El repunte económico que se produjo en la región en 2021 tras los impactos del COVID-19 se ha ralentizado. Esta situación refleja un bajo crecimiento potencial y una serie de retos de carácter estructural. Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania y la desaceleración económica de China corroboran que ALC está profundamente vinculada a un contexto internacional cada vez más complejo. La inflación, la incertidumbre y las perturbaciones en el comercio con socios económicos clave están afectando a las economías de la región. El reducido margen de maniobra de las políticas macroeconómicas “tanto monetarias como fiscales” dificulta la capacidad de las economías de ALC para responder a este contexto desafiante y a los retos ambientales, mientras se busca impulsar una recuperación económica y proteger a los grupos más afectados. Se estima que, a finales de 2022, el 33.7% de la población de ALC estará en situación de pobreza y el 14.9% en situación de pobreza extrema. En parte esto se debe a que el aumento de los precios tiene un impacto más profundo en la población más vulnerable. En los primeros cinco meses de 2022, las tasas de inflación padecidas por las personas en situación de pobreza extrema en algunos países de la región eran 3.6 puntos porcentuales más altas que la inflación general. La política fiscal debe promover el crecimiento y la inclusión social, sobre la base de los pilares estratégicos de la sostenibilidad medioambiental y fiscal, la descarbonización y la resiliencia.

ALC es una de las regiones más vulnerables al cambio climático; 13 de los 50 países identificados como los más afectados por la emergencia climática se encuentran en la región, de ahí la urgente necesidad de una transición verde y justa. Este alto riesgo es desproporcionado, considerando que ALC es responsable del 8.1% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual es proporcional a su cuota de la población mundial (8.4%) y ligeramente superior a su participación en el producto interno bruto (PIB) global (6.4%). Si se aplican con carácter sistémico, las políticas activas de mitigación y adaptación pueden disminuir las consecuencias desmesuradas del cambio climático en las desigualdades entre países, grupos socioeconómicos, territorios, generaciones y géneros. Una transición verde y justa debe ir más allá de la lucha contra el cambio climático y priorizar el bienestar de los ciudadanos.

La transformación de la matriz energética es clave para promover un mayor bienestar de los ciudadanos y fomentar sociedades más resilientes en ALC. La región está dotada de un gran potencial de recursos energéticos renovables. Las energías renovables representan el 33% del suministro total de energía de la región, frente a solo el 13% a nivel mundial. La inversión en tecnologías renovables puede reducir significativamente las emisiones de GEI, logrando, al mismo tiempo, un suministro de energía a menor costo y, en el caso de algunos países de ALC, una menor dependencia de productos importados derivados de combustibles fósiles. El éxito de la transición hacia cero emisiones netas estará supeditado a una descarbonización sistémica a través de la electrificación de los diferentes sectores económicos. Paralelamente, las inversiones en hidrógeno verde y otros combustibles alternativos bajos en emisiones de carbono, tales como los biocombustibles sustentables, jugarán un papel fundamental en la descarbonización de aquellos sectores donde esta tarea presenta mayor dificultad. Un total de 17 millones de personas todavía no tienen acceso a la electricidad, en particular en zonas rurales. Garantizar el acceso universal a la electricidad es un aspecto primordial de una transición verde y justa, ya que puede ayudar a subsanar las desigualdades en el acceso a los servicios públicos básicos y estimular el crecimiento económico local. Las políticas industriales, circulares y azules deben ser también piezas centrales de la transformación productiva sostenible de ALC. El avance de la transición verde podría suponer un aumento neto del empleo del 10.5% en la región de aquí a 2030. Para ello, es preciso asegurar más inversiones públicas y privadas que permitan elevar en 3 puntos porcentuales el valor agregado de los sectores verdes. La transición hacia nuevos empleos verdes en actividades no contaminantes implica el desarrollo de políticas activas en el mercado laboral, así como de políticas sociales debidamente orientadas a apoyar a los trabajadores y a los hogares que se vean afectados negativamente durante la transición.

