la confianza en el gobierno puede ser especialmente volátil. Una encuesta de Gallup Social Series aplicada en Estados Unidos del 2 al 13 de marzo de 2020 mostró que la confianza de las personas en la capacidad del gobierno para manejar el brote bajó 16 puntos porcentuales, en comparación con una encuesta realizada un mes antes (de más de 75% en febrero a 61% en marzo) (McCarthy, 2020[16]).

Centrarse en grupos y lugares vulnerables

Los ancianos

El brote de COVID-19 plantea retos importantes para los ancianos. En primer lugar, este grupo poblacional (sobre todo los hombres) corre mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves en caso de contraer la infección. En segundo lugar, el desarrollo de enfermedades en la vejez puede deteriorar mucho su funcionamiento y su estado de salud. En tercer lugar, las medidas de confinamiento más estrictas se destinan a los ancianos, lo que representa un cambio importante en su vida cotidiana y restringe su independencia. Estos retos serán más serios para quienes tienen una salud deficiente, que viven solos o bajo atención de largo plazo, o que cuidan a un miembro de la familia. Para poner lo anterior en perspectiva, el porcentaje de la población de 65 años o más en los países de la OCDE casi se duplicó en las últimas décadas, de menos de 9% en 1960 a más de 17% en 2017.

COVID-19 afectará en gran medida las conexiones sociales de las personas mayores. Limitar la exposición a COVID-19 requiere que se aíslen a solas y dependan de las redes de apoyo y los servicios sociales y de salud local para cubrir sus necesidades, como la compra de comestibles y comidas preparadas. En la última edición de ¿Cómo va la vida? (OECD, 2020[9]) se aborda el dilema del aislamiento social entre las personas mayores; en tiempos de necesidad, los ancianos tienen tres veces más probabilidades que los jóvenes de informar que no cuentan con un familiar o un amigo en quien puedan confiar (el número promedio en la población es una de cada 11 personas). Por otra parte, muchos adultos mayores viven solos, en especial las mujeres. Por ejemplo, en muchos países del G20, cerca de uno de cada tres adultos de 65 años o más vive solo; el porcentaje de mujeres en esta situación es casi el doble que el de los hombres. El nivel educativo también interviene, ya que en ocho países del G20, los adultos mayores con un nivel educativo bajo tienen por arriba de 40% más de probabilidades de vivir solos que los que alcanzaron un nivel educativo alto.

El cuidado de los ancianos que se enferman recae sobre muchas personas mayores que cuidan a sus cónyuges u otros familiares. Investigaciones realizadas por la OCDE muestran que la familia y los amigos son la fuente más importante de atención para quienes requieren cuidados de largo plazo en los países de la OCDE. En los países europeos, alrededor de 13% de las personas de 50 años o más informan que brindan cuidados informales a sus padres o cónyuges por lo menos una vez a la semana. La probabilidad de cuidar a un cónyuge aumenta con la edad, hasta estabilizarse en edades más avanzadas (OECD, 2019[56]). Esto es particularmente problemático dados los riesgos de transmisión de COVID-19. Por otra parte, COVID-19 está provocando la interrupción de la atención médica de rutina para muchos adultos mayores con afecciones crónicas, aunque en muchos países todavía se permite cuidar a parientes ancianos y enfermos bajo confinamiento.

COVID-19 presenta riesgos particulares para los ancianos que residen en centros de cuidado de largo plazo, en términos de aumento de la mortalidad y bajo bienestar subjetivo. Un porcentaje considerable de ancianos en los países de la OCDE recibe este tipo de cuidados: en promedio, 10.8% de las personas de 65 años en 2017 (OECD, 2019[56]).

El entorno de vida comunitaria prevaleciente en los centros de cuidado de largo plazo y la vulnerabilidad de los residentes favorecen la rápida propagación del virus de la influenza y otros patógenos respiratorios (Lansbury, Brown and Nguyen-Van-Tam, 2017[57]; OECD, 2019[56]). Algunos de estos centros han cerrado las puertas a los visitantes para proteger a los residentes. Sin embargo, la falta de contacto con sus familiares tiene efectos negativos sobre su bienestar psicológico, especialmente cuando se trata de un brote prolongado. COVID-19 provocó una fuerte baja del precio de las acciones, lo cual puede reducir considerablemente el bienestar material y la seguridad financiera de los ancianos. En la actualidad, no está claro si las bajas del mercado de valores son una corrección única o el comienzo de una caída más prolongada. En el último caso, los tenedores de activos sufren un impacto patrimonial negativo directo, mismo que puede afectar en particular los programas de pensiones capitalizados. Una mayor flexibilización de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales (sobre todo el Banco Central Europeo, BCE, donde las tasas de depósito ya son negativas) podría reforzar el efecto negativo sobre los ingresos para los pensionistas y/o empujar a los ahorradores a hacer inversiones de mayor riesgo. El efecto financiero será menor en aquellos países cuyas pensiones dependen menos de fondos privados.

Las mujeres

La OCDE publicó una nota de política titulada Las mujeres en el centro de la lucha contra la crisis del COVID-19, que presenta un análisis más detallado de los efectos de COVID-19 en las mujeres.9 En resumen, las mujeres están potencialmente más expuestas a las dificultades materiales relacionadas con las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. En el muy corto plazo, algunos sectores de la economía podrían resultar más afectados que otros. De manera más inmediata, las industrias que dependen del turismo y de la interacción física con los clientes inevitablemente se verán muy afectadas. Esto incluye viajes aéreos, turismo, servicios de alojamiento (por ejemplo, hoteles) y servicios de alimentos y bebidas (por ejemplo, cafés, restaurantes y banquetes) y actividades minoristas en las que las mujeres están sobrerrepresentadas (OECD, 2020[58]). En general, es probable que las mujeres sean más vulnerables que los hombres a pérdidas de ingresos provocadas por la crisis, ya que los niveles de ingresos de ellas son, en promedio, menores que los de ellos y sus tasas de pobreza son más altas. También suelen tener menos patrimonio que los hombres, por diversas razones. Si son despedidas, podría resultarles más difícil encontrar un empleo y fuentes de ingresos alternativos (como el trabajo parcial), pues tienen mayores obligaciones de cuidar de alguien.

