Integridad en las regiones peruanas

1. Introducción

Abstract

Este capítulo ofrece una introducción al informe. Destaca las características políticas y geográficas claves del Perú y hace un llamado a la necesidad de fortalecer las políticas de integridad de los Gobiernos Regionales, con el objetivo de construir subsistemas de integridad coherentes y alineados con el sistema nacional de integridad.

El Perú es un estado unitario, cuya superficie aproximadamente duplica la de Francia, con un sistema subnacional de dos niveles integrado por 24 regiones y la provincia constitucional de Callao, 1 874 municipalidades distritales y 196 municipalidades provinciales. Las municipalidades provinciales tienen un papel de coordinación entre las municipalidades distritales. En conjunto, el Perú tiene un sistema complejo de competencias exclusivas y compartidas entre los tres niveles de gobierno (nacional, regional y municipal).

En términos generales, el territorio puede dividirse en tres zonas, la costa, la sierra y la selva, y cada una tiene ciertas características geográficas y sociodemográficas en común. No obstante, las 24 regiones y la provincia constitucional tienen diferentes niveles de desarrollo y enfrentan distintos desafíos en materia de integridad. Ampliar un marco para una regulación de alta calidad en todos los niveles de gobierno es un desafío para todos los países y solo puede lograrse si estos toman en cuenta las diversas necesidades subnacionales y las particularidades de los niveles inferiores de gobierno (Rodrigo, Allio and Andres-Amo, 2009[1]).

Esto también se aplica a la implementación de un sistema de integridad pública en todos los niveles gubernamentales, como lo promueve la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública (OCDE, 2017[2]). De hecho, y como se analiza en detalle en la sección “Los gobiernos regionales y locales son muy vulnerables a la corrupción” en el capítulo 2, las entidades subnacionales del Perú experimentan problemas de integridad específicos y altos riesgos de corrupción, al igual que en otros países de América Latina y en todo el mundo (OCDE, 2019[3]; OCDE, 2018[4]). Por ejemplo, según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, 67 gobernadores y ex gobernadores estuvieron sujetos a investigación en 2017 por delitos de corrupción (Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, 2017[5]).

Esta situación subraya la necesidad de que los gobiernos regionales del Perú refuercen sus trabajos de integridad y construyan sistemas de integridad coherentes que vayan a la par del sistema de integridad nacional. Aunque oficialmente existe un marco exhaustivo para los subsistemas regionales de integridad pública, en la práctica el nivel de aplicación de las políticas públicas y de actividad institucional varía de una región a otra y depende de varios factores contextuales y relacionados con los recursos, como las vulnerabilidades predominantes en materia de integridad, la disponibilidad de recursos financieros y humanos y sus capacidades, el compromiso político y similares. La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (PNILC) reconoce el alcance limitado de las medidas para combatir la corrupción a nivel regional y local, también ante la evidencia de que las entidades subnacionales son las más afectadas por este flagelo.

Al aprovechar el estudio anterior realizado por la OCDE con el Perú en materia de integridad, este informe se centra en la realidad regional, evaluando los principales desafíos que obstaculizan la implementación de sistemas de integridad a nivel regional en el contexto peruano. Además, propone un método realista y progresivo para que los gobiernos regionales implementen la función de integridad. Así mismo, el informe aborda cómo esa función de integridad podría apoyar al mecanismo de coordinación regional de lucha contra la corrupción instituido en cada región, las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA), que hasta ahora sólo han demostrado un progreso y efecto limitados. El enfoque regional del informe no subestima otros desafíos, instancias y perspectivas clave a nivel subnacional, como los de las municipalidades, sino que su intención es abordar los riesgos de integridad y la posible estrategia en el eslabón más débil del sistema de gobierno del Perú (OCDE, 2016[6]). Aunque en los últimos veinte años el Perú ha logrado enormes avances en materia de descentralización política, el proceso no se ha completado del todo y el nivel regional se ha visto muy afectado por omisiones y deficiencias.

Aunque el análisis del informe se basa de manera contundente en los desafíos y el contexto regionales, el punto de vista que se tomó para elaborar las recomendaciones es el nacional, ya que la política nacional de integridad y las obligaciones de integridad conexas deben aplicarse por igual en las regiones, dirigidas por la Secretaría de Integridad Pública (SIP). Además, las instancias nacionales siguen ejerciendo una fuerte influencia en la política y las políticas públicas regionales y deben promover un entorno propicio para la integridad. Desde esta perspectiva, la Secretaría de Integridad Pública tiene la misión esencial de articular tanto la coordinación horizontal entre las entidades nacionales como la implementación del sistema de integridad nacional a nivel regional.

Referencias

[3] OCDE (2019), La Integridad Pública en América Latina y el Caribe 2018-2019: De Gobiernos reactivos a Estados proactivos, OCDE, París, http://www.oecd.org/gov/integridad/integridad-publica-en-america-latina-caribe-2018-2019.htm (consultado el 25 de febrero de 2020).

[4] OCDE (2018), Integridad para el buen gobierno en América Latina y el Caribe: De los compromisos a la acción, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/9789264307339-es.

[2] OCDE (2017), Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, OECD/LEGAL/0435, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0435.

[6] OCDE (2016), OECD Territorial Reviews: Peru 2016, OECD Territorial Reviews, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/9789264262904-en.

[5] Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (2017), Sospecha generalizada de corrupción contra gobernadores y alcaldes del país, https://plataformaanticorrupcion.pe/wp-content/uploads/2017/07/INFORME-CORRUPCION-SOBRE-GOBERNADORES-Y-ALCALDES.pdf (consultado el 6 de noviembre de 2020).

[1] Rodrigo, D., L. Allio and P. Andres-Amo (2009), “Multi-Level Regulatory Governance: Policies, Institutions and Tools for Regulatory Quality and Policy Coherence”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 13, OECD Publishing, París, https://dx.doi.org/10.1787/224074617147.