Este documento ofrece una visión general de la organización de los servicios sociales en los países de la Unión Europea. Con especial atención a España y a los países con organización federal o semifederal, el documento comienza analizando los servicios sociales desde una perspectiva jurídica. Ofrece una perspectiva comparada de varios aspectos concretos de los servicios sociales: fuentes de financiación (nacionales, regionales, locales, etc.), organización de la prestación de servicios, gastos, recursos humanos, gobernanza y coordinación entre instituciones. El análisis concluye que, a pesar de las diferencias entre países, no existe ningún vínculo entre la existencia de una legislación nacional integral de servicios sociales y la amplitud de la oferta de servicios sociales. Las principales diferencias entre los países se refieren a los servicios familiares y los servicios de vivienda ya que ciertos países consideran la vivienda como un derecho. Existen grandes diferencias en la contribución de las administraciones centrales, regionales y locales al gasto social. Gastar más en servicios no implica necesariamente gastar menos en transferencias monetarias. De hecho, parece que los países nórdicos, que gastan más en servicios en proporción a su PIB, también gastan más en transferencias monetarias. Por último, el documento subraya el importante papel de la tecnología de la información y de los mecanismos de coordinación horizontal y vertical para mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios.