Estudios Económicos de la OCDE: México 2022

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Estudios Económicos de la OCDE: México

21 febrero 2022

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2. Ampliar el acceso a servicios financieros para impulsar el crecimiento y reducir las desigualdades

Alessandro Maravalle
OCDE

Alberto Gonzalez Pandiella
OCDE

Resumen

El acceso a los servicios financieros formales en México es particularmente bajo. Además, difiere considerablemente en función del nivel de ingresos y del género, así como entre zonas rurales y urbanas y entre las distintas regiones. El acceso de las Pymes al crédito bancario es reducido y ello dificulta su capacidad para crecer e innovar. El uso de dinero en efectivo y de crédito informal sigue estando muy extendido, sobre todo en zonas rurales, donde la infraestructura financiera está menos desarrollada. La difusión de los servicios financieros digitales avanza lentamente, pero sigue siendo escasa, obstaculizada por un nivel relativamente bajo de conocimientos financieros y la existencia de una brecha digital. La ampliación del acceso al financiamiento permitiría a los hogares mexicanos invertir en educación y salud, gestionar mejor los reveses en los ingresos evitando fluctuaciones en el consumo. También permitiría a las empresas mexicanas invertir más, elevar la productividad y crear empleos formales. En particular, se beneficiarían los hogares con bajos ingresos, las pequeñas empresas y las regiones más desfavorecidas, ya que les abriría nuevas oportunidades económicas. El fomento de la competencia en el sector bancario facilitaría el acceso de las Pymes al crédito, al reducir los márgenes de intermediación. La mejora del marco regulatorio del sistema financiero contribuiría a elevar la competencia y la calidad de los servicios financieros. Todavía no se ha materializado el potencial del sector fintech, que aumentaría aún más la competencia y haría llegar los servicios financieros a segmentos más amplios de la población. Reforzar la educación financiera y la alfabetización digital facilitaría un uso mejor y más amplio de los servicios financieros tradicionales y digitales.

México presenta un gran margen para mejorar la profundización financiera y potenciar el acceso al financiamiento. A pesar de las recientes mejoras, el país padece problemas estructurales que han retrasado históricamente su desarrollo financiero, como bajos niveles de alfabetización financiera, un amplio sector informal, un costoso sistema de ejecución de garantías y desconfianza en el sector bancario. El acceso a los servicios financieros es muy desigual en función de los niveles de ingresos o del género, así como entre las zonas rurales y urbanas y entre los estados. Aproximadamente uno de cada ocho municipios de México ni siquiera tiene un punto de servicio financiero, aunque la mayoría de ellos se encuentran en zonas rurales con baja densidad de población. Si bien el 92% de la población adulta tiene acceso a una sucursal bancaria, en algunos estados esta proporción es significativamente menor; así, por ejemplo, es de un 56% en Oaxaca, un 62% en Tlaxcala y un 77% en Puebla. Las disparidades regionales han disminuido, pero se siguen apreciando al considerar el acceso a un punto de servicio financiero. Si bien alrededor del 98% de la población tiene acceso a un punto de servicio financiero, la proporción es tan solo del 81% en Oaxaca, el 93% en Chiapas y el 94% en Yucatán. La brecha de género sigue siendo importante en el acceso a algunos servicios financieros, como el ahorro para la jubilación.

Un mejor acceso a los servicios financieros y la profundización de los mercados financieros pueden contribuir a impulsar el crecimiento, promover la creación de empleo y reducir las desigualdades (OECD, 2017[1]; OECD, 2019[2]). El aumento de la profundización (por ejemplo, el tamaño del crédito bancario al sector privado y de los mercados de valores de renta fija y variable) y el acceso a productos financieros están positivamente correlacionados con el crecimiento económico (OECD/The World Bank, 2012[3]; Sahay et al., 2015[4]; Dabla-Norris et al., 2015[5]). La inclusión financiera puede ser especialmente beneficiosa para las economías emergentes, dado que un aumento de su nivel parece presentar una correlación lineal positiva con el crecimiento (Sahay et al., 2015[4]). También se asocia a un fuerte descenso de la desigualdad de ingresos y de las tasas de pobreza en los países que se encuentran en fases intermedias y avanzadas de desarrollo financiero, siempre y cuando el ritmo de expansión del crédito no provoque inestabilidad financiera (Rajan, 2005[6]) debido a deficiencias en la regulación y la supervisión (Mehrotra and Yetman, 2015[7]).

A medida que el acceso a los servicios financieros se extiende a una mayor parte de la población, y deja de estar restringido a las personas acomodadas, tiende a beneficiar más a hogares de bajos ingresos (Greenwood and Jovanovic, 1990[8]; Clarke, Xu and Zou, 2006[9]; Jahan and McDonald, 2011[10]), permitiéndoles invertir en educación, salud y oportunidades de negocio, y gestionar mejor los reveses en los ingresos evitando fluctuaciones en el consumo, contribuyendo así a evitar la pobreza. Como la gran mayoría de los hogares pobres trabajan en el amplio sector informal, facilitar la inclusión financiera es un componente de una estrategia integral necesaria para reducir la informalidad en México (como se analiza con más detalle en el capítulo 1 de este estudio).

Generalizar el acceso al financiamiento también ofrece importantes sinergias con otros objetivos de las políticas gubernamentales. Puede respaldar la transición hacia una economía con menos emisiones de carbono, al brindar al sector privado mejores oportunidades de financiamiento para invertir en tecnologías ecológicas que contribuyan a dar respuesta a los retos de mitigación y adaptación al cambio climático. Impulsar la inclusión financiera también puede servir de apoyo a las políticas de protección social, al facilitar el acceso a productos financieros que estén en sintonía con las posibilidades y necesidades de la población más vulnerable. Además, un mejor acceso al financiamiento puede contribuir a reducir las desigualdades de género en salarios y tasa de actividad, que son grandes en México (véase el capítulo 1). Un mayor acceso a los servicios financieros digitales puede fomentar el espíritu empresarial de las mujeres, especialmente en actividades digitales.

En este capítulo se describen los principales obstáculos al desarrollo de los mercados financieros en México y se exponen distintas políticas disponibles para abordarlos. Asimismo, se comentan factores complementarios para el desarrollo financiero, como las reformas para mejorar la competencia entre instituciones financieras y otras reformas económicas. Por ejemplo, la ampliación de la cobertura de Internet fomentaría la banca móvil y ayudaría a reducir las desigualdades regionales. Elevar la inclusión financiera también requiere un equilibrio entre las políticas gubernamentales y la iniciativa del sector privado. El papel del gobierno también consiste en facilitar un entorno regulatorio favorable que fomente la competencia y el crecimiento, así como instituciones de supervisión fuertes e independientes que mantengan los riesgos financieros bajo control. Es crucial encontrar un buen equilibrio entre profundización financiera, estabilidad financiera y controles de protección del consumidor. El sector privado, por su parte, puede aprovechar la innovación tecnológica y desarrollar nuevos productos y modelos de negocio para apoyar la inclusión financiera.

El acceso a los servicios financieros por parte de empresas y particulares es bajo

En los principales indicadores de inclusión financiera, México ocupa una posición baja en comparación con las economías avanzadas y otros países de la región (Gráfico 2.1). Por ejemplo, la proporción de adultos que dispone de una cuenta bancaria es reducida y también lo es el número de sucursales bancarias por cada 100.000 adultos. Solo alrededor del 47% de la población de entre 18 y 79 años era titular de una cuenta bancaria en México en 2018, un porcentaje inferior al de otros países de la región miembros de la OCDE, como Costa Rica (68%) y Chile (74%).

Los indicadores de profundidad financiera, como los créditos bancarios a los hogares y los depósitos bancarios como porcentaje del PIB, ofrecen un panorama similar (Gráfico 2.2). El tamaño del crédito bancario al sector privado a nivel nacional también es bajo en México; en 2021, representa en torno al 31,4% del PIB, un nivel inferior al de Brasil (38%), Colombia (45%), Costa Rica (55%) y Chile (100%), y al que cabría esperar teniendo en cuenta los parámetros económicos fundamentales de México (Herman and Klemm, 2019[11]).

La inclusión financiera puede promover la diversificación de las economías regionales (Acemoglu and Zilibotti, 1997[12]) así favoreciendo un mayor crecimiento regional y la convergencia económica entre regiones (Porter, 2003[13]; Hausmann et al., 2014[14]; BANXICO, 2015[15]; BANXICO, 2018[16]). El acceso a los servicios financieros a nivel regional en México muestra una correlación positiva con el crecimiento (Gráfico 2.3, Panel A) y negativa con la pobreza (Gráfico 2.3, Panel B). Aumentar la inclusión financiera podría entonces ayudar a reducir las disparidades regionales entre los estados mexicanos, que son grandes y persistentes (Recuadro 2.2). Sin embargo, establecer una relación de causalidad entre inclusión financiera, crecimiento y desigualdad es complicado debido a la limitada disponibilidad de datos y a que las políticas destinadas a promover la inclusión financiera son muy recientes (Demirguc-Kunt, Klapper and Singer, 2017[17]).

México creó en 2011 el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, y en 2016 la Política Nacional de Inclusión Financiera, posteriormente actualizada en 2020, que establece objetivos y medidas de política para aumentar el acceso a servicios financieros (cuentas bancarias, crédito, seguros y ahorro para la jubilación), en particular de los hogares de bajos ingresos, promover la educación financiera, una mejor salud financiera y un uso efectivo de los servicios financieros, impulsar la competencia en los mercados financieros y elevar la protección de los consumidores de productos financieros. Se han tomado diversas medidas para ampliar la oferta de servicios financieros a un mayor número de empresas y hogares mexicanos, así como para elevar su calidad, tales como la creación de alrededor de 10 millones de cuentas bancarias para los beneficiarios de transferencias de las administraciones públicas, el establecimiento de una plataforma de pago digital Cobro Digital (CoDi) para facilitar los pagos digitales y la creación del Banco del Bienestar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2020-24 (Recuadro 2.1).

Recuadro 2.1. Esfuerzos recientes en forma de políticas para impulsar el acceso a los servicios financieros

Inclusión financiera

Las personas con edades comprendidas entre 15 y 17 años ahora pueden abrir su primera cuenta de débito y actuar como titulares. Los jóvenes pueden recibir transferencias de programas sociales a través de estas cuentas sin la intervención de representantes. A septiembre de 2021, se habían abierto unos 3.5 millones de cuentas bancarias.
En 2020, se habían creado un total de 10 millones de cuentas bancarias para los beneficiarios de transferencias gubernamentales, la mayoría de ellas entre 2015 y 2020. Varios programas gubernamentales promueven indirectamente la inclusión financiera mediante la creación de cuentas bancarias para los beneficiarios de estos programas, entre los que destacan "Jóvenes Construyendo el Futuro" y "Programas para el Bienestar de las Personas Mayores".
Con el fin de llevar los servicios financieros a las zonas más remotas, se están construyendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país y se está trabajando para garantizar la conectividad en las poblaciones más pequeñas (menos de 5.000 habitantes). El Banco del Bienestar tiene como objetivo promover la inclusión financiera, facilitando el acceso a los servicios financieros, especialmente entre los grupos vulnerables. Asimismo, facilita el acceso a varios programas sociales federales. El Banco del Bienestar suspendió la concesión de créditos en agosto de 2021, tras una fuerte alza en el impago de créditos.
Puesta en marcha de un Programa de Banca para Migrantes, cuyo objetivo es que los mexicanos que viven en el extranjero puedan abrir una cuenta bancaria de forma remota en México (a través del Banco del Bienestar) y enviar transferencias de dinero a sus familiares de forma segura y con comisiones y costos de intermediación reducidos.
Incorporación de criterios de inclusión financiera, financiamiento sostenible y perspectiva de género en la Evaluación del Desempeño de Instituciones de Banca Múltiple que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elabora cada año.
Creación de la plataforma Cobro Digital (CoDi) para promover el uso de servicios de pagos digitales. En octubre de 2021, había unos 10,8 millones de cuentas activadas para utilizar la CoDi. Es necesario tener un teléfono inteligente y una cuenta bancaria para hacer uso de CoDi.

Profundización financiera

Desde 2019, es posible obtener créditos asociados a la nómina en cualquier banco. Este mecanismo permite a los trabajadores utilizar las cuentas bancarias donde tienen domiciliadas sus nóminas como fuente de pago para todo tipo de créditos otorgados por cualquier institución financiera, en virtud de una arquitectura abierta. Con esta medida se pretende ampliar el acceso a la oferta de crédito y en mejores condiciones.
Mayor flexibilidad en el régimen que regula las opciones de inversión de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). El objetivo que persigue esta iniciativa es facilitar que las Afores puedan diversificar mejor sus inversiones e invertir en proyectos de infraestructura productiva.
Fortalecimiento de los incentivos para la incorporación de empresas a la Bolsa Mexicana de Valores. Algunos de estos son una reducción de la tasa que grava las ganancias de las salidas a bolsa en el impuesto sobre la renta o la armonización del tratamiento fiscal aplicado a los inversores nacionales en bonos corporativos con el que reciben los inversores internacionales.
Las instituciones financieras, incluidas las Afores, están autorizadas a dar y recibir en préstamo los valores emitidos por empresas.

