Revisión del Gobierno Digital en América Latina y el Caribe

3. Construir sectores públicos impulsados por datos orientados a la integración regional

Resumen

El presente capítulo analiza el estado de los sectores públicos impulsados por datos a nivel nacional en América Latina y el Caribe (ALC). El capítulo subraya los logros políticos y los principales retos en este ámbito, con una visión prospectiva de las oportunidades que pueden ayudar a construir la integración regional de datos a largo plazo.

Breve resumen del trabajo de la OCDE sobre el sector público impulsado por datos

La OCDE ha desarrollado un conjunto de instrumentos para el establecimiento de normas técnicas, marcos analíticos y herramientas de medición de políticas para apoyar a los países miembros y socios en sus esfuerzos por avanzar hacia una mayor madurez digital y de datos. Para el análisis de este capítulo, los trabajos pertinentes de la OCDE incluyen:

• Las Recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre Estrategias de Gobierno Digital (2014[1]), sobre Inteligencia Artificial (2019[2]) y sobre la Mejora del Acceso e Intercambio de Datos (2021[3]), que proporcionan un conjunto de directrices que los gobiernos pueden utilizar para fundamentar sus decisiones políticas. De este modo, se allana más el camino para avanzar hacia acuerdos de gobernanza de datos coherentes e interoperables entre sectores y fronteras, y hacia aplicaciones tecnológicas de uso intensivo de datos centradas en el ser humano y dignas de confianza.

• El Marco de Políticas de Gobierno Digital de la OCDE (DGPF, por sus siglas en inglés) (OECD, 2020[4]) y el Índice de Gobierno Digital (DGI, por sus siglas en inglés) (OECD, 2020[5])que cubren y comparan los aspectos políticos clave que los gobiernos necesitan para avanzar hacia la madurez del gobierno digital. La dimensión del sector público impulsado por datos del DGPF y el DGI presta especial atención a los acuerdos de gobernanza de datos que los gobiernos y organismos públicos podrían tener en cuenta a la hora de desplegar proyectos e iniciativas impulsados por datos en el sector público.

• El Marco de la OCDE para un Sector Público Impulsado por Datos y su correspondiente modelo de gobernanza de datos (OECD, 2019[6]), que ofrecen una visión más profunda de los elementos fundamentales de la gobernanza de datos; la aplicación de datos para el diseño y la prestación de servicios públicos, la elaboración de políticas y la toma de decisiones; y la confianza, incluida la protección de datos, la privacidad y la ética.

• El Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata, por sus siglas en inglés), que compara las políticas de datos abiertos gubernamentales y su implementación en los países miembros y socios de la OCDE (OECD, 2020[7]).

• Los Principios de Buenas Prácticas para la Utilización Ética de los Datos en el Sector Público (OECD, 2021[8]) y su estrategia de implementación, que proporcionan a los países directrices orientadas a la acción para hacer operativa la ética de los datos en el sector público en consonancia con los valores transversales y los derechos fundamentales.

Enfoque analítico

En América Latina y el Caribe (ALC), las decisiones que se tomen hoy sobre los acuerdos de gobernanza de datos a nivel nacional, incluido el sector público, pueden ayudar u obstaculizar la integración de datos y los flujos de datos transfronterizos de gobierno a gobierno en el futuro. Sentar las bases de una gobernanza regional de los datos es fundamental para avanzar en ámbitos como el diseño y la entrega de servicios públicos transfronterizos, los servicios compartidos entre gobiernos y la creación de infraestructuras de datos fiables que sirvan de base a las tecnologías de uso intensivo de datos, incluida la inteligencia artificial (IA).

Al mismo tiempo, estas acciones pueden aumentar la base de valor disponible de bienes públicos digitales (por ejemplo, datos abiertos, estándares abiertos e infraestructuras de datos de código abierto) en la región, lo que a su vez puede contribuir al crecimiento económico y a la innovación digital, así como a impulsar agendas como la lucha contra la corrupción, el cambio climático, la democracia y la IA a escala regional.

La evaluación y el análisis presentados en este capítulo pretenden plantear las cuestiones más actuales sobre los sectores públicos impulsados por datos en ALC como medio para ofrecer propuestas de acción que puedan ayudar a avanzar en la integración regional de datos entre gobiernos en los próximos años.

Para ello, este capítulo sigue el modelo de la OCDE para el sector público impulsado por datos (Figura 3.1) y el marco de la OCDE para la gobernanza de datos en el sector público (Figura 3.2) para evaluar el estado de los sectores públicos basados por datos en ALC e identificar oportunidades para la acción política conjunta en la región. En cuanto a la gobernanza de datos, este capítulo despliega los componentes del modelo de la OCDE para la gobernanza de datos y sigue un enfoque analítico ascendente. En lugar de comenzar con los aspectos estratégicos y tácticos de la gobernanza de datos (por ejemplo, estrategia, liderazgo, normas regulatorias), empieza presentando las prácticas observadas a nivel técnico (por ejemplo, interoperabilidad, normas, infraestructuras de datos), tal y como se describen en la capa de entrega del marco de gobernanza de datos. Presenta prácticas relevantes implementadas por gobiernos y organismos públicos en ALC para proporcionar al lector el contexto regional general en términos de logros políticos hasta la fecha y retos futuros.

Figura 3.1. Modelo de la OCDE para un sector público impulsado por datos

Fuente: OCDE (2019[6]), The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector, https://doi.org/10.1787/059814a7-en

También presta especial atención a las políticas e iniciativas de datos abiertos de los gobiernos, dado el papel de los datos abiertos como elemento clave del ciclo de valor de los datos y el valor de los datos abiertos como bien público digital para la buena gobernanza, el crecimiento económico y la economía digital.

En cuanto a la confianza, el capítulo aborda los temas de la protección de datos personales y la ética de los datos a lo largo del capítulo siempre que es pertinente, concretamente en la sección sobre marcos regulatorios, políticos e institucionales, y en las correspondientes secciones finales. El capítulo finaliza con un breve resumen no exhaustivo de los casos de aplicación identificados a partir de las entrevistas y la encuesta realizada a efectos de este informe.

Este capítulo no entra en un análisis detallado de todas las cuestiones políticas presentadas, ya que para ello sería necesario un nivel de comprensión más profundo de cada contexto nacional en forma de revisión específica de las políticas nacionales. También proporciona un nivel de análisis actualizado y más profundo del presentado en el Informe 2022 sobre Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe (OECD/CAF, 2022[9]) en materia de gobernanza de datos en el sector público. Las cuestiones relacionadas con la aplicación de tecnologías de uso intensivo de datos en el sector público se tratan en el Capítulo 5 sobre innovación digital y también se analizan en profundidad en el mencionado informe de la OCDE/CAF sobre IA en ALC. Las cuestiones relacionadas con la alfabetización y las competencias digitales en el sector público, incluidas las relativas a los datos, se abordan en el Capítulo 2 sobre las capacidades del sector público, por lo que no se tratan en este capítulo.

Figura 3.2. Gobernanza de datos en el sector público

Fuente: OCDE (2019[6]), The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector, https://doi.org/10.1787/059814a7-en.

Por último, la evidencia, la información y los datos presentados en este capítulo se basan en las encuestas y entrevistas realizadas para la elaboración de este informe; los datos recopilados a través de ejercicios de medición de políticas anteriores y en curso para el cálculo del Índice de Gobierno Digital de la OCDE y el Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata) de la OCDE; anteriores análisis de políticas nacionales e informes temáticos sobre gobierno digital y datos en los países de la OCDE y en la región de ALC; e investigación documental adicional.

Reforzar la interoperabilidad y la infraestructura de datos

Visión general

La consecución de servicios y políticas en el sector público orientados al usuario e impulsados por datos implica avanzar en la implementación de principios de gobierno digital como el de una sola vez, la optimización del acceso a los datos y de las prácticas para compartirlos dentro del sector público, así como lograr la integración de los datos.

El principio de una sola vez (Once-Only Principle) y la integración de datos son fundamentales para el gobierno digital, ya que reducen la carga de los ciudadanos y las empresas al evitar que tengan que facilitar la misma información y los mismos datos varias veces a los organismos públicos. Esto aumenta la eficiencia y la productividad públicas, ya que múltiples organizaciones pueden acceder y recuperar datos (por ejemplo, registros) a partir de una única fuente de datos compartida, lo que reduce la fragmentación de los datos, elimina los silos de datos, aumenta la coherencia y la integridad de los datos en múltiples fuentes de datos y sienta las bases de datos para la aplicación de tecnologías de uso intensivo de datos como la inteligencia artificial (IA) (consulte el Capítulo 5).

Desde un nivel técnico, la obtención del principio de una sola vez y la integración de datos exigen la disponibilidad y el uso común de infraestructuras públicas digitales compartidas, como buses de interoperabilidad y centros de datos como vías para el flujo de datos (estatales o suministrados por terceros), así como la generación, recopilación, acceso y uso de datos fiables que deben alimentar esas vías.

El mapeo de los procesos de acceso e intercambio de datos, incluidos los actores y funciones implicados en las distintas fases del ciclo de valor, también es fundamental para identificar áreas de oportunidad y mejorar la forma en que los actores interactúan e intercambian activos de datos. Del mismo modo, la disponibilidad, aplicación y cumplimiento de las normas sobre datos es fundamental para generar datos fiables a los que se pueda acceder, compartir, utilizar y reutilizar en etapas posteriores.

Los datos de las encuestas y entrevistas realizadas en el contexto de este informe muestran que los gobiernos de ALC no son ajenos a la importancia de la integración y la interoperabilidad de los datos en el sector público, y el COVID-19 constituye una llamada de atención para seguir avanzando en estas áreas:

• Argentina: El gobierno central ha realizado importantes esfuerzos para mejorar la interoperabilidad de los datos en el sector público. Las iniciativas para desarrollar un bus de interoperabilidad de datos para el sector público se materializaron en INTEROPER.AR, una plataforma que conecta registros de diferentes organismos públicos encargados de áreas como la seguridad social, la justicia y el registro de población (OECD, 2019[10]).

• Brasil: La Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos ha invertido recursos para promover el acceso y el intercambio de datos en tiempo real en el sector público a través de interfaces de programación de aplicaciones (API). Estos esfuerzos pretenden optimizar los flujos de datos dentro del sector público brasileño a través de la plataforma CONECTA,1 y facilitar el análisis, el acceso y el intercambio de datos, así como mejorar la prestación de servicios públicos orientados al usuario.

• Chile: Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, Chile ha visto avances en términos de acceso e intercambio de datos dentro del sector público. Avanzó en la agilización de la aprobación de contratos de intercambio de datos entre organismos del sector público y el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación, con la disponibilidad de nuevas infraestructuras y esfuerzos en materia de identidad digital que permitieron implementar estos cambios.

• Colombia: El país ha dado pasos importantes para aumentar la importancia de la interoperabilidad más allá de los aspectos técnicos, como muestra el Marco de Interoperabilidad2 desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MINTIC). Otros esfuerzos incluyen el Plan Nacional de Infraestructura de Datos 2022 desarrollado por el MINTIC, el Departamento Nacional de Planificación (DNP) y la Oficina de la Presidencia.3

• República Dominicana: El Marco Normativo para las TIC y el Gobierno Electrónico4 publicado en 2013, incluye orientaciones normativas y de implementación sobre interoperabilidad (NORTIC A4) y destaca la relevancia de la interoperabilidad para el diseño y la prestación de servicios públicos (NORTIC A5). Otros esfuerzos incluyen la creación del Centro Nacional de Datos, como se observa también en otros países, y el pilotaje del marco nacional de interoperabilidad en seguridad social.

• Ecuador: El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), como organismo responsable de la interoperabilidad de datos, orienta a los organismos públicos en materia de interoperabilidad e integración, desde la generación de datos hasta su consumo, para que puedan ser compartidos en el bus de interoperabilidad del Estado. Además, en 2010, Ecuador creó un Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos mediante la ley5 y estableció una estructura institucional (incluida la creación de la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos) para orientar, coordinar y controlar el acceso, el intercambio, el uso y la protección de los datos dentro del sector público y a través de él. Para 2020, el Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos centralizaba los datos de 300 organizaciones del sector público, y Ecuador también estaba trabajando en la creación de un Centro Nacional de Datos. Estos esfuerzos han sido dirigidos por el MINTEL.

• México: La plataforma InteroperaMX era una iniciativa que pretendía avanzar en la interoperabilidad dentro del sector público, pero no está claro si esta iniciativa sigue vigente.

• Panamá: Los esfuerzos de interoperabilidad son responsabilidad de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Sin embargo, estos esfuerzos son aún incipientes, por lo que actualmente se centran en aumentar el número de organismos públicos conectados al bus de interoperabilidad. En 2021, el bus contaba con un total de 10 organismos públicos. Este trabajo responde a los mandatos legales creados por la Ley 144 (2020), en concreto a las disposiciones relativas a la interoperabilidad, el principio de una sola vez y el consentimiento de los ciudadanos.6

• Paraguay: El Sistema de Intercambio de Información de Paraguay7 conecta los registros de datos de diferentes áreas (registro de automóviles, seguridad pública y registro civil) y ayuda a abordar las discrepancias e incoherencias de datos resultantes de la disponibilidad de múltiples registros de datos (por ejemplo, datos personales o sensibles) en todo el sector público. Estos esfuerzos están dirigidos por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), y se basan en las iniciativas de interoperabilidad implementadas por la antigua Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (SENATIC).

• Perú: Para 2020, Perú, bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI), también estaba trabajando en el proyecto de creación de un Centro Nacional de Datos, y en reunir la Plataforma Nacional de Interoperabilidad8 (PNI) y las plataformas de datos abiertos9 bajo una única herramienta. Además, para 2020, Perú informó que había conectado más de 300 organizaciones públicas a la PNI, incluidas las encargadas de los registros de datos básicos y de la justicia.

• Uruguay: la labor de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) destaca en la región por trabajar en la mejora de la interoperabilidad desde hace más de 10 años. La Plataforma de Interoperabilidad AGESIC10 es el núcleo de la estrategia de gobierno digital de Uruguay; esta se erige como una herramienta fundamental para el diseño y la prestación de servicios públicos, la integración del sector público, por ejemplo, a través de servicios web, y la seguridad digital en línea con las normas y protocolos de seguridad predefinidos.

Desafíos

A pesar de los logros en curso, existe una tensión entre centralización y federación de datos.

En términos generales, los países de la región se encuentran en la encrucijada de decidir entre una mayor centralización o federación de datos. Mientras que los acuerdos de gobernanza nacional más amplios (por ejemplo, países unitarios frente a federales) y los diversos niveles de madurez del gobierno digital pueden influir y definir la forma en que los países de ALC abordan la gobernanza de datos en el sector público, la mayoría de los países informan de la necesidad de una mayor centralización de datos, pero solo unos pocos destacan los beneficios de la gestión descentralizada de datos o la aplicación de normas y directrices de datos.

La centralización de los datos sigue siendo una prioridad fundamental en la mayoría de los países, lo que ejerce una presión adicional sobre el gobierno digital y los organismos de datos y, de alguna manera, desvía la atención y la responsabilidad de los organismos públicos como titulares de los datos.

