El impacto de la crisis del coronavirus (COVID-19) en la financiación del desarrollo

 Financiamiento interno previo a la crisis de COVID-19

Antes de la crisis de COVID-19, los ingresos fiscales —que son la principal forma de recursos públicos nacionales y la mayor fuente de financiación para el desarrollo— eran insuficientes en un gran número de países, especialmente en comparación con las necesidades de gasto de los ODS. De los 124 países elegibles para recibir la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) con datos publicados sobre ingresos fiscales en 2017,1 más de un tercio (46) han presentado una correlación entre impuestos y el PIB por debajo del 15%, que es un punto de referencia ampliamente considerado para el funcionamiento eficaz del Estado y para promover el desarrollo económico (Gaspar, Jaramillo and Wingender, 2016[6]). Casi dos tercios de los países de esta muestra (79) habían recaudado ingresos fiscales inferiores al 20% del PIB.2

Más allá de esto, parece que el crecimiento promedio de los ingresos fiscales en relación con el PIB se ha desacelerado en los últimos años. En el caso de una muestra de 26 países africanos, la relación media no ponderada entre impuestos y PIB ha permanecido estancada en torno al 17.2% entre 2015 y 2017 (OECD, 2019[7]). En respuesta a la crisis financiera mundial de 2008-2009, los ingresos fiscales promedio disminuyeron en los países de renta media baja y alta (Figura 1). Desde entonces, el promedio de ingresos recaudados como proporción de la renta nacional no se habían recuperado del todo y, el crecimiento promedio se mantuvo desigual y bastante estancado considerando la visión a mediano plazo. Por el contrario, entre 2002 y 2017, los países de bajo ingreso experimentaron aumentos ininterrumpidos de los ingresos fiscales promedio, aunque el crecimiento desaceleró un poco después de 2012. En América Latina y el Caribe, los ingresos fiscales habían aumentado lentamente como resultado de unas condiciones económicas favorables en 2017 y 2018, pero las caídas más recientes de los precios de los recursos y el malestar social hicieron que las perspectivas de ingresos se debilitaran incluso antes de la crisis de COVID-19 (OECD et al., 2020[8]).

Otros recursos internos también proporcionan importantes medios financieros para gastar e invertir en apoyo del desarrollo sostenible. Según el análisis realizado (OECD, 2020[1]) sugiere que, entre 2016 y 2018, el ahorro interno había aumentado en las economías en desarrollo en proporción del PIB, pero que el ahorro se mantuvo significativamente menor en los países de renta baja que en los de renta media. Esto incluye información sobre la inversión privada nacional como la principal fuente de formación de capital fijo, sin embargo, la disponibilidad de datos solo es amplia para un tercio de las economías en desarrollo, aproximadamente. Aunque el sector financiero nacional desempeña un rol central en la intermediación del ahorro y el endeudamiento (respectivamente, la inversión), el acceso a las instituciones y los mercados financieros ha continuado siendo más limitado en los países de ingreso bajo y mediano bajo, en tanto que los costos de endeudamiento suelen ser elevados.

 

Figura 1. Los ingresos tributarios y la financiación externa anteriores al coronavirus (COVID-19) se habían estancado en los países elegibles para la AOD

Nota: El panel de la izquierda muestra la media no ponderada de la relación impuestos y PIB de 113 países (es decir, panel equilibrado). Se utiliza la clasificación por grupos de ingreso según el Banco Mundial. En el panel derecho, se ha utilizado por cada año, la muestra más amplia posible de países elegibles para la AOD. Estos datos se basan en la investigación para realizar el informe Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A New Way to Invest for People and Planet (2020[1]).

Fuente: Los ingresos fiscales están basados en la OECD Global Revenue Statistics Database (2020[9]), IMF World Revenue Longitudinal Data (2020[10]) y el ICTD/UNU-WIDER Government Revenue Dataset (2020[11]). La financiación oficial para el desarrollo está basada en las Tablas 2a y 2b del CAD de la OCDE (2020[12]). Las remesas están basadas en KNOMAD Remittances Inflows (2020[13]). La inversión extranjera directa, la inversión de cartera y otras inversiones proceden de la Balanza de Pagos del FMI (2020[14]) y se refieren a la contracción neta de pasivos en instrumentos de deuda. Los Indicadores de Desarrollo Mundial (2020[15]) se utilizan para asignar los datos que faltan sobre la inversión extranjera directa.

