Atender a la juventud: Cómo los gobiernos pueden situar a los jóvenes en el centro de la recuperación

 Las organizaciones juveniles expresan preocupaciones crecientes por el impacto de la crisis del COVID-19 en la salud mental y el acceso a la educación y el empleo

Aunque la trayectoria de la pandemia continúa evolucionando y afecta de manera distinta a cada país, la mayoría de los países de la OCDE estaban relajando las medidas de distanciamiento social, confinamiento y aislamiento social junto con la distribución de vacunas, cuando se recopilaron los datos de la encuesta (de julio a agosto de 2021). Durante este periodo, escuelas y universidades de los países de la OCDE iniciaron gradualmente su vuelta a la normalidad después de prolongadas interrupciones en 2020 y la primera mitad de 2021 (OECD, 2021[1]). La recuperación mundial continúo progresando, pero ha perdido impulso y continúa siendo desigual entre países (OECD, 2021[19]). Las tasas de desempleo juvenil en los países de la OCDE, que se dispararon al comienzo de la pandemia, empezaron a descender en muchos países a partir de julio de 2021 (OECD, 2021[20]). Al mismo tiempo, la prevalencia de síntomas de salud mental relacionados con la ansiedad y la depresión aumentaron dramáticamente entre los jóvenes y sigue siendo mayor que antes de la crisis (OECD, 2021[4]; OECD, 2021[9]).

El camino hacia la recuperación está marcado por la incertidumbre y los riesgos significativos, ya que nuevas variantes de la COVID-19 continúan apareciendo (OECD, 2021[19]). En el momento en que se escribe este informe, la emergencia por la cepa Ómicron ha desembocado en nuevas medidas de confinamiento y restricciones de viaje estrictas en algunos de los países de la OCDE (OECD, 2021[19]).

Los resultados de la encuesta de 2021 muestran que muchos de los desafíos identificados por los encuestados en la encuesta de 2020, persisten 16 meses después. Cuando se les pidió que identificaran las tres principales preocupaciones con respecto a los efectos de la crisis en los jóvenes, las organizaciones juveniles que fueron encuestadas de julio a agosto de 2021 en países de la OCDE expresaron sus mayores preocupaciones por el impacto de la COVID-19 en la salud mental (83%), la educación (64%) y el empleo (42%), seguido por las relaciones familiares y de amistad (35%), y la limitación de las libertades individuales (34%) (Figura 1).

Entre los dos veces encuestados, las preocupaciones por el impacto de la COVID-19 han estado aumentando en las áreas de la salud mental, la educación y las relaciones familiares y de amistad. Además, las preocupaciones por los desafíos para acceder y mantener el empleo permanecen en un nivel muy alto.

Estos resultados reflejan la constante –y, en algunos casos, creciente− preocupación de los jóvenes sobre las cicatrices de larga duración que se extenderán más allá del empleo y la educación. La segunda sección de este documento analiza en qué medida los esfuerzos de respuesta y recuperación de los países están considerando las necesidades y perspectivas de los jóvenes de una manera integrada.

 

Figura 1. Las organizaciones juveniles expresan grandes preocupaciones por el impacto de la crisis de COVID-19 en la salud mental, la educación y el empleo

Nota: Se le pidió a los encuestados que identificaran las tres principales áreas en las que los jóvenes encontraron más dificultades para mitigar los efectos de la crisis de COVID-19. Los datos hacen referencia a la proporción de todas las 151 organizaciones juveniles de los países miembros y no miembros de la OCDE que respondieron la encuesta, de los cuales, 100 eran de países miembros y 51 de países no miembros (Anexo 1.A).

Fuente: OECD 2021 Survey on COVID-19 and Youth.

 Las organizaciones juveniles se preocupan cada vez más por el bienestar de los jóvenes

Cuando se les preguntó acerca de las implicaciones a largo plazo de la pandemia de la COVID-19, los encuestados de los países de la OCDE expresaron grandes preocupaciones por el bienestar de los jóvenes (85%), seguido por preocupaciones por el impacto en los derechos de los jóvenes8 (72%) y desigualdades entre grupos de edad (69%). También mostraron una importante preocupación por los efectos de la crisis del COVID-19 en la difusión de desinformación (noticias falsas) (67%), la discriminación racial (61%), el riesgo de que la crisis pudiera haber desviado la atención de los gobiernos de la lucha contra el cambio climático (59%) y la polarización política (56%) (Figura 2).

 

Figura 2. Las organizaciones juveniles están más preocupadas por las implicaciones a largo plazo del COVID-19 en el bienestar de los jóvenes, los derechos juveniles y las desigualdades entre grupos de edad

Nota: Se les pidió a las organizaciones encuestadas que calificaran, en una escala del 1 al 5, el grado de preocupación que tenían por el impacto del COVID-19 en diversas áreas, en donde 1 es nada preocupada y 5 es muy preocupada. La figura presenta respuestas agrupadas de 1 a 2 (Nada preocupada - poco preocupada) y 4 a 5 (Preocupada - muy preocupada), excluyendo a aquellas que respondieron “Ni preocupada ni no preocupada”. Los datos hacen referencia a la proporción de las organizaciones juveniles de la OCDE que respondieron la encuesta (N=100 de las 151 organizaciones encuestadas). Los resultados están redondeado al decimal más cercano.

Fuente: OECD 2021 Survey on COVID-19 and Youth.

Estos resultados difieren considerablemente de los obtenidos de la edición de 2020 de la encuesta. En la fase inicial de la pandemia, las preocupaciones expresadas por las organizaciones juveniles por el bienestar de los mayores superaban sus preocupaciones por el bienestar de los jóvenes, la difusión de desinformación (noticias falsas [fake news]), el incremento en los niveles de la deuda pública y la discriminación racial (OECD, 2020[3]).

Se puede observar una tendencia similar entre los dos veces encuestados que expresaron fuertes preocupaciones por el bienestar de los jóvenes y la difusión de desinformación en la edición de 2021. En cambio, ahora expresan menores preocupaciones por el impacto de la crisis en el bienestar de los mayores y el aumento de la deuda pública.

A medida que la pandemia de COVID-19 ha pasado de ser una emergencia de salud pública a una crisis de impactos de largo alcance, las preocupaciones de los jóvenes también han cambiado. Entre los encuestados de la edición de 2021, se vio un aumento de las preocupaciones por el bienestar de los jóvenes, una preocupación respaldada por los hallazgos que demostraron que la mayoría de las organizaciones juveniles están descontentas con la forma en que los gobiernos han prestado servicios públicos. Estos resultados se presentan con más detalle a continuación.

Los resultados también ilustran que persisten las preocupaciones por la difusión de desinformación9 asociadas a la pandemia de COVID-19, planteando desafíos significativos para las percepciones públicas sobre la democracia, especialmente entre los jóvenes (OECD, 2021[15]). Las cuentas en redes sociales son responsables de una gran parte de la desinformación relacionada con la pandemia (OECD, 2020[21]). Esto es especialmente importante para los jóvenes, ya que tienden a tener más conocimientos digitales y a buscar noticias predominantemente en las redes sociales. (Brennen, 2020[22]). Además, la evidencia demuestra que la desinformación puede causar confusión, división y desconfianza, lo que tiene implicaciones en las percepciones de los jóvenes sobre sus gobiernos (OECD, 2020[3]); (OECD, 2020[21]). Mientras que el 54% de los estudiantes de 15 años de los países de la OCDE reporta haber aprendido a reconocer la desinformación en la escuela, los datos muestran que aquellos provenientes de entornos socioeconómicamente desfavorecidos continúan puntuando más bajo que sus compañeros a la hora de determinar la credibilidad de las fuentes de información (OECD, 2021[23]). La evidencia de la OCDE sugiere que el auge de la desinformación también puede reforzar la polarización en la sociedad al perjudicar los procesos y resultados electorales y guiar a los ciudadanos hacia alternativas no democráticas (OECD, 2020[21]). De hecho, más de uno de cada dos encuestados (56%) de la encuesta 2021 OECD Survey on COVID-19 and Youth reporta haber estado preocupado por la polarización política en el contexto de la crisis de COVID-19.