A medida que los países de ALC construyen una mayor madurez de datos en el sector público, el gobierno digital y los organismos de datos deben permanecer como proveedores de orientación estratégica, táctica y técnica y de herramientas compartidas (por ejemplo, buses de interoperabilidad, herramientas de código abierto), así como hacer cumplir su uso y aplicación. Sin embargo, para lograr la madurez de los datos es necesario que los titulares de los mismos en el sector público (en particular los encargados de los registros de datos y las fuentes de datos autorizadas) asuman una mayor responsabilidad y rendición de cuentas en relación con la generación, distribución y consumo de datos.

Conceptos emergentes como la malla de datos y las acciones impulsadas por la UE (incluidos los espacios de datos) están empezando a impregnar el ecosistema de datos. Sin embargo, pasar de los conceptos a la práctica dentro del sector público requerirá un cambio de paradigma en cuanto a la forma en que los países de ALC entienden un sector público impulsado por datos, uno en el que la gobernanza de los datos sea compartida y distribuida con niveles iguales de responsabilidad de todos los actores implicados.

Podría prestarse más atención a los datos heredados y a los procesos obsoletos de generación de datos. Pasar de los datos en papel a los digitales sigue siendo también una prioridad, incluso a nivel local.

Otro reto que no es endémico de la región de ALC es abordar la todavía persistente generación de datos en formato analógico en lugar de ser creados digitalmente por defecto, como informa Paraguay. Esta cuestión específica tiene implicaciones a distintos niveles. Uno está relacionado con cómo se generan los datos y quién los genera.

Por ejemplo, los datos estructurados generados por los municipios y obtenidos por el gobierno central pueden generarse originalmente en papel, lo que requiere que los datos se introduzcan en plataformas digitales en fases posteriores, retrasando así los procesos y abriendo más margen para el error humano. Tales desafíos pueden observarse, por ejemplo, en relación con activos de datos como los registros civiles gestionados a nivel local, pero obtenidos a nivel central.

Sin embargo, abordar estos retos exigiría acciones relacionadas con aspectos fundacionales en términos de capacidad local, por ejemplo, la disponibilidad o el acceso a hardware y conectividad en zonas remotas y rurales. En este sentido, los países de ALC también deben reconocer que la inclusión digital tiene un impacto directo en cómo se generan o no los registros de datos en la propia fuente (por ejemplo, municipios o registros civiles locales).

El acceso a los datos y su intercambio siguen estando restringidos por la lentitud de las aprobaciones, la pesadez de los procesos interinstitucionales y la resistencia institucional.

La optimización de los procesos de acceso e intercambio de datos y la eliminación de los silos de datos también podrían beneficiarse de una mayor atención a las relaciones entre datos (por ejemplo, entre registros de datos). Esto también requeriría mapear los procesos de acceso e intercambio de datos para comprender a) qué datos intercambian los organismos públicos, b) a través de qué procesos, c) las barreras que bloquean los flujos de datos y d) cómo las infraestructuras de datos compartidos, como los buses de interoperabilidad, podrían ayudar a abordar los desafíos existentes.

Por ejemplo, Chile informa de plazos de aprobación de acuerdos de intercambio de datos de hasta 6 meses. Esto no solo repercute en los flujos de datos, sino también en los servicios (internos o públicos) que dependen de ellos. Comprender mejor las relaciones entre los registros de datos básicos y otros conjuntos de datos pertinentes podría ayudar a tener una mejor visión general del problema y a definir prioridades centradas en la mejora de la productividad del sector público.

Algunos países muestran un gran interés por las soluciones y plataformas de interoperabilidad técnica, pero la interoperabilidad semántica sigue siendo un desafío. El valor de los datos como servicio no está muy extendido.

A pesar de la ambición por avanzar en la interoperabilidad de datos en la región, países líderes como Uruguay y Colombia siguen informando de desafíos pendientes en este ámbito. Uruguay, un país con grandes logros en materia de interoperabilidad técnica de datos, reconoce la importancia de mejorar la interoperabilidad semántica dentro del sector público. En Colombia, el Marco de Interoperabilidad11 ha estado en vigor durante casi una década, pero según la información proporcionada por el gobierno colombiano, menos de la mitad de los organismos públicos han avanzado en términos de documentación de activos de datos o en términos de implementación de una arquitectura de datos de referencia útil para construir la base para construir soluciones digitales dentro del sector público.

Definir y generalizar esquemas y definiciones comunes de clasificación y categorización de datos (por ejemplo, datos sensibles/no sensibles, datos personales, datos confidenciales) también puede ayudar a los funcionarios y organismos públicos a tomar mejores decisiones y más rápidas en términos de acceso e intercambio de datos. Por ejemplo, para mejorar la gobernanza de datos en el sector público, Chile trabaja actualmente en estrecha colaboración con organismos públicos para ayudarles a desarrollar catálogos de datos que puedan utilizar para diferenciar entre datos sensibles y no sensibles y tomar decisiones en materia de datos abiertos o intercambio de datos a través de servicios web.

También es esencial entender la interoperabilidad más allá de los datos. A este respecto, los países también se enfrentan a la cuestión de abordar la proliferación de múltiples plataformas de acceso e intercambio de datos en el sector público, así como la interoperabilidad entre ellas. Por ejemplo, en Ecuador, la disponibilidad de diferentes plataformas de interoperabilidad exige realizar un análisis jurídico y técnico para decidir qué plataforma deben utilizar las instituciones para intercambiar datos una vez presentada una solicitud de acceso a los datos. Esto puede repercutir gravemente en la detección de datos en el sector público, lo que lleva a los organismos públicos a solicitar conexiones a múltiples plataformas en lugar de interconectar los datos directamente a través de servicios web.

Hacer que los datos como servicio (DaaS) sean relevantes también es fundamental para avanzar en los esfuerzos. Las personas encargadas de dictar políticas de Argentina y Perú destacan la relevancia de DaaS para la transformación digital del sector público. Otros países llevan a cabo acciones que siguen este enfoque de facto, siendo la semántica, los metadatos, las normas, los inventarios y los servicios web algunos de los temas técnicos más mencionados durante las entrevistas realizadas para este informe. Sin embargo, DaaS sigue siendo un concepto abstracto y en cierto modo difuso en la mente de los responsables del gobierno digital y de quienes no pertenecen a él ni a organismos de datos. Además de las discusiones conceptuales, los organismos líderes se beneficiarían de invertir más esfuerzos para alejarse de un discurso de datos que se relaciona con la creación de valor tácito con el fin de invertir más esfuerzos para hacer explícito y medible el impacto potencial y entregado, en particular cuando está en juego la prestación eficiente de los servicios públicos.

Aumentar el conocimiento sobre los activos de datos disponibles y su calidad requiere crear una mayor capacidad de datos en el sector público.

Asimismo, para avanzar en los esfuerzos de gobernanza y gestión de datos a nivel técnico sería necesario invertir más esfuerzos en evaluar el estado actual de los activos de datos en el sector público, incluso en términos de madurez de los datos y activos de datos disponibles.

Llevar a cabo evaluaciones de la madurez de los datos, así como promover y hacer cumplir la disponibilidad de catálogos de datos, es fundamental para aumentar el nivel de conocimiento sobre los conjuntos de datos disponibles a fin de mejorar cómo se generan los datos por defecto, en qué formatos, bajo qué normas regulatorias y a través de qué plataformas se pueden compartir o acceder a ellos.

Es fundamental seguir invirtiendo en herramientas de identidad digital para permitir una mejor gobernanza de los datos personales, pero habría que seguir estudiando la implementación de nuevos mecanismos de gobernanza de datos para acceder a ellos y compartirlos.

La recopilación, el procesamiento y el uso de datos por parte de los gobiernos no se limita a fuentes de datos internas, como registros de datos o datos administrativos, sino a datos generados por los ciudadanos, las empresas y a través de plataformas como las redes sociales o los dispositivos IoT.

Tal y como se presenta en el informe de la OCDE de 2019 The Path to becoming a Data-driven public sector, "los marcos comunes de gobernanza de datos contribuyen a la implementación efectiva de iniciativas intersectoriales de recopilación, intercambio y/o acceso a datos" (OECD, 2019[6]). A nivel técnico, se trata de establecer herramientas compartidas y fiables de acceso e intercambio de datos para gobernar mejor y compartir los datos con un fin común.

En una primera fase, nuevas inversiones en mecanismos digitales de identidad y autenticación, así como otras herramientas como las carpetas de los ciudadanos beneficiarían la operacionalización de la transparencia y el consentimiento en el uso de los datos personales de los ciudadanos y de aquellos datos sensibles de las empresas (consulte la sección sobre fiables). Sin embargo, a medio y largo plazo, los titulares de los datos necesitarán acceder a nuevos acuerdos y mecanismos que los transformen de actores pasivos a activos en el ámbito de la gobernanza de datos. Entre los mecanismos emergentes que deben explorarse figuran herramientas como los fideicomisos de datos12 y las colaboraciones de datos.13

El uso generalizado de herramientas compartidas para acceder a los datos y compartirlos a nivel nacional (por ejemplo, código abierto) y la armonización estratégica de los datos pueden ayudar a sentar las bases técnicas hacia la integración digital y de datos a nivel regional.

Como se señala en la Revisión del Gobierno Digital de Argentina de la OCDE (2019[10]) los países miembros de bloques comerciales como el del MERCOSUR están tomando medidas comunes para avanzar en una agenda digital común14 en áreas como la identidad digital, la protección de datos personales, los datos abiertos y la prestación de servicios transfronterizos, todas las cuales requieren bases sólidas de gobernanza de datos a nivel técnico, táctico y estratégico.

Otros foros que avanzan en estas áreas son los Grupos de Trabajo sobre Interoperabilidad15 y sobre Datos Abiertos16 de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (GEALC), y las actividades de las Naciones Digitales (D9) que incluye a México y Uruguay.

Con este contexto en mente, los países de ALC deben entender que las acciones que se tomen hoy determinarán la viabilidad de lograr la integración regional digital y de datos en el futuro.

Por ejemplo, Chile, Colombia, República Dominicana y Perú siguen el ejemplo internacional y están estudiando la implementación de la plataforma X-Road de Estonia y su código de fuente abierta. Mientras que estas acciones tienen como objetivo avanzar en una mayor interoperabilidad de los datos y mejorar los flujos de datos dentro del sector público, la adopción de herramientas de interoperabilidad de datos comunes y de código abierto a nivel nacional debe entenderse como un punto de partida para avanzar en el acceso y el intercambio de datos a través de las fronteras en la región. Las actuales lagunas en términos de plataformas de interoperabilidad de datos en países específicos deben entenderse, por lo tanto, como una oportunidad para dar un salto con una mentalidad de integración regional por diseño.

Asimismo, la autoevaluación de los esfuerzos realizados a nivel nacional en relación con principios y marcos de interoperabilidad bien fundamentados, como el Marco Europeo de Interoperabilidad17 (EIF, por sus siglas en inglés), ayudaría a sacar a la luz las lagunas de interoperabilidad existentes a nivel nacional, incluidas las específicas de la interoperabilidad semántica. Solo Costa Rica declaró utilizar el Marco Europeo de Interoperabilidad18 (EIF) para avanzar en sus esfuerzos de interoperabilidad del sector público basados en las mejores prácticas y principios internacionales.19

Dirigir el cambio de política de datos

Para crear un sector público impulsado por datos, coherente y fiable, es necesario crear un entorno propicio para la gobernanza de datos en el sector público. Este entorno puede adoptar la forma de marcos regulatorios, mecanismos de coordinación y colaboración, organismos consultivos y redes institucionales formales de profesionales del sector público.

Marcos regulatorios

Visión general

El alcance de los instrumentos regulatorios vinculantes y no vinculantes relacionados con la gobernanza de datos y el acceso e intercambio de datos puede ser muy diverso. Pueden ir desde normas regulatorias sobre interoperabilidad de datos en el sector público y un gobierno cero papel hasta directrices sobre datos abiertos gubernamentales, anonimización de datos, privacidad y protección de datos personales. El Recuadro 3.1 muestra una lista no exhaustiva de los desarrollos normativos regulatorios pertinentes en materia de gobernanza de datos a nivel regional.

Recuadro 3.1. Instrumentos regulatorios pertinentes sobre datos en ALC

Brasil

• 2021 Ley 14.129: Ley de Gobierno Digital (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14129.htm)

• 2019 Ley 13.853 de creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13853.htm)

• 2019 Decreto sobre el intercambio de datos en el sector público, el Registro de Ciudadanos y el Comité Central de Gobernanza de Datos (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10046.htm)

• 2019 Decreto sobre la política de datos abiertos (https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/729983345/decreto-9903-19)

• 2019 Estándares de interoperabilidad actualizados (ePING) (https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/padroes-de-interoperabilidade)

• 2018 Ley general 13.709 de Protección de Datos (https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/lgpd)

• 2011 Ley 12.527 de acceso a la información. (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm)

Chile

• 2019 Ley de transformación digital (21.180) (https://digital.gob.cl/transformacion-digital/ley-de-transformacion-digital/)

• 2014 Decreto 14: Documentación y firma electrónicas (https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1059778&idParte=)

• 2013 Norma técnica sobre datos abiertos

• 2012 Directiva Presidencial de Gobierno Abierto (incluidos datos abiertos) (https://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/Gab%20Pres.%20N%C2%BA%20005.pdf)

• 1999 Ley 19628 de Protección de la Vida Privada. (https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599)

Colombia

• 2022 Decreto 1389: Directrices generales sobre la gobernanza de la infraestructura de datos y la creación del modelo de gobernanza de la infraestructura de datos (https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=191409)

• 2022 Resolución 460: Plan Nacional de Infraestructura de Datos

• 2021 Hoja de Ruta de Datos Abiertos Estratégicos para el Estado Colombiano (https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-07/Hoja%20de%20Ruta%20Datos%20Abiertos%20Estrat%C3%A9gicos%202021_1.pdf)

• 2020 Decreto 620: Directrices generales sobre el uso y funcionamiento de los servicios digitales (https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039155) (incluye principios sobre portabilidad de datos, consentimiento, privacidad y protección de datos personales)

• 2019 Marco de Interoperabilidad (http://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/marco_de_ interoperabilidad_para_gobierno_digital.pdf)

• 2015 Resolución 3564, que incluye directrices sobre datos abiertos

• 2014 Ley 1712: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional, que incluye disposiciones sobre datos abiertos

• 2013 Decreto 1377 de Protección de Datos (https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1276081)

• 2012 Ley 1581 de Protección de Datos Personales (https://www.suin-uriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1684507#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la)

• 2008 Ley 1266 de Habeas data y protección de datos. (https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676616)

Costa Rica

• (En desarrollo) Guía sobre la publicación de datos abiertos

• 2018 Decreto Ejecutivo 41190 sobre la Reforman de los Decretos Ejecutivos núm. 38994 "Promoción del Gobierno Abierto en la Administración Pública y Creación de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto", núm. 40199 y núm. 39372 (https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1= NRTC&nValor1=1&nValor2=86815&nValor3=112831&strTipM=TC

• 2017 Decreto 40200 de Transparencia y Acceso a la Información Pública (https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1 =1&nValor2=84166&nValor3=108486&strTipM=TC)

• 2017 Decreto 40199 sobre la publicación de datos abiertos (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=84004)

• 2012 Normas regulatorias sobre la Ley de Protección de Datos Personales (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=74352)

