Este informe fue preparado por la División de Integridad del Sector Público de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, bajo la dirección de Julio Bacio Terracino. Fue coordinado y dirigido por Frédéric Boehm y redactado por Giulio Nessi y Felicitas Neuhaus. Maria Varinia Michalun del Centro de la OCDE para la Iniciativa Empresarial, las PYME, las Regiones y las Ciudades hizo comentarios y aportaciones esenciales. Meral Gedik, Balazs Gyimesi y Andrea Uhrhammer apoyaron la edición, el diseño y la producción del estudio. Se contó con el apoyo administrativo de Aleksandra Bogusz, Rania Haidar y Charles Victor. La traducción al español del estudio fue elaborada por Carmen Navarrete y editada por Rosana Vargas.
Agradecemos el apoyo técnico y financiero de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementado por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en particular el apoyo del Programa Anticorrupción e Integridad, así como los comentarios hechos por el equipo del Programa Reforma del Estado Orientada a la Ciudadanía (Buena Gobernanza) en el Perú, dirigido por Mayra Ugarte y apoyado por Florian Schatz. La OCDE también agradece a Hartmut Paulsen, ex titular del Programa de Buena Gobernanza de la GIZ en el Perú, por su orientación y apoyo.
La OCDE expresa su agradecimiento al gobierno peruano, en particular a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SIP), dirigida por Eloy Munive Pariona, Secretario de Integridad Pública, y a su equipo. La ex Secretaria de Integridad Pública, Susana Silva Hasembank, así como Cristina Arvildo, Fernando Hurtado y Vladimir León de dicha Secretaría apoyaron y coordinaron de manera importante las actividades del proyecto, incluida la misión investigadora efectuada en noviembre de 2019; además, proporcionaron orientación y comentarios a lo largo del proyecto. La OCDE también agradece a las instituciones y organizaciones que participaron en el proceso y aportaron información valiosa para elaborar el informe, en particular a los servidores de los gobiernos regionales que ejecutan la función de integridad y control, así como a quienes integran las Comisiones Regionales Anticorrupción de Cajamarca, Lambayeque y San Martín, a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la Secretaría de Descentralización y la Secretaría de Gestión Pública (SGP)—ambas de la Presidencia del Consejo de Ministros—, a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Defensoría del Pueblo. La versión preliminar del informe se presentó y analizó durante una sesión virtual con la Secretaría de Integridad Pública y representantes de la función de integridad de los gobiernos regionales, celebrada el 17 de septiembre de 2020, así como durante una reunión virtual de la comunidad de cooperación internacional en el Perú efectuada el 2 de octubre de 2020. El informe también se benefició de las invaluables ideas y comentarios de Limberg Chero, Juan Carlos Cortés Carcelén, Fiorella Mayaute, Mirtha Muñiz, Carlos Vargas y Eduardo Vega.
El estudio fue aprobado por el Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Integridad Pública de la OCDE (SPIO) el 3 de diciembre de 2020, y desclasificado por el Comité de Gobernanza Pública el 28 de diciembre de 2020.