Primeras lecciones de las evaluaciones gubernamentales sobre las repuestas al COVID-19: una síntesis

Dado que las respuestas gubernamentales a la crisis han requerido de la movilización de recursos en prácticamente todos los ámbitos políticos y han implicado una gran variedad de actores en diferentes áreas políticas, la cooperación entre instituciones y organismos gubernamentales ha sido vital para garantizar una respuesta coherente. Los gobiernos establecieron, en los casos necesarios, estructuras y mecanismos para garantizar una respuesta coordinada (casi la mitad de los países de la OCDE establecieron nuevas disposiciones institucionales para gestionar la pandemia (OECD, 2021[3])), y desarrollaron protocolos para determinar las responsabilidades de cada agente en la gestión de la respuesta a la crisis. En general, las estructuras utilizadas por los gobiernos para gestionar la pandemia ilustran la complejidad de este impacto, en el que las autoridades tradicionales de gestión de crisis, como el centro de gobierno, deben lidiar con múltiples partes interesadas con responsabilidades potencialmente traslapadas (OECD, 2020[20]).

• Las instituciones encuestadas destacan la flexibilidad y rapidez mostradas por muchos gobiernos a la hora de activar y establecer mecanismos de gobernanza para facilitar la cooperación interinstitucional en la gestión de la crisis. Estos comités, equipos y grupos de trabajo eran a menudo multidisciplinarios y representaban a varios ministerios, pero pueden haberse centrado en un aspecto de la respuesta a la crisis, como las medidas sanitarias o económicas (French mission to control the quality of the management of the health crisis, 2020[21]) (Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]).

• Además de los mecanismos de gestión de crisis existentes, muchos países crearon estructuras ad hoc que desempeñaban una función de coordinación sobre temas específicos. La multiplicidad de estructuras significaba que podía haber un traslape en el personal que asistía a cada reunión, lo que mejoraba la comunicación entre los diferentes grupos/comités (Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]) (Australian National Audit Office, 2020[22]) (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Canadian Office of the Auditor General, 2021[7]). Por otra parte, este traslape significaba que la división del trabajo y las cadenas de mando no siempre estaban claras para las principales partes implicadas (Australian National Audit Office, 2020[22]).

• En consecuencia, las evaluaciones destacan la importancia de aclarar desde el principio las responsabilidades y mandatos de cada uno de estos grupos de gestión de crisis. Esto incluye dejar claros los procesos de toma de decisiones de estos grupos, así como sus jerarquías relativas (quién tiene la última palabra y quién es responsable de las decisiones) y sus organigramas (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]) (Swiss Federal Chancellery, 2020[11]) (US Government Accountability Office, 2021[23]).

• Varias evaluaciones destacan la necesidad de enviar funcionarios de alto nivel y altos cargos a estos grupos de gestión de crisis, para garantizar que sus ministerios participan en la toma de decisiones (Australian National Audit Office, 2020[24]) (French mission to control the quality of the management of the health crisis, 2020[21]). Las estructuras de gestión de crisis se benefician de un liderazgo fuerte. Contar con un alto nivel de experiencia ayuda a dar más peso a los debates, garantiza una rendición de cuentas más sólida y facilita una toma de decisiones más rápida (Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]).

En Australia, el Ministerio de Industria, Ciencia, Energía y Recursos y el Ministerio de Sanidad cooperaron para gestionar un aumento de las reservas médicas nacionales. Los departamentos utilizaron un enfoque de grupo de trabajo flexible para gestionar la adquisición e implicar a la dirección ejecutiva en la toma de decisiones. Establecieron un proceso para gestionar los conflictos de intereses en ambos departamentos, que la Oficina Nacional de Auditoría australiana consideró adecuado a su finalidad.

El gobierno francés creó una Unidad de Crisis Interministerial en marzo de 2020 para coordinar las acciones de varios ministerios en su respuesta colectiva a la pandemia. A pesar de su naturaleza interministerial, la Unidad fue percibida como si estuviera bajo la tutela del Ministerio del Interior. Como consecuencia de ello, muchos ministerios no participaron en las reuniones de la Unidad u optaron por enviar a colegas "subalternos" que no podían asumir compromisos en nombre de sus ministerios.

La evaluación de la "Misión sobre el control de calidad de la gestión de la crisis sanitaria" recomendó que todos los ministerios participaran con un nivel adecuado de experiencia para permitir una mejor cooperación interinstitucional en el seno de la Unidad Interministerial de Crisis.

En Bélgica, el comité del “Hospital & Transport Surge Capacity” se creó en marzo de 2020. Como grupo de trabajo ad hoc del Grupo de Gestión de Riesgos (GGR), su misión era "supervisar el número y el tipo de pacientes COVID-19 ingresados de gravedad en hospitales [...] y proponer decisiones al GGR sobre la organización de una atención hospitalaria adecuada" (Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]). Como parte de su misión, el comité interactuó intensamente con otros organismos y grupos de trabajo implicados en la gestión de la crisis de COVID-19.

Según la evaluación realizada por el Centro Belga de Conocimientos Sanitarios, varios factores contribuyeron al buen funcionamiento del comité: respeto de las normas de confidencialidad por parte de los participantes, liderazgo sólido, acuerdo sobre lo que se comunicaba y el respeto de estos acuerdos.

La comunicación interna eficaz es un componente clave para el éxito de la cooperación entre organismos. Esto incluye la comunicación entre los agentes que pueden no estar acostumbrados a trabajar juntos durante los periodos normales. Durante la crisis de COVID-19, los organismos gubernamentales tuvieron que trabajar con muchas entidades públicas o cuasi públicas diferentes para construir una respuesta coherente a la pandemia.

• En general, la comunicación entre las agencias nacionales y los agentes se valoró positivamente en el caso de aquellos que tenían experiencia previa en el trabajo en conjunto. No obstante, varias evaluaciones señalaron que esta comunicación a veces se basaba más en las relaciones personales que en los canales de comunicación establecidos (Swiss Federal Chancellery, 2020[11]) (US Government Accountability Office, 2021[9]).