• 2011 Ley 8968 de Protección de Datos Personales. (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989#:~:text=Ninguna%20persona%20estar%C3%A1%20obligada%20a,la%20orientaci%C3%B3n%20sexual%2C%20entre%20otros)

México

• 2021 Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos para la Administración Pública Federal (2021-24)

• (https://funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/Politica_de_Transparencia_Gobierno_Abierto_y_Datos_Abiertos_ de_la_APF_2021-2024.pdf)

• 2017 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf)

• 2015 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf)

• 2015 Decreto ejecutivo sobre datos abiertos. (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015#gsc.tab=0)

Panamá

• 2020 Guía de implementación técnica sobre datos abiertos (https://www.datosabiertos.gob.pa/documentos/1-about-guia-publicacion.pdf)

• 2019 Ley núm. 81 de Protección de Datos Personales (https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28743_A/GacetaNo_28743a_20190329.pdf)

• 2018 Resolución núm. DS-3513-2018 por la que se define la Política de Transparencia en materia de datos abiertos gubernamentales (https://transparencia.css.gob.pa/wp-content/uploads/2020/01/Resoluci%C3%B3n-No.-DS-3513-2018-de-17-de-enero-de-2018-por-la-cual-se-desarrolla-la-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-de-transparencia-de-datos-abiertos-de-gobierno.pdf)

• 2017 Decreto Ejecutivo núm. 511 por el que se adopta la Política de Transparencia en materia de datos abiertos gubernamentales (https://transparencia.css.gob.pa/wp-content/uploads/2020/01/Decreto-Ejecutivo-511-de-24-de-noviembre-de-2017-que-adopta-la-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-de-transparencia-de-Datos-Abiertos-de-Gobierno.pdf)

• 2016 Resolución núm. 15 por la que se aprueba el Esquema de Interoperabilidad Gubernamental de Panamá

  (https://aig.gob.pa/descargas/2019/06/Resolucion15_2016ApruebaEsquemadeInteroperabilidadCNIG.pdf?%20csrt=14471955142736531)

• 2012 Ley núm. 83 que regula el uso de herramientas electrónicas en los trámites gubernamentales, creando el Sistema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad (Artículo 15)

• 2002 Ley núm. 6 sobre Transparencia Pública, Habeas Data y otras materias. (https://www.antai.gob.pa/wp-content/uploads/2015/04/Ley-6-de-22-enero-2002.pdf)

Paraguay

• 2023 Decreto 8942 por el que se publica el Plan Nacional TIC 2022-2030 (https://www.presidencia.gov.py/url-sistema-visor-decretos/index.php/ver_decreto/31861)

• 2022 Ley 6822 sobre servicios de confianza para trámites y documentos electrónicos, incluidas disposiciones específicas de protección de datos personales (https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/10318/ley-n-6822-de-los-servicios-de-confianza-para-las-transacciones-electronicas-del-documento-electronico-y-los-documentos-transmisibles-electronicos)

• 2020 Ley 6522 sobre un gobierno cero papel (https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9281/ley-n-6562-de-la-reduccion-de-la-utilizacion-de-papel-en-la-gestion-publica-y-su-reemplazo-por-el-formato-digital)

• 2018 Ley 6207 por la que se crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (entre otras, define las responsabilidades del Ministerio en materia de interoperabilidad del sector público)

• 2014 Ley 5282 de acceso de los ciudadanos a la información pública y transparencia gubernamental (https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3013/ley-n-5282-libre-acceso-ciudadano-a-la-informacion-publica-y-transparencia-gubernamental)

• 2013 Ley 4868 de Comercio Electrónico (incluye disposiciones de protección de datos personales)

• 2013 Ley 1682 sobre la información clasificada como privada (https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/1760/ley-n-1682-reglamenta-la-informacion-de-caracter-privado)

• 2010 Ley 4017 que otorga validez legal a la firma electrónica, firma digital, mensajes de datos (transferencias) y archivos electrónicos. (https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3550/ley-n-4017-de-validez-juridica-de-la-firma-electronica-la-firma-digital-los-mensajes-de-datos-y-el-expediente-electronico)

Perú

• 2020 Decreto de urgencia núm. 007-2020 que aprueba el Marco de Confianza Digital. El Marco de Confianza Digital aborda cuestiones relacionadas con la protección de datos, el uso ético de los datos y la tecnología, asimismo, crea el Centro Nacional de Datos (https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/395322-007-2020)

• 2020 Decreto de Urgencia núm. 006-2020-PCM que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. El Decreto define "los datos como activo estratégico" como principio básico del Sistema Nacional de Transformación Digital (https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-crea-el-sistema-nacional-de-transfor-decreto-de-urgencia-n-006-2020-1844001-1/)

• 2018 Decreto Legislativo 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital (incluye disposiciones sobre interoperabilidad de datos, datos abiertos, gobernanza de datos y protección de datos) (https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/289706-1412) (Including provisions on data interoperability, open data, data governance and data protection)

• 2018 Resolución Ministerial núm. 119-2018-PCM (https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/2951-119-2018-pcm) y 2019 Resolución Ministerial núm. 087-2019-PCM, por la que se crea el Comité de Gobierno Digital y se definen sus responsabilidades, incluso en lo que respecta al avance del intercambio de datos en el sector público, los datos abiertos y la seguridad de los datos (https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/267481-087-2019-pcm)

• 2017 Decreto Supremo núm. 016-2017-PCM que define la Estrategia Nacional de Datos Abiertos 2017-21 y el Modelo de Datos Abiertos del Gobierno de Perú (https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/292314-016-2017-pcm)

• 2011 Ley núm. 29733 de Protección de Datos Personales (https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733)

• 2011 Decreto núm. 083-2011-PCM, que crea la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE). (https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/292465-083-2011-pcm)

República Dominicana

• (En desarrollo) Política de datos abiertos

• 2014 Ley General núm. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública (https://presidencia.gob.do/sites/default/files/statics/transparencia/marco-legal/leyes/Ley-200-04.pdf)

• 2013-2020 Marco Normativo para las TIC y el Gobierno Electrónico, incluyendo las Normas sobre publicación de datos abiertos (NORTIC A3), Interoperabilidad (NORTIC A4), y Seguridad (NORTIC A7). (https://ogtic.gob.do/wp-content/uploads/2019/02/Marco-Normativo-de-TIC-y-Gobierno-Electr%C3%B3nico-en-Rep%C3%BAblica-Dominicana.pdf)

• 2013 Ley núm. 172-13 de Protección de Datos Personales.(https://indotel.gob.do/media/6200/ley_172_13.pdf)

Uruguay

• 2021 Estrategia de datos abiertos 2021-24 (https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/datos-abiertos)

• 2020 Decreto núm. 64/020 (https://www.impo.com.uy/bases/decretos/64-2020) and y Artículo 40 de la Ley núm. 19670 (2018) con norma regulatoria en materia de protección de datos personales(https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19670-2018/40)

• 2017 Decreto núm. 54/017 por el que se definen las Directrices Técnicas para la Publicación de Datos Abiertos (https://www.impo.com.uy/bases/decretos/54-2017)

• 2015 Ley núm. 19.355 (Artículo 82) que define la obligación de publicar el presupuesto nacional en formatos abiertos

• 2008 Ley núm. 18381 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública

• 2008 Ley de Protección de Datos Personales, por la que se crea la Unidad Regulatoria de Control de Datos Personales. (https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008#:~:text=%2D%20Toda%20persona%20f%C3%ADsica%20o%20jur%C3%ADdica,de%20la%20que%20es%20titular)

Fuente: A partir de la información obtenida en la encuesta realizada para este informe y de otras investigaciones documentales.

Desafíos

Los datos de la región de ALC apuntan a diversos niveles de consolidación en materia regulatoria, con algunos países que carecen de bases jurídicas más sólidas en ámbitos como la interoperabilidad de los datos, los datos abiertos o la protección de los datos personales. La pandemia por COVID-19 y otros sucesos sacaron a la luz estas lagunas existentes, obligando a algunos países a tomar medidas rápidas para actualizar sus marcos regulatorios en estos ámbitos.

Las leyes de Gobierno Digital de Perú y Brasil (consulte elRecuadro 3.1) son ejemplos destacados a nivel regional en relación con el uso de normas regulatorias como herramientas para mejorar la gobernanza de datos en el sector público y salvar la brecha entre ámbitos específicos.

La Ley de Gobierno Digital de Perú proporciona el fundamento legal para el desarrollo del Marco de Gobernanza y Gestión de Datos para el Estado peruano. Este logro ha conducido a los esfuerzos actuales implementados por la SEGDI de Perú, incluyendo el desarrollo de la Estrategia Nacional de Datos para Perú, y se encuentra en línea con las mejores prácticas observadas en países de la OCDE como los Países Bajos, Estados Unidos y Japón. La Ley de Gobierno Digital de Brasil ha contribuido a vincular aún más los datos abiertos con las iniciativas de gobierno digital (por ejemplo, el uso de datos para el desarrollo conjunto de servicios públicos), yendo así más allá de la comprensión tradicional de los datos abiertos como una cuestión de transparencia pública (OECD, 2022[11]).

No obstante, mientras que la disponibilidad de leyes y normas regulatorias no determina el éxito, otros países siguen rezagados en cuanto a avanzar en sus esfuerzos por desarrollar marcos regulatorios sólidos en materia de gobernanza de datos en la región.

Costa Rica y Panamá podrían establecer un marco regulatorio más sólido para avanzar en la interoperabilidad de los datos en el sector público. En 2018, el Decreto Ejecutivo núm. 4095120 derogó el Decreto de Promoción del Modelo de Interoperabilidad del Sector Público de 2010 (Decreto núm. 35776 -PLAN-G-J)21 en Costa Rica. Como resultado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT) está siguiendo un enfoque técnico que se centra en el Código Nacional de Tecnologías Digitales, pero carece de instrumentos regulatorios más sólidos para hacer cumplir la adopción. En Panamá, la AIG está trabajando para que los organismos públicos utilicen el Bus de Interoperabilidad central (definido en la Agenda Digital 2020 de Panamá). Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de directrices, procesos y requisitos técnicos, la falta de instrumentos jurídicos vinculantes, como legislación y normas regulatorias en la materia, hace que su aplicación sea un desafío.

Por último, a pesar de los esfuerzos anteriores y las propuestas para mejorar el marco regulatorio sobre datos abiertos gubernamentales,22 Paraguay aún carece de disposiciones legales y normas regulatorias en este ámbito. Sin embargo, con la llegada de la pandemia por COVID-19, el gobierno, al igual que muchos otros países de todo el mundo, se enfrentó a la presión pública para divulgar información y datos de interés público. En esta línea, la Ley 6524 de 2020 de Paraguay (que declaró el estado de emergencia en el país) encomendó al MITIC la creación de un portal en línea en el que todos los organismos públicos pudieran publicar los gastos presupuestarios de emergencia como datos abiertos.23 Paraguay también carece de un marco legal más sólido para la protección de datos personales a pesar de las disposiciones incluidas en la Ley 4868 de 2013 sobre Comercio Electrónico.

Los marcos regulatorios obsoletos o inexistentes suponen un desafío para una mayor interoperabilidad regulatoria en la región y, por lo tanto, para una integración, acceso e intercambio de datos fiables a través de las fronteras.

La gobernanza de los datos y su complejidad se determinan por el contexto en el que se accede a los datos y se comparten (por ejemplo, organizativo, intersectorial, transfronterizo).

A nivel internacional, instrumentos como el Reglamento General Europeo de Protección de Datos24 (RGPD), la Directiva Europea sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público,25 y la Ley Europea de Gobernanza de Datos26 son normas regulatorias pioneras en materia de datos en todo el mundo. Cabe mencionar que, entre todos los países de ALC, la Comisión Europea solo ha reconocido a Argentina y Uruguay como proveedores de niveles adecuados de protección de datos27 en línea con las normas regulatorias de la UE. No en vano, países de todo el mundo están utilizando el RGPD para actualizar sus propias normas regulatorias nacionales de protección de datos personales.

En ALC, las normas regulatorias obsoletas o inexistentes en áreas como los datos abiertos, la protección de datos personales y la interoperabilidad crean un campo desigual para aprovechar la creciente disponibilidad de fuentes de datos para la innovación digital regional y el diseño y la prestación de servicios (transfronterizos). Todo ello respetando y protegiendo los intereses legítimos de personas físicas, empresas y comunidades.

Desde esta perspectiva, avanzar en áreas como la disponibilidad de marcos regulatorios armonizados a nivel regional debería seguir siendo una prioridad para los países de ALC en los próximos años.

Coordinación y colaboración

Visión general

"Una buena gobernanza de datos [...] se beneficia de la adopción de enfoques abiertos, inclusivos, iterativos, colectivos y basados en valores para su definición, implementación, evaluación y cambio [...]. El compromiso de las partes interesadas puede ayudar a identificar mejor las prioridades de la política de datos y las necesidades de datos, así como a evaluar el contexto actual en términos de capacidad de datos dentro del sector público (OECD, 2019[6]). En este sentido, la coordinación y colaboración con las partes interesadas internas y externas es fundamental para, entre otros objetivos, identificar las tendencias cambiantes y las necesidades emergentes; desarrollar en conjunto, diseñar y comprender las normas regulatorias y herramientas que sustentan la buena gobernanza de los datos (por ejemplo, para equilibrar la protección de los datos personales con los datos abiertos); y fomentar el uso de herramientas, infraestructuras y normas comunes de datos en todo el sector público.

En términos de coordinación del gobierno integral, los ejemplos relevantes incluyen el del Comité Central de Gobernanza de Datos (CCGD) de Brasil28, que fue creado por decreto en 2019 para promover una mejor coordinación en torno a temas políticos específicos relacionados con los datos, como el acceso y el intercambio de datos dentro del sector público, los datos abiertos, la protección de datos y el registro ciudadano. El CCGD está integrado únicamente por representantes de organismos públicos, más dos representantes de organizaciones de la sociedad civil con experiencia y rendimiento probado en el ámbito de la protección de datos personales.

La coordinación en temas relacionados con los datos también se observa a nivel sectorial. Por ejemplo, en 2020 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia creó el Comité de Gestión de Datos con el objetivo de promover la gobernanza del acceso y el intercambio de datos con fines estadísticos.29

No obstante, la coordinación de las cuestiones relacionadas con los datos puede llevarse a cabo en foros más centrados en el gobierno digital. En Perú, y en línea con las recomendaciones brindadas por la OCDE (OECD, 2019[12]), la Resolución Ministerial núm. 119-2018-PCM30 ordena la creación de un Comité de Gobierno Digital al interior de cada organismo público con la tarea, entre otras responsabilidades, de promover el intercambio de datos e información al interior de la organización y con otras organizaciones.

Desafíos

Se necesita coordinación y colaboración a todos los niveles (desde los responsables de la toma de decisiones hasta el personal técnico) para avanzar hacia unos gobiernos más impulsados por datos. Aprovechar las comunidades de práctica es fundamental para construir la madurez de los datos del sector público desde la base.