Reforma financiera de 2021

Con el fin de ampliar la cobertura de la infraestructura financiera, en septiembre de 2021 se simplificó el proceso de autorización de corresponsales bancarios; comercios al por menor que prestan servicios financieros en nombre de algún banco sin ser sucursales de este.
En julio de 2021 se redujeron las ponderaciones para calcular el requisito de capital por riesgo de crédito para Pymes y otras empresas, así como para la cartera de créditos hipotecarios y al consumo, con el fin de fomentar el crédito y la reactivación económica.
En julio de 2021 se publicó una medida regulatoria para promover el acceso de las mujeres al crédito. Según las estadísticas de tasas de morosidad, las mujeres tienen mejor historial en el pago de créditos. El cambio introducido en la regulación consiste en un ajuste en el cálculo de las reservas preventivas correspondientes a los créditos otorgados a mujeres.

Gráfico 2.1. México ocupa un lugar bajo en la clasificación de acceso a servicios financieros formales

Gráfico 2.2. La profundización financiera es escasa

Gráfico 2.3. Un acceso más amplio a los servicios financieros a nivel regional se asocia con mayor crecimiento y menor pobreza regional

Recuadro 2.2. Las disparidades económicas regionales en México son grandes y persistentes

Las brechas económicas regionales en México son las más grandes de los países de la OCDE (Gráfico 2.4, Panel B).El promedio del PIB real per cápita de las tres regiones no petroleras a la cabeza de la clasificación (Ciudad de México, Nuevo León y Baja California Sur) es más de cuatro veces superior al de las tres regiones a la cola (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) (Gráfico 2.4, Panel A).

Aunque México ha aumentado significativamente su integración en la economía mundial durante las dos últimas décadas, gracias a un marco macroeconómico sólido que le ha proporcionado estabilidad macroeconómica, no todas las regiones se han beneficiado por igual. Las regiones en el Norte y Centronorte se han beneficiado considerablemente de la inversión extranjera directa y de una mayor integración en el comercio internacional, y ahora albergan centros manufactureros competitivos. Así, las exportaciones de manufacturas de estas regiones son mayores que las del resto de América Latina en conjunto.

México también cuenta con regiones petroleras relativamente prósperas, como Campeche y Tabasco en el Sureste, y con dinámicos centros tecnológicos en Guadalajara (Jalisco), conocido como el Silicon Valley latinoamericano, y Tijuana (Baja California). Al mismo tiempo, las regiones del Suroeste presentan un desarrollo económico más débil y tasas de pobreza extremadamente altas (por encima del 60%).

Gráfico 2.4. Las brechas regionales en México son las más grandes entre los países de la OCDE

Impulsar el acceso al financiamiento de las empresas

Mejorar el acceso al crédito bancario

En México, las Pymes representan el 99,7% de todas las empresas, el 62,6% del empleo del sector privado y el 35,2% del producto nacional bruto (OECD, 2018[18]). Los programas de garantías de crédito facilitan el acceso de las Pymes al crédito en México. Alrededor del 45% de todo el crédito otorgado por los bancos comerciales a Pymes en 2020 estaba avalado con garantías otorgadas por el banco de desarrollo Nacional Financiera y, en el caso de las empresas orientadas a la exportación, por el Banco Nacional de Comercio Exterior. Sin embargo, el acceso de las Pymes al crédito bancario es inferior al promedio de los países de la OCDE y de pares regionales, como Colombia y Chile (Gráfico 2.5). Un mejor acceso a los servicios financieros potenciaría la creación y el crecimiento de empresas, beneficiando especialmente a las empresas pequeñas y de nueva creación (Guiso, Sapienza and Zingales, 2004[19]). Mercados financieros más profundizados e inclusivos, en la medida que alivian las restricciones financieras, tienden a ayudar en particular a las Pymes a conseguir un mayor crecimiento (Rajan and Zingales, 1998[20]). En los sistemas financieros subdesarrollados, aumentar el acceso de las Pymes al financiamiento también contribuye a reducir la desigualdad (Banerjee and Duflo, 2005[21]), ya que el acceso desigual al crédito constituye un obstáculo de cara a las oportunidades económicas y la actividad empresarial. El desarrollo financiero, al ayudar a los empresarios pobres sin garantías a acceder al crédito, apoya su formalización.

Un elevado margen de intermediación (Gráfico 2.6, Panel A), muy por encima del observado en Chile o en otros países de la OCDE, es una de las principales barreras de acceso al crédito para las Pymes. El diferencial entre los tipos de interés de los créditos para Pymes y para grandes empresas también es relativamente alto (Gráfico 2.6, Panel B). Las dificultades de financiamiento son uno de los principales obstáculos para el crecimiento de las Pymes en los sistemas financieros subdesarrollados (Beck and Maksimovic, 2005[22]), y dificultan la formalización, ya que los empresarios que no consiguen financiamiento tienden a operar en el sector informal (Banerjee and Duflo, 2005[21]). El acceso al crédito bancario también puede ser especialmente difícil para las empresas jóvenes e innovadoras que no disponen de garantías o un historial de crédito. Aumentar la inclusión financiera de las Pymes sería particularmente relevante en los estados del Sur, donde ayudaría a frenar la pobreza y ofrecería nuevas oportunidades económicas.

Gráfico 2.5. El acceso de las Pymes al crédito bancario es relativamente bajo

% del total de créditos concedidos a empresas, 2019

El elevado margen de intermediación puede indicar que la competencia en el crédito bancario es escasa. Los tres mayores bancos poseen más del 50% de todos los activos bancarios (OECD, 2019[2]) y la concentración de mercado en el sector bancario, que tiende a estar inversamente relacionada con el grado de competencia en el mercado, se ha mantenido estable desde 2016 (Gráfico 2.7). Una reforma financiera de 2014 mejoró el nivel general de competencia en el sector bancario mexicano durante unos años, pero algunos grandes bancos han aumentado su poder de mercado desde entonces (Bátiz-Zuk and Lara Sánchez, 2021[23]). Según la evidencia empírica, los bancos con mayor poder de mercado suelen prestar a tasas de interés más altas, especialmente si el crédito va dirigido a micro y pequeñas empresas, así como a empresas ubicadas en regiones centrales y del sur (Cañon, Cortes and Guerrero, 2020[24]). La concentración del mercado es relativamente alta en el caso del crédito hipotecario y al consumo, y baja en el mercado de créditos a empresas (Gráfico 2.7). La concentración de mercado también es elevada en el segmento de tarjetas de crédito (Téllez-León and Venegas-Martínez, 2019[25]). Las fintechs tienen un gran potencial para promover una mayor competencia y el acceso al crédito de las Pymes (véase Acelerar el desarrollo de los mercados financieros digitales).

Gráfico 2.6. Los márgenes de intermediación son elevados

Las asimetrías de información entre prestamistas y prestatarios también pueden explicar los elevados márgenes de intermediación. Las infraestructuras de información para la evaluación del riesgo crediticio, como los burós de crédito, los registros o los depósitos de datos, pueden reducir el grado de riesgo percibido y ayudar a los prestamistas a identificar oportunidades de inversión. En México, hay tres sociedades encargadas de recopilar información sobre el historial crediticio de empresas y particulares (burós de crédito), y dos de ellas pertenecen al mismo grupo económico. La autoridad de la competencia ha detectado prácticas anticompetitivas entre estas sociedades. Por ley, estas están obligadas a compartir la información del historial crediticio que recopilan con las demás sociedades de información crediticia, pero las pertenecientes al mismo grupo no lo han hecho, para proteger así su posición de monopolio (COFECE, 2019[26]). Garantizar que todos los prestamistas puedan acceder a la información de los historiales crediticios de forma exhaustiva y en condiciones equitativas, puede reducir las asimetrías de información y los márgenes de intermediación. La experiencia en Estados Unidos, Argentina y Brasil (OECD, 2019[27]) atestigua que, cuando se intercambia más información y se pone a disposición de los prestamistas, las tasas de impago caen y se cobran menores márgenes a los prestatarios. La implementación de la propuesta planteada en 2019 por el Banco Central de México de modificar algunas disposiciones regulatorias para que se comparta un conjunto más amplio de datos con las sociedades de información crediticia, actualmente en revisión, representaría una mejora significativa.

Promover el acceso al crédito de empresas o trabajadores del sector informal es un reto muy importante, ya que suelen carecer de historial crediticio. El uso de fuentes de información no tradicionales, como el historial de pagos, el uso y abono de servicios públicos, las actividades en línea o el historial de los móviles, podría permitir la inclusión de empresas informales en los registros de crédito y aumentar así su acceso al crédito (WorldBank, 2011[28]). Por esta vía prometedora, México tal vez podría reforzar la información sobre este amplio segmento de potenciales prestatarios. Un primer paso podría ser la generación de información crediticia a partir del historial de pagos obtenido de los registros de proveedores de servicios públicos, como el agua o la electricidad. Ampliar los datos disponibles y facilitar el intercambio de información, mediante la promoción del desarrollo y la difusión de herramientas de digitalización para el análisis del riesgo de crédito, ofrecen la posibilidad de reducir las asimetrías de información en el mercado de crédito. Las fintechs tienen un gran potencial para promover el desarrollo de estrategias innovadoras de banca abierta y así reducir los costos de llegar a nuevos clientes, como microempresas y pequeñas empresas insuficientemente atendidas, y de evaluar su riesgo crediticio, lo cual se traduciría en un mayor acceso al financiamiento.

Gráfico 2.7. La concentración en el sector bancario se ha mantenido estable desde 2016

Concentración en el sector bancario por tipo de crédito

Ampliar las fuentes de financiamiento

Desarrollar el financiamiento no bancario también puede proporcionar financiamiento adicional a las empresas y hacer que el sistema financiero mexicano sea más equilibrado y propicio para la iniciativa empresarial. El denominado crowdsourcing (innovación colaborativa) es una potencial fuente de financiamiento, especialmente para nuevas empresas. Es parte del mercado de financiamiento alternativo en línea, que está creciendo a gran velocidad (OECD, 2020[29]), aunque aún es reducido en México en comparación con otros países (Gráfico 2.8). Otros instrumentos de financiamiento alternativos podrían resultar adecuados y de interés para determinados segmentos de empresas, en función de su perfil de riesgo-rentabilidad, de la fase del ciclo de vida en que se encuentren, de su tamaño y sus capacidades financieras. Las modalidades de financiamiento basadas en activos (línea de crédito basada en activos, factoring, financiamiento de órdenes de compra, leasing), que se otorgan en función del valor de liquidación del activo subyacente y no de la solvencia de la empresa, pueden ser una alternativa para empresas con un historial crediticio limitado y sin garantías, empresas con una sólida cartera de clientes pero con una elevada inversión en intangibles o empresas de alto riesgo y sin transparencia informativa. El banco de desarrollo, Nacional Financiera, ofrece un servicio de factoring a través del programa Cadenas Productivas, destinado al descuento de cuentas por cobrar de Pymes; el monto de las operaciones ascendió a aproximadamente un 0,8% del PIB en 2020.

Otros instrumentos de deuda, como la deuda corporativa o los bonos garantizados, podrían ser adecuados para empresas de tamaño mediano y grande, con ingresos estables y baja volatilidad de los flujos de caja, que necesiten emprender inversiones y quieran evitar que se diluya la propiedad y el control. Las inversiones realizadas por los denominados "business angels" pueden ser una alternativa para empresas innovadoras de reciente creación, que precisen inversión y competencias para desarrollar un negocio. Mantener una postura regulatoria flexible para permitir que las fuentes de financiamiento alternativas satisfagan la evolución en el tiempo de las necesidades del mercado contribuiría a aumentar su relevancia. La opción de regular el crowdfunding a través de regulación secundaria, tal y como establece la Ley FinTech de 2018, va en la buena dirección, siempre y cuando las instituciones encargadas de establecer la regulación cuenten con los recursos adecuados para adaptarla de forma efectiva y rápida a las necesidades del mercado.

