La regla fiscal se suspendió acertadamente durante 2020 y 2021 para proporcionar ayudas fiscales excepcionales a la economía y, en particular, a los hogares más vulnerables. La deuda pública ha aumentado en 13.5 puntos porcentuales del PIB y los costos de financiamiento también se han incrementado. La reciente reforma tributaria allanará el camino para llevar a cabo un ajuste fiscal gradual, si bien una parte del ajuste previsto para los próximos dos años aún no se ha implantado (Gráfico 2). Según los planes actuales, se prevé que la deuda se estabilice en torno al 59% del PIB durante los próximos diez años, 8.5 puntos porcentuales por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Esta evolución implica un descenso de los colchones fiscales y deja menos margen para reaccionar ante posibles acontecimientos adversos que se produzcan en el futuro.

Los ingresos fiscales, que se sitúan tan solo en el 20% del PIB, no son suficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales y preservar la necesaria inversión pública en infraestructuras, educación y salud. Tan solo el 5% de los colombianos paga el impuesto a la renta de las personas, lo cual constituye la principal explicación de esta baja recaudación tributaria (Gráfico 3), al tiempo que los gastos tributarios y la evasión reducen los ingresos en todos los ámbitos fiscales. Los elevados impuestos a las sociedades reducen los incentivos a la inversión, sobre todo porque el sector empresarial financiará una parte importante del ajuste fiscal previsto. Sin embargo, la economía política de las reformas tributarias es compleja, visto que las protestas sociales de mayo de 2021 se opusieron ampliamente a planes anteriores de aumentar los impuestos a la renta y al consumo.

De cara al futuro, las prestaciones sociales reforzadas continuarán en 2022 y seguirán respaldando el consumo privado (Tabla 1). La inversión en infraestructuras está impulsando la inversión, mientras que la fortaleza de los precios de las materias primas y la mejora de las perspectivas de los principales socios comerciales respaldan las exportaciones. La inflación ha aumentado últimamente, aunque las expectativas de inflación siguen bien ancladas. El Banco Central deberá continuar la retirada gradual del apoyo monetario en la medida en que se intensifiquen las presiones inflacionistas.

Sin embargo, a más largo plazo, tanto el crecimiento como la inclusión social se ven atrapados por políticas estructurales que dificultan el crecimiento y el aumento de la productividad en las empresas, al tiempo que impiden que más de la mitad de la población activa acceda a empleos formales y a la protección social. El crecimiento de la productividad ha sido débil durante dos décadas, incluso en relación con sus homólogos regionales, y la inversión ha disminuido. A menos que se aumenten ambos elementos, el crecimiento potencial será menor que en décadas pasadas, ya que el apoyo de los precios de las materias primas y de la demografía está desapareciendo.

La presión competitiva es baja y cada vez menor en varios sectores, lo cual explica en parte la débil productividad. Las regulaciones dificultan la entrada al mercado de empresas nuevas, mientras que la informalidad de las empresas y del empleo generan un terreno de juego desigual e incentivan que las empresas sigan siendo pequeñas. Además de estos factores internos, las barreras arancelarias y no arancelarias, así como la elevada dispersión de los aranceles y el aumento de las tasas máximas, obstaculizan una mayor participación en el comercio internacional y en los flujos de inversión. Las exportaciones se siguen concentrando en un reducido número de sectores de materias primas y de socios comerciales.

Colombia tiene uno de los niveles de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad del mercado laboral más elevados de América Latina. A pesar de una respuesta contundente a la crisis del Covid-19, las prestaciones sociales apenas contribuyen a paliar las desigualdades, y la mayor parte del gasto social no se destina a los más desfavorecidos, sobre todo en el caso de las pensiones.

Más del 60 % de los trabajadores tienen empleos informales y no tienen acceso a prestaciones de la seguridad social, salvo a la atención sanitaria. Un factor clave de la informalidad laboral son los elevados costos no salariales que financian las prestaciones de la seguridad social del sector formal y el elevado salario mínimo, cuyo nivel se acerca al del salario mediano. Esta situación implica que los empleos formales supongan un elevado costo y promueve un círculo vicioso que perpetúa la informalidad y la exclusión.

