Esta introducción presenta una visión general de los desafíos a los que se enfrentan las democracias con respecto a la propagación de información errónea y la desinformación. Destaca la necesidad de que las respuestas gubernamentales se centren en promover la integridad del espacio informativo, en lugar de enforcarse en los contenidos. Asimismo, establece un marco estratégico para promover fuentes de información transparentes, responsables y plurales; fortalecer la resiliencia social e involucrar a todos los actores de la sociedad. Por último, analiza cómo mejorar las medidas de gobernanza y la arquitectura institucional para responder a la necesidad de fortalecer la integridad de la información.
Hechos frente a falsedades: Fortaleciendo la democracia a través de la integridad de la información
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1. Introducción: Un marco de análisis para contrarrestar la desinformación y reforzar la integridad de la información
Abstract
1.1. Un entorno informativo en constante evolución
La democracia depende del libre flujo de la información, gracias al cual, el público puede tomar decisiones significativas, exigir responsabilidad política a los líderes y participar activamente en la vida ciudadana. El acceso a diversas fuentes de información, medios de comunicación plurales e independientes y a debates basados en hechos contribuyen a que la ciudadanía esté informada. La difusión de información falsa y engañosa, a menudo propagada deliberadamente por actores extranjeros y/o nacionales, genera confusión y polarización, sembrando desconfianza y socavando los procesos democráticos.
Está bien documentado que la propagación rápida y global de información errónea y de desinformación representa un riesgo fundamental para el intercambio de una información libre y basada en hechos, que sustenta el debate democrático (OECD, 2022[1]).1 Si bien la «información errónea» se puede definir como la información falsa o inexacta, que se difunde desconociendo su falsedad o inexactitud y sin la intención de engañar al público, y la «información maliciosa» se puede describir como información basada en hechos reales, pero que se difunde con el fin de causar daño, por ejemplo, moviendo información de la esfera privada a la pública, la «desinformación» se define por regla general como la información falsa, inexacta o engañosa creada, presentada y difundida deliberadamente para dañar a una persona, grupo social, organización o país (U.S. Department of State, 2023[2]) (Wardle and Derakshan, 2017[3]) (Lesher, Pawelec and Desai, 2022[4]); Las oleadas de contenidos falsos y engañosos pueden socavar la cohesión social, poner en duda la información objetiva y socavar la confianza en las instituciones públicas (OECD, 2021[5]).
La información errónea y la desinformación no son un fenómeno nuevo. La propaganda, las mentiras y las distorsiones de la información siempre han existido y seguirán existiendo en todas las sociedades, independientemente de la fuerza de sus democracias o entornos mediáticos. Del mismo modo, las personas continuarán exigiendo, interpretando, buscando y favoreciendo información que respalde sus puntos de vista y actitudes, especialmente, en relación con temas con gran contenido emocional, pudiendo así contribuir a la difusión de contenidos engañosos y falsos. (Westerwick, Johnson and Knobloch-Westerwick, 2017[6]; Gupta, Parra and Dennehy, 2021[7]; Zhao, Fu and Chen, 2020[8]).
Sin embargo, los avances en las tecnologías digitales y las nuevas formas de comunicación han cambiado la forma en que se produce, comparte y consume la información tanto a nivel local como global. Más recientemente, las nuevas herramientas de IA generativa han reducido en gran medida las barreras para crear y difundir contenido atractivo, al tiempo que dificultan cada vez más difícil distinguir entre lo que es auténtico y lo que ha sido manipulado. Este logro a escala global y esta capacidad sin precedentes para crear y difundir contenido ponen de relieve el desafío que representan la información errónea y la desinformación, con impactos potencialmente significativos en el ámbito de la cohesión social.
La información deliberadamente falsa y engañosa también plantea desafíos reales para la implementación de políticas, con graves consecuencias recientes en los ámbitos de la salud, la defensa, la seguridad nacional y las políticas climáticas. En este contexto, los gobiernos reconocen cada vez más su responsabilidad de promover la integridad de la información, en este caso, definida como entornos informativos, que favorezcan la disponibilidad de unas fuentes de información precisas, basadas en la evidencia y plurales, gracias a las cuales, los ciudadanos tienen acceso a una variedad de ideas, pudiendo así adoptar decisiones informadas y ejercer mejor sus derechos. Si bien esta definición se alinea con otras, incluida, en particular, la definición de integridad de la información en la Declaración Global sobre Integridad de la Información en Línea (Government of the Netherlands, 2023[9]), el enfoque relativamente reciente en la integridad de la información en el panorama de la comunicación moderna sugiere una oportunidad para continuar desarrollando este concepto en el futuro. Una comprensión más uniforme de lo que significa la integridad de la información también podría facilitar la medición y el desarrollo de políticas basadas en la evidencia.
Para avanzar en este ámbito de trabajo, los países de la OCDE se comprometieron en la Declaración Ministerial sobre la Construcción de la Confianza y el Refuerzo de la Democracia a abordar la información errónea y la desinformación, al tiempo que se protege la libertad de expresión. Cabe destacar que la Declaración también pedía fortalecer la representación, la participación y la apertura en la vida pública, asumir la responsabilidad global de los gobiernos y desarrollar la resiliencia a la influencia extranjera, preparar a los gobiernos para cumplir con los desafíos climáticos y otros desafíos ambientales, y transformar la gobernanza pública para la democracia digital (OECD, 2022[10]).
Además, 52 países (de los cuales 30 son miembros de la OCDE) se han unido en el Pacto por la Información y la Democracia. El Pacto es un acuerdo intergubernamental no vinculante firmado hasta la fecha por 52 países para promover e implementar principios democráticos en el espacio global de la información y la comunicación. Se firmó formalmente durante la 74.ª Asamblea General de la ONU en septiembre de 2019. En septiembre de 2023, los Gobiernos de Canadá y los Países Bajos lanzaron la Declaración Global sobre la Integridad de la Información en Línea. Firmada por 34 países, la Declaración establece los compromisos internacionales de los Estados para proteger y promover la integridad de la información en línea.