Gráfico 2.8. La financiación alternativa en línea está poco desarrollada

México también debería promover las salidas a Bolsa y las iniciativas de capital riesgo para ampliar el mercado de financiamiento para empresas. Un mayor desarrollo del mercado bursátil y del capital riesgo puede contribuir a un mayor avance de la economía, por ejemplo, ayudando a las empresas manufactureras del Norte y del Centronorte a mantener sus ventajas competitivas internacionales, a ascender en las cadenas de valor mundiales y a responder a los retos que plantean la automatización o la digitalización. El número de empresas que cotizan en el mercado bursátil es inferior al de otros países de la región como Chile y Perú (Gráfico 2.9), en los que, al igual que en México, el papel de las Pymes en la economía es relevante en términos de su participación en el empleo y la producción del sector privado. Iniciativas en materia de políticas que faciliten el acceso de las Pymes al mercado bursátil mediante la simplificación de los requisitos y la reducción de los costos podrían ser especialmente pertinentes para México. A este respecto, son bienvenidas las iniciativas en marcha para reducir la carga tributaria de las salidas a bolsa y armonizar el tratamiento fiscal de los inversores nacionales e internacionales en bonos corporativos. Varias economías emergentes, como la India, Tailandia o Singapur, han creado con éxito segmentos bursátiles específicos para Pymes, en los que los requisitos de cotización y divulgación de información son más laxos y los costos son reducidos (WEF, 2016[30]). Por ejemplo, desde el lanzamiento en 2012 de la plataforma para Pymes de la Bolsa de Bombay (BSE), el número de Pymes listadas en la India ha aumentado rápidamente hasta llegar a 362 en agosto de 2021. Además, las Pymes suelen estar poco preparadas para hacer frente a los requisitos de diligencia debida de los inversores. La formación y el asesoramiento también pueden ayudar a las Pymes orientadas al crecimiento a acceder a los mercados de capitales.

Gráfico 2.9. Pocas empresas participan en el mercado bursátil

México tiene potencial para desarrollar con éxito un ecosistema de capital riesgo, teniendo en cuenta su gran mercado de consumo interno, su cercanía a Estados Unidos y sus experimentados empresarios. Se ha convertido en el segundo mercado de capital riesgo de América Latina, con el 21% de las inversiones de la región. Sin embargo, en los últimos cinco años, el volumen de obtención de financiamiento local se ha estancado. Esta ralentización puede obedecer a diversos factores, tales como la madurez del mercado y retos estructurales. En cuanto a la profundidad del mercado - tamaño del mercado bursátil, sofisticación, volumen de ofertas públicas iniciales (OPI) de venta de acciones, tamaño del mercado de deuda y volumen de transacciones - México se ha situado sistemáticamente por debajo de sus pares regionales en los últimos años (Haneine, Zdravkvic and Vilá, 2021[31]). Solo se ha producido una OPI en los últimos tres años, ya que las empresas han optado por estructuras no tradicionales, como las ventas comerciales estratégicas, en lugar de acudir a la Bolsa Mexicana de Valores. Esto contrasta con la fuerte actividad de OPIs en Brasil; 26 en 2020 y otras 28 solo en el primer semestre de 2021. La reducción de la tasa impositiva sobre las ganancias de las salidas a bolsa del 30% al 10% en 2019 puede considerarse un paso adelante en el fomento de la actividad de OPIs, aunque el impacto ha sido insignificante hasta el momento.

Prestar asesoramiento y orientación para mejorar las habilidades financieras y la planificación complementaría el apoyo financiero a las Pymes. Estos servicios suplementarios podrían instrumentarse a través de proveedores de programas dirigidos a Pymes, como las administraciones públicas, los bancos de desarrollo y las organizaciones sin ánimo de lucro. Los programas de educación financiera podrían elaborarse prestando especial atención a los emprendedores de Pymes, cuyas necesidades van más allá de las de la población general, siguiendo el ejemplo de Portugal y su Plan Nacional de Educación Financiera. Podrían diseñarse programas específicos para mejorar la calidad de los planes estratégicos de las empresas de nueva creación y los proyectos de inversión de las Pymes, utilizando datos de encuestas sobre el nivel de conocimientos financieros de las microempresas y las Pymes recabados en 2021 siguiendo el marco metodológico establecido por la OCDE/INFE 2020. En Italia, una colaboración entre el gobierno y el London Exchange Stock Group pretende aumentar la participación en un programa que ofrece a las Pymes formación, asesoramiento y acceso directo a la comunidad financiera. El desarrollo de infraestructura de información para la evaluación del riesgo crediticio ayudaría a evaluar mejor los riesgos crediticios de las Pymes y facilitaría su acceso al crédito. Japón creó en 2001 la Base de Datos de Riesgo Crediticio, que proporciona una evaluación de riesgo crediticio y un servicio estadístico conexo para facilitar el acceso de las Pymes al crédito bancario. En Francia, la Iniciativa Euro-Secured utiliza la evaluación crediticia efectuada por el Banco Central de las empresas no financieras y las calificaciones realizadas a nivel interno por los bancos para superar las asimetrías de información que limitan el acceso de las Pymes al mercado de capitales.

Aumentar la inclusión financiera de las personas

Mejorar el acceso a los servicios financieros formales

La inclusión financiera de las personas ha aumentado en los últimos años, pero hay un margen importante para seguir mejorando. Menos del 70% de los adultos disponían de un producto financiero en 2018, y apenas se han producido avances desde 2015 (Gráfico 2.10, Panel A). Sin embargo, se ha registrado un aumento significativo del número de nuevas cuentas bancarias para recibir transferencias de las administraciones públicas (Gráfico 2.10, Panel B), especialmente entre las mujeres de zonas rurales de los estados del sur. Esto ha contribuido a reducir la brecha de género en lo que respecta a la titularidad de una cuenta bancaria en zonas rurales (Gráfico 2.10, Panel D), así como la brecha general en inclusión financiera entre zonas rurales y urbanas, que se contrajo en 4 puntos porcentuales entre 2012 y 2018, pese a lo cual se mantiene alta, en 15 puntos porcentuales (CNBV, 2020[32]). Sin embargo, la mejora del acceso a las cuentas bancarias no parece haber propiciado un aumento equivalente del acceso al crédito y a los seguros (ENIF, 2018[33]).

La experiencia positiva de México con la creación de cuentas bancarias para los beneficiarios de transferencias gubernamentales podría ampliarse en mayor medida, siguiendo el ejemplo de otros países latinoamericanos durante la pandemia (véase el Recuadro 7 del capítulo 1). Actualmente, seis de cada diez beneficiarios de programas sociales federales reciben transferencias a través de sus cuentas bancarias. Esta estrategia podría extenderse a todos los programas sociales federales y a los gestionados por los estados y municipios. Esto reduciría también las posibilidades de fraude o corrupción asociadas a las transferencias gubernamentales.

La brecha de género en inclusión financiera ha disminuido significativamente entre 2012 y 2018, pero sigue siendo elevada en lo que se refiere al ahorro para la jubilación y la propiedad de activos (Gráfico 2.10, Panel D). Una participación de las mujeres en la fuerza laboral inferior a la de los hombres podría explicar la brecha de género en seguros y cuentas de ahorro, y representa un mayor riesgo de pobreza para las mujeres (Fareed et al., 2017[34]). Una reciente reforma de la regulación bancaria para promover el acceso de las mujeres a instrumentos financieros, mediante la reducción de los requisitos de reserva preventiva para los créditos bancarios concedidos a mujeres, constituye una iniciativa prometedora para cerrar esta brecha. Promover la educación de las mujeres y su acceso a empleos formales (véase el capítulo 1) también ayudaría a cerrar la brecha de género en el ahorro para la jubilación. Dado que una menor proporción de mujeres tiene propiedad de activos, la introducción de mecanismos que promuevan el uso de modalidades alternativas de garantías (Menkhoff, Neuberger and Rungruxsirivorn, 2012[35]), como avales de terceros, también puede aumentar el acceso de las mujeres al financiamiento.

Gráfico 2.10. La inclusión financiera está mejorando lentamente

Es preciso realizar más esfuerzos en materia de políticas para promover el aumento de los puntos de acceso a servicios financieros en zonas desatendidas. La proporción de municipios con acceso a servicios financieros (cajeros automáticos, sucursales bancarias, corresponsales bancarios) pasó del 68% al 77% entre 2012 y 2018. Sin embargo, siguen existiendo brechas regionales en infraestructura financiera (Gráfico 2.11). Aunque, en promedio, más del 90% de la población tiene acceso a infraestructura financiera, en algunos estados una parte importante de la población vive en municipios sin sucursal bancaria (Oaxaca, Puebla y Tlaxcala) (Gráfico 2.12, Panel A). Facilitar el acceso a servicios financieros mediante la apertura de sucursales bancarias ha resultado especialmente beneficioso para México en el pasado. Promovió el crédito y aumentó los ingresos y el empleo, en particular de los hogares informales de bajos ingresos, reduciendo la pobreza (Bruhn and Love, 2014[36]). Las recientes iniciativas del gobierno destinadas a abrir 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en zonas remotas y rurales (con menos de 500 habitantes) e instalar 13.500 cajeros automáticos en todo el país en los Centros Integradores de Desarrollo podrían contribuir a cerrar la brecha regional y rural en inclusión financiera. Los cambios regulatorios acometidos recientemente para simplificar la creación de corresponsales bancarios también fomentarán el ahorro agregado y la inclusión financiera, siempre y cuando las nuevas instalaciones cubran municipios anteriormente desatendidos, ya que de otro modo podrían inducir un efecto de sustitución de instrumentos de ahorro formal (Carabarín et al., 2018[37]). El fomento de los corresponsales bancarios y de terminales en puntos de venta ha sido especialmente relevante para promover la inclusión financiera en Colombia, tanto de particulares como de Pymes.

Gráfico 2.11. Las diferencias regionales en materia de infraestructura financiera persisten

Gráfico 2.12. En algunos estados, un alto porcentaje de la población carece de acceso a sucursales bancarias

Las diferencias regionales en el uso de servicios financieros son grandes Gráfico 2.13). Con la excepción de Ciudad de México, que tiene la tasa más alta de uso de productos financieros por habitante, los estados del Norte y Centronorte (por ejemplo, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur) son los en que se utilizan servicios financieros con más frecuencia, mientras que los estados del Sur se sitúan en el extremo opuesto. Los estados más pobres muestran un uso más reducido de servicios financieros, así como menos puntos de acceso a servicios financieros formales. Aumentar la inclusión financiera en estos estados sería, pues, especialmente beneficioso y ayudaría a acabar con las disparidades económicas regionales.

Gráfico 2.13. Los usuarios de servicios financieros se concentran en la Ciudad de México y en los estados del Norte

El acceso de los particulares al crédito ha mejorado en México (Gráfico 2.14, Panel A), pero se requieren esfuerzos adicionales para reducir las brechas geográficas y de género (Gráfico 2.14, Panel B) y aumentar el acceso al crédito formal (Gráfico 2.14, Panel C), lo que promovería el crecimiento. Un estudio reciente del Banco Central concluye que aumentar el crédito privado sería beneficioso para el crecimiento, ya que un incremento del crédito bancario en proporción al PIB del 10% elevaría el crecimiento del PIB per cápita en unos 0.7 puntos porcentuales (Torre Cepeda and Flores Segovia, 2020[38]). Las disparidades regionales en el acceso al crédito también son grandes (Gráfico 2.15, Panel A). Los estados del Norte registran la tasa media más alta de acceso al crédito formal, mientras que los estados del sur tienen la tasa media más elevada de acceso al crédito, pero este procede predominantemente de fuentes informales (amigos, familia o un prestamista informal) (Gráfico 2.15, Panel B). El acceso más bajo al crédito, tanto formal como informal, se encuentra en los estados del Centro.

Gráfico 2.14. El acceso de las personas al crédito ha aumentado, pero hay brechas de género y entre zonas urbanas y rurales

Alrededor del 39% de la población adulta de México recurrió al crédito informal en 2018; un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto a 2012. La familia y los amigos son la fuente más habitual de crédito informal, ya que representa alrededor del 75% de todos los créditos informales; otras fuentes de crédito informal (casa de empeño, tandas de crédito informal) desempeñan un papel menor. El crédito informal está relativamente más extendido en las zonas rurales (recurre a él un 41% de la población adulta, frente al 37% de los adultos que viven en zonas urbanas) y entre los hombres (el 40% de los hombres hace uso de él, frente al 38% de las mujeres). El uso del crédito informal está muy extendido entre los adultos de todos los niveles educativos, pero tiende a disminuir con el nivel de ingresos, ya que el 45% de los adultos que ganan hasta cuatro veces el salario mínimo utilizan el crédito informal, frente al 31% de los adultos que ganan más de esta cantidad. La mayoría de los beneficiarios del crédito informal lo utilizan para gastos relacionados con la vivienda, la salud y emergencias, y, en menor medida, para la educación y los negocios, y solo unos pocos lo dedican a actividades de ocio (CNBV, 2021[39]).