Es probable que los progenitores solteros —muchos de los cuales son mujeres— estén en posición vulnerable. Depender de un solo ingreso significa que la pérdida de empleo puede ser grave para las familias monoparentales, sobre todo si el apoyo público a los ingresos es escaso o se asigna con lentitud. Evidencias obtenidas de la crisis financiera de 2008 indican que, en muchos países, los niños de familias monoparentales resultaron mucho más afectados por la recesión que los de familias biparentales, no solo en lo que se refiere a ingresos y pobreza, sino también al acceso a bienes materiales y actividades esenciales, como una nutrición adecuada y un hogar suficientemente cálido (Chzhen, 2014[59]). COVID-19 aumentará las cifras de trabajo no remunerado de las mujeres y podría también incrementar las largas horas de trabajo remunerado. En primer lugar, evidencias recabadas en algunos países de la OCDE muestran que es probable que los trabajadores de la salud y de asistencia social cuiden a niños dependientes y, en algunos casos, más que los trabajadores de otros sectores (Cauchmez, 2019[60]). Se estima que las mujeres constituyen dos tercios del personal de atención de la salud. En específico, representan cerca de 85% de los enfermeros y parteros en los 104 países con datos disponibles (Boniol, 2019[61]). Por otro lado, 90% de los trabajadores de cuidados de largo plazo (LTC) en la OCDE son mujeres. En segundo lugar, gran parte del tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres se dedica al cuidado de los niños, y es probable que el cierre de las escuelas y el confinamiento en el hogar lo aumenten (OECD, 2020[58]).

COVID-19 afectará la seguridad personal de las mujeres, pues probablemente agrave el problema de la violencia contra estas. Evidencias de crisis pasadas y desastres naturales señala que las medidas de confinamiento a menudo provocan un aumento de la violencia contra mujeres y niños. De hecho, los primeros informes de los proveedores de servicios sociales en China y algunos países de la OCDE mostraron un incremento de la violencia doméstica (VD) contra las mujeres durante la pandemia, al quedar muchas mujeres y niños atrapados en casa con quienes abusan de ellos (OECD, 2020[58]).

La crisis de COVID-19 pone a mujeres y niños en mayor riesgo de ser víctimas de violencia, ya que restringe la capacidad de ellas de aplicar sus estrategias de seguridad habituales; por ejemplo, no poder hospedarse con familiares o mandar a los niños a jugar cuando el nivel de abuso se eleva. COVID-19 también altera el funcionamiento de los mecanismos formales de apoyo, como refugios y servicios médicos, y el acceso a recursos legales, como órdenes de seguridad otorgadas por un tribunal. Las posibles consecuencias pasada la crisis de COVID-19, incluido un mayor desempleo (para mujeres y hombres), pérdida de ingresos e inseguridad laboral, son peligrosas en particular para las mujeres en relaciones abusivas, pues el control económico es una herramienta clave de los abusadores. La inseguridad financiera puede obligar a las víctimas a permanecer con ellos.

Los niños

El brote de COVID-19 podría ejercer efectos significativos sobre el bienestar infantil, y es poco probable que estos se distribuyan de manera equitativa. El brote aumenta el estrés diario relacionado con el cuidado de los niños y se suma a las preocupaciones de largo plazo de los padres respecto a garantizar atención y una vida familiar de calidad para los niños. Para los niños de algunas familias aumentarán los factores estresantes preexistentes, entre ellos la pobreza, la inestabilidad de la vivienda, el aislamiento social y el acceso limitado a una atención de salud de calidad. Los altos niveles de estrés familiar aumentan la probabilidad de que surjan incidentes de violencia de pareja íntima y problemas de salud de los padres, incluido el abuso de sustancias y trastornos de salud mental no tratados (Shonkoff, 2020[62]). Algunos de los impactos sobre el bienestar serían más intensos durante las etapas de supresión o contención, en tanto que otros seguirán a los niños en el largo plazo.

Según evidencias, el confinamiento en el hogar durante las pandemias tiene efectos duraderos en el bienestar psicológico de niños y adolescentes (Wang et al., 2020[23]). En un estudio realizado por (Sprang and Silman, 2013[63]) se detectó que la puntuación media del trastorno de estrés postraumático era cuatro veces mayor en los niños confinados durante las pandemias en comparación con los no confinados. Dado que los padres son la fuente de apoyo más cercana e importante para los niños durante la crisis de COVID-19, el nivel de estrés al que están sujetos y su capacidad para superarlo son primordiales para el bienestar de los menores. Algunos factores estresantes durante el confinamiento son el miedo a la infección y el confinamiento prolongado, el aburrimiento y la frustración, la falta de espacio personal, la pérdida de contacto con los compañeros y otros adultos y las preocupaciones financieras. La carga de dichos factores pesará más sobre algunas familias, por ejemplo, las que habitan viviendas hacinadas o aquellas sin hogar, así como sobre los hogares de ingresos bajos y monoparentales. En promedio, en los países de la OCDE, casi uno de cada tres niños de familias de ingresos bajos habita viviendas hacinadas, con la tasa mayor entre los niños de familias monoparentales. Además, el confinamiento traerá consecuencias desfavorables en cuanto a los hábitos sanitarios de los niños, por ejemplo, reducción de la actividad física, aumento del tiempo ante la pantalla y patrones de sueño irregulares, lo que provoca aumento de peso y pérdida de la capacidad cardiorrespiratoria (Wang et al., 2020[23]).

El éxito de las medidas educativas provisionales implementadas durante el cierre de las escuelas, por ejemplo el aprendizaje a distancia, depende de la calidad del entorno de aprendizaje en el hogar de los niños. Los factores importantes incluyen recursos educativos en el hogar, disponibilidad de espacio, nivel educativo de los padres, fluidez de los padres en el idioma utilizado para la enseñanza escolar y competencias digitales de los padres, pero también la interacción de estos con la escuela. En general, los niños de hogares de condición socioeconómica baja se encuentran en desventaja para continuar sus estudios y aprender en casa (http://www.oecd.org/social/family/child-well-being/).

