Las recomendaciones incluidas en este capítulo se apegan al marco establecido en el reporte OECD (2008) Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA), Guidance for Policy Makers. Las recomendaciones son fruto de la evaluación del grado de desarrollo del Perú en la adopción de los elementos constitutivos del sistema de AIR explicada en al capítulo 6. Asimismo, las recomendaciones son compatibles con las incluidas en el reporte OECD (2018), Política Regulatoria en el Perú: Uniendo el Marco para la Calidad Regulatoria, Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria. En el Anexo A de este capítulo se incluye una propuesta de prelación en la implementación de las recomendaciones contenidas en este capítulo.
Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio en el Gobierno Central del Perú
Estudios de caso 2014-16
Capítulo 7. Recomendaciones para adoptar los elementos constitutivos de un sistema de AIR en Perú
Abstract
Recomendaciones para la introducción del AIR
Compromiso político con el AIR, que incluye lograr el apoyo de los actores interesados y establecer un mandato legal para el AIR
1. El Perú debería emitir un instrumento legal vinculatorio en donde se establezca la obligación para que los ministerios y dependencias del gobierno que emiten normativa hagan una evaluación ex ante del proyecto normativo que incluya como mínimo los siguientes elementos:
Definición del problema de política pública por resolver.
Objetivo por lograr mediante la intervención gubernamental.
Identificación de alternativas a la normativa para solucionar el problema de política pública.
Evaluación de impacto de cada una de las alternativas, y demostración de que la opción normativa es la que aporta mayor beneficio neto.
En la evaluación de impacto de la alternativa que corresponda a la normativa, deberá incluirse una evaluación de los trámites nuevos generados, incluida la medición de las cargas administrativas potenciales. En este sentido, el sistema de AIR deberá unificar el proceso actual de Análisis de Calidad Regulatoria, a fin de que exista un solo sistema de evaluación ex ante de la normatividad.
Medidas de consulta preliminar llevadas a cabo.
Definición de estrategias para promover el cumplimiento de la normativa, incluida la identificación de recursos para las fiscalizaciones.
Definición de estrategias para monitorear y evaluar el desempeño de la normativa, incluida la definición de indicadores de medición del grado de cumplimiento de los objetivos de política pública.
Véase el capítulo siguiente en donde se proponen procesos modelo para la emisión de normativa que abordan cada una de estas etapas.
Idealmente, los criterios y guías aquí propuestos deberían introducirse a nivel de legislación, y se espera que estos se precisen en su Reglamento y/o manuales correspondientes.
La emisión del Decreto Legislativo 1448 (véase Capítulo 4) en el cual se define la política de mejora de la calidad de la regulación, y se define al AIR como una herramienta de dicha política, es un desarrollo alentador en esta dirección. En la publicación del decreto de implementación por parte de la PCM, el MEF y el MINJUSDH, se debería considerar atender las recomendaciones hechas en este apartado.
2. Para contar con el compromiso político del más alto nivel, el instrumento legal debería tener el apoyo del presidente de la República, a fin de que los ministerios de ejecución y las instancias públicas que dependen de ellos suscriban el cumplimiento del AIR.
3. Definir y ejecutar un programa de acciones para lograr el apoyo de los actores interesados que incluya a los ministerios y entidades públicas, universidades, órganos empresariales y ciudadanos, congreso, entre otros. El programa debería incluir acciones de comunicación y capacitación para informar sobre los beneficios y desafíos del sistema de AIR a estos actores. Este programa también promovería que dichos actores participen en el proceso de consulta de las normas que se recomiendan más adelante.
Integración oportuna del AIR en el proceso de toma de decisiones
4. Incluir en un Manual del AIR (véase más adelante recomendación específica) por publicar, diagramas y procesos que expliquen a detalle que el AIR se debe iniciar en las primeras etapas del diseño de la política pública. Véase el capítulo siguiente en donde se proponen procesos modelo para la emisión de normativa que abordan cada etapa del proceso de AIR.
Integración de un equipo de AIR dentro de la administración, incluyendo el establecimiento de un marco institucional
5. El reporte OECD (2018[1]), Política Regulatoria en el Perú: Uniendo el Marco para la Calidad Regulatoria, Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria, recomienda que:
Como primer paso, Perú podría pensar en crear un consejo coordinador de política regulatoria, en el cual la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos funjan como consejeros permanentes, con suficiente competencia para ejercer una función de supervisión eficaz. Las responsabilidades y papeles de cada uno de los consejeros tendrían que definirse con claridad para el funcionamiento de ese consejo.
El Comité ya está funcionando, pero sin un mandato legal. Se recomienda emitir un instrumento jurídico para darle formalidad legal, el cual deberá incluir los criterios bajo los cuales se evaluará la normativa.
6. El reporte (OECD, 2018[1]), Política Regulatoria en el Perú: Uniendo el Marco para la Calidad Regulatoria, Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria, recomienda que:
Perú debe aspirar a establecer un órgano de supervisión que concentre la mayoría de las actividades y herramientas de política regulatoria, si no es que todas, que actualmente están repartidas entre diversos ministerios, organismos y oficinas. Este órgano de fiscalización debe tener personalidad jurídica y los recursos necesarios para ejecutar las actividades de manera activa, supervisar al mismo tiempo toda la política regulatoria, incluso competencia para devolver los anteproyectos de regulación con una valoración adecuada mediante el análisis de impacto regulatorio (AIR), cuando no se cumpla con los criterios definidos.
Gráfica 7.1. Motivos por los que un órgano de supervisión puede devolver el AIR para su revisión
Notas: Basado en datos de 34 países más la Comisión Europea. La gráfica muestra el número de países que han reportado los diferentes motivos por los cuales un órgano de supervisión puede devolver el AIR para su revisión, tanto para leyes primarias como para regulaciones subordinadas.
Fuente: Resultados de 2014 Regulatory Indicators Survey, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/measuring-regulatory-performance.htm; (OECD, 2015[2]), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264238770-en.
7. El órgano de supervisión deberá tener los recursos financieros y humanos suficientes para llevar a cabo sus funciones de manera eficaz. En particular se deberá asegurar que el órgano tenga un equipo multidisciplinario con experiencia en áreas de política pública, leyes y economía.