• Sin embargo, los evaluadores informaron que transmitir la información pertinente a tiempo al nivel local o regional y al personal de primera línea fue uno de los principales retos a los que se enfrentaron los gobiernos en su respuesta a la crisis (Swiss Federal Chancellery, 2020[11]) (French mission to control the quality of the management of the health crisis, 2020[21]) (UK National Audit Office, 2020[13]). De hecho, la gestión de la crisis exigió que los gobiernos nacionales se coordinaran con diversos agentes nacionales, regionales y locales que tienen mandatos diferentes y no suelen colaborar. Algunos países, como Francia (French mission to control the quality of the management of the health crisis, 2020[21]), adoptaron un enfoque descentralizado a la hora de transmitir información e instrucciones sanitarias clave a los gobiernos locales y a los agentes sanitarios. El resultado fue la pérdida de información y retrasos considerables. Esta evaluación concreta apunta a la necesidad de simplificar los canales de información y las cadenas de mando en tiempos de crisis haciendo que el gobierno nacional hable directamente con el nivel local. Los datos de la OCDE sugieren que, en general, las formas dinámicas e interactivas de información interna son las más eficaces. De hecho, aunque es importante "difundir información" a través de, por ejemplo, correos electrónicos o sitios web internos, el uso de plataformas digitales tanto tradicionales como nuevas para la comunicación interna, puede dar lugar a una mayor aceptación por parte de las partes interesadas (OECD, 2021[25]).

• Varias evaluaciones destacaron los importantes retos a los que se enfrentaron los gobiernos nacionales a la hora de recopilar datos de los múltiples actores sanitarios implicados en la respuesta a la crisis (agencias nacionales, gobiernos subnacionales, hospitales). Retos como la falta de normas claras y procesos homogéneos para comunicar los datos al gobierno nacional, la variedad de sistemas de tecnología de la información utilizados por estos diferentes actores y el hecho de que las encuestas no reflejaban las realidades sobre el terreno (Swiss Federal Chancellery, 2020[11]; Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]; Canadian Office of the Auditor General, 2021[7]) (US Government Accountability Office, 2021[9]).

• Los informes mostraron el valor de crear normas y procesos de datos junto con los agentes sanitarios locales, para asegurarse de que son comprendidos por todas las partes interesadas pertinentes y adaptados a las realidades operativas. Por ejemplo, la GAO recomendó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos estableciera un comité de expertos formado por profesionales sanitarios y organismos públicos para revisar e informar sobre la recopilación de datos y las normas de notificación de indicadores sanitarios clave (US Government Accountability Office, 2021[9]). Disponer de un punto de contacto claro en la administración nacional para las preguntas sobre normas de datos (por ejemplo, para entender la definición de disponibilidad de camas en la UCI) también se recomendó en varias evaluaciones. Estas conclusiones están de acuerdo con la Recomendación de la OCDE de 2021 sobre la Mejora del Acceso e Intercambio de Datos, que recomienda promover la representación incluyente y la participación de las partes interesadas pertinentes en el ecosistema de datos.

• Los participantes del estudio también hicieron hincapié en la interoperabilidad de los sistemas de las Tecnologías de la Información entre los agentes sanitarios, o entre los agentes de respuesta a crisis de emergencia a nivel nacional y local, como una cuestión importante que debe seguir investigándose (Swiss Federal Chancellery, 2020[11]; French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]). El informe de la Cancillería Federal suiza sobre "Gestión de crisis durante la pandemia COVID-19" mencionaba que dichos sistemas de TI deberían crearse de modo que pudieran utilizarse para la gestión interna y no solo para la elaboración de informes (esto es especialmente importante dadas las limitaciones de tiempo durante las crisis).

La crisis ha puesto a los gobiernos en una situación difícil, en la que tenían que garantizar procesos de toma de decisiones claros, fiables y legítimos, basados en las mejores pruebas disponibles, al tiempo que había muchas "incógnitas desconocidas" y muy poco tiempo para dialogar y recabar la información. Los gobiernos también se enfrentaron a la necesidad de revisar y sintetizar la información procedente de múltiples fuentes, y de utilizarla para complementar las respuestas de los gobiernos a la crisis de COVID-19. En muchos casos, la creación de estructuras ad hoc para recabar asesoramiento científico se consideró el mejor enfoque dado el alto nivel de incertidumbre (OECD, 2020[20]).

• Muchos de los países que respondieron, crearon comités científicos ad hoc para asesorar al gobierno sobre la gestión de la pandemia de COVID-19, en algunos casos, a partir de enero de 2020 (New Zealand Parliament, 2021[26]) (US Government Accountability Office, 2021[9]) (Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]; Swiss Federal Chancellery, 2020[11]). En general, las evaluaciones consideran que este enfoque ha mejorado la toma de decisiones gubernamentales sobre cuestiones complejas. En algunos casos, estos comités también han cubierto una brecha de conocimientos y análisis en las instituciones gubernamentales (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]). Sin embargo, varias evaluaciones señalan que estos comités o grupos científicos tuvieron dificultades para acceder a datos o información (French mission to control the quality of the management of the health crisis, 2020[21]) (New Zealand Parliament, 2021[26]) (US Government Accountability Office, 2021[9]). Por otra parte, antes de la pandemia de COVID-19, los países ya habían reconocido la necesidad de fortalecer sus capacidades nacionales de asesoramiento científico en situaciones de crisis, mediante el desarrollo de mecanismos nacionales para proporcionar asesoramiento científico a los gobiernos en situaciones de emergencia – en particular para la toma de decisiones en crisis complejas y novedosas– (OECD, 2018[27]).

• Diversas evaluaciones también señalan el hecho de que en estos comités faltaba representación del sector o de las organizaciones de la sociedad civil (Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]; Swiss Federal Chancellery, 2020[11]; French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]). La transparencia sobre las bases empíricas y los procesos de toma de decisiones son fundamentales cuando las autoridades se enfrentan a riesgos para la salud caracterizados por una gran incertidumbre, lo que incluye la formalización de procesos de consulta a los comités científicos o de asesoramiento (Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]).

