México, un país que ha emprendido reformas ambiciosas en numerosos ámbitos, es un paladín de las reformas. Aunque comienzan a mostrar los primeros efectos positivos, los resultados de dichas reformas no han logrado estar a la altura de lo esperado. En muchas dimensiones del bienestar, incluidas la educación, la salud y la seguridad, entre otras, México todavía continúa por detrás del promedio de la OCDE y su desarrollo regional sigue siendo muy desigual. A pesar de todo el esfuerzo que México ha realizado para crear una economía competitiva, los avances han sido demasiado lentos en dos ámbitos complementarios, en concreto, el fortalecimiento de las instituciones y el fomento de la inclusión. La capacidad del sector público es escasa, la corrupción continúa siendo generalizada y el estado de derecho es débil, todo lo cual mina la confianza en las instituciones gubernamentales e impide la implementación efectiva de las políticas. Del mismo modo, la persistencia de las desigualdades y la pobreza generalizada no solo supone que el mayor crecimiento no se traslada en mejoras amplias en el bienestar, sino también que dichas desigualdades constituyen un freno al crecimiento, ya que México no está aprovechando todo el talento disponible. México ha adoptado medidas para abordar estas cuestiones, pero todavía persisten brechas de implementación sustanciales. Sería importante que el próximo gobierno consolidara los anteriores esfuerzos de reforma, asegurando la implementación plena y efectiva de los cambios ya legislados para posibilitar la continuidad reformista y emprender reformas adicionales en varios ámbitos prioritarios, incluidos el estado de derecho, la educación y la protección social.  Soló así México será capaz de proporcionar a su población una mayor calidad de vida.