Las consideraciones sobre la justicia y la equidad intergeneracional también han cobrado mayor impulso, a medida que las repercusiones de la crisis se despliegan con impactos diferenciados dentro y entre grupos de edad. Mientras que los encuestados identifican las desigualdades entre los grupos de edad (69%) como una de las preocupaciones principales, la mayoría de los encuestados (59%) les preocupa que la crisis del COVID-19 desvíe la atención del gobierno de tomar medidas para combatir el cambio climático. Esto es particularmente relevante ya que los jóvenes han sido los pioneros en abogar por que la justicia climática ocupe un lugar prioritario en la agenda política, subrayando que los jóvenes y las generaciones futuras tendrán que asumir la carga y serán los más afectados por las consecuencias de las decisiones que se tomen hoy. (OECD, 2021[24]; OECD, 2020[25]). Los resultados de un análisis realizado en julio de 2021, en efecto, señalan el riesgo de que el enfoque en las respuestas de emergencia a corto plazo haya desbancado los objetivos económicos, sociales y medioambientales a largo plazo en la elaboración de las medidas de recuperación. En julio de 2021, el 83% de los fondos de recuperación no habían considerado los impactos medioambientales (OECD, 2021[26]).

 Un objetivo en movimiento: La confianza de los jóvenes en el gobierno durante la pandemia.

En respuesta a la crisis de COVID-19, los gobiernos han tomado medidas que han alterado drásticamente el día a día y el comportamiento de los ciudadanos. La confianza en el gobierno es un factor crítico para la comprensión y el cumplimiento por parte de la gente de medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios (OECD, 2021[26]). Cuando los ciudadanos confían en las instituciones públicas, tienden en mayor medida a cumplir voluntariamente con las normas (Murphy, 2004[27]). Durante la pandemia de la COVID-19, los estudios han constatado una fuerte correlación entre la confianza y el cumplimiento de las medidas tomadas para contener la propagación del virus (Bargain and Aminjonov, 2020[28]).

Tras un deterioro general de la confianza en el gobierno en muchos países a raíz de la crisis financiera de 2007 - 2008, los gobiernos habían estado recuperado lentamente la confianza de los jóvenes (OECD, 2020[25]). Aun así, a pesar de las mejoras graduales en la década pasada, antes de la crisis solamente el 46% de las personas de entre 15 y 29 años afirmaban tener confianza en los gobiernos nacionales en la OCDE, aunque hay una gran variación entre países (Gallup, 2019[14]).

 

Figura 3. La confianza en el gobierno nacional por grupo de edad, 2020

Fuente: Gallup World Poll, 2020.

Desde el inicio de la pandemia, la confianza de los ciudadanos en el gobierno y en la capacidad de éste para manejar y recuperarse de la crisis ha sido volátil. Tras el aumento inicial de los niveles de confianza en la fase temprana de la pandemia, la mayoría de los países de la OCDE han visto un declive en su transcurso (Brezzi et al., 2021[29]). De acuerdo con la encuesta mundial de Gallup, en 2020, el 51% de las personas en los países de la OCDE confiaban en su gobierno, un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación con 2019 (Figura 3) (OECD, 2021[26]). Sin embargo, en 2021, el 48%10 de las personas de los países de la OCDE confiaban en su gobierno, un descenso de 3 puntos porcentuales en comparación con 2020 (Gallup, 2021[30]). Si bien es todo un reto monitorear la confianza y los factores que la fomentan o reducen, los estudios señalan tendencias similares para los jóvenes. De acuerdo con un estudio de Eurofound, la confianza en el gobierno entre las personas de 18 a 34 años cayó significativamente entre abril de 2020 y marzo de 2021 en todos los países de la UE (Eurofound, 2021[12]).

Los resultados de la encuesta 2021 OECD Survey on COVID-19 and Youth, reafirman la tendencia a la baja en el último año. Mientras que el 40% de las organizaciones juveniles en países de la OCDE consideraron que la confianza de sus miembros en el gobierno había aumentado en respuesta a cómo la crisis había sido manejada en 2020 (frente al 22% que señala un descenso), esa cifra cayó al 16% de los encuestados en 2021. Asimismo, en 2021, el 38% considera que la confianza de sus miembros en el gobierno ha disminuido desde el brote de la pandemia de COVID-19 (Figura 4).

Esta tendencia es confirmada por la evidencia de los dos veces encuestados. Entre ellos, el porcentaje de organizaciones que reportan una disminución de la confianza aumentó en 21 puntos porcentuales entre abril de 2020 y de julio a agosto de 2021.

 

Figura 4. Las organizaciones juveniles son más propensas a reportar una disminución que un aumento en la confianza de sus miembros en el gobierno desde el estallido del COVID-19

Porcentaje de encuestados que indican cómo ha evolucionado su confianza en el gobierno desde el estallido del COVID-19

Nota: Se les pidió a los encuestados que indicaran los cambios en la confianza en el gobierno entre los miembros de sus organizaciones desde el brote del COVID-19. Las opciones incluidas fueron: a. Aumentó significativamente; b. Aumentó ligeramente; c. Permaneció igual; d. Disminuyó ligeramente; y e. Disminuyó significativamente. Los datos hacen referencia a la proporción de todas las 151 organizaciones juveniles de los países miembros y no miembros de la OCDE que respondieron la encuesta. Las respuestas están separadas entre los encuestados de la OCDE (N=100) y encuestados de fuera de la OCDE (N=51).

Fuente: OECD 2021 Survey on COVID-19 and Youth.

El incremento de los niveles de confianza en el gobierno durante los tiempos de crisis, combinado con la percepción pública de que la nación en su conjunto está amenazada, es conocido como “rally round the flag” (reunirse alrededor de la bandera). Se predice un incremento en la confianza durante las crisis repentinas ya que las personas se unen en torno a slos líderes y las instituciones, y temporalmente prestan menos atención a otros problemas políticos (Brezzi et al., 2021[29]). Este efecto es confirmando por los datos de la encuesta mencionados anteriormente y que han sido discutidos por otros estudios en relación con la pandemia de la COVID-19 (Kritzinger et al., 2021[31]). En 18 de 22 países de la OCDE, el porcentaje de confianza en el gobierno cayó entre abril y mayo, y entre junio y julio del 2020, indicando que este efecto se desvaneció rápidamente (OECD, 2021[26]).

La satisfacción con los servicios públicos es en general baja durante la pandemia

De acuerdo con el marco de trabajo de la OCDE sobre los Factores que Impulsan la Confianza en las Instituciones Públicas [OECD Framework on Drivers of Trust in Public Institutions], la accesibilidad, la capacidad de respuesta y la calidad de los servicios públicos son determinantes para la confianza de los ciudadanos en el gobierno (OECD, 2017[32]). Los resultados de la encuesta muestran que, en general y en varios sectores, los encuestados de las organizaciones juveniles expresan bajos niveles de satisfacción con la forma en que los gobiernos han prestado servicios públicos a los jóvenes durante la crisis de COVID-19.

Las organizaciones juveniles reportan los niveles más bajos de satisfacción con la prestación de servicios deportivos, culturales y de ocio durante la pandemia. De hecho, el 63% de los encuestados en los países de la OCDE expresaron descontento en esta área (véase la Figura 5). La mayoría de los encuestados de la OCDE también expresaron descontento con la prestación de servicios públicos en el ámbito de la educación (60%), la vivienda (56%), y el empleo (56%). Además, el 46% de los encuestados de la OCDE expresan descontento con la prestación de servicios sanitarios durante la pandemia, señalando, por ejemplo, el insuficiente apoyo a la salud mental y su inasequible costeen algunos países (véase la Figura 5).

Los encuestados en países no miembros señalan desafíos similares, pero expresan un mayor descontento con el desempeño del gobierno en el ámbito del empleo (75%), seguido por la vivienda (54%), los deportes, la cultura, el ocio y la educación (53%).

 

Figura 5. Las organizaciones juveniles en los países de la OCDE expresan bajos niveles de satisfacción con los servicios públicos, especialmente en los deportes, la cultura y el ocio, la educación, la vivienda y el empleo

Nota: Se pidió a los encuestados calificar, en una escala del 1 al 5, el grado de satisfacción de los miembros de sus organizaciones con el otorgamiento de servicios públicos para los jóvenes por parte del gobierno desde el estallido de la crisis de COVID-19, en donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho. Las respuestas 1-2 (Muy insatisfecho – Insatisfecho) y 4-5 (Satisfecho - Muy satisfecho) están agrupadas en la figura. Los datos hacen referencia a 78 y 91 (dependiendo la opción de respuesta) organizaciones juveniles en los países de la OCDE de las que se dispone los datos para esta pregunta.

Fuente: OECD 2021 Survey on COVID-19 and Youth.

Estos resultados también destacan la importancia de un enfoque integral en diferentes sectores y ministerios para apoyar a los jóvenes y mitigar los impactos de la crisis. Por ejemplo, diferentes estudios sugieren que la falta de acceso de los jóvenes a actividades deportivas, culturales y de ocio probablemente tenga un impacto negativo en su salud mental (Hagell, 2016[33]; Rodriguez-Bravo, De Juanas and Garcia Castilla, 2020[34]). Identificar los efectos acumulados por la falta de acceso de los jóvenes a ciertos servicios y programas públicos es importante para asegurar que los ministerios y organismos de todo el gobierno coordinen sus intervenciones en el contexto de la recuperación de la crisis del COVID-19 y más allá.