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los países de ALC es garantizar que todas las partes interesadas dentro y fuera del sector público conozcan, coordinen y colaboren en torno a las iniciativas relacionadas con los datos o que hacen un uso intensivo de los mismos. Los datos obtenidos durante las entrevistas muestran que, mientras que en algunos casos la coordinación se lleva a cabo a nivel político o de toma de decisiones, esta práctica está menos extendida a los agentes del sector público con conocimientos de datos o a los actores ajenos al sector público. Puede tratarse de funcionarios y organismos encargados de la implementación real de las iniciativas impulsadas por datos, administradores de datos (si corresponden), organismos responsables de la gestión de registros en el sector público y organizaciones de base. Si existe coordinación, suele ser ad hoc y específica para cada proyecto.

Tal y como se presenta en la Figura 3.2, la gobernanza de datos es polifacética y, según el contexto de su implementación, multinivel. Por ello, los distintos agentes tienen diferentes responsabilidades de acuerdo con sus funciones y cargo. Es necesario garantizar la coordinación en todos los niveles para asegurarse de que los objetivos políticos se traducen en acciones coherentes durante la fase de implementación. La claridad en la atribución de funciones y responsabilidades a nivel institucional es, sin embargo, una condición previa para el éxito en este ámbito (consulte la sección Funciones y responsabilidades de los datos).

Al mismo tiempo, los actores entrevistados no mencionaron con frecuencia la colaboración a través de comunidades de práctica. Trabajos anteriores de la OCDE en la región de ALC muestran el impacto que los cambios de administración política pueden tener en la estabilidad de los funcionarios públicos y, por lo tanto, en la continuidad de iniciativas específicas de datos como los datos abiertos. Una forma de afrontar este desafío es dar más importancia a las comunidades informales de prácticas dentro del sector público, de modo que se generalicen los conocimientos sobre lo que funciona y lo que no, se reutilicen los datos y las herramientas tecnológicas y se cree una cultura de acceso e intercambio de datos desde la base.

Una buena gobernanza de datos es colaborativa y abierta. En ALC, la coordinación y la colaboración deben tener lugar más allá del sector público para comprometerse con las comunidades externas de práctica y con los afectados por los proyectos e iniciativas de datos.

En ALC, los datos muestran que la participación de actores ajenos al sector público en los organismos de coordinación (por ejemplo, observadores de derechos humanos, start-ups, sociedad civil) no es una práctica habitual. Esta gobernanza "abierta" de los datos es pertinente sobre todo cuando el acceso a los mismos y su intercambio tienen implicaciones en términos de protección de datos personales, privacidad y consentimiento. Subsanar esta deficiencia sería fundamental para garantizar que las estrategias, proyectos e iniciativas relacionados con los datos sean inclusivos, representativos e integren todas las voces, en particular las de quienes se verán afectados de primera mano por su implementación, incluidos los grupos vulnerables y las minorías.

Funciones y responsabilidades de los datos en los organismos públicos

Visión general

Definir claramente las funciones de liderazgo y gestión de datos (desde la protección de datos hasta su apertura) es una condición previa para la implementación sólida de una estrategia de datos. Tener claras las funciones:

• Facilita la coordinación, reduce el riesgo de duplicación y aumenta la conciencia, ya que los funcionarios públicos saben quién es responsable de tareas específicas y, como tales, saben a quién dirigirse en caso de duda.

• Deja clara la distribución y la atribución de responsabilidades a todos los actores implicados en la gestión, el acceso y el intercambio de los datos.

• Arroja más luz en cuanto a la obligación de rendir cuentas de los funcionarios públicos encargados de una tarea específica de gestión de datos.

En cuanto a la distribución y atribución de funciones y responsabilidades, los ejemplos más relevantes se observan en los acuerdos de gobernanza para la protección de datos personales, tal y como se definen en las legislaciones y requisitos formales disponibles.

En Barbados, la Ley de Protección de Datos de 201931 (DPA, por sus siglas en inglés) creó un Comisionado de Protección de Datos para el sector público y obliga a los organismos públicos a nombrar un Funcionario de Protección de Datos. La Ley de Protección de Datos Personales de 2018 de Brasil también definió una función específica similar para canalizar la comunicación entre los responsables del tratamiento de datos personales, los titulares de los datos y la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD). Tanto la norma regulatoria de protección de datos de Barbados como la de Brasil han introducido también los conceptos de "contralor de datos" y "procesador de datos", en línea con las normas regulatorias europeas. En Uruguay, la Ley 19.670 (Artículo 40) de 2018 obliga a los organismos públicos a designar un Delegado de Protección de Datos. Las responsabilidades de los delegados de protección de datos se detallan en el Decreto núm. 64/020 de 2020. El nombramiento de estos cargos de protección de datos dentro de los organismos públicos ayuda también a coordinarse con las autoridades de protección de datos, según corresponda.

Desafíos

La designación o asignación de funciones y responsabilidades no está formalizada en algunos casos, mientras que en otros es más bien orgánica y aprovecha las estructuras de gobernanza existentes.

Las etapas del ciclo de valor de los datos incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa, la generación, recopilación, selección, conservación, almacenamiento, protección, eliminación, acceso, intercambio y uso de los datos (OECD, 2021[8]). Si bien no sería factible derivar una función o cargo específico de las tareas resultantes de cada una de las etapas mencionadas, algunas tareas pueden conducir a la definición de funciones tácticas como los funcionarios de protección de datos, privacidad, información y datos abiertos. En la práctica, estas funciones (deberían) interactuar y coordinarse para garantizar que los datos aporten valor en el contexto de la legislación disponible y respetando los valores y derechos.

En ALC, la implementación de la norma regulatoria sobre protección de datos y privacidad, que puede considerarse bastante sencilla en cuanto a su alcance y objetivo, se ha traducido en la definición o designación por ley de funciones de protección de datos personales en el sector público, como se ha descrito anteriormente. Sin embargo, en la práctica, la designación de funciones de protección de datos personales se traduce en la asignación de la función como nueva responsabilidad o tarea de un funcionario ya existente.

Otro desafío surge en relación con otras etapas del ciclo de valor de los datos, que a menudo pueden percibirse como más complejas o en la intersección de diferentes políticas.

Por ejemplo, en ALC los acuerdos institucionales para la implementación de políticas de datos abiertos gubernamentales están profundamente relacionados con los esfuerzos de transparencia. Esta tendencia fue informada por la OCDE en estudios anteriores, concretamente en el Informe sobre Gobierno Abierto en América Latina del 2015 (OECD, 2015[13]). Esta conexión (que también resulta de la inclusión de objetivos de datos abiertos en el contexto de los Planes de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en la región) ha hecho que algunos países de ALC aprovechen los acuerdos de gobernanza para la transparencia del sector público como el principal canal para cumplir sus objetivos o compromisos sobre datos abiertos gubernamentales (consulte la sección sobre datos abiertos gubernamentales).

Ejemplo de lo anterior es Panamá, donde la Resolución DS-3513 (2018)32 establece que la implementación de datos abiertos es responsabilidad de los funcionarios de información pública de los organismos (Artículo 15). En Costa Rica, la ausencia de normas regulatorias específicas sobre datos abiertos hace a los Funcionarios de Acceso a la Información (como se definen en el Decreto 40 200 de 2017 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública)33 implementadores de facto de los esfuerzos de datos abiertos en todo el sector público, según lo informado por Costa Rica. En otros países, como Brasil y México, los instrumentos regulatorios, como los decretos de datos abiertos, sí definen el papel de los organismos públicos en cuanto a la publicación de datos abiertos, pero no proporcionan más detalles sobre quién supervisa su implementación dentro de los organismos públicos. Así, se deja margen a la discreción de los organismos públicos a la hora de asignar internamente la responsabilidad de los datos abiertos. En Perú, las evidencias obtenidas a través de la encuesta realizada para este informe señalan a los Líderes de Gobierno Digital institucionales (cargo formal creado por la Ley de Gobierno Digital) como los implementadores de las iniciativas de datos abiertos.

La tendencia a vincular los datos abiertos a la transparencia del sector público ha repercutido en la comprensión del objetivo de las políticas de datos abiertos gubernamentales en ALC, que a veces pueden centrarse en gran medida en la publicación de datos y no en la misma medida en el valor que los datos del sector público pueden crear más allá de la apertura y la transparencia, como por ejemplo a través de su reutilización. Además, la falta de una norma regulatoria más detallada o secundaria en la materia, unida a la discrecionalidad en la toma de decisiones a la hora de asignar la responsabilidad de los datos abiertos, puede hacer que los incentivos se centren en el cumplimiento más que en la creación de valor. En términos generales, la asignación de la responsabilidad de los datos abiertos a funcionarios públicos de diversa procedencia también puede dificultar la búsqueda de un terreno común para la coordinación y la colaboración, convirtiendo la publicación de datos en el resultado principal en lugar de en un medio para la creación de valor.

Al mismo tiempo, y como se muestra en el Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata) de 2019 (OECD, 2020[7]), la aparición y la creciente adopción de tecnologías de uso intensivo de datos, como la inteligencia artificial (IA) (consulte el Capítulo 5), han cambiado las prioridades políticas, y algunos países invierten mayores esfuerzos en la creación de capacidad para el uso de datos dentro del sector público.

Sin embargo, la tendencia mencionada exige mayores esfuerzos para colmar las lagunas existentes en materia de gobernanza de datos, es decir, adoptar un enfoque más cohesionado de la capacidad de gobernanza de datos en los sectores públicos. La aplicación de los datos y la obtención de valor a partir de ellos requieren orden y estructura, desde la definición de normas para la generación de datos y la selección de una fuente de datos fiable hasta la garantía de la integridad de los datos y la decisión de si un conjunto de datos concreto es apto para ser compartido públicamente.

La administración institucional de los datos es necesaria para reunir todas las piezas y garantizar la cohesión y la coordinación.

Es importante entender el ciclo de valor de los datos como un continuo de etapas y tareas interrelacionadas que, como ya se ha mencionado, suelen estar fragmentadas en diferentes funciones y organizaciones. En ALC, la fragmentación no solo está relacionada con los silos de datos, sino también con la escasa coordinación entre las funciones existentes o las que se crearán en un esfuerzo por gestionar, controlar, proteger, abrir o reutilizar mejor los datos. En este contexto, tal y como se ha observado con la adopción de las Estrategias Nacionales de Datos, existe una necesidad generalizada de acercar las distintas responsabilidades en materia de datos y aumentar la alfabetización de datos dentro del sector público para que las políticas, acciones y decisiones sean coherentes y no entren en conflicto ni interfieran entre sí (por ejemplo, la protección de datos y los datos abiertos).

Para lograr esta integración sería necesario definir funciones más estratégicas y transversales, como las de administradores y/o líderes institucionales de datos. Estas funciones pueden ayudar a conectar las distintas responsabilidades en materia de datos, tanto con una comprensión de los aspectos más estratégicos de los esfuerzos en este ámbito (definidos por las autoridades centrales) como con una mentalidad orientada a la acción, táctica y de asesoramiento sobre lo que debe hacerse en el organismo público y cómo puede lograrse. Estas funciones también contribuirían a facilitar la coordinación de las estrategias nacionales e institucionales en materia de datos, si se dispone de ellas.

Los datos de ALC muestran que los organismos públicos carecen en su mayoría de funciones de liderazgo estratégico en materia de datos institucionales.

Perú es el único país que informa la formalización por ley de una función de este tipo (Funcionario de la Gobernanza de Datos) en los organismos públicos. Mientras que en la práctica los funcionarios encargados de la gobernanza de datos se han traducido en tareas atribuidas a puestos ya existentes y no necesariamente como un cargo formal, los funcionarios encargados de la gobernanza de datos deben supervisar diferentes tareas, entre ellas fomentar una cultura de datos en el sector público, promover una mejor gestión y calidad de los datos y coordinarse con los funcionarios encargados de los datos abiertos, el uso de datos para servicios, la interoperabilidad y la protección de datos (2021 Reglamento de la Ley de Gobierno Digital).34 Brasil informa de la ausencia de estos puestos en la práctica. En Panamá, estas redes están disponibles, pero solo en relación con los Funcionarios de Acceso a la Información y en conexión con los esfuerzos de datos abiertos centrados en la transparencia. Un contexto similar se observa en Colombia, donde estas funciones se centran sobre todo en los datos abiertos. En Chile, el gobierno central informa que solo el 20% de los organismos públicos tienen una función de liderazgo para los datos, por ejemplo, directores de datos, pero estos son en su mayoría técnicos.

Aunque las causas subyacentes al contexto mencionado requerirían más investigación y recopilación de datos, la falta de recursos (en particular en las instituciones públicas más pequeñas o a nivel local) podría repercutir en la capacidad real de los organismos públicos para crear cargos formales adicionales y asignar más recursos (por ejemplo, salarios) a tal fin. A su vez, esto crea un entorno en el que los funcionarios públicos asumen responsabilidades adicionales a sus funciones habituales. En consecuencia, la carga de trabajo adicional podría dar lugar a una cultura pública basada en el cumplimiento y a la falta de los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre cuestiones como la protección de datos, la privacidad o el acceso e intercambio de datos.

Liderazgo y estrategias en materia de datos

A un nivel más estratégico, la gobernanza de los datos del sector público requiere un liderazgo de gobierno integral y claridad en cuanto a los resultados esperados, así como los hitos y las acciones necesarias para lograr esos resultados y aportar valor. La adopción de un enfoque de gobierno integral para el acceso y el intercambio de datos es una de las disposiciones clave de la Recomendación de la OCDE sobre la Mejora del Acceso e Intercambio de Datos,35 adoptada por el Consejo de la OCDE en octubre de 2021. En esta línea, la Recomendación subraya cómo las estrategias nacionales de datos y el liderazgo al más alto nivel pueden ayudar a "fomentar el acceso a los datos y su intercambio dentro y entre la sociedad, los sectores público y privado, y las jurisdicciones" y permitir "la coordinación e implementación de políticas" (OECD, 2021[3]).

Liderazgo de datos de gobierno integral

Visión general

El liderazgo de gobierno integral es fundamental para la gobernanza digital y de datos. Como se detalla en el Manual de Líderes Digitales para la Gobernanza del Gobierno Digital de la OCDE (OECD, 2021[14]) y en el informe de la OCDE The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector (OECD, 2019[6]), los contextos nacionales pueden determinar cómo se atribuye la función de liderazgo integral en términos de ubicación (por ejemplo, en el centro del gobierno frente a un ministerio), acuerdo institucional (por ejemplo, un organismo frente a una unidad interna, liderazgo unipersonal frente a una estrategia dirigida por un grupo) y la influencia o el tipo de liderazgo que se busca (político, administrativo o técnico). Los acuerdos de gobernanza disponibles para el gobierno digital también desempeñan un papel importante, ya que también pueden influir en cómo se atribuye el liderazgo de datos en el gobierno integral. Por ejemplo, como una tarea o función del organismo rector del gobierno digital en lugar de un cargo formal autónomo.

La mayoría de los sectores públicos de ALC carecen de cargos de liderazgo integral en materia de datos, en forma de funciones formales, autónomas y unipersonales (por ejemplo, un director de datos del gobierno, como se observa en Estonia). Sin embargo, la práctica en la región de ALC muestra una estrecha conexión entre las estructuras de gobernanza para el gobierno digital (como se discutió en el Capítulo 1) y la atribución de la responsabilidad del liderazgo del gobierno integral en materia de datos.

