El número de estudiantes de educación superior en México se duplicó en la década pasada y cada año más de medio millón de egresados de este nivel se incorporan al mercado laboral. Encontrar empleo adecuado es difícil y un gran número de jóvenes egresados universitarios trabajan en puestos para los cuales están sobrecalificados o consiguen empleos sin seguridad social ni cobertura de pensión. México no es el único país en esta situación. En muchas naciones de la OCDE, los resultados de la educación superior, menores a lo esperado, son una desilusión para los graduados y sus familias, quienes desearían obtener empleos de buena calidad y con buenos ingresos como respuesta a su inversión formativa. La baja rentabilidad es también una preocupación para los gobiernos, que gastan en el desarrollo de competencias para impulsar la productividad y la innovación a escalas nacional y regional. Para responder a estas inquietudes, la OCDE ha emprendido un análisis exhaustivo de los resultados y la relevancia de los sistemas de educación superior para el mercado laboral. El objetivo es ayudar a los países a mejorar las políticas públicas y las prácticas institucionales mediante un conocimiento más amplio de las capacidades y los obstáculos existentes, y las recomendaciones que ayuden a cerrar esas brechas. México fue una de las primeras naciones en sumarse a este ejercicio, junto con Noruega y Estados Unidos de América.