8. El órgano supervisor deberá tener la capacidad de rechazar las propuestas normativas cuyas AIR no cumplan con los estándares requeridos. Esto deberá estipularse en el instrumento legal que cree el sistema de AIR y el órgano de supervisión (véanse Recuadro 7.1 y Gráfica 7.1 para ejemplos internacionales).
Recuadro 7.1. Asegurar la evaluación correcta de los costos y beneficios: algunos ejemplos de países
En Australia, una evaluación preliminar determina si una propuesta requiere un AIR y ayuda a identificar las mejores prácticas para el proceso de políticas públicas. Se requiere un AIR para todas las propuestas del Gabinete. Existen tres tipos de AIR: larga, normal y corta. El AIR corta sólo está disponible para las propuestas de Gabinete. Tanto el AIR larga como la normal deben incluir, entre otros requisitos, un nivel de análisis adecuado. La evaluación del AIR larga también debe incluir un análisis formal de costo-beneficio.
En Canadá, en el caso de las reglamentaciones subordinadas, al determinar qué y cómo regular, los ministerios y organismos son responsables de evaluar los beneficios y costos de las medidas regulatorias y no regulatorias, incluida la inacción gubernamental. Este análisis debe incluir medidas cuantitativas y, si no es posible cuantificar los beneficios y costos, medidas cualitativas. Al evaluar las opciones para maximizar los beneficios netos, los ministerios deben identificar y evaluar los posibles impactos económicos, ambientales y sociales, positivos y negativos, de la regulación propuesta, así como sus alternativas viables sobre los canadienses, las empresas (incluidas las pequeñas empresas) y el gobierno; identificar cómo se pueden distribuir los impactos positivos y negativos entre las diversas partes afectadas, los sectores de la economía y las regiones de Canadá. El Consejo del Tesoro de Canadá proporciona orientación y una función de validación durante todo este proceso.
En México, los AIR son revisados por la COFEMER, y si son insatisfactorias, por ejemplo, al no proporcionar impactos específicos, la COFEMER puede solicitar que el AIR se modifique, corrija o complete con más información. Si el AIR enmendada sigue siendo insatisfactorio, la COFEMER puede pedir a la secretaría principal que contrate a un experto independiente para evaluar el impacto. El órgano regulador no puede emitir la regulación hasta que la COFEMER emita su dictamen final.
En Estados Unidos, en el caso de regulación subordinada, el cumplimiento del análisis de costo-beneficio se garantiza mediante la revisión del proyecto de AIR y del proyecto de reglamento por parte de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios en virtud del Decreto Ejecutivo 12866.
Fuente: (OECD, 2015[2]), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264238770-en.
Recomendaciones para el diseño del marco de la AIR
Coordinación y administración
9. Considerar crear puntos de enlace oficiales en materia de política regulatoria en de los ministerios y entidades que emiten normativa, que sirvan para afianzar la organización y coordinación dentro del sistema de AIR (véase Recuadro 7.2 para ejemplos internacionales).
10. Considerar establecer un sistema electrónico de gestión de AIR para facilitar su manejo y la interacción entre los ministerios y las entidades que emiten normativa, y el órgano de supervisión.
Recuadro 7.2. Red de funcionarios en política regulatoria, ejemplos de países de la OCDE
En el Reino Unido existe una unidad central encargada de dirigir la mejora regulatoria. La Junta Directiva para una Mejor Regulación (Better Regulation Executive), perteneciente al Ministerio de Comercio, Energía y Estrategia Industrial y órgano encargado del manejo de la política regulatoria. Esta unidad no elabora normativas ni regulaciones, sino que es un punto central que involucra al gobierno central, el parlamento, la Oficina Nacional de Auditoría y a los órganos reguladores nacionales. Además, identifica al ministro responsable del proceso de mejora regulatoria en cada uno de los ministerios. Esta institución ejerce su influencia sobre varias áreas del gobierno.
En México los titulares de las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal designan a funcionarios que fungen como enlaces de mejora regulatoria ante la COFEMER, y tienen asignadas funciones específicas dentro del proceso de mejora regulatoria. Ellos se encargan de coordinar y hacer cumplir este proceso al interior de sus propias dependencias y organismos, proponer a la COFEMER el programa de mejora regulatoria relacionado con la normatividad y trámites que aplican, así como suscribir y enviar los anteproyectos normativos y de trámites que deberán sujetarse al proceso de mejora regulatoria. Estos enlaces deben tener nivel de subsecretario u oficial mayor, esto es, un nivel inmediato inferior a los titulares, lo que fortalece el proceso.
Fuentes: (OECD, 2010[3]), Better Regulation in Europe United Kingdom, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44912232.pdf; Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2017), Art. 69-H. Ley Federal de Procedimiento Administrativo Título Segundo del Régimen Jurídico de los Actos Administrativos, www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/112_020517.pdf.
Focalización y priorización de los esfuerzos del AIR
11. Definir una lista y/o criterios de los proyectos normativos que estarán exentos del AIR, por no generar ningún impacto sobre los administrados (véase Recuadro 7.3 para más información). Véase el capítulo siguiente en donde se proponen procesos modelo para la emisión de normativa que aborda el supuesto de exención del AIR.
Recuadro 7.3. Supuestos de exención del AIR
Existen varias formas de definir si una propuesta normativa no requiere la preparación de un AIR. Australia emplea una lista de preguntas que los órganos reguladores deben responder para preparar un AIR. México establece el criterio de que cualquier disposición que genere costos por encima de cero a los usuarios requiere de un AIR. Estados Unidos establece límites máximos de costo monetario (OECD, 2015[2]).
Es posible que una propuesta de normativa no genere costos a los administrados. Un ejemplo evidente es cuando algún ministerio o entidad pública desea aplicar una medida de mejora regulatoria que puede ser:
Eliminación de un procedimiento administrativo
Eliminación de requisitos
Disminución del plazo de respuesta
Reducción de exigencias técnicas
Eliminación de una prohibición
En estos casos, el administrado se beneficiará porque hay una reducción en los costos de cumplimiento de la regulación.
En otras ocasiones, la propia naturaleza de la disposición normativa tiene como consecuencia cero costos de cumplimiento para los administrados debido a que no generan ningún tipo de obligación para ellos. Este tipo de disposiciones tiene que ver más con procesos internos del gobierno, con obligaciones de transparencia del gobierno, o con otras obligaciones legales. Algunos ejemplos son:
Nombramiento oficial o cese de funcionarios de gobierno
Publicación de horarios de atención al público
Días laborables de la dependencia, días inhábiles, o periodos de cierre por vacaciones
Cambios de sede de oficinas públicas
Es posible establecer una lista de disposiciones normativas que, a priori, no requieran un AIR porque se prevé que su naturaleza no generará costos a los administrados.
