Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024

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En 2022, el 36.3% de la población de 16 países de ALC confiaba en el gobierno nacional, un porcentaje inferior al de la OCDE y otras regiones del mundo. Aunque las democracias de la región se han consolidado, la confianza ha seguido disminuyendo desde la crisis económica de 2008, cuando era del 43%.

Los procesos de participación y representación están en el corazón de la democracia. Muchos países de ALC han estado a la vanguardia de mecanismos innovadores de participación que ahora deben ampliarse a diferentes grupos de población. En ALC, 15 países tienen estrategias de gobierno abierto para mejorar la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas y 14 tienen estrategias dirigidas a los jóvenes; solo 8 tienen estrategias para involucrar a las personas social o económicamente marginadas. Diez países disponen de al menos una plataforma digital para mejorar la participación en las consultas públicas.

La representación igualitaria de mujeres y hombres en el legislativo es un indicador clave del progreso hacia la igualdad de género y la diversidad. La representación femenina en política ha mejorado desde 2019. Sin embargo, en 2023 las mujeres ocupan menos de un tercio de los escaños en las cámaras bajas o únicas del poder legislativo en los países de ALC, en línea con los países de la OCDE.

Los gobiernos pueden utilizar muchas herramientas de gestión pública para ayudar a hacer frente a la crisis climática y alcanzar objetivos medioambientales. Un ejemplo es la contratación pública, que puede orientarse a promover la sostenibilidad, la responsabilidad medioambiental y la compra de productos y servicios que sean menos perjudiciales para el medio ambiente. En América Latina, sólo 9 de los 19 países encuestados cuentan con estrategias a nivel central de gobierno sobre contratación pública verde. En cambio, los 32 países de la OCDE encuestados cuentan con un marco de contratación pública verde.

Los países de la región de ALC necesitan acelerar la implementación de sus regulaciones sobre cabildeo, financiamiento político y conflicto de intereses, un desafío también para los países de la OCDE. Aunque el 93% de los países de ALC cuentan con normativas sobre conflicto de intereses, sólo un tercio las aplican en la práctica.