Muchos gobiernos reconocieron rápidamente que una estrategia de comunicación clara y coherente era fundamental para responder a la crisis. La aceptación de las decisiones por parte de la población en general tiene consecuencias directas sobre el cumplimiento de las medidas de mitigación, sobre todo en contextos en los que la falta de información y la desinformación se propagan con rapidez (OECD, 2020[29]). Los gobiernos aumentaron enormemente la frecuencia de su comunicación externa al público y recurrieron a diversos canales para ello, desde conferencias de prensa hasta medios sociales y bases de datos en línea. Una práctica de comunicación de riesgos bien establecida (OECD, 2016[31]) destaca la importancia de comunicar las medidas que cada persona puede adoptar para reducir su propia exposición al riesgo y la de los demás.

• Varias evaluaciones consideraron que la comunicación externa fue lo suficientemente rápida y regular al recurrir a diversos canales de comunicación tanto tradicionales como digitales, y que la mezcla entre los mensajes técnicos y de alto nivel contribuyó especialmente a aumentar la confianza y la aceptación entre la población (Swiss Federal Chancellery, 2020[11]) (US Government Accountability Office, 2021[17]) (Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]). De hecho, los datos de la Encuesta de la OCDE sobre la Comprensión de la Comunicación Pública indican que la mayoría de los países definieron protocolos de comunicación de crisis, lo que puede explicar por qué la comunicación de crisis fue eficaz en muchos países durante la pandemia de COVID-19.

• Algunos gobiernos prestaron especial atención a la producción de material de comunicación en varios idiomas (ya fuera en forma de publicaciones en redes sociales, podcasts o aplicaciones) y a la focalización hacia públicos específicos, como las poblaciones de difícil acceso (US Government Accountability Office, 2020[16]) (US Government Accountability Office, 2021[9]) (Australian National Audit Office, 2020[24]) (Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]). Las evaluaciones destacan que se trata de una buena práctica en medida en que los mensajes sean incluyentes y estén enfocados a cada público para garantizar la eficacia de la comunicación de la crisis.

• Sin embargo, los gobiernos se encontraron con importantes problemas relacionados con la coherencia y claridad de los mensajes relativos a cuestiones sanitarias críticas. El aumento de la frecuencia de la comunicación y los rápidos cambios en la narrativa pueden haber dado lugar a mensajes contradictorios y obstaculizado los esfuerzos de mitigación y recuperación (US Government Accountability Office, 2021[17]) (US Government Accountability Office, 2021[32]) (Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]) (Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]). Por ejemplo, los rápidos cambios en las orientaciones sobre el uso de mascarillas o el uso de EPP hicieron que el personal de primera línea no siempre las cumpliera (UK National Audit Office, 2020[13]) (US Government Accountability Office, 2021[17]) (Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]). Las evaluaciones destacan que una comunicación clara y coherente es esencial durante las emergencias. Algunas de las evaluaciones señalan que los mensajes limitados y específicos pueden ser más eficaces que las grandes estrategias de divulgación (US Government Accountability Office, 2021[32]) (Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]). Esto también se consideró importante para promover la aceptación pública de las vacunas contra la COVID-19 (US Government Accountability Office, 2021[32]). Además, los gobiernos podrían considerar la implementación de formas más colaborativas de comunicación de la crisis, alejándose de un enfoque unidireccional y descendente, y entablando conversaciones con las diversas partes interesadas para conjuntamente construir mensajes y aprender de sus preocupaciones y experiencias.

• Algunas evaluaciones también señalan que los medios de comunicación pudieron haber recibido información científicamente incorrecta del gobierno, lo que creó incertidumbres y pudo haber afectado a la adopción de medidas de mitigación (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]) (Swiss Federal Chancellery, 2020[11]) (US Government Accountability Office, 2021[17]). Este fue el caso de la eficacia de las mascarillas como equipo de protección personal, o de la eficacia de la hidroxicloroquina como tratamiento para los pacientes de COVID-19. Para reducir la confusión y aumentar la confianza en las respuestas de los gobiernos, las evaluaciones destacan la importancia de divulgar los fundamentos científicos de las directrices sanitarias. La guía de la OCDE Good practice principles for public communication responses to mis- and disinformation resalta la importancia de la transparencia y la honestidad en la comunicación (OECD, 2023[33]).

• Varias evaluaciones señalan la utilidad de dar a conocer la información en materia de salud y contagios en un único panel nacional para comunicar la situación actual de la pandemia en distintos ámbitos y mostrar los fundamentos científicos de las respuestas políticas a la crisis (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]) (US Government Accountability Office, 2021[9]).

La pandemia ha afectado a todos los sectores de la sociedad y a todos los niveles de gobierno. En primer lugar, las autoridades subnacionales son responsables de aspectos cruciales de la gestión de la pandemia, como lo son las medidas de contención, la asistencia sanitaria, los servicios sociales y el desarrollo económico (OECD, 2020[34]). Las empresas y las organizaciones de la sociedad civil también apoyaron los esfuerzos nacionales en muchos países –ya fuera repatriando ciudadanos desde el extranjero o distribuyendo equipos de protección personal a los ciudadanos–. Al mismo tiempo, en muchos países las medidas de emergencia han ido acompañadas de una restricción de las libertades y de los derechos cívicos (OECD, 2020[28]). De hecho, al comienzo de la pandemia, 20 de los 38 países de la OCDE declararon el estado de emergencia para otorgar al ejecutivo facultades especiales para prevenir la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos en la sociedad. Para abordar esta serie de cuestiones, los gobiernos han tratado de implicar –con distintos niveles de éxito– a todas las partes interesadas en el diseño y la ejecución eficaces de los programas.

• Varios países encuestados encontraron grandes dificultades para garantizar una respuesta coordinada entre todos los actores del sector sanitario y de la cadena de suministro (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]) (US Government Accountability Office, 2021[17]). De hecho, las estrategias sanitarias como la distribución de vacunas, por ejemplo, implican la cooperación entre los gobiernos nacionales y subnacionales, así como con los profesionales médicos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y/o los medios de comunicación. La falta de claridad en las funciones y responsabilidades puede haber dado lugar a duplicaciones, confusión o brechas en el cumplimiento de estas (Swiss Federal Chancellery, 2020[11]; French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Canadian Office of the Auditor General, 2021[7]).