En estos casos, es recomendable que el organismo supervisor de mejora regulatoria mantenga la capacidad de exigir la elaboración de un AIR, aun cuando una normativa pareciera caer en los supuestos de exención.
12. Establecer al menos dos tipos de AIR, una para proyectos normativos de alto impacto, para lo cual deberá hacerse un análisis de impacto detallado y exhaustivo, y otra para el resto de los proyectos, cuyo análisis de impacto sea menos substancial. En el manual del AIR deberán definirse, para cada caso, las características del análisis a llevar a cabo (véase Recuadro 7.4 para un ejemplo de México). Véase el capítulo siguiente en donde se proponen procesos modelo para la emisión de normativa que aborda estos supuestos.
Recuadro 7.4. Excepciones a la manifestación de impacto regulatorio y tipos de análisis en México
En México, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé eximir la obligación de presentar la manifestación de impacto regulatorio (MIR) cuando el anteproyecto no genere costos de cumplimiento para los particulares. Sin embargo, en este caso, la instancia correspondiente tendrá que enviar a la COFEMER el proyecto regulatorio acompañado de una solicitud de exención, en el que se deberá confirmar que éste no incurre en los siguientes supuestos: i) crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los particulares o hace más estrictas las existentes, ii) modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de cumplimiento para los particulares, iii) reduce o restringe prestaciones o derechos para los particulares, iv)establece o modifica definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares. Cumpliendo con esto, se podrá exentar a la propuesta regulatoria de presentar la MIR correspondiente. Pese a ello, la COFEMER se reserva el derecho de que, en caso de que estime que la propuesta regulatoria sí genera costos de cumplimiento para los particulares, pueda negar la solicitud de exención y exigir la presentación de la MIR correspondiente.
Hasta el 2010, en México existían los siguientes tipos de evaluación de impacto regulatorio:
MIR de impacto moderado: Esta MIR debe presentarse cuando el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea moderado, de acuerdo con el resultado obtenido mediante la Calculadora de Impacto de la Regulación.
MIR de alto impacto: Esta MIR debe presentarse cuando el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto. Esta clasificación se determina a través del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación.
MIR de actualización periódica: Esta MIR se presenta en el caso de anteproyectos que pretenden modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente, sin imponer obligaciones adicionales a las ya existentes.
MIR de emergencia: Esta MIR se presenta cuando el anteproyecto de regulación cumple con los siguientes criterios para la emisión de regulación de emergencia: i) Si las medidas propuestas en el anteproyecto tienen una vigencia no mayor a seis meses; ii) Si el objeto del anteproyecto es evitar un daño inminente o atenuar o eliminar un daño existente para la salud o bienestar de la población, el medio ambiente o los recursos naturales; y, iii) Si no se ha solicitado previamente trato de emergencia para un anteproyecto con contenido equivalente.
Durante noviembre de 2012, se implementaron, adicionalmente a los ya existentes, los siguientes tipos de MIR:
MIR de Impacto Moderado con análisis de impacto en la competencia: Esta MIR debe presentarse cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación y de la Lista de Verificación de impacto competitivo, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea moderado y pudiera tener efectos sobre la competencia de los mercados.
MIR de Alto Impacto con análisis de impacto en la competencia: Esta MIR debe presentarse cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación y de la Lista de Verificación de impacto competitivo, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto y se identifiquen acciones que pudieran impactar ya sea restringiendo o promoviendo cambios específicos en las condiciones de mercado sobre la intensidad de la competencia, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor.
MIR de Alto Impacto con análisis de riesgos: Esta MIR debe presentarse cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación y de la Lista de Verificación de impacto en situaciones de riesgo, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto; y se identifiquen acciones que pretenden atender, mitigar o atenuar una situación de riesgo.
MIR de Alto Impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis de riesgos: Esta MIR debe presentarse cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación, de la Lista de Verificación de impacto competitivo y de la Lista de Verificación de impacto en situaciones de riesgo, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto, se identifiquen acciones que pudieran impactar ya sea restringiendo o promoviendo cambios específicos en las condiciones de mercado sobre la intensidad de la competencia, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor, así como acciones o medidas que pretendan atender, mitigar o atenuar una situación de riesgo.
MIR ex post: Esta MIR se presenta para revisar la regulación con el objeto de determinar el logro de sus objetivos, así como su eficiencia, eficacia, impacto y permanencia.
Y en diciembre del 2016 se adicionaron los siguientes:
MIR de impacto moderado con análisis de impacto en el comercio exterior: Esta MIR debe presentarse cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación y del Filtro de verificación de impacto en el comercio exterior, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea moderado y se identifiquen disposiciones que puedan tener algún impacto sobre el comercio exterior.
MIR de alto impacto con análisis de impacto en el comercio exterior: Esta MIR debe presentarse cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación y del Filtro de verificación de impacto en el comercio exterior, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto y se identifiquen disposiciones que puedan tener algún impacto sobre el comercio exterior.
MIR de impacto moderado con análisis de impacto en la competencia y análisis de impacto en el comercio exterior: Esta MIR debe presentarse cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación, de la Lista de Verificación de impacto competitivo y del Filtro de verificación de impacto en el comercio exterior, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea moderado, se identifiquen acciones que pudieran impactar ya sea restringiendo o promoviendo cambios específicos en las condiciones de mercado sobre la intensidad de la competencia, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor, y se identifiquen disposiciones que puedan tener algún impacto sobre el comercio exterior.
MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis de impacto en el comercio exterior: Esta MIR debe presentarse cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación, de la Lista de Verificación de impacto competitivo y del Filtro de verificación de impacto en el comercio exterior, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto, se identifiquen acciones que pudieran impactar ya sea restringiendo o promoviendo cambios específicos en las condiciones de mercado sobre la intensidad de la competencia, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor, y se identifiquen disposiciones que puedan tener algún impacto sobre el comercio exterior.