Desvincular el acceso a la protección social del estatus del trabajador en el mercado laboral es el principal reto para romper la actual dualidad de ingresos y de calidad del empleo. Debería ponerse a disposición de todos los colombianos un nivel básico y universal de protección social mediante la fusión de los regímenes paralelos de transferencias monetarias, pensiones y salud, en combinación con un conjunto más amplio de prestaciones para aquellos que puedan aportar más. Estas reformas requerirán que gran parte del financiamiento de la protección social se desplace gradualmente de las cotizaciones laborales a los recursos de tributación general.

Una mayor igualdad de oportunidades educativas también es clave para aumentar la formalidad y mejorar la movilidad intergeneracional, que es especialmente baja en Colombia (Gráfico 4). Tras haber registrado uno de los cierres de escuelas más prolongados de la región y de la OCDE, es probable que se amplíen aún más las graves desigualdades educativas que existían antes de la pandemia. En el caso de los alumnos de hogares vulnerables, las aulas virtuales apenas compensaron la ausencia de clases físicas, debido a las fuertes diferencias existentes en materia de digitalización. Las tasas de abandono escolar en la educación secundaria, que suelen concentrarse en alumnos procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, han aumentado en 2020, y es probable que se sigan incrementando. La educación de primera infancia es clave porque es cuando se adquieren muchas de las competencias básicas que contribuyen al éxito del aprendizaje posterior, pero solo el 50 % de los niños de entre 3 y 5 años tienen acceso a la educación preescolar.

Colombia ha conseguido avances significativos a través de los recientes esfuerzos adoptados en la lucha contra la corrupción, pero la elevada percepción de la corrupción existente denota que quedan importantes desafíos por abordar en materia de gobernanza. Las mejoras en la gobernanza son fundamentales para aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la cual se sitúa en niveles bajos en Colombia (Gráfico 5).

A diferencia de muchos países de la OCDE, Colombia no cuenta con una ley específica de protección de denunciantes en posibles casos de corrupción. Los ámbitos de alto riesgo de corrupción más habituales incluyen los proyectos de infraestructuras y de contratación pública. La reciente creación de un organismo centralizado de compras públicas puede reducir el alcance de las conductas ilícitas, si bien las compras directas siguen representando cerca del 70 % del total de las operaciones de contratación pública. La transparencia de las interacciones entre los grupos de interés y los responsables políticos no está regulada por la ley.

En Colombia, las campañas políticas dependen en gran medida del financiamiento privado debido al limitado alcance del financiamiento público de las campañas. Este escenario genera unos fuertes incentivos para que los candidatos prometan favores postelectorales y puede afectar a la eficiencia del gasto.

Las emisiones de gases de efecto invernadero son relativamente bajas en términos per cápita, pero se ha producido una tendencia al alza en la última década. Alcanzar los objetivos en materia de emisiones dependerá sobre todo de los avances que se consigan en la lucha contra la deforestación, dado que es una fuente principal de emisiones.

Colombia se ha comprometido a reducir a cero la deforestación neta hasta 2030. Sin embargo, la deforestación ha aumentado en los últimos años y, en concreto, hasta un 8 % en 2020. Los notables esfuerzos institucionales adoptados para frenar la deforestación han incluido la implantación de un sistema de detección temprana por satélite, si bien los limitados recursos disponibles para su aplicación legal solo permiten el seguimiento de una pequeña parte de los casos que se detectan.

La adopción de mayores incentivos hacia el uso de fuentes de energía no fosiles podría reducir las emisiones. El impuesto sobre el carbono introducido recientemente se sitúa en un nivel comparativamente bajo y solo cubre el 25 % de las emisiones nacionales. Los ingresos que recauda apenas superan el gasto en subvenciones a los combustibles fósiles, las cuales podrían ser descontinuadas. Un 70 % de la capacidad de generación de electricidad procede de fuentes renovables, lo que convierte a Colombia en uno de los países pioneros en este ámbito.