El análisis de los planes de respuesta y recuperación, presentado en la segunda sección de este trabajo, señala brechas significativas y el riesgo de un apoyo fragmentado prestado a los jóvenes. En particular, solo algunos países detallan en sus planes cómo apoyaran a los jóvenes en ámbitos que van más a allá de la educación y el empleo.

Más de la mitad de las organizaciones juveniles aprecian la forma en que los gobiernos han comunicado los riesgos de la pandemia y han recurrido a la evidencia científica

La toma de decisiones basada en la evidencia y la eficaz comunicación pública desempeñan un papel clave para mantener y aumentar la confianza en el gobierno en tiempos de crisis (OECD, 2020[21]). Cuando se les preguntó sobre su satisfacción con la forma en que los gobiernos han reaccionado ante la crisis del COVID-19, más de uno de cada dos encuestados de la OCDE (53%) indican que sus miembros están satisfechos con el uso de evidencia científica por parte del gobierno a la hora de tomar decisiones para mitigar la pandemia. Además, el 54% de las organizaciones juveniles reportan estar satisfechas con el desempeño de los gobiernos a la hora de comunicar sobre el riesgo de la pandemia a sus ciudadanos (Figura 6).

Los resultados difieren de los encuestados provenientes de países no miembros de la OCDE. Mientras que el 66% indica que sus miembros están satisfechos con la forma en que su gobierno comunicó sobre los riesgos de la pandemia, solo el 37% está satisfecho con el uso de evidencia científica en la toma de decisiones.

La sección 2 presenta algunas de las medidas que los países de la OCDE han puesto en marcha para asegurar una toma de decisiones basada en evidencia y una comunicación pública eficaz durante la crisis, así como las lecciones aprendidas que pueden informar sobre los esfuerzos de recuperación y ayudar a los gobiernos a prepararse para futuros desafíos.

 

Figura 6. Las organizaciones juveniles aprecian la forma en que los gobiernos han comunicado los riesgos de la pandemia y han usado la evidencia científica, pero están menos satisfechos con las medidas para salvaguardar la integridad, atender a los grupos vulnerables y garantizar la colaboración

Nota: Se le pidió a los encuestados calificar el grado de satisfacción de los miembros de sus organizaciones con el otorgamiento de los servicios públicos para los jóvenes por parte del gobierno desde el brote de la crisis de COVID-19 en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho. Las respuestas 1-2 (Muy insatisfecho - Insatisfecho) y 4-5 (Satisfecho - Muy satisfecho) están agrupadas en la figura. Los datos hacen referencia a 86 de 92 (dependiendo de la opción de respuesta) organizaciones juveniles de países de la OCDE de las que se dispone los datos para esta pregunta.

Fuente: OECD 2021 Survey on COVID-19 and Youth.

Las organizaciones juveniles consideran que no tienen voz en las medidas de respuesta del gobierno

La recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto [The OECD Recommendation of the Council on Open Government] (OECD, 2017[38]) destaca que la apertura del gobierno es fundamental para fomentar la confianza de los ciudadanos y el logro de resultados políticos más inclusivos. Un estudio reciente concluye que los países europeos que invierten en la apertura del gobierno, por ejemplo, facilitando el acceso a la información de manera proactiva e involucrando a los ciudadanos en la elaboración de políticas, se benefician de un mayor nivel de confianza de los ciudadanos en el sistema público (Schmidthuber, Ingrams and Hilgers, 2021[39]). El estudio también sugiere que la percepción de tener oportunidades significativas de participación política puede traducirse en mayores niveles de confianza. De forma similar, la confianza en el parlamento nacional está positivamente asociada con la participación en las elecciones nacionales, mientras que la sensación de las personas de poder entender y participar en procesos políticos está relacionada positivamente con su participación real (Brezzi et al., 2021[29]).

Solo el 33% de los encuestados de las organizaciones juveniles de países de la OCDE (y el 20% de los encuestados de países no miembros) están satisfechos con la forma en que los gobiernos han colaborado entre las instituciones y con las organizaciones de la sociedad civil para mitigar la crisis (Figura 6). Este resultado coincide con las observaciones de que muchos gobiernos han operado con un nivel inferior de participación de las partes interesadas durante la pandemia, por ejemplo, al adoptar regulaciones de emergencia (OECD, 2021[26]).

La mayoría de los encuestados también considera que su gobierno no ha incorporado la perspectiva de los jóvenes al adoptar medidas de emergencia y decisiones para mitigar la crisis. Entre los encuestados de los países de la OCDE, el 15% considera que su gobierno ha considerado la perspectiva de los jóvenes al adoptar medidas de encierro y confinamiento. El 22% considera que la perspectiva de los jóvenes fue tomada en cuenta en la adquisición de bienes, servicios y obras públicas y el 26% está algo o totalmente de acuerdo con que su perspectiva se vio reflejada en el diseño de planes financieros para mitigar el impacto en el empleo y la pérdida de ingresos. De forma similar, alrededor de 1 de cada 3 encuestados de la OCDE (35%) considera que los gobiernos han incorporado la perspectiva de los jóvenes al priorizar los grupos de edad en las campañas de vacunación (Figura 7).

 

Figura 7. Las organizaciones juveniles consideran que no tienen voz en las medidas de respuesta del gobierno a la pandemia

Nota: Se pidió a las organizaciones encuestadas calificar, en una escala del 1 al 5, en donde 1 es Totalmente en Desacuerdo y 5 es Totalmente de acuerdo, si el gobierno había incorporado las visiones de los jóvenes sobre una serie de medidas. La figura presenta las respuestas agrupadas de 1 a 2 (Totalmente en desacuerdo - Algo en desacuerdo) y de 4 a 5 (Algo de acuerdo - Totalmente de acuerdo), excluyendo a los que respondieron "Ni en desacuerdo ni de acuerdo". Los datos hacen referencia a 85 de 93 (dependiendo de la opción de respuesta) organizaciones juveniles de los países miembros de la OCDE de las que se dispone de datos para esta pregunta. Los resultados se han redondeado al decimal más cercano.

Fuente: OECD 2021 Survey on COVID-19 and Youth.

Mientras que algunos servicios de infraestructura han sido interrumpidos con la finalidad de parar la propagación del coronavirus (por ejemplo, el transporte aéreo, el ferrocarril y el transporte urbano público), otros servicios públicos e industrias de infraestructura han sido claves para las respuestas de emergencia y recuperación del gobierno, sobre todo la infraestructura sanitaria, la infraestructura digital y las telecomunicaciones (OECD, 2020[40]). En este ámbito, más de la mitad de los encuestados de la OCDE (54%) y de los países no miembros (52%) creen que su gobierno no ha incorporado la perspectiva de los jóvenes a la hora de tomar decisiones.

Estos resultados muestran que, en algunas de las decisiones de mayor impacto tomadas por los gobiernos durante la pandemia, los miembros de las organizaciones juveniles consideran que los jóvenes tuvieron pocas oportunidades de participar de manera significativa en su elaboración.

 Cómo superar la “desconexión”: los jóvenes y la democracia

A los fundamentos de la democracia, como las elecciones libres y abiertas, la separación de poderes, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, se los considera desde hace tiempo como pilares de la buena gobernanza (OECD, 2021[15]). Sin embargo, el Informe de Satisfacción Global con la Democracia [Global Satisfaction with Democracy Report] concluye que la insatisfacción con la democracia ha crecido desde mediados de la década de 1990, y está alcanzando un máximo histórico a nivel mundial, especialmente en las democracias desarrolladas (Foa, 2020[42]).

La insatisfacción con las democracias se manifiesta de diferentes formas, incluyendo la disminución de la afiliación a los partidos, el descenso de la participación electoral, la falta de confianza en las instituciones públicas, así como el aumento del populismo y la creciente polarización (OECD, 2021[15]).

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Cambridge basado en datos de 160 países entre 1973 y 2020, las generaciones más jóvenes se han vuelto más insatisfechas con la democracia no sólo en términos absolutos, sino también en relación con lo que sentían las generaciones anteriores en las mismas etapas de su vida (Foa et al., 2020[13]). El estudio concluye que, mientras que la mayoría de los millennials (definidos como los nacidos entre 1981 y 1996) hoy en día se muestran “insatisfechos” con la manera en que la democracia funciona en sus países, hace una generación los que tenían una edad comparable, estaban bastante satisfechos con el desempeño de la democracia (Foa et al., 2020[13]). En los Estados Unidos, los niveles de insatisfacción con la democracia han aumentado en más de un tercio en solo una generación (Foa, 2020[42]).

