Una ciudadanía informada es fundamental para fomentar el debate democrático y fortalecer la sociedad. La rápida difusión de información falsa o engañosa, a través de campañas de desinformación por parte de actores nacionales o extranjeros, genera confusión acerca de hechos factuales, intensifica la polarización, distorsiona los debates sobre políticas públicas y deteriora la confianza de las personas.
En un contexto en constante evolución en el ámbito de la información, fuertemente impactado e influenciado por la transformación digital, es esencial fortalecer la integridad de los espacios informativos y combatir la desinformación. Esto es fundamental para preservar el tejido social de las sociedades abiertas y la democracia.
Ante esta coyuntura, es importante desarrollar políticas públicas para que los gobiernos puedan contribuir a garantizar el acceso de los ciudadanos a una información plural, de alta calidad y contrastada. Además de garantizar que los gobiernos puedan desempeñar un papel constructivo y no intrusivo en el fortalecimiento de la integridad de la información, salvaguardando la independencia y la diversidad en la producción de contenido, todos los actores del ámbito informativo deben asumir responsabilidades. Por lo tanto, para abordar este complejo desafío, es necesario adoptar un enfoque multiactor y multidisciplinario.
El informe “Hechos frente a falsedades: fortaleciendo la democracia a través de la integridad de la información” presenta una visión general de las medidas que se han diseñado e implementado en los países con el fin de promover la integridad de la información. Este informe analiza la importancia de adoptar un enfoque integral, adaptado a los contextos de cada país y que haga hincapié en la necesidad de crear un entorno en el que prospere la información fiable y de calidad. Además, reconoce que las democracias se basan en la libertad de expresión y en el debate abierto e informado, y que los actores deben trabajar juntos para afrontar estos desafíos globales.
Así pues, el informe presenta un marco analítico, centrado en tres objetivos complementarios: (i) mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de las fuentes de información; (ii) fomentar la resiliencia social frente a la desinformación; y (iii) actualizar las medidas de gobernanza y la arquitectura institucional para reforzar la integridad del espacio informativo.
En la elaboración de este informe han participado el Grupo Directivo y el Grupo de Expertos en Respuestas de Gobernanza Pública a la Información Errónea y la Desinformación, compartiendo sus buenas prácticas y experiencias para avanzar hacia una mayor integridad en el espacio de la información y promover la implementación en sus propios países. El informe fue aprobado y desclasificado para su publicación por el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE mediante procedimiento escrito del 29 de febrero de 2024.
