Esta tercera edición de Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe, elaborada conjuntamente por la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, presenta un conjunto de indicadores clave sobre el estado de salud, los determinantes de la salud, los datos de salud y la infraestructura de los sistemas de salud, el gasto y el financiamiento en salud, la calidad de la atención, los profesionales de la salud y el envejecimiento en 33 países de América Latina y el Caribe. Cada uno de los indicadores se presenta en un formato accesible, compuesto por gráficos que ilustran las variaciones entre países y a lo largo del tiempo, análisis descriptivos concisos que destacan los principales hallazgos que se desprenden de los datos, y recuadros metodológicos que definen los indicadores y examinan las limitaciones en la comparabilidad de los datos. Esta edición incluye además dos capítulos temáticos centrados en cuestiones de particular importancia para la región: la calidad de la atención y las desigualdades en salud y en la atención sanitaria en América Latina y el Caribe.
Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026
Resumen
Resumen Ejecutivo
Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe 2026 ofrece una evaluación comparativa entre países de la salud y del desempeño de los sistemas de salud en 33 países de América Latina y el Caribe (ALC), combinando indicadores comparables con un análisis temático de temas prioritarios de política. Esta edición se centra en dos desafíos conectados: mejorar la calidad de la atención y reducir las desigualdades en la salud y la atención sanitaria.
El primer capítulo temático muestra que, si bien muchos países de ALC cuentan con estrategias, regulaciones e indicadores de calidad, pocos disponen de las herramientas para traducirlos en una mejor atención. El segundo muestra que las desigualdades siguen siendo una barrera clave para lograr mayores ganancias en salud. Los grupos desfavorecidos enfrentan mayores riesgos de salud, más barreras para acceder a una atención oportuna, una menor calidad, una protección financiera más débil y peores resultados.
Los siete capítulos de datos documentan el contexto más amplio en el que se desarrollan estos desafíos. En general, los hallazgos apuntan a un mensaje de política claro: los sistemas de salud de ALC necesitan pasar de ampliar la cobertura a mejorar el desempeño. La región ha construido bases importantes, pero la próxima fase de reformas dependerá de hacer que los sistemas sean más efectivos, equitativos y estén preparados para el envejecimiento, las enfermedades crónicas y las emergencias futuras.
Los resultados en materia de salud en América Latina y el Caribe siguen mejorando, pero el progreso ya no reduce la brecha con los países de la OCDE. La esperanza de vida alcanzó los 74,6 años en 2024, un aumento de 2,4 años desde 2010, pero se mantuvo por debajo del promedio de la OCDE de 81,3 años, oscilando entre alrededor de 81,3 años en Chile y Costa Rica y menos de 70 en Haití y Bolivia. La mortalidad infantil se redujo en un 34,4% entre 2010 y 2024, hasta 14,4 muertes por cada 1 000 nacidos vivos, en comparación con alrededor de 4 en la OCDE, mientras que la mortalidad en menores de 5 años disminuyó en un 43%, hasta 16,3 por cada 1 000, alrededor de tres veces el nivel de la OCDE. Las ganancias futuras dependerán menos de ampliar el contacto con los servicios y más de mejorar la efectividad, la seguridad y la capacidad de respuesta de la atención.
Las altas tasas de mortalidad evitable muestran dónde la cobertura no logra traducirse en mejores resultados. En 2023, la mortalidad evitable alcanzó 297 muertes por cada 100 000 habitantes en ALC25, en comparación con 162 en la OCDE. La vacunación sigue siendo una fortaleza relativa, pero unos peores resultados en la atención aguda y el cáncer apuntan a deficiencias en el diagnóstico, la referencia, la respuesta de emergencia, el tratamiento especializado y la continuidad de la atención. La mortalidad por cáncer tratable promedió 19,3 muertes por cada 100 000 habitantes en ALC26, alrededor de un 30% por encima del promedio de la OCDE, y empeoró durante la última década, al aumentar en 1,2 mientras que el promedio de la OCDE disminuyó en 2,8.
La mayoría de los países han construido las bases de la gobernanza de la calidad, pero la implementación sigue siendo desigual. La calidad se incluye como una prioridad transversal en las estrategias de salud en 14 de 19 países, y la habilitación de proveedores y la regulación de medicamentos se reportan en 17 de 19. Sin embargo, solo Perú y Chile reportan planes de implementación de la calidad plenamente presupuestados con marcos de monitoreo, lo que sugiere que la calidad a menudo se reconoce como una prioridad sin los presupuestos ni los mecanismos de rendición de cuentas necesarios para transformar la prestación de la atención.
La medición de la calidad se está ampliando, pero está débilmente vinculada a la rendición de cuentas y a los incentivos. Muchos países reportan indicadores de calidad, sistemas de auditoría y guías clínicas, pero solo seis cuentan con conjuntos integrales de indicadores nacionales de calidad. Las reformas de pago vinculadas a la calidad no se implementan a nivel nacional en 12 de 19 países. La acreditación se reporta en 9 países, el apoyo a la decisión clínica en 6 y el financiamiento basado en el desempeño en 4, lo que apunta a una brecha entre el establecimiento de estándares y la incorporación de la mejora continua en la atención rutinaria. La infraestructura de datos poco desarrollada se reporta como una barrera en la mayoría de los países, mientras que la medición estandarizada de la experiencia del paciente se reporta únicamente en Ecuador, Chile y Colombia. Solo cuatro países reportan sistemas de codificación estandarizados para los incidentes de seguridad y los cuasi accidentes.
La equidad significa asegurar una atención efectiva, no solo el acceso a la atención. Los grupos desfavorecidos enfrentan mayores riesgos de salud, más barreras para acceder a una atención oportuna, una atención de menor calidad y menos continua, una protección financiera más débil y peores resultados. La necesidad de atención sanitaria no satisfecha promedia el 35% en la región, oscilando entre el 3,2% en Costa Rica y el 73% en Perú. La mortalidad infantil es alrededor de tres veces mayor entre los más pobres que entre los más ricos en Perú, alrededor de una cuarta parte más alta en Haití, y las brechas rural-urbanas superan el 40% en varios países.
Las políticas de equidad todavía se centran más en ampliar los servicios que en adaptarlos a los grupos desatendidos. La expansión de la infraestructura se reporta en 13 de 14 países, el alcance comunitario en 11 y la telesalud en 9, pero el apoyo al transporte solo en 7, el personal bilingüe o comunitario en 6 y las políticas de inclusión digital en 4. La protección financiera también sigue siendo incompleta: los servicios subsidiados o gratuitos se reportan en 13 de 14 países y las exenciones de copago en 8, pero los fondos para el gasto catastrófico solo en 4.
Los sistemas de datos sobre equidad siguen siendo demasiado limitados para orientar la acción. Todos los países encuestados recopilan información desagregada sobre el acceso a los servicios y los resultados de salud, pero solo 6 de 14 lo hacen para la calidad de la atención y solo 5 para la protección financiera. Los sistemas de datos captan la etnicidad en 7 países, la discapacidad en solo 1 y el estatus migratorio en ninguno. Sin una mayor desagregación, algunos de los grupos más vulnerables de la región siguen siendo puntos ciegos de la política.
Ampliar las ganancias en salud requerirá abordar la nueva realidad epidemiológica. Las enfermedades no transmisibles, incluidas las enfermedades cardiovasculares y los cánceres, representaron el 75,9% de todas las muertes en ALC33 en 2023. Sin embargo, el progreso en la reducción de la mortalidad por las principales ENT ha sido mucho más lento que en los países de la OCDE: la mortalidad por enfermedad cardiovascular disminuyó solo un 4% en ALC25 entre 2010 y 2023, en comparación con el 28,4% en la OCDE, mientras que la mortalidad por cáncer disminuyó un 4%, en comparación con el 18% en la OCDE.
Las brechas de infraestructura en ALC se extienden tanto a las capacidades físicas como a las digitales. En 2024, los países de ALC tenían 22,6 camas hospitalarias por cada 10 000 habitantes, en comparación con 42,0 en la OCDE, mientras que los egresos hospitalarios en nueve países que reportan datos promediaron 4 964 por cada 100 000 habitantes, frente a 13 639 en la OCDE. Los sistemas digitales siguen siendo desiguales: Costa Rica, Paraguay y Perú reportan un enlace casi integral entre los conjuntos de datos de atención primaria, hospitalarios, de prescripción y de mortalidad, mientras que otros países reportan enlaces más limitados, a menudo restringidos a los datos hospital-mortalidad u hospital-prescripción.
ALC gasta mucho menos en salud que los países de la OCDE, y una proporción menor se financia a través de esquemas públicos o obligatorios mancomunados. En 2024, el gasto sanitario corriente per cápita en los países de la OCDE fue casi cuatro veces el de los países de ALC, con USD PPA 6 097 en comparación con USD PPA 1 518. El gasto en salud representó el 6,5% del PIB en ALC33, en comparación con el 9,3% en la OCDE. Los esquemas gubernamentales y de seguro obligatorio financiaron el 57% del gasto sanitario corriente en ALC, en comparación con alrededor del 75% en los países de la OCDE.
El alto gasto de bolsillo expone a los hogares a dificultades financieras cuando se necesita atención y puede limitar el acceso oportuno, especialmente para los grupos más pobres. Los pagos de bolsillo representaron el 32% del gasto sanitario corriente en ALC en 2024, en comparación con el 20% en la OCDE. Los pagos de bolsillo representaron el 3,4% del consumo final de los hogares en ALC, similar al promedio de la OCDE del 3,2%, y superaron el 4,5% en Honduras, Surinam, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Chile y Panamá.
Los sistemas de salud de ALC enfrentan una importante escasez de fuerza de trabajo y carecen de integración entre la formación, el despliegue, la retención y el ámbito de práctica. ALC tiene 2,4 médicos por cada 1 000 habitantes, en comparación con 3,6 en la OCDE, con un rango que va de 9,5 en Cuba a 0,3 en Haití. La densidad de personal de enfermería y partería es mucho menor, de 3,9 por cada 1 000 habitantes en ALC en comparación con 10,3 en la OCDE. Además, la región es intensiva en médicos, con solo 1,6 enfermeras y parteras por médico, en comparación con 2,9 en la OCDE. Los flujos de formación también siguen siendo desiguales: si bien el número de egresados de medicina se acerca al promedio de la OCDE, el número de egresados de enfermería es la mitad del promedio de la OCDE.
El envejecimiento poblacional aumentará marcadamente la demanda de atención sanitaria y de atención de largo plazo. Se proyecta que la proporción de personas de 65 años o más en ALC casi se duplique, del 9,3% en 2023 al 18,1% en 2050, mientras que se proyecta que la proporción de personas de 80 años o más aumente del 1,8% al 4,9%. La región depende de aproximadamente 25 millones de cuidadores no remunerados en comparación con alrededor de 3 millones de cuidadores remunerados; mantener las razones de cuidado actuales requeriría alrededor de 60,5 millones de cuidadores no remunerados para 2050.