• Algunas evaluaciones recomiendan establecer estrategias y procesos de respuesta claros para colaborar con estas partes interesadas en las respuestas a la pandemia en el futuro (US Government Accountability Office, 2021[9]) (US Government Accountability Office, 2021[17]) (Canadian Office of the Auditor General, 2021[7]).

• Varias evaluaciones destacan la necesidad de establecer mecanismos para mitigar la pérdida de una rendición de cuentas democrática relacionada con la legislación aprobada por los Parlamentos a los que se les otorgaron facultades extraordinarias (New Zealand Parliament, 2021[26]) (Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]). Estas evaluaciones no cuestionan la necesidad de estas medidas de facultades extraordinarias, pero sugieren aumentar la publicidad de las pruebas subyacentes a las medidas o conceder más tiempo para la evaluación de estas medidas ex post.

• Las evaluaciones también destacan la importancia de implicar a los ciudadanos en la toma de decisiones, incluso en los comités Parlamentarios de control (New Zealand Parliament, 2021[26]) y en los comités de expertos científicos (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]).

Las medidas fiscales fueron una parte importante de los esfuerzos de los gobiernos para apoyar directamente a los hogares y las empresas durante la crisis (OECD, 2020[38]). Estas medidas han adoptado diversas formas en los distintos países, como aplazamientos del pago de impuestos y calendarios más flexibles en la devolución de impuestos, la eliminación de los derechos de importación y los impuestos sobre el valor añadido de los productos médicos, y la mejora de las devoluciones de impuestos y las disposiciones de compensación de pérdidas. Estas medidas buscaban sobre todo apoyar la liquidez de las empresas y los hogares, el empleo y la inversión.

• Varias evaluaciones destacan las dificultades administrativas para implementar los planes fiscales de apoyo. En particular, las evaluaciones mencionan los problemas a los que se enfrentan los países para identificar a los beneficiarios aptos para los planes de ayuda, ya que los datos y registros fiscales utilizados para identificar a las personas y empresas aptas se basaban en ejercicios fiscales anteriores (2019 y años anteriores). Según algunas autoridades de ejecución, limitar los planes solo a los contribuyentes con registros actuales y anteriores era importante para reducir los riesgos de fraude. Sin embargo, esto llevó tanto a la exclusión de beneficiarios potenciales como a la inclusión de personas no aptas en varios países (US Government Accountability Office, 2021[17]; UK National Audit Office, 2020[13]). Además, el uso de registros fiscales para identificar la admisibilidad no parece haber reducido el fraude en los países que llevaron a cabo estas evaluaciones. El cotejo de los registros fiscales con otros datos gubernamentales resultó especialmente importante para evitar pagos indebidos o duplicados (National Audit Office, 2020[39]; New Zealand Controller and Auditor General, 2021[14]; OAG of Canada, 2021[40]).

• Las evaluaciones también mencionan que estas medidas se asociaron a importantes costos presupuestarios. El Comité Conjunto de Impuestos de Estados Unidos estimó que los créditos fiscales establecidos para mitigar el costo de las licencias por enfermedad remuneradas de emergencia, junto con la ampliación de las licencias médicas familiares que ciertos empleadores tenían que proporcionar en virtud de la Ley las Familias Primero en Respuesta al Coronavirus y los créditos fiscales para la retención de empleados para los empleadores en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus de marzo de 2020, supondrían una pérdida de ingresos de alrededor de USD 172 000 millones para los ejercicios fiscales 2020-2030 (US Government Accountability Office, 2020[16]). La Oficina Fiscal Australiana también calculó los ingresos no percibidos por las diversas medidas fiscales bajo su responsabilidad (Australian National Audit Office, 2020[22]).

• Sin embargo, las evaluaciones coinciden en que es demasiado pronto para conocer los verdaderos efectos e impactos presupuestarios de estas medidas, o el costo potencial de la inacción. Por ejemplo, en Estados Unidos, la GAO (Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos) indica que, en el caso de varias medidas fiscales, aún no puede cuantificarse la aceptación por parte de los beneficiarios (US Government Accountability Office, 2021[17]; US Government Accountability Office, 2020[16]). Los evaluadores de Noruega indicaron cierta preocupación por el hecho de que el uso de medidas fiscales a corto plazo pudiera debilitar la base impositiva y afectar a la estabilidad del sistema tributario si estos cambios se convierten en permanentes, si bien reconocieron que es demasiado pronto para ofrecer una evaluación (Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]).

Además del gasto tradicional y el apoyo basado en los impuestos, los paquetes fiscales de emergencia se han sustentado en gran medida en instrumentos de política fiscal no convencionales, como préstamos públicos, garantías e inyecciones de capital. En algunos países, estas medidas constituyeron la mayor parte, en términos nominales, de la respuesta fiscal del gobierno (Moretti, Braëndle and Leroy, 2021[42]). La necesidad de mantener a flote las empresas, especialmente a las PYME, fue la principal preocupación de la mayoría de los países (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; US Office of Management and Budget, 2020[43]; Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; Bank of Italy, 2020[44]). Los gobiernos proporcionaron acceso a liquidez y/o préstamos garantizados para reducir el riesgo de insolvencias. Algunos países también hicieron énfasis en la contribución de estas medidas al fomento al empleo (Bank of Italy, 2020[44]; US Office of Management and Budget, 2020[43]). Estas medidas solían dirigirse a sectores específicos, como la aviación, la agricultura, los municipios o la educación.

• Las evaluaciones destacan la rápida aplicación de las políticas centradas en el balance. En Estados Unidos, la Administración de Pequeñas Empresas puso en marcha el Programa de Protección del Salario de préstamos condonables una semana después de la aprobación de la Ley CARES (US Office of Management and Budget, 2020[43]). En Francia, la Misión Nacional Independiente sobre la evaluación de la gestión de la crisis COVID-19 y sobre la anticipación de los riesgos de pandemia destacó la rapidez con la que se puso en marcha el sistema de garantía de préstamos (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]).