 Financiamiento externo antes del COVID-19

La situación anterior al COVID-19 fue igualmente sombría para el flujo neto de financiamiento externo recibido por países de renta media y baja. Si bien, en 2015, el financiamiento externo global se había recuperado del paro repentino de los flujos de capital determinado por la desaceleración del crecimiento en las economías emergentes y la inestabilidad del mercado de valores tras una devaluación del renminbi, los USD 2 billones de financiamiento externo total observados en 2018 se mantuvieron por debajo del pico máximo de 2013 (Figure 1, panel derecho). Más concretamente, la inversión extranjera directa (IED), la inversión de cartera y otras inversiones (en gran parte, préstamos bancarios) fueron inferiores a las de 2013. En el mismo periodo, la financiación oficial del desarrollo se había mantenido estable y las remesas habían aumentado.

 Niveles de deuda anteriores a COVID-19

En los años anteriores al COVID-19, el margen presupuestario para aumentar los recursos estuvo limitado en varios países. La mediana de la deuda pública entre 59 países clasificados por el FMI como economías en desarrollo y de bajo ingreso incrementaron del 38.7% del PIB en 2010-2014 al 46.5% en 2017 y posteriormente se estancó (IMF, 2019[16]). Para el mismo grupo de países, el costo de mantenimiento de la deuda había representado, en promedio, el 12.2% de los ingresos públicos en 2018, frente al 6.6% en 2010 (Griffiths, 2019[17]). Los países africanos experimentaron las tasas más altas de deuda con relación al PIB desde que los países de la región recibieron un alivio sustancial de la deuda a través de programas como la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) (Calderon and Zeugack, 2020[18]). Según la UNCTAD (2019[19]), el volumen total de la deuda externa de las economías en desarrollo y en transición se había más que duplicado, pasando de USD 3.5 billones en 2008 a USD 8.8 billones en 2018, es decir, del 22 al 29% del PIB. A finales de 2019, 33 de los 69 países para los que se habían realizado análisis estaban clasificados como "en crisis por deuda" o como "de alto riesgo" (IMF and World Bank, 2019[20]).

De forma paralela, los niveles de deuda privada también aumentaron considerablemente (UNCTAD, 2019[19]). En el conjunto de las economías en desarrollo, según la UNCTAD, la deuda privada aumentó del 79% del PIB en 2008 al 139% en 2017. Este aumento fue particularmente pronunciado en una serie de economías emergentes3 para quienes la deuda corporativa había incrementado del 83% del PIB en 2008 al 145% del PIB en 2018. Si bien, gran parte de la deuda privada global se acumula en las denominadas economías en desarrollo de ingreso alto (que corresponden en cierto modo a la clasificación de renta media-alta según el Banco Mundial), los niveles de deuda privada también aumentaron en las economías en desarrollo de ingreso medio y bajo, a un ritmo mucho mayor que los niveles de deuda pública.4

Con limitados recursos y margen presupuestario, la pandemia de COVID-19 podría generar grandes dificultades a las economías en desarrollo. La crisis no solo demanda grandes financiamientos para abatir las consecuencias negativas en la salud, lo social y económico, seguramente también ampliará la brecha financiera de los ODS para los años siguientes cuando el progreso logrado en el desarrollo sostenible sea revertido y el financiamiento disponible decline.