MIR de alto impacto con análisis de riesgos y análisis de impacto en el comercio exterior: Esta MIR debe presentarse cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación, de la Lista de Verificación de impacto en situaciones de riesgo y del Filtro de verificación de impacto en el comercio exterior, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto, se identifiquen acciones o medidas que pretendan atender, mitigar o atenuar una situación de riesgo y se identifiquen disposiciones que puedan tener algún impacto sobre el comercio exterior.
MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia, análisis de riesgos y análisis de impacto en el comercio exterior: Esta MIR debe presentarse cuando, como resultado del uso de la Calculadora de Impacto de la Regulación, de la Lista de Verificación de impacto competitivo, de la Lista de Verificación de impacto en situaciones de riesgo y del Filtro de verificación de impacto en el comercio exterior, el impacto potencial del anteproyecto sometido a consideración de la COFEMER sea alto, se identifiquen acciones que pudieran impactar ya sea restringiendo o promoviendo cambios específicos en las condiciones de mercado sobre la intensidad de la competencia, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor, se identifiquen acciones o medidas que pretendan atender, mitigar o atenuar una situación de riesgo, y se identifiquen disposiciones que puedan tener algún impacto en el comercio exterior.
En todos los casos, y a pesar de los resultados de la Calculadora de Impacto de la Regulación, cuando la COFEMER lo estime pertinente, podrá solicitar la elaboración de una MIR distinta a la presentada a través de un escrito de ampliaciones y correcciones.
Fuente: (OECD, 2014[4]), Regulatory Policy in Mexico: Towards a Whole-of-Government Perspective to Regulatory Improvement, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264203389-en; Ley Federal de Procedimiento Administrativo Título Segundo del Régimen Jurídico de los Actos Administrativos de México; COFEMER. (s.f.). Marco Jurídico, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Gobierno, gob.mx, www.gob.mx/cofemer (consultado el 23 de enero de 2018).
13. Definir los criterios y el proceso a través de los cuáles el órgano de supervisión decidirá cuándo un proyecto normativo es de impacto moderado, y cuándo es de alto impacto, que deberá ser incluido al menos en el manual del AIR correspondiente (véanse en el Recuadro 7.5 ejemplos internacionales de criterios para definir la minuciosidad del AIR).
Recuadro 7.5. Análisis previo para la aplicación del AIR: algunos ejemplos
En Australia, una Evaluación Preliminar determina si una propuesta requiere el AIR (o una Declaración de Impacto Regulatorio, DIR) para la regulación primaria y subordinada (así como propuestas cuasi-reguladoras donde hay una expectativa de cumplimiento). Se requiere una Declaración de Impacto Regulatorio para todas las propuestas de normativa ante el Gabinete. Esto incluye propuestas de menor importancia o de tipo técnico y las que no tengan un impacto reglamentario sobre las empresas, organizaciones comunitarias o particulares. Un AIR también es obligatorio para cualquier decisión que no tome el Gabinete, sino cualquier entidad gubernamental australiana, si es probable que esa decisión tenga un impacto mensurable sobre las empresas, organizaciones comunitarias, individuos o cualquier combinación de ellos.
Bélgica aplica un sistema híbrido. Por ejemplo, de los 21 temas que se tratan en el AIR, 17 consisten en un análisis cualitativo rápido (impacto positivo/negativo o ningún impacto) basado en indicadores. Los otros 4 temas (género, PYME, cargas administrativas y coherencia de las políticas para el desarrollo) consisten en un enfoque más exhaustivo y cuantitativo, que incluye la naturaleza y el alcance de los impactos positivos y negativos.
Canadá aplica el AIR a todas las regulaciones subordinadas, pero usa un sistema de Nivel de Impacto para decidir el alcance del análisis. Este sistema destaca el principio de proporcionalidad de la Directiva del Gabinete sobre Gestión Regulatoria, con el fin de enfocar el análisis donde más se necesita. Elaborar una declaración de Nivel de Impacto al comienzo del desarrollo de la propuesta regulatoria determina si la propuesta requerirá un AIR completa o acelerada, basándose en los costos y siguientes factores:
Impacto bajo, costo inferior a CAD 10 millones de valor presente en un período de 10 años o menos de CAD 1 millón al año:
Impacto medio: costos de CAD 10 millones a CAD 100 millones de valor actual o de CAD 1 millón a CAD 10 millones al año;
Impacto alto: Costos superiores a CAD 100 millones de valor presente o superiores a CAD 10 millones anuales. Además, cuando existe un riesgo grave e inmediato para la salud y la seguridad de los canadienses, el medio ambiente o la economía, la Declaración de Nivel de Impacto se puede omitir y permitir un proceso acelerado de AIR.
México opera un análisis cuantitativo para decidir si se requiere o no un AIR para un proyecto de regulación primaria o subordinada. Los órganos reguladores y las secretarías competentes deben demostrar la ausencia total de costos de cumplimiento para estar exentos del AIR; de lo contrario, debe realizarse un AIR. En el caso de los AIR ordinarias viene un segundo análisis— cualitativo y cuantitativo— que México denomina “calculadora para la diferenciación de impacto”, donde como resultado de una lista de diez preguntas, la regulación puede estar sujeta a un AIR de Alto Impacto o a una de Impacto Moderado, esta última contiene menos detalles en el análisis.
En Nueva Zelandia, para todos los tipos de regulación, se utiliza un análisis cualitativo para decidir si tiene que aplicarse un AIR. Cada vez que un proyecto de reglamento se clasifica en las dos categorías siguientes, se requiere un AIR: i) se espera que la iniciativa de política conduzca a la emisión de un documento para presentarlo al Gabinete, y ii) la iniciativa de política considera opciones que implican la creación, modificación o derogación de una normativa.
Estados Unidos lleva a cabo un análisis cuantitativo para decidir la aplicación del AIR a las regulaciones subordinadas. El Decreto Ejecutivo 12866 exige un AIR completa para regulaciones económicamente significativas. El umbral para las regulaciones “económicamente significativas” (un subconjunto de todas las regulaciones “significativas”) se establece en la Sección 3 (f)(1) del Decreto Ejecutivo 12866: “Tener un efecto económico anual de USD 100 millones o más, o afectar negativamente de manera sensible la economía, un sector económico, la productividad, la competencia, el empleo, el medio ambiente, la salud pública o la seguridad, los gobiernos o las comunidades estatales, locales y tribales”.
En la Comisión Europea, para todos los tipos de regulación, se utiliza un análisis cualitativo para decidir si se tiene que aplicar el AIR. Se preparan evaluaciones de impacto para las iniciativas de la Comisión para las cuales se prevé un impacto económico, social o medioambiental importantes. La Secretaría General de la Comisión decide si este umbral se cumple o no sobre la base de una propuesta motivada del servicio principal. Los resultados se publican en una hoja de ruta.
Fuente: (OECD, 2015[2]), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264238770-en.
14. El órgano de supervisión deberá conservar la capacidad de cambiar la minuciosidad de la AIR, independientemente del resultado del proceso de definición antes indicado.
Recolección de datos
15. El manual del AIR deberá establecer un apartado en donde se identifiquen y enumeren las fuentes públicas de datos e información que se podrían utilizar para llevar a cabo la evaluación correspondiente.
16. El manual del AIR deberá definir opciones de estrategias de recolección de datos para cuando no haya datos disponibles, como encuestas o reuniones con grupos de interesados. Deberá recalcarse que en la etapa de consulta preliminar (véanse más adelante recomendaciones sobre consulta preliminar) existen muchas posibilidades de recolectar información, que a la postre permitirá hacer una evaluación correcta de las propuestas de política pública (véase Recuadro 7.6 para mayor información sobre cómo obtener datos para realizar un AIR).
Recuadro 7.6. Cómo obtener datos para el AIR: conceptos básicos
Obtener datos de alta calidad es un desafío básico para llevar a cabo un AIR. Sin buenos datos, el AIR contribuirá relativamente poco a una buena formulación de políticas. Sin embargo, la recopilación de datos puede ser un ejercicio costoso y lento. Esto significa que se debe adoptar un enfoque cuidadoso y estratégico. Las siguientes propuestas contienen estrategias de recolección de datos que deberían considerarse al comenzar un AIR, y sopesarse cuidadosamente dependiendo del proyecto específico de AIR. Dado que muchos de estos métodos de recopilación de datos pueden requerir recursos considerables, es posible que sea necesario contar con fuentes de terceros para obtener información, lo que ahorra tiempo y costos de investigación.
Encuestas
Mediante el diseño de un cuestionario, se puede solicitar información específica sobre los principales elementos de una propuesta. Una encuesta bien diseñada para los grupos afectados puede ser una buena base para calcular los costos de cumplimiento. Sin embargo, se necesita vigilar particularmente a los siguientes pasos:
La encuesta debe enviarse a un grupo representativo de las partes afectadas, debe procurarse asegurar que incluya a todos los principales grupos que habrán de acatar la regulación.
El cuestionario debe ser realista. Esto significa que las preguntas deben considerarse cuidadosamente para garantizar que los encuestados proporcionen respuestas verdaderas. Llevar a cabo un ensayo con un número muy pequeño de encuestados puede ayudar a identificar los problemas potenciales con respecto a esta necesidad.
El tamaño de la muestra debe considerarse cuidadosamente. Por un lado, se necesita un número suficiente para confiar en las tendencias identificadas; por el otro, debe asegurarse que la escala no exija demasiado de los escasos recursos.
Debe tratar de protegerse contra las respuestas sesgadas: a los que deben acatar la regulación les interesará exagerar los costos de cumplimiento. Un diseño cuidadoso de las preguntas puede evitar este problema
En particular, cuando los costos de cumplimiento son complejos, es posible considerar las entrevistas directas como una forma de mejorar la calidad de los datos recibidos. Recuerde que las encuestas que cubren temas pertinentes pueden haber sido completadas previamente, ya sea por el gobierno o por otros organismos. Se debe tratar de identificar los resultados pertinentes de las encuestas que ya están disponibles para mejorar los conocimientos existentes y reducir los costos de la recolección de datos.
Grupo de Consulta de las Empresas
Una precursora innovación en Dinamarca es el Business Test Panel, una lista de empresas que han acordado ayudar al gobierno a realizar los AIR. Estas empresas se ofrecen voluntariamente para asesorar sobre los probables costos de las propuestas regulatorias. Este grupo se utiliza como base para aplicar las encuestas. La ventaja de este modelo es que, con el tiempo, las empresas involucradas se familiarizarán con el concepto del AIR y comprenderán mejor la naturaleza de las preguntas que se formulan y la información que se necesita. Sin embargo, es necesario asegurarse de que las respuestas recibidas no estén sesgadas por el hecho de que un grupo “interno” concreto sea cuestionado con frecuencia.
Revisión de la experiencia en otros países
En muchos casos, es posible que en un país vecino se haya adoptado una regulación similar a la que se está considerando. Comunicarse con funcionarios gubernamentales o con otras fuentes en esos países puede ser una manera eficaz de obtener información sobre los posibles efectos de la propuesta regulatoria.
Otras entidades gubernamentales
Una gran cantidad de los datos pertinentes están en poder de entidades gubernamentales. Por ejemplo, la oficina de estadística de los gobiernos es un caudal de información general que puede incluir el número de empresas en diversos sectores, el número de personas empleadas, etc. Otra información útil también puede estar disponible en el gobierno. Por ejemplo, es posible que anteriormente se hayan aprobado regulaciones con características similares.
Revisiones bibliográficas
La revisión de las publicaciones académicas existentes puede ser una forma muy interesante de obtener información pertinente. Internet se puede utilizar cada vez más para realizar búsquedas bibliográficas; asimismo, los informes sobre el mercado y otros documentos de investigación comisionados por asociaciones industriales o grupos similares pueden ser muy útiles. Por ejemplo, las aseguradoras pueden tener mucha información pertinente sobre el tamaño y naturaleza de los daños que las regulaciones intentan prevenir. Esto puede utilizarse para calcular el tamaño de los probables beneficios regulatorios.
Fuente: (OECD, 2008[5]), “Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA)”, OECD, Paris, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria.htm (consultado el 3 agosto 2017).
17. En el manual del AIR deberá barajarse la posibilidad de comisionar a despachos externos la recolección de datos para los AIR de alto impacto.
18. Para el AIR de alto impacto, en el manual del AIR deberá estipularse el requisito de llevar a cabo un análisis monetario de costos y beneficios (véase Recuadro 7.7 para un resumen de la metodología del análisis de costo-beneficio).
Recuadro 7.7. Resumen de la metodología del análisis de costo-beneficio
El análisis de costo-beneficio (ACB) es uno de los métodos utilizados para medir los impactos de un proyecto regulatorio. Esta metodología tiene seis pasos y propone la cuantificación (en términos monetarios) de los costos y beneficios de la regulación. La aplicación de esta metodología implica:
Identificar los impactos directos e indirectos de las alternativas de regulación. Este punto también incluye un análisis distributivo y en la competencia, así como la especificación de costos de cumplimiento, incluyendo las cargas administrativas que se pueden medir a través del modelo de costeo estándar.
Cuantificar y expresar en términos monetarios los costos y beneficios. La asignación de un valor monetario puede basarse en los precios de mercado (si están disponibles) o en métodos alternativos como los precios hedónicos, gastos de defensa, costo de viaje o valoración contingente.
Definir el horizonte de evaluación y determinar los flujos de efectivo. El número de periodos que se utilizarán para evaluar los costos y beneficios del proyecto pueden determinarse de diversas formas. Por lo general, se toma el número de años en donde la aportación de los beneficios y costos descontados comienza a ser mínima; sin embargo, también podría utilizarse la vida prevista de las inversiones de capital o la vigencia del programa.
Descontar los flujos. Este paso implica determinar una tasa de descuento con el fin de traer los flujos de efectivo a valor presente. Este punto y el anterior son de particular importancia ya que determinan el valor presente neto del proyecto; y, por ende, su preferencia sobre otro o no. El valor presente se calcula descontando los flujos de efectivo (tanto costos como beneficios) utilizando la siguiente fórmula:
Donde:
V0: Valor presente
Vt: Valor monetario en el periodo
r: Tasa de descuento
t: Número de períodos
Una vez que se han descontado los flujos, se procede a sumar los beneficios y restar los costos. Si bien los costos tienden a ubicarse al inicio del proyecto, no necesariamente siempre es así, por lo que es importante considerar todas las erogaciones y beneficios durante la duración de la regulación. El proyecto con el mayor valor presente neto debe ser el preferido.
Análisis de sensibilidad (en caso de ser necesario). El análisis de sensibilidad implica realizar cambios en variables pertinentes para ver cómo cambian los resultados. Este proceso es importante cuando los proyectos regulatorios cuentan con periodos diferentes o en los que es difícil determinar una tasa de descuento.
Elegir la mejor alternativa. Una vez que se cuenta con los criterios de evaluación, es necesario seleccionar la intervención a realizar. Frecuentemente se escoge la alternativa con el mayor beneficio neto o aquella con una razón costo-beneficio más alta (y mayor a 1).
El análisis de costo-beneficio es una manera objetiva de evaluar el impacto de una regulación; sin embargo, puede haber discrepancias al momento de determinar la tasa de descuento o de asignar un valor monetario a elementos intangibles (por ejemplo, la satisfacción).
Fuente: (COFEMER, 2013[6]), “Guía para Evaluar el Impacto de la Regulación”, www.cofemer.gob.mx/presentaciones/espa%f1ol_vol%20i.%20metodos%20y%20metodologias_final.pdf; (European Commission, 2017[7]), “Better regulation Toolbox”, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox.pdf.
19. Para los AIR de impacto moderado, estipular en el manual que, además del análisis de costo-beneficio, pueden usarse otras metodologías que podrían incluir: análisis de costo efectividad y análisis de decisión multicriterio (véase recuadro 7.8 para un resumen de otras metodologías disponibles para la evaluación de impacto). Asimismo, establecer que se deberán incluir como mínimo la identificación cualitativa de los costos y los beneficios de cada alternativa.
Recuadro 7.8. Resumen de otras metodologías para la evaluación de impacto
Análisis de costo-efectividad
El análisis de costo-efectividad (ACE) se utiliza principalmente en los casos donde es muy costoso realizar un análisis de costo-beneficio. El ACE permite comparar los costos (en términos monetarios) con los beneficios, los cuales no se expresan en términos monetarios. Es decir, esta metodología cuantifica los beneficios por cada unidad monetaria dedicada al proyecto. Al igual que el ACB, el análisis de costo-efectividad observa una serie de pasos para su elaboración.
Cuantificar los costos de cada alternativa regulatoria. En este primer paso, se determinan los costos directos y tangibles para cada opción de política.
Cuantificar los beneficios de cada alternativa regulatoria. En este caso, los beneficios no se miden en términos monetarios, sino que se contabilizan utilizando medidas alternativas conforme al objetivo del programa. Por ejemplo, medidas como el aumento en la esperanza de vida, la cantidad de emisiones de CO2 que se reduce, o el nivel de escolaridad alcanzado pueden utilizarse para calcula los beneficios.
Cuantificar la efectividad para cada opción. La razón costo-efectividad, definida como el valor presente de los costos entre los beneficios, es la especificación que se utiliza para determinar la preferencia de alguna opción sobre otra.
Elegir la alternativa regulatoria con el Análisis de Costo-Efectividad más bajo.
Análisis de decisión multicriterio
Este método consiste en la ponderación y análisis de distintos criterios de evaluación, el cual es particularmente útil en casos donde los aspectos económicos, sociales y ambientales son pertinentes. Los elementos constitutivos de esta metodología son:
Establecer los objetivos a evaluar. Consiste en identificar el propósito principal de la política, así como las metas secundarias.
Identificar los criterios de evaluación. Este punto es particularmente importante porque se definen los parámetros necesarios para ponderar el cumplimiento de los objetivos determinados en el paso anterior. Los indicadores seleccionados deben de ser mutuamente excluyentes, es decir, un criterio no puede influir en más de un indicador.
Identificar las opciones que serán evaluadas. Se debe evaluar un conjunto reducido de alternativas, pero con opciones diversas, con el fin de analizar políticas con efectos sustancialmente diferentes.
Calificar y evaluar el desempeño esperado de cada opción de acuerdo con el criterio de evaluación elegido. Dado que la evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa, es importante hacer que los resultados sean comparables entre sí, esto con el fin de poder obtener un solo resultado de cada una de las opciones de política contempladas. La estandarización de los resultados se lleva a cabo a través del uso de una escala de 0 a 100 (donde 0 es el resultado menos deseable y 100 el más favorable).
Ponderación de criterios. Una vez que se estandarizan los resultados es necesario generar un único indicador para cada alternativa de política. La construcción del indicador implica determinar la importancia relativa de cada uno de los criterios de evaluación, lo cual puede estar a cargo del órgano regulador o de algún asesor externo.
