América Latina y el Caribe (ALC) está atravesando un difícil panorama macroeconómico. En los últimos cinco años, los nueve países evaluados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay) han sufrido importantes transiciones políticas y conmociones socioeconómicas, en particular la pandemia del COVID-19 y el impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se han visto afectadas de forma desproporcionada. Sin embargo, también han surgido como fuerza motriz hacia una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible.

Las PyMEs han demostrado su papel fundamental en el panorama social y económico de la región. Constituyen el 99,5% de las empresas, y casi nueve de cada diez empresas pertenecen a la categoría de microempresas. Además, las PyMEs contribuyen con aproximadamente el 60% del empleo productivo formal. Estos atributos, en medio de escenarios complejos, han motivado un énfasis aún mayor en posicionar el desarrollo de las PyMEs como una clara prioridad para los responsables de la formulación de políticas en ALC.

Esta edición del Índice de Políticas para PyMEs (SME PI) ilustra la evolución de los marcos de políticas para PyMEs en toda la región de ALC desde 2019 para los siete países que participaron en la primera edición (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay), y evalúa a Brasil, y Paraguay por primera vez. Ofrece una evaluación a través de ocho dimensiones de política pública, acompañada de descripciones de los desafíos específicos de cada país y proporciona un camino a seguir con recomendaciones. Por primera vez, la evaluación incluye un análisis de las políticas para la digitalización de las PyMEs, que es crucial para fomentar un sector de PyMEs inclusivo, resiliente y sostenible, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia del COVID-19 obligó a muchas empresas a conectarse a Internet por primera vez, experimentando de primera mano el valor de las tecnologías digitales. Junto con una dimensión piloto de economía verde y un enfoque transversal de género.

Aunque en los capítulos siguientes se detallan los retos específicos de cada país y las recomendaciones de políticas, algunas recomendaciones clave aplicables en general a la región de ALC son las siguientes:

• Reforzar el marco institucional de las políticas para las PyMEs, teniendo en cuenta las perturbaciones causadas por la pandemia del COVID-19, así como las incertidumbres políticas y económicas. El desarrollo de marcos estratégicos para la política relativa a las PyMEs en colaboración con diversas partes interesadas proporciona a los gobiernos una valiosa orientación para reconocer los nuevos retos a los que se enfrentan las PyMEs y diseñar soluciones personalizadas para abordarlos. La mejora de los mecanismos de coordinación de políticas y el refuerzo de la autonomía operativa de los organismos de ejecución, junto con la asignación de más recursos para el seguimiento de la aplicación de los programas, son pasos esenciales para garantizar una política más eficaz para las PyMEs.

• Poner en marcha estrategias integrales de reforma normativa y establecer objetivos claros para reducir las cargas administrativas. Aunque muchos países de ALC están avanzando en la oferta de servicios electrónicos, es crucial que desarrollen planes nacionales para simplificar la legislación y reformar la normativa. Estos planes deberían dar prioridad a las áreas que plantean barreras significativas al desarrollo empresarial y establecer objetivos específicos para reducir las cargas administrativas. Este planteamiento pretende reducir las barreras para los nuevos empresarios y desalentar la informalidad.

• Reforzar los marcos de monitoreo y evaluación para facilitar la elaboración de políticas públicas basadas en evidencias. Aunque los países de ALC suelen contar con sólidas prácticas de seguimiento y evaluación de los programas de apoyo financiero, a menudo carecen de un seguimiento regular de los marcos e iniciativas de políticas más amplias para las PyMEs. Para solucionar este problema, los países de ALC podrían incorporar indicadores clave de rendimiento claros y mensurables en los documentos de políticas, haciendo que las actividades gubernamentales sean transparentes y responsables. Además, la elaboración periódica de indicadores estadísticos orientados a los resultados por parte de los institutos nacionales de estadística proporcionaría una visión global de cómo influyen las políticas públicas en los distintos aspectos del rendimiento del sector empresarial.

• Mejorar la oferta de productos y servicios financieros y reforzar las Estrategias Nacionales de Educación Financiera (ENEF) de los países mediante la participación de las PyMEs. Los mecanismos de microfinanciación colectiva (crowdfunding) siguen siendo escasos en la región, y existen pocas estrategias para promover eficazmente la educación financiera entre las PyMEs y los emprendedores. El establecimiento de políticas personalizadas y el desarrollo de programas educativos específicos para las PyMEs podrían aumentar la confianza y la adopción de estos sistemas financieros, al tiempo que se desarrollarían las capacidades financieras de las PyMEs.

• Promover la digitalización de las PyMEs a través de estrategias digitales nacionales mejoradas con planes de implementación bien definidos, haciendo hincapié en el desarrollo de políticas de banda ancha centradas en las PyMEs para abordar retos específicos. Aunque el progreso en la conectividad de banda ancha es observable en toda la región, los países de ALC deben intensificar los esfuerzos para fomentar las asociaciones público-privadas (APP) destinadas a mejorar la infraestructura digital, fomentando la colaboración en beneficio mutuo de los ciudadanos y las empresas. Dar prioridad a iniciativas educativas inclusivas y cultivar una cultura de aprendizaje continuo para el desarrollo de competencias digitales podría garantizar una amplia participación en la economía digital.

• Aprovechar las ventajas de la integración regional y mundial para las PyMEs. Algunos países pudieran reforzar las iniciativas existentes, mientras que otros podrían beneficiarse aprendiendo de las experiencias de sus homólogos. Introducir iniciativas de búsqueda de socios para fomentar vínculos más fuertes entre las PyMEs y las grandes empresas, aprovechando el potencial de las grandes empresas para actuar como clientes, socios de innovación y asesores de las PyMEs. Establecer vínculos entre las organizaciones nacionales de clústers y los agentes regionales, reflejando la importancia de la proximidad espacial en gran parte de la actividad de los clústers.

• Mejorar los esfuerzos para cerrar las brechas de género y crear las condiciones y oportunidades necesarias para el desarrollo y crecimiento de las PyMEs dirigidas por mujeres o propiedad de mujeres. La región ha avanzado en la integración de la perspectiva de género en las políticas y los programas. No obstante, aún queda mucho por hacer. También es esencial mejorar la recopilación y el análisis de datos desde una perspectiva de género.

• Alinear las políticas de apoyo a las PyMEs con los objetivos nacionales de descarbonización y economía verde. En toda la región, las políticas medioambientales rara vez tienen en cuenta las necesidades específicas de las PyMEs, y los incentivos financieros para iniciativas medioambientales son escasos. Las iniciativas verdes deben integrarse en documentos de políticas para PyMEs más amplios, como las estrategias nacionales para el desarrollo o la innovación de las PyMEs, al tiempo que se aumenta la disponibilidad de instrumentos de financiación para invertir en equipos y procesos más verdes.