Existe un creciente reconocimiento del papel positivo, aunque no intrusivo, que los gobiernos pueden desempeñar en el fortalecimiento de la integridad de la información, además de mitigar la amenaza real que representa la desinformación. Al mismo tiempo, los gobiernos se encuentran en una posición compleja. Si bien se requieren medidas para contrarrestar las amenazas de la desinformación y fomentar la integridad de la información, esta acción no debe conducir a un mayor control de la información. Los gobiernos democráticos reconocen cada vez más el papel positivo que pueden y deben desempeñar para contribuir a promover la integridad de la información, esencial para el discurso democrático. La rapidez con que se difunde la información, incluso a escala global, en la actualidad, ponen de relieve la necesidad de que los gobiernos se centren en soluciones integrales y constructivas:
Comprendiendo cómo la evolución en la forma en que las personas obtienen y comparten información afecta al esfuerzo más amplio de reforzar la democracia;
Centrándose en crear las condiciones necesarias para fomentar la integridad de la información; y
Desarrollando un marco para promover la integridad de la información, incluso en los medios de comunicación y en las plataformas en línea, fomentando la resiliencia en toda la sociedad y estableciendo la arquitectura de gobernanza adecuada.
1.2. Los cambios en los espacios de la información afectan al compromiso democrático
Los avances en las tecnologías digitales y las nuevas formas de comunicación han cambiado la forma en que se produce, comparte y consume la información tanto a nivel local como global. Tradicionalmente, los medios de comunicación eran los principales canales que proporcionaban información a las personas y, como tales, participaban en ayudarles a entender su entorno, así como a formar sus opiniones, actitudes y comportamiento. Aunque siempre con una gobernanza imperfecta por naturaleza y necesitada de constantes mejoras, los periodistas y editores profesionales eran los principales guardianes de la información, guiados por mecanismos de gobernanza de larga duración y por códigos de ética continuamente actualizados, que orientaban sus profesiones, permitiendo así la independencia y la diversidad de los medios de comunicación. Hoy en día, ya no desempeñan un papel tan fundamental (Southwell, Thorson and Sheble, 2018[11]). Cualquier persona con conexión a Internet puede ser productor y distribuidor de contenido con un alcance masivo y sin ninguna responsabilidad de atenerse a la ética y a los estándares de la información. Además, la responsabilidad legal de las redes sociales, donde se difunde una parte significativa de estos contenidos, es compleja de diseñar y de hacer cumplir.
Estos avances tecnológicos han cambiado los enfoques de comunicación y distribución de «uno a muchos» (típicos de los medios de comunicación tradicionales como periódicos, radio y televisión) a «muchos a muchos» (en plataformas en línea) (Jensen and Helles, 2017[12]). Además, los cambios demográficos están afectando al comportamiento del consumo de noticias, ya que las audiencias más jóvenes confían más en las plataformas en línea como sus principales fuentes de noticias. De hecho, para obtener información, las generaciones más jóvenes están gravitando hacia personas influyentes y periodistas, que publican su contenido directamente en las plataformas de redes sociales (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2022[13]). Además, cada vez son más los jóvenes que quieren dedicarse a la creación de contenidos, lo cual conlleva muchas ventajas, pero también requiere que las sociedades reconsideren sus ecosistemas de información.
Si bien la mayor accesibilidad y digitalización de los contenidos permiten un acceso sin precedentes al conocimiento y pueden fomentar una participación pública más inclusiva, crear fuentes alternativas de información y ayudar a facilitar la creación de modelos innovadores de noticias y de medios de comunicación también se ha convertido en un terreno fértil para la rápida propagación de información falsa y engañosa. La información falsa siempre ha existido y seguirá existiendo. Asimismo, la escala, la velocidad y las bajas barreras de entrada que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, así como la constante evolución de las tecnologías, han impulsado en gran medida los cambios recientes.
Los cambios significativos en las tecnologías y en los mercados que dan forma a los flujos de información también han obligado a los medios de comunicación profesionales y a los periodistas a competir cada vez más por la atención con los creadores de contenido y los influencers en las plataformas de redes sociales. Además, estos cambios han deteriorado los mercados para muchos proveedores de noticias tradicionales, especialmente a nivel local. Los incentivos económicos y las capacidades tecnológicas de las plataformas en línea para maximizar el compromiso también han contribuido a amplificar los mensajes de carácter emocional y político. Debido al potencial para monetizar el compromiso, los influencers tienen un incentivo para producir contenido provocativo y controvertido. Este tipo de «hackeo de la atención» tiene como objetivo aumentar la visibilidad del contenido mediante el uso estratégico de las redes sociales, los memes y los bots. A medida que los influencers y los especialistas en marketing digital trabajan con métricas de compromiso, aprenden que las respuestas controvertidas y emocionales son muy atractivas y que tienden a volverse virales (Marwick and Lewis, 2017[14]; Diaz Ruiz, 2023[15]) (Tellis et al., 2019[16]). Este tipo de contenido, a menudo, dificulta la diferenciación entre la información auténtica o de calidad y facilita los esfuerzos de actores malintencionados, ya sean nacionales o extranjeros, para difundir contenido manipulado o intencionalmente falso o engañoso. En última instancia, estos cambios han mermado la confianza.
El desarrollo del uso de la Inteligencia Artificial generativa es otro desafío emergente. Un estudio realizado el año pasado demostró que los humanos son casi incapaces de diferenciar la IA de las noticias generadas por humanos en el 50 % de los casos (Lorenz, Perset and Berryhill, 2023[17]). La IA generativa aumenta el riesgo de desinformación y de información errónea, puesto que puede producir información falsa o engañosa que parece creíble y porque puede hacerlo a gran escala. También se puede abusar de las capacidades generativas de la IA para combinar imagen, vídeo, voz y texto para crear imágenes o vídeos manipulados de figuras públicas o para dirigirse a mujeres o poblaciones marginadas. El hecho de poder crear contenidos dirigido a grupos específicos, tales como comunidades minoritarias o grupos de edad, género, profesionales y socioeconómicos, podría tener consecuencias significativas como la creación de disidencias o el aumento de la polarización y el incremento de los desafíos que plantea el debate público en las plataformas digitales (Lorenz, Perset and Berryhill, 2023[17]).