Un mejor acceso al crédito formal aumentaría la capacidad de los hogares para invertir en capital humano y físico y reduciría la posibilidad de caer en la pobreza tras una reducción inesperada de los ingresos (enfermedad, desempleo). Como se ha comentado anteriormente, el fortalecimiento de los registros de crédito e iniciativas para recabar información sobre el historial crediticio de los trabajadores informales, podrían ayudar a más mexicanos a acceder al crédito formal y a reducir su dependencia de los canales de crédito informales.

Gráfico 2.15. En la mayoría de los estados, el crédito informal es común y de más fácil acceso que el crédito formal

Trabajar en el sector informal es el factor más importante de exclusión de la titularidad de una cuenta bancaria (Recuadro 2.3). Como la mayoría de los hogares pobres trabajan en la economía informal, suelen estar excluidos de los servicios financieros formales. Esto aumenta las desigualdades, al imponer grandes costos de oportunidad a ese segmento de la población que tiene que recurrir a servicios financieros informales, por lo general insuficientes en tamaño, poco fiables y más caros (Cull, Ehrbeck and Holle, 2014[40]). Las políticas que promueven la formalización laboral y reducen las asimetrías de información en el mercado crediticio parecen estar entre las vías más prometedoras para promover la inclusión financiera. Reducir la asimetría de información beneficiaría desproporcionadamente a los pobres, que suelen carecer de garantías (Banerjee and Newman, 1993[41]). Reforzar la educación financiera para aumentar el conocimiento de la regulación de protección del consumidor y de las herramientas disponibles para los consumidores también ayudaría a generar confianza en los mercados financieros y a reducir la exclusión financiera voluntaria.

Recuadro 2.3. ¿Qué factores obstaculizan la demanda de servicios financieros formales en México?

A partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2018, Cassimon, González-Pandiella, Maravalle y Tourroques (de próxima publicación) estiman un conjunto de modelos Probit para evaluar cuales son las principales características socioeconómicas que afectan a la probabilidad de que un adulto tenga una cuenta bancaria o acceda a un crédito formal, y también cuales son los principales factores que actúan como barrera para la titularidad de alguno de estos dos productos financieros.

Gráfico 2.16. La educación, los ingresos y el empleo formal son los factores que más propician la inclusión financiera

Efecto marginal medio sobre la probabilidad de acceder a un servicio financiero, %

El análisis muestra que trabajar en el sector informal es el factor más importante de exclusión de la titularidad de una cuenta bancaria (Gráfico 2.16, Panel A). La probabilidad de tener una cuenta bancaria de un adulto que trabaja en el sector formal es 40 puntos porcentuales mayor que la de un adulto empleado en el sector informal. Esto concuerda con las estadísticas descriptivas que muestran que casi todos los adultos con un trabajo formal (96%) tienen al menos un producto financiero. Otros factores que se asocian a la exclusión financiera, pero en menor medida, son un bajo nivel de estudios y variables geográficas, como vivir en una zona rural en lugar de urbana o en una región diferente a la del Noroeste.

Los resultados muestran que barreras económicas directas e indirectas son las principales razones para no tener una cuenta bancaria. Alrededor de la mitad de los adultos que no tienen una cuenta bancaria afirman que se debe a las elevadas comisiones y costos bancarios o a que ellos no cumplen los requisitos de los bancos. En cuanto al 26% de los adultos que declaran no ser titulares de una cuenta bancaria porque no la necesitan, en algunos casos podría indicar que obtener ingresos bajos no les permite tener ahorros.

Una infraestructura financiera insuficiente, en cambio, es un obstáculo relevante para la inclusión financiera de una pequeña parte de los mexicanos. La distancia a una sucursal bancaria rara vez es motivo para no tener una cuenta bancaria, ya que solo es citada como una barrera para la inclusión financiera por el 2% de los adultos.

Las estimaciones muestran que los factores que más influyen en el acceso al crédito formal son el nivel de ingresos, la riqueza y la educación (Gráfico 2.16, Panel B), todos ellos relacionados con la solvencia de la persona. La educación, en efecto, suele considerarse un indicador de solvencia cuando existe una fuerte asimetría de información (Anjali et al., 2005[42]). La reducción de estas asimetrías probablemente ampliaría el acceso al crédito formal. Los hogares con un mayor nivel de educación también tienen más probabilidad de conocer las fuentes de crédito, y las regiones con mayor nivel medio de escolaridad utilizan más el crédito formal en México (Campero and Kaiser, 2013[43]). La propiedad de activos, otro indicador indirecto de solvencia, también aumenta en 10 puntos porcentuales la probabilidad de contratar un crédito.

Al analizar el motivo por el que no se solicita un crédito, la mayoría de los encuestados citan obstáculos económicos (alrededor del 35%), como los altos costos y el hecho de no satisfacer los requisitos exigidos. Sin embargo, alrededor de uno de cada cuatro alega preferencias personales, como la aversión al endeudamiento y la falta de confianza en el sector financiero. La exclusión financiera voluntaria por motivos personales, como la desconfianza en las instituciones financieras o la preferencia por otros mecanismos de ahorro, también afecta a alrededor del 15% de los adultos que no tienen una cuenta bancaria.

Las estimaciones del modelo Probit muestran que, en igualdad de condiciones, las mujeres tienen una probabilidad ligeramente mayor de obtener un crédito formal que los hombres. Sin embargo, las estadísticas descriptivas muestran una brecha de género en el crédito; un 60% de los hombres tienen acceso a él, frente al 54% de las mujeres. Estos resultados sugieren que factores económicos, como la menor tasa de participación de las mujeres y su presencia relativamente mayor en el mercado laboral informal, en el que predominan los salarios bajos, inciden de forma crucial en la brecha de género en el crédito formal.

Al sustituir crédito informal por formal en grupos rurales y vulnerables, es importante entender cuál sería el impacto general en la forma en que estos transfieren los recursos dentro de su propia red familiar en sentido amplio. Estas transferencias pueden producir externalidades positivas si contribuyen a relajar las limitaciones de acceso al crédito que afrontan los miembros más vulnerables de la red, que no podrían obtener dichas transferencias por sí mismos. Por ejemplo, el programa Prospera en México acarreó ganancias permanentes en el consumo y la inversión dentro de toda la red familiar, ya que los hogares elegibles compartieron las transferencias con miembros de la red que no lo eran (Aguilar, Barnard and De Giorgi, 2019[44]). Una evaluación cuidadosa de cómo se reparten las transferencias dentro de una red familiar en las zonas rurales podría ayudar a evitar que las políticas destinadas a sustituir crédito informal por formal acaben perjudicando a los miembros más vulnerables de la red familiar (Banerjee et al., 2021[45]).

Un sistema legal ineficiente es también una de las razones del bajo nivel de intermediación bancaria de México. Dificultades en el cobro de garantías pueden limitar la expansión del crédito, y los datos empíricos muestran que un mejor cumplimiento de los contratos induce a los proveedores de crédito a aumentar el monto de los créditos, a alargar su vencimiento y a reducir los diferenciales aplicados (Fabbri, 2010[46]; Jappelli, Bianco and Pagano, 2005[47]). Solo una quinta parte de las empresas mexicanas considera que los procedimientos judiciales son sencillos y rápidos (INEGI, 2016[48]), y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales civiles es inferior a la observada en la mayoría de los países de la OCDE ((WJP), 2017-2018[49]). La duración de los procesos, así como su elevada complejidad y costo, desalientan a las empresas privadas a iniciar un proceso judicial en caso de litigio sobre la ejecución de un contrato que no se resolvió extrajudicialmente (INEGI, 2016[48]; (ITAM) and Gaxiola Calvo, 2017[50]).

México ha introducido recientemente reformas en la resolución de litigios mercantiles, en concreto mediante el establecimiento de la oralidad mercantil en primera instancia y la creación de juzgados mercantiles especializados. La práctica internacional enseña que los tribunales mercantiles especializados contribuyen a mejorar la eficiencia en la resolución de conflictos societarios, como lo demuestran el Tribunal de Equidad de Delaware de Estados Unidos, el Tribunal Mercantil de los Países Bajos y los tribunales mercantiles especializados de Francia (Teplova and Pascual Dapenda, 2020[51]). Los primeros datos de algunas regiones muestran que las reformas en curso contribuyen a mejorar la eficacia y la eficiencia en la resolución de litigios mercantiles. Por ejemplo, el establecimiento de tribunales mercantiles especializados en el Estado de México redujo la duración media de los juicios mercantiles en un 40%. Sin embargo, la carga de trabajo de los tribunales todavía es alta y las disparidades regionales en la implementación y los resultados de estas reformas siguen siendo grandes ((ITAM) and Gaxiola Calvo, 2017[50]), lo que también obedece a las diferencias que existen entre estados en cuanto a la infraestructura de los tribunales, como el desarrollo de sistemas informáticos para apoyar la gestión de los casos, tanto por parte de los jueces como de los litigantes (Teplova and Pascual Dapenda, 2020[51]).

Se han puesto en marcha varias iniciativas para acelerar la aplicación de la reforma que introduce la oralidad en primera instancia, entre ellas el Programa Nacional de Formación de Jueces en materia de Oralidad Mercantil, creado en 2017, que proporciona a los jueces preparación y herramientas para un uso eficaz de la oralidad, y el Programa Nacional de Oralidad, que pretende garantizar que los juicios orales se ajusten a los nuevos procedimientos. Las regiones mexicanas podrían acelerar el establecimiento de tribunales mercantiles especializados, por ejemplo, reforzando la especialización de la formación de los jueces que examinan casos mercantiles y económicos y mejorando la infraestructura de los tribunales.

Mejorar la eficacia de los conocimientos financieros y la confianza de los ciudadanos en los mercados financieros

La alfabetización financiera puede contribuir a la inclusión financiera responsable. Las personas con un mayor nivel de formación financiera tienden a utilizar más productos financieros (CNBV, 2019[52]) a ahorrar más, así disminuyendo las fluctuaciones en sus nivel de consumo (Lusardi and Mitchell, 2011[53]; Lusardi and Mitchell, 2014[54]). Las políticas destinadas a promover la educación financiera, como la Semana Nacional de Educación Financiera, han logrado difundir entre la población conceptos financieros básicos. México se sitúa justo por debajo del promedio de los países del G20 en el índice de alfabetización financiera, pero se precisan esfuerzos adicionales para modificar de manera efectiva los comportamientos financieros y reducir brechas regionales en materia de alfabetización financiera, en particular en estados como Chiapas, Oaxaca, Colima y Zacatecas (Gráfico 2.17, Panel A). México obtiene resultados superiores al promedio de los países del G20 en los subíndices de conocimiento financiero y actitud financiera (Gráfico 2.17, Paneles B y C). En cambio, su desempeño es muy deficiente en lo que se refiere a la capacidad de respetar un presupuesto y pagar deudas a tiempo, la actitud hacia el ahorro voluntario y la comparación de productos financieros antes de tomar decisiones (Gráfico 2.17, Panel D). Si bien el 58% de los adultos dispone de un alto nivel de conocimientos financieros, solo una pequeña proporción de ellos es capaz de traducir este conocimiento en buenas prácticas financieras, como diseñar un presupuesto, atender puntualmente el pago de las deudas o ahorrar de forma voluntaria y establecer objetivos financieros a largo plazo (CNBV, 2019[52]).

Los programas de educación financiera deben dirigirse a adultos de bajos ingresos, que suelen tener un menor nivel de conocimientos financieros. La divergencia de conocimientos financieros entre personas de bajos ingresos beneficiarias de programas sociales y el promedio nacional es grande. Potenciar iniciativas que combinen el acceso a programas sociales con la inscripción en un programa de educación financiera sería una fórmula muy atinada para cerrar las brechas de educación financiera.

La educación financiera también debería impartirse en las escuelas para así brindar a las generaciones más jóvenes una sólida formación en este ámbito, siguiendo el ejemplo de países como Perú, Estonia y Australia. En Perú, la educación financiera es obligatoria para los alumnos de 4 a 14 años, y los estudiantes que asisten a estos cursos tienen un nivel más alto de conocimientos financieros (Frisancho, 2020[55]). Educar financieramente a las generaciones más jóvenes es importante, ya que necesitarán ahorrar más a lo largo de su vida, teniendo en cuenta su esperanza de vida relativamente más alta y la transición de un sistema de pensiones de prestación definida a uno de contribución definida. En Estonia, la alfabetización financiera se considera una aptitud esencial para la vida y forma parte del programa escolar, tanto en las escuelas de enseñanza primaria como en las de enseñanza básica, donde se organizan actividades en las que los niños adquieren espíritu empresarial y aprenden a crear miniempresas. En Australia, la educación financiera forma parte del plan de estudios desde una edad temprana y hasta los 16 años, y los resultados del informe PISA muestran que los estudiantes australianos obtienen puntuaciones en conocimientos financieros por encima del promedio de los países de la OCDE (OECD, 2021[56]). Actualmente se está desarrollando una iniciativa para incluir cursos de educación financiera en todos los niveles de la enseñanza obligatoria. La implicación de los intermediarios financieros y las fintechs podría contribuir aún más a la difusión de aptitudes financieras entre la población (Recuadro 2.4).

