Tras la recuperación pospandemia del crecimiento registrada en ALC en 2021, en 2022 las condiciones exteriores se volvieron menos favorables, se redujeron las transferencias públicas de apoyo, la política monetaria se endureció y los efectos de la reapertura de las economías se disiparon. La desaceleración de la actividad económica en ALC en 2023 sugiere que la región está volviendo a los niveles de bajo crecimiento observados antes de la pandemia. Las condiciones socioeconómicas siguen siendo difíciles en ALC, con niveles de pobreza (29%) y pobreza extrema (11.2%) en 2022 que aún se mantienen en promedio en valores pre-pandemia. Uno de los principales obstáculos para dar respuesta a esta situación es la informalidad laboral, que se traduce en salarios más bajos y falta de acceso a las redes de protección social. En promedio, el 42.8% de la población de la región vivía en un hogar que dependía solo del empleo informal. Asimismo, el aumento de la inflación ha ido socavando progresivamente el poder adquisitivo en ALC y ha afectado con especial dureza a las poblaciones más vulnerables. Durante el primer semestre de 2023, los hogares en situación de pobreza extrema experimentaron un incremento medio de los precios de unos 4.0 puntos porcentuales más que el promedio de los hogares de la región.

Con tan solo un 20% del PIB, ALC presenta uno de los niveles de inversión total más bajos de todas las regiones del mundo, lo cual obedece, en parte, a las reducidas tasas de ahorro nacional. Desde el año 2000, el ahorro interior bruto alcanzó una media del 20% del PIB, frente al 35% del PIB en las economías de Asia Oriental y el Pacífico. El sector privado es la mayor fuente de inversión en casi todos los países de ALC (78% de la inversión total en 2019 en promedio), si bien esta inversión sigue concentrada en las grandes empresas. El sector público debe desempeñar un papel crucial mediante la inversión en infraestructura pública estratégica y la movilización de la inversión privada. Para ello, el sector público puede apoyar actualizando los marcos regulatorios de inversión y asegurando una buena regulación de las asociaciones público-privadas (APP), bajo marcos institucionales sólidos.

Pese a que la inversión doméstica sigue siendo baja en ALC, la región ha atraído niveles relativamente altos de inversión extranjera directa (IED). En 2022, fue la región del mundo que registró, en términos relativos, las mayores entradas de IED (equivalente al 4% del PIB de la región). A título ilustrativo, el Plan Marshall adoptado para impulsar la recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial ascendió a cerca del 2% del total de rentas nacionales de los países receptores entre 1948 y 1951 (13 000 millones de dólares estadounidenses (USD) en 1948, equivalentes a 160 000 millones en 2022). Por su parte, la IED en ALC superó el 3% del PIB durante los períodos 2017-19 (464 000 millones de USD) y 2020-22 (445 000 millones de USD) y alcanzó el 4% del PIB en 2022. Las empresas extranjeras tienden a ser más productivas e invierten más en innovación de productos y en investigación y desarrollo (I+D) que las empresas nacionales. Estas diferencias sugieren que existe un potencial importante para la transferencia de conocimiento y tecnología desde las empresas extranjeras a las empresas nacionales. Asimismo, las empresas extranjeras presentes en ALC suelen ofrecer salarios promedio más altos y emplear a una proporción más elevada de trabajadores no cualificados. Además, son más proclives a ofrecer oportunidades de capacitación a sus empleados para mejorar sus competencias y aumentar sus posibilidades de encontrar un empleo en el futuro. El impacto de la IED en términos de creación de empleo varía significativamente dependiendo del país del que procede y del sector en el que se invierte. La inversión procedente de la UE y de Estados Unidos ha incidido de manera especialmente positiva en la creación de puestos de trabajo en el sector manufacturero de ALC. La IED en energías renovables en ALC crea más empleos que la destinada a los combustibles fósiles.

La estructura productiva en ALC se caracteriza por niveles bajos de productividad. La inversión en capital físico, conocimientos e innovación, ya sea doméstica o extranjera, será un factor fundamental de la transformación productiva. La inversión en I+D se ha mantenido baja en las dos últimas décadas, en torno al 0.65% del PIB en promedio, muy por debajo de la media de la OCDE, en torno al 2.7% del PIB en 2022, y casi el 60% corre a cargo del sector público. Asimismo, la inversión en sectores estratégicos permitirá a la región aprovechar nuevas oportunidades, como las asociadas con la transición verde y la transformación digital. Estos sectores estratégicos pueden agruparse en cuatro grandes áreas, que están interrelacionadas y donde se están generando nuevas oportunidades de inversión y creación de empleo: i) la transición verde; ii) la transformación digital; iii) salud y la economía del cuidado; y iv) agricultura y sistemas de alimentos sostenibles. En términos de creación de empleo verde, varias actividades muestran un elevado potencial, como la fabricación sostenible de alimentos, la administración pública (por ejemplo, en relación con la planificación e implementación de políticas sostenibles); la construcción sostenible; el transporte sostenible; y el comercio sostenible (por ejemplo, vinculado a modelos empresariales más sostenibles y circulares). Dado que las nuevas ocupaciones verdes están relacionadas en su mayoría con habilidades y conocimientos científicos avanzados, se observa una mayor probabilidad de que quienes las desempeñen sean hombres con educación superior y con empleos formales. Esto significa que son necesarias políticas activas de mercado laboral para aprovechar el potencial de formalización del empleo asociado a la transición verde, con una especial consideración a reducir el sesgo de género que se observa en estos empleos.