Las razones subyacentes detrás del riesgo de “desconexión” entre una parte cada vez mayor de los jóvenes y la democracia están formadas por diversos factores, particularmente el contexto nacional, las percepciones de cómo los gobiernos están sirviendo a los ciudadanos más jóvenes y su capacidad para responder a los desafíos nacionales y globales, (OECD, 2021[15]) así como la creciente brecha intergeneracional en las oportunidades de vida (Foa et al., 2020[13]). Mayores niveles de desempleo juvenil y la desigualdad de la riqueza han dejado que los ciudadanos más jóvenes tengan cada vez más dificultades para iniciar una vida independiente, lo que alimenta la “insatisfacción” con la forma en que las instituciones democráticas proporcionan servicios.

Además, los jóvenes siguen subrepresentados en las instituciones públicas, tienden a participar menos en las elecciones que sus mayores y su porcentaje entre la población votante está disminuyendo como resultado del envejecimiento, lo que contribuye a trasladar aún más el peso político y la influencia a los grupos de mayor edad (OECD, 2021[15]); (OECD, 2021[8]). La percepción que tienen los jóvenes en cuanto a la capacidad de los gobiernos democráticos para hacer frente a la crisis climática podría reflejar dudas sobre la capacidad general de las democracias para manejar desafíos complejos e interconectados que tengan efectos a largo plazo, y para invertir en prioridades a largo plazo por encima de consideraciones a corto plazo. (OECD, 2021[24]).

 

Figura 8. Las organizaciones juveniles son más propensas a reportar una disminución, más que un aumento, en la satisfacción de sus miembros con la democracia desde el brote de COVID-19

Nota: Se le pidió a las organizaciones encuestadas indicar los cambios en su satisfacción en la democracia entre los miembros de sus organizaciones desde el brote de COVID-19. Las opciones dadas fueron: a. Aumentó significativamente; b. Aumentó ligeramente; c. Permaneció igual; d. Disminuyó ligeramente; y e. Disminuyó significativamente. Los datos hacen referencia a todas las 151 organizaciones juveniles de los países miembros y no miembros de la OCDE que respondieron la encuesta. Las respuestas están divididas entre los encuestados de los países miembros de la OCDE (N=100) y los no miembros (N=51).

Fuente: OECD 2021 Survey on COVID-19 and Youth.

La pandemia de COVID-19 corre el riesgo de exacerbar aún más estos desafíos. Alrededor de uno de cada tres encuestados de países de la OCDE (31%) afirma que la satisfacción de sus miembros con la democracia ha disminuido desde el inicio de la crisis del COVID-19, mientras que solo el 15% reporta un aumento (Figure 8). Una encuesta de Eurofound11 señala una tendencia similar. La satisfacción con la democracia en personas de entre 18 y 34 años disminuyó entre julio de 2020 y marzo de 2021 en todos los países de UE (Eurofound, 2021[12]).

Un estudio reciente revela que los individuos que experimentan epidemias durante su transición a la adultez muestran menos confianza en los líderes políticos, los gobiernos y las elecciones, lo cual persiste a lo largo de su vida. Por lo tanto, las secuelas duraderas de la crisis no sólo son preocupantes cuando se consideran las perspectivas de empleo e ingresos de los jóvenes, sino que también en cuanto a su asociación con los procesos e instituciones democráticos a lo largo del ciclo vital (Aksoy, Eichengreen, Saka, 2020[11]).

Cuando se les pregunta sobre por qué ha aumentado la satisfacción de sus miembros con la democracia, los encuestados en los países de la OCDE señalan la importancia de la capacidad de respuesta gubernamental, la toma de decisiones inclusiva y el trato justo a todos los ciudadanos, al igual que la importancia de la responsabilidad, la integridad pública, la transparencia y la comunicación clara. Algunos encuestados mencionaron que la satisfacción con la democracia aumentó ya que sus miembros observaron un aumento en la cohesión social y reconocieron que los gobiernos hicieron esfuerzos para proteger los derechos humanos y civiles. A su vez, los encuestados que reportaron un descenso en la satisfacción con la democracia durante la crisis señalaron su impacto en los derechos humanos y civiles. Algunos encuestados también destacaron que la crisis había demostrado la incapacidad de los gobiernos para abordar los desafíos y cumplir con los ciudadanos, contribuyendo a una visión más pesimista y generando dudas acerca de la coherencia de las medidas gubernamentales. Algunos encuestados también expresaron su preocupación por el aumento de las desigualdades intergeneracionales, la falta de apoyo a los grupos vulnerables y el aumento de la polarización política y social, así como por la falta de transparencia e integridad, la escasez de información fiable, la difusión de noticias falsas y la falta de rendición de cuentas.

 Respuestas estratégicas y recursos de empleo para una recuperación justa, inclusiva y resiliente

La sección 2 presenta el resultado de un ejercicio de evaluación comparativa, el cual analiza 34 planes nacionales de respuesta y recuperación disponibles públicamente en los países de la OCDE.12 Las respuestas sectoriales y subnacionales no están consideradas en este análisis. Para el final de 2021, al menos 34 países de la OCDE habían propuesto planes gubernamentales de respuesta y recuperación para afrontar los complejos efectos económicos, medioambientales y sociales de la pandemia (Tabla 1). En la Unión Europea, por ejemplo, el paquete de estímulo Next Generation EU y el presupuesto a largo plazo de la UE han asignado EUR 2 018 billones para impulsar los esfuerzos de recuperación nacional y ayudar a reconstruir una Europa más ecológica, digital y resiliente (EC, 2021[43]). El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), un instrumento clave del paquete de estímulos, está estructurado alrededor de seis pilares, incluido el Pilar 6 sobre políticas para la siguiente generación, los niños y los jóvenes.13 Hasta la fecha, 21 países de la OCDE dentro de la UE han publicado estrategias gubernamentales guiadas por estos seis pilares centrales.

Otros países de la OCDE, incluidos Islandia, Turquía, el Reino Unido, Corea y Japón han elaborado estrategias nacionales integradas para recuperarse de la crisis del COVID-19. Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega han optado en cambio por adaptar sus presupuestos anuales para ofrecer respuestas estratégicas de recuperación. Aunque cada medida responde a los desafíos únicos a los que se enfrentan los países en sus respectivos contextos nacionales, un análisis comparativo muestra que los temas medioambientales, digitales y económicos son prioridades comunes identificadas por todos los países.

 

Figura 9. La mayoría de los países de la OCDE han incluido medidas específicas dirigidas a los jóvenes en sus planes nacionales de respuesta y recuperación, 2021

Nota: La figura muestra 32 países de la OCDE que han publicado planes de respuesta y recuperación para todo el gobierno a noviembre del 2021. Chile, Estados Unidos, México, Países Bajos y Suiza están excluidos, ya que no se encontraban públicamente documentos comparables disponibles en ese momento.

Fuente: Estimaciones de la OCDE con base en la información disponible en los sitios web de las entidades gubernamentales responsables de realizar los planes nacionales de las medidas de respuesta y recuperación.

La Tabla 1 presenta los resultados de una evaluación de compromisos dirigidos a los jóvenes (de ahora en adelante “compromisos juveniles/con los jóvenes”) en los planes nacionales de respuesta y recuperación de los países de la OCDE en relación con los principios de buena gobernanza, en particular si se basan en evidencias, son participativos, están presupuestados y son intersectoriales, de acuerdo con la metodología del Marco de Evaluación de las Estrategias Nacionales para la Juventud de la OCDE [OECD Assessment Framework of National Youth Strategies] (OECD, 2020[25]).14 El análisis revela que 29 países incluyen compromisos con los jóvenes en sus planes. Asimismo, 27 de los 32 planes comparables incorporan evidencia de los efectos de la pandemia en los jóvenes en al menos uno de los siguientes ámbitos políticos: empleo, educación, atención sanitaria, salud mental, participación en actividades deportivas, artísticas y de ocio, y participación en actividades de voluntariado. 26 planes incluyen compromisos juveniles específicos que cubren ámbitos políticos que van más allá de los sectores de la educación y el empleo para abordar los impactos intersectoriales en áreas como la vivienda, la salud mental, y el sistema de justicia penal. A su vez, solo diez países mencionan explícitamente haber consultado a los jóvenes en la elaboración de los planes de recuperación. En 27 planes de recuperación se asigna un presupuesto específico para implementar los compromisos juveniles.