Los cambios en la forma en que las personas reciben y comparten información vienen acompañados de cambios fundamentales (a los que también contribuyen) en las relaciones del público con el gobierno y otras instituciones cívicas. La demanda de contenidos engañosos es, a menudo, el reflejo de unas amenazas más peligrosas para la democracia. La baja participación electoral, la creciente polarización política y el mayor desinterés de los ciudadanos por la política constituyen unos desafíos cada vez mayores para los responsables políticos (OECD, 2022[1]). Solo cuatro de cada diez encuestados (41,4 %) en la Encuesta de Confianza 2021 de la OCDE confíaban en su gobierno nacional. Estos datos reflejan la desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales. Alrededor de cuatro de cada diez (41,4 %) encuestados en la encuesta de confianza de la OCDE de 2021 afirmaban que no confíaban en los medios de comunicación, aunque los resultados varían entre países y reflejan contextos culturales y sociales específicos (OECD, 2022[18]). Este contexto pone de relieve la importancia de centrarse en fortalecer la confianza en las instituciones junto con la lucha contra la desinformación, en un esfuerzo por romper un ciclo, en el que los actores malintencionados se aprovechan de la falta de confianza en su propio beneficio.
Así pues, el fortalecimiento de la democracia, prioridad clave para la OCDE, debe incorporar una serie de estrategias y enfoques destinados a generar confianza y facilitar la participación pública en los debates democráticos y la formulación de políticas. Garantizar que las personas tengan un papel más importante en la toma de decisiones públicas también depende de los esfuerzos para proteger y promover el espacio cívico (tanto en línea como fuera de línea), que puede desempeñar un papel clave en la lucha contra la desinformación y que es preciso proteger del acoso y de la desinformación en línea (OECD, 2022[19]).2
1.3. El papel de los gobiernos democráticos en el fortalecimiento de la integridad de la información
Además de la constante y creciente importancia de las plataformas en línea con una audiencia global, son necesarios nuevos modelos de gobernanza para garantizar unos ecosistemas de información, que respalden el debate democrático (OECD, 2022[18]). A pesar del consenso existente en torno a los desafíos que supone la propagación de información errónea y la desinformación, las democracias luchan por contrarrestarla, al tiempo que protegen la libertad de expresión y la capacidad de acceder a una información gratuita, diversa y fiable. El hecho de proteger las libertades cívicas fundamentales y de mantener un Internet abierto tiene como consecuencia que la desinformación nunca desaparecerá por completo (OECD, 2022[19]). Dado que no es función de los gobiernos «gobernar la información» ni actuar como «árbitros de la verdad», es necesario adoptar un enfoque integral para el establecimiento de controles y equilibrios en el ecosistema de la información, que no se limite exclusivamente a la desinformación. Por el contrario, el objetivo es más bien que los gobiernos creen las condiciones para un ecosistema de la información que salvaguarde la integridad de la información.
El término «integridad de la información» se utiliza en diversos campos, incluidos el periodismo, la informática, los sistemas de información, la gestión de datos y la ciberseguridad. Si bien las definiciones en estos campos no son totalmente aplicables a los ecosistemas de la información en las democracias, los objetivos en estos sectores pueden ser informativos. Por ejemplo, en todos los sistemas de datos, la integridad de la información puede referirse a la importancia de mantener la calidad, la coherencia, el origen verificable y la fiabilidad de la información. El término «integridad» en este caso se refiere a la protección contra la modificación o destrucción indebida del contenido, así como a garantizar la autenticidad de la información (Barker, 2003[20]).
El propósito de reforzar la integridad de la información en las sociedades democráticas está impulsado por el objetivo fundamental de defender las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión y el refuerzo de la democracia. Por lo tanto, los esfuerzos para construir la integridad de la información no solo deben abordar las preocupaciones específicas del sector o la tecnología, sino también responder a los desafíos a los que se enfrentan los medios de comunicación, los ecosistemas de información y la democracia en general. La naturaleza global de los desafíos requerirá la creación de una fuerte coalición global de países con ideas afines, que trabajen juntos para crear unos entornos que promuevan una información más precisa, fiable y fidedigna, y que apoyen un esfuerzo mayor para reforzar la democracia.
Un enfoque más integral y positivo también ayudaría a responder a los desafíos inherentes a la clasificación de los contenidos. La desinformación en sí misma y, de una manera más amplia, los contenidos falsos o engañosos, difieren de otros tipos de contenidos que regulan las democracias. Por ejemplo, la mayoría de las democracias han tipificado como ilegales las amenazas personales claras y creíbles, la incitación a la violencia, la pornografía infantil, los contenidos terroristas, el fraude, las violaciones de los derechos de autor, la publicidad engañosa, la difamación y los derechos de imagen como tipos de contenidos que son identificables y que representan una amenaza específica al discurso democrático, a los derechos individuales o a los derechos de propiedad intelectual.
El reconocimiento por parte de los gobiernos de la amenaza que plantea la desinformación les ha llevado a adoptar regulaciones en torno a la desinformación en línea incluida la exigencia de responsabilidades adicionales a las plataformas para que tomen decisiones de moderación específicas del contenido. De hecho, entre 2016 y 2022 se promulgaron o enmendaron 91 leyes en todo el mundo para incluir disposiciones relativas a la información falsa o engañosa (Lim and Bradshaw, 2023[21]). Sin embargo, lo que hace que las respuestas regulatorias específicas del contenido sean especialmente complejas no solo es que sea difícil definir qué contenidos pueden restringirse sin infringir la libertad de expresión, sino también que los regímenes iliberales pueden cooptar las leyes para combatir la desinformación promulgadas en países con controles y equilibrios efectivos para legitimar sus propias prácticas antidemocráticas (Lim and Bradshaw, 2023[21]).
Identificar la veracidad de la información suele ser todo un desafío. Aunque podría resultar relativamente fácil identificar determinados tipos de contenido engañoso (como las fotografías manipuladas), distinguir entre las afirmaciones veraces y las engañosas o falsas es difícil, incluso en temas relativamente objetivos o científicos, tal como demostró la evolución en la comprensión de cómo se propaga la COVID-19 y la eficacia de las mascarillas (véase la discusión sobre el papel de los verificadores de información en el Capítulo III). Distinguir la veracidad de la información suele ser especialmente complicado en los ámbitos relacionados con las ciencias sociales y resulta especialmente problemático en los contextos de discurso político (Del Campo, 2021[22]).
