En las sociedades democráticas, caracterizadas por la libertad de expresión y el diálogo como medios para alcanzar consensos, la integridad de los espacios informativos es fundamental. El acceso a diversas fuentes de información, contar con medios de comunicación independientes y un discurso libre y basado en hechos son requisitos necesarios para promover un debate democrático informado.
En la actualidad, está ampliamente reconocido que la propagación de información falsa y engañosa, en ocasiones, difundida deliberadamente para engañar o confundir, desdibuja los debates públicos y alimenta la polarización, erosionando aún más el tejido social de las sociedades abiertas. Las campañas de desinformación estratégicamente orquestadas por actores nacionales o extranjeros pueden tener consecuencias notables en muchas áreas políticas, que van desde la salud pública hasta la seguridad nacional o la lucha contra el cambio climático. De hecho, ponen en duda la evidencia factual y agravan las divisiones sociales, lo que dificulta la construcción de consensos esenciales para abordar complejos desafíos sociales.
La desinformación no es un fenómeno nuevo, pero la digitalización ha cambiado fundamentalmente su alcance e impacto. Las tecnologías de la comunicación hacen posible que cualquier persona con conexión a Internet produzca y distribuya contenido, pero sin la responsabilidad de adherirse a la ética y a los estándares periodísticos, académicos o científicos.
Si bien esta mayor accesibilidad proporciona un acceso sin precedentes al conocimiento y contribuye a fomentar la participación ciudadana y un periodismo innovador, también proporciona un terreno fértil para la rápida difusión de información falsa y engañosa. El desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial generativa puede amplificar aún más este reto.
La información errónea y la desinformación se ven exacerbadas por el aumento de los contenidos virales, impulsado por incentivos económicos y algoritmos de recomendación, que a menudo priorizan el valor de la información como una mercancía, en lugar de un bien público. Esto se produce a expensas del periodismo de calidad, que en la actualidad se enfrenta a crecientes presiones financieras y a entornos de alto riesgo. A ello hay que añadir que las nuevas tecnologías responden cada vez más a los factores psicológicos y conductuales, que subyacen en la forma en que las personas buscan, procesan y consumen información.
Muchos países han comenzado a examinar la adecuación de las políticas e instituciones existentes, para abordar eficazmente las realidades de un entorno informativo en constante evolución. Es importante adoptar medidas para contrarrestar la amenaza que representa el aumento de la desinformación. Sin embargo, dichas medidas no deben en ningún caso y bajo ninguna circunstancia llevar a un mayor control de la información en nuestras democracias.
Esta nueva realidad ha actuado como un catalizador para que los gobiernos exploren más de cerca el papel constructivo que pueden desempeñar para reforzar la integridad del espacio informativo. Es decir, cómo apoyar entornos informativos que promuevan y favorezcan la disponibilidad de fuentes de información rigurosas, plurales, basadas en hechos contrastados, y que permitan a las personas estar expuestas a una variedad de ideas, tomar decisiones informadas y ejercer mejor sus derechos. La protección de la integridad de la información es esencial para salvaguardar la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y transmitir información e ideas.
El reconocimiento por parte de los países de la importancia de actuar en este nuevo entorno informativo pone de relieve la necesidad de establecer una hoja de ruta e identificar prioridades políticas.
Este informe es una primera evaluación de referencia, que presenta cómo los gobiernos están mejorando sus medidas de gobernanza y su arquitectura institucional para apoyar un entorno informativo en el que pueda prosperar la información fiable, garantizando a la vez la protección vigilante de la libertad de expresión y de los derechos humanos. El informe también analiza las sinergias entre diferentes áreas de políticas públicas para proporcionar una mejor comprensión de las condiciones que contribuyen a la integridad de la información. Asimismo, busca promover el debate sobre las recomendaciones de políticas para continuar fortaleciendo la integridad de la información.
Aunque los contextos de los países difieren, el informe destaca las áreas comunes de interés y de acción. En primer lugar, los gobiernos deben cambiar gradualmente un enfoque de políticas ad hoc para contrarrestar las amenazas de la desinformación y adoptar un enfoque más sistémico, que refuerce la integridad de la información de una manera más amplia, involucrando a todos los actores de la sociedad. En segundo lugar, los gobiernos deben garantizar que sus políticas están coordinadas, respaldadas por evidencia y sujetas a evaluaciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento y eficacia. En este sentido, será importante identificar marcos temporales para la implementación y la evaluación de las políticas. Por ejemplo, es importante que las acciones políticas inmediatas, como la respuesta a crisis de desinformación, especialmente durante los periodos electorales, se desarrollen de manera coordinada junto con otras respuestas políticas a más largo plazo, como la inversión en la resiliencia social, destinadas a abordar las causas fundamentales del problema en cuestión.
Por último, los gobiernos no pueden resolver este problema por sí solos. El aprendizaje entre pares puede contribuir a mejorar las medidas políticas en los países democráticos que se enfrentan a problemas similares. Además, el fortalecimiento de la integridad de la información también requerirá que todos los actores que se hallan en la primera línea de los sistemas de información, a saber, el sector privado, los medios de comunicación, el mundo académico y la sociedad civil, asuman sus responsabilidades y actúen juntos en apoyo de la integridad de la información.
Este informe presenta un marco analítico para orientar a los países en el diseño de políticas mediante tres dimensiones complementarias:
Implementar medidas políticas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de las fuentes de información: Esto incluye impulsar políticas que apoyen a un sector de los medios de comunicación diverso, plural y libre, con un enfoque especial en fomentar el periodismo de calidad y local. También hace referencia a políticas que aumenten el grado de rendición de cuentas y de transparencia de las plataformas digitales, para garantizar que su poder de mercado y sus intereses comerciales no contribuyan a vehicular desproporcionadamente la desinformación.
Fomentar la resiliencia social frente a la desinformación: Esto implica capacitar a las personas para desarrollar competencias de pensamiento crítico, así como para reconocer y combatir la desinformación. También conlleva movilizar e involucrar a todos los sectores de la sociedad para elaborar políticas basadas en los hechos y que apoyen la integridad de la información.
Actualizar las medidas de gobernanza y la arquitectura institucional para reforzar la integridad del espacio informativo: Esto requiere desarrollar e implementar, según sea necesario, capacidades regulatorias, mecanismos de coordinación, marcos estratégicos y programas de desarrollo de capacidades que apoyen una visión y un enfoque coherentes dentro de la administración pública con el objetivo de fortalecer la integridad de la información. Al tiempo se deben garantizar unos mandatos claros y el respeto de las libertades fundamentales. Esto también implica fomentar el aprendizaje entre pares y la cooperación internacional entre democracias que se enfrentan a amenazas similares de desinformación.
El objetivo de este marco de análisis es promover el diálogo y establecer un lenguaje común para orientar de manera práctica la elaboración de políticas públicas. Al profundizar en nuestra comprensión de los factores que hacen exitosa una medida de actuación, este marco puede desempeñar un papel constructivo en la orientación del diseño y la implementación de políticas públicas y servir como punto de referencia para evaluar los avances en este ámbito.