 Es probable que la movilización de recursos nacionales se resienta al desplomar la actividad económica

Las actuales crisis económica y de salud pública mermarán aún más los recursos públicos nacionales de los países de ingreso medio y bajo, al afectar a los ingresos fiscales y no fiscales. Calculamos que, en respuesta a la crisis financiera mundial, la mediana de los ingresos fiscales en relación con el PIB había disminuido en un punto porcentual o 5.8% entre 2007 y 2010 según una submuestra de 113 países elegibles para la AOD, de los cuales se disponen datos cronológicos en serie. En la actualidad, existe la preocupación de que los ingresos públicos nacionales puedan verse más afectados como consecuencia de la crisis de COVID-19 debido al efecto combinado de varios mecanismos:

• El desplome de la actividad económica mundial y nacional5 afecta a las principales fuentes de ingresos fiscales. Las estimaciones sobre la elasticidad tributaria sugieren que los ingresos fiscales podrían contraerse con más fuerza que la producción económica (OECD, 2020[21]). La disminución de las ganancias corporativas, el descenso del consumo y el aumento del desempleo provocarán, respectivamente, un descenso de los ingresos procedentes del impuesto a las empresas, a los bienes y servicios como de los impuestos a las personas físicas (Kapoor and Buiter, 2020[22]). El descenso del comercio internacional, de los viajes y del consumo interno suprimirá los ingresos procedentes de los impuestos sobre el consumo, de los que dependen la mayoría de los países de ingreso medio y bajo. La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé que el comercio mundial de mercancías podría disminuir entre 13 y 32% en 2020 (WTO, 2020[23]). Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales podrían caer entre 60 y 80% en 2020 en comparación con 2019 (UNWTO, 2020[24]).6 Los ingresos por impuestos sobre el consumo podrían disminuir más debido al cambio en el consumo hacia bienes que suelen estar sujetos a tasas reducidas o exenciones durante las recesiones (Simon and Harding, 2020[25]).

• Muchos países ricos en recursos que obtienen una elevada proporción de ingresos fiscales y no fiscales —provenientes de materias primas y recursos naturales—, se verán especialmente afectados por la importante caída de los precios mundiales de las materias primas (OECD, de próxima publicación[26]). En comparación con el PIB, los países de bajo ingreso dependen en mayor medida de los ingresos por recursos naturales que otros grupos de ingreso (Steel and Phillips, 2020[27]), y esta dependencia se ha incrementado en los últimos años (UNCTAD, 2020[28]).

• Los gobiernos están aplicando una serie de medidas fiscales para aliviar la carga de los contribuyentes y mantener los flujos de caja de las empresas; sin embargo, esto sucede a costa de reducir los ingresos públicos (al menos a corto plazo). Las medidas incluyen prórrogas de vencimientos, aplazamientos de pagos y devoluciones aceleradas de impuestos (OECD/FTA, 2020[29]). A mediados de abril de 2020, 104 países (incluidos 46 receptores de la AOD) habían aplicado medidas de exención fiscal (OECD, 2020[30]).

En conjunto, estos mecanismos podrían reducir drásticamente la movilización de recursos nacionales en las economías en desarrollo. Para el África subsahariana, los cálculos del Banco Mundial (2020[31]) sugieren que los ingresos públicos podrían disminuir entre 12% y 16% en comparación con un escenario de referencia sin COVID-19. En consecuencia, los déficits fiscales podrían deteriorarse entre 2.7 y 3.5 puntos porcentuales del PIB. Los primeros datos mensuales corroboran esta impresión. En Perú, los ingresos fiscales disminuyeron 40% interanual en abril 2020, mientras que, en Jordania los ingresos públicos globales disminuyeron 49% interanual en abril de 2020.

Otros recursos nacionales más allá de los ingresos públicos también se verán afectados. Es probable que la inversión privada nacional disminuya debido al alto grado de incertidumbre económica, la contracción de la producción económica y las restricciones de liquidez obligadas. El efecto de la crisis de 2020 sobre la reserva pública depende de la variación relativa del consumo con respecto al ingreso nacional. Como punto de referencia, el ahorro interno bruto como porcentaje del PIB ha disminuido tras la crisis financiera de 2008 (OECD, 2020[1]).

 El financiamiento privado externo cae en medio de la agitación económica mundial

La crisis financiera mundial de 2008 demostró que el financiamiento externo es vulnerable a los impactos en países de ingreso medio y bajo. Durante la crisis, las entradas de distintas inversiones —entre ellas las de cartera—, cayeron instantáneamente (o incluso pasaron a ser negativas), mientras que las remesas y la IED disminuyeron con un retraso de un año (Figura 1). Los datos actuales sugieren un impacto mayor y más inmediato por la crisis de COVID-19. Aunque los países sentirán este impacto de forma diferente dependiendo de sus respectivas combinaciones y niveles de financiación (Figura 2), se espera que todos experimenten caídas de financiamiento.

