Este capítulo ofrece una descripción general de los impactos de la pandemia de la COVID-19 en la salud, bienestar social y económico en el Perú. En él se constata que la COVID-19 y la cuarentena han exacerbado drásticamente las desigualdades de género, al menos temporalmente. El capítulo comienza analizando los efectos educativos del cierre de escuelas y una revisión de la evolución del mercado laboral. La pandemia ha llevado a muchas mujeres peruanas a dejar de trabajar sin buscar reempleo porque asumieron un trabajo de cuidado adicional. Además de una mayor inactividad en el mercado laboral, la pandemia también provocó una exacerbación del estrés y de los problemas de salud mental y un escalamiento de episodios de violencia contra las mujeres. A continuación, el capítulo revisa las medidas que el Gobierno peruano ha tomado para mitigar estas consecuencias adversas y presenta un conjunto de políticas para implementar continuos esfuerzos gubernamentales con el fin de apoyar a las mujeres, especialmente a las más vulnerables.
Igualdad de género en el Perú
3. Los efectos combinados de la COVID-19
Abstract
Las respuestas políticas para contrarrestar el brote de la pandemia por la COVID-19 han variado considerablemente entre los países de América Latina. Si bien algunos países implementaron medidas de respuesta rápidas y decisivas, otros, en un intento por lograr un equilibrio entre la expansión económica y la salud de los ciudadanos, optaron por acciones más leves. Dentro de un panorama regional tan diverso, el Gobierno del Perú decidió adoptar un enfoque más estricto que implique respuestas lo más rápidas y firmes posibles.
Como resultado de los primeros casos confirmados de la COVID-19 a principios de marzo de 2020, este enfoque se materializó en la introducción de severas restricciones a la movilidad, incluidos los requerimientos de quedarse en casa, aunado a un toque de queda nocturno, una cuarentena estricta y prolongada, la prohibición de reuniones y cierre temporal de fronteras. La implementación de estas medidas requirió el soporte del cierre de escuelas, universidades y lugares de reunión pública. Como resultado de esto, el Perú fue ampliamente reconocido internacionalmente por ser el primer país de América Latina en tomar medidas contra la pandemia. Sin embargo, a pesar de la adopción de medidas tempranas y severas, los efectos de la pandemia en el Perú han sido devastadores. Habiendo alcanzado el hito de las 200,000 muertes, en una población de 34 millones. El Perú se destaca por ser el país con la tasa de mortalidad per cápita por la COVID-19 más alta a nivel mundial.
Esta desproporción tan significativa entre los esfuerzos desplegados y los resultados ha revelado inevitablemente una serie de desafíos económicos y sociales endémicos. Por ejemplo, las dificultades para conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares en un escenario alterado para la educación y los servicios de cuidado, debido a las medidas de distanciamiento social y el cierre de escuelas, llevaron a muchas mujeres peruanas con niños y niñas pequeños a abandonar el mercado laboral. Han provocado estrés y problemas de salud mental y un incremento de los episodios de violencia contra las mujeres. Estos efectos laborales y sociales adversos han sido más fuertes entre las mujeres de los grupos indígenas y las mujeres afrodescendientes.
Este capítulo ofrece una visión detallada de los impactos de la pandemia por la COVID-19 en la salud, bienestar social y económico en el Perú. Evidencia que la COVID-19 y la cuarentena han exacerbado drásticamente las desigualdades de género y analiza las primeras medidas que el Gobierno peruano ha tomado para mitigar estas consecuencias.
Mujeres y COVID-19 en el Perú: Análisis de impactos y desafíos
A casi dos años del brote de la pandemia, el Perú destaca en el contexto internacional como el país con mayor número de muertes a nivel mundial, medido por millón de habitantes (Our World in Data, 2021[1]). Además de estos efectos directos, los efectos indirectos de la pandemia en la población peruana son cada vez más evidentes. En particular, los datos revelan que un alto número de muertes de adultos, hombres y mujeres, se ha traducido en un gran número de niños y niñas que han perdido a sus padres, madres y cuidadores a causa de la COVID-19. De hecho, el Perú ha sufrido una de las tasas más altas del mundo de niñas y niños huérfanos o privados de sus cuidadores principales (Hillis et al., 2021[2]). Los niños, niñas y adolescentes privados de padres, madres o cuidadores están expuestos a mayores riesgos de trastorno de estrés postraumático y depresión. Dadas las circunstancias, estas consecuencias parecen agravarse aún más por las medidas de aislamiento relacionadas con la mitigación y el cierre de escuelas.
Los resultados deficientes de las políticas implementadas han provocado debates académicos para explicar las razones detrás de la amplia brecha observada entre los esfuerzos y los logros. Desde la perspectiva de la salud, las explicaciones más mencionadas incluyen un sector de salud pública fragmentado y abrumado, falta de infraestructura y personal especializado para enfrentar la pandemia, problemas de gobernabilidad y la falta de liderazgo de las autoridades de salud (Schwalb and Seas, 2021[3]). De igual forma, se considera que estos problemas también han contribuido a ralentizar el proceso de vacunación. A mediados de diciembre de 2021, en el Perú, la proporción de personas vacunadas total y parcialmente fue del 58,8% y 69,4%, respectivamente, que se compara con el 84,4% y 88,0% en Chile, 50,8% y 76,8% en Colombia y 63,8% y 76% en Costa Rica.
Además, la pandemia reveló el impacto de las fragilidades estructurales subyacentes, tanto económicas como sociales (Vázquez-Rowe and Gandolfi, 2020[4]). Por ejemplo, un mercado laboral informal predominante y un sistema de protección social limitado significaron que las restricciones de movilidad sean muy difíciles de hacer cumplir entre los muchos trabajadores y trabajadoras que no podían permitirse quedarse en casa, fuera del trabajo. Este problema se materializó en medidas de distanciamiento implementadas de manera errática en una serie de actividades típicamente concurridas, como los mercados de alimentos callejeros y el transporte público. Un ejemplo de los efectos limitados en los grupos en situación más vulnerable fue la medida de distanciamiento entre los y las migrantes venezolanos en el Perú, muchos de los cuales aún no han finalizado su proceso de regularización migratoria. Otros ejemplos de grupos socioeconómicos importantes, que experimentaron fuertes dificultades para hacer cumplir el autoaislamiento, son las trabajadoras del hogar, entre las cuales muchas actuaban como cuidadoras y, finalmente, las personas de las comunidades indígenas.
Cierre de escuelas
Los y las estudiantes de todo el mundo han sufrido períodos prolongados de interrupciones educativas debido al cierre de escuelas tras el brote de la COVID-19. Para fines del año 2021, diez países de la región de América Latina y el Caribe tenían escuelas completamente abiertas, cuatro países todavía tenían escuelas completamente cerradas y veintitrés tenían las escuelas parcialmente cerradas (UNICEF, 2021[5]). Este último grupo también incluía al Perú. Específicamente, de un total de 111,640 escuelas y servicios educativos solo 11,627 (10.6% del total de proveedores) estaban abiertos y brindando servicios semipresenciales. En consecuencia, el porcentaje de estudiantes que se beneficiaron de clases presenciales fue del 6,5%, muy bajo en comparación con la región. Por ejemplo, en Argentina, Colombia y Chile, la participación de los mismos estudiantes fue del 94%, 71% y 52%, respectivamente. En Costa Rica, todos los alumnos volvieron a las clases presenciales.
Como una forma de reemplazar las clases presenciales, el gobierno lanzó el programa Aprendo en casa. El portal en línea a nivel nacional, Aprendo en casa abarcó diferentes materias y grados, con planes para traducir los materiales de aprendizaje a diferentes idiomas para llegar a las poblaciones indígenas. Además, las estaciones de radio y televisión ofrecieron programas educativos alineados con el currículo nacional. También, los proveedores de telecomunicaciones permitían el uso del sitio web Aprendo en Casa sin consumir datos (Lechleiter and Vidarte, 2020[6]).
El análisis disponible para los países de la OCDE sugiere que los efectos disruptivos educativos del cierre de escuelas pueden tener consecuencias a largo plazo. Los efectos inmediatos toman la forma de pérdidas de aprendizaje y deserción escolar. Investigaciones de los Estados Unidos proyectan que, en promedio y dependiendo de la materia, los y las estudiantes pueden aprender de uno a dos tercios menos que en un año escolar normal. Las pérdidas en el aprendizaje son aún mayores en áreas de bajos ingresos y para estudiantes académicamente más débiles (Kuhfeld et al., 2020[7]; Opportunity Insights, 2020[8]; Chetty et al., 2020[9]). Un número indeterminado de alumnos y alumnas perdió todo contacto con sus maestros y maestras y es posible que no hayan participado en ningún aprendizaje a distancia: diferentes administraciones nacionales y distritos escolares en países de la OCDE han informado rangos de 5% al 10% de estudiantes con los que no hubo contacto (franceinfo, 2020[10]; Hildebrandt, 2020[11]; Kohli, 2020[12]). Los y las estudiantes que ya tenían dificultades antes de la pandemia y que se atrasaron demasiado académicamente tenían un riesgo especialmente alto de abandonar la escuela por completo.
En el Perú, estos efectos probablemente han sido más dramáticos. Surgió una marcada división en el país entre, por un lado, los niños y niñas bien conectados que podían acceder al aprendizaje a distancia, que generalmente residen en las regiones y distritos más acomodados y, por otro lado, los niños y niñas en situación de pobreza que no tienen el mismo acceso y a menudo viven en las zonas rurales (Chauvin Lucien O. and Faiola Anthony, 2020[13]). Con menos del 40% de los hogares en todo el país y el 5% en las zonas rurales con acceso a Internet, el aprendizaje a distancia es más difícil de implementar en el Perú que en la mayoría de los países de la OCDE.
Como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno peruano para limitar los riesgos de interrupciones a la educación de estudiantes de las zonas rurales y estudiantes menos favorecidos, 50,000 estudiantes de familias de bajos ingresos recibieron comidas que reemplazaron las comidas escolares habituales. A partir de julio de 2020 se realizó una distribución de tabletas, dando prioridad a estudiantes de escasos recursos de las zonas rurales. A partir de julio del año 2020, también ayudó la reapertura parcial de escuelas en las regiones rurales sin casos de COVID-19 y donde los y las maestros viven en la zona (Gestión, 2020[14]). A pesar de los esfuerzos desplegados, es menos probable que los estudiantes de menores ingresos hayan usado una computadora y hayan disfrutado de un lugar tranquilo donde estudiar (OECD, 2020[15]).
No hay evidencia clara sobre cómo los efectos de los cierres de las escuelas varían entre niños y niñas. Sin embargo, en las familias en las que las niñas ya tenían más obligaciones de cuidado no remuneradas que sus hermanos/as, es probable que la pandemia haya exacerbado la división, debido a que cada vez más las niñas tenían que cuidar a sus hermanos menores que ya no estaban en la escuela (preescolar). Lo cual demuestra que los resultados educativos de las niñas pueden sufrir aún más que los resultados de los niños, siendo las niñas quienes corren mayor riesgo de abandonar la escuela (UNESCO, 2021[16]).
Evolución del mercado laboral
El cierre temporal de escuelas y guarderías ha exacerbado la carga de las actividades laborales no remuneradas de las familias peruanas y una parte desproporcionada de esta carga de trabajo adicional recae sobre las mujeres. Por el contrario, el número de horas que las mujeres podían dedicar a actividades laborales remuneradas se redujo considerablemente (OECD, 2020[17]). Además, muchas características estructurales de la economía peruana indican que los impactos persistentes de la crisis por la COVID-19 en el empleo de las mujeres serán más severos y prolongados que para los hombres. Por ejemplo, más trabajadoras que hombres están empleadas en servicios de restaurantes y hotelería (12,3% de mujeres, frente a 3,5% de la mano de obra masculina) o en hogares privados como cuidadoras domésticas (4,9% frente a 0,2%). Las actividades en las que las mujeres están sobrerrepresentadas en el mercado laboral sufrieron un fuerte recorte de jornada laboral en el punto más álgido de las restricciones por la pandemia.
Las cifras agregadas del mercado laboral muestran que en el Perú la tasa de empleo cayó fuertemente entre enero y mayo del año 2020, tanto entre hombres como mujeres, pero particularmente entre estas últimas (en un 54% y 57%, respectivamente) (Figura 3.1). Debido a que la recuperación laboral posterior ha sido más fuerte para los hombres que para las mujeres, la brecha de género en el empleo ha aumentado en comparación con el nivel existente antes del brote de la pandemia.
Figura 3.1. El empleo cayó drásticamente tras el brote de la crisis por la COVID-19 y la brecha de género se incrementó durante la posterior recuperación del empleo
Nota: Los datos corresponden a la población mayor de 15 años.
Fuente: OIT, ILOSTAT. https://ilostat.ilo.org/topics/employment/.
Un motivo específico de preocupación que la OIT ha señalado se relaciona con el hecho de que la participación en la fuerza laboral disminuyó significativamente más entre las mujeres que entre los hombres durante la pandemia, lo que sugiere una tasa más alta de salida del mercado laboral (ILO, 2021[18]). El Perú no es el único país de América Latina donde las mujeres han experimentado una mayor tasa de salida del mercado laboral. Como en el resto de la región, esto reflejó las crecientes dificultades que existen para conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares en un escenario alterado para los servicios de educación y cuidado, como consecuencia de las medidas de distanciamiento social y el cierre de escuelas. Algunas mujeres pudieron aprovechar las oportunidades brindadas por el trabajo flexible para aumentar el tiempo que pasan trabajando desde casa. Sin embargo, en un país donde la mayoría de las mujeres no pueden aprovechar esta opción, porque no tienen las facilidades para hacer teletrabajo digital, por ejemplo, o carecen de habilidades digitales, las responsabilidades del cuidado doméstico prevalecieron sobre el trabajo remunerado (Murray Christine and Elliott Lucinda, 2021[19]).
La contracción del empleo ha sido particularmente severa para las mujeres que trabajaban en el sector informal o como trabajadoras independientes. Estos dos grupos de trabajadoras se encontraban en la parte inferior de la escala salarial mucho antes de la crisis. En el Perú, alrededor de la mitad de las mujeres perdieron su empleo informal entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, superando en 20 puntos porcentuales la caída del empleo informal entre los hombres (ILO, 2021[18]). Una explicación importante detrás de este resultado es que el Perú sufrió uno de los cierres de escuelas más prolongados del mundo: un total de 75 semanas según la UNESCO. Si bien es un período más corto que el experimentado por Chile y Argentina (77 y 79 semanas, respectivamente), esta duración es considerablemente más larga que el promedio de los países europeos.
Como era de suponerse, el grupo de mujeres que peor lo ha pasado es el de las madres con niños y niñas pequeños (Murray Christine and Elliott Lucinda, 2021[19]). Esto se traduce en que en el Perú el 57% de las mujeres jefas de hogar con niños y niñas pequeños perdieron su empleo (UNDP, 2020[20]), lo que representa la tasa más alta de América Latina y alrededor de un 20% por encima del promedio regional. Como antecedente, en el Perú, el número de hogares encabezados por mujeres aumentó en un 127% entre el año 2001 y 2018, en comparación con un aumento de hogares encabezados por hombres que fue del 35%. Como resultado, en el año 2018 casi 3 millones de hogares estaban encabezados por mujeres.
Un análisis realizado por investigadores e investigadoras peruanos señala la fuerte naturaleza interseccional de estos desarrollos, lo que implica que algunos grupos de mujeres experimentaron un riesgo particularmente alto de una mayor precariedad económica y social (Jaramillo and Ñopo, 2020[21]). Este trabajo encontró que los efectos adversos en los mercados laborales inducidos por la pandemia han sido más fuertes entre las mujeres auto consideradas indígenas y afrodescendientes que entre la población en general.
En líneas generales, la revisión de la evolución del mercado laboral en el Perú durante la pandemia sugiere que las mujeres siguen estando particularmente expuestas a los riesgos de posibles nuevas oleadas de contagio y la introducción de medidas de confinamiento. Si la actividad económica y el empleo caen en los sectores caracterizados por una mayor representación femenina, será más difícil para las mujeres recuperar su empleo y la brecha laboral de género seguirá aumentando.
Salud mental
Los cambios en las rutinas, el aislamiento forzado y la ansiedad de perder ingresos han provocado estrés y miedo. Estudios sobre los efectos que tuvo la COVID-19 en los y las ciudadanos del Perú encuentran que la percepción de que las condiciones de bienestar y salud mental están empeorando afectó desproporcionadamente a las mujeres y a la población más joven (Antiporta et al., 2021[22]; Ruiz-Frutos et al., 2021[23]; Ministerio de salud, 2021[24]). Una posible explicación a las diferencias observadas entre edad y género se relaciona con el hecho de que, para muchas niñas, la suspensión de clases en escuelas y universidades ha significado un aumento en el tiempo dedicado al cuidado de sus hermanos/as. Estos trabajos también han evidenciado disparidades sustanciales por variables socioeconómicas clave con factores de riesgo más bajos entre aquellos con mayores ingresos familiares, educación y empleo. Por el contrario, vivir en los Andes y tener comorbilidades aumentó la posibilidad de tener síntomas depresivos.
Violencia contra las mujeres
Desde que se inició la aplicación de medidas de restricción de movilidad a mediados de marzo de 2020, las desapariciones de mujeres han aumentado drásticamente en el Perú (The Organisation for World Peace, 2020[25]). En el año 2021, se denunció la desaparición de más de 5,900 mujeres, tres cuartas partes de las cuales eran niñas y adolescentes. El número de casos se duplicó en las regiones de la selva y Amazónica.
Además, el comienzo de la pandemia por la COVID-19 hizo que los niveles de violencia de género y delitos contra mujeres y niñas, como violaciones y agresiones sexuales, aumentaran significativamente. Un análisis de investigación aleatorio que evalúa el impacto del confinamiento por la COVID-19 en la violencia doméstica física en el Perú, utilizando una muestra de jóvenes de 18 a 26 años, hombres y mujeres, encuentra que el 8,3% de la muestra experimentó un aumento en la violencia física durante el confinamiento (Porter et al., 2021[26]). En el año 2020, el número de llamadas a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró un incremento del 97% (MIMP, 2021[27]). Como resultado, el número total de llamadas relacionadas con violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar y violencia sexual fue de cerca de 236,000.
Es probable que estas cifras estén por debajo de la cifra real. Si bien los datos obtenidos de fuentes como los informes policiales, las líneas de ayuda, los centros de salud y los refugios brindan información esencial, es poco probable que reflejen la situación real, ya que muchas víctimas fueron confinadas con el perpetrador. Además, las víctimas de violencia a menudo no denuncian los episodios por temor a la vergüenza, el estigma o las represalias y porque tienen vínculos emocionales con la persona que les imparte violencia física o mental. Este subregistro puede ser aún mayor durante un período de pandemia porque las restricciones de movilidad y el riesgo de contagio pueden dificultar la capacidad de buscar ayuda de forma presencial. Los informes telefónicos o por Internet también pueden ser limitados, debido a que las víctimas tienen menos oportunidades de comunicarse en secreto cuando están confinadas en casa con su abusador.
Respuestas con políticas sensibles al género para apoyar la seguridad económica
El Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19, producido por el PNUD y ONU Mujeres, proporciona información actualizada periódicamente sobre las respuestas políticas adoptadas por los gobiernos de todo el mundo para hacer frente a la pandemia, destacando aquellas que han integrado una perspectiva de género. La sección del rastreador dedicada al Perú revela que el gobierno peruano introdujo numerosas medidas políticas sensibles al género para contrarrestar los efectos económicos y sociales de la pandemia (UNDP and UN Women, 2021[28]).
Medidas de apoyo a las MYPE y al empleo
Enfocándose en las respuestas más susceptibles de apoyar la seguridad económica de las mujeres, el gobierno introdujo la suspensión perfecta, que prevé la suspensión temporal de un vínculo laboral dependiente sin rescisión del contrato. Como parte de esto, se creó un nuevo subsidio salarial para apoyar a las empresas que reportaron una caída en las ventas de al menos 30% durante el período abril-mayo de 2020. El subsidio cubrió entre 35% y 55% de la masa salarial y se espera que beneficie a unas 350,000 personas.
Además, el gobierno proporcionó una prórroga de tres meses de la declaración del impuesto sobre la renta para las MYPE y otorgó cierta flexibilidad a las empresas y los hogares en el pago de las obligaciones tributarias. El programa Reactiva Perú tuvo como objetivo garantizar préstamos en moneda local con miras a asegurar los pagos en la cadena de suministro y las deudas de corto plazo de las MYPE.
Las medidas desarrolladas de forma específica para apoyar el empleo incluyeron el fortalecimiento de la protección de los derechos sociales y laborales de las trabajadoras domésticas, como exigir la estipulación de un contrato escrito, por ejemplo, junto con la aplicación del principio de remuneración justa y equitativa. Las medidas específicas también incluyeron la introducción de beneficios en efectivo para los trabajadores de la salud en las Unidades de Cuidados Intensivos. El apoyo económico también se extendió a los trabajadores y empresas culturales, así como a los trabajadores del transporte.
Se incentivó a todas las empresas públicas y privadas a implementar el trabajo remoto. El gobierno también incrementó la cantidad de recursos destinados a obras públicas, al mismo tiempo que flexibilizó las condiciones para la ejecución del presupuesto a nivel de los gobiernos locales. El lanzamiento del programa Todos Conectados tuvo como objetivo acelerar los esfuerzos para llevar internet gratuito a las zonas locales y rurales, como una forma de reducir las brechas de infraestructura digital.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables inauguró una nueva instancia, las Redes Regionales de Mujeres Emprendedoras y Empresarias, para fortalecer la capacidad de las mujeres empresarias para hacer frente a la pandemia por la COVID-19. Las Redes constituyen una alianza entre el MIMP, los gobiernos regionales y locales, y la asociación local de mujeres empresarias. Se brindó información a las mujeres empresarias sobre cómo acceder a programas de apoyo económico, como el Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) para MYPE, y programas similares para sectores específicos, como por ejemplo el turismo (FAE Turismo) y la agricultura (FAE Agro) (Ministerio de la Mujer, 2020[29]).
Proteger los ingresos
Las transferencias en efectivo a las poblaciones menos favorecidas incluyeron los pagos mensuales adelantados de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo. El Bono Rural, una nueva transferencia de efectivo para personas en extrema pobreza en el área rural, llegó a 980,000 hogares. El Bono Familiar Universal llegó a aquellos hogares cuyos miembros no percibieron ningún ingreso durante el estado de emergencia. La medida pretendía beneficiar al 75% de los hogares del país, correspondientes a unas 6,8 millones de familias. El Bono Trabajador Independiente llegó a 800,000 hogares que trabajan de forma independiente para ayudarlos a enfrentar el impacto económico de la pandemia.
El gobierno autorizó el retiro parcial de las cuentas de los fondos de pensiones privados de los afiliados que no habían realizado depósitos durante seis meses consecutivos. También introdujo medidas para facilitar las condiciones de acceso de los trabajadores a sus cuentas individuales por cese – la Compensación por tiempo de servicio. El pago de las facturas vencidas de luz, gas natural y telecomunicaciones de los hogares se fraccionaba en varios plazos, sin cobro de intereses, recargos por mora ni cortes de servicio.
La lucha contra la violencia de género
El gobierno tomó numerosas medidas para prevenir y/o responder a la violencia contra las mujeres y las niñas (UNDP and UN Women, 2021[28]). Algunas de estas medidas se enfocaron en mejorar el sistema de información sobre los servicios estatales para sobrevivientes de violencia, por ejemplo, a través de mensajes SMS y WhatsApp en las líneas de ayuda 100 y chat 100. Las acciones preventivas en las comunidades rurales incluyeron la transmisión de programas de radio para informar a las mujeres en estas áreas sobre cómo denunciar un evento de violencia y pedir ayuda. La creación de un equipo de atención móvil permitió atender casos urgentes de violencia contra mujeres y niñas en zonas donde no existe un Servicio de Atención Urgente para asistencia psicológica, legal y de servicios sociales.
El Decreto Legislativo No. 1470 estableció el reforzamiento de la atención de emergencia en salud para todas las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia. Esto incluye el apoyo brindado por los Centros de Salud Mental, de los cuales hay 175 en el Perú, encargados de atender a víctimas de violencia a través de servicios multidisciplinarios. La Municipalidad de Lima creó dos nuevos albergues para mujeres víctimas de violencia. Se puede acceder a estos servicios por teléfono o en línea y están disponibles los 7 días de la semana.
Las campañas de difusión aseguran que las personas sean conscientes de la existencia de servicios de asistencia para mujeres necesitadas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en alianza con el PNUD, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y los gobiernos locales, se han acercado a más de 300 establecimientos comerciales (supermercados, mercados, farmacias) para lanzar la campaña No estás sola. El objetivo es la difusión de mensajes que promuevan la no violencia, las relaciones respetuosas en el hogar y el reparto de las responsabilidades domésticas. La campaña Mascarilla Violeta fomenta el uso de mascarillas moradas como muestra de solidaridad y compromiso para acabar con la violencia contra las mujeres.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional Aurora lanzó el programa radial: “Aurora te acompaña”. La iniciativa promueve mensajes destinados a reducir la tolerancia social a la violencia basada en género (VBG). La duración del programa es de 30 minutos una vez por semana, con el objetivo de ampliar la cobertura horaria y los espacios radiales por localidad. El espacio “Aurora te acompaña” prioriza los siguientes temas: prevención de la VBG, buen trato, autoestima, empoderamiento económico, nuevas masculinidades, toma de decisiones y servicios de atención y prevención de la violencia contra la mujer (VCM).
Reflexión sobre políticas
La pandemia por la COVID-19 ha revelado el alcance real de los desafíos existentes en el mercado laboral y el bienestar de las mujeres peruanas. Ha incrementado la inactividad del mercado laboral, junto con la exacerbación de los síntomas de estrés agudo y la salud mental, y un aumento de los episodios de violencia contra las mujeres.
El significativo aumento de la inactividad en el mercado laboral acentúa la importancia de los esfuerzos continuos del gobierno para apoyar a las mujeres más vulnerables. Incluso antes de la pandemia, solo alrededor del 57% de todas las mujeres en edad de trabajar estaban empleadas en el Perú, en comparación con el 74% de los hombres. Para agravar esta situación, el cierre de las instituciones de cuidado infantil temprano y las escuelas, junto con la mayor vulnerabilidad de los y las adultos mayores, condujo a un aumento en la demanda de atención dentro de los hogares, en un momento en que el sistema de salud estaba operando a su máxima capacidad. La evidencia de grandes aumentos en la inactividad subraya la importancia de facilitar el acceso a los beneficios de las familias de bajos ingresos, en particular las familias monoparentales, que son predominantemente mujeres, así como a los programas de seguridad social, que apoyan a las familias en su conjunto y de permitir que las mujeres regresen al empleo formal.
En previsión de posibles nuevas olas de infecciones, Perú debería intensificar los esfuerzos para preparar a las empresas para que utilicen medidas de emergencia contra el aumento de la inactividad y la exclusión del mercado laboral de las mujeres. Este apoyo incluye informar activamente a las empresas sobre cómo reducir las horas de trabajo, brindar asistencia a los y las trabajadores y administrar los pagos relacionados con los despidos temporales y las licencias por enfermedad. También incluye garantizar que los y las trabajadores independientes puedan acceder a las medidas de emergencia, especialmente aquellos que no califican para el seguro de empleo. Es necesario realizar una evaluación detallada de los efectos de medidas de apoyo con potencial para fortalecer la resiliencia del empleo de las mujeres y apoyar la igualdad de género en el futuro. Esto incluye el seguimiento de los resultados de las Redes Regionales de Mujeres Emprendedoras y Empresarias, el programa Todos Conectados y las nuevas medidas para fomentar el trabajo a distancia, junto con el refuerzo de la regulación para proteger los derechos sociales y laborales de las trabajadoras del hogar.
Cualquier recurso adicional al cierre de las instituciones educativas debe ser lo más limitado posible y en base a una evaluación de las condiciones de infección específicas de la zona. El análisis disponible para los países de la OCDE y de América Latina muestra que los efectos disruptivos del cierre de escuelas tienen consecuencias de gran alcance en términos de pérdidas de aprendizaje y deserción escolar. Tales pérdidas son aún mayores en áreas de bajos recursos y para estudiantes académicamente más débiles. Con menos del 40% de los hogares en todo el país y el 5% en las zonas rurales con acceso a Internet, el aprendizaje a distancia es particularmente difícil de implementar en el Perú. De hecho, ha surgido una marcada división en el país durante la pandemia entre, por un lado, los niños y niñas bien conectados que acceden al aprendizaje remoto, que generalmente residen en las regiones y distritos más acomodados, y, por otro lado, los niños y niñas en situación de pobreza que no tienen acceso y que a menudo viven en las zonas rurales. Esta evidencia sugiere la importancia de, en la medida de lo posible, mantener a los niños y niñas en la escuela tanto para asegurar la continuidad de los programas educativos como para ayudar a las mujeres a permanecer en el trabajo o buscar activamente un nuevo trabajo.
Continuar con los esfuerzos para hacer retroceder la aceptación social de la violencia doméstica. Desde que se inició la aplicación de las medidas de restricción a mediados de marzo de 2020, las desapariciones de mujeres han aumentado drásticamente en el Perú. Además, los niveles de violencia de género y delitos contra mujeres y niñas, como violaciones y agresiones sexuales, también han aumentado de manera significativa. Las recientes acciones tomadas para fomentar la introducción de más modos de comunicación electrónicos deben complementarse con medidas para garantizar que la prestación de servicios para las víctimas se integre en todas las esferas pertinentes. Esto asegurará que todas las entidades públicas relevantes involucradas en los ámbitos de la salud, los servicios sociales, la educación, el empleo y la justicia, puedan trabajar de manera coordinada para brindar un acceso a la justicia oportuno y centrado en las sobrevivientes/víctimas. A corto plazo, esto es esencial para hacer frente a posibles nuevas oleadas de la crisis.
Finalmente, es fundamental que todas las medidas de política económica y social mencionadas deben integrarse en esfuerzos más amplios que incorporen una perspectiva de género en las respuestas de los gobiernos a la crisis. A corto plazo, significa, siempre que sea posible, aplicar una perspectiva de género a las medidas de política de emergencia. A largo plazo, significa que el gobierno implemente un sistema de integración de la perspectiva de género que funcione bien y se base en un fácil acceso a evidencia desagregada por género en todos los sectores para que los efectos diferenciales en mujeres y hombres puedan ser evaluados rápidamente.
Referencias
[22] Antiporta, D. et al. (2021), “Depressive symptoms among Peruvian adult residents amidst a National Lockdown during the COVID-19 pandemic”, BMC Psychiatry, Vol. 21/1, https://doi.org/10.1186/s12888-021-03107-3.
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[9] Chetty, R. et al. (2020), “Real-Time Economics: A New Platform to Track the Impacts of COVID-19 onPeople, Businesses, and Communities Using Private Sector Data”, Opportunity Insights, https://opportunityinsights.org/wp-content/uploads/2020/05/tracker_paper.pdf.
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[2] Hillis, S. et al. (2021), “Global minimum estimates of children affected by COVID-19-associated orphanhood and deaths of caregivers: a modelling study”, The Lancet, Vol. 398/10298, pp. 391-402, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01253-8.
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[6] Lechleiter, M. and R. Vidarte (2020), The Peruvian education system: seeking quality and equity during COVID-19 times, https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/04/07/the-peruvian-education-system-seeking-quality-and-equity-during-covid-19-times/ (accessed on 9 June 2020).
[27] MIMP (2021), Línea 100 del MIMP incrementó en 97 % las atenciones de llamadas durante el 2020, https://www.gob.pe/es/institucion/mimp/noticias/325922-linea-100-del-mimp-incremento-en-97-las-atenciones-de-llamadas-durante-el-2020.
[29] Ministerio de la Mujer (2020), El MIMP reafirma su compromiso con el empoderamiento y la autonomia económica de todas las mujers, https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/314710-el-mimp-reafirma-su-compromiso-con-el-empoderamiento-y-la-autonomia-economica-de-todas-las-mujeres.
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