La crisis sanitaria y económica sin precedentes a la que se enfrentan los países en desarrollo agravará los problemas de desarrollo existentes. Aunque los gobiernos han empezado a responder, su capacidad es muy limitada. Los gobiernos de la OCDE y la comunidad internacional en general necesitan desbloquear un apoyo ambicioso, para evitar la pérdida de vidas, contener el riesgo de repercusiones e invertir en una recuperación sostenible. La respuesta internacional al COVID-19 debería no tener precedentes en términos de recursos movilizados, alcance y ambición. Esto debería conducir a un nuevo modelo de desarrollo que favorezca la resiliencia y la sostenibilidad.
Los países en desarrollo y la cooperación al desarrollo: ¿qué está en juego?
Medidas políticas clave de la OCDE ante el coronavirus (COVID-19)
Abstract
Los países en desarrollo serán los más afectados por la pandemia de COVID-19. Se enfrentan a una crisis sanitaria y económica sin precedentes, con consecuencias económicas, sociales y de desarrollo sostenible potencialmente extremas que pueden revertir décadas de progreso en materia de desarrollo y poner aún más en peligro los esfuerzos por alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Un aumento significativo de los contagios podría sobrecargar rápidamente los ya débiles sistemas sanitarios.
En muchos países en desarrollo, la pandemia se suma a las crisis alimentarias o de seguridad preexistentes.
Las repercusiones ya se dejan sentir y tendrán consecuencias duraderas, que posiblemente reviertan décadas de progreso en la erradicación de la pobreza: las exportaciones en Asia en desarrollo están cayendo, el crecimiento en África podría reducirse a la mitad y 30 millones más de personas en América Latina podrían caer en la pobreza.
Las medidas de contención en los países en desarrollo afectarán aún más a las empresas y a los hogares y podrían interrumpir las cadenas de suministro, generar una crisis de seguridad alimentaria y provocar una mayor incidencia en la violencia de género.
La crisis agravará los problemas de desarrollo existentes y aunque los gobiernos han comenzado a responder, su capacidad está muy limitada.
Muchos países en desarrollo han tenido que hacer frente a vulnerabilidades estructurales como las persistentes desigualdades sociales y económicas, los conflictos y los desplazamientos forzados, la disminución de la confianza en el gobierno, los efectos del cambio climático y la fragilidad ambiental.
Fundamentalmente, muchos carecen de los recursos necesarios para ampliar las intervenciones sanitarias y del espacio fiscal para aplicar medidas de apoyo y minimizar las alteraciones, como hacen actualmente los países de la OCDE. Además, las medidas de contención pueden ser difíciles de aplicar y tener efectos dominantes en contextos de informalidad generalizada y falta de redes de seguridad para la mayoría de los hogares. Pueden tener efectos desproporcionados para los pobres y los grupos sociales marginados y excluidos.
Los países en desarrollo necesitan urgentemente el apoyo de la comunidad internacional. Están entrando en esta crisis con márgenes de maniobra fiscales más bajos que los que tenían en 2008-2009. El doble de países ha solicitado al FMI ayuda de emergencia a corto plazo que en el período inmediato posterior a la crisis financiera mundial de 2008.
Los gobiernos de la OCDE y la comunidad internacional en general deben desbloquear un apoyo ambicioso a los países en desarrollo, para evitar la pérdida de vidas, contener el riesgo de repercusiones e invertir en su recuperación sostenible.
La respuesta internacional al COVID-19 no debe tener precedentes en términos de recursos movilizados, alcance y ambición. Debe preservar los logros alcanzados con tanto esfuerzo en la reducción de la pobreza, la inclusión social y la gobernanza democrática y permitir una recuperación económica sostenible. Debe conducir a un nuevo modelo de desarrollo que favorezca la resiliencia y la sostenibilidad.
El apoyo inmediato al sector sanitario, a sus trabajadores y a las infraestructuras sociales debe ir acompañado de esfuerzos para reforzar los sistemas sanitarios y ampliar la protección social y cobertura sanitaria. El apoyo a la recuperación económica también es crucial, ya que los gobiernos deben desplegar medidas de apoyo a los ingresos y de estímulo para proteger los puestos de trabajo y las empresas.
La ayuda oficial al desarrollo debe protegerse e incrementarse, en medida de lo posible, al mismo tiempo que se amplía el apoyo a los bienes públicos mundiales.
Debe explorarse el alcance de los esfuerzos coordinados y equitativos de gestión de la deuda y de los recursos concesionales, basándose en la suspensión del pago del servicio de la deuda y de los recursos concesionales, basándose en la suspensión del pago del servicio de la deuda acordada por los ministros de finanzas del G20 el 15 de abril.
Además, es necesario un esfuerzo de inversión mundial para una recuperación verde y globalmente sostenible, en cuyo diseño participen los países desarrollados y en desarrollo.
Un sistema multilateral de apoyo es crucial para que los gobiernos rindan cuentas y se abstengan de tomar medidas que interrumpan los flujos de bienes y servicios; para fomentar respuestas innovadoras y coherentes; y para aumentar la coordinación en contextos de crisis múltiples, como en el Sahel.
Al abordar las repercusiones inmediatas de la COVID-19, es necesario reconocer el papel de las mujeres en la lucha contra la pandemia, así como el mayor riesgo de violencia de género, incluida la explotación, el abuso y el acoso sexual (SEAH, por sus siglas en inglés).
Hay que prestar especial atención desde el principio en garantizar el respeto de la coherencia política. Las políticas de los países de la OCDE deben diseñarse de manera que se eviten las externalidades negativas en los países en desarrollo.
Los países en desarrollo se enfrentan a una crisis sanitaria sin precedentes, con consecuencias económicas, sociales y de desarrollo sostenible potencialmente extremas.
La crisis de COVID-19 supone un reto integral para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en los países en desarrollo. La crisis ha causado una importante pérdida de vidas, ha perturbado los medios de subsistencia y ha socavado el bienestar en todo el mundo. Aunque la enfermedad de COVID-19 no discrimina entre ricos y pobres, sus impactos exacerbarán las desigualdades existentes. Esto significa que los países en desarrollo estarán entre los más afectados y que los choques sanitarios, económicos y sociales de la crisis se sumarán a los problemas de desarrollo ya existentes, como la pobreza extrema, los conflictos violentos, la escasez de alimentos y las emergencias relacionadas con el clima. Además, las primeras pruebas sugieren que los efectos adversos del COVID-19 no solo afectarán con mayor dureza a los países en desarrollo y menos desarrollados, sino que también serán más duraderos.
Los países en desarrollo estarán entre los más afectados por la pandemia, y se verán afectados a través de muchos canales por sus efectos. El alcance exacto de pérdidas humanas dependerá de la capacidad de reducir la propagación de la enfermedad y de la eficacia de los sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios de muchos países en vías de desarrollo han estado crónicamente infrafinanciados, carecen de capacidad y siguen lidiando con los legados de crisis sanitarias anteriores, como el virus del Ébola, la malaria, el VIH y la malnutrición, así como con los retos relacionados con los altos niveles de contaminación atmosférica y la creciente proporción de poblaciones inmunodeficientes. El acceso a equipos de protección personal, medicamentos y equipo médico sigue siendo un reto en muchos países.
Aunque muchos países han adoptado medidas excepcionales para proteger sus fronteras de la propagación del COVID-19, las personas siguen viéndose obligadas a huir de la guerra, los conflictos y la persecución. El 84% de los refugiados viven en países desarrollados y siete de los diez principales países en desarrollo que acogen refugiados se consideran frágiles según el marco de fragilidad de la OCDE (OECD, 2019). En este contexto, la pandemia de COVID-19 tendrá consecuencias drásticas sobre las personas desplazadas por la fuerza. El creciente número de medidas adoptadas por los Estados para impedir el acceso de los no nacionales a su territorio y la atención prestada al control de la propagación del coronavirus (SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19) en el interior de los países suscitan la preocupación de cómo pueden ejercer sus derechos los solicitantes de asilo y los refugiados. Las necesidades humanitarias aumentarán como consecuencia del COVID-19 y el impacto de la crisis es mayor en los más rezagados.
Una crisis sanitaria mundial agravada por una crisis económica y financiera ejercerá una gran presión sobre las economías ya vulnerables y corre el riesgo de revertir los avances en el nivel de vida. Dado que gran parte de la población vive apenas por encima del umbral de la pobreza, la crisis de COVID-19 podría no solo reducir los avances en la erradicación de la pobreza, sino empujar a un gran número de personas de nuevo a la pobreza. Las estimaciones preliminares sugieren que la pobreza mundial podría aumentar en 500 millones de personas, es decir, el 8% de la población total. Sería la primera vez que la pobreza aumenta a nivel mundial en treinta años desde 1990. Además según el Programa Mundial de Alimentos, otros 130 millones de personas podrían enfrentarse a una inseguridad alimentaria aguda como consecuencia del impacto económico del COVID-19 (GNAFC, 2020).
El crecimiento mundial, el comercio internacional, las cadenas de valor mundiales y las actividades de inversión se verán afectados. La combinación de estos factores externos y de las medidas internas necesarias para contener la infección tendrá consecuencias socioeconómicas importantes y duraderas para los países en desarrollo. Se espera que la crisis cueste a las cadenas de valor mundiales unos USD 50 000 millones en exportaciones y provoque una reducción de la inversión extranjera directa (IED) de entre 30 y 40%. Hasta 195 millones de puestos de trabajo en todo el mundo podrían perderse debido a la pandemia. Las remesas también pueden disminuir, ya que los emigrantes ven cómo se reducen sus ingresos en los países de acogida. Los exportadores de materias primas de África y América Latina ya están soportando el peso de la caída de los precios del petróleo y los metales, y las economías del sureste asiático podrían experimentar los peores resultados económicos de los últimos 40 años, ya que se han interrumpido las cadenas de suministro, se ha suspendido el turismo y se ha desplomado la demanda de textiles producidos en la región.
A corto plazo, el impacto que supondrá la pandemia tendrá tres vertientes: en primer lugar, los efectos directos de la enfermedad podrían ser abrumadores en contextos en los que los sistemas sanitarios ya tienen dificultades, como es el caso de varios países africanos, donde el ritmo de los casos registrados esta aumentando rápidamente y puede estar subestimado. En segundo lugar, la aplicación de medidas políticas para mitigar el riesgo para la salud −por ejemplo, el cierre de escuelas o la reducción del trabajo− será más difícil que en las economías avanzadas, pero también más costosa, por ejemplo, en términos de menor nivel educativo y aumento de la pobreza. En tercer lugar, la congelación de los flujos financieros y comerciales afectará directamente a las exportaciones y a la actividad económica. Las economías en desarrollo carecen de margen fiscal para amortiguar el impacto de ambos. Los países que se enfrentan a múltiples crisis, como en el Sahel, serían los más afectados (Recuadro 1).
A mediano y largo plazo, la reconfiguración de la inversión, la producción y el comercio puede tener implicaciones duraderas tanto para los países avanzados como para los países en desarrollo. La pandemia y la respuesta a la crisis pueden provocar cambios importantes en las cadenas de suministro de todo el mundo, con una posible deslocalización de determinadas actividades. Esto podría poner en riesgo las economías de los países en desarrollo que dependen en gran medida de la IED y de las zonas económicas especiales. Estas economías tendrían que tomar medidas para mitigar activamente el impacto de la pandemia y hacer frente a los riesgos de una desindustrialización prematura, reforzando las cadenas de valor regionales y continentales, así como las capacidades industriales nacionales. Se necesitan estrategias para garantizar que la respuesta inmediata a la crisis vaya acompañada de medidas de estímulo para una recuperación sostenible.
