La crisis de COVID-19 ha intensificado los factores de riesgo generalmente asociados con una salud mental deficiente –inseguridad financiera, desempleo, miedo– mientras que los factores protectores –conexión social, compromiso laboral y educativo, acceso al ejercicio físico, una rutina diaria, acceso a los servicios de salud– se desplomaron dramáticamente. Esto ha conducido hacía el deterioro significativo y sin precedentes de la salud mental de la población. En todos los países, la salud mental de las personas desempleadas y de aquellos que experimentaban inseguridad financiera era más desfavorable que la de la población en general, una tendencia que precede a la pandemia, pero que parece haberse acelerado en algunos casos. Los países de la OCDE han respondido con esfuerzos decisivos para aumentar los servicios de salud mental, y poner en práctica medidas para proteger los empleos e ingresos y, por consiguiente, reducir la angustia mental para algunos. Sin embargo, la escala de angustia mental, desde el inicio de la pandemia, requiere de un apoyo integrado a la salud mental de toda la sociedad para evitar cicatrices permanentes.