Una agenda de inversión ambiciosa y amplia requerirá una implicación mucho mayor tanto del sector público como del privado. Es fundamental avanzar hacia sistemas impositivos más eficaces y progresivos, una mayor eficiencia del gasto público y de la gestión de la deuda, y marcos fiscales más sólidos y sostenibles para impulsar la inversión pública en un contexto caracterizado por un espacio fiscal limitado. Existen, al menos, dos áreas con potencial para mejorar el flujo de recursos financieros privados y públicos hacia los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, las instituciones de financiamiento del desarrollo pueden jugar un papel clave para facilitar el acceso a financiamiento por parte del sector productivo, dado que el 75% de las necesidades de financiamiento de las mipymes no están siendo cubiertas en ALC, y pueden impulsar inversiones en sectores estratégicos. El segundo ámbito es el desarrollo de instrumentos de financiamiento innovadores, como los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (GSSS). Estos bonos representan el 32% del total de las emisiones internacionales de bonos en ALC.

Es fundamental favorecer y promover un mayor diálogo en torno a la agenda de inversión, para mejorar el impacto de estas inversiones en el desarrollo, ayudando además a aumentar su legitimidad y fortaleciendo así el contrato social. Es necesario impulsar la confianza en la inversión privada, ya que más de la mitad de los ciudadanos de la región confiaba poco en las empresas nacionales e internacionales en 2020. Igualmente, la percepción positiva con respecto a la IED descendió hasta un nivel de 53% en ese año. Los gobiernos han de establecer mecanismos que promuevan una participación ciudadana efectiva, evaluaciones de impacto, y una distribución más equitativa de los beneficios derivados de los proyectos de inversión. Los planes nacionales de desarrollo (PND) pueden proporcionar los marcos de política integrales, bien coordinados y de largo plazo que son necesarios para llevar a la práctica estrategias de inversión y de transformación productiva coherentes. Estos planes pueden servir también como catalizadores para atraer inversión privada, al mejorar la previsibilidad y la transparencia de las políticas, y pueden incluir orientaciones de política pública asociadas a sectores estratégicos con un elevado potencial de desarrollo en la región.

Las alianzas internacionales pueden crear sinergias entre organizaciones internacionales, gobiernos, expertos, agencias de desarrollo e instituciones del sector privado con el fin de atraer inversiones que contribuyan a la transformación productiva de ALC. Estas alianzas pueden atraer inversiones privadas a través de mecanismos innovadores, como la financiación mixta, para movilizar recursos adicionales hacia proyectos de desarrollo sostenible. Durante la última década, la financiación privada movilizada por las intervenciones oficiales de financiación del desarrollo en ALC aumentó de 3 000 millones de USD en 2016 a 9 000 millones de USD en 2021. Las alianzas internacionales también pueden ayudar a generar un mayor impacto socioeconómico en las inversiones, creando un entorno propicio para la inversión; fomentando la colaboración entre instituciones, como los bancos multilaterales de desarrollo, las instituciones de financiamiento del desarrollo, las agencias de crédito a la exportación, las agencias de promoción de las inversiones y el sector privado; o impulsando el desarrollo local mediante la aplicación de requisitos de contenido local. La integración regional y, en particular, los esfuerzos para la integración productiva pueden servir como un elemento adicional para promover la movilización de mayores y mejores inversiones. Por último, la Agenda de Inversiones Global Gateway de la UE en ALC identifica oportunidades de inversión en sectores estratégicos. Esta herramienta, junto con los mecanismos renovados de diálogo y coordinación entre los actores implicados en la inversión, el comercio y el desarrollo pueden ser útiles para acompañar nuevas iniciativas de reindustrialización. Para alcanzar este objetivo, la agenda debería estar alineada con las prioridades nacionales y garantizar que los flujos de inversión se ajusten a criterios comunes de calidad, sostenibilidad e inclusión.