Recuadro 1. África y el Sahel: una preocupación particular
El caso de África, en toda su diversidad, es especialmente preocupante. Según la OMS, los sistemas nacionales de salud, con escasos recursos, carecen tanto de los equipos como de los trabajadores sanitarios necesarios para responder a la emergencia de salud pública que se está produciendo. Hogar de los más pobres del mundo (90% en 2030) y de muchos países frágiles, el continente tiene muchos menos médicos, camas de hospital y ventiladores per cápita que cualquier otra región, por no mencionar la profunda desconexión entre las capitales metropolitanas, las aglomeraciones intermedias y las zonas rurales, en cuanto a la distribución de las infraestructuras sanitarias. Los sistemas sanitarios africanos y su capacidad sufrieron graves recortes en el gasto social (sobre todo en los sectores de la educación y la salud) durante los programas de ajuste estructural de la década de 1990. Más recientemente, las epidemias de Ébola también han afectado gravemente al personal sanitario de la República Democrática del Congo, Guinea, Sierra Leona y Liberia.
La situación de salud en África se ve aún más perjudicada por la reducción del margen fiscal. Los bajos ingresos fiscales (OECD, 2020a), tan bajos como el 5.7% en Nigeria, por ejemplo, y el aumento de la deuda pública limitan la capacidad de financiar los gastos corrientes y de capital. Aunque la estructura demográfica, con una edad media de 19 años, podría jugar a favor del continente a la hora de limitar los impactos directos del COVID-19, el gran número de personas cuyo sistema inmunitario está debilitado por enfermedades crónicas de insuficiencia nutricional podría acelerar la propagación de la enfermedad. Además, las deficiencias estructurales de los servicios públicos y las infraestructuras, así como la informalidad generalizada, pueden agravar los efectos de la pandemia. En este contexto, está claro que muchos países africanos no tendrán los medios para prepararse y responder eficazmente a la epidemia que se está desarrollando. Dado que África es el último continente afectado por la ola, y que el número total de casos y muertes notificados supera ya los 25,000 y los 1 000, respectivamente (según las últimas actualizaciones sobre la crisis de COVID-19 de los CDC de África consultadas el 22 de abril de 2020), la región corre ahora el riesgo de quedar "confinada" de facto por el resto del mundo. Las consecuencias humanitarias, sociales, económicas y geopolíticas de tal escenario son inimaginables.
En el Sahel y en África Occidental, el COVID-19 es una nueva sacudida del sistema para los países que ya se enfrentan importantes retos humanitarios y de desarrollo. Entre ellos, la pobreza generalizada, los conflictos y la violencia, la inseguridad alimentaria, los fenómenos meteorológicos extremos, etc. En la actualidad, la región se enfrenta a una crisis alimentaria inminente −se prevé que 17 millones de personas se encuentren en una situación de crisis o peor durante la próxima temporada de escasez de junio-agosto de 2020− y a un aumento de la violencia política, ya que los brotes de violencia en Libia, el Sahel Central y el lago Chad han costado la vida a 92 000 personas desde 2011. Con la atención puesta ahora en el COVID-19, los esfuerzos para contrarrestar las crisis preexistentes corren el riesgo de ser descuidados. Además, las aglomeraciones urbanas muy densas, con pocas posibilidades de distanciamiento social, y el predominio de la economía informal, que depende del contacto cara a cara, plantean retos adicionales en los esfuerzos de lucha contra el virus. Por último, la ayuda humanitaria a las zonas de conflicto y a los campos de refugiados también se está viendo interrumpida, lo que pone de manifiesto la necesidad de modalidades innovadoras para las intervenciones de asistencia con el fin de evitar la propagación del virus, así como la necesidad de corredores humanitarios para llegar a las comunidades vulnerables.
Enfoque en Burkina Faso: Conflicto, desplazamientos y sistemas sanitarios débiles
Las instalaciones e infraestructuras sanitarias se han visto gravemente comprometidas en el Sahel, ya que el conflicto y la inseguridad han alcanzado niveles sin precedentes. En Burkina Faso, por ejemplo, 135 centros de salud están cerrados y 140 funcionan con servicios reducidos debido al incremento de violencia, lo que pone en peligro el acceso de casi 1.6 millones de personas a la atención sanitaria básica. Este contexto de altos niveles de desplazamiento, sistema sanitario debilitado e incremento de violencia podría afectar seriamente a la detección y gestión del virus y a la respuesta global a la crisis.
Cifras clave
135 centros de salud cerrados y 140 que funcionan con servicios reducidos que afectan a 1.6 millones
780 000 personas desplazadas
26 000 refugiados
338 000 alumnos sin escolarizar debido a la inseguridad
2 527 escuelas cerradas
1.2 millones sufren inseguridad alimentaria
2.2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria
Fuente: UNOCHA (2020), Overview of the humanitarian situation in Burkina Faso, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200313_apercu_de_la_situation_humanitaire_bfa_fr.pdf
Un aumento repentino y grande de los casos de COVID-19 puede abrumar al sector sanitario, a sus trabajadores y a la infraestructura social clave. Los sistemas sanitarios de muchos países en desarrollo estaban bajo presión desde antes de la pandemia y no tienen capacidad de reserva. Según la OMS (2019), el 90% de los países de bajos ingresos sufren escasez de personal sanitario. Por ejemplo, los países del África subsahariana tienen una media de 0.2 médicos por cada 1 000 personas, frente a los 2.2 de América Latina y los 3.4 de los países de la OCDE. Además, los países en desarrollo pueden sufrir un acceso inadecuado a los medicamentos y dispositivos médicos. Las medidas de salvaguardia para atender a los mercados nacionales agravan en primer lugar la vulnerabilidad de los países que dependen de las importaciones y tienen una capacidad de fabricación local limitada. África ya se enfrenta a un gran déficit comercial en equipo médico, ya que las importaciones representan el 92% del comercio total de dispositivos médicos en el continente (Figura 1). El papel de las mujeres en esta pandemia es un aspecto clave de la infraestructura sanitaria y social. Las mujeres están en primera línea de respuesta al COVID-19, ya que representan casi el 70% del personal sanitario mundial. Al mismo tiempo, también están asumiendo gran parte de la carga de trabajo no remunerado y se enfrentan a un mayor riesgo de violencia o acoso durante los períodos de cuarentena.