• Esta rapidez puede haberse producido al precio de una focalización eficaz. Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (GAO), por ejemplo, la falta de orientación y la complejidad de la normativa sobre la condonación de préstamos en el marco del Programa de Protección del Salario parecen haber impedido el desembolso de préstamos a algunos beneficiarios necesitados (US Government Accountability Office, 2020[16]). También se aprobaron préstamos por valor de USD 4 millones a pesar de que los prestatarios aún no habían recibido la información esencial sobre la posibilidad de acogerse a la condonación de préstamos.

• Los encuestados destacaron el riesgo y la incertidumbre en torno a los costos presupuestarios a largo plazo de estas medidas. A diferencia de los gastos adicionales o las ayudas basadas en los impuestos, las políticas basadas en el balance tienen un impacto fiscal diferido. No hay salidas de efectivo inmediatas en el caso de las garantías y entradas de efectivo futuras inmediatas en el caso de los préstamos. En Francia, la evaluación destaca el importante riesgo futuro para las finanzas públicas del sistema de garantía de préstamos, citando estimaciones de una tasa de insolvencia de los préstamos garantizados por el Estado del 5% (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]). En Estados Unidos, se consideró difícil calcular el costo del Programa de Protección del Salario debido a la condicionalidad de la condonación de los préstamos y a los cambios en el nivel de condonación de los préstamos (US Government Accountability Office, 2020[16]).

• Las evaluaciones identificaron impactos positivos a corto plazo, como permitir a los empleados volver al trabajo y a las empresas reabrir (US Office of Management and Budget, 2020[43]) o limitar el número de quiebras (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]). Algunas instituciones advierten que estimar el impacto de una medida determinada puede resultar difícil dadas las múltiples formas de apoyo gubernamental (UK National Audit Office, 2020[13]).

Las medidas económicas dirigidas a los hogares tratan de mitigar el impacto de la crisis en los ingresos y el poder adquisitivo. A menudo se dirigen a los grupos vulnerables, que se enfrentan a mayores riesgos de pérdida de ingresos e inseguridad como consecuencia de la crisis. Estas medidas suelen ser temporales y a menudo dependen de los sistemas de bienestar existentes (para su financiación o desembolso), por lo que dependen de la eficacia general de los sistemas.

• Las evaluaciones muestran que los estabilizadores automáticos en forma de sistemas de protección social estándar de los países tuvieron que complementarse con medidas temporales específicas dirigidas a aquellos cuyos ingresos y poder adquisitivo sufrieron en mayor medida las consecuencias de la crisis (Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]).

• Los programas de retención del empleo financiados por el Estado, las transferencias de efectivo, los créditos fiscales, el apoyo a los ingresos de los trabajadores autónomos y la ampliación de la protección de las licencias por enfermedad se consideraron eficaces para limitar las pérdidas de ingresos sufridas por los hogares durante la crisis (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Italian Ministry of Economy and Finance, 2020[46]; Australian National Audit Office, 2020[24]; Belgian National Social Security Institut for Self-employed Workers, 2020[47]; UK Department of Health and Social Care, 2020[48]; National Insurance Institute of Israel, 2020[49]; National Planning Department of Colombia, 2020[50]; US Office of Management and Budget, 2020[43]). En concreto, estas medidas se consideraron en general eficaces para compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores más vulnerables y de los hogares en los que viven, incluidos los trabajadores autónomos, los jóvenes, las familias numerosas y los que viven por debajo del umbral de pobreza; así como para reducir sus riesgos de pobreza y problemas de liquidez (UK Department of Health and Social Care, 2020[48]; Italian Ministry of Economy and Finance, 2020[46]; US Government Accountability Office, 2021[17]; France Stratégie, 2020[51]).

• No obstante, las evaluaciones recomendaron que algunos hogares recibieran más apoyo estatal para sostener sus niveles de consumo (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Italian Ministry of Economy and Finance, 2020[46]; US Government Accountability Office, 2020[18]). En particular en el caso de los hogares socioeconómicamente frágiles antes de la crisis y menos protegidos por el sistema de seguridad social existente (Italian Ministry of Economy and Finance, 2020[46]; France Stratégie, 2020[51]). De hecho, según varias evaluaciones, a veces estas medidas seguían excluyendo a algunos de los grupos más vulnerables de la población (como los jóvenes desempleados, las personas mayores aisladas o las familias monoparentales), ya fuera por su limitado alcance o por la falta de capacidad para identificarlos (France Stratégie, 2020[51]; National Audit Office, 2020[39]). Las evaluaciones recomiendan mejorar el alcance y la fiabilidad de los datos recogidos para identificar a los hogares que pueden acogerse a los regímenes de protección de los ingresos, a fin de evitar excluirlos en el futuro (National Audit Office, 2020[39]; US Government Accountability Office, 2021[17]).

• La falta de recurso a las subvenciones de emergencia fue otro de los problemas señalados por algunos países. Para garantizar que los beneficiarios que reúnen los requisitos acceden efectivamente a la ayuda ofrecida, deberían simplificarse los procedimientos de solicitud y automatizarse más el acceso a los derechos (France Stratégie, 2020[51]; US Government Accountability Office, 2021[9]; Contraloría General de la República, 2020[52]). También se podría aumentar la concienciación mediante mejores esfuerzos de divulgación y comunicación (US Government Accountability Office, 2021[17]; National Audit Office, 2020[39]; Belgian National Social Security Institut for Self-employed Workers, 2020[47]; National Planning Department of Colombia, 2020[50]), que podrían centrarse en el seguimiento y la notificación del número de beneficiarios elegibles a los que se notificó la ayuda existente y que aún no la han solicitado (US Government Accountability Office, 2021[17]; US Government Accountability Office, 2020[18]).