Datos obtenidos por la OCDE muestran las diferencias en los entornos de aprendizaje en el hogar de los niños, algunas de las cuales tendrán mayores efectos sobre los logros educativos de los niños durante el cierre de las escuelas. En primer lugar, según datos arrojados por la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, PISA 2015, cerca de uno de cada cuatro jóvenes de 15 años provenientes de hogares de condición socioeconómica baja no cuenta con un espacio tranquilo para estudiar en casa, y uno de cada cinco no tiene acceso a una computadora para el trabajo escolar ni conexión a Internet. PISA 2018 muestra grandes brechas entre los países en estos campos; cerca de uno de cada cuatro niños en México no tiene un espacio tranquilo para estudiar, en tanto que en Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos y Portugal solo uno de cada 20 niños enfrenta este problema. En segundo lugar, el nivel de fluidez de los padres en el idioma de enseñanza escolar influirá en la ayuda que los niños reciban en el seguimiento del aprendizaje a distancia. Esto atañe en particular a aquellos de origen migrante. Según PISA 2015, cuanto mayor sea la distancia lingüística entre el idioma hablado en el hogar y el de enseñanza, menos probable será que un estudiante obtenga la competencia académica de referencia en las pruebas PISA (OECD, 2018[64]). En tercer lugar, los datos del Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIACC) señalan una fuerte relación entre el entorno socioeconómico y las competencias digitales de los adultos. En los países de la OCDE, un gran porcentaje de personas con nivel educativo bajo carecen de un dominio básico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), mientras que las competencias básicas en este renglón son casi universales entre los adultos con educación terciaria (OECD, 2019[65]). En cuarto lugar, los datos de PISA 2018 muestran que los padres de estudiantes de escuelas socioeconómicamente favorecidas tienen más probabilidades de dialogar con los maestros sobre los avances de sus hijos, que los de las escuelas socioeconómicamente desfavorecidas, donde los docentes tienden a tomar la iniciativa (OECD, 2018[66]).

Los cierres prolongados de escuelas tendrán efectos más fuertes en el bienestar de los niños vulnerables. La investigación ilustra con claridad que la brecha en el desempeño educativo entre los niños según su entorno se amplía durante los periodos sin escuela y puede representar dos tercios de la brecha de rendimiento a los 14 años de edad (Alexander, Entwisle and Olson, 2007[67]). El acceso desigual a las actividades educativas y de desarrollo es un factor que explica tales brechas (Stewart, Watson and Campbell, 2018[68]). Lo más probable es que los niños que reciben apoyo parental limitado para hacer la tarea también recibirán un apoyo limitado en lo que al aprendizaje a distancia se refiere.

Los niños vulnerables dependen de las escuelas para obtener otras ayudas esenciales, como comidas calientes y acceso a actividades recreativas. La pobreza alimentaria es un problema real para algunos pequeños; en los países europeos de la OCDE, uno de cada cinco niños de familias de ingresos bajos no tiene acceso a frutas y verduras frescas y/o a una comida con carne, pollo, pescado o un equivalente vegetariano por lo menos una vez al día (OECD, 2019[50]). Asimismo, las escuelas ofrecen a niños vulnerables la oportunidad de estar en contacto constante con adultos solidarios que pueden vigilar su bienestar y responder a sus inquietudes con rapidez. El cierre de escuelas también puede generar un aumento del tiempo que los niños vulnerables pasan cuidando de sí mismos (es decir, el tiempo que pasan sin supervisión), si los padres no cuentan con alternativas para la atención de sus hijos o para trabajar desde casa.

El brote de COVID-19 disminuye gravemente la eficacia de los sistemas de protección infantil y custodia de niños vulnerables en un momento en que el riesgo va en aumento. En primer lugar, menos adultos solidarios estarán en contacto regular con dichos niños para vigilar su bienestar y reportar dificultades. En segundo lugar, los servicios de protección infantil, al igual que otros servicios públicos, adoptan medidas para reducir el riesgo de contagio al público en general, por ejemplo, reducir las visitas domiciliarias e intervenir solo en los casos que se priorizan como los más graves. En tercer lugar, se interrumpe el acceso de niños vulnerables a instrumentos de protección como tutorías e intervenciones terapéuticas. En concreto, el sistema de cuidado alternativo se verá muy presionado para proporcionar y mantener las colocaciones en sitios de acogida. Factores estresantes son la edad promedio de los cuidadores de acogida, mayor que la de los padres biológicos, especialmente los cuidadores que son parientes (McDermid et al., 2012[69]); niveles más altos de ansiedad y angustia en el entorno de atención fuera del hogar y más problemas de conducta entre los niños, así como interrupciones de las colocaciones escolares y del contacto familiar.

El brote de COVID-19 presenta retos específicos para el bienestar de los niños con discapacidad, sobre todo en las dimensiones de educación, salud y vida social y familiar. Ha producido mucho estrés y alteraciones en la vida de los menores que, bajo circunstancias normales, están acostumbrados a la estructura y la rutina, y las necesitan. Durante el cierre de las escuelas, los niños con discapacidad son más propensos a sufrir pérdidas en su educación. Por ejemplo, la idoneidad del aprendizaje a distancia depende de las necesidades individuales de los niños y de la capacidad de las escuelas para brindar enseñanza personalizada. También enfrentan interrupciones considerables en los servicios terapéuticos que son fundamentales para apoyar el desarrollo de las competencias de comunicación y socioemocionales, así como para ayudar a los niños a sobrellevar mejor la situación en la escuela y en el hogar. En especial para algunas familias con niños con mayores necesidades, la interrupción de la escolarización y la colocación en sitios de acogida de relevo podrían empujarlas a una crisis. Además, la presencia de un hermano con discapacidad en el hogar reducirá la capacidad de los padres de cubrir las nuevas demandas planteadas por la educación de sus otros hijos en el hogar y de manejar los altos niveles de estrés familiar.

Los jóvenes

COVID-19 expone a los jóvenes vulnerables a mayores riesgos de desvinculación y abandono de su educación y formación y puede aumentar el número total de chicos que no estudian ni trabajan ni están en formación (ninis). Si bien las razones de la desvinculación y el abandono son complejas y se desarrollan con el tiempo (Aarkrog et al., 2018[70]), COVID-19 puede resultar un potente multiplicador mediante varias vías. Por ejemplo, baja del desempeño y pérdida de motivación debido a la interrupción de la educación o formación; pérdida de vínculos con adultos solidarios e interacciones positivas con sus pares, y aumento de la pobreza y del estrés en el hogar. Además, debido a sus componentes más amplios de aprendizaje práctico o en el lugar de trabajo, la educación profesional técnica, en comparación con otras modalidades educativas, es menos adaptable al aprendizaje a distancia.

Los jóvenes ninis representan un tema de larga data para los países de la OCDE; datos de 2018 indican que, en promedio, uno de cada 10 jóvenes de 15 a 24 años de edad es nini (OECD, 2020[9]). Hasta 40% de los jóvenes pasan por un lapso de inactividad o desempleo durante un periodo de cuatro años, pero para la mitad de ellos dicho periodo durará un año o más y puede provocar desánimo y exclusión. El elevado número de ninis también representa un costo económico relevante, estimado entre USD 360 mil millones y USD 605 mil millones, equivalente a entre 0.9% y 1.5% del PIB de la OCDE. En términos generales, hay más ninis entre las mujeres jóvenes, sobre todo debido a las obligaciones de cuidar a alguien (OECD, 2019[71]).