Figura 1. Proporción del comercio de equipo médico por flujo comercial y categoría (%), regiones geográficas seleccionadas, 2016-2018
Nota: Las clasificaciones y categorías de dispositivos médicos se basan en Bamber y Gereffi (2013) y Torsekar (2018).
Fuente: OECD (2020f), Production Transformation Policy Review of the Dominican Republic, OECD Development Pathways, OECD Publishing, París.
La crisis de COVID-19 ha coincidido con la caída de los precios del petróleo y el posterior descenso de los precios de la mayoría de las materias primas, lo que ha afectado a las economías que dependen de la extracción de recursos naturales. A finales de marzo, los precios del petróleo habían caído por debajo de los 30 dólares por barril, lo que supone un descenso de más del 50% desde enero de 2020. El desplome de los precios, provocado por la ruptura de los mecanismos de fijación de precios existentes, se vio agravado por la precipitada caída de la demanda derivada de la pandemia. Los precios del petróleo siguieron bajando en abril y se aventuraron en territorio negativo por primera vez en la historia. La Agencia Internacional de la Energía sugiere que la demanda de petróleo seguirá siendo negativa al menos hasta la segunda mitad de 2020. Esta situación reducirá radicalmente la capacidad de los países productores de petróleo para responder a la pandemia. En los países altamente dependientes del petróleo, las exportaciones representan hasta el 60% o más de los ingresos fiscales −en algunos casos por encima del 90%−.1 Estos ingresos podrían caer hasta 50 u 85% en 2020, en comparación con 2019. Esta estimación parte de un precio del petróleo de 30 dólares por barril; según algunas estimaciones, el precio del petróleo podría caer aún más. Para agravar las restricciones fiscales, varios países exportadores de petróleo tienen niveles de deuda más altos que antes de la crisis financiera de 2008.
Figura 2. Precios mundiales de los principales productos básicos.
2005-2019 (base 100 = año 2005)
Fuente: Banco Mundial, Commodities Price Data, www.worldbank.org/commodities , descargado el 23 de marzo de 2020.
El cierre de las fronteras y las medidas de confinamiento en la mayoría de los países han provocado un colapso de los viajes y el turismo, que afectará a países en desarrollo de todo el mundo . El turismo representa el 10% del PIB mundial, el 7% de las exportaciones mundiales y el 30% de las exportaciones de servicios. Para muchas economías en desarrollo, es una fuente importante de divisas y empleo. La reducción de los viajes y el turismo podría implicar un descenso del 45 al 70% en la economía del turismo internacional en 2020 (OECD, 2020b). Las consecuencias para los países en desarrollo serán grandes, en particular en los pequeños estados insulares en desarrollo, donde el turismo genera entre 30% y 40% del PIB.
Asimismo, los países en desarrollo también podrían verse desfavorecidos por una reducción de las remesas. El dinero enviado a casa por la diáspora es una importante fuente de ingresos y divisas en muchas economías en desarrollo. Las remesas suelen ser más estables que otros flujos financieros y anticíclicas, es decir, aumentan durante las recesiones económicas en el país de origen del emigrante. Pero en la crisis actual puede no ser así: la recesión mundial afecta tanto a los países de origen como a los de destino, y los migrantes ven sus ingresos reducidos por las medidas de confinamiento en las economías avanzadas. Es probable que muchos países de América Latina y el Caribe vean cómo se agotan esos flujos financieros. Por ejemplo, las remesas a República Dominicana −en su mayoría procedentes de Estados Unidos y España− representan el 8% del PIB, el doble que la IED, y es probable que se reduzcan a medida que se desarrolle el COVID-19 (OCDE, 2020f). El Banco Mundial (World Bank, 2020) estima que las remesas podrían disminuir hasta un 20% en 2020 debido a la crisis económica inducida por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento.
Los países en desarrollo son especialmente vulnerables a los vínculos entre las amenazas medioambientales y las enfermedades. Aunque esta pandemia es ante todo una crisis sanitaria y humanitaria con amplias consecuencias económicas y sociales, sus orígenes están vinculados a la degradación del medio ambiente y a la emergencia climática. La creciente frecuencia de los brotes de enfermedades está vinculada al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, y estos factores interrelacionados son los que más afectan a las personas más vulnerables. La sobreexplotación de la naturaleza es un precursor clave de las enfermedades infecciosas emergentes. Muchos países en desarrollo son candidatos a convertirse en focos de enfermedades, y experimentan interacciones rápidamente cambiantes entre las personas, los animales y los ecosistemas que superan los mecanismos de regulación viables. El aumento de la temperatura seguirá provocando la pérdida de biodiversidad, invadiendo aún más los hábitats de la vida silvestre y acercando a las poblaciones animales y humanas. Junto con la degradación de las costas, el aumento de las temperaturas también acelerará la propagación de agentes patógenos de la tierra a los entornos marinos y aumentará la transmisión de enfermedades a los seres humanos y a los animales domésticos y salvajes. Asimismo, las consecuencias económicas del COVID-19 afectarán a muchos sectores basados en los océanos y a los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID); se prevé que el turismo, un sector clave basado en los océanos para muchos países en desarrollo, sea uno de los más afectados a nivel mundial por la pandemia de COVID-19, con grandes repercusiones económicas en los países que dependen en gran medida de él para obtener divisas, empleos e ingresos.
La crisis agravará los problemas de desarrollo existentes. Aunque los gobiernos han empezado a responder, su capacidad está muy limitada
Los gobiernos de los países en vías de desarrollo deben tomar medidas rápidas para contrarrestar la enfermedad y sus consecuencias socioeconómicas, pero los desafíos estructurales preexistentes corren el riesgo de obstaculizar la respuesta a la crisis, tanto a corto como a largo plazo. Los asentamientos informales en las zonas urbanas de los países en desarrollo hacen que las medidas de distanciamiento y confinamiento social sean especialmente difíciles de aplicar. Los altos niveles de informalidad en el mercado laboral dificultan el impacto de los paquetes de protección social y los subsidios para los trabajadores, así como las medidas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas. La respuesta fiscal en los países en desarrollo deberá tener en cuenta su contexto específico y sus capacidades institucionales.
Además, las capacidades institucionales y fiscales varían enormemente entre regiones y países. A nivel macro, los países en desarrollo se enfrentan a un margen fiscal limitado, ya que a menudo dependen de una estrecha base de ingresos públicos y su vulnerabilidad aumenta con la caída de los precios de los productos básicos y la paralización de las cadenas de valor mundiales. A diferencia de la crisis financiera mundial de 2008-2009, muchos países en desarrollo están entrando en esta pandemia sin reservas fiscales o con reservas muy limitadas. El descenso de las exportaciones y del turismo, así como las salidas de capital, están reduciendo los ingresos fiscales y agravando los niveles de deuda soberana, lo que a su vez limita el margen de maniobra. Según el FMI, las salidas de capital de las economías de mercado emergentes alcanzaron los USD 83 000 millones en marzo de 2020. Además, a medida que los inversores se desplazan hacia activos más seguros, las monedas de las economías emergentes y en desarrollo comienzan a depreciarse, en algunos casos hasta un 25%.
Respuestas políticas regionales
Varios gobiernos africanos y socios de desarrollo están tomando medidas para mitigar el impacto económico (OECD, 2020c). La Unión Africana (UA) y sus Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) están liderando la respuesta continental al COVID-19. Convocaron una reunión de los ministros de salud africanos el 22 de febrero de 2020, crearon un Grupo de Trabajo Africano para el Coronavirus (AFCOR), desarrollaron una Estrategia Continental Conjunta para el Brote de COVID-19 y establecieron un Fondo Continental contra el COVID-19 dotado con USD 12.5 millones como financiación inicial para que los Estados miembros de la UA contribuyeran. Se designaron cuatro enviados especiales para movilizar el apoyo económico internacional en la lucha continental contra la COVID-19. La Agencia de Desarrollo de la UA (AUDA-NEPAD) publicó un papel blanco para subrayar el impacto de las muchas "incógnitas conocidas" de la pandemia. Las organizaciones regionales y las entidades subregionales, como la ECOWAS y la UEMOA, están proporcionando planes estratégicos, plataformas de coordinación y comités de vigilancia a sus respectivos estados miembros. La mayoría de los gobiernos africanos han adoptado respuestas de prevención y contención para frenar la propagación del virus. En la mayoría de los casos, estas medidas de prevención y contención suponen un reto en un contexto en el que un tercio de los africanos occidentales no tienen instalaciones para lavarse las manos en casa y hasta el 85.8% de las personas de todo el continente dependen de un trabajo informal que requiere interacciones diarias cara a cara.
Con el fin de movilizar recursos sanitarios y minimizar el impacto social y económico del COVID-19, las instituciones financieras están organizando respuestas asertivas. El Banco Africano de Desarrollo con un Bono Social "Fight COVID-19" de USD 3 000 millones y un Mecanismo de Respuesta de USD 10 000 millones; o el Banco Central de los Estados de África Occidental y el Banco de Desarrollo de África Occidental con disposiciones para que sus economías afronten mejor el brote. Después de que el Primer Ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, alentara a los países del G20 a proporcionar un paquete de financiación de USD 150 000 millones, los ministros de finanzas africanos se coordinaron para pedir un estímulo económico de emergencia inmediato por valor de USD 100 000 millones. Esto incluye la exención de todos los pagos de intereses de la deuda pública y de los bonos soberanos, estimados en USD 44 000 millones para 2020, y la posible ampliación de la exención a medio plazo, lo que proporcionaría un margen fiscal inmediato y liquidez a los gobiernos durante la crisis. Los países están buscando un alivio de la deuda y una financiación de emergencia. Kenia está en conversaciones con el Banco Mundial para un apoyo presupuestario de USD 750 millones y con el FMI para una ayuda de emergencia de USD 350 millones. El FMI aprobó la primera financiación de emergencia de COVID-19 para un país africano, con un desembolso de USD 109.4 millones previsto para ayudar a Ruanda. El 13 de abril de 2020, el FMI aprobó una reducción inmediata de la deuda para 25 países pobres, 11 de los cuales son países de África Occidental, durante los seis meses siguientes para que puedan canalizar más recursos en la lucha contra el COVID-19. Del mismo modo, el Club de París y los ministros de Finanzas del G20 acordaron una suspensión del pago del servicio de la deuda en un plazo determinado para los 76 países de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), más Angola. La mitad de los países beneficiarios están en el continente, incluidos los 17 países del Sahel y de África Occidental.
En América Latina, los países deben tomar medidas urgentes para apoyar no solo a los pobres, sino también a todos las personas, hogares y empresas vulnerables, incluyendo a los desplazados internos. Varios países de la región han anunciado medidas monetarias y fiscales (OECD, 2020d). Por ejemplo, los bancos centrales de Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú han reducido los tipos de interés o han adoptado medidas de liquidez para promover la demanda interna y facilitar los negocios. Sin embargo, el traspaso del tipo de cambio a la inflación significa que estas medidas solo pueden ser temporales y limitadas. Los intermediarios financieros han aplazado el pago de créditos a las empresas y los hogares más vulnerables. En el frente fiscal, la mayoría de los países de la región, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Paraguay y Perú, han anunciado medidas para apoyar a las empresas y los hogares con flujo de caja. Las medidas incluyen el aplazamiento o la reducción temporal de ciertos pagos de impuestos, así como la cancelación temporal de pagos para determinados servicios públicos, la suspensión de las contribuciones a la seguridad social o el apoyo para cubrir parcialmente los costes de las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La mayoría de las economías emergentes de Asia tienen cierto margen para aplicar políticas monetarias y fiscales activas, pero deben hacer frente a las perturbaciones de las cadenas de valor mundiales y a los riesgos para el sector financiero (OECD, 2020e). La mayoría de los países del sudeste asiático han suavizado la orientación de su política monetaria. Algunas autoridades intervinieron varias veces en el espacio de un mes. Se produjeron reducciones de los tipos de interés oficiales en la República Popular China ("China"), Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. Los requisitos de reservas aplicables al sector bancario se redujeron en China, Indonesia y Malasia, mientras que los responsables políticos filipinos decidieron relajar algunas de las normas de regulación e información aplicables a los bancos. Otras medidas incluyen la compra de bonos del Estado (Indonesia), la conversión de los vencimientos de los préstamos (Malasia), la concesión directa de créditos (China), las operaciones de mercado abierto (India e Indonesia), así como la suspensión temporal de los reembolsos de capital e intereses de los préstamos (Malasia). Además, varios países asiáticos presentaron amplios paquetes de estímulo fiscal destinados a apoyar a las empresas y los hogares. Aunque difieren según el país, los paquetes suelen incluir subvenciones financieras, aplazamiento y exención de impuestos, así como aumentos del gasto directo. En general, la composición, el calendario y la orientación de los paquetes de estímulo serán cruciales para lograr el efecto deseado de impulsar el crecimiento. En el Pacífico Sur, los casos de COVID-19 solo han empezado a aumentar recientemente, pero se están multiplicando rápidamente. Además de los riesgos económicos derivados de la reducción del turismo, la combinación global de sistemas sanitarios débiles, la reducción de la movilidad de los trabajadores y de los flujos de remesas, las importantes pérdidas de empleo y el desplome de los precios de los productos básicos agravan las vulnerabilidades existentes. Para muchos países del Pacífico que dependen de las importaciones de alimentos de la región en general, las restricciones comerciales están teniendo efectos importantes.
Los gobiernos de la OCDE y la comunidad internacional en general deben desbloquear un apoyo ambicioso a los países en desarrollo para evitar la pérdida de vidas, contener el riesgo de réplicas e invertir en su recuperación sostenible
Se trata de una crisis de desarrollo mundial sin precedentes. Afecta a la forma en que producimos, consumimos, trabajamos y vivimos y tiene enormes repercusiones en las generaciones presentes y futuras. Afecta a todos los países y personas del mundo, pero no todos están igualmente afectados o preparados. Por ello, la crisis requiere una respuesta global sin precedentes en cuanto a tamaño, alcance y ambición. La comunidad internacional −incluidos los organismos multilaterales y las instituciones financieras internacionales, el grupo de países del G7 y el G20, las organizaciones filantrópicas, el sector privado internacional y las ONG− puede y debe revitalizar la cooperación y adoptar un enfoque multilateral audaz, innovador e inclusivo para movilizar la financiación, la tecnología y los conocimientos técnicos en todo el espectro político para superar la crisis, defender y cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como los objetivos climáticos, y garantizar que nadie se rezague. Es necesario apoyar a los países en desarrollo para que puedan hacer frente a las consecuencias de la pandemia y evitar la erosión de años de progreso en la reducción de la pobreza.
Esta ambiciosa respuesta global debe proporcionar suficiente apoyo y financiación, a través de todas las formas de financiación del desarrollo, no solo para luchar contra la enfermedad y mitigar los impactos a corto plazo, sino también para invertir en una recuperación duradera y sostenible. Los esfuerzos para reducir los costos de la transferencia de remesas, promover la inversión de alta calidad en las regiones en desarrollo, luchar contra los flujos financieros ilícitos, abordar la Erosión de la Base y el Traslado de Beneficios (BEPS) y promover una fiscalidad internacional más justa deben continuar y abordar los nuevos retos asociados a la crisis del COVID-19. En el ámbito de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), los países de la OCDE deben, en la medida de lo posible, proteger e intensificar sus compromisos con los países en desarrollo. A medida que la pandemia evoluciona, la AOD debería utilizarse para responder a las necesidades inmediatas en el ámbito de la salud (Recuadro 2) y más allá, y para reforzar el apoyo del sistema multilateral, en coordinación con los socios nacionales, locales y de la sociedad civil. A mediano y largo plazo, la AOD puede apoyar la movilización de recursos de otros agentes, incluido el sector privado, por ejemplo, mediante la financiación combinada. Los socios del desarrollo deben garantizar un enfoque humanitario-desarrollo-paz coherente y coordinado. Las intervenciones diseñadas específicamente para apoyar la respuesta a la COVID-19 deben seguir los principios de eficacia y las prácticas de intercambio de información. El análisis conjunto, la aplicación y la evaluación de los resultados de las respuestas anteriores y actuales a la pandemia son fundamentales para garantizar los resultados sobre el terreno y los resultados positivos a mediano y largo plazo.
