La desinformación tiene consecuencias de gran alcance en muchos ámbitos, desde la salud pública hasta la seguridad nacional de los países. Puede arrojar dudas sobre la veracidad de los hechos, poner en peligro la aplicación de políticas públicas y socavar la confianza de los ciudadanos en la integridad de las instituciones democráticas. Este informe explora cómo responder a estos retos y reforzar la democracia. Presenta una evaluación exhaustiva de las respuestas gubernamentales destinadas a respaldar espacios informativos plurales, basados en hechos y que fomenten una ciudadanía informada. Analiza las interacciones entre distintas dimensiones políticas que fortalecen la integridad del ámbito informativo, al mismo tiempo que aseguran una protección diligente de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Igualmente, propone un triple marco de actuación en materia de políticas públicas: mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de las fuentes de información; fomentar la resiliencia social; y actualizar las medidas de gobernanza y las instituciones públicas para ayudar a fortalecer la integridad del espacio informativo.