 

Figura 2. La combinación y el nivel de financiación en los países beneficiarios de la AOD difieren según la región y el grupo de ingreso

Nota: Los valores representan los promedios de los niveles de porcentaje del PIB para los miembros del grupo de países. Para la proporción de financiamiento externo, esta media se pondera por el PIB. La ponderación no fue realizada con base a la cifra de ingresos fiscales y así poder garantizar la coherencia con otras publicaciones de la OCDE. Se usa la clasificación del Banco Mundial para la agrupación regional y de ingreso.

Fuente: Los ingresos fiscales están basados en la Base de datos Global de Estadísticas Tributarias de la OCDE (2020[9]), IMF World Revenue Longitudinal Data (2020[10]) y el ICTD/UNU-WIDER Government Revenue Dataset (2020[11]). La financiación oficial para el desarrollo está basada en las Tablas 2a y 2b del CAD de la OCDE (2020[12]). Las remesas están basadas en KNOMAD Remittances Inflows (2020[13]). La inversión extranjera directa, la inversión de cartera y otras inversiones proceden de la Balanza de Pagos del FMI (2020[14]) y se refieren a la contracción neta de pasivos en instrumentos de deuda. Los Indicadores de Desarrollo Mundial (2020[15]) se utilizan para asignar los datos que faltan sobre la inversión extranjera directa.

La inversión privada externa se desplomó tras la crisis financiera mundial de 2008. Por tanto, no sorprende que ya se vea la caída económica global debido al COVID-19 en donde todos salieron corriendo en busca de seguridad. Sin embargo, la magnitud de esta reacción en tan corto tiempo no tiene precedentes:

• Solo en marzo de 2020, en el IIF Capital Flows Tracker (IIF, 2020[32]) se observó una salida de cartera transfronteriza por USD 83 300 millones en los mercados emergentes. Esta cifra duplica las salidas de carteras transfronterizas tras la crisis financiera mundial de 2008 y supera el acumulado total de entradas de carteras transfronterizas en los mercados emergentes en 2019. Por el momento, parece haberse detenido este episodio sin precedentes de flujos de salida. Los flujos de deuda hacia los mercados emergentes se recuperaron en abril y mayo de 2020 y, aunque las salidas de capital continuaron, se ha presentado a un ritmo más lento. Sin embargo, el alcance de esta recuperación es menor en comparación con las salidas de marzo, por lo que las salidas de cartera acumuladas siguen siendo cuantiosas (IIF, 2020[33])

• Los análisis de la OCDE indican una desaceleración en todos los componentes de la IED (OECD, 2020[34]). Por un lado, la IED a través de ganancias reinvertidas —un componente incremental importante de la IED— es muy posible que se vea afectado, aunque variará de distintas maneras a lo largo de todos los sectores. Según Refinitiv (2020[35]), habrá amplias caídas interanuales en las ganancias multinacionales los sectores de materiales, industriales, energía y en el consumo discrecional. Sin embargo, las multinacionales en el sector salud, así como en los sectores de tecnología y comunicaciones verán sus ganancias incrementadas. Dado que los sectores primarios y de manufactura son particularmente destacados en los flujos de la IED para las economías en desarrollo, serán estos países los más duramente afectados. Por otro lado, los flujos de la IED se verán afectados debido a los ajustes del flujo de capital participativo, sin importar el modelo de entrada. Primero, las fusiones y adquisiciones transfronterizas finalizadas cayeron mundialmente en el primer trimestre de 2020. Segundo, las inversiones nuevas de IED anunciadas —que para las economías desarrolladas son más importantes que las fusiones y adquisiciones transfronterizas— declinaron significativamente durante los primeros dos meses de 2020. Debido al confinamiento mundial en marzo, seguramente el efecto se ha magnificado desde entonces (OECD, 2020[34]).