Aunque varios países contaban con estabilizadores automáticos para contener gran parte de la conmoción económica derivada de la pandemia, los gobiernos tuvieron que adoptar también otras medidas, dada la naturaleza repentina, global y la gravedad de la crisis. Varias empresas se enfrentaron a interrupciones de la mano de obra y de la cadena de suministro, cierres obligatorios y otros graves problemas. En todos los países de la OCDE, las empresas se beneficiaron de medidas diversas y a veces traslapadas: planes de permisos y subsidios salariales, aplazamientos fiscales, amortización de activos y mecanismos para compensar los gastos adicionales por licencia laboral o préstamos garantizados. Estas medidas tenían por objeto preservar el empleo y las inversiones, proporcionar seguridad laboral y garantizar la liquidez y la solvencia de las empresas (Demmou et al., 2021[54]; Demmou et al., 2021[55]).

• Aunque, en general, las ayudas se aplicaron con rapidez y oportunamente (French Court of Accounts, 2021[56]; Belgian National Social Security Institut for Self-employed Workers, 2020[47]; US Government Accountability Office, 2021[9]), su eficacia y pertinencia resultaron más limitadas. Las evaluaciones destacan que los gobiernos tuvieron que adaptar los objetivos y modalidades de estos apoyos a menudo para tener en cuenta los cambios en las medidas de restricción o para responder a los fallos iniciales de diseño y dirigirse mejor a los (National Audit Office, 2020[39]; French Court of Accounts, 2021[56]; OAG of Canada, 2021[40]; Australian National Audit Office, 2020[22]; Belgian National Social Security Institut for Self-employed Workers, 2020[47]). Como resultado, algunas evaluaciones mencionan que estos cambios desdibujaron los mensajes sobre la subvencionabilidad de las empresas y, por tanto, disminuyeron la eficacia de las medidas (Belgian National Social Security Institut for Self-employed Workers, 2020[47]; US Government Accountability Office, 2020[16]; New Zealand Controller and Auditor General, 2021[57]) (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; Belgian National Social Security Institut for Self-employed Workers, 2020[47]).

• Los evaluadores consideraron que era demasiado pronto para valorar el impacto total de estos programas (National Audit Office, 2020[39]; US Government Accountability Office, 2020[16]; French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]). Aunque observaron indicios sólidos de que se contuvo el desempleo, las pérdidas de producción y las quiebras empresariales, también sugirieron que los planes de apoyo podrían haber sostenido a empresas no viables (Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; National Audit Office, 2020[39]; OAG of Canada, 2021[40]) o a empresas que no necesitaban ayuda y se aprovecharon de las normas (National Audit Office, 2020[39]; New Zealand Controller and Auditor General, 2021[57]), quizá debido a la rapidez de la aplicación y a la escasa condicionalidad (Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; OAG of Canada, 2021[40]).

• Anticipándose a una serie de insolvencias, algunas evaluaciones también sugirieron adaptar y ajustar las leyes y los procedimientos de quiebra y reestructuración (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]) para facilitar la reorganización de las empresas en dificultades temporales. Por ejemplo, la Misión Nacional Independiente Francesa, sobre la evaluación de la gestión de crisis de COVID-19 y la anticipación de riesgos pandémicos, recomendó que los Ministerios de Finanzas y Justicia estudiaran la trayectoria de las empresas en dificultades para evaluar el impacto de los procedimientos colectivos en las quiebras o supervivencias de empresas y ajustar estos procedimientos respectivamente.

El término "trabajadores autónomos" describe a las personas que trabajan para sí mismas y están registradas como empresa. Este grupo diverso constituye una parte considerable de la población activa en los países de la OCDE (16.6% en los países de la OCDE en promedio en 2019) (OECD, 2020[58]). Dado que este grupo no suele tener derecho al seguro de desempleo, es uno de los más vulnerables financieramente en tiempos de crisis.

• El apoyo a los trabajadores autónomos ha adoptado diversas formas en los distintos países. Algunos países ampliaron sus prestaciones de seguridad social existentes a este colectivo, por ejemplo, dándoles acceso al seguro de desempleo (Office of the Auditor General, Canada, 2021[59]) (US Government Accountability Office, 2020[16]). Otros países ampliaron los sistemas de apoyo existentes para los trabajadores autónomos (Belgian National Social Security Institut for Self-employed Workers, 2020[47]), mientras que otros establecieron nuevos programas o aplazamientos fiscales para compensar la pérdida de ingresos debida a la pandemia o a medidas restrictivas (French mission to control the quality of the management of the health crisis, 2020[21]) (UK National Audit Office, 2020[13]) (Italian Ministry of Economy and Finance, 2020[46]) (Office of the Auditor General, Canada, 2021[59]); (Belgian National Social Security Institut for Self-employed Workers, 2020[47]).

• En general, los sistemas de apoyo al empleo de los trabajadores autónomos se valoraron positivamente, ya que proporcionaban un rápido apoyo a los ingresos de los autónomos con efectos alentadores a corto plazo (UK National Audit Office, 2020[13]) (US Government Accountability Office, 2020[16]) (Office of the Auditor General, Canada, 2021[59]). Sin embargo, varias contribuciones destacan que es demasiado pronto para evaluar los efectos y el impacto a largo plazo. La Oficina Nacional de Auditoría de Reino Unido afirma que el plan sirvió a su país como un enlace eficaz durante las primeras fases de la pandemia para permitir a algunas personas volver al trabajo una vez que se atenuó el confinamiento nacional. Ayudó al 77% de los beneficiarios potenciales y la subvención media estuvo cerca de compensar totalmente a los beneficiarios por los efectos de la pandemia. La entidad de Rentas y Aduanas también puso a disposición su plan de ayuda a los ingresos de los trabajadores autónomos dos semanas antes de lo previsto (UK National Audit Office, 2020[13]).

