El fraude en los programas de subvenciones públicas desvía el dinero de los contribuyentes apartándholo de los servicios esenciales y reduce los beneficios para los beneficiarios bien intencionados. Cuando los beneficiarios individuales, los proveedores privados o los funcionarios públicos cometen fraudes en los programas de subvenciones, no solo socavan la integridad del programa en sí, sino que también se corre el riesgo de erosionar la confianza en las administraciones públicas. A raíz de la pandemia de COVID-19, marcada por un alto volumen de gasto acelerado, los riesgos de fraude se han convertido en una preocupación apremiante para los gobiernos de todo el mundo.
En este entorno, los organismos públicos de control y auditoría desempeñan un papel fundamental para garantizar que el dinero se gasta bien y que las vulnerabilidades se detectan y abordan rápidamente. En España, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) está a la vanguardia de los esfuerzos para prevenir y detectar el fraude. Su mandato de supervisión se centra en áreas de alto riesgo en las que el fraude suele emboscarse, como en el caso de este informe, en la concesión de subvenciones públicas.
Adoptar un enfoque basado en el riesgo es fundamental para canalizar unos recursos limitados. Con este fin, los organismos de control modernos, como la IGAE, dependen cada vez más de los datos y la analítica como herramientas fundamentales para evaluar los riesgos. Al aprovechar los datos y el análisis para mejorar los procesos de control y auditoría, la IGAE estará mejor dotada para identificar los riesgos y dirigir sus recursos donde tengan mayor impacto. Este informe refleja la iniciativa y el compromiso de la IGAE para aprovechar enfoques de vanguardia, incluidas metodologías punteras en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
El presente documento fue revisado por el Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Integridad Pública (SPIO) de la OCDE en 1 de noviembre de 2021 y desclasificado por el Comité de Gobernanza Pública en 23 de noviembre de 2021. Fue elaborado para que lo publicara la Secretaría de la OCDE. El proyecto fue cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales (REFORM/IM2020/006). Esta publicación se hizo con la ayuda financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en el presente documento no pueden en modo alguno tomarse como un reflejo de la opinión oficial de la Unión Europea.