Si bien los Estados tienen un papel que desempeñar en la aplicación de las normas existentes en el espacio de la información (como las que promueven unos medios de comunicación tradicionales independientes, plurales y de calidad), así como en la definición del contenido ilegal según las limitaciones de su sistema constitucional, la regulación del contenido «legal pero dañino» es intrínsecamente desafiante (Douek, 2021[23]). De hecho, los organismos de derechos humanos de la ONU han destacado que «criminalizar la desinformación es incompatible con el derecho a la libertad de expresión» (Rikhter, 2019[24]). Los relatores especiales sobre la libertad de expresión también han emitido varias declaraciones, en las que señalan que las leyes excesivamente amplias y vagas que pretenden combatir la desinformación, a menudo entran en conflicto con las normas internacionales sobre derechos humanos.3
Un desafío que plantean las leyes en materia de desinformación es que, aunque se centran en la eliminación y retirada de contenidos, cuya finalidad es la «desinformación», se fundamentan en unas definiciones deficientes sobre lo que constituye contenido falso o engañoso (OHCHR, 2021[25]). Las definiciones ambiguas y que suscitan por lo tanto una amplia gama de interpretaciones, pueden otorgar a los gobiernos el poder de seleccionar de manera arbitraria los contenidos, dado lugar a diferentes niveles de aplicación y a sanciones inconsistentes o políticamente motivadas. Aun cuando la entidad reguladora no abusara de ellas para limitar indebidamente la libertad de expresión, unas leyes reguladoras de los contenidos demasiado amplias también podrían incentivar a las propias plataformas a eliminar más de lo que exige la ley si se enfrentan a una responsabilidad legal poco clara por alojar contenidos expresados por los usuarios (Douek, 2021[23]). Dado que las decisiones de moderación de las plataformas privadas tendrán el potencial de ir mucho más allá de los límites del poder constitucional de un gobierno para regular la libertad de expresión, aumentar los incentivos para que las empresas privadas adopten un enfoque estricto de la moderación de contenidos podría, de hecho, tener como consecuencia el incremento de la censura delegada, reiterando la importancia de la necesidad de proteger la libertad de expresión (Keller, 2017[26]).
En última instancia, unas normativas reguladoras de los contenidos mal dirigidas o ambiguas corren el riesgo de restringir indebidamente la libertad de expresión. Teniendo en cuenta especialmente las dificultades para definir qué se entiende por «desinformación», este contexto apunta a la necesidad de desarrollar una visión positiva, aunque no intrusiva, de las respuestas de gobernanza centradas en la integridad de la información.
1.4. Consideraciones y el camino a seguir
Estos desafíos no pueden atribuirse únicamente a las plataformas en línea o a las nuevas tecnologías, y cualquier solución requerirá centrarse en el fortalecimiento de la gobernanza democrática: Un marco de políticas que genere unos sistemas de información que defiendan la libertad de expresión, que se centre en los procesos en lugar de en los contenidos y que tenga como objetivo construir resiliencia social en lugar de silenciar voces.
Una amplia gama de actores ha desarrollado un conjunto de códigos de prácticas, directrices y mecanismos voluntarios y de autorregulación para promover este esfuerzo, si bien estos mecanismos por sí solos son insuficientes. A pesar de los avances, los códigos de prácticas y principios voluntarios están limitados por el grado en que los actores privados decidan cumplirlos. En este contexto, los Gobiernos desempeñan un papel importante. Por lo tanto, el marco de políticas de la OCDE para las respuestas gubernamentales abarca una gama de opciones para contrarrestar la desinformación y fortalecer la integridad de la información. La construcción de la integridad de la información es, por naturaleza, un proceso a largo plazo, que también requiere que los gobiernos respondan a amenazas inmediatas y campañas de desinformación cada vez más sofisticadas. Así pues, tanto las respuestas a corto como a largo plazo conformarán el conjunto de los esfuerzos pertinentes.
Este marco también ayudará a identificar cómo medir el impacto de las políticas y el éxito en la mejora de la integridad de la información. El enfoque integral incluirá una amplia gama de medidas, que deberán aplicarse de forma conjunta en un esfuerzo continuo para evaluar, abordar y evitar las amenazas y los daños causados por la desinformación. Además, también incluye la evaluación de dichas iniciativas prestando especial atención a sus posibles repercusiones en la libertad de expresión (OECD, 2022[1]). De esta manera, el marco de la OCDE también sentará las bases para identificar futuras normas internacionales y directrices de políticas, que ayuden a los países a diseñar, implementar y medir los esfuerzos de las políticas para construir la integridad de la información. Cabe señalar que las políticas en este ámbito también suelen referirse a respuestas normativas, dependiendo del contexto del país.
También hay que reconocer que en un número creciente de países no se cumplen, o solo parcialmente, las premisas democráticas sobre las que se fundamenta este marco. Al mismo tiempo, estos países suelen ser más vulnerables a las campañas de desinformación y algunos de ellos también pueden utilizar recursos gubernamentales para desarrollar y desplegar dichas campañas. La lucha contra la desinformación y la construcción de la integridad de la información en tales contextos podrían inspirarse en este marco, aunque requerirán estrategias específicas. Un ecosistema de la información comprometido limita el acceso del público a la información de calidad, reduciendo así la confianza y la participación en la vida democrática, y mermando la información de la ciudadanía sobre las oportunidades educativas, sanitarias y económicas. Para ello, el refuerzo de la integridad de la información a nivel mundial exigirá enmarcar el tema a través de las implicaciones en materia de derechos humanos, sociales y económicas relevantes para la vida de las personas.
Con ese fin, una descripción general exhaustiva que ayude a guiar las acciones podría centrarse en los siguientes elementos:
1.4.1. Implementar políticas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la pluralidad de las fuentes de información
Las comunicaciones digitales y las plataformas en línea han alterado la forma en que se crea y comparte la información, así como los modelos económicos que sustentan el espacio de la información. Las plataformas en línea han facilitado la difusión de información polarizadora, sensacionalista y falsa o engañosa, mientras operan en entornos regulatorios incipientes. El alcance global de estas plataformas supera las jurisdicciones normativas nacionales (e incluso supranacionales). Al mismo tiempo, los regímenes voluntarios de autorregulación y de corregulación son limitados, ya que permiten a algunos actores eludir las obligaciones, lo que subraya la importancia de la participación de los gobiernos en el diseño, la aplicación y la actualización de las respuestas normativas según corresponda.