• Sin embargo, muchas evaluaciones subrayan que la consecuencia del rápido despliegue fue la simplificación de los procedimientos de elegibilidad, lo que pudo haber dado lugar a que algunos trabajadores autónomos quedaran accidentalmente excluidos de estas medidas (UK National Audit Office, 2020[13]) (US Government Accountability Office, 2021[17]) (Office of the Auditor General, Canada, 2021[59]) (New Zealand Controller and Auditor General, 2021[14]). De hecho, varios de los países encuestados utilizaron datos fiscales de ejercicios anteriores para verificar las solicitudes de los distintos grupos de beneficiarios y calcular el importe a pagar (UK National Audit Office, 2020[13]) (US Government Accountability Office, 2021[17]) (New Zealand Controller and Auditor General, 2021[14]). Esto ha excluido a algunos trabajadores autónomos que han abierto recientemente sus negocios y que no habían presentado anteriormente declaraciones fiscales. Esto también significó que se prefirieron los controles pospago a los controles prepago y fue necesario asumir conscientemente un mayor riesgo de pagos erróneos y fraude (Office of the Auditor General, Canada, 2021[59]) (UK National Audit Office, 2020[13]).

• Para minimizar el fraude y llegar a los beneficiarios adecuados, algunos países han adaptado sus medidas en varias ocasiones –introduciendo así una mayor complejidad y minimizando la claridad para el público (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]).

• Algunas evaluaciones concluyen con la necesidad de mejorar el sistema de protección de los trabajadores autónomos para futuros impactos económicos, tanto en términos de solidaridad nacional como de eficiencia económica (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]).

La crisis ha afectado a todos los sectores de la población, pero sus efectos adversos se dejan sentir con más fuerza en los grupos sociales vulnerables, como las personas que viven en la pobreza, los ancianos, las personas sin hogar, los niños y los jóvenes (OECD, 2020[60]).

• Se ha prestado especial atención a la reducción de la pobreza y la desigualdad. En Colombia, Israel e Italia, se considera que las intervenciones gubernamentales han tenido un impacto positivo en las personas más pobres y han mitigado el impacto de la crisis en los índices generales de desigualdad (NPD and IADB, 2021[62]) (National Insurance of Israel, 2020[63]) (MEF, 2020[64]). Sin embargo, varias evaluaciones señalan las dificultades de identificar y proteger a los beneficiarios vulnerables en plazos cortos (Contraloría General de la República, 2020[52]; Cour des Comptes, 2021[65]). En Costa Rica, por ejemplo, algunas personas que cumplían los requisitos para recibir la prestación no recibieron el programa “Bono Proteger”, lo que impidió que tuviera el impacto deseado en los niveles de pobreza (Contraloría General de la República, 2020[52]).

• Varias evaluaciones señalan que evaluar el impacto de la crisis en la pobreza y la desigualdad también podría permitir a los gobiernos identificar brechas en sus sistemas de protección social (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]) (US Government Accountability Office, 2020[18]). Estos resultados también están en sintonía con las recomendaciones del documento político de la OCDE sobre "Juventud y COVID-19", que sugiere que las herramientas para medir los impactos intergeneracionales también podrían permitir a los gobiernos anticipar el impacto de las medidas de respuesta y recuperación en los diferentes grupos de edad y evitar exacerbar las desigualdades intergeneracionales, que se han acentuado por la crisis (OECD, 2020[60]).

• Las políticas destinadas a mitigar las repercusiones sociales de la crisis también prestaron especial atención a los efectos del aprendizaje a distancia y el cierre de escuelas, que emprendieron un gran número de países para reducir la propagación del virus (UK NAO, 2021[66]; Knesset Research and Information Center, 2020[67]; Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; Cour des Comptes, 2021[68]). Garantizar el aprendizaje continuo de los estudiantes supuso un reto especial para los países. Los grupos más vulnerables se vieron especialmente afectados por estas medidas (HM Government, 2020[69]; Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; US Office of Management and Budget, 2020[43]; UK Department of Health and Social Care, 2020[48]; Knesset Research and Information Center, 2020[67]; Cour des Comptes, 2021[68]). En el hogar, por ejemplo, los grupos vulnerables sufrieron tasas más elevadas de contagio y muertes por COVID-19, más despidos temporales en ocupaciones de menor nivel, una pérdida de ingresos relativamente mayor en comparación con la población general y una mayor incidencia de problemas de salud mental. Para los niños desfavorecidos, la escolarización en este entorno se tradujo en más dificultades con los dispositivos y la conectividad y aún más pérdida de contacto con la escuela y los profesores (Thorn, W. and S. Vincent-Lancrin, 2021[61]). En general, el cierre de escuelas también tiene un alto costo en términos de rendimiento de los alumnos, bienestar, salud física y mental, motivación e inserción en el mercado laboral (HM Government, 2020[69]; Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; Cour des Comptes, 2021[68]; UK NAO, 2021[66]). Las pocas evaluaciones disponibles sobre este tema concluyeron que era esencial mantener las escuelas abiertas en la medida de lo posible The few evaluations available on this topic concluded that it was essential to keep schools open as much as possible (Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]; HM Government, 2020[69]; Cour des Comptes, 2021[68]) (GAO, 2020[70]).

Para controlar la propagación del virus, los países de la OCDE introdujeron medidas más o menos estrictas de control del contagio (uso obligatorio de mascarillas protectoras, distanciamiento social, medidas de cuarentena, etc.) y desplegaron estrategias masivas de pruebas y rastreo. Además, se lanzaron campañas de vacunación a partir de finales de 2020 para inmunizar a la población. En estos esfuerzos han participado múltiples actores, tanto públicos como privados. La pandemia no solo tuvo repercusiones en los cuidados intensivos, sino también en la asistencia sanitaria ordinaria, en la medida en que los hospitales se vieron desbordados por el cuidado de pacientes de COVID-19 durante el punto máximo de la pandemia.

• Uno de los principales problemas señalados por las evaluaciones fue la falta o la mala calidad de los datos en tiempo real sobre las camas de las unidades de cuidados intensivos disponibles en los hospitales de algunos países (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]) (Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]). No obstante, estos datos son cruciales para evaluar la capacidad hospitalaria y tomar medidas para aumentar o reducir esta capacidad, para decidir sobre nuevas admisiones de pacientes con COVID-19, crear capacidad adicional o para evaluar la necesidad de transporte interhospitalario. Las evaluaciones señalaron la importancia de desarrollar un inventario de las capacidades de cuidados críticos tanto a nivel nacional como regional, para evaluar las capacidades en tiempos normales y comprender mejor cómo ampliarlas en tiempos de crisis. Las evaluaciones también sugieren trabajar en sistemas informáticos compartidos entre el ministerio de sanidad, las autoridades sanitarias locales y los hospitales para poder reportar en tiempo real (US Government Accountability Office, 2021[9]) (véase también el Recuadro 5).

