Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia no tienen precedentes en la región. Pese a existir una gran heterogeneidad entre países, todos ellos están siendo golpeados. En promedio, el crecimiento del PIB se contraerá entre 7% y 9% en 2020, y las tasas de pobreza podrían aumentar 4.4 puntos porcentuales en 2020. El impacto social por la pandemia está siendo particularmente difícil para el 40% de los trabajadores que no tienen acceso a ninguna forma de ayuda ni mecanismo de protección social, pero también para las micro y pequeñas empresas, que carecen de capacidad para amortiguar el golpe. Podrían cerrar 2.7 millones de empresas, en su mayoría microempresas, lo que supondría la pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo.

Coordinar una respuesta global para hacer frente a los efectos de la crisis en América Latina y el Caribe sigue siendo crucial. La región ha adoptado políticas expansivas para proteger a los más vulnerables y preservar las capacidades humanas y productivas. No obstante, las intervenciones se encuentran limitadas por un estrecho margen fiscal y aquellas que se circunscriben exclusivamente al ámbito nacional no bastan. De hecho, se necesitan medidas excepcionales y debidamente coordinadas, de alcance global, para reconstruir la economía y promover la inclusión. En el plano fiscal, este tipo de medidas precisan de una serie de intervenciones, incluyendo la gestión de la deuda pública y la mejora de la transparencia fiscal. El refuerzo de los diálogos en materia de políticas y el intercambio de conocimientos sobre múltiples dimensiones que inciden en el desarrollo inclusivo y sostenible revisten más importancia que nunca.

Esta secuencia de actuaciones políticas resulta fundamental para lograr una recuperación más sólida y promover el bienestar. A corto plazo, a medida que se eliminen gradualmente las medidas de confinamiento, será fundamental un apoyo económico continuo para estimular el consumo y fortalecer la inclusión, así como iniciativas de inversión para promover la actividad económica. En el mediano plazo, las repercusiones de la crisis deben transformarse en una oportunidad para redefinir el pacto social, convirtiendo el bienestar en un elemento central, dando prioridad a sistemas de protección social más fuertes, unas finanzas públicas más sólidas e inclusivas, así como la necesidad de poner en marcha estrategias productivas inclusivas y sostenibles. Las repercusiones en la economía brindan también una oportunidad para conseguir una recuperación verde.

La transformación digital brinda nuevas oportunidades para que la región enfrente la crisis actual y supere sus consecuencias a largo plazo. Las tecnologías digitales han permitido que parte de la población y de las empresas siguiese trabajando o estudiando mientras cumplía las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, pese al progreso registrado en la última década, persisten las brechas digitales entre hogares, trabajadores y empresas, de modo que los segmentos más vulnerables se quedan especialmente atrás.

En el futuro, las tecnologías digitales pueden contribuir de manera importante a la recuperación de la región, dando respuesta a sus retos persistentes. Con las políticas adecuadas, las nuevas tecnologías pueden contribuir a la mejora de la calidad del empleo y las competencias, y a la creación de nuevos puestos de trabajo en el mercado formal. Asimismo, las nuevas herramientas digitales pueden resultar decisivas para mejorar las instituciones públicas; si estas adoptan apropiadamente las nuevas tecnologías, podrían ser una fuente de productividad y mayor competitividad. Será fundamental garantizar la existencia de las condiciones subyacentes adecuadas en cuanto a acceso y uso de Internet, así como competencias básicas y digitales para todos, junto con una estrategia digital clara que esté en consonancia con los planes nacionales de desarrollo (PND).

Los países de América Latina y el Caribe se han caracterizado por una brecha de productividad elevada y creciente en comparación con las economías desarrolladas. La revolución digital debería ser la fuerza que impulse el aumento de la productividad, en especial en el caso de las micro y pequeñas empresas que se están quedando rezagadas. Estas herramientas digitales están desencadenando innovaciones en los modelos de negocio y los sistemas de producción, la reorganización de los sectores económicos, nuevas dinámicas en el mundo del trabajo, la oferta de bienes y servicios inteligentes y nuevas condiciones de competitividad. Para sacar provecho de la revolución digital, son necesarias dimensiones indispensables y complementarias, como un ecosistema digital integral, infraestructuras adecuadas, entre ellas, la infraestructura de transporte, y competencias digitales generalizadas.

La transformación digital influye en la calidad de vida, los mercados de trabajo y la educación. Debido a las medidas de confinamiento de la población, ha quedado patente que muchas actividades pueden realizarse por medios remotos aunque, pese a las considerables mejoras registradas en los últimos años, siguen existiendo carencias entre diferentes grupos socioeconómicos en materia de competencias y también disparidades en cuanto a acceso y uso. En el contexto de la pandemia, estas disparidades pueden aumentar, lo que acaba creando ganadores y perdedores. Por ejemplo, menos de la mitad de los latinoamericanos tenían suficiente experiencia en el uso de computadoras y herramientas digitales para tareas profesionales básicas, por lo que en realidad más de la mitad de la población de la región quedó excluida de las actividades a distancia.

En el mercado laboral, las nuevas tecnologías brindan oportunidades, pero también presentan desafíos. Dos de cada diez puestos de trabajo corren un alto riesgo de automatización en varios países de América Latina, mientras que otros cuatro podrían experimentar cambios importantes en las tareas que comportan. Pero también están surgiendo nuevas oportunidades laborales. En el caso de los trabajadores de las industrias en declive, son fundamentales las políticas de apoyo en la transición hacia nuevas oportunidades de trabajo.

Todos los segmentos de la población, y especialmente las mujeres, deben adquirir competencias digitales a una edad temprana y a lo largo de toda la vida. Entre los trabajadores con menores competencias, la proporción de mujeres sin experiencia informática es mayor que la de hombres. No basta con dotar a estudiantes y centros educativos desfavorecidos de un mayor acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pues también se necesitan programas que permitan a estudiantes y docentes adquirir las competencias adecuadas.

Las actuaciones en materia de políticas deben contribuir a agilizar la transformación digital, garantizando que favorezca la cohesión social y se transforme en un factor de impulso de un mayor bienestar.

Las tecnologías digitales pueden ayudar a restaurar la confianza en las instituciones públicas, al hacer que sean más creíbles, eficientes, inclusivas e innovadoras. Los ciudadanos confiarán más en los organismos públicos si estos adoptan políticas de gobierno abierto que promuevan una cultura de transparencia, acceso a la información y control sobre el uso de los fondos públicos por parte de la ciudadanía. Las instituciones pueden aumentar su eficiencia simplificando sistemas burocráticos complejos. La transformación digital de los gobiernos puede favorecer la consecución de servicios públicos más inclusivos, especialmente pertinentes en el contexto del Covid-19, mediante políticas de datos abiertos y servicios de educación o salud por medios electrónicos, además de facilitar la interacción con grupos de interés y la participación ciudadana en la toma de decisiones. La transformación digital será útil para llegar a los segmentos más desfavorecidos de la sociedad. Por último, las herramientas digitales pueden ayudar a las administraciones a usar nuevas fuentes de datos y ser más innovadoras en la forma de abordar las políticas públicas, lo cual mejorará en último término los procesos de formulación de políticas.

En América Latina y el Caribe, los ámbitos de política relacionados con el acceso y uso de tecnologías digitales, infraestructura de comunicaciones y futuro del trabajo se encuentran actualmente más integrados en los planes nacionales de desarrollo que ningún otro campo. La transformación digital abarca una serie de políticas públicas que deben incluirse en los planes nacionales de desarrollo mediante un planteamiento coordinado, con una vinculación directa a agendas digitales. Por último, las nuevas herramientas digitales pueden contribuir a optimizar la formulación, adopción y seguimiento de estas estrategias de desarrollo.

Puesto que la transformación digital plantea desafíos y oportunidades que transcienden las fronteras nacionales, más aún desde el inicio de la crisis del Covid-19, resulta fundamental que América Latina y el Caribe coordine sus políticas digitales en el plano internacional. La región puede verse favorecida por alianzas internacionales e innovadoras, si estas promueven y facilitan procesos auspiciados en el ámbito nacional y sitúan a los países en pie de igualdad para intercambiar conocimientos sobre políticas de inclusión digital que garanticen competencias digitales para todos. También deberían aprovechar las capacidades existentes y crear otras nuevas que estimulen reformas nacionales e internacionales.

La creación de un mercado digital regional podría ayudar a América Latina y el Caribe a sacar provecho a su potencial digital. Los países de la región han de seguir integrando iniciativas de cooperación regional como eLAC e intercambiar experiencias con otras regiones. América Latina y el Caribe está aprendiendo de las experiencias de otras regiones, en particular del Mercado Único Digital de la UE, cuyo objetivo es incluir a los ciudadanos y sus derechos en la era digital, y reforzar las actividades empresariales.

La cooperación multilateral jamás había sido tan importante. Por ejemplo, las dificultades que plantea la digitalización de la economía en materia fiscal exigen la coordinación internacional de los diferentes países. Así, América Latina y el Caribe puede beneficiarse en gran medida de una mayor cooperación en esta materia, tanto dentro de la propia región como con otras jurisdicciones. La región deberá desempeñar un papel activo en el debate internacional, en pie de igualdad, para alcanzar un consenso y también soluciones mediante una cooperación multilateral eficaz respecto a los temas relacionados con la tributación de la digitalización de la economía.