La desconfianza en los productos financieros sigue siendo alta en las zonas rurales, donde los consumidores prefieren productos financieros informales (i2i-CNBV, 2019[57]), y ello supone una barrera para la inclusión financiera. Una encuesta realizada en 2019 en el estado de Puebla puso de relieve que la tercera parte de los encuestados confiaba en los productos financieros informales, mientras que solo en torno a una quinta parte se fiaba de los productos formales. Para generar confianza y fomentar de manera eficaz los productos financieros entre los grupos vulnerables, un planteamiento que aproveche las particularidades de la red comunitaria subyacente tiene más probabilidades de dar resultados positivos. El apoyo de los líderes locales a una iniciativa gubernamental resultó muy eficaz para promover la adopción de la banca móvil entre las mujeres de las zonas rurales de Perú (Brañas-Garza, Kovarik and Rascón-Ramirez, 2021[58]).

Una mayor difusión de instrumentos financieros formales también exige mejorar la política de comunicación para fomentar la confianza en los mercados financieros, tanto mediante un aumento de la sensibilización de los consumidores sobre la protección financiera existente como a través de la reducción del costo que supone para los potenciales usuarios la obtención de información sobre las características de los productos financieros disponibles en el mercado. En México existen varias herramientas para facilitar el acceso a información financiera y la comparación entre productos financieros. Por ejemplo, el Banco Central ha desarrollado una herramienta digital para comparar los costos de varios tipos de productos crediticios (tarjetas de crédito, hipotecas, automóviles, créditos personales y de nómina) ofrecidos por diferentes entidades financieras. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) proporciona una herramienta para comparar fondos de pensiones (Seifores y Afores); la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ofrece una herramienta para comparar productos de ahorro y crédito; y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) diseñó una herramienta digital gratuita para comparar el costo del envío de remesas. Sin embargo, los consumidores rara vez utilizan estas herramientas. Solo el 29% de la población adulta que en 2018 contrató una cuenta bancaria, un seguro o un crédito comparó diferentes productos financieros alternativos antes de adquirir uno. Esta proporción queda muy por debajo de la de los países del G20 en posiciones de cabeza, como Indonesia (83%) o Francia (78%). Además, pocos adultos conocen los instrumentos legales que pueden utilizar para reclamar en caso de problemas con los productos financieros, solo el 25% de los adultos sabe que los depósitos bancarios gozan de protección pública, y un porcentaje aún menor es consciente de la existencia de cuentas bancarias sin comisiones.

Gráfico 2.17. México necesita reforzar la alfabetización financiera

Recuadro 2.4. Buenas prácticas para aumentar los conocimientos financieros de los clientes

Tanto el sector público como el privado podrían contribuir a mejorar la alfabetización financiera, lo que reviste especial importancia en el caso de los clientes de bajos ingresos en mercados emergentes, que tal vez no estén familiarizados con los servicios financieros.

Hay más de 70 estudios de iniciativas y herramientas digitales de apoyo a la alfabetización financiera que han sido diseñadas o ya implementadas por organismos públicos en más de 40 países miembros de la OCDE/INFE, lo cual supone un reconocimiento del potencial de la digitalización para ayudar a satisfacer las necesidades de formación financiera tanto de la población general como de grupos en situación de vulnerabilidad (OCDE 2021, OCDE/INFE 2021 (de próxima publicación)).

El organismo regulador de los mercados y servicios financieros de Australia (Australian Securities and Investments Commission) presentó en 2011 un sitio web público (moneysmart) que brinda varias herramientas de apoyo a la educación financiera, incluida la posibilidad de contactar con un asesor financiero. En Brasil, el sitio web público "Minha Vida Financeira" (mi vida financiera), gestionado por el Banco Central, ofrece varios programas digitales que promueven la educación financiera. En Chile, la Comisión para el Mercado Financiero creó en 2019 un sitio web público (Educa) que pone a disposición de los ciudadanos información sobre diversas áreas (inversión, seguros, banca) y productos financieros, así como sobre legislación financiera. En México, el Banco Central, entre otras iniciativas, lanzó en 2020 la plataforma de cursos en línea "Banxico Forma", dirigida a niños, jóvenes y adultos, en la que pueden adquirir formación sobre la toma de decisiones económico-financieras, el papel del dinero en la sociedad y las funciones del Banco Central, utilizando métodos innovadores como los "escape rooms" y elementos de juego ("ludificación") para fomentar el aprendizaje.

En el sector privado, los bancos de muchos países han diseñado productos para ayudar a los clientes a utilizar los productos financieros de forma eficaz y a desarrollar buenos hábitos financieros. Entre las prácticas más extendidas se encuentran el uso de chatbot de inteligencia artificial (que simula la conversación de un ser humano) para animar a los clientes vulnerables a utilizar productos financieros de forma más eficaz; la introducción de incentivos para aumentar el ahorro, como sorteos; o la oferta de productos financieros que facilitan el acceso al crédito a los trabajadores y las Pymes de la economía informal.

En Colombia, una entidad financiera lanzó una cuenta bancaria para móvil dirigida a clientes rurales de bajos ingresos empleados en el sector informal. La cuenta ofrece servicios de ahorro, pequeños créditos y transferencias, e integra un chatbot de inteligencia artificial que envía mensajes de texto para animar a los clientes vulnerables a utilizar los productos financieros de forma más eficaz.

En Sudáfrica, los clientes de un grupo bancario pueden entrar en un sorteo mensual si mantienen un saldo mínimo en su cuenta durante el mes. Cuando el saldo supera un determinado umbral, la tasa de remuneración de la cuenta aumenta y ya no se exigen comisiones de mantenimiento de la cuenta, lo que supone un incentivo económico para el ahorro. La posibilidad de obtener ganancias actúa como refuerzo positivo de la propensión al ahorro.

En la India, se han creado productos bancarios innovadores dirigidos a las Pymes sin documentación formal de ingresos y sin historial de crédito. Tras una única evaluación del flujo de caja realizada por un agente de crédito, se ofrece a los clientes elegibles un crédito acompañado de un módulo de formación, que les informa sobre las condiciones del crédito, las consecuencias de entrar en mora y sobre cómo su trayectoria de cumplimiento de los pagos afectaría a su posibilidad de acceder a un crédito formal en el futuro. Las Pymes pueden beneficiarse de tasas de interés inferiores a las de fuentes informales y recibir avisos y recordatorios oportunos para ayudarles a estar al día en su calendario de pagos.

Una cooperativa de crédito en México ofrece créditos de nómina con una opción de ahorro automatizado. Los reembolsos de los créditos y el monto destinado al ahorro se cargan automáticamente en la nómina de los clientes, de modo que éstos no tienen la oportunidad de gastar los ahorros a menos que realicen el paso adicional de retirar fondos de la cuenta. Los primeros resultados indican que este mecanismo contribuyó a aumentar el ahorro.

Fuente: Kelly, S., D. Ferenzy y A. McGrath (2018), "Banking sector approaches to customer engagement and capability", Center for Financial Inclusion, Mainstreaming Financial Inclusion: Best Practices. OCDE (2021), Digital delivery of financial education: design and practice. Publicaciones de la OCDE, París.

Avanzar en el proceso de digitalización es clave para promover los mercados financieros digitales

La eficaz difusión de los servicios financieros digitales requiere una infraestructura digital sólida y amplia, una regulación adecuada para promover la innovación y la competencia, y un uso extendido de las tecnologías digitales. Además, es necesario un nivel adecuado de conocimientos financieros y digitales que esté suficientemente generalizado entre la población, así como la confianza en las instituciones financieras.

El alcance de la infraestructura digital está mejorando, pero todavía son muy pocos los que tienen acceso a ella

México ocupa un lugar bajo a nivel internacional en acceso a infraestructura digital. El número de abonados a la banda ancha fija por cada 100 habitantes está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, y en la mayoría de los casos la velocidad de descarga de Internet es lenta (inferior a 25 megabits por segundo) (Gráfico 2.18) y el precio elevado (Gráfico 2.19, Panel A). La posición de México es mejor en lo que respecta al acceso a la banda ancha móvil, ya que el número de abonados es alrededor de un 20% inferior al promedio de los países de la OCDE (Gráfico 2.20) y los costos están en consonancia con el objetivo fijado por la Comisión de las Naciones Unidas para la conectividad de banda ancha en 2025 (un costo de acceso a los servicios de banda ancha móvil 4G de 1 gigabyte en torno al 2% de los ingresos medios per cápita) (Gráfico 2.19, Panel B).

Gráfico 2.18. El acceso a la banda ancha fija va rezagado

Abonados a la banda ancha fija por cada 100 habitantes, por nivel de velocidad, junio de 2019

La reforma del mercado de las telecomunicaciones de 2014 mejoró el acceso a la banda ancha móvil, además de estimular la competencia, promover la inversión, aumentar el acceso y elevar la calidad de los servicios móviles. La caída del precio de la conectividad móvil ha beneficiado especialmente a los hogares de bajos ingresos (Ennis, Gonzaga and Pike, 2017[59]) y a las regiones rezagadas en conectividad. Esto ilustra los beneficios de la apertura de los mercados, al favorecer la entrada de nuevos operadores. Sería deseable que una mejora similar de los precios se extendiera al mercado de banda ancha fija, donde los precios siguen muy por encima del promedio de los países de la OCDE.

Gráfico 2.19. Las suscripciones a la banda ancha fija son caras

Dos programas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-24 se proponen ampliar la cobertura y el uso de la infraestructura de Internet. El "Programa de Cobertura Social 2020-21" tiene por objeto establecer redes de telecomunicaciones (banda ancha e Internet) en zonas remotas, predominantemente en los estados del Sureste (Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero). Hasta ahora, la cobertura de Internet se ha ampliado a cerca de un millón de personas, aumentando el número de usuarios de Internet en 600.000. El programa "Internet para todos" pretende extender la cobertura de la infraestructura digital pública desde el 70% actual a todo el país, ocupándose de las zonas desatendidas y prestando también servicios de Internet a través de la empresa pública CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos allí donde los operadores privados no lleguen. Además, el programa prevé subvenciones y créditos para Pymes que inviertan en infraestructuras para proporcionar acceso a Internet a los consumidores finales. En septiembre se anunció la Estrategia Digital Nacional 2021-24, cuyos objetivos son reforzar el proceso de digitalización del sector público y reducir las disparidades regionales en infraestructura digital, extendiendo también la infraestructura de Internet a todo el país para proporcionar acceso universal a la tecnología digital. Asimismo, promueve la conectividad gratuita en los espacios públicos.

Además de ampliar la cobertura de su infraestructura digital, México debe incentivar inversiones que eleven la velocidad de conectividad de la banda ancha fija y el desarrollo de una infraestructura móvil 5G. La mejora de la regulación sobre el uso compartido de infraestructuras pasivas (infraestructuras no electrónicas, como canalizaciones y postes eléctricos), que representan una gran parte del costo de construcción de redes de telecomunicaciones y a menudo constituyen una barrera para la entrada de nuevos operadores, ayudaría a lograr este objetivo (Martínez Garza Fernández, Iglesias Rodriguez and García Zaballos, 2020[60]). El despliegue de un sistema informático que proporcione a todos los operadores información sobre la disponibilidad de infraestructuras pasivas y facilite el proceso de solicitud de su uso es clave para su utilización eficiente. La agencia reguladora alemana creó en 2012 un atlas de infraestructuras a nivel nacional que ofrece a los operadores información sobre la ubicación de todas las infraestructuras relevantes. Esto permite a los participantes en proyectos de expansión de la banda ancha identificar fácilmente oportunidades de uso conjunto de la infraestructura existente para negociar con sus propietarios. En Japón, las infraestructuras de red en túneles de ferrocarriles, carreteras y el metro constituyen un ejemplo de uso compartido de infraestructuras. Desde 1994, las construye la Asociación de Infraestructuras de Comunicaciones Móviles de Japón, cuyos miembros, en su mayoría operadores de redes móviles, comparten luego su uso.