• Las evaluaciones destacan que los gobiernos nacionales se enfrentaron a importantes retos a la hora de desplegar los esfuerzos de pruebas y rastreo, en particular porque requerían un alto nivel de coordinación con los agentes locales. Como resultado, la detección de brotes a gran escala y el aislamiento posterior de las personas infectadas fue extremadamente difícil (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]). Las evaluaciones recomiendan que los gobiernos establezcan protocolos claros para que las autoridades colaboren en las pruebas y el rastreo, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta ante una pandemia. Las evaluaciones también destacaron la insuficiencia de los controles de las órdenes de cuarentena y autoaislamiento impuestas a las personas infectadas y a los viajeros, dado el incumplimiento de los requisitos de cuarentena y realización de pruebas y la dificultad de los organismos de salud pública para llevar a cabo los controles. Algunas evaluaciones mencionan que una cuarentena a nivel nacional podría ser una solución para mejorar el cumplimiento de estas disposiciones (Canadian Office of the Auditor General, 2021[7]; Holden Expert Group, n.d.[73]).

• Las evaluaciones destacaron que el despliegue de las estrategias de vacunación ha planteado importantes retos logísticos, ya que han requerido el esfuerzo concertado de muchas de las partes interesadas. Las evaluaciones recomiendan una comunicación clara de los planes de vacunación a todas las entidades implicadas para garantizar que disponen de tiempo suficiente para preparar y organizar la distribución (GAO, 2020[70]) (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]).

• Las evaluaciones observan una reducción de las consultas médicas y de las visitas en persona a clínicas y hospitales para los pacientes no afectados por COVID-19, e indican que las comunicaciones en torno a la atención sanitaria habitual no fueron claras en varios países (Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]; Cour des Comptes, 2021[74]). Las consultas médicas en línea no siempre se consideraron una solución eficaz para mantener buenos niveles de atención a los pacientes (State Comptroller of Israel, 2020[75]; Corona Investigative Committee, 2020[76]; Dutch Ministry of Sports and Health, 2020[77]). Las evaluaciones señalaron las posibles consecuencias negativas a largo plazo para los resultados de salud de la población debido a las dificultades para mantener la continuidad de los cuidados, y sugieren una evaluación más exhaustiva de las repercusiones de la pandemia a este aspecto (State Comptroller of Israel, 2020[75]; Corona Investigative Committee, 2020[76]; Dutch Ministry of Sports and Health, 2020[77]).

Las medidas de aislamiento y restricción aplicadas por los países suelen incluir cierres y controles fronterizos, restricciones de viaje, cierre de escuelas, toques de queda y prohibición de reuniones públicas. Los países limitaron la movilidad dentro y fuera de las fronteras para frenar la propagación del virus y disminuir indirectamente los efectos económicos, sociales y sanitarios perjudiciales de la crisis.

• Las evaluaciones mencionan que, en general, los gobiernos actuaron con relativa rapidez para cerrar las fronteras cuando se hizo evidente que la pandemia ya no estaba bajo control, aunque estos resultados pueden depender mucho de cada país. En general, las restricciones fronterizas a los viajes internacionales son beneficiosas a corto plazo para contener la propagación del virus, pero su eficacia disminuye una vez que el virus empieza a propagarse dentro de los (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Canadian Office of the Auditor General, 2021[7]; Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]) (Italian Ministry of Economy and Finance, 2020[46]). Los países intentaron reasignar los recursos allí donde repatriaban a los ciudadanos residentes en el extranjero o, al menos, garantizar que se cubrieran sus necesidades a distancia informándoles con rapidez y regularidad sobre la situación sanitaria y el apoyo existente (US Government Accountability Office, 2021[17]; Cour des Comptes, 2021[79]). Las evaluaciones también muestran que los países de la Unión Europea pudieron cooperar fructíferamente para aplicar estas medidas (Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]).

• Las evaluaciones mencionan, sin embargo, que hubo problemas con el cumplimiento de las medidas de confinamiento, porque a veces eran difíciles de entender o incoherentes para los ciudadanos. Las evaluaciones recomiendan disposiciones más claras y un control más preciso de su aplicación, teniendo en cuenta a los grupos vulnerables que podrían verse desproporcionadamente afectados por tales medidas (Canadian Office of the Auditor General, 2021[7]; UK Department of Health and Social Care, 2020[48]).

• Las restricciones de las visitas en hospitales y residencias para adultos mayores tuvieron un alto costo en términos de salud mental y bienestar tanto de los pacientes como de sus familiares (US Government Accountability Office, 2020[18]; Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]). Por ello, las evaluaciones recomiendan poner en marcha soluciones como la instalación de barreras de cristal y la organización de más reuniones a distancia (US Government Accountability Office, 2020[18]; Belgian Health Care Knowledge Centre, 2020[12]).

• Aunque las medidas restrictivas, como la prohibición de reuniones públicas en restaurantes y lugares culturales y el teletrabajo obligatorio, tenían unos costos económicos, sociales y de bienestar elevados, se valoraron como algo beneficiosas para el medio ambiente, con una reducción de las emisiones de carbono asociada a la disminución de los desplazamientos nacionales e internacionales (Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; US Government Accountability Office, 2021[32]; GOV.UK, 2020[80]; Italian Ministry of Economy and Finance, 2020[46]). Seguir evaluando los costos y beneficios asociados a las medidas restrictivas, como los confinamientos estrictos y los toques de queda, ayudaría a los países a optimizarlas en el futuro (French independent national mission to evaluate the COVID-19 crisis management and on the anticipation of pandemic risks, 2021[10]; Commission "Norway Towards 2025", 2021[41]; Danish Parliamentary Committee on COVID-19, 2021[8]).