 Enfoques integrados para apoyar a los jóvenes durante y después de la pandemia

Aunque los gobiernos han concentrado en gran medida sus esfuerzos en las poblaciones más jóvenes para abordar los impactos en el empleo, la capacitación y la educación (OECD, 2021[41]), la mayoría de los planes de respuesta y recuperación también destacan medidas de apoyo para los jóvenes en otros ámbitos políticos incluyendo asistencia sanitaria física y mental, digitalización, servicios sociales, inversiones en infraestructura pública y deportes, cultura y ocio. En línea con hallazgos anteriores de la OCDE (OECD, 2020[25]), los países usan diferentes definiciones para identificar la “juventud” como una población objetivo, lo que a su vez puede explicar variaciones en el tipo de medidas que los gobiernos han puesto en marcha. A pesar de estas diferencias, la naturaleza diversa de los desafíos que experimentaron los jóvenes durante la pandemia (véase la sección 1) exige medidas gubernamentales que impliquen a múltiples sectores y partes interesadas con un enfoque integral y coordinado.

En sus planes nacionales de respuesta y recuperación, los países han expandido las inversiones iniciales de emergencia y han puesto en marcha nuevas medidas de apoyo a los jóvenes en las áreas de empleo, capacitación y educación, entre otros. Por ejemplo, Francia extendió la duración de varios esquemas de ayuda financiera incluidos en el plan Un Joven, Una Solución [Un Jeune, Une Solution] de diciembre de 2021 a junio del 2022. Dentro de este plan se incluye un ayuda financiera para los negocios que ofrezcan puestos de aprendizaje y prácticas (Government of France, 2021[44]). Además, Alemania, Austria, Bélgica, Colombia, Estados Unidos y Chequia han lanzado programas de educación para reincorporar a los jóvenes que han abandonado la escuela y para abordar los retrasos académicos de los alumnos procedentes de entornos vulnerables. Por ejemplo, en Alemania, la iniciativa "COVID-19 Programa de acción para la recuperación de niños y adolescentes para los años 2021 y 2022" apoya a los jóvenes de entornos desfavorecidos a través de actividades de voluntariado, actividades culturales y apoyo psicológico (BMFSFJ, 2021[45]). La evidencia sugiere que reforzar la colaboración entre diferentes agencias gubernamentales, actores externos, servicios y el sector educativo es clave para subsanar las deficiencias de aprendizaje y mejorar los resultados educativos de los alumnos (OECD, 2021[46]).

Los programas de empleo y cualificación en Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Nueva Zelanda, Polonia, Turquía y el Reino Unido, entre otros, se han enfocado en disminuir las barreras de entrada de los jóvenes al mercado laboral, asegurando la retención de los jóvenes trabajadores una vez empleados. Estos planes también han aumentado el financiamiento de oportunidades de aprendizaje permanente y programas de alfabetización digital para equipar a los jóvenes para "el futuro del trabajo".

Para atender las crecientes preocupaciones por los impactos de la pandemia en la salud mental, Australia, Canadá, Finlandia, Eslovaquia y Portugal, han invertido en reforzar las capacidades de recopilación de datos de los sectores gubernamentales relevantes en esta área. El Reino Unido, por ejemplo, anunció que destinaría más de GBP 79 millones a medidas dedicadas a la salud mental de niños y jóvenes (OECD, 2021[41]). Además, la mayoría de los países de la OCDE están lanzando reformas de digitalización en las áreas de educación, empleo y acceso a otros servicios gubernamentales para modernizar los servicios y aumentar la accesibilidad de los jóvenes. De forma similar, casi todos los países incluyen programas para mejorar las habilidades digitales de su población a través de los sistemas educativos nacionales o iniciativas educativas específicas.

Reconociendo que las mujeres jóvenes se han enfrentado a un mayor riesgo de experimentar violencia doméstica y de género durante la pandemia, Australia y Canadá han creado nuevas estrategias para afrontar estos riesgos teniendo en cuenta los efectos del confinamiento y otros impactos relacionados con la pandemia (véase el Recuadro 2 para Canadá).

Adoptar un enfoque integrado será crucial para abordar de manera efectiva las efectos de la crisis en la vida de los jóvenes (OECD, 2020[25]). Finlandia y Canadá, por ejemplo, han ajustado los mecanismos de gobernanza existentes para coordinar la prestación de servicios públicos a los jóvenes de manera más coherente entre los diferentes sectores y ministerios (véase el Recuadro 1 para Finlandia).

 Abordar las necesidades de los jóvenes en circunstancias vulnerables

La pandemia dejó al descubierto desigualdades estructurales que existían desde antes del brote. Está bien documentado que los grupos vulnerables se han visto particularmente afectados por las implicaciones sociales y económicas del COVID-19 (OECD, 2020[18]). Estos efectos han sido mayores para las mujeres jóvenes y los jóvenes en circunstancias vulnerables, incluyendo aquellos provenientes de grupos minoritarios: adolescentes y niños que se enfrentan a mayores riesgos de violencia doméstica, jóvenes migrantes, jóvenes con discapacidad, jóvenes de entornos socioeconómicos bajos, jóvenes desempleados, y jóvenes que no estudian ni están en formación (Nini), entre otros (véase la sección 1).

Los resultados muestran que al menos 24 países de la OCDE han realizado esfuerzos concertados en sus planes de respuesta y recuperación para entender y responder a los desafíos de las y los jóvenes que viven en circunstancias vulnerables. Por ejemplo, Austria, Colombia, Costa Rica, Italia, Nueva Zelanda y Portugal se han comprometido a realizar inversiones estratégicas en los sectores de la educación y el empleo para reducir la brecha entre el acceso de los jóvenes rurales y urbanos a las oportunidades. Costa Rica tiene planeado lanzar programas específicos de inclusión al mercado laboral para implicar a los jóvenes y las mujeres de las zonas rurales más afectados por el COVID-19 (MIDEPLAN, 2021[49]). Canadá ha implicado a mujeres jóvenes en el desarrollo de un Plan de Acción Nacional para Acabar con la Violencia de Género, y ha proporcionado financiación a fondos y fundaciones juveniles para crear cohesión social entre las comunidades de minorías raciales (Government of Canada, 2021[50]). Francia, Bélgica y Estonia, entre otros países, han tratado de integrar a los Nini en el mercado laboral a través de nuevos programas y cursos de formación para desarrollar sus habilidades y animar a los empleadores a contratar a jóvenes (Government of France, 2021[44]; Government of Belgium, 2021[51]). Para abordar las necesidades de los Nini en Estonia, el plan nacional de recuperación del gobierno asigna un presupuesto a los gobiernos locales para el diseño y la implementación de programas de empleo y capacitación adaptados a las necesidades locales (Government of Estonia, 2021[52]). Aumentar el acceso a las herramientas digitales, lanzar programas de educación y empleo y adaptar las soluciones a las necesidades de los jóvenes con discapacidad también son soluciones destacadas en más de 20 planes nacionales de la OCDE. El plan de recuperación francés, por ejemplo, se compromete a apoyar a los empleadores que hayan contratado a personas de todas las edades con discapacidad entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021 con una subvención de hasta EUR 4 000 para integrarlas en su organización (Government of France, 2021[44]).

La evidencia de la encuesta de la OCDE muestra que, a pesar de estas medidas, las organizaciones juveniles están preocupadas porque no sean suficiente. En los países de la OCDE, solo el 39% de los encuestados están satisfechos con la medida en que su gobierno ha prestado apoyo a los grupos vulnerables durante la pandemia. En los países no miembros, sólo alrededor de una cuarta parte de los encuestados (26%) se muestra satisfecha (véase la sección 1). Para afrontar las crecientes desigualdades provocadas por la pandemia y generar la participación de las comunidades de difícil acceso, los gobiernos deben considerar la posibilidad de invertir en medidas específicas, monitorear y evaluar periódicamente su impacto e implicar a los jóvenes de entornos vulnerables y marginados en la planeación y aplicación de las medidas de recuperación.

 Tomar en cuenta a todas las generaciones, presentes y futuras

La preocupación sobre si las medidas de respuesta y recuperación han sido justas para todas las cohortes de edad, así como por la sostenibilidad fiscal a largo plazo del gasto público actual y la carga que puedan tener que soportar las generaciones futuras, han impregnado los debates en los medios de comunicación y la formulación de políticas en todos los países de la OCDE. Desde las campañas de vacunación hasta la priorización de la apertura de escuelas y centros de trabajo, las organizaciones juveniles encuestadas expresaron a menudo su preocupación sobre si se han tenido en cuenta sus necesidades (véase la sección 1). Del mismo modo, aunque existen ejemplos de organizaciones juveniles y comunidades de personas mayores que realizan esfuerzos conjuntos para afrontar la crisis, la pandemia ha contribuido a ampliar las brechas generacionales, tanto por la disminución de las oportunidades de interacción física como por el aumento de las brechas socioeconómicas (Ward, Flesicher and Towers, 2021[57]).

En el camino hacia la recuperación, los países han intentado abordar estas preocupaciones. A nivel de la Unión Europea, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE para la próxima generación (MRR), guiado por el artículo 3 del Reglamento MRR, invita a los países a diseñar "políticas para la próxima generación, los niños y los jóvenes" como uno de sus pilares (EC, 2021[43]). Para garantizar que las consideraciones sobre el bienestar de los jóvenes y las generaciones futuras se integren en todas las áreas de la formulación de políticas, la evidencia de la OCDE apunta a los esfuerzos innovadores emprendidos por algunos países para crear instituciones independientes y usar nuevas herramientas de gobernanza pública reconociendo que las inversiones que se realicen ahora tendrán profundas implicaciones en el futuro (OECD, 2020[25]).

El Programa para el Gobierno Apto para el Futuro [Fit for the Future Programme for Government], adoptado por el Comisionado de Gales de las Generaciones Futuras, es un ejemplo del Reino Unido de cómo puede integrarse el enfoque a largo plazo en toda la administración pública (OECD, 2020[3]). En este programa, el Comisionado propone inversiones de recuperación que consideren las implicaciones a largo plazo y den voz a las generaciones futuras. Algunos ejemplos de estas propuestas incluyen priorizar las inversiones que conduzcan a la descarbonización de los hogares y la creación de empleos verdes, lanzando programas de capacitación para implicar a los más alejados del mercado laboral, aplicar la economía del bienestar en todas las decisiones políticas para alinear el gasto con los objetivos nacionales de bienestar, y crear un Servicio Nacional de la Naturaleza para restaurar el entorno natural de Gales.

Hasta la fecha, 20 países de la OCDE discuten de algún modo el impacto intergeneracional de sus planes de recuperación. Por ejemplo, Alemania incluye en su planeación una evaluación de cómo la participación en el mercado laboral se verá afectada por los cambios demográficos. Entre otras cosas, el plan de recuperación aborda la pérdida de puestos de trabajo entre los jóvenes y el subempleo juvenil; la viabilidad de mantener los niveles actuales de gasto en la prestación de servicios sociales, incluidas las pensiones y el apoyo a los jóvenes; y el impacto que esto puede tener en las futuras comunidades de personas mayores. El plan de recuperación de Austria considera la deuda pública y las cargas medioambientales para las generaciones futuras, los cambios en la movilidad social entre grupos de edad y las prioridades sanitarias (Government of Austria, 2021[58]). Bélgica, Eslovenia, Estonia, Portugal y Chequia anticipan las necesidades de las generaciones futuras en las inversiones en infraestructuras, incluyendo la construcción de ciclovías o viviendas sociales.

La planeación y ejecución de planes de respuesta y recuperación ofrece a los países una oportunidad de adoptar una perspectiva intergeneracional para anticipar los efectos distributivos de las decisiones fiscales (OECD, 2020[25]). Alemania, Bélgica, Canadá, Eslovenia y Nueva Zelanda ya utilizan marcos de medición, aunque en distinta medida. El Marco de Resultados de Género de Canadá [Canada’s Gender Results Framework (GRF)], por ejemplo, evalúa cómo los compromisos de su presupuesto serán relevantes y tendrán un impacto en los diferentes grupos demográficos, incluidos el género y la edad (Government of Canada, 2021[50]). El presupuesto de Nueva Zelanda incluye reformas para lograr el bienestar intergeneracional, centradas en los resultados de la atención sanitaria, que se basan en su Marco de Estándares de Vida (New Zealand Treasury, 2021[59]). A su vez, el Fondo Demográfico Esloveno, busca garantizar una planeación fiscal justa y equilibrada sobre la base de la solidaridad intergeneracional, incluyendo las voces de los ciudadanos más jóvenes y de más edad (Government of Slovenia, 2021[60]).

Además de anticipar y evaluar los efectos específicos de la edad en la elaboración de normas y presupuestos públicos, la diversidad de edades en la vida pública y la toma de decisiones es fundamental para garantizar que las preocupaciones de los diferentes grupos de edad se reflejen en la toma de decisiones. Por ejemplo, Portugal e Italia lanzaron programas para contratar y retener a personal más joven en sus administraciones públicas (véase el Recuadro 8). Letonia y Lituania, por su parte, implican a las comunidades de mayores y a los jóvenes en programas para fomentar la cohesión social y aumentar las habilidades digitales (véase el Recuadro 3).

 Recopilación de evidencia desglosada por edad para la toma de decisiones

La recopilación de datos desglosados por edad sobre los impactos de la crisis de COVID-19 es crucial para garantizar que las medidas de recuperación sean inclusivas y tengan en cuenta el bienestar de los diferentes grupos de edad (OECD, 2020[25]). Esto es importante no solo para abordar las necesidades actuales de la población, sino también para identificar los riesgos futuros y aumentar la capacidad de los gobiernos para anticiparse y responder a las necesidades cambiantes a lo largo del tiempo.

Hasta la fecha, al menos 29 países de la OCDE han recopilado evidencia desglosada sobre el efecto de la crisis en los jóvenes y han realizado un seguimiento de las desigualdades entre personas de la misma edad como parte de sus planes de recuperación. Esta práctica está más arraigada en las políticas de empleo y educación, en las que los jóvenes son el objetivo directo de la acción gubernamental. Para reflejar el impacto intersectorial de la pandemia en los jóvenes, Bélgica, Canadá, Colombia y Francia han considerado un conjunto más amplio de indicadores para medir el bienestar de los jóvenes, incluyendo los efectos sobre la salud mental, el acceso a la vivienda y la probabilidad de estar expuestos a la violencia doméstica (Government of Belgium, 2021[51]; Government of Canada, 2021[50]; Government of France, 2021[44]; CONPES, 2021[63]).

Las evaluaciones de impacto regulatorio ofrecen un enfoque sistemático para incorporar análisis basados en evidencia de los efectos previstos de las nuevas leyes y regulaciones. Dicha evidencia puede ayudar a determinar si un desafío en concreto puede abordarse de forma más eficaz y eficiente mediante una nueva legislación o mediante alternativas de intervención no reguladoras, como los programas de sensibilización. Los "chequeos de la juventud" [youth checks] son un ejemplo de evaluaciones de impacto regulatorio que los países pueden aplicar para incorporar las consideraciones de los jóvenes de forma más sistemática en la elaboración de políticas y legislación (Bethke and Wolff, 2020[64]; OECD, 2020[25]). Por ejemplo, Alemania usa los "chequeos de la juventud" para examinar los efectos de los proyectos de ley en los jóvenes para identificar los efectos deseados y no deseados de las legislaciones propuestas (Germany, 2021[65]). En Flandes, Bélgica, por iniciativa del Gobierno Flamenco, todas las propuestas legislativas que tengan un impacto directo en los intereses de los menores de 25 años deben ir acompañadas de un informe de impacto sobre la infancia y la juventud (Desmet, 2021[66]).

Los planes de recuperación de los países con un "chequeo de la juventud" (es decir, Alemania, Austria, Flandes/Bélgica, Francia y Nueva Zelanda) no proporcionan información sobre si se ha aplicado o se aplicará esta herramienta. Sin embargo, el diseño y el seguimiento de las medidas del Presupuesto de 2021 de Canadá se basa en el Marco de Resultados de Género (GRF) del país y el Análisis Basado en Género Plus (GBA Plus) para evaluar las desigualdades sistémicas y el impacto de las políticas en diferentes grupos de población dependiendo de su género, raza, etnia, religión, edad y discapacidad mental o física. La información recopilada a través de este análisis sirvió de base para el diseño y el monitoreo del Presupuesto de 2021 de Canadá y las medidas de recuperación (Government of Canada, 2021[50]). Costa Rica ha monitoreado el desempeño de los jóvenes en educación y empleo en todas sus regiones para abordar los efectos del COVID-19 en las zonas rurales (MIDEPLAN, 2021[49]). El Marco para el Bienestar de la Infancia y la Juventud de Nueva Zelanda proporcionó una lente para identificar reformas en los diferentes sectores gubernamentales para anticiparse a las necesidades de las generaciones actuales y futuras (New Zealand Treasury, 2021[59]).

