Argentina ha publicado varios instrumentos legales para promover el uso de herramientas de gestión regulatoria, como la evaluación ex ante del proyecto de regulación y la consulta a los actores interesados. También ha implementado prácticas que respaldan un marco regulatorio de alta calidad, como la supervisión de la calidad legal y el uso de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para los procesos internos del gobierno.

La calidad regulatoria no es responsabilidad de un solo ministerio o agencia en Argentina. Los esfuerzos para poner en práctica la política regulatoria se reparten entre tres organismos sin mecanismos de supervisión definidos, excepto por la evaluación legal enfocada.

Argentina ha establecido varios componentes de la evaluación ex ante del proyecto de regulación: evaluación legal, análisis técnico, análisis de costo-beneficio. Sin embargo, no están integrados en un procedimiento estandarizado, y el análisis de costo-beneficio está solo en la etapa de introducción temprana.

Argentina ha establecido los fundamentos legales y las herramientas para promover la participación de los actores interesados en la preparación de los proyectos de regulaciones. Sin embargo, no hay consistencia o supervisión en su aplicación.

Argentina tiene una política activa para hacer un uso extensivo de las TIC para que los procesos gubernamentales sean completamente electrónicos y sin papel. Para garantizar que estas políticas apoyen una buena política regulatoria, será esencial distinguir claramente entre los procedimientos dentro de las oficinas y agencias gubernamentales (procesos internos, comunicaciones, interacciones) y los trámites que los ciudadanos y las empresas estén obligados a presentar (solicitud de permisos o licencias).

Argentina ha logrado avances significativos en hacer electrónicos todos los procesos del gobierno. Se podría lograr un mayor progreso en la reducción de las cargas para los ciudadanos y las empresas mediante la simplificación de los trámites.

Argentina aún no ha desarrollado una estrategia para respaldar los niveles subnacionales de gobierno en la mejora de la calidad regulatoria. La coordinación entre los niveles de gobierno nacional y subnacional se lleva a cabo caso por caso. No obstante, existe un esfuerzo ambicioso para apoyar la digitalización de los procedimientos administrativos internos en los gobiernos subnacionales.

Los niveles subnacionales de gobierno están comenzando a tomar medidas para adoptar herramientas de gestión regulatoria, como la evaluación del impacto de la regulación o la consulta a los actores interesados. Además, la simplificación administrativa, especialmente a través de la digitalización, se está llevando a cabo como un medio para mejorar y agilizar la prestación de servicios públicos para los ciudadanos.

Argentina debería aspirar a tener una política regulatoria articulada y completa que reúna a las instituciones, políticas públicas y acciones gubernamentales para mejorar la calidad regulatoria en un marco coherente único.

Como parte de esta política, Argentina debería establecer un grupo de política regulatoria, en el que se incluyan las agencias y oficinas actuales con responsabilidades para la promoción de la calidad regulatoria. Argentina debería tratar de otorgar un estatus legal y un mandato legal al grupo de política regulatoria.

Argentina debería establecer un mecanismo de coordinación bien definido y transparente para los miembros del grupo de política regulatoria.

Argentina debería definir las herramientas y prácticas regulatorias que son prioridades de su política regulatoria para hacerlas obligatorias para la administración pública nacional.

Argentina debería esforzarse por un sistema completo de evaluación ex ante de proyectos de regulación a través de la aplicación de la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR). El objetivo principal del sistema EIR será crear una cultura dentro del gobierno argentino mediante la cual la evidencia informe las decisiones de la política pública.

El sistema EIR debe reunir los elementos existentes de evaluación ex ante – evaluación legal y análisis técnico – y agregar un análisis de costo-beneficio.

El proceso EIR debe incluir disposiciones para la consulta de forma sistemática del proyecto de regulación con los actores interesados.

Como parte de la consulta, los reguladores y las agencias deben tener la obligación de informar a los actores interesados qué comentarios se utilizarán para enmendar el proyecto de regulación, cuáles se descartarán y las razones.

Los sitios de internet www.argentina.gob.arg y tramitesadistancia.gob.ar deberían tener información consistente e incluir toda la información sobre los trámites del gobierno central para los ciudadanos y las empresas.

Argentina debería definir e implementar una estrategia de simplificación administrativa integral para los trámites de ciudadanos y empresas, basándose en la experiencia adquirida hasta ahora en el proceso del gobierno electrónico, a través del programa “Trámites a Distancia”, y por el Ministerio de Producción y Trabajo en la reducción del costo de la regulación.

La estrategia debería tener objetivos para reducir las cargas administrativas para los ciudadanos y las empresas, y debería establecer sectores prioritarios para la reducción, dependiendo de las áreas de regulación más complejas o engorrosas para los ciudadanos y las empresas.

El grupo de política regulatoria debería desarrollar e implementar acuerdos de gobernanza junto con incentivos para coordinar y apoyar los niveles subnacionales del gobierno. Dichos mecanismos deberían diseñarse para ayudar a los niveles locales de gobierno a definir sus propias estrategias regulatorias, mientras que implementan los objetivos nacionales. Estos acuerdos deberían ser parte de la política regulatoria completa que se recomienda anteriormente.

Los gobiernos subnacionales en Argentina deberían seguir desarrollando políticas y prácticas sistematizadas y permanentes para mejorar la calidad de sus regulaciones.