Si se hace de una forma adecuada y con el objetivo de apoyar la participación democrática, la salud, la transparencia y la competitividad de los espacios de la información, pueden verse respaldados por una formulación de políticas adecuada, eficaz y ágil. Con ese fin, las políticas para promover la transparencia y la rendición de cuentas de las plataformas en línea son una opción para ayudar a comprender sus modelos de negocio y los riesgos relacionados para los procesos democráticos, contribuir a mitigar las amenazas, incluidas las que plantea la manipulación informativa y la injerencia por parte de agentes extranjeros, y fomentar unos espacios de la información más saludables.
Además de centrarse en las plataformas en línea, los medios de comunicación pluralistas e independientes y un periodismo de calidad son un componente esencial de la democracia. Además, para reforzar la integridad de la información es necesario promover la transparencia y el buen funcionamiento de estos espacios mediante el diseño, el monitoreo y la implementación eficaces de las políticas correspondientes. Al proporcionar unas fuentes de contenidos basados en hechos y pruebas, e informadas por estándares de calidad profesional, tanto los periodistas como el sector de los medios de comunicación en general -incluidos los medios de comunicación nacionales, locales y comunitarios y las múltiples fuentes en línea y fuera de línea- pueden contrarrestar el impacto de la desinformación y la información errónea, y contribuir al debate público en la democracia. Sin embargo, el papel de estas fuentes de noticias e información en las democracias continúa afrontando los cambios y desafíos exacerbados por el desarrollo de las tecnologías de comunicación en línea y por el papel que las plataformas de las redes sociales han desempeñado en la configuración del entorno de la información.
Así pues, esta nueva toma de conciencia sugiere que los gobiernos deben perseguir los siguientes objetivos para fortalecer el papel positivo de los medios de comunicación y de las plataformas en línea en el espacio de la información:
Defender unos medios de comunicación libres, independientes y diversos como componente esencial de las sociedades abiertas y democráticas. Además del marco jurídico que garantiza la libertad de opinión y de expresión, los gobiernos deben proteger a los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación y los investigadores, y supervisar, investigar y facilitar el acceso a la justicia en el caso de amenazas y de ataques contra ellos. Otras acciones que se pueden adoptar son crear planes de acción nacionales para la seguridad de los periodistas, colaborar con los consejos de prensa y mapear y monitorear los riesgos y amenazas.
Diseñar políticas para reforzar un mercado diverso, pluralista e independiente para los medios de comunicación tradicionales. Limitar la concentración del mercado, promover la transparencia y la diversidad de los medios de comunicación y exigir la independencia editorial pueden desempeñar un papel importante en la prevención de la influencia indebida de intereses políticos y comerciales.
Apoyar a los medios de comunicación públicos independientes y de alta calidad. Estos medios suelen estar entre las fuentes de noticias más fiables y pueden desempeñar un papel importante en las democracias como proveedores de noticias y de información independientes, de calidad y fiables.
También se deberían explorar medidas de apoyo financiero directo e indirecto -incluidos los regímenes fiscales especiales y la financiación específica- a los medios de comunicación que cumplan con determinados criterios específicos y que contribuyan al logro de objetivos democráticos tales como el refuerzo del periodismo local, comunitario, cultural, en lenguas minoritarias o de investigación. Los gobiernos también deben reconocer la naturaleza distintiva de los medios comunitarios sin fines de lucro y garantizar su independencia. El fortalecimiento de los medios de comunicación diversos e independientes también es un componente importante del apoyo internacional y de la ayuda al desarrollo. Sin embargo, a lo largo de todas estas iniciativas, los gobiernos deben establecer reglas claras y transparentes para la asignación de fondos y proporcionar información sobre los subsidios, la financiación y las actividades de proyectos. Dichos procesos deben ser diseñados para mostrar y garantizar que los gobiernos no tienen un impacto directo en el desarrollo de contenidos, y para ayudar a prevenir el sesgo político en la selección de la financiación.
Evitar restringir indebidamente el discurso mediante normativas reguladoras de los contenidos demasiado amplias, que no cumplan con unos criterios estrictos, transparentes y objetivamente definidos, que estén en consonancia con las obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos del Estado. Esto es especialmente importante, dadas las dificultades para definir la «desinformación» y el riesgo de que legislar sobre contenidos «legales pero dañinos» limite la libertad de expresión.
Reconocer el papel que desempeñan las protecciones de la responsabilidad de los intermediarios en el fomento de un Internet libre y abierto, así como en el equilibrio de las responsabilidades de las plataformas para abordar las preocupaciones legítimas en torno a contenidos falsos, engañosos y perjudiciales o ilegales.
Aumentar la transparencia y la responsabilidad, incluso mediante esfuerzos reguladores cuando así proceda, de los actores relevantes para comprender mejor y mitigar los impactos potenciales y reales de las herramientas de IA generativa con respecto a la desinformación. Tal enfoque será especialmente importante debido a la novedad, la rápida evolución y la incertidumbre relacionada con cómo y en qué medida estas nuevas tecnologías vayan a incrementar los desafíos de la confianza en el espacio de la información. Para generar confianza, será necesario comprender los principios que guían el desarrollo y la aplicación de las herramientas de IA generativa; mejorar la transparencia de los conjuntos de datos utilizados en su diseño; marcar con marca de agua el contenido generado por IA; y exigir pruebas, identificación y mitigación de riesgos, así como su supervisión. Paralelamente, restringir los usos de deepfakes en algunos contextos específicos y bien definidos, como los procesos relacionados con la administración electoral, también podría contribuir a mitigar la amenaza que representan los contenidos falsos y engañosos.
Mejorar la transparencia y el intercambio de información en torno a las políticas, el desarrollo de políticas, los procesos y las decisiones de las plataformas en línea, para permitir una mejor comprensión de sus operaciones y de los impactos de los modelos de negocio, las medidas de mitigación de riesgos y los algoritmos, según corresponda. Establecer mecanismos, incluidos los mecanismos regulatorios, según proceda, para aumentar las declaraciones de divulgación de las plataformas acerca de sus condiciones de servicio, los esfuerzos para prevenir y abordar los impactos en los derechos humanos y las políticas de privacidad; los procedimientos, directrices y herramientas que informan la moderación de contenidos y la toma de decisiones algorítmicas, así como los procesos de tramitación de quejas pueden ayudar a los usuarios a comprender mejor el tratamiento de los datos y la aplicación de las normas. Esta información también puede fomentar la responsabilidad de la plataforma frente los usuarios, ya que el escrutinio público puede reforzar las acciones positivas para abordar los impactos adversos, al tiempo que pone de relieve los posibles sesgos, los riesgos para los derechos humanos o las prácticas desleales. Facilitar la estandarización de dicha información también puede fomentar la creación de mejores prácticas para el desarrollo de políticas e informar sobre las formas de medir el impacto de dichas intervenciones.
Facilitar un mayor acceso a los datos para que los académicos y otros investigadores puedan comprender mejor cómo se difunden los contenidos a través de las plataformas y en todo el espacio de la información, incluso mediante requisitos regulatorios, según proceda. El análisis de datos públicos (no publicaciones o mensajes privados) que no incluyan información de identificación personal también podría generar conocimientos sobre el comportamiento en línea y los patrones y los cambios a lo largo del tiempo, facilitando así la evaluación del impacto de las políticas. También podría promover la responsabilidad el hecho de permitir que los gobiernos y los investigadores independientes verifiquen y confirmen las divulgaciones públicas de las plataformas, incluso en torno a la publicidad política. Promover mecanismos de información estandarizados, exigir que se tomen medidas para garantizar que la investigación se realice con fines legítimos y que los investigadores implementen protecciones de privacidad y seguridad serán esfuerzos importantes para garantizar la investigación de calidad y ayudar a prevenir abusos.
Aplicar políticas para contrarrestar la interferencia maliciosa extranjera en el espacio de la información. Aplicar las políticas diseñadas para contrarrestar, cuando corresponda, la interferencia extranjera a las tecnologías de comunicación en línea es una vía útil para generar confianza. Al dar a conocer la identidad de los agentes extranjeros y los propietarios de los medios de comunicación, estos esquemas pueden ayudar a esclarecer las actividades de comunicación encubiertas y potencialmente maliciosas.
Salvaguardar la integridad de la información en los periodos de elecciones democráticas. En este entorno informativo tan cambiante será fundamental establecer mecanismos para monitorear las amenazas específicas y proporcionar información oportuna y fiable a los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos. La disponibilidad de una información de alta calidad, adaptada a las comunidades específicas en riesgo y relativa a las amenazas identificadas, permitirá a los gobiernos evitar las lagunas informativas que puedan ser explotadas por los propagadores de información falsa.
Identificar los factores económicos que incentivan la entrada de nuevos actores, la innovación y la portabilidad de los datos para estimular la competencia entre las plataformas en línea, pudiendo así alentar las respuestas basadas en el mercado para apoyar un mejor funcionamiento de los espacios de la información.
1.4.2. Fomentar la resiliencia social frente a la desinformación
El fortalecimiento de la participación y del compromiso con el público, la sociedad civil y los trabajadores de los medios de comunicación será esencial, a medida que los países busquen reforzar la integridad de la información, reforzar la democracia y generar confianza. Para ello, será necesario un enfoque que incluya a toda la sociedad, basado en la protección y la promoción del espacio cívico, la democracia y los derechos humanos, dado el papel fundamental que las personas y los socios no gubernamentales tienen en la promoción de la integridad de la información.
Cabe destacar, en particular, que los ciudadanos y las partes interesadas, a menudo, poseen experiencia, capital humano y cualificaciones relevantes y necesarias, que pueden proporcionar una perspectiva complementaria a la formulación de las políticas gubernamentales y ayudar a identificar y responder a las amenazas de la desinformación. Los actores no gubernamentales también pueden tener un acceso más fácil y una mayor experiencia trabajando con grupos, a los que los gobiernos no pueden llegar tan fácilmente como, por ejemplo, migrantes, diásporas y otros grupos minoritarios, marginados o socialmente excluidos, que pueden verse especialmente afectados por la desinformación dirigida. En la medida en que los actores no gubernamentales sean vistos como fuentes más fiables de información fidedigna que las instituciones gubernamentales, el público también puede ser más receptivo a los proyectos y a otras iniciativas gestionadas por organizaciones de la sociedad civil.
Los gobiernos están avanzando constantemente en este aspecto, estableciendo cada vez más marcos para una participación y una asociación exitosas con el público y los socios no gubernamentales, reconociendo así que los grupos tienen diferentes necesidades. A medida que los gobiernos desarrollan enfoques multilaterales, deberían guiarse por las siguientes preguntas:
¿Cómo se pueden diseñar y llevar a cabo de la mejor manera iniciativas participativas que impliquen a los ciudadanos y las partes interesadas no gubernamentales para desarrollar la comprensión del espacio de la información y desarrollar unas respuestas políticas eficaces?
¿Cuáles son los beneficios y los posibles inconvenientes de las asociaciones y de la colaboración con socios no gubernamentales, incluido el sector privado? ¿Cómo se pueden mitigar los inconvenientes o los riesgos para los socios gubernamentales y no gubernamentales?
¿Cómo pueden decidir mejor los gobiernos qué iniciativas dirigidas a fortalecer la integridad de la información deben llevarse a cabo en asociación con las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, el mundo académico y el sector privado (no solo las plataformas en línea) y dónde pueden, o más bien deberían, los gobiernos actuar en solitario?
¿Cómo se pueden medir los esfuerzos de toda la sociedad diseñados para fortalecer la integridad de la información para rastrear su eficacia y valor?
Para este fin, los gobiernos deberían considerar las siguientes iniciativas para seguir un enfoque aplicable a toda la sociedad destinado a fortalecer la resiliencia social y la participación de los ciudadanos y de las partes interesadas:
Mejorar la comprensión pública y las competencias para operar en un espacio de la información gratuito, que conduzca al compromiso democrático. Los gobiernos deben garantizar que la alfabetización, la educación y las iniciativas cívicas, mediáticas y de la información digital formen parte de un esfuerzo más amplio para desarrollar la resiliencia social y medir la eficacia de dichas iniciativas. La promoción de la alfabetización mediática e informativa en los planes de estudio escolares, desde la escuela primaria y secundaria hasta la educación superior, el desarrollo de programas de formación para maestros, la realización de evaluaciones de impacto de los programas de alfabetización mediática e informativa (incluidos los estudios longitudinales), así como el apoyo a la investigación para comprender mejor a los segmentos más vulnerables de la población al riesgo de la desinformación y para orientar mejor los programas sobre medios de comunicación e información deberían ser los pilares fundamentales del conjunto de herramientas de los gobiernos.
Implementar leyes de acceso a la información y estándares de gobierno abierto, incluidos los datos abiertos de acceso público, para reducir las barreras que dificultan a los periodistas y los ciudadanos el acceso a la información pública y a los funcionarios públicos.
Desarrollar competencias y trabajar con colaboradores de toda la sociedad (en particular, académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y plataformas en línea) para monitorear y evaluar los cambios y los impactos de las políticas en el espacio de la información. Más allá de las mediciones de resultados, los métodos para comprender el impacto de la desinformación y los esfuerzos contra la desinformación también deberían incluir el seguimiento de los cambios en los indicadores generales a lo largo del tiempo como indicadores de comportamiento y susceptibilidad a narrativas de la desinformación y la información errónea.
Proporcionar unas directrices y unos mecanismos de supervisión claros y transparentes para el compromiso del gobierno con otros actores con el fin de garantizar que cuando los gobiernos se asocien, financien o coordinen o apoyen de otro modo las actividades de los socios no gubernamentales en cuestiones relacionadas con la integridad de la información, no puedan influir indebidamente en el trabajo de estos actores ni restringir la libertad de expresión. Las reglas, exclusiones o decisiones poco claras podrían generar desconfianza en el proceso. Tales directrices y mecanismos de supervisión son especialmente valiosos para evitar la politización real y percibida del compromiso de los gobiernos con los actores no gubernamentales.
Desarrollar la capacidad de la función de comunicación pública, aún en gran medida infradesarrollada, para desempeñar un papel constructivo en el suministro de información oportuna y en la sensibilización sobre las amenazas, al tiempo que se desarrolla una gobernanza más sólida para su propio funcionamiento, alejada de la información politizada. A corto plazo, la función podría servir como una fuente importante de información, incluso en tiempos de crisis. A largo plazo, el desarrollo de la capacidad de la función para proporcionar a los ciudadanos las competencias necesarias para comprender mejor el entorno de la información, por ejemplo, a través del prebunking, podría ser una herramienta importante para la resiliencia social.
Fortalecer los mecanismos para evitar conflictos de interés reales o sospechosos con respecto a la función de comunicación pública. La gestión transparente, responsable y profesional de la función de comunicación pública podría contribuir a que esta desempeñe un papel importante, al proporcionar información oportuna, que conciencie sobre los desafíos y las amenazas relevantes y que ofrezca una comunicación proactiva, que contribuya a fortalecer la resiliencia de la sociedad frente a la propagación de la desinformación.
Ampliar la comprensión del espacio de la información mediante el apoyo a las actividades de investigación para comprender mejor las tendencias en los patrones de consumo de información y de contenido, las amenazas y las tácticas utilizadas por los actores extranjeros, que difunden información falsa y engañosa, y las metodologías para evaluar el impacto de las medidas de mitigación de los riesgos. Fortalecer las oportunidades y los mecanismos de investigación para informar el proceso de formulación de políticas.
Diseñar e implementar unos mecanismos participativos eficaces con los ciudadanos, los periodistas, las plataformas de redes sociales, los académicos y las organizaciones de la sociedad civil para ayudar a establecer prioridades políticas y aclarar las necesidades y oportunidades relacionadas con el fortalecimiento de la integridad de la información. Construir un compromiso democrático más significativo, incluso a través de asambleas ciudadanas deliberativas, en torno al diseño y la implementación de políticas relacionadas con la integridad de la información contribuirá a esfuerzos más amplios para fortalecer la resiliencia de la democracia.
Identificar la colaboración del gobierno en materia de integridad de la información con socios no gubernamentales, incluidos los periodistas, los académicos, el sector privado y otras organizaciones no gubernamentales relevantes. Las actividades y los resultados de la participación, incluidos los relacionados con la financiación, los objetivos de la cooperación y el impacto en las decisiones de contenido, deberían ser claramente identificables por el público. Del mismo modo, el público debería poder identificar si una campaña de comunicación, una actividad de alfabetización mediática o un producto de investigación son financiados o guiados por instituciones gubernamentales.
Adoptar medidas para asegurar la transparencia de las fuentes de financiación para mitigar los riesgos de que grupos maliciosos obtengan acceso a los datos o puedan manipular el espacio de la información de un país.
Mitigar el riesgo para el personal gubernamental, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros actores implicados en iniciativas de integridad de la información cuando se convierten en objetivos de campañas de desinformación, otras amenazas y acoso. Cuando sea necesario, habilitar las medidas adecuadas para proteger los derechos humanos de las personas afectadas.
1.4.3. Actualizar las medidas de gobernanza y la arquitectura institucional para defender la integridad del espacio de la información
Los gobiernos han reconocido cada vez más la necesidad de establecer procesos y estructuras de gobernanza responsables, transparentes y ágiles, a medida que buscan desarrollar respuestas eficaces para las amenazas que supone la desinformación y reforzar la integridad de la información. La eficacia de las respuestas de gobernanza dentro de las democracias no solo se limita a contrarrestar la desinformación. En un sentido más amplio, la eficacia se refiere a unos ecosistemas de información libres, diversos y transparentes, que crean las condiciones necesarias para que los ciudadanos tomen decisiones bien fundamentadas y participen en un diálogo cívico constructivo, todo ello protegiendo los derechos humanos de todos. Estos esfuerzos serán más efectivos si se centran en la diversidad y la inclusión desde la base, abarcando aspectos tales como la dotación de personal, la planificación estratégica y las asociaciones. Esto permitirá incorporar a personas con las competencias y experiencias adecuadas para abordar algunos de los temas más acuciantes en materia de integridad de la información.
Para ello, los gobiernos deberán adaptar y mejorar su arquitectura institucional persiguiendo los siguientes objetivos, según corresponda:
Desarrollar e implementar marcos estratégicos que respalden una visión coherente y un enfoque integral para reforzar la integridad de la información. Esta orientación puede articularse mediante estrategias nacionales centradas específicamente en la desinformación y en la integridad de la información, o bien incluida como parte de otros documentos oficiales, tales como las estrategias nacionales de defensa y de seguridad, digitalización, comunicaciones públicas, cultura y educación. Unos marcos estratégicos eficaces describen los objetivos, los plazos y el alcance de la acción, así como los aspectos operativos relativos al entorno institucional, los informes y los procesos de evaluación. Un análisis más detallado permitirá identificar tendencias y mejores prácticas para mejorar el papel de la orientación estratégica en este ámbito.
Crear oficinas, unidades o mecanismos de coordinación claramente definidos para promover acciones de apoyo mutuo entre los organismos gubernamentales encargados de abordar las amenazas de la desinformación y reforzar la integridad de la información. Un enfoque interinstitucional bien coordinado podría ayudar a los países a establecer conexiones con las prioridades sectoriales, favorecer el intercambio rápido de información y evitar la duplicación de esfuerzos entre las autoridades institucionales. Los gobiernos también podrían considerar la creación de grupos de trabajo para proporcionar asesoramiento experto sobre políticas relacionadas con las dimensiones técnicas de la desinformación tales como las amenazas híbridas, la interferencia extranjera y la interferencia electoral. Un enfoque multinstitucional también ayudará a alinear las necesidades a corto plazo, como el suministro de información relacionada con crisis, elecciones o amenazas inmediatas, con objetivos a más largo plazo relacionados con la construcción de la integridad de la información y la resiliencia social. Priorizar la creación de mecanismos para garantizar una comunicación eficaz, así como el intercambio de información y la construcción de relaciones entre el personal dentro de las entidades y entre ellas. Favorecer una cultura basada en los hechos, que incorpore la medición y evaluación de cada etapa del proceso de desarrollo e implementación de las políticas.
Describir el funcionamiento y los objetivos de las oficinas y unidades pertinentes en las disposiciones legales que definen el mandato y los parámetros dentro de los cuales operan. Estas disposiciones son importantes para establecer procedimientos de rendición de cuentas y de presentación de informes, así como para ayudar a garantizar que las actividades gubernamentales no infrinjan los derechos ni las libertades fundamentales.
Mejorar la cooperación internacional para fortalecer la respuesta democrática a los desafíos en el espacio de la información mediante asociaciones y alianzas, y conectando y habilitando las redes existentes en los diferentes sectores. El intercambio de inteligencia estratégica y de metodologías analíticas, así como las respuestas políticas y sus resultados podría ayudar a aprovechar las enseñanzas relevantes e identificar las mejores prácticas.
Ofrecer oportunidades de desarrollo de capacidades a nivel local, nacional e internacional para los funcionarios públicos que se enfrentan a los retos correspondientes en su trabajo diario. El nivel de sofisticación de las campañas de desinformación requiere emprender una labor de formación y cualificación en todos los niveles de gobierno, para garantizar que los administradores públicos y los responsables políticos posean los conocimientos y las herramientas necesarios para reconocer, monitorear y contrarrestar la difusión de información falsa y engañosa sin constreñir la libertad de expresión. Promover la diversidad en las plantillas de personal y la cultura de la inclusión; estos principios no solo son valores democráticos fundamentales, sino también una piedra angular necesaria para disponer de unas medidas eficaces contra la desinformación y su impacto, gracias a la naturaleza multidisciplinaria del problema y de las soluciones.
Implementar respuestas normativas ágiles a los desafíos que plantean las tecnologías de comunicación emergentes. Especialmente en el espacio de la información, caracterizado por unas novedosas formas de comunicación que difuminan las delimitaciones tradicionales entre los sectores regulados, la política normativa debería adaptarse y aprender a lo largo de todo el ciclo, incluida una mejor coordinación entre las autoridades para reducir las respuestas fragmentadas del gobierno. Los gobiernos deberán establecer mecanismos para la participación del público y de las partes interesadas en el proceso regulatorio; aplicar procesos exhaustivos de evaluación del impacto de la normativa (EIAN); realizar evaluaciones y seguimientos del impacto; así como, evaluar los mecanismos y autoridades de auditoría y aplicación adecuados;
Aumentar la capacidad de los organismos de supervisión y de asesoría normativa para prever la evolución del ecosistema de información e implementar una previsión estratégica que oriente el diseño, la implementación y el análisis de las normativas. La mejora de la capacidad y la flexibilidad de las entidades reguladoras también facilitará la experimentación, incluso en forma de «sandboxes» o espacios controlados de pruebas, de modo que los marcos resultantes sean más adaptables.
Reforzar la cooperación internacional en materia de regulación para evitar la fragmentación y prevenir el arbitraje regulatorio. Dada la naturaleza intrínsecamente global de los flujos de información en línea, es esencial la cooperación entre los gobiernos y responsables políticos para garantizar la eficacia, la eficiencia, la coherencia y la vigencia de las políticas y marcos regulatorios.
Referencias
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Notas
← 1. Información errónea se utiliza a veces como un término general que engloba muchas prácticas similares, si bien en última instancia diferentes como por ejemplo, desinformación, operación de influencia de la información e interferencia extranjera en el espacio de la información, cada una de las cuales puede requerir un enfoque diferente. Además, la información errónea y la desinformación no deben confundirse con la difusión en línea de contenidos terroristas, violentos o ilegales (OECD, 2022[1]).
← 2. Para obtener información adicional, consulte el Plan de acción de la OCDE para mejorar la representación, la participación y la apertura en la vida pública (octubre de 2022) https://www.oecd.org/governance/oecd-luxembourg-declaration-action-plan-enhancing-representation-participation-and-openness-in-public-life.pdf.
← 3. Como se indica en (Lim and Bradshaw, 2023[21]), el lenguaje sobre los riesgos que plantea la legislación específica sobre contenidos se puede encontrar en: «La desinformación y la libertad de opinión y de expresión: Informe de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan», Asamblea General de las Naciones Unidas, 13 de abril de 2021, https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/HRC/47/25&Lang=E; «Declaración conjunta sobre la libertad de expresión y «Noticias Falsas» ("Fake News"): desinformación y propaganda”, OSCE, 3 de marzo de 2017, www.osce.org/files/f/documents/6/8/302796.pdf; «Declaración conjunta del vigésimo aniversario: desafíos para la libertad de expresión en la próxima década», Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 10 de julio de 2019, www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/JointDeclaration10July2019_English.pdf; «Declaración conjunta sobre libertad de expresión y elecciones en la era digital», Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 30 de abril de 2020, www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/JointDeclarationDigitalAge_30April2020_EN.pdf.