Las proyecciones para la inversión privada externa corroboran esta evidencia prevista. No es probable que los flujos de inversión de cartera y otros flujos de inversión se recuperen rápidamente, dado que la pandemia de COVID-19 todavía está en proceso en la mayoría de las economías en desarrollo, lo que posiblemente conduzca a una segunda oleada de salidas de cartera y a una mayor reducción de las entradas de capital. Incluso si los flujos internacionales de capital se recuperan en el segundo semestre, el IIF (2020[36]) prevé que los distintos flujos de inversión, incluyendo la inversión de cartera, caigan respectivamente 80% y 123% en comparación con 2019. Las proyecciones de la OCDE indican que, incluso en el escenario más optimista, la IED mundial caerá al menos 30% siendo probable que los flujos hacia las economías en desarrollo caigan con más fuerza (OECD, 2020[37]). El Banco Mundial (2020[38]) respalda esta cifra, proyectando una caída del 35% de los flujos de la IED hacia las economías en desarrollo. Tras la crisis financiera de 2008, la IED mundial cayó con un desfase de un año y afectó de forma más perjudicial a las economías desarrolladas que a las economías en desarrollo. Esta vez, el impacto sobre la IED será inmediato. También golpeará con más dureza a los más débiles, ya que saldrán más afectados los sectores con mayor relevancia en los flujos de la IED hacia las economías en desarrollo.

Para las remesas, se espera que el impacto de la COVID-19 sea inmediato y más fuerte que la caída interanual del 7% observada en 2009. Una vez más, los primeros meses desde el estallido de la pandemia presentaron una noción de la magnitud del impacto. Mientras que las remesas hacia México han demostrado ser relativamente resilientes hasta ahora, una imagen diferente emerge cuando se observan los tres primeros países en términos de remesas como proporción de la financiación externa: Guatemala, El Salvador y Kirguistán. En estos tres países, la mayor caída interanual mensual de las remesas entre 2007 y 2009 osciló entre 16% y 34%. Para abril y mayo de 2020, los mismos datos muestran ya caídas interanuales récord que oscilan entre 20% y 62%.

La principal razón de este impacto es que los países emisores experimentan sacudidas económicas sin precedentes que se traducen en menores ingresos para las personas que transfieren remesas. En Estados Unidos, el país del que proceden la mayoría de las remesas, la pérdida de empleo en el plazo de cuatro semanas desde mediados de marzo de 2020 igualó el número de empleos que se habían creado desde la crisis financiera mundial de 2008 (CNBC, 2020[39]). Del mismo modo, el trabajo de los inmigrantes estará en riesgo, ya que los países de donde son originarios, y además son dependientes del petróleo, tendrán dificultades debido a la caída del precio del petróleo y que vuelvan a superar la experiencia sufrida tras la crisis de 2008 (UNCTAD, 2020[28]). La recuperación actual de esta caída del precio del petróleo es lenta y el aumento de los precios del petróleo, en mayo de 2020, está muy por debajo de los niveles anteriores al COVID-19 (IEA, 2020[40]). A pesar de que la apreciación del dólar estadounidense producida por el COVID-19 contrarresta parcialmente estos efectos, el Banco Mundial (2020[38]) prevé que las remesas a las economías en desarrollo se reduzcan 20% en 2020 en comparación con 2019.

En conjunto, las proyecciones sugieren que las entradas del financiamiento privado externo a los países elegibles para la AOD en 2020 podrían desplomarse hasta USD 700 000 millones en comparación con los niveles de 2019 (véase la Figura 3). Con el desplome inmediato de todas las fuentes de financiación privada externa, esto supone una presión y un vacío de financiación sin precedentes para las economías en desarrollo, que supera 60% la experiencia posterior a la crisis financiera mundial de 2008 y equivale al 35% del nivel de financiación externa de 2018.

 

Figura 3. El impacto global del COVID-19 sobre el financiamiento privado externo en las economías en desarrollo se estima en USD 700 000 millones y podría superar en 60% el impacto causado por la crisis financiera de 2008

Variación de las entradas netas en relación con el año anterior a la crisis

Nota: Todos los datos se refieren a los países elegibles para la AOD a partir de abril de 2020. La interrupción repentina de los flujos de capital en 2015 no se muestra aquí, ya que habría incluido una pérdida de USD 556 000 millones USD relacionada solo con la población de la República Popular China. Para más detalles sobre el impacto estimado del COVID-19 en el financiamiento privado externo, se remite al lector interesado a la Metodología.