Recuadro 2. Financiación sanitaria en condiciones favorables
La financiación en condiciones favorables para la salud ha evolucionado considerablemente en la última década (Figura 3). A medida que la carga de enfermedad se desplaza de las enfermedades transmisibles a las no transmisibles, los donantes que históricamente se centraban en enfermedades o poblaciones específicas (salud materna, niños, enfermedades transmisibles como el VIH/sida y la tuberculosis) también han aumentado su financiamiento a los sistemas sanitarios en general. El financiamiento para la preparación ante epidemias ha sido un importante ámbito de innovación desde la crisis del Ébola en 2014-2015, pero sigue estando insuficientemente financiada (CEPI, 2017): el Fondo de Contingencia para Emergencias de la OMS, sus Programas de Emergencias Sanitarias y de Preparación de los Sistemas de Salud se enfrentaron a déficits presupuestarios crónicos, mientras que el Fondo de Emergencia para Pandemias del Banco Mundial fue insuficiente para hacer frente a pandemias de escala mundial. Debido a la insuficiente movilización de recursos internos y al apoyo externo, la preparación de los países africanos, evaluada por una serie de índices, es la más baja de todas las regiones. Sin embargo, ha habido algunos avances: la creación del CDC africano, con sede en Addis-Abeba, ha permitido planificar y preparar, así como distribuir equipos clave en la región.
Figura 3. Financiamiento total en condiciones favorables para la salud
USD billion, 2017 prices and exchange rates, gross disbursements
Fuente: OCDE, Distribución de la AOD neta (indicador), doi: 10.1787/2334182b-en (consultado el 6 de abril de 2020).
En general, los presupuestos de la AOD han demostrado ser resilientes frente a la recesión, aumentando en 2009 y 2010 a pesar de la crisis financiera mundial de 2008. Las tendencias del financiamiento oficial para el desarrollo de los países en desarrollo durante las principales pandemias o epidemias (concretamente, el VIH/sida, la gripe porcina H1N1 y el Ébola), muestran que estas inversiones no fueron en detrimento de otras financiaciones sanitarias (Figura 4). Los desembolsos totales para enfermedades infecciosas (incluidas la malaria y la tuberculosis) aumentaron casi un 50% entre 2014 y 2017 durante la crisis del Ébola.
Figura 4. Financiación oficial del desarrollo para la salud: VIH/SIDA, Ébola, H1N1, tuberculosis y malaria
USD commitments, 2017 prices, DAC and multilateral agencies’ outflows
Fuente: Cálculos de los autores basados en la OCDE, Creditor Reporting System (base de datos), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1
Ante esta situación sin precedentes, los líderes del G20 han señalado su voluntad de hacer "lo que sea necesario" para combatir la crisis. Afirmaron que "consolidar la defensa sanitaria de África es clave para la resiliencia de la salud mundial", expresando su preocupación por el impacto en los países en desarrollo y su disposición a movilizar la financiación del desarrollo. Los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales del G20 lanzaron el Plan de Acción del G20 - Apoyar a la economía mundial en la pandemia de COVID-19. El Plan de Acción establece principios y compromisos prácticos que abarcan medidas inmediatas (económicas, financieras y sanitarias), acciones para lograr una recuperación económica mundial sólida y sostenida, y el apoyo internacional a los países necesitados y la preparación para futuras crisis. Incluye una Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda para los países más pobres, con una suspensión de los reembolsos del principal y de los pagos de intereses que durará hasta finales de 2020. La actuación del G20 se ha centrado en las recomendaciones a las instituciones financieras internacionales y a los bancos multilaterales de desarrollo, que han anunciado ayudas de emergencia a los países en desarrollo y han pedido una rápida actuación de los donantes bilaterales para aplazar los pagos de la deuda. La acción internacional podría ampliarse para incluir un enfoque holístico de apoyo internacional que contemple todas las fuentes de financiación, incluidas las del sector privado, que destaque los principios de la cooperación al desarrollo, como la eficacia y la apropiación, y que fomente modalidades como la cooperación sur-sur y triangular.
A principios de abril de 2020, más de 90 países se habían dirigido al FMI para solicitar ayuda de emergencia a corto plazo, el doble que en el período inmediatamente posterior a la crisis financiera mundial de 2008. El FMI está reponiendo el Fondo Fiduciario para la Contención y el Alivio de Catástrofes para ayudar a los países más pobres y está preparado para desplegar toda su capacidad de préstamo de 1 billón de dólares. El Fondo estima que su actual capacidad de préstamo no será suficiente para hacer frente a las demandas de los mercados emergentes y los países en desarrollo, ya que necesitarán al menos USD 2.5 billones en recursos financieros para superar la crisis creada por la pandemia de COVID-19. El Banco Mundial ha aprobado un primer conjunto de operaciones de apoyo de emergencia para los países en desarrollo, utilizando un mecanismo específico y rápido para la respuesta al COVID-19.2 En general, el Grupo del Banco Mundial está preparado para desplegar hasta USD 160 000 millones durante los próximos 15 meses para ayudar a los países a responder a las consecuencias sanitarias inmediatas de la pandemia y reforzar la recuperación económica. En una declaración publicada el 9 de abril, el Comité de Ayuda al Desarrollo se comprometió a "esforzarse por proteger los presupuestos de la AOD y fomentar otros flujos financieros para apoyar a los gobiernos y las comunidades de los países asociados".
La comunidad internacional puede proporcionar un apoyo inestimable a los países en desarrollo para que respondan a la crisis y aborden sus efectos del inmediato y corto plazo al mediano y largo plazo. Actuar conjuntamente en las áreas prioritarias que se exponen a continuación permitirá a los gobiernos de la OCDE, a las economías en desarrollo y emergentes y a la comunidad internacional en general dar un nuevo impulso a la cooperación multilateral, aumentar la resiliencia y no solo volver a encarrilar la economía mundial, sino reconstruir mejores economías y sociedades para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por último, pero no por ello menos importante, todas las políticas y medidas para hacer frente a la crisis deben respetar y defender los derechos humanos, el Estado de Derecho, la igualdad de género, la no discriminación, las condiciones de trabajo decente y los principios humanitarios. Igualmente, no deben adoptar medidas que den lugar a la reducción del espacio cívico.
1. Apoyar al sector sanitario y a sus trabajadores en los países en desarrollo
Necesidades inmediatas
Asistir a los países que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades de financiamiento externo a través de las instituciones financieras internacionales, garantizando que la financiación entregada sea transparente y responsable.
Proporcionar ayuda humanitaria y de emergencia para mejorar el acceso a los suministros médicos, la vestimenta de protección y el agua, y para apoyar a los desplazados y a los asentamientos de refugiados a través de los acuerdos institucionales existentes y en línea con las estrategias regionales, como el plan de respuesta preparado por el CDC de África o los esfuerzos puestos en marcha por la Organización de la Salud de África Occidental (WAHO) para formar a los trabajadores sanitarios y distribuir equipos de protección y medicamentos.
Reforzar la coordinación de la respuesta de paz, humanitaria y de desarrollo para apoyar a los más vulnerables, especialmente en el contexto de crisis múltiples, como en el Sahel.
Compartir las buenas prácticas de comunicación eficaz sobre higiene y salud pública, hacer frente a la desinformación y recopilar los datos pertinentes para luchar contra la pandemia.
Necesidades a corto y mediano plazo
Apoyar la movilización de recursos financieros para los sistemas sanitarios y la ampliación de la cobertura sanitaria y de protección social.
Apoyar el desarrollo de los recursos humanos y hacer frente a las carencias en el sector sanitario, también a través del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud.
Invertir en sistemas de datos sanitarios para seguir la evolución de las pandemias, sus impactos y la eficacia de las respuestas políticas.
Apoyar instituciones inclusivas y responsables que respeten los derechos humanos y apoyen la gobernanza democrática.
2. Apoyar la recuperación social y económica de los países en desarrollo
Necesidades inmediatas
Apoyar a los países en desarrollo para que superen el choque macroeconómico y el posible sobreendeudamiento externo, mediante una estrategia coherente de financiación del desarrollo −desde los flujos oficiales hasta las remesas, los impuestos y la inversión− y la reestructuración y el alivio de la deuda soberana, según proceda.
Mantener y, en medida de lo posible, aumentar los compromisos de financiación para el desarrollo sostenible, incluida la ayuda oficial al desarrollo, así como otras ayudas oficiales y mecanismos como la cooperación Sur-Sur y triangular, para que los gobiernos puedan proporcionar apoyo a los ingresos y otras medidas a los más vulnerables, minimizar el impacto del cierre de escuelas y abordar los riesgos de seguridad alimenticia.
Reconocer el papel de las mujeres en la lucha contra la pandemia y el aumento del riesgo de SEAH, así como las necesidades de los grupos vulnerables, como los ancianos, las personas con discapacidad, las personas que viven con el VIH, los migrantes, los refugiados y los desplazados forzosos; ayudar a proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Garantizar que todas las políticas y medidas adoptadas para hacer frente a la crisis respeten y defiendan los derechos humanos, el Estado de Derecho, la igualdad de género, la no discriminación, las condiciones de trabajo dignas, así como los principios humanitarios; proteger el espacio cívico y evitar el retroceso democrático.
Necesidades a corto y mediano plazo
Garantizar la coherencia política de las medidas adoptadas para luchar contra la crisis, evitando las externalidades negativas sobre los países en desarrollo o abordándolas mediante acciones adecuadas.
Ayudar a los países en desarrollo a preservar las capacidades productivas fundamentales, profundizar en la integración regional y desarrollar cadenas de valor locales y regionales.
Concebir las medidas de estímulo fiscal y de inversión pública como una inversión pública global en la Agenda 2030 y las agendas climáticas, y garantizar que los países en desarrollo formen parte del diseño y se beneficien de una recuperación global sostenible.
3. Mantener un sistema multilateral de apoyo
El éxito dependerá fundamentalmente de un sistema multilateral de apoyo que garantice una gobernanza eficaz de los flujos mundiales, que proporcione bienes públicos mundiales esenciales y que encamine la economía mundial hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya proporcionan una visión y un marco para un mundo más próspero, inclusivo, resiliente y sostenible. El reto ahora es mantener y acelerar los esfuerzos para lograr esta visión. Para ello se requiere:
Reforzar la cooperación multilateral en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La plena aplicación de la Agenda 2030, los objetivos climáticos siguen siendo elementos cruciales para ayudar a equipar mejor al mundo para futuras crisis sistémicas. La atención internacional a la biodiversidad, la conservación de los bosques, la protección y el uso sostenible de los recursos naturales y el cambio climático son fundamentales, dadas las implicaciones zoonóticas y ecológicas de esta crisis.
Mantener un sistema multilateral abierto y basado en normas que garantice un flujo constante de bienes y servicios, incluidos los suministros médicos y los medicamentos para los países en desarrollo, a fin de mantener el acceso y evitar la proliferación de falsificaciones.
Revisar los esfuerzos innovadores para proteger la salud como un bien público mundial y para desarrollar y promover el acceso a las vacunas en los países en desarrollo, como a través del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, GAVI, y la iniciativa UHC2030 y la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial.
Mantener los compromisos respectivos para abordar la migración internacional y el desplazamiento forzado, como el Pacto Mundial sobre Migración y el Pacto Mundial sobre Refugiados, para minimizar el impacto negativo de la crisis en los refugiados, los migrantes y sus familias.
La comunidad internacional, con el apoyo de las organizaciones internacionales pertinentes, podría considerar la posibilidad de convocar una conferencia internacional para los países desarrollados y en desarrollo, y los actores públicos y privados, con el fin de debatir las acciones necesarias para compensar el impacto de la crisis en la pobreza y promover un plan de inversión global para una recuperación verdaderamente sostenible.
Referencias
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Notas
← 1. Este es el caso de países como Irak, Kuwait, Nigeria y la República Bolivariana de Venezuela.
← 2. El primer grupo de proyectos, que asciende a USD 1 900 millones, ayudará a 25 países, y se están llevando a cabo nuevas operaciones en más de 40 países utilizando el proceso acelerado. Además, se reasignarán recursos por valor de hasta USD 1 700 millones para proyectos existentes para apoyar la respuesta a la crisis.