Las políticas macroeconómicas respondieron rápidamente ante estos desafíos. Si bien a corto plazo la consolidación fiscal acelerada y la política monetaria contractiva derivarán en una fuerte contracción de la demanda interna, el ajuste que se está llevando a cabo debería allanar el camino para reducir los desequilibrios. Se espera que el déficit por cuenta corriente disminuya mientras que el potencial de crecimiento de las exportaciones es considerable, ya que la depreciación de la tasa de cambio la ha situado en el nivel más competitivo de los últimos 10 años.

Los riesgos están relacionados a los efectos contractivos de las políticas macroeconómicas y con factores externos. La confianza de los mercados podría tardar en volver más de lo previsto en caso de que aumente el efecto contractivo de las políticas macroeconómicas o si la volatilidad de los mercados sigue siendo elevada. La exposición a los riesgos externos está descendiendo a medida que disminuyen los altos déficits gemelos, es decir el déficit fiscal y el déficit por cuenta corriente. Las próximas elecciones de octubre de 2019 generan incertidumbre sobre la continuidad de las reformas.

La fuerte dependencia inicial de una política monetaria contractiva, en combinación con un ajuste fiscal gradual, ha dado paso a unas contracciones fiscales y monetarias fuertes y simultáneas. Las nuevas metas fiscales aspiran a conseguir un equilibrio primario en 2019 y un superávit primario del 1% del PIB a partir de entonces. Esto implicará un fuerte esfuerzo de consolidación y una reducción de la demanda interna, y su aplicación conllevará desafíos políticos. Sin embargo, si no se realizan estos ajustes, se agravaría el riesgo de una recesión mucho más prolongada y, en última instancia, más profunda. De hecho, los mercados perciben el cumplimiento de las metas fiscales como una prueba de fuego con respecto a la voluntad de las autoridades argentinas para resolver los graves desequilibrios macroeconómicos a los que se enfrenta el país.

Reducir la elevada inflación ha resultado muy complicado (Gráfico B). En vista de la débil transmisión de la política monetaria, el Banco Central abandonó el régimen de metas de inflación y se ha comprometido a mantener la base monetaria constante en términos nominales hasta julio de 2019. El nuevo marco institucional que rige las intervenciones en el mercado de cambio permite que la tasa de cambio fluctúe libremente dentro de una banda de no-intervención, al tiempo que permite intervenciones limitadas si el tipo de cambio se sale de dicha banda.

Desde 2015, el Gobierno actual ha realizado esfuerzos considerables para crear las condiciones necesarias para un crecimiento sostenible e inclusivo. Las reformas recientes incluyen una reforma tributaria, cambios en las relaciones fiscales entre las provincias y el gobierno central, una nueva ley de competencia, mejoras en la sostenibilidad del sistema de pensiones, nuevos marcos legales para los mercados de capitales y para las asociaciones público-privadas, la creación de un consejo fiscal independiente y un compromiso para reforzar la independencia del Banco Central. Pero aún queda mucho por hacer.

Cerca del 27% de los argentinos viven en la pobreza y el 5% en la pobreza extrema, la mitad que tras la última gran crisis de principios del decenio pasado. Esta tendencia a la baja se mantuvo durante 2016 y 2017, hasta que la recesión volvió a aumentar la pobreza durante 2018 (Gráfico C).

Las políticas sociales seguirán siendo importantes para lograr un crecimiento más inclusivo y amortiguar la recesión actual. Las metas fiscales se han definido de tal manera que ofrezcan un cierto margen para incrementar prestaciones sociales bien enfocadas en los más vulnerables. Estas prestaciones deberían utilizarse para proteger a los hogares de bajos ingresos frente a la recesión.

Argentina está mucho menos integrada en la economía mundial que otras economías emergentes (Gráfico D). La principal razón de ello son los elevados aranceles y las barreras comerciales no arancelarias. La reducción de las barreras comerciales aumentaría el poder adquisitivo de los consumidores, sobre todo de los hogares de bajos ingresos, y reduciría el costo de los insumos para las empresas.

Con su escasa participación en el comercio internacional, Argentina quedó al margen de las cadenas internacionales de valor, lo cual representa una pérdida significativa de oportunidades de crecimiento y bienestar.

Una mayor integración en la economía mundial también aumentaría las presiones competitivas y llevaría a las empresas de los sectores protegidos a mejorar su productividad. Actualmente, muchos puestos de trabajo están atrapados en actividades con un escaso potencial de crecimiento de la productividad y de los salarios. Debería darse prioridad a la reducción de las barreras arancelarias en los bienes de capital e intermedios, para apoyar la competitividad y la creación de empleo.

La reasignación del empleo entre empresas y sectores genera nuevas oportunidades. Las empresas exportadoras tienen más probabilidades de operar en la economía formal y ofrecen salarios un 30% más altos. Sin embargo, la reasignación de puestos de trabajo también puede exigir la reconversión profesional de trabajadores y dar lugar a pérdidas temporales de ingresos. En este contexto, la provisión de oportunidades de formación es una palanca clave en materia de políticas.

Actualmente, las elevadas indemnizaciones por despido son los principales mecanismos de protección contra las pérdidas de ingresos por despidos, pero sólo se aplican a los trabajadores del sector formal. El elevado e incierto costo que suponen para los empleadores reduce los incentivos para la creación de empleo formal, lo que podría retrasar la generación de puestos de trabajo durante la recuperación. Aplicar el actual plan de seguro de desempleo utilizado en el sector de la construcción –que se basa en cuentas individuales– a los nuevos contratos laborales en todos los sectores reduciría los costos de las indemnizaciones por despido y con eso el costo de la contratación formal. Tal medida reforzaría la protección de las personas y no de puestos de trabajo específicos.

Las mejoras de la calidad en educación aportan grandes ventajas. Preparan a las generaciones futuras para nuevas oportunidades, abordan la escasez de personal cualificado y pueden aumentar la escasa participación de las mujeres en la fuerza de trabajo (Gráfico E).

El 40% de los alumnos de secundaria abandonan sus estudios antes de finalizarlos, a menudo por no haber adquirido las competencias esenciales durante la primera infancia. Esto podría abordarse ampliando aún más el acceso a la educación de primera infancia, lo que también permitiría a un mayor número de mujeres buscar empleo remunerado, aumentando sus ingresos y sus opciones de vida.