Fuente: Los datos históricos sobre remesas están basados en KNOMAD Remittances Inflows (2020[13]). Los datos históricos de inversión extranjera directa, inversión de cartera y otras inversiones proceden de la Balanza de Pagos del FMI (IMF, 2020[14]) y de los datos de los bancos centrales nacionales, haciendo referencia a la contracción neta de pasivos. Los Indicadores de Desarrollo Mundial (2020[15]) son usados para indicar los datos que faltan sobre la inversión extranjera directa. Las proyecciones de COVID-19 se basan en la combinación de datos históricos con proyecciones del Banco Mundial (2020[38]) (remesas e IED) y del IIF (2020[36]) (inversiones de cartera y otras inversiones).

 La financiación oficial del desarrollo puede ser un recurso catalizador durante la crisis, pero también podría verse sometida a presiones presupuestarias

La financiación oficial del desarrollo ha demostrado ser un recurso clave y un flujo anticíclico en crisis anteriores (OECD, 2020[41]). La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), en particular, ha desempeñado un papel clave en la promoción de los sistemas de salud y protección social para las economías en desarrollo, —los cuales se encuentran entre los pilares centrales para en la respuesta de los países al COVID-19—. Si bien la recesión económica mundial, la disminución de los ingresos públicos y el estímulo fiscal aplicado por los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) podrían presionar los niveles de la AOD, los miembros del CAD han declarado su anhelo de "esforzarse por proteger los presupuestos de la AOD" durante la crisis de COVID-19 (DAC and OECD, 2020[42]).

En última instancia, lograr la evolución de la financiación oficial del desarrollo en 2020 es una cuestión de voluntad política y solidaridad (OECD, 2020[41]). Dado que muchos presupuestos de la AOD se habían terminado antes de la epidemia de COVID-19, el efecto de la recesión económica mundial sobre los niveles de la AOD podría no ser inmediato, aunque sí desfasado. La OCDE (2020[41]) ha esbozado tres posibles escenarios sobre cómo podrían evolucionar los niveles de la AOD en 2020:

• Muchos países han manifestado su compromiso político en apoyo de una recuperación sostenible mundial. La crisis de COVID-19 ha puesto de manifiesto la interdependencia de los países y la importancia de los bienes públicos mundiales. Un incremento en la solidaridad podría conducir a un aumento de los niveles totales de la AOD y, a su vez, incrementaría la AOD como porcentaje del ingreso nacional bruto (INB).

• Como se destaca en su declaración, los miembros del CAD han expresado su deseo de proteger los niveles de la AOD. De hecho, las revisiones por pares del CAD/OCDE han constatado anteriormente que la protección de los presupuestos de ayuda frente a las perturbaciones a corto plazo de las finanzas públicas es una práctica establecida. Si los niveles de la AOD se mantuvieran en los niveles de 2019, la proporción de la AOD de los miembros del CAD sobre el INB aumentaría de un 0.29% en 2019 hasta cerca del 0.32% en 2020.

• Dada la propia presión presupuestaria de los miembros del CAD en 2020, el nivel global de la AOD podría disminuir en 2020. La OCDE calcula que si los miembros del CAD mantuvieran los mismos porcentajes de la AOD con relación al INB tal como estuvieron en 2019, la AOD total podría disminuir entre USD 11 000 y 14 000 millones, dependiendo si el escenario de recesión tuviera un impacto menor o mayor sobre el PIB de los países miembros.