Combinar las ponderaciones y calificaciones de cada opción. La puntuación final de cada una de las alternativas consideradas es el promedio ponderado de todos los criterios evaluados.
Elegir la alternativa de política pública con la puntuación más alta.
Fuentes: (COFEMER, 2013[6]), “Guía para Evaluar el Impacto de la Regulación”, www.cofemer.gob.mx/presentaciones/espa%f1ol_vol%20i.%20metodos%20y%20metodologias_final.pdf; (European Commission, 2017[7]), “Better Regulation Toolbox”, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox.pdf.
20. Establecer que, en ambos casos del AIR, el análisis debe incluir una evaluación de los trámites nuevos generados, incluida la medición de las posibles cargas administrativas.
Consulta, participación y transparencia
21. Estipular en el instrumento legal de creación del sistema de AIR la consulta como elemento esencial, y especificar que los proyectos normativos, según se defina en el manual que se emita, deberán cumplir con las dos etapas de consulta: la consulta preliminar y la consulta una vez que se tenga el proyecto normativo.
22. Estipular en el Manual del AIR los lineamientos necesarios para establecer a la consulta preliminar como un proceso flexible y abierto, pero necesario (véase Recuadro 7.9 para más información sobre la consulta preliminar).
Recuadro 7.9. Consulta preliminar: elementos básicos
La consulta preliminar se lleva a cabo cuando surge un problema que amerite la intervención del gobierno. Esta consulta sirve, fundamentalmente, para obtener información que permita identificar de manera correcta el problema de política pública, su magnitud e importancia. En este momento es conveniente realizar una consulta focalizada, donde se considere a los principales afectados y quienes puedan proporcionar mejor información. Esta etapa es previa al diseño y presentación de una propuesta regulatoria, es decir, aún no se cuenta con un proyecto de regulación; y, por el contrario, esta consulta ayuda a definir la posible forma de intervención del gobierno para atender un problema público.
La consulta preliminar debe realizarse desde que se identifica la necesidad de intervenir para que ésta contribuya a determinar si realmente es necesaria la intervención del gobierno, además de obtener información y evidencia sobre la problemática identificada y, sobre todo, a garantizar la manera en la que deberá intervenir el gobierno, definiendo si será a través de una propuesta regulatoria o de otros mecanismos.
La Comisión Europea propone algunos tipos de métodos y herramientas para llevar a cabo la consulta preliminar, mismos que se muestran a continuación, a manera de ejemplo:
Fuente: (European Commission, 2017[7]). “Better Regulation Toolbox”, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox.pdf.
23. Estipular en el Manual del AIR un proceso estandarizado para la etapa de consulta del proyecto normativo, que deberá tener las siguientes características:
El proyecto normativo y la correspondiente AIR deben estar disponibles para la consulta al menos durante 30 días hábiles.
Los administrados deberán tener la capacidad de hacer comentarios tanto al proyecto normativo como al AIR.
Los ministerios y entidades que emitan normativa deberán responder todos los comentarios y, al finalizar el proceso, emitir un documento que resuma los comentarios recibidos y las acciones que tomarán para abordar los comentarios procedentes.
24. Crear un sistema en línea para la etapa de consulta del proyecto normativo y del AIR correspondiente (véase Recuadro 7.10 para el ejemplo de México) que:
Centralice y contenga todos los proyectos normativos y sus correspondientes AIR en consulta.
Permita a los administrados enviar sus comentarios, y que éstos sean públicos.
Permita a los ministerios y entidades que emitan normativa responder a los comentarios, y qué estos sean públicos.
Permita a los ministerios y entidades que emitan normativa publicar el documento que resuma los comentarios recibidos y las acciones que tomarán para abordar los comentarios procedentes.
Recuadro 7.10. La consulta en el AIR en México
La consulta en México está fuertemente influenciada por requisitos formalmente estipulados en dos leyes distintas. En primer lugar, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos estipula requisitos específicos de consulta pública como parte integrante del proceso de AIR. En segundo lugar, la legislación sobre transparencia adoptada recientemente establece requisitos de consulta más generales que son independientes del propio proceso de AIR. En particular, esta ley exige que todas las propuestas regulatorias se publiquen en el sitio web de la secretaría u organismo regulador pertinente.
El proceso de AIR ofrece importantes oportunidades de consulta pública, así como importantes medidas preventivas para asegurar que se tomen en cuenta debidamente los comentarios recibidos de las partes interesadas. En particular, COFEMER publica en su sitio web, www.cofemer.gob.mx, todas los AIR preliminares, así como sus comentarios y todas las aportaciones recibidas de los interesados. Esta publicación generalizada de un amplio conjunto de documentos relacionados con los AIR es probablemente todavía la única entre los países miembros de la OCDE. Además, la publicación de la respuesta de la COFEMER al AIR preliminar proporciona a las partes interesadas información adicional que potencialmente puede permitirles participar de forma más eficaz en el proceso. Por ejemplo, al destacar las deficiencias del análisis, este material puede ayudar los interesados a identificar los datos u otros materiales en su poder que podrían incorporarse al análisis. La publicación de todos los comentarios, aportados por los interesados sobre la propuesta, proporciona la base esencial para un diálogo más detallado y productivo entre las partes interesadas. La COFEMER considera que la publicación de este amplio conjunto de documentos relacionados con los AIR es un factor clave para garantizar que los órganos reguladores tomen en cuenta sus opiniones y, por lo tanto, un factor de éxito esencial.
El proyecto de AIR debe estar abierto a la consulta durante al menos 20 días laborales, pero, en la práctica, la norma parece ser que los períodos de consulta son mucho más largos. Esto refleja, en parte, la necesidad de que la COFEMER lleve a cabo su análisis inicial del documento de AIR y publique su respuesta. En consecuencia, se percibe que el proceso ofrece múltiples oportunidades para las aportaciones de las partes interesadas. La COFEMER también apoya la participación efectiva en la consulta, al proporcionar activamente el AIR preliminar a las principales partes interesadas claves y solicitarles sus participaciones en muchos casos.
Fuente: (OECD, 2014[4]), Regulatory Policy in Mexico: Towards a Whole-of-Government Perspective to Regulatory Improvement, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264203389-en.
25. Para proyectos normativos multisectoriales, el proceso de consulta debería ejecutarse de manera previa que la revisión de la CCV.