En ALC, el liderazgo general en materia de datos suele atribuirse como tarea del organismo encargado de la estrategia de gobierno digital y está muy centrado en la interoperabilidad. Esto confirma el valor estratégico de los datos para el diseño y la prestación de servicios públicos, la elaboración de políticas y la eficiencia del sector público. Sin embargo, el liderazgo y/o el mandato en materia de protección de datos personales y datos abiertos gubernamentales suelen recaer en diferentes organismos de los países de ALC (consulte la Tabla 3.1).

Tabla 3.1. Distribución de la tarea de liderazgo de datos en ALC

	Institución	La institución se encarga de:
		Interoperabilidad	Datos abiertos	Protección de datos personales
Argentina	Secretaría de Innovación Pública, Jefatura de Gabinete	Sí	Sí	No - Agencia de Acceso a la Información Pública
Barbados	..	..	..	..
Brasil	Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos	Sí	No - Oficina de la Contraloría General	No - Autoridad Nacional de Protección de Datos
Chile	División de Gobierno Digital, Ministerio Secretaría General de la Presidencia	Sí	No ..	No - Tarea claramente no atribuida
Colombia	Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Sí	Sí	No - Superintendencia de Industria y Comercio
Costa Rica	Agencia Nacional de Gobierno Digital	Sí	No ..	No - Agencia de Protección de Datos Personales
República Dominicana	Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC)	Sí	No - Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental	No - Tarea claramente no atribuida
Ecuador	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	Sí	No ..	No - Tarea claramente no atribuida
Jamaica	..	..	..	..
México	Coordinación de Estrategia Digital Nacional, Oficina de la Presidencia	Sí	No - Ministerio de Administración Pública	No - Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Panamá	Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental	Sí	Sí	No - Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Paraguay	Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación	Sí	Sí	No - Agencia de Protección de Datos Personales (por crearse)
Perú	Secretaría de Gobierno Digital, Presidencia del Consejo de Ministros	Sí	Sí	No - Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
Uruguay	Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC)	Sí	Sí	No - Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales

.. : Información no disponible/no clara.

Fuente: Encuesta de la OCDE-CAF sobre Gobierno Digital en ALC (2021) e investigación documental.

Por ejemplo, en Brasil, la Secretaría de Gobierno Digital, dependiente del Ministerio de Gestión e Innovación de los Servicios Públicos, posee el liderazgo operativo en materia de gobernanza de datos e interoperabilidad. Esta función se desempeñaba anteriormente en estrecha colaboración con la antigua Secretaría Especial de Modernización del Estado, ubicada en la Oficina de la Presidencia (que actuaba más bien como rama política de la agenda de gobierno digital). El Secretario Especial de Modernización del Estado desapareció en 2023. El mandato para los datos abiertos, sin embargo, se encuentra en la Contraloría General de la Unión (CGU) (OECD, 2018[15]). La Secretaría de Gobierno Digital preside el Comité Central para la Gobernanza de Datos36 (consulte la sección sobre coordinación).

En Colombia, la Dirección de Gobierno Digital del MINTIC supervisa diversos aspectos relacionados con la interoperabilidad de datos y los datos abiertos (OECD, 2018[16]). La función del MINTIC se lleva a cabo en estrecha colaboración con el DNP y la Oficina de la Presidencia. Escenarios similares se observan en Ecuador, y Paraguay, donde los respectivos Ministerios a cargo de Tecnologías de la Información y Comunicación lideran la agenda de gobierno digital, incluyendo la interoperabilidad.

En Uruguay, la AGESIC integra la interoperabilidad de datos y los datos abiertos como parte de sus responsabilidades. Un escenario similar se observa en Perú, donde SEGDI lidera los esfuerzos de interoperabilidad y datos abiertos en el sector público. Aunque diferentes en términos de organización (uno es una agencia, el otro una oficina), la ubicación de AGESIC y SEGDI en el Centro de Gobierno (CdG) da a estos organismos los instrumentos en materia política y el liderazgo operativo necesarios para avanzar en el gobierno digital y los esfuerzos de datos en el sector público (consulte la OCDE (2017[17]); (2019[12]); Capítulo 1).

En la República Dominicana, la tarea de liderazgo de datos (en términos de interoperabilidad) es responsabilidad de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC). La OGTIC se coordina con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en el ámbito de los datos abiertos.

En Panamá, la gobernanza de datos, la interoperabilidad y los datos abiertos son responsabilidad de la AIG, que también cuenta con una unidad interna específica centrada en el avance de la ciencia de datos en el sector público.

En Chile, la responsabilidad de la interoperabilidad recae en la División de Gobierno Digital (DGD) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). La DGD también se encarga de los aspectos estratégicos y operativos de los datos abiertos gubernamentales, incluida la administración del portal de datos abiertos de Chile.

En Argentina y México, los cambios de la administración central modificaron la atribución de responsabilidades relacionadas con los datos en los últimos años. En Argentina, la interoperabilidad está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete. Los datos abiertos están estrechamente relacionados con la agenda de gobierno abierto, ya que la Dirección Nacional de Gobierno Abierto de la Secretaría de Innovación Pública lidera la agenda de datos abiertos. Anteriormente, la Dirección Nacional de Datos Públicos e Información Pública "actuaba de facto como director de datos del gobierno” (OECD, 2019[10]), impulsando así los esfuerzos de gestión de datos, interoperabilidad y datos abiertos en relación con la agenda de gobierno digital. No está claro si este enfoque integrado de liderazgo de datos sigue vigente en el país, según las pruebas proporcionadas.

En México, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Oficina de la Presidencia lidera los esfuerzos de interoperabilidad, mientras que los datos abiertos son responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la protección de datos personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Anteriormente, los datos abiertos en México se establecían en la Oficina de la Presidencia (2012-18) que dio a esta área un sólido instrumento de políticas (consulte la OCDE (2016[18]); (2018[19])). La CEDN también estuvo ubicada en la Oficina de la Presidencia durante el periodo 2012-2018, pero actuó más como instrumento político del gobierno y agenda digital, mientras que la Unidad de Gobierno Digital de la SFP actuó como rama operativa del gobierno digital, incluyendo el apoyo necesario para los datos abiertos entre 2012 y 2018.

Desafíos

El liderazgo de datos del gobierno integral suele atribuirse como tarea del organismo encargado del gobierno digital y se centra en gran medida en la interoperabilidad. Por lo tanto, puede percibirse como estrictamente técnico y operativo. La atribución de funciones de liderazgo en materia de datos en ámbitos como los datos abiertos y la protección de datos personales depende de los contextos nacionales y los acuerdos de gobernanza. Esta asignación de la tarea de liderazgo en materia de datos exige una visión más integrada y compartida en el sector público.

Los datos presentados en la sección anterior muestran la diversidad y, en ocasiones, la ambigüedad de los marcos institucionales para el liderazgo en materia de datos del gobierno integral, así como su relación con otras agendas que podrían corresponder a otros organismos (datos abiertos gubernamentales y protección de datos personales) (consulte la Tabla 3.1).

En cuanto a la protección de datos personales, estas funciones de liderazgo se asignan normalmente a organismos autónomos como las Oficinas de Protección de Datos (por ejemplo, la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil, el INAI de México o la Agencia de Protección de Datos Personales de Costa Rica), pero en algunos casos, el mandato y, por lo tanto, el liderazgo de la protección de datos personales sigue siendo difuso, ya que la tarea de liderazgo organizativo no se atribuye claramente a un organismo público.

En términos de datos abiertos gubernamentales, los acuerdos institucionales son muy desiguales entre los países de ALC para el mandato y la tarea de liderazgo se puede atribuir a una unidad interna dentro del organismo de gobierno digital o a otros organismos públicos encargados del acceso a la información pública, la transparencia o el gobierno abierto.

Como se ha comentado en secciones anteriores, cuanto más distribuidas estén las funciones de liderazgo de datos (interoperabilidad de datos, datos abiertos, protección de datos), más necesidad habrá de una coordinación y coherencia más estrechas. Sin embargo, los heterogéneos acuerdos de gobernanza observados en materia de datos abiertos gubernamentales y protección de datos personales subrayan la importancia de aclarar los marcos institucionales y la atribución de la tarea de liderazgo en algunos países. Esto también es pertinente en el contexto de otros ámbitos que hacen un uso intensivo de datos, como la inteligencia artificial (IA).

La claridad y la coordinación entre los organismos y líderes encargados de la protección de datos personales y los datos abiertos (si no se definen como una tarea del organismo de gobierno digital) ayudarían a evitar avanzar hacia el nombramiento de modelos de liderazgo de datos unipersonales, que podrían no ser viables en contextos específicos o entrar en conflicto con las funciones existentes de gobierno digital y datos si se sitúan al mismo nivel. La mejora de la coordinación de los organismos y funciones existentes sería más orgánica, ya que encajaría en las actuales estructuras de gobernanza disponibles en algunos países.

No obstante, en algunos países, un liderazgo político más sólido para el gobierno digital (que a menudo incluye la tarea de liderazgo de datos) también puede ayudar a avanzar en las ambiciones estratégicas, además de los aspectos técnicos del gobierno digital, los sectores públicos impulsados por datos y la gobernanza de datos en su conjunto (consulte el Capítulo 1 sobre gobernanza).

Estrategias nacionales de datos

Visión general

Trabajos anteriores de la OCDE sobre políticas y medidas en materia de gobierno digital, incluido el Índice de Gobierno Digital de la OCDE (OECD, 2020[5]) y el Informe de 2019 de la OCDE The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector (OECD, 2019[6]) proporcionaron evidencia sobre cómo los países miembros y socios de la OCDE han avanzado hacia una mayor coherencia de los esfuerzos nacionales de datos mediante el desarrollo de estrategias nacionales de datos o la incorporación de estos dentro de instrumentos políticos como las agendas digitales y otros instrumentos como las estrategias de IA.

Las estrategias nacionales de datos (como las puestas en marcha por Australia,37 Alemania,38 Japón,39 Estados Unidos,40 Irlanda,41 Países Bajos42 y Suecia)43 suelen tener un alcance más amplio, ya que su objetivo es aunar ámbitos pertinentes de la política de datos, como el acceso a los datos y su intercambio dentro del sector público y entre sectores, la interoperabilidad, la gestión de datos, los datos abiertos, la protección de datos, la ética de los datos y la seguridad de los datos.

Como continuación y en consonancia con las conclusiones presentadas en el Informe de 2022 de la OCDE/CAF El uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe (OECD/CAF, 2022[9]), las estrategias o políticas nacionales de datos únicas no son una práctica habitual en los países de ALC (consulte la Figura 3.3). Según las pruebas aportadas y otras investigaciones, Colombia, Perú y Uruguay son los únicos países con instrumentos políticos similares en la región.

Figura 3.3. Estrategias nacionales de datos en América Latina y el Caribe

1. Además de la disponibilidad de agendas digitales más amplias o instrumentos similares.

Fuente: Encuesta de la OCDE-CAF sobre Gobierno Digital en ALC (2021) e investigación documental

La Política Nacional de Explotación de Datos de Colombia (o CONPES 392044 sobre Big Data a partir de 2018) desarrollada por el DNP a nivel ministerial define los principales objetivos y acciones a implementar por actores de diferentes sectores para aprovechar el valor de los datos para el desarrollo social y económico. Para ello, el CONPES 3920 incluye 11 líneas de acción en los ámbitos de la infraestructura de datos, los datos abiertos, las clasificaciones de datos y la seguridad jurídica, el intercambio de datos entre el sector público y el privado, la capacidad del sector público, los mercados de datos y los entornos aislados de datos, entre otros. El CONPES 3920 está vinculado a los objetivos de la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (CONPES 397545 a partir de 2019). En 2022, Colombia también publicó el Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID) desarrollado por el MINTIC, el DNP y la Oficina de la Presidencia.

La política nacional de datos de Uruguay se lanzó en 2019 y estableció un grupo de principios generales y específicos para la gestión de datos en el sector público en relación con la Agenda Digital 2020 de Uruguay (AGESIC, 2019[20]). En 2021, Perú se sometió a un proceso para desarrollar una estrategia nacional de datos en línea con las disposiciones de su Proyecto de Ley de Gobierno Digital. En 2023, Perú emitió su estrategia nacional de datos, que se organiza en torno a seis ejes principales: los datos como un activo, la gestión de datos, la infraestructura de datos, la ética, el talento y el ecosistema de datos (consulte PCM (2021[21]), gobierno de Perú (2021[22]) y (2023[23])). La estrategia / política de datos de Perú y Uruguay están profundamente arraigadas y conectadas con los esfuerzos de digitalización del país y la agenda de gobierno digital.

En la mayoría de los casos, las estrategias relacionadas con los datos se incluyen como un subcomponente de estrategias de gobierno digital más amplias o similares, o específicas de áreas como los datos de gobierno abierto. En consecuencia, este tipo de estrategias podrían tener un alcance más limitado que las estrategias nacionales de datos específicas y ofrecer menos claridad en cuanto a plazos y acciones:

• Argentina: En la Agenda Digital 2030,46 publicada por decreto en noviembre de 2018, el gobierno argentino incluyó objetivos específicos relacionados con la protección de datos personales y la infraestructura de datos. El Anexo de la Agenda destaca el uso de datos por parte de los organismos públicos y los datos abiertos como acciones clave de su componente de gobierno digital. Los objetivos relacionados con los datos, como los datos abiertos y la finalización del Programa de Infraestructura Nacional de Datos Públicos (INDAP), también se incluyen en el Plan de Acción de OGP 2022-24 de Argentina.47

• Brasil: Los objetivos sobre interoperabilidad de datos y datos abiertos se incluyen en la Estrategia de Gobierno Digital 2020-22 (Decreto 10,332 a partir de 2020),48 y se detallan en otros instrumentos legales como el Decreto 10.046 de Interoperabilidad (2019) y el Decreto 8.777 (2016) de Política de Datos Abiertos (consulte la sección sobre marcos regulatorios).

• Chile: La Estrategia de Transformación Digital 2018-22 de Chile49 incluye el sector público impulsado por datos como una de sus cinco líneas de acción, que abarca temas relacionados con los datos abiertos y el uso de datos en el sector público. Los datos también son uno de los tres ejes habilitadores de la Política Nacional de IA 2021-2030,50 que integra cuestiones y acciones específicas relacionadas con la protección de datos personales, los datos abiertos, la ciencia y la investigación, y las comunidades de datos. La Política Nacional de IA depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por lo que es un organismo distinto de los encargados del gobierno digital. En 2023, el gobierno chileno puso en marcha una consulta pública para informar sobre su estrategia nacional de datos.

• Costa Rica: La Estrategia de Transformación Digital 2023 - 2027 del país propone acciones en seis áreas temáticas, a saber, la firma digital certificada y la identidad digital, los servicios digitales, las competencias digitales, la gobernanza de datos, la interoperabilidad y la actualización de las normas regulatorias sobre transformación digital.

• República Dominicana: En 2022, la República Dominicana publicó su Agenda Digital 2030,51 incluyendo también elementos específicos relacionados con la interoperabilidad de datos, la protección de datos y los datos abiertos. En particular, República Dominicana emitió un Plan de Acción para 2021-2452 como medio para hacer operativos los objetivos definidos en la Agenda Digital (incluidos los relacionados con los datos), y atribuir responsabilidades a los organismos públicos en este sentido.

• Ecuador: Ecuador también ha seguido a los líderes regionales y en 2021 el país emitió una Agenda Digital bienal53 (2021/22) que incluye temas y objetivos sobre datos abiertos, interoperabilidad, protección de datos y big data.

• Panamá: La Agenda Digital 202054 incluye tanto acciones políticas claras relacionadas con la interoperabilidad, la protección de datos y los datos abiertos gubernamentales, como objetivos políticos explícitos relacionados con la gobernanza de datos, los datos abiertos y la IA, todo ello con el objetivo de que el sector público panameño esté impulsado por datos.

En su Plan Directivo TIC,55 Paraguay incluyó acciones específicas (en su mayoría técnicas) relacionadas con la interoperabilidad y similares, pero no está claro si este documento de política ha sido actualizado desde su publicación en 2011. En septiembre de 2021, México publicó la Estrategia Digital Nacional para 2021-24.56 Sin embargo, el documento aborda brevemente el tema de los datos, además de incluir la importancia de integrar bases de datos estructuradas en el sector público.

No se dispone de información sobre Bolivia, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Desafíos

La comprensión de las estrategias nacionales de datos sigue siendo limitada en algunos casos y a menudo se centra en aspectos políticos aislados, como la interoperabilidad o los datos abiertos gubernamentales.

En algunos países, se necesita una visión coherente y más amplia para integrar aspectos relacionados con la interoperabilidad, los datos abiertos, la ética de los datos, la protección de los datos personales, la seguridad/protección de los datos y el intercambio de datos intersectorial/fronterizo en instrumentos políticos cohesionados y acciones comunes. Al mismo tiempo, este enfoque coherente puede contribuir a acercar aún más la comprensión de los "datos como un derecho" presente en la región (derecho de acceso a los datos, protección de datos personales) con el discurso político que aboga por entender los datos como un activo, y como un bien público digital.

Además, durante las entrevistas de investigación, los funcionarios públicos y los responsables de la toma de decisiones a menudo confundían los instrumentos jurídicos (como los decretos de datos abiertos o las leyes de acceso a la información) y otros instrumentos no vinculantes (como los planes de acción de OGP) con las estrategias nacionales de datos globales, lo que puede confirmar la ausencia de una visión integrada de los datos a un nivel más conceptual.

En ALC, las estrategias nacionales de datos son de algún modo instrumentos de facto para traducir la visión en un conjunto de herramientas e iniciativas políticas (en contraposición a los instrumentos orientados a la acción). Las agendas digitales (cuando están disponibles) han allanado aún más el terreno para agrupar las cuestiones políticas relacionadas con los datos en un único instrumento político. Sin embargo, los países de ALC podrían dar un paso adelante y explorar si herramientas como las estrategias nacionales de datos podrían ayudar a apoyar la implementación de políticas y arrojar más claridad en términos de acciones, plazos, responsabilidades y rendición de cuentas, al tiempo que reconocen su relevancia en el contexto de las estrategias de IA. El alineamiento y la adhesión a instrumentos internacionales como la Recomendación de la OCDE sobre la Mejora del Acceso a los Datos y su Intercambio (OECD, 2021[3]) también podría ayudar en este sentido.

Los esfuerzos actuales son incipientes, pero pueden contribuir a sentar las bases de la integración de datos a escala regional a largo plazo.

Mientras que avanzar hacia una estrategia común de datos para la región es ambicioso a largo plazo, y la armonización de normas regulatorias, instituciones, sistemas y datos muy necesaria, como se ha comentado en secciones anteriores, en ALC, el apetito por la integración regional de datos y el intercambio transfronterizo de datos se refleja en las acciones emprendidas en foros como la Red GEALC y el grupo de Naciones Digitales, y bloques comerciales como el MERCOSUR (como se ha comentado anteriormente en este capítulo). Otros esfuerzos se observan en la estrategia eLAC2022 de la CEPAL, que incluye objetivos para lograr flujos de datos regionales con confianza.57

A nivel internacional, la Estrategia de Datos de la UE58 ha sentado un precedente como instrumento de acceso e intercambio de datos a nivel regional. En particular, su objetivo de crear espacios de datos en sectores estratégicos (incluidos los datos sobre energía, movilidad, salud y agricultura, así como un espacio de datos específico para las administraciones públicas, empezando por los datos sobre contratación pública) (EC, 2020[24]) subraya la importancia de este instrumento como impulsor de un acceso y un intercambio de datos fiables.

En este sentido, las posibles acciones a medio plazo en ALC podrían contemplar la creación de mecanismos similares para el acceso y el intercambio de datos en la región sobre la base de prioridades e intereses comunes. Por ejemplo, a corto plazo, promover una mayor adopción e implementación de normas internacionales abiertas en ámbitos como la contratación pública, la propiedad efectiva y las infraestructuras públicas puede ayudar a crear un espacio común (abierto) de datos en la región para luchar contra la corrupción a través de las fronteras. Asimismo, será fundamental mantener una estrecha coordinación entre los gobiernos nacionales y los titulares de datos ajenos al sector público (incluidos los ciudadanos, las comunidades indígenas y el sector privado) para evitar la creación de mecanismos nacionales de gobernanza de datos que no sean interoperables por diseño ni respondan a las necesidades actuales y futuras en términos de acceso e intercambio de datos, incluso entre sectores y fronteras.

Datos abiertos gubernamentales

Visión general

Los datos de la edición 2019 del Índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata) mostraron brechas significativas en la disponibilidad, accesibilidad y reutilización de datos abiertos para 2019 (OECD, 2020[25]), con Colombia, México y Brasil liderando, en su momento, los esfuerzos de datos abiertos en ALC. Datos recientes obtenidos para la elaboración de este informe muestran que, en algunos casos, los países de ALC han reforzado cada vez más los acuerdos de gobernanza regulatoria e institucional para los datos abiertos gubernamentales (consulte la sección sobre la dirección del cambio político). Sin embargo, los avances siguen siendo desiguales en términos de cumplimiento, implementación y creación conjunta de valor (por ejemplo, buena gobernanza y crecimiento económico). El seguimiento del impacto sigue siendo un desafío.

A nivel nacional se han producido importantes desarrollos, sobre todo en lo que respecta a la gobernanza de los datos abiertos gubernamentales. En Brasil, instrumentos como la versión revisada de la política de datos abiertos (2019), el Panel de Monitoreo de Datos Abiertos (2019), la Estrategia Nacional de Gobierno Digital actualizada (2020) y la Ley de Gobierno Digital (2021) han mejorado las bases de gobernanza para los datos abiertos gubernamentales en el país, ampliando también su alcance a la transformación digital del sector público (OECD, 2022[11]). Otros ejemplos son el Acuerdo Ministerial 011 2020 de Ecuador sobre la Política de Datos Abiertos, y la Guía de implementación técnica sobre datos abiertos de 2020 de Panamá.

Figura 3.4. Índice OURdata 2019: América Latina y El Caribe

Fuente: OCDE (2020[25]), Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020, https://doi.org/10.1787/13130fbb-en.

Como se analizó en estudios anteriores de la OCDE sobre gobierno digital y datos en la región59, las políticas de datos abiertos gubernamentales en ALC estuvieron y, en algunos casos, siguen estando profundamente conectadas con el discurso político de "los datos como un derecho" y, por lo tanto, son impulsadas por las agendas de transparencia del sector público y de gobierno abierto, en particular esta última que, en el contexto de OGP, sigue siendo un motor para los datos abiertos en la región.

Con base en las recomendaciones de la Revisión del Gobierno Abierto de Argentina de la OCDE de 2019 (OECD, 2019[26]), en 2020 el país lanzó su primer Plan Estratégico de Gobierno Abierto (2020-23), que incluye objetivos específicos sobre datos abiertos. Costa Rica ha aprovechado su 4º Plan de Acción de OGP (2019-22)60 para sostener los esfuerzos de datos abiertos a nivel nacional. Los sectores políticos específicos también son objetivos prioritarios en ALC. El 5º Plan de Acción de OGP de Uruguay61 ha ayudado a asegurar la implementación de iniciativas de datos abiertos y allanó el camino para la definición de la Estrategia de Datos Abiertos de Uruguay para 2021-24 (objetivo 1.9), que tiene como fin abordar cambios sociales y políticos en áreas como la lucha contra la corrupción, el medio ambiente y el género.

La publicación de datos abiertos para luchar contra la corrupción también es preponderante en la región. De los resultados de las entrevistas realizadas en el contexto de este proyecto se desprende que Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay están invirtiendo en datos abiertos para luchar contra la corrupción, en colaboración con actores como la Carta de Datos Abiertos y la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), y en consonancia con el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En Colombia, por ejemplo, la implementación del PIDA se incluyó en el cuarto Plan de Acción de OGP de Colombia. En México también la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos 2021-24 subraya su conexión y alineación con la lucha contra la corrupción.

En cuanto a la promoción de la reutilización de datos, Perú está trabajando en explorar aún más las asociaciones entre el sector público y el privado para aumentar la reutilización de datos abiertos y mejorar los servicios para los ciudadanos, en línea con la Estrategia Nacional de Datos de Gobierno Abierto 2017-21 de Perú. Argentina organizó talleres para diseñar su más reciente Plan de Acción de OGP para 2020-24. Costa Rica también creó la Comisión Nacional de Datos Abiertos, un grupo de coordinación multilateral encargado de dirigir la política de datos abiertos en el país.62 Paraguay y República Dominicana también han invertido esfuerzos en colaborar más con los usuarios de datos para identificar la demanda en el contexto de mesas de trabajo con el sector privado y hackathons.

En 2021 y 2021, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México en asociación con otras organizaciones del sector público y de la sociedad civil ha organizado la Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON). La DATACON fue un esfuerzo en línea para reunir a expertos de distintos sectores con el fin de colaborar para abordar los retos políticos a través de los datos abiertos. Más recientemente, en 2023, el INAI lanzó México Abierto63, una iniciativa multilateral destinada a desarrollar una Política Nacional de Datos Abiertos.

Panamá informa de la ausencia de una interacción sistémica con los usuarios de datos que pueda ayudar a identificar la demanda y promover la reutilización. Sin embargo, también señala iniciativas como las asociaciones con universidades que pretenden abordar este desafío.

Desafíos

La transparencia y el gobierno abierto son los principales motores de las agendas de datos abiertos en ALC. Se omite así el papel de los datos abiertos como bien público digital y su contribución como instrumento de políticas clave para abordar desafíos políticos regionales acuciantes y emergentes, y como activo para tecnologías de uso intensivo de datos como la IA y los modelos de negocio.

En ALC, la fuerte conexión de los datos abiertos con la transparencia pública sigue siendo un impulsor clave de las iniciativas de datos abiertos, pero en algunos casos no ha evolucionado en consonancia con los avances a nivel internacional.

Por ejemplo, la contribución de los datos abiertos al fomento de la economía de los datos y el desarrollo de servicios, o como herramienta para apoyar o abordar los desafíos de los procesos democráticos, como las elecciones y la lucha contra la desinformación y la información errónea, aún no es fundamental ni está muy extendida. Como se ha comentado anteriormente en este capítulo, países como Brasil y Perú han hecho esfuerzos para conectar aún más los datos abiertos con los esfuerzos del gobierno digital, incluyendo áreas como el diseño y la prestación de servicios mediante la incorporación de datos abiertos en la legislación del gobierno digital. Sin embargo, esta comprensión aún no está muy extendida en la región.

Al mismo tiempo, los nuevos desafíos globales, como la protección de la democracia, requerirían explorar la contribución que los datos abiertos pueden desempeñar en este ámbito a nivel regional. Iniciativas más amplias como C40, la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales también ofrecerían una plataforma ideal para seguir promoviendo el papel de los gobiernos locales de la región como actores clave en ámbitos políticos prioritarios como el desarrollo sostenible, el cambio climático y la democracia, así como ampliar el potencial y el valor de la digitalización y los datos en estos ámbitos.

Los responsables públicos de la toma de decisiones tendrían que hacer evolucionar su discurso político e implementar acciones e iniciativas concretas para garantizar que las políticas e iniciativas de datos abiertos gubernamentales responden a los nuevos desafíos políticos. Esto contribuiría también a que las iniciativas de datos abiertos se integren en mayor medida en agendas de digitalización más amplias (incluidas las estrategias de IA) y en cuestiones políticas de relevancia en el actual contexto mundial.

Las iniciativas de colaboración y compromiso con actores internos y externos para promover la reutilización de datos han aumentado, pero no se han generalizado. En otros casos, los esfuerzos en materia de reutilización de datos abiertos se han estancado.

A pesar de las iniciativas mencionadas, el compromiso generalizado para promover la reutilización de datos con comunidades de prácticas y usuarios de datos (incluso dentro del sector público) sigue siendo un desafío. Se trata de un desafío antiguo en ALC que requiere acciones concretas y una comprensión más clara de que la publicación de datos es solo un medio para alcanzar un objetivo más amplio dentro de los responsables políticos y de la toma de decisiones. Los resultados recientes del Barómetro Global de Datos confirman estas conclusiones.64

Además, en algunos países de ALC se observan varios problemas que han estancado las políticas de datos abiertos, como la falta de compromiso de alto nivel, los cambios de administración política, la falta de comprensión por parte de los responsables de la toma de decisiones o la resistencia en algunos sectores.

En Chile, la Directiva Presidencial sobre Gobierno Abierto de 2012 ordenó la implementación de datos abiertos por parte de las instituciones del sector público, incluso en ámbitos como la contratación y la elaboración de presupuestos públicos. Sin embargo, el país no logró mantener el impulso o aumentar sus esfuerzos para promover la reutilización de datos, como muestran los resultados de las ediciones de 2017 y 2019 del Índice OURdata.65 Asimismo, los datos de la encuesta y las entrevistas realizadas para la elaboración de este informe señalan la falta de una estrategia clara y una práctica sistemática, siendo el portal de datos abiertos únicamente un repositorio de conjuntos de datos y no un instrumento para la creación conjunta de valor. Sin embargo, a pesar de la falta de un impulso central continuo a la política de datos abiertos, iniciativas sectoriales como las del Ministerio de Ciencia de Chile sobre datos abiertos para la investigación y el desarrollo, y otras iniciativas en los sectores presupuestario y energético han mantenido la práctica en curso.

Los datos abiertos y la gobernanza de datos a nivel local siguen siendo incipientes. Las ciudades inteligentes están asumiendo un papel cada vez más importante en la gobernanza de datos a múltiples niveles, pero la función de las ciudades como actores clave en el ecosistema de datos abiertos sigue ausente del discurso público más amplio en la región.

Ciudades como Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), Bogotá (Colombia) y Ciudad de México (México)66 han sido durante mucho tiempo líderes en la región en términos de gobierno digital y datos abiertos a nivel local, pero aún queda mucho por hacer en la región en este ámbito más allá de estas y otras metrópolis.

Aunque este ámbito específico requeriría más investigación, iniciativas como la Red Metropolitana de Municipios y Gobiernos Locales del Ministerio de Hacienda de Paraguay, País Digital de Argentina, DATACON de México (que incluye la participación de autoridades locales) y otras prácticas similares en marcha pueden ayudar a avanzar en los esfuerzos de datos abiertos a nivel local. Esto requeriría una estrecha coordinación con el nivel central y una sólida federación de datos y acuerdos de gobernanza en múltiples niveles para evitar prácticas y políticas fragmentadas. Afrontar los retos relacionados con la conectividad, la falta de capacidad a nivel local del gobierno y el acceso a las comunidades rurales desempeñará un papel decisivo para avanzar en este sentido.

