Recientemente Costa Rica ha tomado medidas importantes para fortalecer el marco macroeconómico. La política monetaria se ha mejorado y también se han tomado medidas clave para mejorar el marco fiscal. Cumplir con los compromisos establecidos y mantener políticas macroeconómicas prudentes a lo largo del tiempo es fundamental para aumentar la confianza.

La implementación plena y oportuna de la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2018 es vital. La situación fiscal se deterioró significativamente en la última década, y el saldo presupuestario general pasó de un superávit en 2007 a un déficit del 7% del PIB en 2019 (Gráfico 1). Las autoridades han aumentado adecuadamente el gasto en salud y protección social para enfrentar la pandemia y el déficit aumentará aún más este año. Mirando hacia el futuro, una vez que la recuperación económica esté en marcha es vital volver a una senda de reducción del déficit. Un elemento crítico de la reforma es una regla fiscal que limita gradualmente el crecimiento actual del gasto. Las simulaciones de deuda sugieren que adherirse continuamente a la regla fiscal detendría con el tiempo el aumento de la deuda pública. Sin embargo, la trayectoria depende mucho de la implementación de la reforma fiscal y los desvíos del ajuste planeado harían que la razón de deuda aumente.

Crear espacio fiscal adicional ayudaría a Costa Rica a responder a posibles shocks inesperados. La adopción de medidas adicionales, como las anunciadas recientemente, también crearía más espacio para el gasto de capital y para responder al envejecimiento de la población. La economía política de aumentar los impuestos nuevamente es un desafío, pero en Costa Rica todavía es posible ampliar las bases impositivas sin aumentar las tasas. También es posible mejorar la combinación de impuestos.

Mejorar la eficiencia del gasto público constituye un desafío social. Los aumentos en el gasto público desde 2008 no han no han conllevado a una mejora en el desempeño. Un área prioritaria para la reforma es el empleo en el sector público, ya que la remuneración de los empleados del gobierno representa la mitad de los ingresos totales. Una reforma del sector público para eliminar duplicaciones y entidades no funcionales, y de la contratación pública para cubrir más compras de entidades gubernamentales fuera del Gobierno Central, ayudaría a aumentar la eficiencia.

Es vital mejorar la gestión de la deuda. A medida que aumenta el costo del pago de intereses, es vital contener el costo del servicio de la deuda y reducir los riesgos. Atraer inversionistas internacionales a la deuda denominada en moneda local puede reducir tanto la carga de intereses como los riesgos cambiarios.

Existen grandes pasivos contingentes. La garantía pública general explícita sobre depósitos en los bancos estatales y otras deudas implica pasivos contingentes considerables y riesgos sistémicos de círculos viciosos, ya que la exposición de los bancos a la deuda soberana y empresas estatales es considerable. El sistema de pensiones no genera suficientes recursos para que sea sostenible. Es necesario hacer una reforma de los parámetros, evitando aumentos mayores en las tasas de contribución al sistema del seguro social. Una estrategia de inversión más diversificada de los activos de pensiones que están fuertemente concentrados en la deuda soberana de Costa Rica, reduciría los riesgos.

La atención médica universal y las pensiones han tenido resultados sociales notables, pero la desigualdad continúa siendo alta (Gráfico 2). El gasto social ha aumentado, pero esto no ha reducido la desigualdad de manera significativa. Ante la situación fiscal, los esfuerzos políticos para garantizar que el gasto social conduzca a mejoras tangibles, y la solución de las ineficiencias existentes son claves para fomentar el crecimiento inclusivo.

Existe un compromiso firme con la educación, pero los resultados continúan siendo deficientes. A pesar del alto gasto en educación, los resultados de las pruebas PISA son malos. Garantizar que todos los costarricenses tengan acceso a una buena educación y relevante es fundamental para construir una economía más inclusiva y productiva. Las evaluaciones a los docentes permitirían adaptar otras oportunidades de capacitación. Es importante implementar planes de estudio actualizados en las aulas y que el sistema universitario sea más responsable, basado en el rendimiento y receptivo.

Se ha fortalecido la educación de la primera infancia para impulsar la participación femenina en el mercado laboral. Las mujeres que asumen responsabilidades de cuidado familiar enfrentan dificultades para completar la educación o continuar en la fuerza laboral después de la maternidad. El acceso a la educación de la primera infancia también debe ampliarse para los niños menores de 4 años. También es clave introducir el derecho de permisos por paternidad, pagados e intransferibles para los padres.

A pesar de las mejoras recientes, los resultados de inclusión financiera aún presentan disparidades regionales y brechas de género importantes. La educación financiera es deficiente. Complementar el acceso a productos financieros con la matrícula en oportunidades de educación financiera puede contribuir a evitar el endeudamiento excesivo de los hogares. Un sistema de pagos electrónicos de vanguardia ofrece a Costa Rica un potencial que no ha sido explotado para que las empresas fintech sean un catalizador de peso para la inclusión financiera. Otorgar a las empresas fintech acceso total al sistema de pagos electrónicos, a la vez que se vela por la seguridad y la protección del consumidor, fomentaría el desarrollo de este sector.

La alta informalidad contribuye a la desigualdad y obstaculiza la sostenibilidad de las pensiones. No existe una solución mágica para reducir la informalidad. Se requiere una estrategia integral que cubra múltiples áreas de política, lo cual incluye la adopción de las regulaciones para facilitar el cumplimiento. El sistema de salario mínimo se ha simplificado, pero todavía es posible lograr que el sistema sea aún más favorable al trabajo.

El potencial de crecimiento ha disminuido debido a la baja productividad. Los mayores avances en el nivel de vida dependerán del aumento en la productividad al establecer las condiciones adecuadas para que las empresas nacionales prosperen y, al mismo tiempo, de mantener y reforzar el compromiso con el comercio y la inversión extranjera directa que ha sido clave para diversificar cada vez más la canasta de exportación. Mantener el compromiso de conservar los recursos naturales y la biodiversidad, y continuar ejerciendo presión para avanzar con el plan de descarbonización también valdrá la pena en términos de crecimiento y empleo.

Mejorar las regulaciones aumentaría la productividad y la creación de empleo. En Costa Rica las regulaciones se encuentran entre las más onerosas en las economías avanzadas y emergentes (Gráfico 3). Las barreras de entrada son particularmente altas. También es posible mejorar aún más el desempeño de las empresas estatales y la metodología para establecer precios controlados.

Fortalecer la competencia impulsaría el crecimiento significativamente. Muchas de las debilidades en el marco de la competencia, como la falta de independencia y recursos de las autoridades de competencia, se abordaron en una nueva ley de competencia. Es vital cumplir estrictamente con la hoja de ruta de implementación. Las exenciones existentes a las normas de competencia, como las otorgadas al arroz, el azúcar, el café, el transporte marítimo y los servicios profesionales, son regresivas e ineficientes y deberían ser eliminadas gradualmente.