COVID-19 puede ejercer efectos de largo plazo sobre el desempleo juvenil, a partir de grandes crisis económicas anteriores. Durante la Gran Recesión, casi uno de cada 10 puestos de trabajo ocupado por menores de 30 años se eliminó. En los países más afectados por la crisis, por ejemplo España, Grecia e Irlanda, el número de jóvenes empleados se redujo a la mitad entre 2007 y 2014. Hasta ahora, pese a la recuperación, la tasa de empleo de los jóvenes en los países de la OCDE se estancó desde 2010 y todavía está por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Los jóvenes con nivel educativo bajo (por debajo de la educación media superior) fueron los más vulnerables durante la crisis económica y se han mantenido como tales durante la lenta recuperación (OECD, 2019[71]). También se ha demostrado que los periodos de inactividad y desempleo en la edad adulta temprana ejercen efectos negativos duraderos sobre las expectativas de empleo e ingresos futuros (OECD, 2015[72]).

Sitios y comunidades rezagadas

En el mundo actual, cada vez más urbano, más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Las ciudades pueden estar mejor preparadas que el resto de un país para responder a la crisis de COVID-19, puesto que cuentan con instalaciones de atención de la salud bien desarrolladas. Sin embargo, la gran cercanía, los corredores de transporte y los retos para practicar el distanciamiento social también aumentan el riesgo de que el virus se propague a través del mayor contacto humano (OECD, 2020[73]).

Las ciudades marcadas por la gran desigualdad y la alta concentración de habitantes urbanos pobres podrían ser más vulnerables que las que disponen de mejores recursos, están menos pobladas y son más equitativas. El Foro Económico Mundial (FEM) informó en fecha reciente que a menudo las pandemias surgen de la periferia de las ciudades. Los brotes virales suelen incubarse y transmitirse a través de comunidades periurbanas y corredores de transporte en las afueras de una ciudad antes de propagarse al centro de la misma. Los niveles de contaminación, que son más altos en las ciudades, también causan daños pulmonares y cardiacos que cobran por lo menos siete millones de muertes prematuras al año. Los residentes con afecciones respiratorias existentes, como asma o bronquitis crónica, pueden ser más susceptibles a COVID-19 (OECD, 2020[73]).10

Los casos graves de COVID-19 podrían presentarse en los vecindarios pobres, ya que la condición socioeconómica del vecindario se correlaciona negativamente con las admisiones hospitalarias relacionadas con influenza entre todos los grupos de edad. Información recabada en Estados Unidos muestra que las admisiones hospitalarias vinculadas con la influenza son más altas en las zonas de alta pobreza. Por ejemplo, en un estudio realizado en Estados Unidos se encontró que la incidencia media de hospitalizaciones entre los niños es tres veces mayor en las zonas de alta pobreza y hacinamiento que en las de baja pobreza y poco hacinamiento. Factores de salud, como una mayor prevalencia de afecciones subyacentes y una menor aplicación de vacunas contra la influenza, solo explican parte de esta correlación (Yousey-Hindes and Hadler, 2011[74]). Se obtienen conclusiones similares en todos los grupos de edad, incluidos los mayores de 65 años. Ello es significativo, ya que los mayores de 65 años representan la gran mayoría de los ingresos hospitalarios relacionados con la influenza (Hadler et al., 2016[75]).

En el ámbito rural, el rápido envejecimiento de la población en algunas regiones durante la última década y más, dificultará la prestación de servicios durante el brote de COVID-19. En promedio, de 2000 a 2017, las tasas de dependencia de los ancianos aumentaron 6 puntos porcentuales en la OCDE. El mayor crecimiento se registró en regiones predominantemente rurales (7 puntos porcentuales) y el menor en regiones predominantemente urbanas (5 puntos porcentuales) (OECD, 2018[76]). Sin embargo, las zonas rurales ofrecen factores de protección contra la propagación de COVID-19, por ejemplo, la lejanía y el mayor distanciamiento social. El ámbito rural puede, en el contexto de una creciente consternación, ofrecer cierta seguridad a sus residentes.

Prestar un servicio de banda ancha de alta velocidad puede ser un elemento clave para brindar servicios sociales y de salud en áreas lejanas. También facilita el trabajo a distancia. En general, los países de ingresos bajos suelen tener mayor desigualdad regional en el acceso a banda ancha. Las diferencias regionales en el porcentaje de hogares con acceso a banda ancha son muy notorias en países con una alta penetración de las TIC (como Estados Unidos, Francia, Israel y Nueva Zelanda), y también en países con un promedio bajo de acceso a las TIC (como México o Turquía). En estos dos últimos países, el acceso de banda ancha en la región con mayor proporción de hogares con conexión de banda ancha es más de tres veces mayor que en la región con menor acceso (OECD, 2018[76]).

¿Podemos evaluar el impacto "neto" sobre el bienestar de las personas? Aspectos clave basados en la métrica del Estándar de Vida Multidimensional

El virus COVID-19 afectará adversamente la mayoría de las dimensiones de la vida de las personas, así como en la desigualdad. Si bien ninguna métrica permite capturar los efectos acumulativos de estos impactos, los Estándares de Vida Multidimensionales (MDLS, por sus siglas en inglés) de la OCDE, desarrollados en el contexto de la Iniciativa de Crecimiento Incluyente de la Organización y basada en (Fleurbaey and Blanchet, 2013[77]; Murtin et al., 2017[78]), proporciona una medida métrica monetaria que refleja los cambios suscitados en el ingreso del hogar, el estado de desempleo, la esperanza de vida y la desigualdad de ingresos (Boarini et al., 2020[79]). Al aplicarse este enfoque tras la crisis financiera de 2008 se encontró que durante el período 2008-2013, la recesión económica provocó una baja en el nivel de vida de la población pobre de más de 10% al año en Portugal, Italia e Irlanda, de 25% al año en España y de 40% al año en Grecia. El dramático costo humano de la crisis se debió en gran medida al aumento del desempleo y la desigualdad de ingresos en estos seriamente afectados países, lo cual contrarrestó con creces la mejora continua de las condiciones sanitarias.