Un mayor desarrollo digital en la administración pública tiene el potencial de ampliar la gama y elevar la calidad de los servicios gubernamentales, aumentando así también la confianza en la administración. En México solo el 25% de la población utilizó Internet en sus relaciones con organismos públicos en 2019 (OECD, 2020[61]). La experiencia de Estonia y Corea del Sur en la expansión con éxito de la administración pública digital puede ser valiosa. El éxito de Estonia descansa en el uso generalizado de tarjetas de identificación electrónica, que permiten a los ciudadanos identificarse digitalmente y firmar documentos o trámites. La creación de un sistema nacional de identificación digital, para identificar inequívocamente a los ciudadanos, y del Registro de Población, el principal repositorio de datos del Estado, fueron, en su momento, una condición previa para la difusión de la identificación digital. El desarrollo de un marco jurídico adecuado para la protección de datos, la privacidad y la seguridad complementó el ecosistema de la administración pública electrónica en Estonia. La amplia difusión de la identidad digital mediante un sistema fiable de identificación y firma digital, junto con el desarrollo de una infraestructura central, contribuyeron a aumentar la proporción de personas que utilizan Internet para interactuar con la administración pública desde el 50% en 2009 hasta el 80% en 2019. Corea del Sur comenzó a promover la administración pública digital desde principios de la década de 2000, y en los últimos años se ha situado entre los primeros puestos del índice de desarrollo de la administración electrónica de la ONU. El éxito de la estrategia de Corea del Sur obedece a un compromiso político firme y sostenido que garantizó recursos financieros para desarrollar las infraestructuras de TIC necesarias, como una red de superautopistas de Internet y banda ancha móvil, y un sistema nacional de identificación digital que permite a las empresas y los ciudadanos acceder de forma sencilla y rápida a los servicios gubernamentales.

Gráfico 2.20. El número de abonados a la banda ancha móvil es bajo

Número de abonados a la banda ancha móvil por cada 100 habitantes, junio de 2019

La difusión de la tecnología digital va rezagada

Hay grandes disparidades en el acceso de los hogares a las tecnologías digitales en función de la educación, la edad y los ingresos

El acceso y el uso de las tecnologías digitales es mucho menos frecuente entre los hogares de zonas rurales y entre los hogares con bajos ingresos (Gráfico 2.21). Asimismo, la brecha en el uso de Internet relacionada con la edad y el nivel educativo es mucho mayor que en la mayoría de los demás países de la OCDE (Gráfico 2.22, Panel A y Panel B). En México, las generaciones más jóvenes (con edades comprendidas entre 16 y 24 años) utilizan Internet en promedio más del doble que los adultos mayores (entre 55 y 74 años), y apenas un 30% de los adultos mayores hacen algún uso de Internet, en contraste con el promedio de la OCDE del 60%. Son necesarios esfuerzos en forma de políticas que mejoren la conectividad y la asequibilidad en las regiones y municipios más desfavorecidos y entre los hogares de bajos ingresos.

La brecha educativa en el uso de Internet entre los adultos más jóvenes (Gráfico 2.22, Panel A) pone de manifiesto el riesgo de una brecha digital persistente, que podría acentuar las disparidades socioeconómicas y ampliar las desigualdades (OECD, 2020[61]). Las personas con estudios superiores no solo tienen un mayor acceso a Internet, sino que lo utilizan de forma intensiva (Gráfico 2.23), con lo que tienen más posibilidades de ampliar sus conocimientos y sus oportunidades laborales (seguir cursos en línea, encontrar mejores trabajos) que la parte de la población con menor nivel educativo y sin acceso a Internet.

Gráfico 2.21. Los hogares de bajos ingresos y los que viven en zonas rurales tienen bajo acceso a la tecnología digital

Gráfico 2.22. La brecha digital en el uso de Internet es grande en México

Porcentaje de la población por edad y nivel educativo, 2019 o último año disponible

Gráfico 2.23. Tiempo medio diario de uso de Internet y de redes sociales

Número de horas, 2019

El sector empresarial va rezagado en el aprovechamiento del potencial de la digitalización

Solo alrededor del 9% de las empresas mexicanas compraron servicios en la nube, frente a un promedio del 32% en los países de la OCDE (Gráfico 2.24, Panel A), la proporción de empresas mexicanas con presencia en la web está muy por debajo de la de otros países de la OCDE (Gráfico 2.24, Panel B), y la penetración de tecnologías fundamentales para el desarrollo del "Internet de las Cosas" es una de las más bajas de la OCDE (Gráfico 2.25). Todavía son muy pocas las empresas que aceptan pagos digitales -solo el 35% en 2018, aunque en el sector de distribución al por menor la proporción llega al 57% (ENAFIN, 2018[62])-, lo que contribuye a una escasa difusión de las compras por Internet, que son muy inferiores a las de sus homólogos en regiones como Chile y Brasil (Gráfico 2.26).

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la adopción de herramientas digitales por parte de las empresas mexicanas y algunas políticas recientes han promovido la digitalización de los negocios, especialmente de las micro y pequeñas empresas. El programa “#LeAtiendo por Internet” tiene como objetivo ayudar a dos millones de micro y pequeñas empresas a empezar a vender por Internet. Durante la pandemia, se crearon las plataformas digitales "Mercado Solidario" y "MYPyMES.mx" con el fin de ayudar a las pequeñas empresas a proseguir sus actividades en línea. Dependiendo de la eficacia de estas políticas en un futuro próximo, podrían estar justificados nuevos esfuerzos en materia de políticas para reducir la diferencia con los países de la OCDE y los pares regionales.

Aunque existen grandes disparidades regionales, la lenta digitalización de las empresas mexicanas se refleja en la baja intensidad media de tareas relacionadas con las TIC en los puestos de trabajo en comparación con el resto del mundo (Gráfico 2.27). Puesto que los datos internacionales indican un uso cada vez más intensivo de las TIC en los puestos de trabajo (OECD, 2020[61]), es necesario un mayor esfuerzo para emprender políticas que favorezcan un entorno de aprendizaje flexible que facilite la adaptación al rápido ritmo de cambio en el trabajo provocado por la digitalización. Los sistemas de aprendizaje deben ser permanentes (accesibles para todos a cualquier edad) y abarcar todos los aspectos de la vida (promover y reconocer el aprendizaje adquirido fuera de los sistemas de educación formal) (OECD, 2019[63]). Estas políticas también reducirían el riesgo de tensiones sociales, ya que históricamente la adopción de nuevas tecnologías ha provocado el temor a cambios en la sociedad (Mokyr, Vickers and Ziebarth, 2015[64]) y perturbaciones en los mercados de trabajo (Acemoglu, 2002[65]).

Gráfico 2.24. El sector empresarial mexicano está rezagado en la adopción de tecnologías digitales

Gráfico 2.25. México ocupa el último lugar en cuanto a desarrollo de la tecnología del Internet de las Cosas

Abonados a la telefonía móvil integrada/M2M, junio de 2019

Gráfico 2.26. Las compras por Internet son escasas

Personas que han realizado pedidos de bienes o servicios por Internet, %, 2019 o último año disponible

Gráfico 2.27. México ocupa una posición baja en cuanto a intensidad de tareas relacionadas con las TIC

Puntuación, 2018

Acelerar el desarrollo de los mercados financieros digitales

Los pagos digitales avanzan, pero lentamente y siguen siendo escasos

El uso de pagos digitales ha venido aumentando en México, pero sigue siendo bajo en comparación con el resto del mundo. En 2017, solo un tercio de los adultos realizó al menos un pago digital en México, frente a casi dos tercios en Chile. Desde entonces, la proporción de adultos que utilizan una tarjeta de débito o de crédito se ha incrementado, pero su uso sigue siendo limitado: el número de transacciones realizadas con tarjeta de crédito por adulto es muy bajo desde una perspectiva internacional y solo el 55% de los titulares de tarjetas de crédito la utilizaron en 2019 (CNBV, 2020[66]).

El uso de efectivo sigue siendo predominante en México. La mayoría de los adultos en situación de inclusión financiera utilizan efectivo para pagos pequeños (90%) y grandes (78%) (ENIF, 2018[33]). La preferencia por el efectivo y, en menor medida, la desconfianza hacia el sector financiero son las principales razones para no utilizar una tarjeta de débito (ENIF, 2018[33]). También son mucho menos propensos a utilizar pagos digitales los adultos mayores y las personas que viven en zonas rurales, lo que apunta a una importante brecha digital y de educación financiera entre generaciones y entre zonas rurales y urbanas (ENIF, 2018[33]). Las disparidades regionales también son relevantes, ya que Ciudad de México, Quintana Roo y, en general, los estados del Norte superan ampliamente a los demás estados en el número de transacciones digitales (Gráfico 2.13, Panel A). La pandemia de COVID-19 y las consiguientes medidas de confinamiento desencadenaron un desplazamiento hacia las compras por Internet y los pagos digitales. Esto proporciona un buen estímulo para la digitalización de los pagos que podría potenciarse con esfuerzos adicionales en materia de políticas.

La difusión de los pagos digitales resulta prioritaria para promover eficazmente la inclusión financiera y el crecimiento inclusivo, ya que favorecen el acceso a otros servicios financieros (Demirguc-Kunt, Klapper and Singer, 2017[17]). Los pagos digitales también reducen el costo y aumentan la velocidad de efectuar y recibir pagos. Esto es especialmente relevante en zonas rurales, donde las distancias a una oficina gubernamental, una sucursal bancaria o un operador de transferencia de dinero pueden ser grandes, lo que evidencia aún más la necesidad de ampliar la infraestructura digital a las zonas rurales desatendidas. Los pagos digitales reducen los riesgos de seguridad asociados al manejo de dinero en efectivo, ayudando a disminuir la incidencia de la delincuencia (Wright et al., 2014[67]), y permiten el abono directo de las transferencias gubernamentales, aumentando así la transparencia y limitando el riesgo de sobornos (Muralidharan, Niehaus and Sukhtankar, 2014[68]). Pueden contribuir a contraer la brecha de género, al otorgar a las mujeres control sobre las transferencias recibidas en su cuenta, reduciendo así la posibilidad de presión para repartir los ingresos con familiares (Morawczynski and Pickens, 2009[69]).

Los pagos digitales también podrían ayudar a crear un historial crediticio, facilitando así el acceso de los hogares al crédito y permitiendo a las instituciones financieras una mejor evaluación del riesgo crediticio (Cook and McKay, 2015[70]). Esto es especialmente relevante en grandes economías informales, como la de México, donde el uso de efectivo está más extendido (GPFI, 2018[71]). La digitalización tiene el potencial de brindar a las empresas y a las personas que operan en el sector informal una mayor oportunidad de acceder a productos financieros formales, impulsando así la inclusión financiera. Además, los servicios financieros digitales podrían reducir la informalidad a largo plazo, al relajar las restricciones crediticias (Capasso and Jappelli, 2013[72]) e impulsar la productividad (Beck and Hoseini, 2014[73]).

Fomento de la competencia en el mercado de las tarjetas de pago

El Banco Central y la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) deben modificar la regulación secundaria para eliminar las barreras regulatorias que impiden la competencia en el mercado mexicano de tarjetas de pago, como lo señaló la autoridad mexicana de competencia (COFECE, 2020[74]). La regulación vigente impide la entrada de competidores en el único sistema de pagos digitales nacional (Recuadro 2.5) debido a la incertidumbre que existe sobre las reglas, las normas operativas y los costos que se aplicarían a los pagos digitales en los que participan un comprador (titular de la tarjeta) y un vendedor (empresa) que utilizan sistemas de pago diferentes (transacción entre sistemas). En ausencia de una regulación clara de las transacciones entre sistemas, cabe el riesgo de que el gestor de la red en el sistema de pagos nacional dominante imponga sus normas y costos para impedir la competencia en materia de precios. Este riesgo disuade la entrada de nuevos operadores (COFECE, 2020[74]) en el mercado de las tarjetas de pago, donde el grado de concentración en conjunto sigue siendo elevado, ya que los cinco mayores bancos acaparan cerca del 80% del mercado (Bátiz-Zuk and Lara Sánchez, 2021[23]).

Recuadro 2.5. El mercado de las tarjetas de pago en México

El mercado de tarjetas de pago es un mercado de dos dimensiones en el que una empresa de tarjetas de pago actúa como plataforma de venta de servicios de tarjetas a los titulares de estas (compradores) y, a través de un terminal de punto de venta (TPV), a los negocios (vendedores). El sistema de pagos con tarjeta puede ser cerrado o abierto. En el sistema cerrado, la empresa de tarjetas de crédito presta directamente servicios de TPV a los vendedores y emite tarjetas a los compradores, sin intermediarios. En cambio, en el sistema abierto, una empresa de tarjetas de pago proporciona servicios de tarjeta y TPV a compradores y vendedores de forma indirecta, a través de bancos u otros intermediarios financieros (Gráfico 2.28). Así, los titulares de las tarjetas compran los servicios de estas a un banco (emisor) y las empresas compran los servicios de los puntos de venta a otro banco (adquirente). En un sistema abierto de pagos con tarjeta, cuando un titular compra un producto a un vendedor, la transacción es liquidada a nivel de los dos bancos por una cámara de compensación, que se encarga de la autenticación, autorización, compensación y liquidación de cualquier pago con tarjeta.

Gráfico 2.28. ¿Cómo es un sistema de pagos con tarjeta abierto?

