Las políticas macroeconómicas consiguen el equilibrio adecuado. Se espera que la política fiscal sea moderadamente contractiva para reducir el déficit fiscal estructural al 1% del PIB para 2022, en línea con la regla fiscal. Se consigue así un equilibrio adecuado entre la satisfacción de las necesidades sociales, el apoyo a una recuperación gradual, la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda y la dotación de un margen suficiente para hacer frente a futuros shocks. La política monetaria sigue siendo moderadamente acomodaticia, ya que la inflación se encuentra cerca de la meta y las expectativas de inflación están ancladas.

El efecto colateral de la volatilidad financiera que experimentan algunos mercados emergentes es un riesgo a la baja clave para las perspectivas. La volatilidad internacional provocada por tensiones comerciales y políticas podrían impactar el crecimiento. Precios más fuertes (débiles) del petróleo o del carbón podría impulsar (debilitar) la inversión. El sector del turismo puede dar lugar a sorpresas positivas.

La dependencia de unos ingresos volátiles y la exposición a los shocks financieros mundiales requiere que la deuda siga una trayectoria decreciente en relación con el PIB. Se espera que los planes fiscales actuales logren este objetivo, pero la trayectoria de la deuda es muy sensible a las tasas de interés, al crecimiento, el tipo de cambio y el precio del petróleo. Las necesidades de gasto, como es el caso de las relacionadas con las deficiencias de infraestructuras, los programas sociales o el proceso de paz, son elevadas. Es necesario adoptar aún más medidas para mejorar la eficiencia del gasto y la estructura tributaria del país.

La combinación de impuestos podría mejorarse aún más (Gráfico A) ampliando la base de los impuestos personales y del IVA, reduciendo la tasa del impuesto sobre sociedades y eliminando sus numerosas exenciones tributarias. Podrían obtenerse más ingresos de los impuestos ambientales y de la mejora de la administración tributaria a fin de reducir la evasión fiscal.

Los programas sociales y las exenciones tributarias que benefician a los hogares y a las empresas contribuyen poco a impulsar la equidad o la productividad. Un análisis del gasto ayudaría a identificar los programas con falta de rentabilidad en términos de impacto sobre la equidad o la productividad, de manera que puedan reformarse o eliminarse gradualmente.

El crecimiento potencial ha disminuido de forma considerable en los últimos diez años, lo cual indica que los motores tradicionales del crecimiento, esto es, las industrias extractivas intensivas en capital y los favorables términos de intercambio, han alcanzado sus límites. Continuar mejorando los niveles de vida dependerá del aumento de la productividad, lo que a su vez exige una mejora de la regulación empresarial, un aumento de la competencia y una mayor apertura comercial.

La productividad laboral es baja, incluso en comparación con otros países de América Latina (Gráfico B). La productividad se ve obstaculizada por la falta de competencia en sectores clave, como el transporte o las telecomunicaciones. El marco de competencia ha mejorado, pero se vería reforzado si se aplicaran sanciones más severas y disuasorias contra las conductas anticompetitivas. Ampliar el alcance de las evaluaciones de impacto de las regulaciones y hacer un mayor uso de las ventanillas únicas reduciría la elevada carga regulatoria.

La apertura comercial es baja. A pesar de los esfuerzos adoptados parar promover la integración comercial a través de los acuerdos comerciales, las exportaciones siguen siendo bajas y gran parte de la economía está blindada frente a la competencia internacional. El uso de las barreras no arancelarias ha aumentado. Los aranceles han bajado pero siguen siendo más elevados que en los países de la región. Existe margen para diversificar las exportaciones y convertir el comercio en una fuente de crecimiento y de productividad aumentando la competencia.

Los costos de exportación son elevados debido a la deficiencia de las infraestructuras y a la debilidad logística. Se están consiguiendo avances importantes en la mejora de las carreteras primarias a través de la iniciativa 4G. Sin embargo, el déficit de infraestructuras sigue siendo significativo. Una mejora de la logística aduanera y portuaria mejoraría la competitividad. También es prioritario eliminar el programa de chatarrización de vehículos pesados y mejorar la reglamentación del transporte de mercancías.