La epidemia de COVID-19 tiene el potencial de generar efectos aún más profundos, ya que los cuatro componentes de la métrica MDLS podrían verse afectados negativamente por la crisis actual. La magnitud de algunos de estos efectos se explica en (Eichenbaum, Rebelo and Trabandt, 2020[80]). Estos autores combinan el modelo epidemiológico clásico con un modelo macroeconómico simple y detectan una baja de 10% del PIB desde una calibración factible. Dicha baja es mucho mayor que la observada entre 2008 y 2013 en los países "seriamente afectados" ya mencionados (con una baja del PIB de -1.3% en Irlanda y Portugal, -2% en España e Italia y -6% en Grecia). En la simulación realizada por Eichenbaum et al., el ingreso, las horas trabajadas y el consumo se desploman drásticamente en un periodo de más de tres años si se adoptan las medidas de confinamiento más estrictas, lo cual da paso a un desempleo galopante. Junto con el incremento de la mortalidad debido directamente a la epidemia de COVID-19, una recesión económica de este tamaño deterioraría aún más el estado de salud de la población. De acuerdo con (Lorenzoni et al., 2018[81]), en un escenario sin cambios (BAU), es decir, en el que no se toman medidas compensatorias, una baja de 10% del PIB podría reducir medio año la esperanza de vida al nacer.

¿Cuáles podrían ser los efectos acumulativos de estos cambios? En general, con una baja de 10% del PIB y del ingreso del hogar promedio, un aumento de 5 puntos porcentuales del desempleo y una esperanza de vida menor por medio año, los estándares materiales de vida podrían disminuir 23%, muy por arriba de la baja registrada en la mayoría de los países de la OCDE después de la crisis financiera de 2008, y no muy distante de la baja experimentada por los países "más afectados". Estas estimaciones no toman en cuenta el posible impacto adverso del aumento de la desigualdad de ingresos, ni la adopción de alguna medida factible para contrarrestar la crisis. En términos más amplios, las estimaciones deben interpretarse con cautela debido al tamaño incierto de los efectos económicos y de salud. La OCDE actualizará estas estimaciones a medida que se cuente con más información sobre los escenarios económicos y de salud.

Respuestas de política

Para afrontar la evolución de la crisis, los gobiernos deberán actuar con rapidez y fuerza, priorizando a las personas más vulnerables. Al considerar una respuesta integral y bien coordinada serán útiles tres pilares clave, armonizados con el Marco de Acción Política para el Crecimiento Incluyente de la OCDE: (1) proteger a las personas y los lugares rezagados; (2) apoyar a las pequeñas empresas y los trabajadores vulnerables; y (3) asegurar una gobernanza receptiva y coordinada.

Protección de las personas y los lugares rezagados

Protección social

Ampliar de manera automática los derechos de protección social (por ejemplo, por discapacidad, para manutención infantil, a familias pobres) que no es posible renovar en persona o en línea debido, por ejemplo, a cuarentena, enfermedad, número excesivo de solicitudes, dificultades técnicas o falta de acceso a plataformas digitales.

Utilizar herramientas digitales para prestar servicios sociales, de selección y asesoramiento y acceder a distritos lejanos y vulnerables.

Aumentar la capacidad para registrar y procesar con eficacia el creciente número de casos de desempleo, priorizando, de ser necesario, a grupos financieramente vulnerables, como madres o padres solteras/os, jóvenes, personas con un nivel educativo por debajo del terciario y parejas con hijos, que también se encuentran entre los que deben lidiar con el cierre de las escuelas y nuevas responsabilidades de cuidar a alguien.

Por ser los más afectados, los trabajadores con escasa seguridad laboral deberían gozar de cobertura de desempleo, incluso si no cumplen con los criterios (por ejemplo, empleo ininterrumpido durante seis meses o más en algunos países).

Instaurar apoyo temporal para trabajadores atípicos y miembros de la economía informal que no tienen cobertura o derecho a recibir protección social.

Organizar la entrega de suministros esenciales a grupos socialmente aislados (por ejemplo, ancianos) y personas que se encuentran en cuarentena y tratamiento (para casos que no requieran hospitalización).

Coordinar verificaciones periódicas con personas en riesgo de aislamiento y soledad, para asegurar su bienestar psicológico y físico. De requerirse, ampliar la función de los servicios públicos durante la crisis (por ejemplo, los trabajadores del servicio postal podrían verificar la condición de los ancianos y otras personas que viven solas) y coordinarlos con la sociedad civil y los grupos de voluntarios.

Atención de la salud11

Aliviar la presión sobre el sistema de salud al poner en marcha medidas para contener y mitigar la propagación de la enfermedad, incluidos servicios de salud pública para prevenir infecciones y contagios, y reforzar las campañas de información pública para practicar la higiene personal y el distanciamiento social.

Implementar políticas bien focalizadas para brindar apoyo a los trabajadores y los sistemas de salud. Aportar fondos adicionales para la atención de la salud con el fin de contribuir al rápido uso de recursos y una mayor capacidad. Garantizar espacios adecuados para diagnosticar a las personas de manera segura y eficiente y aislar casos sospechosos y confirmados.

Movilizar a los profesionales de la salud inactivos, adaptar las funciones y responsabilidades de los proveedores de atención sanitaria y proteger la salud de los trabajadores del ramo, lo que incluye brindarles servicios especiales de atención infantil.

Reconocer y recompensar el trabajo en horas extra en los sectores de atención de la salud y respuesta a emergencias.

Impulsar la entrega de suministros y equipos necesarios para diagnosticar y tratar a los pacientes de forma segura; trabajar con asociados a lo largo de la cadena de suministro y rutas de transporte para velar por que dicha entrega no se limite por medidas de contención (por ejemplo, cierres de fronteras) y restricciones comerciales.

Las personas “difíciles de alcanzar” ameritan recibir atención especial: ayudar a que los servicios de atención de la salud y aplicación de pruebas sean asequibles y accesibles para grupos vulnerables y que la información sobre salud pública sea clara y fácil de comprender.

Tomar medidas para promover la salud mental positiva durante la pandemia, incluso con medidas de distanciamiento social y confinamiento. Por ejemplo, ofrecer recursos y asesoramiento en línea sobre cómo obtener ayuda para el público en general; brindar asesoramiento a médicos generales y otros trabajadores de atención de primera línea respecto a la identificación de las personas en riesgo de sufrir trastornos de salud mental o soledad, así como opciones de apoyo, tratamiento y derivaciones de pacientes; vigilar el estrés laboral y el agotamiento de los trabajadores de la salud y de otros campos esenciales; permitir que los farmacéuticos renueven recetas cuando corresponda; ofrecer consultas médicas a distancia y facilitar la continuidad del tratamiento psicológico y psiquiátrico a través de llamadas telefónicas o videollamadas cuando sea posible, y reforzar los recursos para los servicios de salud mental al término de la pandemia (OECD, 2020[2]).