 Es probable que el margen presupuestario se reduzca aún más con el aumento del gasto público interno y las oscilaciones del tipo de cambio frente al dólar

La crisis actual y las tendencias de la financiación para el desarrollo sostenible están exacerbando el limitado margen presupuestario al que ya se enfrentan muchos países de ingreso medio y bajo.7 Tanto la crisis de salud pública como la sacudida socioeconómica requieren un gasto público inmediato y cuantioso en salud, protección social, así como liquidez y ayuda económica, por no hablar de los montos que serán necesarios para la recuperación posterior a la crisis. Por ejemplo, si los países africanos aplicaran las mismas medidas fiscales (proporcionales) adoptadas por las mayores economías de la UE, la OCDE estima que los niveles de deuda en África, —siempre y cuando lo demás permanezca constante—, aumentarían en 2019 del 57.6% hasta casi el 85% del PIB (OECD, 2020[21]). Con el aumento de las necesidades de gasto y la disminución de los ingresos, es probable que la deuda pública aumente aún más y de forma considerable en muchos países. El riesgo de agobio por la deuda es especialmente pronunciado en los países frágiles y ricos en petróleo dentro de la región, donde una parte significativa de la deuda pública es carta y a corto plazo, a menudo otorgada por acreedores privados en condiciones no favorables y con la amortización a veces vinculada a bienes naturales estratégicos (OECD, de próxima publicación[26]).

El aumento en los costos de mantenimiento de la deuda limitará aún más el margen fiscal disponible. Estos costos ya habían aumentado antes de la crisis (Griffiths, 2019[17]), pero la devaluación de las monedas de muchos países frente al dólar estadounidense eleva los costos de mantenimiento de la deuda, ya que casi dos tercios de la deuda externa pública está denominada en USD en los países de medio-bajo y bajo ingreso (IIF, 2020[43]). Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, las evaluaciones de riesgo ajustadas y las reducciones a la calificación crediticia soberana de los países, podrían incrementar aún más el costo de endeudamiento público y limitar la capacidad de los países para movilizar recursos fiscales en los mercados internacionales de capital.

En general, la divergencia descrita entre la financiación disponible (oferta) y las necesidades de gasto (demanda) amplifica el llamado "efecto tijera" de la financiación del desarrollo sostenible identificado en la OCDE (2018[2]) y que se refiere a un descenso simultáneo de la financiación disponible y al aumento de las necesidades de gasto en los ODS.

 Un enfoque financiero integral para reconstruir mejor

Reconstruir mejor en términos de movilización de los recursos internos exigirá centrarse en la creación de sistemas fiscales eficaces en las economías en desarrollo. Con un margen de maniobra fiscal muy limitado, la activación de recursos internos y los impuestos en particular seguirán siendo la única fuente viable de financiación sostenible a largo plazo para muchos servicios públicos, entre ellos el de salud. Por ello, muchos países tendrán que encontrar formas de aumentar los ingresos fiscales a través de medidas de administración política y fiscal. La iniciativa conjunta Inspectores Fiscales Sin Fronteras (TIWB, por sus siglas en inglés) de la OCDE y el PNUD ofrece una de las vías más prometedoras para apoyar la capacidad de auditoría fiscal en las economías en desarrollo. Al mismo tiempo, la tolerancia frente a la revocación tributaria y la evasión de impuestos alcanzará su nivel más bajo, lo que refuerza la necesidad de seguir avanzando en la coordinación fiscal internacional, liderada por el Marco Inclusivo y el Foro Global, para obtener resultados sólidos para las economías en desarrollo.

En cuanto a la inversión privada externa, para reconstruir mejor es necesario un enfoque de inversión a largo plazo que se ajuste mejor a las necesidades sostenibles y refuerce la resistencia en tiempos de crisis. Del mismo modo que se reformó el sistema bancario para abordar mejor las convulsiones financieras endógenas tras la crisis financiera mundial de 2008, el escenario para la inversión puede reformarse para responder mejor a los impactos sociales y medioambientales. De ahí que las políticas de inversión y cooperación al desarrollo puedan mejorar las cualidades del comercio al promover las cadenas de valor e inversiones sostenibles, haciendo cumplir normas sociales y medioambientales estrictas y construyendo infraestructuras resistentes al cambio climático.

La financiación oficial del desarrollo continúa siendo una fuente vital de apoyo a los países y sectores que han quedado rezagados. Puede ayudar a crear una ventaja en otros recursos financieros incluyendo el apoyo para reforzar la activación de recursos nacionales, fomentar la gestión de las finanzas públicas y movilizar las inversiones privadas adicionales mediante el financiamiento mixto. La financiación oficial del desarrollo también puede contribuir a reducir aún más los costos de transferencia de las remesas.

