El Estado de México es la entidad federativa más grande de México en cuanto a su población, que actualmente se estima en 17.3 millones de habitantes. También alberga al municipio más poblado del país, Ecatepec de Morelos, con alrededor de 1.6 millones de habitantes. La economía del Estado de México produce alrededor del 8.7% del PIB de México y el PIB per cápita en el estado creció 9.8% entre 2010 y 2016, por encima del promedio nacional de 8.5%. Sin embargo, el estado también enfrenta importantes retos. Por ejemplo, se estima que 47.9% de su población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y 6.1% está en pobreza extrema. De igual forma, la confianza en las instituciones públicas, medida por las percepciones ciudadanas, es baja. La situación se ha vuelto aún más desafiante como resultado de los efectos del COVID-19 en la economía nacional y estatal.
El Gobierno del Estado de México ha establecido iniciativas ambiciosas para atender estos retos, como se refleja en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-23, incluyendo la reducción de la desigualdad mediante la atención de las necesidades de grupos vulnerables y la implementación plena del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM). La contratación pública puede ser una poderosa herramienta para avanzar en estas iniciativas. En primer lugar, una contratación pública eficaz y eficiente es crucial para la provisión de servicios públicos que mejoren la calidad de vida, al tiempo que se asegura valor por los recursos públicos. En segundo lugar, asegurar contrataciones transparentes y altos estándares de integridad entre los servidores públicos dedicados a la contratación puede ayudar a construir confianza en las instituciones públicas. Asimismo, la contratación pública, que representó alrededor del 25% del presupuesto del Estado de México en 2019, podría ser utilizada para desarrollar el sector de las pequeñas y medianas empresas, particularmente en un momento en que la crisis del COVID-19 ha afectado severamente las actividades empresariales.
Este informe presenta los hallazgos y las recomendaciones de política pública del estudio “Contratación Pública en el Estado de México”. Aborda brechas estratégicas y operativas y reflexiona sobre lo que puede hacer el estado para mejorar la gobernanza de su sistema de contratación, el cual está centralizado en la Secretaría de Finanzas y encabezado por su Dirección General de Recursos Materiales (DGRM). También hace recomendaciones para facilitar la competencia en los procesos licitatorios del Estado de México y, como consecuencia, permitir su acceso a bienes y servicios de mejor calidad y a mejores precios.
Como parte del proceso del estudio, se realizaron talleres sobre fases clave del ciclo de contratación pública, como análisis de mercados, criterios de adjudicación y gestión de riesgos, con el apoyo de pares expertos del Gobierno de Schleswig-Holstein, Alemania, y de la Alianza para las Contrataciones Abiertas.
Este estudio reconoce los logros del sistema de contrataciones del Estado de México, como ser uno de los estados líderes en la implementación de su sistema anticorrupción y el requerir una Declaración de Determinación Independiente de los licitantes. Esto último fue recomendado en un estudio previo de la OCDE para el Estado de México en 2012. De igual forma, este reporte ofrece recomendaciones sobre cómo perfeccionar las prácticas de contratación incluyendo, por ejemplo, la mejora de las capacidades transaccionales de la plataforma de contratación electrónica COMPRAMEX y el desarrollo de las capacidades de la fuerza de trabajo de contratación pública, para alinearse con buenas prácticas de la OCDE.
Después de esta publicación, la OCDE acompañará al Gobierno del Estado de México en la implementación de las recomendaciones y elaborará un informe de seguimiento a publicarse en aproximadamente 1 año, para permitir el suficiente tiempo para llevar a cabo las reformas.