Los resultados en innovación se ven lastrados por la escasa inversión en I+D y la complejidad de los programas de ayudas. Si bien se ha asignado financiación adicional, gran parte de ella no se ha utilizado debido a la deficiente gobernanza. Es necesario simplificar el sistema de innovación y reducir la fragmentación de los programas de ayudas. Asimismo, la digitalización –potenciando una mayor adopción y uso de las TIC– también impulsaría la competitividad de las empresas y la conectividad de las regiones.

El acceso a la financiación ha mejorado, pero los mercados financieros están menos desarrollados que en otros países de la región. El crédito doméstico al sector privado ha aumentado, pero los márgenes sobre las tasas de interés son elevados. La introducción de una mayor competencia en el sector bancario, la eliminación gradual del impuesto a las transacciones financieras y la reducción de los requisitos regulatorios para que los bancos tengan que invertir en determinados instrumentos contribuirían a reducir el costo de la financiación bancaria.

La informalidad ha ido disminuyendo pero sigue siendo elevada (Gráfico C). Son necesarias acciones en diversos ámbitos de políticas, incluida la reducción de los costos laborales no salariales, que siguen siendo uno de los más elevados de América Latina. La reducción de los costos de registro de empresas y la simplificación del alta de los trabajadores en la seguridad social facilitarían la formalización de empresas y puestos de trabajo. Asimismo, la revisión del salario mínimo para lograr un nivel más favorable al empleo, y la mejora de la calidad y relevancia de la educación y la capacitación también deberían formar parte de la estrategia.

El acceso a una educación y capacitación de alto nivel es una herramienta clave para aumentar el acceso a empleos de alta calidad. Si bien Colombia ha conseguido grandes avances en materia de educación, todavía queda un largo camino por recorrer para mejorar el acceso y la calidad, y para reducir las tasas de abandono escolar, sobre todo en las zonas rurales.

Es necesario garantizar que las escuelas impartan una educación de alta calidad a los más necesitados. El gobierno debe dar prioridad al aumento de la cobertura y la calidad de la educación de primera infancia para mejorar el rendimiento de los alumnos y reducir las brechas en los logros escolares. Es necesario mejorar la calidad de la educación básica, especialmente en las zonas rurales. La mejora de las condiciones laborales para docentes y de las oportunidades profesionales en las escuelas rurales y la provisión de una formación inicial de alta calidad para docentes es esencial para atraer a un profesorado de alto nivel a las zonas rurales.

La mejora del sistema de educación vocacional y capacitación puede impulsar las competencias y la inclusión. El fortalecimiento de la gobernanza del sistema de educación vocacional y capacitación aumentaría su calidad y pertinencia. Para ello, sería necesario reducir la fragmentación y desarrollar un único marco institucional con un conjunto coherente y transparente de objetivos. Asimismo, debe ser prioritario fortalecer el sistema de acreditación y aseguramiento de calidad y aplicar el marco nacional de cualificaciones.

A pesar de los avances conseguidos, la brecha de género en el trabajo y la educación sigue siendo considerable. Las medidas destinadas a reforzar las licencias de maternidad y paternidad, los acuerdos laborales flexibles y la mejora del acceso a los servicios de cuidado infantil, sobre todo en las zonas rurales, ayudarían a las mujeres a acceder a puestos de trabajo de alta calidad.

La política social no está bien focalizada (Gráfico D). Las transferencias monetarias a la población más desfavorecida son escasas y una gran parte de los subsidios –como los relacionados con las pensiones y la vivienda– van a parar a la población más rica. La cobertura en las zonas rurales es baja. Se podría lograr una mayor equidad reasignando una mayor parte del gasto –por ejemplo, aumentando las transferencias monetarias– hacia las poblaciones vulnerables, enfocándose en las zonas rurales y las minorías étnicas. Asimismo, concentrar los recursos públicos en un reducido número de programas evaluados positivamente también ayudaría.

La reforma del sistema de pensiones es urgente para reducir la pobreza en la tercera edad y garantizar la sostenibilidad del sistema. Incrementar la ya baja edad de jubilación, especialmente en el caso de las mujeres, y vincularla al aumento de la esperanza de vida, fomentaría la sostenibilidad. Se debe aumentar la cobertura y el nivel de las prestaciones del programa Colombia Mayor, el componente no contributivo del sistema. Aumentar el número de años de ingresos que se tienen en cuenta al calcular las pensiones contribuiría a financiar medidas de apoyo a la ingresos en la vejez.