Acceso e intercambio de datos fiables

Visión general

En relación con los acuerdos regulatorios, la aplicación de mecanismos de habeas data está muy extendida en ALC, por lo que está presente en la mayoría de las normas regulatorias de protección de datos personales de la región (Fernandez Nieto, 2022[27]). Sin embargo, como se detalla en secciones anteriores, los países aún están en proceso de crear o consolidar acuerdos regulatorios e institucionales a nivel nacional para la protección de los datos personales y la privacidad (consulte la sección sobre la dirección del cambio político).

En este sentido, los desarrollos nacionales recientes incluyen la Ley núm. 81 de Protección de Datos Personales de Panamá67 (2019), el Decreto 620 de Colombia de 2020 que proporciona directrices generales sobre el uso y operación de servicios digitales68 (incluyendo sobre portabilidad de datos, consentimiento, privacidad y protección de datos personales), y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador69 de 2021.

Al mismo tiempo, aunque la pandemia por COVID-19 subrayó aún más la importancia del acceso a los datos y su intercambio dentro del sector público y entre sectores y fronteras, también destacó la importancia de que estas acciones se lleven a cabo en un contexto de confianza que garantice la seguridad de los datos y salvaguarde la privacidad personal. Por ejemplo, el Decreto de Urgencia 007-2020 de Perú estableció el Marco de Confianza Digital, que se centra en la privacidad por defecto y destaca la colaboración público-privada para garantizar la confianza pública en los servicios digitales.

En cuanto a los acuerdos institucionales del gobierno integral para garantizar y hacer cumplir la protección de datos, entre los ejemplos en este ámbito se incluyen la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) de Uruguay,70 la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) de Costa Rica,71 y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales de Perú (un organismo dentro del Ministerio de Justicia).

Otro caso es el del INAI de México.72 Cabe mencionar que en junio de 2022, el INAI lanzó un conjunto de directrices para la gestión de datos personales en el contexto de la inteligencia artificial73 que confirma la pertinencia de avanzar o modernizar las normas regulatorias de protección de datos personales y los instrumentos no vinculantes de apoyo en consonancia con el desarrollo tecnológico.

Para obtener más información sobre las disposiciones regulatorias e institucionales vigentes en materia de protección de datos personales en ALC, consulte la sección sobre dirigir el cambio de políticas, Tabla 3.1 y Recuadro 3.1.

Desafíos

Hacer operativa la protección de datos personales implica proporcionar a los ciudadanos los mecanismos adecuados para ejercer sus derechos. Las infraestructuras públicas digitales, como la identidad digital, pueden ayudar a avanzar en los esfuerzos de transparencia sobre el uso de datos personales en el sector público.

A pesar de los avances, algunos países de ALC siguen luchando por avanzar en los esfuerzos de implementación y por proporcionar de forma proactiva a los ciudadanos herramientas que puedan utilizar para saber cómo se utilizan sus datos en el sector público, con qué fin y por quién.

Por ejemplo, La Ley General 13.709 de 2018 sobre la Protección de Datos de Brasil74 definió los requisitos para que las organizaciones del sector público nombren Funcionarios de Protección de Datos para abordar cuestiones pasadas en las que la responsabilidad y la rendición de cuentas en materia de protección de datos personales no estaban claramente atribuidas. Brasil creó un Consejo de Protección de Datos para coordinar las decisiones relativas a la protección de los datos personales y la privacidad y, en 2022, la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil publicó también la Guía sobre Tratamiento de Datos Personales por Entidades Gubernamentales.

A medida que se vayan aclarando las disposiciones regulatorias y de liderazgo en países específicos, la implementación también requerirá definir y atribuir responsabilidades claras, así como designar funciones en todas las organizaciones del sector público. Del mismo modo, sería necesario aumentar la alfabetización digital en materia de protección de datos personales dentro de los organismos públicos, de modo que los objetivos y ambiciones se traduzcan en acciones reales y preventivas a nivel institucional.

Al mismo tiempo, facilitadores y herramientas como la identidad digital (autenticación y firma), los monederos digitales y los mecanismos de carpeta ciudadana son fundamentales para empoderar a los ciudadanos y otorgarles la capacidad de acceder oportuna y proactivamente a la información relativa a los datos personales conservados y utilizados por los organismos públicos, así como facilitar la prestación del consentimiento cuando sea necesario.

Además, casos recientes en la región relacionados con el posible uso de software específico y análisis de datos por parte de organismos gubernamentales75 subrayan la necesidad de transparencia en el uso de técnicas y herramientas que implican que el tratamiento de datos personales debe ser informado de igual manera y de forma proactiva a la sociedad en general. Esto último adquiere una importancia predominante dados los riesgos que estas aplicaciones pueden plantear en términos de vigilancia social, seguimiento de actores como periodistas, activistas y otros actores de la sociedad, así como protección del espacio cívico.76

Los esfuerzos en materia de gobernanza de datos, incluidos los relativos a la comunicación clara de los derechos, los requisitos de consentimiento y las exenciones para los titulares de los datos y el aumento de la alfabetización digital, deben hacer más hincapié y concienciar sobre los requisitos de consentimiento y las exenciones.

El RGPD estableció una referencia mundial en materia de protección de datos personales y llamó la atención pública sobre la importancia del consentimiento en el uso de datos personales y datos personales sensibles por parte de los responsables del tratamiento de datos personales.77 No obstante, la operacionalización del consentimiento debería reconocer además que, en principio, el consentimiento podría no ser siempre necesario, especialmente en el contexto de las operaciones de los gobiernos y los organismos públicos.

Las obligaciones legales, regulatorias y políticas de los organismos públicos, como responsables del tratamiento de datos personales dentro del sector público, pueden implicar el tratamiento de datos personales. Facilitar estos flujos de datos es inherente al cumplimiento de la misión del servicio público y la administración pública. La finalidad principal del tratamiento de datos personales puede estar relacionada con la implementación de políticas públicas, el cumplimiento regulatorio o el desempeño de una función pública específica. Estos fines también están vinculados a la implementación de principios como el de una sola vez (su aplicación requiere que los datos personales se compartan entre organizaciones públicas), a prácticas de gobernanza y gestión de datos relacionadas con la interoperabilidad de los datos (por ejemplo, registros de población) y a decisiones sobre el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Por ejemplo, el Artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales de Uruguay (Ley núm. 18331) enumera las excepciones en las que no es necesario el consentimiento del titular de los datos,78 incluso en el contexto del funcionamiento y las responsabilidades del Estado.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario invertir en la alfabetización de datos entra la población y los funcionarios públicos para que todas las partes implicadas, incluidos los titulares de los datos, comprendan mejor los requisitos de consentimiento y las exenciones. Estos esfuerzos complementarán la provisión de herramientas (por ejemplo, las carpetas ciudadanas) que los titulares de los datos pueden utilizar para ejercer su derecho a la privacidad y a la transparencia en el uso de sus datos por parte de las autoridades públicas.

La ética de los datos sigue siendo un ámbito emergente, que suele entenderse con un enfoque más limitado a la protección de datos personales.

Las entrevistas y la información obtenida a través de la encuesta realizada en el contexto de este informe indican que la ética de los datos79 es un área que requiere mayor atención en ALC. En la mayoría de los casos, los funcionarios públicos parecían entender la ética de los datos y la protección de datos personales como conceptos intercambiables, lo que podría limitar la posibilidad de avanzar en este ámbito.

La importancia de generar datos del sector público, y en consecuencia datos abiertos gubernamentales, que sean inclusivos y representativos de los principales desafíos y comunidades sociales es intrínseca a la ética de los datos y podría tener un papel más destacado en las acciones de los países. Como se mencionó durante las entrevistas, el avance de los esfuerzos de datos abiertos en áreas críticas de preocupación en la región, como la violencia de género, los feminicidios, el acceso a la justicia, la violencia contra las comunidades LGBTQ+ y otros grupos vulnerables, las tasas de criminalidad, el cambio climático, la deforestación y la tala ilegal, y la soberanía de los datos por parte de las comunidades indígenas, requerirá un compromiso sólido al más alto nivel político y normativo en el corto plazo, marcos regulatorios e institucionales sólidos en todo el sector público, coordinación más allá de las fronteras, y continuidad a través de las administraciones políticas y las agendas políticas cambiantes.

Herramientas de la OCDE como los Principios de las buenas prácticas para la utilización ética de los datos en el sector público (OECD, 2021[8]) pueden proporcionar más orientación en este ámbito, incluso en lo que respecta a la gestión de datos y las prácticas de gobernanza de la IA. Esto incluye garantizar que los datos sean representativos, inclusivos y, cuando sea posible, desglosados y granulares, y que sus fuentes sean transparentes, registradas y rastreables cuando sea necesario, de modo que la generación, selección y uso de los datos no contribuya a perpetuar las desigualdades y disparidades sociales, incluso en el contexto de los sistemas de IA.

La pandemia por COVID-19 y la digitalización urgente de los servicios públicos situaron la seguridad de los datos en un lugar más destacado de la agenda política, pero sigue siendo necesario invertir más esfuerzos para prepararse, gestionar y responder mejor a los riesgos digitales.

Los países de ALC podrían prestar más atención a la seguridad de los datos y adoptar una postura más proactiva y preventiva frente a los riesgos digitales que reactiva. Según un estudio conjunto del BID y la OEA, en 2020 la región de ALC "no estaba suficientemente preparada para hacer frente a los ciberataques", ya que solo 7 de los 32 países contaban con "un plan de protección de infraestructuras críticas" y 20 habían "establecido equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, a menudo denominados CERT o CSIRT, lo que limitaba la capacidad de los países para identificar y responder a los ataques" (IADB/OAS, 2020[28])

En mayo de 2022, Perú creó la Unidad Operativa de Confianza Digital en respuesta a una violación de datos personales que tuvo lugar en el país.80 Esta Unidad, dependiente de la Secretaría de Gobierno Digital, ayudará a coordinar mejor los esfuerzos entre el Centro Nacional de Seguridad Digital y otros actores como la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (PCM, 2022[29]). Estos esfuerzos están en consonancia con la Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital de Perú (2021).81

También es relevante el caso de Ecuador, que aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en 2021. De este modo, se aborda una cuestión política antigua que cobró más fuerza en 2019 debido a una importante violación de datos personales en el país.

Casos de aplicación

La Tabla 3.2 presenta un grupo de proyectos y/o iniciativas que muestran la práctica de utilizar datos para lograr resultados específicos entre los países de ALC. Estos proyectos e iniciativas se obtuvieron de las entrevistas realizadas a los países, a través de encuestas, y de trabajos anteriores de la OCDE en ALC a nivel nacional. Los ejemplos no son exclusivos ni exhaustivos y se limitan únicamente a los proyectos y/o iniciativas planteados por los entrevistados y encuestados o identificados por la Secretaría en el contexto de trabajos y colaboraciones anteriores, actuales y más amplios de la OCDE sobre gobierno digital, innovación y transformación digital.

Tabla 3.2. Prácticas identificadas relevantes para el sector público impulsado por datos

País	Iniciativa	Descripción breve	Fuente/enlace
Argentina	Portal de datos abiertos	Portal central de datos abiertos gubernamentales	https://www.datos.gob.ar
Brasil	Programa de auxilio emergencial	En la lucha contra la COVID, Brasil implementó el programa de auxilio emergencial, que benefició a unos 118 millones de ciudadanos (el 55.8% de los ciudadanos brasileños). 67.9 millones de personas recibieron directamente la prestación. Las bases de datos que contenían información sobre los ciudadanos con ingresos más bajos, ya existentes antes de la pandemia, ayudaron a llegar al público objetivo. Además, se dio publicidad al programa de auxilio emergencial en un portal web y se diseñó una app para que los ciudadanos solicitaran la prestación.	Entrevistas de investigación. Texto adaptado de: Compendio del G20 sobre el uso de herramientas digitales para la continuidad de los servicios públicos (OECD, 2021[30])
	Portal de datos abiertos	Portal central de datos abiertos gubernamentales	https://dados.gov.br
Colombia	Portal de datos abiertos	Portal central de datos abiertos gubernamentales	https://www.datos.gov.co
República Dominicana	Portal de datos abiertos	Portal central de datos abiertos gubernamentales	https://datos.gob.do
	Piloto SIUBEN	Proyecto piloto destinado a utilizar datos en el contexto de la seguridad social y utilizado como caso de prueba del Marco Nacional de Interoperabilidad.	Entrevistas de investigación. https://siuben.gob.do
	Vivienda Feliz	Obtención y utilización de datos de diversas fuentes para tomar decisiones sobre préstamos personales. Incluye la obtención de datos personales sensibles (por ejemplo, salarios).	Entrevistas de investigación.
Ecuador	..	Proyecto piloto para explorar el intercambio de datos entre el Poder Judicial y otros organismos para hacer más eficientes los procedimientos judiciales.	Entrevistas de investigación.
	Citas de salud	Interoperabilidad de datos en todo el sector público para mejorar el proceso de concertación de citas con los proveedores de la salud pública y reducir la carga para los ciudadanos.	Entrevistas de investigación.
	Portal de datos abiertos	Portal central de datos abiertos gubernamentales	https://www.datosabiertos.gob.ec
	Huella Social	..	..
México	Plataforma Digital Nacional	La Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción accede y federa datos de diferentes organismos públicos (incluidos los locales) para supervisar el progreso de los esfuerzos anticorrupción en el país.	Entrevistas de investigación https://www.plataformadigitalnacional.org
Panamá	Plataformas de intercambio de datos	La AIG ha desarrollado una serie de plataformas que sustentan la obtención y el intercambio de información, como la Gestión Electrónica de Salud Nacional, el Sistema Integrado Agrocomercial Nacional (SIAN) y el Sistema Inteligente Nacional de Monitoreo de Alertas (SINMA).	Adaptado de la Revisión del Gobierno Digital de Panamá de la OCDE. (OECD, 2019[31])
	Portal de datos abiertos	Portal central de datos abiertos gubernamentales	https://www.datosabiertos.gob.pa
Paraguay	Datatón 2020	Esfuerzo multilateral organizado por la sociedad civil en colaboración con la Estrategia Nacional de Innovación de Paraguay para impulsar iniciativas de datos abiertos y promover el uso de datos.	Entrevistas de investigación. https://latinno.net/es/case/16104/
	Portal de datos abiertos	Portal central de datos abiertos gubernamentales	https://www.datos.gov.py
	..	Análisis de datos y linaje para rastrear y supervisar los procesos de contratación pública e identificar posibles riesgos de corrupción. Con base en la aplicación del estándar de datos de contratación abierta. Iniciativa liderada por la Dirección Nacional de Contratación Pública.	Entrevistas de investigación.
Perú	Datos de Covid-19	Uso de los datos de Covid-19 para la previsión y la evaluación del impacto pandémico.	Entrevistas de investigación.
	Infraestructura de datos geográficos de Perú	Publicación e intercambio coherente y coordinado de datos geográficos por parte de los organismos públicos (centros de datos o nodos) en diferentes portales a nivel central y local	Entrevistas de investigación. https://www.gob.pe/institucion/pcm/campa%C3%B1as/4733-infraestructura-de-datos-espaciales-del-peru-idep
	Portal de datos abiertos	Portal central de datos abiertos gubernamentales	https://www.datosabiertos.gob.pe
Uruguay	Portal de datos abiertos	Portal central de datos abiertos gubernamentales	https://catalogodatos.gub.uy
	..	Integración de datos e interoperabilidad entre el Ministerio de Salud y el registro civil para la generación y expedición automatizadas de certificados de nacimiento.	Entrevistas de investigación.