Reconstruir mejor también significará luchar contra las fugas en la financiación del desarrollo. Los flujos financieros ilícitos procedentes de las economías en desarrollo (como la evasión de impuestos a nivel internacional, la corrupción y el lavado de dinero) son un obstáculo importante para garantizar una financiación suficiente para los ODS. Aunque las cifras son controvertidas, el Grupo de Alto Nivel sobre Flujos Financieros Ilícitos procedentes de África estima que los flujos financieros ilícitos desde el continente podrían ascender a USD 50 000 millones al año (UNECA, n.d.[58]). El consenso indica que estos flujos ilícitos privan a las economías en desarrollo de importantes volúmenes de capital, superando a la AOD (OECD, n.d.[59]). La transparencia y la cooperación internacional son las herramientas cruciales para hacer frente a los flujos financieros ilícitos y, aunque se han realizado progresos desde la crisis financiera mundial de 2008, muchas economías en desarrollo aún no forman parte de las nuevas herramientas y acuerdos para aumentar la transparencia y la cooperación, ni tampoco se benefician de ellas. Por tanto, debe prestarse atención para dar continuidad al fomento de la transparencia, especialmente en los centros financieros a los que van a parar los flujos financieros ilícitos; asimismo debe atenderse la cooperación y el intercambio de información entre los centros financieros y las economías en desarrollo donde se originan los flujos financieros ilícitos.

 Reconstruir mejor, más allá de la financiación del desarrollo

Como transmisor primordial de bienes y servicios, tecnología y conocimiento, el comercio internacional es un medio esencial para reconstruir mejor e implementar los ODS. Las rondas consecutivas de liberalización del comercio multilateral, el creciente número de regímenes de acceso preferencial a los mercados y los acuerdos regionales de libre comercio, han creado muchas más oportunidades comerciales. Sin embargo, el comercio mundial se detuvo cuando estalló el coronavirus y los debates actuales en torno a la regionalización y la deslocalización podrían afectar a las cadenas globales de valor a mediano y largo plazo. Además, que las infraestructuras estén obsoletas o mal adaptadas, que el acceso a la financiación del comercio esté limitado, que los requisitos reglamentarios sean onerosos y los procedimientos fronterizos engorrosos, así como la necesidad de cumplir una serie de normas cada vez más extensas, aumentan el costo de hacer negocios. Esto conlleva el riesgo significativo donde las empresas de las economías en desarrollo —especialmente las microempresas, así como las pequeñas y medianas empresas—, queden excluidas de los mercados internacionales. La asistencia para el comercio puede ayudar a enfrentar estos obstáculos que limitan la contribución del comercio al crecimiento económico sostenible e inclusivo (OECD/WTO, 2019[60]). La pandemia de COVID-19 y los costos económicos asociados, vuelven este evento más urgente, aunque también más desalentador.

El turismo, el transporte marítimo y otros sectores basados en los océanos se están viendo muy afectados, con grandes implicaciones financieras para muchas economías en desarrollo, como algunos de los países más vulnerables, como los pequeños Estados insulares en desarrollo. Los impactos generados por la pandemia de COVID-19 podrían tener efectos duraderos en estas industrias. No obstante, será importante que los países no pierdan de vista las oportunidades a largo plazo de lo que puede ofrecer una economía oceánica sostenible e integren de lleno la sostenibilidad en los paquetes de incentivos y los esfuerzos de recuperación, con el apoyo de la comunidad internacional. Los gobiernos y la comunidad internacional de donantes tienen un rol significativo para jugar en la integración de requisitos de sostenibilidad dentro de los servicios e inversiones financieros tradicionales, ya sea en los mercados financieros (por ejemplo, acciones y bonos) o en los mercados crediticios (es decir, préstamos o bonos) (OECD, 2020[61]).

Es necesario que todos los participantes en la financiación del desarrollo colaboren estrechamente para dar forma a la agenda de una mejor reconstrucción. Esta agenda debe estar centrada en la sostenibilidad —en todas sus dimensiones—. Solo entonces, podremos hacer un uso exitoso de los ODS como modelo para construir un mundo más equitativo, sostenible y, por lo tanto, resiliente.