Vivienda

Implementar medidas para garantizar que las personas y las familias permanezcan en su hogar durante la crisis y durante el periodo de recuperación. Algunas opciones son el aplazamiento temporal de los pagos de hipotecas y facturas de servicios públicos, y la suspensión de ejecuciones hipotecarias y desalojos.

Aumentar la capacidad de camas en los refugios para personas sin hogar y reducir el hacinamiento. Las opciones incluyen adquirir habitaciones de hotel y reconvertir edificios de propiedad pública. En caso de reubicación de los más vulnerables no cubiertos por los servicios para personas sin hogar, garantizar la continuidad de la entrega de apoyo.

Reforzar el apoyo a la población sin hogar que duerme a la intemperie, que suelen depender más de la ayuda informal de propietarios de restaurantes o tiendas y de miembros de la comunidad local.

Servicios educativos

Apoyar a los estudiantes afectados al ofrecer oportunidades eficaces de aprendizaje a distancia. Podría solicitarse a instituciones públicas y al sector privado que donen el equipo necesario para dicho aprendizaje (computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, cuotas de pago y suscripción a servicios de Internet) a aquellos cuyos familiares son particularmente vulnerables.

Proporcionar instalaciones de formación a distancia a profesores, así como a estudiantes y sus padres, para resolver cualquier dificultad técnica (por ejemplo, instrucciones para la priorización de presentarse una sobrecarga de servidores y capacidad de Internet) en la transición al aprendizaje a distancia.

Según el éxito del aprendizaje a distancia, considerar extender la impartición de clases más allá del año escolar regular o después de suspender el cierre de escuelas y universidades, con el fin de reducir al mínimo los efectos sobre el desempeño educativo y las perspectivas de empleo de los estudiantes, sobre todo los que han terminado la escuela media básica, la media superior o la universidad.

Prestar atención especial al apoyo a niños vulnerables (y sus familias), que tienen menos probabilidades de contar con un entorno de aprendizaje adecuado, apoyo de sus padres e instalaciones técnicas para el aprendizaje a distancia, ya que también corren más riesgo de abandonar la escuela y sufrir una baja más considerable en el rendimiento académico después de prolongadas interrupciones escolares. Considerar la inclusión de los niños más vulnerables en la prestación de servicios de atención infantil de emergencia para hijos de trabajadores esenciales en los países donde operen estos mecanismos.

Brindar apoyo a niños que dependen de las escuelas para obtener apoyos como comidas y contactos con adultos solidarios (por ejemplo, vales de comida, paquetes de alimentos y verificaciones periódicas por parte de los profesores).

Apoyar a los padres que trabajan, sobre todo a las mujeres, con necesidades de cuidado imprevistas al cerrar las escuelas y con familiares mayores que requieren asistencia especial. Ofrecer opciones de atención infantil pública a los padres que trabajan en servicios esenciales, como atención de la salud, servicios públicos y servicios de emergencia.

Seguridad12

Fortalecer la capacidad de la policía, los servicios de salud, el voluntariado y los tribunales para atender casos de violencia familiar y de pareja íntima. Mantener en funcionamiento líneas telefónicas de ayuda, el webchat y las audiencias de emergencia de los juzgados familiares, y aumentar la capacidad de los refugios para víctimas de violencia doméstica.

Garantizar que se tomen en cuenta las necesidades y la seguridad de las víctimas al avanzar al aumento de servicios prestados por medios electrónicos.

Abordar de manera decisiva los casos de violencia contra las mujeres y los niños, en parte al mostrar cómo el confinamiento en el hogar durante la pandemia de COVID-19 aumentará el problema. Dar marcha atrás a la aceptación social de la violencia.

Considerar las excepciones al incumplimiento del confinamiento domiciliario para víctimas de violencia.

Reforzar la capacidad de los servicios de protección infantil, las escuelas y la policía para responder a las necesidades de los niños más vulnerables y a las denuncias de maltrato infantil. Establecer procedimientos para compartir información y crear planes de protección de la infancia de ser necesario.

Mantener en funcionamiento los servicios domiciliarios directos de protección de la infancia y, en la medida de lo posible, garantizar que no se interrumpan las visitas domiciliarias y los controles de seguridad de los niños y las familias en mayor riesgo.

Medio ambiente

Monitorear los niveles de contaminación del aire y advertir a los grupos de población vulnerables.

Mejorar el bienestar de las personas (por ejemplo, relajación psicológica, reducción del estrés, mayor actividad física, mitigación de la exposición a la contaminación atmosférica, calor y ruido excesivos) mediante el acceso regulado a espacios verdes, con respeto a los requisitos de distanciamiento social. Incluir disposiciones de instalación de corredores de desplazamiento para personas que viven a una distancia mayor de las zonas verdes que las restricciones de movimiento actuales (por ejemplo, un kilómetro en Francia en la actualidad).

Evaluar sistemáticamente las implicaciones ambientales de las medidas de apoyo y recuperación para las empresas y las industrias y su consonancia con los planes de descarbonización y los objetivos ambientales de largo plazo (OECD, 2020[82]).

Mejorar la contribución de medidas financieras específicas del sector a los objetivos ambientales y climáticos, cuando sea posible (OECD, 2020[82]). Por ejemplo, considerar el solicitar mejoras en el desempeño ambiental al aprobar paquetes de rescate en el sector de la aviación.

La ventana de oportunidad para emprender acciones firmes se está cerrando con rapidez y las medidas de corto plazo tendrán un impacto importante en la capacidad de cumplir con los objetivos mundiales (OECD, 2020[82]).

Velar por que las medidas para contener la propagación de COVID-19 y para afrontar sus efectos sobre la salud, el bienestar y la economía no causen un retroceso en las normas ambientales (OECD, 2020[82]).

Los bajos precios del petróleo podrían representar una buena oportunidad para reformar los subsidios a los combustibles fósiles.

Respuesta local13

Mapear la distribución geográfica de los impactos de la enfermedad, tanto en la salud como en la economía de las comunidades, y adaptar las respuestas de acuerdo con ella.

Garantizar la coordinación de la respuesta multinivel mediante la participación activa con las autoridades locales.

Garantizar la continuidad de la prestación de servicios básicos, como el suministro de agua y la recolección de desechos incluso para los residentes que no pueden pagar por ellos debido a la pérdida repentina de ingresos. Hacer verificaciones y controlar periódicamente a las personas en situación vulnerable que puedan necesitar apoyo (por ejemplo, los ancianos, en especial los que viven solos) y las familias con episodios previos (o presuntos) de violencia familiar y de pareja íntima, así como de maltrato infantil.

Apoyo a las pequeñas empresas y a los trabajadores vulnerables

Poner en marcha medidas de apoyo de corto plazo para las pymes y los sectores seriamente afectados (por ejemplo, el turismo), entre ellas la reducción o eliminación temporal de los impuestos sobre la propiedad y empresariales.

Brindar apoyo de liquidez al establecer condonaciones temporales de pago de préstamos u ofrecer subsidios para cerrar las brechas de liquidez.14

Ayudar a las empresas a ajustar el tiempo o jornada de trabajo para mantenerse en operación y conservar empleos. Fomentar el trabajo a distancia y otros tipos de empleo no presencial, cuando sea posible. Alentar la formación y el perfeccionamiento de competencias.

Trabajar con empresas de tecnología para ofrecer a las pymes y a los trabajadores autónomos acceso gratuito y rápido a herramientas de comunicación y uso compartido, para así facilitar mecanismos de trabajo más flexibles y a distancia y para cambiar a la prestación de bienes y servicios a distancia y en línea.

Reducir la exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo, por ejemplo, al limitar la interacción interpersonal, organizar horarios flexibles de traslado (en horas de menor actividad en el transporte público) y, cuando sea posible, propiciar el trabajo a distancia. Además, poner en marcha medidas como delimitaciones y barreras entre los conductores de autobuses y los pasajeros o entre los empleados de las tiendas y los clientes. Involucrar a interlocutores sociales.

Brindar ayuda económica a grupos vulnerables, como los trabajadores enfermos y sus familias; trabajadores en cuarentena que no pueden trabajar a distancia; trabajadores que han perdido su empleo y trabajadores autónomos, así como aquellos que desempeñan labores atípicas que sufren una baja en su actividad.

Ampliar la cobertura de la licencia por enfermedad remunerada a los trabajadores atípicos, incluidos los autónomos. Garantizar la posibilidad de obtener y ampliar la licencia por enfermedad de acuerdo con las recomendaciones y procedimientos médicos y de otros tipos de emergencia. Apoyar a las pymes para cubrir la compensación económica durante la licencia por enfermedad, alentando así a los trabajadores a permanecer aislados el tiempo que sea necesario.

Fortalecer, en particular, el apoyo económico para grupos económicamente vulnerables, que corren el riesgo de quedar en situación de pobreza si prescinden de sus ingresos durante tres meses (padres solteros, jóvenes, personas de nivel educativo por debajo del terciario y parejas con hijos, quienes también se encuentran entre los que tienen que lidiar con los efectos del cierre de las escuelas y nuevas responsabilidades de cuidado de familiares).

Flexibilizar más los programas de trabajo de corto plazo, de manera permitan contratar y adiestrar a los solicitantes de empleo para que sustituyan a los trabajadores enfermos y en cuarentena.

Tomar en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, que probablemente asuman una mayor parte de las responsabilidades de cuidado de los niños y los ancianos, por ser a menudo la "segunda fuente de ingresos", por ejemplo hacer frente a las posibles consecuencias para sus cotizaciones a la seguridad social y sus pensiones.

Gobernanza receptiva y coordinada

Brindar información completa y coordinada sobre lo siguiente:

La propagación y las consecuencias de las epidemias.

Las condiciones que provocarán la actualización o disminución de las condiciones de seguridad.

La capacidad de la infraestructura de salud para responder a situaciones de emergencia.

Las medidas de prevención y contención.

Establecer una estructura clara de responsabilidades de responder a crisis en todos los órdenes de gobierno y en todo el nivel central, así como un plan operativo claro y flexible para la toma de decisiones, el seguimiento y la actualización de la población.

Vigilar y prevenir intentos de aumentar los precios de los productos esenciales.

Invertir en investigación, incluida la de la vacuna. Impulsar a las empresas, los emprendedores y la sociedad civil a trabajar juntos para desarrollar nuevas tecnologías, métodos de producción y otras ideas que brinden soluciones útiles en la crisis.

Garantizar la coordinación con los países vecinos, de la región y otros aliados respecto a las medidas de contención transfronteriza y las actividades planificadas.

Utilizar foros internacionales, como el G7 y el G20, así como el asesoramiento de organizaciones internacionales, como la OCDE, para emprender acciones de manera integral y coordinada de enfrentamiento y recuperación de la crisis.

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[76] OECD (2018), OECD Regions and Cities at a Glance 2018, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/reg_cit_glance-2018-en.

[66] OECD (2018), PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students’ Lives, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/acd78851-en.

[64] OECD (2018), The Resilience of Students with an Immigrant Background: Factors that Shape Well-being, OECD Reviews of Migrant Education, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/9789264292093-en.

[8] OECD (2017), How’s Life? 2017: Measuring Well-being, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2017-en.

[14] OECD (2016), Be Flexible! Background brief on how workplace flexibility can help European employees to balance work and family, OECD Publishing, París, https://www.oecd.org/els/family/Be-Flexible-Backgrounder-Workplace-Flexibility.pdf.

[25] OECD (2016), SF1.1 Family Size and Composition, OECD Family Database, http://www.oecd.org/els/family/SF_1_1_Family_size_and_composition.pdf (consultado el 24 de marzo de 2020).

[39] OECD (2016), The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/9789264257474-en.

[7] OECD (2015), How’s Life? 2015: Measuring Well-being, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/how_life-2015-en.

[72] OECD (2015), OECD Employment Outlook 2015, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2015-en.

[6] OECD (2013), How’s Life? 2013: Measuring Well-being, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/9789264201392-en.

[10] OECD-Eurostat (2020), Measuring the joint distribution of household income, consumption and wealth at the micro-level: Methodological issues and experimental results, próxima publicación, OECD Publishing.

[27] Pantell, M. et al. (2013), “Social isolation: a predictor of mortality comparable to traditional clinical risk factors”, Am J Public Health, Vol. 103/11, pp. 2056-2062, https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2013.301261.

[18] Pew Research Center (2020), Hispanics more likely than Americans overall to see coronavirus as a major threat to health and finances, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/24/hispanics-more-likely-than-americans-overall-to-see-coronavirus-as-a-major-threat-to-health-and-finances/ (consultado el 26 de marzo de 2020).

[17] Pew Research Center (2020), U.S. Public Sees Multiple Threats From the Coronavirus – and Concerns Are Growing, 18 de marzo de 2020, https://www.people-press.org/2020/03/18/u-s-public-sees-multiple-threats-from-the-coronavirus-and-concerns-are-growing/pp_2020-03-18_coronavirus_0-01/ (consultado el 18 de marzo de 2020).