 Involucrar a los jóvenes en el diseño y la implementación de medidas de respuesta y recuperación

Consultar a los jóvenes e involucrarlos en el diseño de las medidas de respuesta y recuperación puede tener efectos positivos en su desarrollo personal, fomentar la cohesión social y garantizar que las políticas estén bien informadas y sean receptivas (OECD, 2017[38]). Además, cuando los gobiernos se comunican de forma proactiva e involucran a los ciudadanos en el ciclo de política pueden generar la aceptación y el compromiso de los ciudadanos, incluyendo los jóvenes (OECD, 2017[38]). En 2020, numerosos países lanzaron oportunidades de participación digital, incluyendo consultas en línea, para involucrar a los jóvenes en el diseño de medidas de respuesta a la crisis (OECD, 2020[3]). La mayoría de los países de la OCDE (25) ya cuentan con consejos nacionales juveniles, que ayudan a los gobiernos a recopilar información, garantizar amplias consultas y llevar a cabo actividades y programas conjuntos. Además, 17 países de la OCDE tienen consejos consultivos nacionales de la juventud afiliados al gobierno o a ministerios específicos, como en Dinamarca, donde el Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación ha creado un Consejo Juvenil sobre el Clima (OECD, 2020[25]). Sin embargo, la información disponible en los planes de respuesta y recuperación sugiere que solo Estonia ha implicado a su Consejo Nacional Juvenil en la planeación e implementación de las medidas de respuesta y recuperación (Government of Estonia, 2021[52]). Aunque no se menciona explícitamente en sus planes, otros países −Canadá, por ejemplo− también han consultado a los jóvenes en la planificación de los planes nacionales de respuesta y recuperación (Government of Canada, 2021[68]).

Algunos gobiernos han hecho esfuerzos por implicar digitalmente a los ciudadanos mediante respuestas de emergencia innovadoras en las primeras fases de la crisis. Ejemplos de ello son los hackáthones organizados en Alemania, Estonia, Lituania, Polonia y Suiza (OECD, 2020[3]). A pesar de estos esfuerzos, las medidas de contención de la pandemia redujeron el espacio cívico en toda la OCDE. Aunque la mayoría de los países miembros de la Organización relajaron gradualmente las medidas de contención en 2021, la perspectiva de cierres continuos y medidas similares podrían seguir teniendo efecto en las formas en que los ciudadanos ejercerán sus derechos cívicos.

Los resultados de la evaluación de los planes y presupuestos nacionales de respuesta y recuperación muestran que menos de un tercio de todos los países de la OCDE (10) mencionan explícitamente haber consultado a los jóvenes o a las organizaciones juveniles en su elaboración (Tabla 1). A su vez, los resultados de la encuesta de la OCDE presentados en la sección 1 indican que la mayoría de las organizaciones juveniles no considera que se haya tenido en cuenta la visión de los jóvenes en relación con las decisiones sobre medidas de encierro y confinamiento, la priorización de las cohortes de edad en las campañas de vacunación y otras medidas de respuesta y recuperación. Al mismo tiempo, el 72% de los encuestados de los países de la OCDE expresaron su preocupación por el impacto de la crisis en los derechos de los jóvenes (véase la sección 1). El Recuadro 5 presenta ejemplos de gobiernos que involucran a los jóvenes en la planeación de respuestas nacionales de recuperación en Australia, Austria, Lituania, México y la Eslovaquia.

 Asignar los recursos de forma justa y sostenible para todas las generaciones

Desde el inicio de la pandemia, los gobiernos de toda la OCDE han adoptado medidas de política fiscal para apoyar a las empresas, los hogares y el sector sanitario, con varias de estas medidas dirigidas directamente a los jóvenes. 27 países de la OCDE con un plan nacional de recuperación o un presupuesto estratégico proporcionan información sobre la dotación presupuestaria para implementar medidas dirigidas específicamente a los jóvenes. Al menos 20 países de la OCDE se comprometen a aumentar las ayudas a la renta para los jóvenes, incluidos los subsidios a estudiantes, las ayudas a los que buscan empleo y las contribuciones de asistencia social a través de la ampliación de sus criterios de elegibilidad y el aumento de las ayudas monetarias. Se observan tendencias similares en la aportación de subsidios a la contratación, la prestación de programas de capacitación profesional y la prestación de servicios de salud mental para los jóvenes (OECD, 2021[41]). Para garantizar la sostenibilidad del gasto fiscal y una asignación justa de los recursos entre los diferentes grupos sociales, Suecia utiliza BUDGe for Gender Equality, una herramienta de presupuestación con perspectiva de género, para determinar el gasto público en diversos sectores gubernamentales, incluida la prestación de servicios sociales y la educación pública de las mujeres jóvenes (Government of Sweden, 2021[55]). De acuerdo con el análisis realizado con esta herramienta, las políticas de vivienda propuestas como parte del plan de recuperación beneficiarán más a las mujeres jóvenes que a otros grupos (Swedish Ministry of Finance, 2021[71]).

Con el diseño de planes y presupuestos nacionales de respuesta y recuperación, se están introduciendo gradualmente consideraciones intergeneracionales en la planeación y presupuestación fiscal. Por ejemplo, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE (MRR) para la Siguiente Generación insta a los países a adoptar una visión a largo plazo en la gestión de las finanzas públicas, a abordar los desafíos medioambientales y a tener en cuenta el bienestar de los jóvenes y de las generaciones futuras. Para recibir financiación del MRR, los planes de recuperación deben destinar al menos 37% de su presupuesto a medidas de protección del clima y la biodiversidad. Los planes también deben ser congruentes con las recomendaciones específicas para cada país, incorporadas en su respectivo plan de respuesta y recuperación, que a menudo incluyen compromisos con los jóvenes y las generaciones futuras guiados por la Garantía Juvenil de la UE (EC, 2021[72]).

La Recomendación de la OCDE sobre Principios para Instituciones Fiscales Independientes [Recommendation of the Council on Principles for Independent Fiscal Institutions] guía a los países en la incorporación de consideraciones intergeneracionales en los procesos de planeación de políticas a través de la implicación de instituciones financieras independientes (IFI) para analizar la sostenibilidad fiscal de las políticas a través de enfoque diferenciado por edades (OECD, 2014[73]).

 Seguimiento de la implementación de los compromisos específicos de la juventud

A la luz de los importantes recursos que los gobiernos están movilizando en el contexto de sus esfuerzos nacionales de respuesta y recuperación, el escrutinio público es particularmente importante. Los sistemas efectivos de monitoreo y evaluación pueden aumentar la rendición de cuentas y la transparencia, ya que proporcionan información para que los ciudadanos, los medios de comunicación y las instituciones independientes actúen como vigilantes de la acción gubernamental. Para llevar un seguimiento de la implementación de las medidas dirigidas a los jóvenes, la recopilación, el uso y el intercambio de evidencia deben desglosarse por edad y otros factores de identidad que se entrecruzan para rastrear y abordar las desigualdades y sustentar la toma de decisiones (OECD, 2020[74]). Tales esfuerzos deben ir de la mano del establecimiento de acuerdos claros para la recopilación y el intercambio de datos, enfoques colaborativos con las oficinas nacionales de estadística y los ministerios competentes, así como las instituciones de investigación, cuando sea factible, y servir de base para nuevas políticas, programas y medidas relacionadas.

Hasta la fecha, sólo 10 planes y presupuestos de respuesta y recuperación vinculan indicadores de resultados con medidas dirigidas a los jóvenes, la mayoría de las veces en el área de la educación. Costa Rica, por ejemplo, presenta información sobre el número de nuevas escuelas que se crearán por región, el número de estudiantes a los que se dirigirán y las inversiones asignadas por estudiante (MIDEPLAN, 2021[49]). Italia incluye información sobre formación y contratación de profesores, y se compromete a poner en marcha un mecanismo para abordar y monitorear las brechas territoriales en los resultados educativos (Government of Italy, 2021[67]). El plan de Corea incluye indicadores de resultados destinados a garantizar que las escuelas sean medioambientalmente más sostenibles y estén mejor equipadas para enseñar habilidades digitales a los jóvenes (MOEF, 2020[75]). Los planes de Canadá, Eslovenia y Francia incluyen indicadores de objetivos e impactos esperados en cada uno de sus compromisos juveniles e identifican qué organismos gubernamentales y partes interesadas son responsables de su implementación (Government of Canada, 2021[50]; Government of France, 2021[44]; Government of Slovenia, 2021[60]). El plan nacional de recuperación de Alemania también establece un calendario para su finalización, objetivos e indicadores cualitativos para todos sus compromisos, incluyendo aquellos para los jóvenes (Ministry of Finance in Germany, 2021[76]).