El proceso de autorización de una nueva cámara de compensación participante en el sistema de pagos digitales debe modificarse para garantizar la imparcialidad. En la actualidad, dicha autorización está condicionada a la aprobación técnica de las cámaras de compensación ya establecidas, que son necesarias para garantizar la interoperabilidad entre los distintos sistemas de pago. Sin embargo, esta aprobación técnica debería estar sujeta a un límite de tiempo, que actualmente no existe, lo que hace que el procedimiento de autorización sea excesivamente largo. Además, la garantía de liquidez de las operaciones de pagos digitales debería pasar de la entidad a la cámara de compensación, que dispone de mejor información para evaluar el riesgo de contrapartida, con el fin de incentivar la competencia.

Debe desalentarse la integración vertical entre los bancos que participan en el sistema de pagos digitales (emisores o adquirentes) y la cámara de compensación. El uso de los datos recabados por la cámara de compensación otorga a los bancos que tienen una participación de control en la cámara de compensación una ventaja informativa en la comercialización de sus productos que reduce la competencia. La autoridad de la competencia ha sugerido recientemente que estos bancos deberían vender acciones correspondientes al menos al 51% del capital de la cámara de compensación. Para evitar comportamientos anticompetitivos, los estatutos de las entidades que operan en el mercado de pagos digitales (emisores, adquirentes o una cámara de compensación diferente) deberían prohibir la contratación de antiguos directivos de una cámara de compensación (COFECE 2020).

Realizar el potencial de las fintechs

Las fintechs tienen la capacidad de acelerar el desarrollo de los pagos digitales, impulsar la inclusión financiera y aumentar la competencia en el sistema financiero. Hasta ahora, este potencial no se ha materializado. Si bien México fue pionero con la ley FinTech de 2018, aún no se han concretado todos sus efectos, ya que el proceso de autorización de nuevas empresas fintech ha sido lento, en parte debido a una curva de aprendizaje natural por la que fue necesario transitar en la fase inicial de implementación de la ley. Sin embargo, se estima que los retos mencionados se disiparán con el tiempo. A mediados de octubre de 2021, de las cerca de 76 empresas fintech que solicitaron operar en los mercados de pagos digitales y crowdfunding, 17 habían recibido una autorización completa y 37 una autorización condicionada a la presentación de documentación pendiente o información complementaria, y obtendrán el estatus completo una vez que satisfagan tales requisitos.

Las innovaciones financieras todavía parecen insuficientes para promover las inversiones necesarias para garantizar niveles de seguridad y eficiencia adecuados en el sistema de pagos digitales. Las interrupciones técnicas que limitan la disponibilidad de pagos digitales son frecuentes y el número de fraudes digitales va en aumento; los fraudes financieros en línea representaron el 70% de todos los fraudes financieros en el primer trimestre de 2021. Esto repercute negativamente en el nivel de confianza en los pagos digitales y en su difusión. La experimentación temporal de modelos novedosos (o sandboxes regulatorios), permitida por la Ley FinTech, tiene el potencial de promover innovaciones financieras (OECD, 2020[75]), al permitir a las fintechs experimentar con nuevos productos y servicios financieros de forma temporal y en un entorno controlado. El acceso podría convertirse en permanente, siempre y cuando no haya habido problemas de seguridad tras un periodo de observación adecuado. Promover las innovaciones financieras multiplicaría el potencial de la relación entre las fintechs y los bancos, que ha demostrado ser beneficiosa para la inclusión financiera en varios países (Recuadro 2.6).

Recuadro 2.6. Asociaciones entre fintechs y bancos

La asociación entre fintechs y bancos puede aumentar la inclusión financiera, proporcionando a los consumidores de bajos ingresos servicios financieros asequibles (crédito y ahorro, transacciones entre personas, transacciones de empresa a persona) a través de tecnologías como identificación biométrica, onboarding, computación en la nube e interfaces de programación de aplicaciones (API) abiertas (para facilitar la integración de los sistemas informáticos dentro de las instituciones, así como entre ellas y entre sectores, promoviendo de ese modo la competencia y la transparencia) y la tecnología de registro distribuido (DLT) para agilizar y facilitar la verificación y la realización de las transacciones. Estas asociaciones también son mutuamente beneficiosas. Los bancos se benefician de la posibilidad de ofrecer nuevos productos, llegar a una base de clientes más amplia y mejorar la eficacia de los productos y la experiencia de los clientes. Las fintechs acceden a capital y despliegan su tecnología a mayor escala.

Una de las áreas donde las fintechs ofrecen gran potencial para la inclusión financiera es el despliegue de modelos de inteligencia artificial (IA) para la concesión de créditos, ya que podría reducir el costo de la suscripción de créditos y facilitar el otorgamiento de estos a clientes con historial bancario escaso o inexistente, promoviendo posiblemente la inclusión financiera (OCDE, 2021). El uso de IA puede generar ventajas de eficiencia en el procesamiento de datos para la evaluación de la solvencia de los posibles prestatarios, optimizar el proceso de toma de decisiones relativas al otorgamiento de créditos y mejorar la gestión de la cartera de créditos. También puede permitir la asignación de calificaciones crediticias a clientes sin evaluación y con un escaso historial de crédito, apoyando el financiamiento de la economía real (Pymes) y promoviendo potencialmente la inclusión financiera de la población con acceso limitado a servicios bancarios (OCDE, 2021). Las técnicas y los modelos de IA suelen subcontratarse a fintechs de terceros, salvo en el caso de grandes instituciones financieras que cuentan con capacidades internas para crear este tipo de productos.

Asociación destinada a llegar a los segmentos de población sin acceso a servicios bancarios.

Las fintechs pueden ayudar a las instituciones financieras a llegar a los segmentos de la población sin acceso a servicios bancarios a través del "onboarding" (proceso automatizado de incorporación de clientes con identificación no presencial), ya que las tecnologías digitales superan las barreras físicas y las largas distancias y reducen el costo de captar clientes y prestarles servicio en segmentos de la población con bajos ingresos.

Una asociación entre un banco y una fintech ha hecho llegar seguros a 10 millones de clientes en África y Asia mediante una plataforma informática diseñada para atender grandes volúmenes con menores costos. En Sudáfrica, una asociación entre un banco y una fintech permitió a 17 millones de beneficiarios de subvenciones sociales abrir una cuenta bancaria y recibir una tarjeta de débito en 10 minutos accediendo a lugares públicos, como iglesias o ayuntamientos.

Asociación que ofrece plataformas de pago por móvil a clientes existentes en el segmento inferior del mercado.

Alianzas entre bancos y fintechs en la India ofrecen a los clientes una red de pagos con estructura de cadena de bloques (blockchain) para transferir dinero de forma segura a través de un monedero móvil gratuito. En Ghana, una asociación entre un banco y una fintech desarrolló una plataforma de pagos móviles para comerciantes con escaso o nulo acceso a servicios bancarios, que permite a los clientes abrir monederos digitales y realizar funciones como el seguimiento de sus finanzas, el pago de facturas, el envío de dinero y la realización de pagos por Internet y en tiendas.

Asociación que recoge y utiliza datos de clientes para evaluar mejor su solvencia y diseñar nuevos productos.

Las fintechs pueden proporcionar herramientas que, a partir de múltiples fuentes de datos, permiten adquirir una comprensión más completa del riesgo de los clientes con una documentación limitada o nula. Sin embargo, las restricciones impuestas por las regulaciones nacionales al trasvase y uso de datos de las instituciones bancarias a las fintechs, y viceversa, pueden limitar el alcance de estas iniciativas.

En Colombia, la colaboración entre un banco y una fintech ha mejorado la evaluación del crédito en el caso de clientes con historial bancario limitado o inexistente. En España, una entidad financiera aumentó la tasa de aprobación de créditos a los clientes con escaso historial bancario hasta el 70-80% desde el 0-20%, mediante la adopción de un nuevo modelo de evaluación del riesgo crediticio basado en datos psicométricos desarrollado por una fintech.

En la India, la asociación entre un pequeño banco financiero y una fintech ha mejorado significativamente la eficacia para llegar a microempresas y pequeñas empresas desatendidas mediante el desarrollo de tecnología onboarding. En cuatro años, el tiempo de tramitación de los créditos se redujo un 40%, el número de créditos tramitados por agente aumentó un 50% y la base de clientes se amplió un 230%.

Asociación que aumenta el grado de implicación de los clientes y el uso de los productos.

En México y Colombia, una asociación entre un banco y una fintech desarrolló una plataforma de comunicación bidireccional por SMS para aumentar el uso de los servicios financieros por parte de los clientes. La plataforma envía mensajes de texto personalizados a los clientes con recordatorios para animarlos a ahorrar y a convertirse en usuarios activos de servicios bancarios.

Fuente: Kelly, S., D. Ferenzy y A. McGrath (2017), “How Financial Institutions and Fintechs Are Partnering for Inclusion: Lessons from the Frontlines”, Center for Financial Inclusion, Mainstreaming Financial Inclusion: Best Practices.

Fomentar el ecosistema de las finanzas digitales

El Banco Central, en el marco de su estrategia general para promover la inclusión financiera (Recuadro 2.7), creó la plataforma Cobro Digital (CoDi) para facilitar la difusión de los pagos digitales. CoDi puede utilizarse para transacciones por Internet y físicas sin costos para los usuarios. Para poder acceder a ella, los usuarios (vendedores y compradores) deben tener una cuenta bancaria en una entidad financiera adherida a CoDi. Los compradores, además, necesitan un teléfono móvil 3G. A pesar del creciente número de pagos digitales realizados a través de CoDi desde su lanzamiento en noviembre de 2019, su difusión parece limitada por problemas de comunicación. Según datos de una encuesta reciente, solo el 10% de los usuarios de Internet de banda ancha fija conoce la existencia de CoDi, y apenas un 2% de ellos la ha utilizado alguna vez (IFT, 2021[76]). Además, el uso de CoDi entre grupos vulnerables podría ser limitado, ya que es menos probable que sean titulares de una cuenta bancaria o posean un móvil 3G. Añadir la opción de utilizar aplicaciones de monedero digital dentro de CoDi, posiblemente ofrecidas por fintechs, aumentaría los beneficios de su uso para los consumidores y facilitaría su difusión.

México podría aumentar el grado de utilización de los pagos digitales aprovechando el potencial de los instrumentos digitales que no dependen de cuentas bancarias, como autoriza la Ley FinTech de 2018. Las redes de entrada y salida de efectivo (CICO, por sus siglas en inglés), que permiten a los clientes convertir dinero en efectivo en dinero digital, y viceversa, y transferirlo a través del móvil, demostraron ser muy eficaces para promover la inclusión financiera en Kenia. A los dos años de su introducción, la red CICO llamada M-pesa se convirtió en el mecanismo de transferencia de dinero predominante en Kenia, gracias a una extensa red celular y a la capacidad de transferir dinero de forma instantánea, segura y económica a través de una amplia red de puntos de venta (Mbiti and Weil, 2011[77]), donde los clientes pueden depositar dinero a cambio de moneda digital (e-float) mostrando una identificación válida. La moneda digital puede entonces transferirse por teléfono, incluso a destinatarios no registrados en la red. Al aumentar el volumen de dinero en circulación, M-pesa promovió el crecimiento a través de la expansión de muchas pequeñas empresas (Haas, Plyler and Nagayaran, 2010[78]).

Las recientes iniciativas en materia de políticas previsiblemente dotarán a México de un registro único de identidad digital, que actualmente no existe en el país. La proporción de adultos con documento de identidad en México es del 89% (Global Findex 2017), inferior a la de Costa Rica, Brasil y Perú (98%) o Chile (99%). Según el Registro Nacional de Población (RENAPO), el 0,8% de la población mexicana, en su mayoría menores de edad y población indígena, carece de un documento de identidad oficial (INEGI, 2015[79]). Más importante aún es la fragmentación del sistema; varias instituciones emitían cada una un documento de identidad diferente y sin un mecanismo de coordinación que centralizara toda la información. Esto ha impedido hasta ahora la creación de un registro de identificación único.

En 2020, el gobierno creó un documento de identidad digital, que se utilizará en todas las administraciones públicas, y un Registro Nacional de Población digital, que, en principio, estará operativo en el plazo de dos años. La identidad digital conectada a un registro único impulsará el desarrollo del onboarding digital, que podría agilizar y reducir las cargas administrativas que conlleva la contratación de productos financieros digitales, así como disminuir la probabilidad de fraudes digitales y robos de identidad, aumentando de esta forma la protección del consumidor. El desarrollo del onboarding digital mejoraría el proceso de identificación y verificación de nuevos clientes, agilizando la apertura de una cuenta, simplificando los requisitos de documentación, minimizando los costos de creación de una cuenta a distancia y facilitando la prestación de servicios financieros.