[83] Pickard, J. (2020), “UK urges vulnerable people to stay at home for 12 weeks”, Financial Times, https://www.ft.com/content/e2ddd346-6baa-11ea-9bca-bf503995cd6f.

[13] Resolution Foundation (2020), Doing what it takes: Protecting firms and families from the economic impact of coronavirus, https://www.resolutionfoundation.org/publications/doing-what-it-takes/.

[46] Selvaratnam, T. (2020), “Where Can Domestic Violence Victims Turn During Covid-19?”, The New York Times, https://www.nytimes.com/2020/03/23/opinion/covid-domestic-violence.html?smid=tw-nytopinion&smtyp=cur.

[49] Sethi, D. et al. (2013), European report on preventing child maltreatment, WHO Regional Office for Europe, Copenhague, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-Maltreatment.pdf.

[62] Shonkoff, J. (2020), “Stress, Resilience, and the Role of Science: Responding to the Coronavirus Pandemic”, Center on the Developing Child at Harvard University, https://developingchild.harvard.edu/stress-resilience-and-the-role-of-science-responding-to-the-coronavirus-pandemic/ (consultado el 24 de marzo de 2020).

[63] Sprang, G. y M. Silman (2013), “Posttraumatic Stress Disorder in Parents and Youth After Health-Related Disasters”, Disaster Medicine and Public Health Preparedness, Vol. 7/1, pp. 105-110, http://dx.doi.org/10.1017/dmp.2013.22.

[68] Stewart, H., N. Watson y M. Campbell (2018), “The cost of school holidays for children from low income families”, Childhood, Vol. 25/4, pp. 516-529, http://dx.doi.org/10.1177/0907568218779130.

[53] Studman, A. (2020), Beware dodgy coronavirus health advice and fake ‘cures’, Which?, https://www.which.co.uk/news/2020/03/beware-dodgy-coronavirus-health-advice-and-fake-cures/ - Which? (consultado el 5 de marzo de 2020).

[87] UK Office for National Statistics (2018), National Measurement of Loneliness: 2018, ONS, https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/compendium/nationalmeasurementofloneliness/2018.

[22] UNESCO (2020), COVID-19 Educational Disruption and Response, https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures (consultado el 27 de marzo de 2020).

[54] Walsh, H. (2020), eBay and Amazon failing to prevent sellers profiteering during coronavirus crisis, Which?, https://www.which.co.uk/news/2020/03/online-marketplaces-coronavirus-update-ebay-and-amazon/ (consultado el 5 de marzo de 2020).

[23] Wang, G. et al. (2020), “Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak”, Lancet (London, England), Vol. 395/10228, pp. 945-947, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30547-X.

[48] WHO (2013), Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/.

[43] WHO Regional Office for Europe (2016), Urban green spaces and health, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-health-review-evidence.pdf?ua=1 (consultado el 18 de julio de 2019).

[30] World Economic Forum (2020), A pandemic of solidarity? This is how people are supporting one another as coronavirus spreads, https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-coronavirus-solidarity-help-pandemic/ (consultado el 26 de marzo de 2020).

[21] Xiang, Y. et al. (2020), “Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed”, The Lancet. Psychiatry, Vol. 7/3, pp. 228-229, http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30046-8.

[74] Yousey-Hindes, K. y J. Hadler (2011), “Neighborhood socioeconomic status and influenza hospitalizations among children: New Haven County, Connecticut, 2003-2010”, American Journal of Public Health, Vol. 101/9, pp. 1785-1789, http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2011.300224.

[84] Zastrow, M. (2020), “South Korea is reporting intimate details of COVID-19 cases: has it helped?”, Nature, http://dx.doi.org/10.1038/d41586-020-00740-y.

Contactos

Unidad de Crecimiento Incluyente de la OCDE: SGE-Inclusive-Growth@oecd.org

Unidad de Bienestar de la OCDE: WellBeing@oecd.org

Notas

El 1 de abril de 2020.

Esta nota sobre políticas públicas fue elaborada por la Dirección de Estadística e Información de la OCDE y la Iniciativa para el Crecimiento Incluyente, con aportes de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales; la Dirección de Educación y Competencias, y el Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades, bajo el liderazgo de Gabriela Ramos, Jefa de Gabinete de la OCDE, Sherpa del G20 y Líder de la Iniciativa para el Crecimiento Incluyente.

Las encuestas se llevaron a cabo en los días relativamente iniciales de la pandemia y es probable que el nivel de preocupación entre los grupos poblacionales y en las diversas dimensiones (por ejemplo, economía, salud personal y situación financiera) esté cambiando con rapidez.

Definida como registrar 4 o menos en una escala de 0 (nada satisfecho) a 10 (completamente satisfecho).

Esta estadística se refiere a las interacciones sociales con amigos y familiares como actividad principal, es decir, excluye las interacciones que ocurren junto con otras actividades focales como el trabajo, el cuidado o el estudio.

Por ejemplo, a partir del 23 de marzo de 2020, el Gobierno del Reino Unido instó a 1.5 millones de personas en Inglaterra con un estado de salud que las hace particularmente vulnerables a COVID-19 a quedarse en casa durante 12 semanas (Pickard, 2020[83]).

Algunos países utilizan los servicios tradicionales para realizar tareas no tradicionales. Por ejemplo, los servicios postales de Irlanda están dando seguimento a las personas mayores y entregando suministros esenciales a quienes los necesitan.

En la próxima nota informativa de políticas de la OCDE sobre seguridad digital durante la crisis de COVID-19 se presentarán recomendaciones detalladas sobre la seguridad cibernética en esta época.

Para obtener recomendaciones detalladas sobre cómo apoyar a las mujeres durante esta pandemia, consulte (OECD, 2020[5]), Women at the core of the fight against COVID-19.

10.

Para obtener recomendaciones detalladas sobre cómo apoyar a las ciudades y regiones durante la crisis de COVID-19, consúltese la nota desarrollada por el Centro de la OCDE para el Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades (CFE) en colaboración con el Grupo de Trabajo de Política Urbana.

11.

Véase también (OECD, 2020[1]). “Beyond Containment: Health systems responses to COVID-19 in the OECD”.

12.

Para conocer la respuesta de política que aborda los riesgos de ciberseguridad, consúltese la nota de política Digital Security Policy and COVID-19 de la OCDE en http://www.oecd.org/coronavirus/en/.

13.

14.

Para obtener recomendaciones sobre apoyo para trabajadores y empresas, consúltese OECD ELS Policy Brief, “Supporting people and companies to deal with the Covid-19 virus: Options for an immediate employment and social-policy response”, https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119686-962r78x4do.pdf.

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