 Colaboración con los jóvenes para lograr una recuperación justa, inclusiva y resiliente

En las dos últimas décadas, los gobiernos han colaborado cada vez más con las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en la prestación de servicios públicos con el objetivo de ser más eficaces a la hora de responder a las necesidades de sus electores y abordar desafíos multidimensionales (OECD, 2011[77]). Los resultados muestran que la implicación de la sociedad civil en la prestación de servicios puede conducir a mejores resultados en términos de reducción de los costes de producción, aumento de la satisfacción con los servicios y desarrollo de habilidades sociales y gubernamentales para superar problemas sociales complejos (OECD, 2016[78]). La coproducción, o el acto de involucrar a los ciudadanos en la planeación y logro de proyectos y servicios gubernamentales, también puede ayudar a identificar fallas en los servicios, especialmente cuando se dirigen a grupos minoritarios y comunidades de difícil acceso. Ejemplos de coproducción incluyen programas dirigidos por jóvenes para reincorporar los desertores escolares y programas comunitarios para reducir la reincidencia criminal entre los jóvenes (Singh and White, 2000[79]; OECD, 2011[77]).

Casi todas las organizaciones juveniles encuestadas por la OCDE en julio y agosto de 2021 se implicaron en hacer frente a los efectos de la pandemia. Por ejemplo, la Red de Voluntariado Comunitario contra el Coronavirus (CCV Global), dirigida por jóvenes, desarrolló una infraestructura digital innovadora que ha permitido a las personas acceder a oportunidades de voluntariado en más de 40 países. Usando la geolocalización a través de una aplicación móvil, los voluntarios están conectados con recursos y con personas en circunstancias vulnerables para proporcionarles apoyo. A pesar de estos esfuerzos dirigidos por jóvenes, a finales de 2021, solo ocho países de la OCDE indican en sus planes nacionales de respuesta y recuperación cómo deberá implicarse a los jóvenes en la puesta en marcha de los compromisos que les conciernen. Con mayor frecuencia, los planes contemplan involucrar a los jóvenes y sus organizaciones en la ejecución de campañas de digitalización, la prestación de apoyo a la salud mental y programas de educación y empleo. Dinamarca, por ejemplo, se ha comprometido a asignar fondos para aumentar la capacidad del Consejo Juvenil sobre el Clima conforme a sus compromisos en política climática(Ministry of Finance in Denmark, 2021[80]). Canadá ha aumentado la financiación para que los jóvenes y las organizaciones comunitarias realicen actividades comunitarias de forma autónoma y no como parte de un servicio gubernamental, en un esfuerzo por consolidar la resiliencia y la cohesión (Government of Canada, 2021[50]).

Otra forma de seguir implicando a los jóvenes en los esfuerzos de recuperación de la pandemia es mediante el refuerzo de los programas nacionales de servicio civil y voluntariado juvenil. Los resultados de las primeras etapas de la pandemia indican que los jóvenes voluntarios fueron fundamentales para garantizar la continuidad de las actividades diarias, especialmente para los grupos vulnerables (OECD, 2020[3]).

El informe de la OCDE Gobernanza para la juventud, confianza y justicia intergeneracional: ¿Apto para todas las generaciones? [Governance for Youth, Trust and Intergenerational Justice: Fit for All Generations?] (OECD, 2020[25]) muestra que el 68% de los países de la OCDE ya tienen programas de voluntariado juvenil. Los programas de voluntariado sólidos no solo aumentan la resiliencia de los jóvenes y su implicación cívica (OECD, 2020[25]), sino que también contribuyen a reforzar la resiliencia de las comunidades. Los resultados de un estudio sobre la resiliencia de las comunidades tras los terremotos de 2010 y 2011 en Christchurch, Nueva Zelanda, muestran que las comunidades con una elevada actividad de voluntariado estaban más cohesionadas y se recuperaron más rápidamente que sus contrapartes menos implicadas (Vannier et al., 2021[82]). Sin embargo, los datos disponibles sugieren que solo Italia y Francia incluyen medidas explícitas para apoyar el voluntariado juvenil como parte de sus planes nacionales de recuperación (Government of Italy, 2021[67]; SNU, 2021[83]). Ambos países asignan fondos para aumentar el número de recursos financieros disponibles para los jóvenes voluntarios para mantenerlos movilizados en sus comunidades (Recuadro 7) (OECD, 2020[3]). Además, el ministro de la Juventud italiano y el secretario de Estado para la Juventud francés firmaron recientemente un acuerdo de cooperación bilateral para aumentar la movilidad de los voluntarios que participan en los servicios civiles en los dos países (French Ministry of Education, 2022[84]).

 Lecciones para el largo plazo: Innovaciones institucionales y herramientas de gobernanza para afrontar los desafíos de los jóvenes y las generaciones futuras

La capacidad de los gobiernos para responder a futuras crisis, así como a los cada vez más complejos desafíos sociales, económicos y medioambientales en el camino hacia la recuperación, requerirá una revisión de las estructuras y herramientas de gobernanza existentes. Las reformas de la administración pública de los últimos 20 años han tratado de optimizar la prestación de servicios gubernamentales mediante el aumento de la interconexión de las entidades de gobierno y una mejor respuesta a las diversas necesidades de sus poblaciones (Ingrams, Piotrowski and Berliner, 2020[85]). Al actuar como una prueba de estrés para los gobiernos, la pandemia ha acelerado la innovación en la gobernanza pública en áreas como la prestación de servicios en línea, las relaciones entre el estado y la localidad y la cooperación transfronteriza. En el camino hacia la recuperación, los gobiernos necesitarán seguir adaptando sus marcos de gobernanza con el fin de responder al contexto cambiante de las crisis actuales y futuras.

Algunos países ya han empezado a integrar consideraciones a largo plazo en los ciclos políticos y presupuestarios, a aumentar la financiación para recopilar datos sobre las diversas necesidades de las poblaciones y a establecer medidas para garantizar enfoques intersectoriales y más integrados, respaldados por nuevas o reforzadas capacidades institucionales y financieras (véase el Recuadro 8).

Nueva Zelanda, por ejemplo, estableció una nueva Unidad de Implementación Gubernamental dentro del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete para monitorear la entrega de programas y proyectos bajo su Marco de Estándares de Vida, cubriendo áreas de todos los sectores gubernamentales, incluyendo compromisos para los jóvenes y las futuras generaciones en educación, salud y empleo. (DPMC, 2021[86]). Otros países, incluidos Portugal e Italia, han tratado de introducir nuevas habilidades e innovación a través de programas de empleo que implican y retienen a los jóvenes talentos, buscando rejuvenecer el personal del sector público y facilitar la transmisión de conocimientos entre los funcionarios de más edad y los más jóvenes.

A pesar de los importantes esfuerzos de algunos países para generar formas innovadoras de incorporar las perspectivas de los jóvenes y las consideraciones a largo plazo en la recuperación, se necesitan cambios más sistemáticos e innovación en la administración pública para hacer frente a los desafíos sociales y económicos actuales y futuros. Por ejemplo, las administraciones públicas pueden emplear herramientas de gobernanza, establecer mecanismos institucionales, así como medios técnicos y administrativos para aumentar su capacidad de incorporar una perspectiva intergeneracional en la elaboración de reglas, la presupuestación pública, la contratación pública, la toma de decisiones en decisiones de inversión en infraestructura y la prestación de servicios. Como se destaca en la sección 1, las crecientes preocupaciones de las organizaciones juveniles sobre la salud mental y el bienestar general de los jóvenes apuntan a la necesidad de enfoques más holísticos e intersectoriales que aborden las necesidades de los jóvenes de manera integrada. También existen lagunas en las medidas y herramientas disponibles para que los gobiernos formulen políticas basadas en evidencia y efectúen evaluaciones sistemáticas que consideren las diversas necesidades de sus poblaciones (jóvenes). Dado que la pandemia tuvo efectos desproporcionados en algunos grupos vulnerables con respecto a otros, los gobiernos pueden aprovechar esta oportunidad para idear mecanismos que midan y aborden mejor las desigualdades por razón de edad y otros factores de identidad que se entrecruzan, como el género y el origen socioeconómico.

La pandemia ha presentado un punto de inflexión en la forma en que las administraciones públicas anticipan y se preparan para riesgos futuros. A medida que los gobiernos se enfrentan a desafíos complejos y crisis futuras, incluyendo el cambio climático, nuevas pandemias, el envejecimiento de la población y el auge de la digitalización, la integración de consideraciones sistemáticas sobre el bienestar de las futuras generaciones será clave para implementar una formulación de políticas y una prestación de servicios preparadas para el futuro.