Años consecutivos de déficits primarios han conducido a una creciente deuda pública de casi el 50% del PIB, uno de los aumentos más rápidos en América Latina en la última década, y los intentos del gobierno para restablecer la salud fiscal se han visto socavados por la paralización en la Asamblea Legislativa. Aunque para contener el gasto se han promulgado reformas menores, los esfuerzos para frenar la evasión fiscal y aumentar la eficiencia de la administración tributaria son dignos de admiración. Sin embargo, no se ha logrado que los aumentos en los ingresos fiscales igualen los aumentos del gasto obligatorio y como resultado, las calificaciones soberanas de riesgo país han disminuido por debajo del nivel de inversión, y las perspectivas negativas de la deuda de Costa Rica indican que los costos del financiamiento aumentarán. Ante este escenario, el riesgo de una crisis fiscal va en aumento, a medida que las condiciones financieras mundiales también se tornan menos favorables y la estructura de la deuda se ha reorientado hacia una mayor dependencia de las tasas flotantes y los bonos denominados en dólares. La promulgación de un programa de consolidación fiscal de 3 años del 1% del PIB cada año permitirá estabilizar la deuda en los niveles actuales para el año 2032. El actual proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas propone un paquete integral de reforma fiscal, con medidas tanto en los ingresos como en los gastos, así como una regla fiscal, que debe complementarse con medidas adicionales para contener la asignación obligatoria de ingresos con fines específicos. Una reducción de la fragmentación excesiva de las instituciones del sector público permitiría que el Ministerio de Hacienda recupere el control del presupuesto. También existe un margen para reducir el gasto en remuneraciones de los trabajadores del sector público, uno de los rubros de gasto que ha crecido con mayor rapidez y una fuente de desigualdad de ingresos. Se recomienda fortalecer la regla fiscal propuesta, con la adopción de un marco de gastos multianual y la instauración un consejo fiscal, así como modernizar la gestión de la deuda mejorando la comunicación con los mercados y reduciendo el número de valores de referencia. Con el tiempo, la mejora de la eficiencia y la calidad del gasto social, así como la modificación de la estructura impositiva para que no dependa de las contribuciones a la seguridad social, y la ampliación de la base impositiva, permitirían que la política fiscal contribuya de manera más significativa al crecimiento y a la equidad.