Recomendaciones para preparar la implementación del AIR
Elaboración de directrices
26. Emitir una guía para el AIR simplificado que actualmente realiza el Comité MEF‑PCM-MINJUSDH para la revisión de impacto ex ante de los proyectos de normativa. La guía podría contener una lista de verificación de impacto y lineamientos para su respuesta. Véase recuadro 7.11 para un ejemplo internacional.
Recuadro 7.11. Lista de verificación de los criterios reglamentarios de Columbia Británica, Canadá
En Columbia Británica, Canadá, la Lista de Verificación de Criterios Reglamentarios (RCC) sustituyó a la evaluación de impacto regulatorio (AIR) en 2001. Los ministros y titulares de las autoridades reguladoras deben asegurarse de que cualquier propuesta de legislación, regulación y nueva política sea evaluada conforme a los criterios expuestos en la lista de verificación. Debe incluirse una copia firmada de la RCC o formulario de exención con toda legislación que se someta a revisión del Consejo Ejecutivo, y cualquier Decreto Real que el ministerio responsable recomiende al Consejo Ejecutivo para promulgar un reglamento. Las copias de la RCC firmadas y los formularios de exención deben proporcionarse a Straightforward BC. Además, el ministro responsable o titular de una autoridad reguladora debe poner la RCC a disposición del público, en forma gratuita, cuando así se solicite.
La RCC en sí misma es sencilla e incluye varias preguntas en once diferentes categorías: i) inversión de la carga de la prueba: se justifica la necesidad, ii) análisis de costo/beneficio, iii) análisis competitivo; iv) diseño optimizado; v) principio de sustitución, vi) diseño basado en resultados; vii) desarrollo transparente, viii) tiempo y costo del cumplimiento, ix) lenguaje sencillo, x) comunicaciones sencillas y xi) revisión de la expiración/principio de prescripción.
Cada categoría tiene junto a ella una casilla de verificación sí/no. Si la respuesta a las preguntas de cualquier categoría es “no”, entonces, debe anexarse una explicación. Al final del formulario, hay una casilla que pregunta cuántos requisitos normativos se agregarán y cuánto se eliminarán, así como cuál será el cambio neto. Cuando la política de reforma se aplicó por vez primera en 2001, por cada requisito normativo que se introdujera debían eliminarse dos. Desde 2004, cuando se cumplió con la meta original de reducir la normativa en una tercera parte, se instituyó la meta de ningún incremento neto y se amplió hasta 2015.La RCC estimuló un cambio cultural, de uno en que la regulación era considerada como la respuesta a todo problema y el sector privado era visto con cierta sospecha a otro donde se hacen preguntas, se consideran alternativas y se entiende mejor la contribución que las empresas hacen a la economía.
Fuente: (García Villarreal, 2010[8]), “Successful Practices and Policies to Promote Regulatory Reform and Entrepreneurship at the Sub-national Level”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 18, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5kmh2r7qpstj-en.
27. Una vez que se emita el documento legal que establezca el sistema de AIR, emitir el manual del AIR.
28. El manual deberá contener, al menos, las siguientes secciones:
El proceso de política pública y los momentos en los que debe llevarse a cabo cada etapa del AIR (véase el capítulo siguiente donde se proponen procesos modelo para la emisión de normativa).
Lista de los criterios o de los instrumentos exentos del AIR.
Proceso para llevar a cabo el análisis que permita identificar la minuciosidad del análisis del AIR.
Guía para rellenar cada una de las secciones del AIR para los AIR de alto impacto, incluida la explicación de la metodología del Análisis de Costo‑Beneficio.
Guía para rellenar cada una de las secciones del AIR para los AIR de impacto moderado, incluida la explicación de las metodologías del Análisis de Costo‑Efectividad y el Análisis de Decisión Multicriterio.
Guía para llevar a cabo la consulta preliminar.
Guía con información sobre fuentes de datos.
Capacitación a órganos reguladores
29. Diseñar y ejecutar un programa de capacitación para dar a conocer el calendario del AIR implementado por el comité MEF-PCM-MINJUSDH, y para rellenar el AIR simplificada de acuerdo con la guía que se recomienda antes.
30. Una vez que se emita el documento legal que establezca el sistema de AIR, implementar un programa recurrente de capacitación.
31. Dicho programa debe incluir distintos niveles de complejidad (por ejemplo, cursos introductorios vs. cursos avanzados) en los cursos, acordes con la demanda de los funcionarios, las necesidades de capacitación y los objetivos del organismo supervisor.
32. Adicional al programa de capacitación, buscar estancias técnicas de intercambio con los países de la OCDE para la adopción de buenas prácticas en materia de AIR. En esas estancias podrían participar funcionarios del organismo supervisor y funcionarios de los ministerios y entidades gubernamentales que emitan normativa, según los objetivos que plantee el organismo supervisor.
La comunicación como herramienta del AIR, incluida la comunicación dentro de la administración e informar los resultados
33. Una vez que se emita el documento legal que establezca el sistema de AIR, implementar un programa de reuniones públicas para comunicar los adelantos del sistema de AIR, y complementarlo con la preparación de informes de avance públicos y periódicos.
En el Anexo 7.A de este capítulo se incluye una propuesta de prelación en la implementación de las recomendaciones contenidas en este capítulo.
Referencias
[6] COFEMER (2013), Guía para Evaluar el Impacto de la Regulación, http://www.cofemer.gob.mx/presentaciones/espa%f1ol_vol%20i.%20metodos%20y%20metodologias_final.pdf.
[7] European Commission (2017), “Better regulation Toolbox”, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox.pdf.
[9] European Commission (n.d.), Tool #50: Stakholder Consultation Tools, http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_50_en.htm.
[8] García Villarreal, J. (2010), “Successful Practices and Policies to Promote Regulatory Reform and Entrepreneurship at the Sub-national Level”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 18, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5kmh2r7qpstj-en.
[1] OECD (2018), Política Regulatoria en el Perú: Uniendo el Marco para la Calidad Regulatoria, Revisiones de la OCDE sobre reforma regulatoria, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264279001-es.
[2] OECD (2015), OECD Regulatory Policy Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264238770-en.
[4] OECD (2014), Regulatory Policy in Mexico: Towards a Whole-of-Government Perspective to Regulatory Improvement, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264203389-en.
[3] OECD (2010), Better Regulation in Europe: United Kingdom 2010, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264084490-en.
[5] OECD (2008), Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), OECD, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf.