Bajo la dirección y supervisión de Marcos Bonturi, Director de Gobernanza Pública de la OCDE, y János Bertók, Jefe de la División de Integridad del Sector Público, este estudio fue coordinado por Jacobo Pastor García Villarreal, Especialista Senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas, con el apoyo de Julio Bacio Terracino, Jefe Adjunto de la División de Integridad del Sector Público. Los autores de los capítulos son Giulio Nessi, Carissa Munro, Jennifer Eddie y Natalia Sandoval Peña.
Agradecemos los valiosos comentarios de Frédéric Boehm, Juan Pablo Bolaños, Levke Jessen-Thiesen, Felicitas Neuhaus, Frederic St. Martin y Fabiola Perales, quien también apoyó el proceso de revisión factual. La asistencia editorial corrió a cargo de Andrea Uhrhammer y Victoria Elliot. El reporte para publicación fue preparado por Meral Gedik, Thibaut Gigou y Laura McDonald. Alpha Zambou, Rania Haidar, Stephen Flynn y Laura Roberts proporcionaron asistencia administrativa.
La OCDE expresa su agradecimiento al gobierno del estado de Nuevo León por su fructífera cooperación y liderazgo. En particular, la Organización agradece al Gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón; al Encargado de Despacho de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Jesús Hernández Martínez; al Encargado de Despacho de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado, Gerardo Guajardo Cantú; a la Coordinadora de Prioridades Estratégicas y Gestión de Cumplimiento de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública, Adriana Quiroz Quiroz; al anterior Titular de la Coordinación de Enlace con la Sociedad Civil de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública, José Dávalos Siller; al Coordinador de Vinculación y Revisiones Estratégicas de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, César Davis Moncada; a la anterior Titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Nora Elia Cantú Suárez; y a la anterior Titular de la Unidad Anticorrupción, Mariana Téllez Yañez, así como a todo el equipo y todos los departamentos del gobierno estatal de Nuevo León que participaron en este proceso, notablemente la Contraloría y Transparencia Gubernamental, su Unidad Anticorrupción, la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Estatal de la Juventud, la Fiscalía General de Justicia del Estado (antes Procuraduría General del Estado, a través de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción), el H. Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y los Ayuntamientos de Monterrey, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García.
De igual forma, la OCDE agradece a las organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales cuyos representantes fueron entrevistados durante las misiones de investigación, notablemente a la Coalición Anticorrupción del Consejo Cívico, a Cómo Vamos Nuevo León, a COPARMEX Nuevo León, CANACO Monterrey, CAINTRA Nuevo León, CANIRAC Nuevo León, Cámara de Propietarios de Bienes Raíses Nuevo León, CMIC Nuevo León y a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
La contribución de la Embajadora Mónica Aspe y de Maya Alejandra Camacho Dávalos, de la Delegación Permanente de México ante la OCDE, resultó un apoyo fundamental para la OCDE en este proyecto.
Este estudio forma parte de una serie de estudios sobre gobernanza pública en los países de la OCDE y del G20. También es parte de una serie de estudios subnacionales en México para promover la buena gobernanza y la integridad pública. Recibió valiosas aportaciones de funcionarios de alto rango de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y diversas dependencias del gobierno de Nuevo León.
Este informe incluye información compartida durante un taller de la OCDE sobre ética pública y gestión de conflictos de interés, el cual tuvo lugar el 8 y 9 de febrero de 2018. Nuestro agradecimiento especial a la Contraloría y Transparencia Gubernamental, a la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública y a sus funcionarios por su apoyo en la organización y realización del taller.
La OCDE agradece también a los principales revisores que participaron en el debate interno: Katarzyna Dudzik, Titular del Equipo de Cooperación Internacional, Departamento del Servicio Civil, Cancillería del Primer Ministro (Polonia); Victoria Parrilla Reino, Consejera Técnica, Oficina de Conflictos de Intereses, Ministerio de Hacienda y Administración Pública (España) y Juan Carlos Sánchez Lara, Director de Resoluciones, Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, Secretaría de la Función Pública (Gobierno Federal de México).
El Centro de la OCDE en México, bajo la dirección de Roberto Martínez, y el personal responsable del área de publicaciones, en particular Alejandro Camacho, desempeñaron una función decisiva de coordinación del proceso editorial de la publicación en español.
Este documento fue aprobado por el Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios sobre Integridad Pública de la OCDE (SPIO, por sus siglas en inglés) el 31 de agosto de 2018 y desclasificado por el Comité de Gobernanza Pública el 24 de septiembre de 2018. La preparación para su publicación correspondió al Secretariado de la OCDE.