..: Valor ausente o no disponible.

Fuente: Con base en la información y los datos de las fuentes indicadas.

Referencias

[20] AGESIC (2019), Política de Datos para la Transformación Digital, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/noticias/uruguay-politica-datos-para-transformacion-digital (accessed on 15 March 2022).

[24] EC (2020), A European Strategy for Data, European Commission, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066 (accessed on 5 July 2022).

[27] Fernandez Nieto, B. (2022), Habeas Data and Personal Data Protection in Latin America, Data-pop Alliance, https://datapopalliance.org/habeas-data-and-personal-data-protection-in-latin-america/ (accessed on 19 June 2023).

[32] Global Data Barometer (2022), Global Data Barometer Report 2022, https://globaldatabarometer.org/the-global-data-barometer-report-first-edition/ (accessed on 11 July 2022).

[23] Government of Peru (2023), Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, https://www.gob.pe/15777-estrategia-nacional-de-gobierno-de-datos (accessed on 20 June 2023).

[22] Government of Peru (2021), Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, https://www.gob.pe/15777-estrategia-nacional-de-gobierno-de-datos (accessed on 15 March 2022).

[28] IADB/OAS (2020), 2020 Cybersecurity Report: Risks, Progress, and the Way Forward in Latin America and the Caribbean, Inter-American Development Bank, Washington, https://doi.org/10.18235/0002513.

[11] OECD (2022), Open Government Review of Brazil : Towards an Integrated Open Government Agenda, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3f9009d4-en.

[30] OECD (2021), G20 Compendium on the Use of Digital Tools for Public Service Continuity: Report for the G20 Digital Economy Tak Force, Trieste, Italy, August 2021, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6f800fd5-en.

[8] OECD (2021), Good Practice Principles for Data Ethics in the Public Sector, OECD, Paris, https://www.oecd.org/gov/digital-government/good-practice-principles-for-data-ethics-in-the-public-sector.htm (accessed on 14 April 2021).

[3] OECD (2021), Recommendation of the Council on Enhancing Access to and Sharing of Data, OECD/LEGAL/0463, OECD, Paris, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0463 (accessed on 20 January 2022).

[14] OECD (2021), The E-Leaders Handbook on the Governance of Digital Government, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ac7f2531-en.

[5] OECD (2020), “Digital Government Index: 2019 results”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 03, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en.

[7] OECD (2020), “Open, Useful and Re-usable data (OURdata) Index: 2019”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 01, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/45f6de2d-en.

[25] OECD (2020), Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es.

[4] OECD (2020), “The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government”, OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en.

[12] OECD (2019), Digital Government in Peru: Working Closely with Citizens, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0c1eb85b-en.

[10] OECD (2019), Digital Government Review of Argentina: Accelerating the Digitalisation of the Public Sector, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/354732cc-en.

[31] OECD (2019), Digital Government Review of Panama: Enhancing the Digital Transformation of the Public Sector, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/615a4180-en.

[26] OECD (2019), Open Government in Argentina, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1988ccef-en.

[2] OECD (2019), Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD Legal Instruments, OECD, Paris, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449 (accessed on 26 April 2021).

[6] OECD (2019), The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/059814a7-en.

[15] OECD (2018), Digital Government Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of the Public Sector, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264307636-en.

[19] OECD (2018), Open Government Data in Mexico: The Way Forward, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264297944-en.

[16] OECD (2018), Revisión del Gobierno Digital en Colombia: Hacia un Sector Público Impulsado por el Ciudadano, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264292147-es.

[17] OECD (2017), Contratación Pública en Chile: Opciones de Política para Convenios Marco Eficientes e Inclusivos, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264275614-es.

[18] OECD (2016), Open Government Data Review of Mexico: Data Reuse for Public Sector Impact and Innovation, OECD Digital Government Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264259270-en.

[13] OECD (2015), Gobierno Abierto en América Latina, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264225787-es.

[1] OECD (2014), Recommendation of the Council on Digital Government Strategies, Public Governance and Territorial Development Directorate, OECD, Paris, http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf.

[9] OECD/CAF (2022), Uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5b189cb4-es.

[29] PCM (2022), “PCM anuncia creación de Unidad Funcional de Confianza Digital para fortalecer estrategia de prevención y mitigación de riesgos digitales”, Presidencia del Consejo de Ministros, Government of Peru, https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/608641-pcm-anuncia-creacion-de-unidad-funcional-de-confianza-digital-para-fortalecer-estrategia-de-prevencion-y-mitigacion-de-riesgos-digitales (accessed on 26 July 2022).

[21] PCM (2021), “Documento de trabajo para la Estrategia nacional de gobierno de datos”, Presidencia del Consejo de Ministros, Government of Peru, https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2046259-documento-de-trabajo-para-la-estrategia-nacional-de-gobierno-de-datos (accessed on 15 March 2022).

Notas

← 1.  Para obtener más información: https://catalogo.conecta.gov.br/conectagov/.

← 2.  Para obtener más información: https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8117.html.

← 3.  Para obtener más información: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/198952:MinTIC-expide-el-Plan-Nacional-de-Infraestructura-de-Datos-que-impulsara-la-transformacion-digital-del-Estado.

← 4.  Para obtener más información: marco_normativo.pdf (optic.gob.do).

← 5.  Para obtener más información: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/LEY-DEL-SISTEMA-NACIONAL-DE-REGISTRO-DE-DATOS-PUBLICOS.pdf.

← 6.  Para obtener más información: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29003_A/GacetaNo_29003a_20200415.pdf.

← 7.  Para obtener más información: https://www.mitic.gov.py/viceministerios/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/servicios/sistema-de-intercambio-de-informacion.

← 8.  Para obtener más información: https://www.gob.pe/741-plataforma-de-interoperabilidad-del-estado.

← 9.  Para obtener más información: https://www.datosabiertos.gob.pe/.

← 10.  Para obtener más información: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/que-es-la-plataforma-de-interoperabilidad.

← 11.  Para obtener más información: https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8117.html.

← 12.  Para obtener más información: https://datatrusts.uk/blogs/data-trusts-and-the-eu-data-strategy#:~:text=Data%20trusts%20offer%20a%20tool,a%20framework%20for%20data%20governance.

← 13.  Para obtener más información: https://datacollaboratives.org/.

← 14.  Para obtener más información: https://www.mercosur.int/temas/agenda-digital/.

← 15.  Para obtener más información: https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/interoperabilidad-transfronteriza/.

← 16.  Para obtener más información: https://www.redgealc.org/lineas-de-trabajo/datos-abiertos/.

← 17.  Para obtener más información: https://ec.europa.eu/isa2/eif_en.

← 18.  Para obtener más información: https://ec.europa.eu/isa2/eif_en.

← 19.  Para obtener más información: https://www.micitt.go.cr/wp-content/uploads/2023/03/CNTD.pdf.

← 20.  Para obtener más información: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86321&nValor3=111948&strTipM=T#:~:text=N%C2%B040951%2DMP%2DMIDEPLAN&text=%2DQue%20la%20organizaci%C3%B3n%20sectorial%20del,rector%C3%ADa%20sobre%20la%20organizaci%C3%B3n%20sectorial.

← 21.  Para obtener más información: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67348&nValor3=111956&strTipM=TC.

← 22.  Para obtener más información: https://observatoriolegislativocele.com/paraguay-proyecto-de-ley-de-datos-abiertos-2018/.

← 23.  Para obtener más información, consulte el Artículo 45 de la Ley 6524 en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9156/ley-n-6524-declara-estado-de-emergencia-en-todo-el-territorio-de-la-republica-del-paraguay-ante-la-pandemia-declarada-por-la-organizacion-mundial-de-la-salud-a-causa-del-covid-19-o-coronavirus-y-se-establecen-medidas-administrativas-fiscales-y-financieras#:~:text=libros%20do%20...-,Ley%20N%C2%BA%206524%20%2F%20DECLARA%20ESTADO%20DE%20EMERGENCIA%20EN%20TODO%20EL,MEDIDAS%20ADMINISTRATIVAS%2C%20FISCALES%20Y%20FINANCIERAS.

← 24.  Para obtener más información: https://gdpr-info.eu/.

← 25.  Para obtener más información: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024.

← 26.  Para obtener más información: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767.

← 27.  Para obtener más información: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

← 28.  Para obtener más información: Comitê — Português (Brasil) (www.gov.br).

← 29.  Para obtener más información: https://www.sen.gov.co/conozca-el-sen/instancias/cad.

← 30.  Para obtener más información: https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/2951-119-2018-pcm.

← 31.  Para obtener más información: https://www.barbadosparliament.com/bills/details/396.

← 32.  Para obtener más información: https://transparencia.css.gob.pa/wp-content/uploads/2020/01/Resoluci%C3%B3n-No.-DS-3513-2018-de-17-de-enero-de-2018-por-la-cual-se-desarrolla-la-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-de-transparencia-de-datos-abiertos-de-gobierno.pdf.

← 33.  Para obtener más información: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84166&nValor3=108486&strTipM=TC.

← 34.  Para obtener más información: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1680865/DS%20029-2021-PCM.pdf.pdf.

← 35.  Para obtener más información: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0463.

← 36.  Para obtener más información: Comitê — Português (Brasil) (www.gov.br).

← 37.  Para obtener más información: https://ausdatastrategy.pmc.gov.au/.

← 38.  Para obtener más información: https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/information-material-issued-by-the-federal-government/data-strategy-of-the-federal-german-government-1950612.

← 39.  Para obtener más información: https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0f321c23-517f-439e-9076-5804f0a24b59/20210901_en_05.pdf.

← 40.  Para obtener más información: https://strategy.data.gov/.

← 41.  Para obtener más información: https://www.gov.ie/en/publication/1d6bc7-public-service-data-strategy-2019-2023/.

← 42.  Para obtener más información: https://www.nldigitalgovernment.nl/overview/new-technologies-data-and-ethics/data-agenda-government/.

← 43.  Para obtener más información: Data – en underutnyttjad resurs för Sverige - Regeringen.se.

← 44.  Los documentos CONPES son instrumentos políticos elaborados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planificación. Para obtener más información: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf.

← 45.  Para obtener más información: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf.

← 46.  Para obtener más información: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/195154/20181105.

← 47.  Para obtener más información: https://www.opengovpartnership.org/members/argentina/.

← 48.  Consulte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10332.htm.

← 49.  Para obtener más información: https://cms-dgd-prod.s3-us-west-2.amazonaws.com/uploads/pdf/Estrategia_de_transformacion_digital_2019_.pdf.

← 50.  Para obtener más información: https://minciencia.gob.cl/areas-de-trabajo/inteligencia-artificial/politica-nacional-de-inteligencia-artificial/.

← 51.  Para obtener más información: https://agendadigital.gob.do/wp-content/uploads/2022/02/Agenda-Digital-2030-v2.pdf.

← 52.  Para obtener más información: https://agendadigital.gob.do/wp-content/uploads/2022/02/Plan-de-Accion-2021-2024-v2.pdf.

← 53.  Para obtener más información: https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Agenda-Digital-del-Ecuador-2021-2022-222-comprimido.pdf.

← 54.  Para obtener más información: https://aig.gob.pa/descargas/2019/12/agenda-digital-2020-visual.pdf.

← 55.  Para obtener más información: https://www.senatics.gov.py/plan-director-tic.

← 56.  Para obtener más información: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628886&fecha=06/09/2021#gsc.tab=0.

← 57.  Para obtener más información: https://www.cepal.org/es/agenda-digital-america-latina-caribe-elac2022/agenda-digital-2022.

← 58.  Para obtener más información: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN.

← 59.  Consulte la OCDE (2015[13]), (2016[18]), (2018[19]), (2018[16]), (2018[15]) (2019[10]), (2019[12]) y (2019[31]).

← 60.  Para obtener más información: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Costa-Rica_Action-Plan_2019-2022_Revised_EN.pdf.

← 61.  Para obtener más información: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2021/12/Uruguay_Action-Plan_2021-2024.pdf.

← 62.  Para obtener más información: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=84004.

← 63.  Para obtener más información: Proyectos asociados – Abramos México (abramosmexico.org.mx).

← 64.  Para obtener más información, consulte el Informe del Barómetro Global de Datos 2022, Análisis regional de América Latina y el Caribe (Global Data Barometer, 2022[32]) en: https://globaldatabarometer.org/wp-content/uploads/2022/05/GDB-Report-English.pdf.

← 65.  Para obtener más información: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2019_38029ced-en.

← 66.  Para obtener más información, consulte, por ejemplo, las Revisiones de la OCDE sobre Gobierno Digital de Argentina, Perú y Colombia, así como las Revisiones de la OCDE sobre datos abiertos del gobierno de México en https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-publications.htm.

← 67.  Para obtener más información: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28743_A/GacetaNo_28743a_20190329.pdf.

← 68.  Para obtener más información: DECREE 620 OF 2020 (suin-juriscol.gov.co).

← 69.  Para obtener más información: https://www.consejodecomunicacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/07/lotaip/Ley%20Org%C3%A1nica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20Personales.pdf.

← 70.  Para obtener más información: https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/.

← 71.  Para obtener más información: http://www.prodhab.go.cr/.

← 72.  Para obtener más información: https://home.inai.org.mx/.

← 73.  Para obtener más información: https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPublico/RecomendacionesPDP-IA.pdf.

← 74.  Para obtener más información: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/lgpd.

← 75.  Consulte, por ejemplo, https://www.reuters.com/article/uk-costarica-president-idUKKCN20M2ZI y https://www.reuters.com/article/mexico-tech-surveillance-idUSL8N2PD6BQ para casos recientes en Costa Rica y México.

← 76.  Para obtener más información sobre el trabajo de la OCDE sobre el espacio cívico, consulte: https://www.oecd.org/gov/open-government/civic-space.htm.

← 77.  Según el RGPD, "el responsable del tratamiento de datos personales determina los fines y los medios del tratamiento de los datos personales". Para obtener más información: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/controllerprocessor/what-data-controller-or-data-processor_en#:~:text=The%20data%20controller%20determines%20the,it%20is%20the%20data%20controller.

← 78.  Para obtener más información https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008/9.

← 79.  Para obtener una definición de ética de datos, consulte el marco de ética de datos del Reino Unido en https://www.gov.uk/government/publications/data-ethics-framework; Floridi & Tadeo (2016) ‘What is data ethics?’ en https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2016.0360; y la definición proporcionada por el Open Data Institute en https://theodi.org/article/data-ethics-canvas/#1562602644259-1d65b099-ea7b.

← 80.  Para obtener más información: https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/608641-pcm-anuncia-creacion-de-unidad-funcional-de-confianza-digital-para-fortalecer-estrategia-de-prevencion-y-mitigacion-de-riesgos-digitales.

← 81.  Para obtener más información: Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital v1.5.pdf.pdf (www.gob.pe).