La región de ALC necesita movilizar importantes recursos para financiar la transición verde. Un escenario de calentamiento global de 2.5°C podría costar a la región entre el 1.5% y el 5.0% de su PIB de aquí a 2050. Dado que el costo de la inacción es elevado, los gobiernos tendrán que retirar gradualmente los subsidios y aprovechar el potencial de los impuestos relacionados con el medioambiente, a la vez que potencian el uso de nuevos instrumentos financieros, como los canjes de deuda por naturaleza, las cláusulas sobre desastres naturales, los bonos para catástrofes y los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a criterios de sostenibilidad (GSSS, por sus siglas en inglés). Entre 2014 y 2021, la emisión de bonos GSSS por parte de ALC en los mercados internacionales alcanzó un importe acumulado de 73 000 millones de dólares; de esa cifra, los bonos verdes por sí solos alcanzaron los 31 000 millones de dólares. Del importe total de GSSS emitidos, el 42% procedió del sector corporativo, el 37% de emisores soberanos, el 12% de emisores cuasi soberanos y el 5% de emisores supranacionales. Promover el papel activo de las instituciones financieras de desarrollo de ámbito subnacional, nacional e internacional puede contribuir a lograr la financiación verde necesaria, al movilizar y catalizar inversiones esenciales para transformar la economía hacia un modelo con bajas emisiones de carbono. En el contexto de ALC, facilitar la participación del sector privado es fundamental. Por último, también es crucial mejorar y desarrollar herramientas regulatorias, tales como normas y taxonomías de sostenibilidad o de bonos verdes.

Para que la transición verde sea viable en el tiempo, los gobiernos de ALC deben garantizar procesos participativos e inclusivos. La multiplicidad de actores, sectores y colectivos afectados por la agenda verde requiere una plataforma compartida para la negociación y la búsqueda de consenso. La agenda verde puede ser el elemento aglutinador de un nuevo contrato social sostenible para la región, puesto que el 68% de los ciudadanos de ALC reconoce que el cambio climático constituye una amenaza muy grave para su país de cara a los próximos 20 años, un porcentaje más alto que en otras regiones. Las instituciones públicas tendrán que trabajar estratégicamente para encontrar un equilibrio entre objetivos económicos, sociales y medioambientales; promover el avance hacia las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional; y garantizar una aplicación coherente y progresiva de estrategias con un horizonte temporal de largo alcance, como las definidas en los Planes Nacionales de Desarrollo. El involucramiento activo del sector privado, el mundo académico, la sociedad civil y las comunidades locales en todos los aspectos del ciclo de las políticas públicas es indispensable para tener en cuenta sus voces y desarrollar políticas participativas y transparentes.

El proceso de transición verde y el logro de los objetivos de desarrollo con bajas emisiones de carbono conllevan una serie de retos que no pueden resolverse en el ámbito nacional exclusivamente. Para garantizar la aplicación exitosa de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático se requiere de la cooperación regional e internacional, así como de una agenda verde más amplia. La riqueza de recursos naturales y el hecho de albergar el 50% de la biodiversidad mundial hacen que muchos países de ALC puedan ser actores principales en las negociaciones internacionales sobre el clima. A la hora de adoptar un modelo de desarrollo sostenible, los gobiernos de ALC se beneficiarán de lograr un fuerte poder de convocatoria y de forjar una voz única en las agendas medioambientales multilaterales. Esto contribuirá a dar mayor visibilidad a las particularidades de la región y, al mismo tiempo, a alinear mejor las políticas nacionales con los objetivos medioambientales establecidos a nivel internacional. Los gobiernos de ALC también deberán considerar cómo afectarán al comercio las políticas verdes adoptadas por terceros países. La cooperación con actores internacionales, incluyendo instituciones privadas y multilaterales, será clave para sacar provecho de las recientes normas y reglamentaciones verdes internacionales.