Un marco regulatorio adecuado constituye otro requisito previo para desarrollar con éxito el onboarding digital. En 2020, y también como reacción a las medidas de distanciamiento social implementadas durante la pandemia, la CNBV simplificó la regulación del onboarding digital y amplió su alcance, al incluir a empresas, y su cobertura, al permitir que las sociedades financieras populares, instituciones de depósito sin fines de lucro, utilicen el onboarding digital. En septiembre de 2021, nueva regulación amplió el onboarding digital a la apertura de cuentas de forma remota, la firma de contratos y la validación de transacciones a casas de bolsa, fondos de inversión, bancos pequeños y otras entidades de depósito no bancarias, y cooperativas de crédito.

Los responsables de formular políticas deben seguir promoviendo las finanzas abiertas y apoyar aún más las iniciativas de intercambio de datos que mejoren la evaluación de los riesgos crediticios y la inclusión financiera. De conformidad con la ley FinTech de 2018, una nueva regulación estableció en 2020 procedimientos relativos al intercambio de datos entre cámaras de compensación. Se trata de un paso positivo en favor de la banca abierta. Sin embargo, sería ventajoso realizar otras intervenciones, como establecer plataformas abiertas en las que se pongan en común los datos pertinentes para la evaluación del crédito procedentes de diferentes repositorios de datos, como los proveedores de servicios de información crediticia (CRSP), los registros judiciales, el registro de empresas, los pagos por servicios públicos (agua, electricidad, etc.) y el registro de garantías; también podría digitalizarse información pública, como la declaración de impuestos, el registro de empresas y otros servicios gubernamentales, y facilitarse el acceso a dicha información. Se podría reducir o eliminar el umbral mínimo de notificación y hacer obligatorio el intercambio de información crediticia. Ampliar el alcance de los datos disponibles para la evaluación del crédito ayudaría a crear un historial crediticio y a adoptar indicadores alternativos de solvencia, lo que beneficiaría a las personas y las empresas más vulnerables, especialmente a las Pymes, con un historial crediticio limitado o inexistente (Recuadro 2.6). En el futuro, el desarrollo de un sistema de registro biométrico tal vez posibilitaría la creación de una plataforma única que conecte todas las instituciones públicas, reduciendo así enormemente los costos administrativos para las empresas y la ciudadanía.

El desarrollo de la financiación abierta también se beneficiaría considerablemente de la creación del identificador único para los individuos y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no registradas o del número de empresa/registro legal para las Mipymes registradas, ya que los datos de todos los proveedores podrían relacionarse fácilmente con el mismo individuo o Mipyme. Sin embargo, las autoridades también deberían fomentar la transparencia y la divulgación de metodologías de evaluación de los CRSP que utilizan datos alternativos para combatir la opacidad en cuanto al uso de datos alternativos.

Recuadro 2.7. La estrategia del Banco Central para promover la inclusión financiera

El Banco Central de México tiene como objetivo promover la transparencia, la eficiencia y la competencia en la prestación de servicios financieros, al tiempo que garantiza la protección de los consumidores. En el desempeño de su función de supervisión del sistema financiero, busca un equilibrio entre el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica para ampliar la inclusión financiera y la contención de los riesgos que supone para la estabilidad del sistema financiero y los consumidores la introducción en los mercados financieros de nuevos productos y actores. En términos más generales, la estrategia seguida por el Banco Central en el ejercicio de su tarea de supervisión en el ámbito de los servicios financieros digitales se resume en los siguientes principios:

1) Adoptar el criterio de "misma actividad, mismo riesgo, misma regulación".

2) Velar por la interoperabilidad y la neutralidad de red en la oferta de servicios financieros digitales.

3) Fomentar la competencia y evitar fusiones entre actores hegemónicos.

4) Garantizar la continuidad operativa de los grandes proveedores.

5) Conseguir una coordinación internacional para corregir lagunas jurisdiccionales.

6) Asegurar la plena protección del cliente.

7) Reforzar las normas de ciberseguridad.

Impulsar las competencias digitales para facilitar la difusión de los servicios financieros digitales

En México todavía hay muy pocos estudiantes con las habilidades necesarias para prosperar en la era digital, como lo demuestra una puntuación media según el informe PISA en lectura, matemáticas y ciencias que está por debajo del promedio de los países de la OCDE (véase el capítulo 1). Desventajas desde una fase temprana en la adquisición de aptitudes básicas conllevan dificultades adicionales a la hora de adquirir otras habilidades y competencias en etapas más avanzadas de la vida, y las políticas deberían tener como objetivo una difusión generalizada de las habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo (OECD, 2020[80]). La adquisición de buenas habilidades cognitivas y un mayor nivel educativo parecen permitir un uso más diverso y complejo de Internet (OECD, 2020[61]), inclusive de herramientas financieras digitales.

Recuadro 2.8. ¿Cuenta México con las competencias adecuadas para adoptar la digitalización?

La Encuesta de competencias de adultos (PIAAC) de 2018 (OECD, 2019[63]) proporciona un marco para comparar el desempeño relativo de los adultos en México en habilidades cognitivas clave (alfabetización, aritmética y resolución de problemas), y cómo se utilizan estas habilidades en el hogar, en el trabajo y dentro de la comunidad. En México, menos del 1% de los adultos logra un alto nivel de competencia en aritmética y alfabetización y el 10% en resolución de problemas, lo cual se sitúa muy por debajo del desempeño del país promedio de la OCDE con respecto a cada habilidad cognitiva (Cuadro 2.1). Además, una gran proporción de adultos (alrededor del 39%) carece de conocimientos informáticos muy básicos en México.

En aritmética y alfabetización se observan las mayores disparidades regionales en cuanto a la competencia media (Gráfico 2.29); Ciudad de México y los estados del Norte registran el mejor desempeño.

	OCDE	México
Alfabetización	10%	0,8%
Aritmética	11%	0,7%
Resolución de problemas	30%	10%

Nota: Los dos niveles más altos de competencia en aritmética y alfabetización son 4 y 5; en resolución de problemas son 2 y 3.

Fuente: OCDE 2019, Nota de País - México. Resultados de la encuesta de competencias de adultos.

Gráfico 2.29. México presenta grandes brechas regionales en habilidades cognitivas

Puntuación, 2018

Los trabajadores informales tienen, por término medio, un nivel de competencias cognitivas inferior al de los trabajadores formales (Gráfico 2.30) y alcanzan un menor nivel de educación. Los trabajadores informales y las personas que no trabajan también tienen menos probabilidades de recibir formación que los trabajadores formales, y cuando reciben formación es de menor duración.

Gráfico 2.30. Los trabajadores informales tienen menos habilidades cognitivas que los formales

Puntuación, 2018

El acceso al financiamiento para formación es una barrera relevante para los trabajadores informales: entre los que han recibido formación, solo algo más de la mitad recibió financiamiento de su empleador, frente al 85% de los trabajadores formales.

El costo excesivo de la formación y la falta de tiempo a causa de las responsabilidades del cuidado de los hijos son los dos principales obstáculos que afrontan trabajadores informales y personas que no trabajan para acceder a una formación, y esto ha impedido a cerca de la mitad de ellos formarse, a pesar de estar dispuestos a hacerlo (Recuadro 2.8 Recuadro 2.7). El refuerzo de la red de guarderías, tal y como se ha comentado en el capítulo 1, facilitaría el acceso de las mujeres a las oportunidades de formación y les ayudaría a mejorar sus competencias digitales. Vales, subvenciones, becas y estipendios destinados a la formación en competencias digitales pueden contribuir a reducir o eliminar los costos directos y de oportunidad de la capacitación de los trabajadores informales. Inspirándose en la experiencia de los países de la OCDE en programas de competencias básicas, los programas gratuitos de competencias digitales podrían impartirse a través de centros especializados (como sucede en la región flamenca de Bélgica y en Ontario, Canadá) o mediante un sistema de vales que los individuos pueden utilizar en centros de formación de su elección (como en Viena, Austria) (OECD, 2017[81]; OECD/ILO, 2019[82]; Palmer, 2020[83]).

México ha puesto en marcha importantes iniciativas para promover las competencias digitales y la inclusión. La plataforma en línea MéxicoX ofrece más de 230 cursos de formación especializada y académica para profesores y ha beneficiado a más de 1,5 millones de usuarios. El programa @prende.mx ha dotado a las escuelas de equipamiento tecnológico, plataformas de intercambio de conocimientos para profesores sobre el uso de la tecnología como parte del proceso de aprendizaje, y ha llevado a cabo proyectos piloto destinados a mejorar el acceso de los estudiantes a la tecnología digital. Sería útil una evaluación de la eficacia de estas políticas en los resultados educativos en sentido amplio o en el desarrollo de competencias. Además, debería prestarse más atención a los trabajadores poco cualificados, que se verán cada vez más presionados para mejorar y reciclar sus conocimientos como consecuencia de la revolución digital.

PRINCIPALES HALLAZGOS	CAPÍTULO 2 (Las recomendaciones clave están en negrita)
Impulsar el acceso de empresas y particulares al financiamiento
El acceso a financiamiento por parte de empresas y particulares es escaso. El acceso de las Pymes al crédito se ve dificultado por márgenes de intermediación elevados y asimetrías de información. La garantía de ejecución de los contratos se ve obstaculizada por procedimientos legales largos, complejos y costosos.	Reforzar el sistema de registro de créditos, garantizando que todas las entidades prestamistas puedan acceder a la información completa de los historiales crediticios. Aumentar el uso de fuentes de información alternativas (por ejemplo, los registros de proveedores de servicios públicos) para desarrollar modelos de evaluaciones de crédito para empresas informales. Acelerar la creación de tribunales mercantiles especializados en todos los estados y mejorar la infraestructura de los tribunales.
Pocas empresas participan en el mercado bursátil.	Simplificar los requisitos y reducir los costos para que las Pymes participen en el mercado bursátil.
La exclusión financiera es frecuente entre los trabajadores informales, los adultos con bajos ingresos y las personas que viven en zonas rurales.	Promover el uso de datos digitales alternativos generados a partir de las transacciones efectuadas entre hogares y empresas (pagos de servicios públicos, pagos de créditos) y entre personas y las administraciones públicas, para mejorar la evaluación del riesgo crediticio de las personas (en particular de aquellas de ingresos bajos). Aumentar el número de programas sociales prestados a través de cuentas bancarias, con el fin de incluir todos los programas gestionados por el gobierno federal, los estados y los municipios.
La desconfianza en los productos financieros es un obstáculo para su uso, y pocos adultos saben que los depósitos bancarios gozan de protección pública.	Dar a conocer la legislación de protección del consumidor y la existencia de cuentas bancarias sin comisiones, promoviendo campañas de comunicación, organizando actos públicos y cooperando con las partes interesadas.
Las disparidades regionales en materia de educación financiera son grandes y los conocimientos financieros no se traducen en un buen comportamiento financiero (capacidad de respetar un presupuesto, efectuar los pagos a tiempo).	Reformar los programas de educación financiera con vistas a reforzar la práctica de respetar un presupuesto, realizar los pagos a tiempo y fomentar el ahorro voluntario. Centrar la educación financiera en los adultos con bajos ingresos, impartiendo cursos obligatorios a los beneficiarios de prestaciones sociales.
Promover los mercados financieros digitales y el uso de los pagos digitales
La digitalización y las fintechs pueden ampliar el acceso al financiamiento, pero su impacto se ve limitado por barreras existentes en los mercados de pagos digitales e insuficientes competencias digitales.	Actualizar la regulación sobre pagos digitales para facilitar la entrada en el mercado de las tarjetas de pago. Eliminar la incertidumbre existente en la regulación secundaria sobre qué reglas (normas operativas y costos) se aplican a las transacciones en las que intervienen dos cámaras de compensación. Modificar la regulación que exige la aprobación de las cámaras de compensación ya establecidas para garantizar la imparcialidad. Modificar los planes de estudio para fortalecer la alfabetización digital desde una edad temprana y mejorar la capacitación digital del profesorado.
La escasa innovación financiera provoca interrupciones técnicas y un alto índice de fraude en el sistema de pagos digitales.	Hacer un seguimiento y, en caso necesario, actualizar la regulación para promover el uso de "sandboxes" regulatorios para que las fintechs experimenten con nuevos productos financieros en un entorno controlado.
El acceso a la banda ancha fija es escaso y caro.	Aumentar la competencia en el mercado de banda ancha fija, facilitando la entrada de nuevos proveedores.
La preferencia por el efectivo dificulta la difusión de los pagos digitales.	Crear incentivos que fomenten el uso de los pagos digitales, como reembolsos en efectivo, sorteos patrocinados por el Estado o recompensas para los consumidores.
El sector empresarial va a la zaga de otros países en la adopción de tecnologías digitales.	Supervisar y, si fuera preciso, aumentar el financiamiento de los programas gubernamentales que apoyan a las microempresas y las Pymes (asistencia técnica, subvenciones) que venden por Internet.

Bibliografía

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