Ecuador está diseñando e implementado una serie de acciones para promover un enfoque de integridad pública que abarque a toda la sociedad. Por ejemplo, la Estrategia Nacional Anticorrupción incluye dos líneas estratégicas enfocadas en generar una mayor conciencia sobre las responsabilidades del sector privado y de la sociedad civil en la promoción de la integridad pública. El plan de acción 2022-2025 de la Estrategia elaborado por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción incluye el diseño e implementación de campañas de concientización y módulos de capacitación dirigidos a la ciudadanía, y la implementación de un programa de incentivos a las prácticas anticorrupción de las empresas, entre otros. Además, el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción 2019-2023 de la Función de Transparencia y Control Social incluye acciones dirigidas a fortalecer la participación ciudadana y la cooperación con el sector privado para la prevención de la corrupción.

Los esfuerzos para promover una cultura de integridad en toda la sociedad involucran a varias instituciones del sector público. Estos esfuerzos son liderados por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción en la Función Ejecutiva y por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la Función de Transparencia y Control Social, jugando también roles relevantes el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, entre otros. Considerando esto, existen oportunidades para fortalecer la coordinación interinstitucional entre los actores públicos con responsabilidades en el sistema de integridad pública. Recientemente, la Secretaría de Políticas Públicas Anticorrupción comenzó a trabajar más estrechamente con instituciones públicas relevantes -por ejemplo, con el Ministerio de Educación para incluir conceptos clave de integridad pública en el nuevo currículo nacional. Sin embargo, para lograr un mayor alcance e impacto, esta cooperación podría desarrollarse de forma más consistente.

Además, aunque los ciudadanos y otras partes interesadas relevantes participaron en el desarrollo de políticas públicas de integridad, aún hay espacio para promover un diálogo y un compromiso más significativos. Si bien el Gobierno de Ecuador utilizó insumos generados durante un proceso de consulta pública para el diseño de la Estrategia Nacional Anticorrupción, no se proporcionó la retroalimentación necesaria para crear una relación bidireccional entre el gobierno y las partes interesadas. Un mejor uso de canales y mecanismos de participación alternativos podría haber fomentado la colaboración de las partes interesadas durante todas las fases del ciclo de política.

Adicionalmente, existen lagunas de información sobre las prácticas de integridad y los riesgos de corrupción en la sociedad, la academia y el sector privado que dificultan al gobierno la identificación de los principales retos en materia de integridad en el conjunto de la sociedad y el diseño de iniciativas adecuadas para abordarlos. Contar con evidencia actualizada, confiable y recopilada regularmente es fundamental no solo para desarrollar iniciativas que respondan a los desafíos reales y a las particularidades del contexto de un país, sino también para medir el progreso e impacto de dichas iniciativas y modificar aquellas que no estén logrando los resultados esperados.

Para asegurar que los esfuerzos por promover la integridad pública en la sociedad ecuatoriana son efectivos, sostenibles y coherentes, Ecuador podría continuar fortaleciendo el papel de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción como la principal institución responsable de la integridad pública en la función Ejecutiva. Además, la instancia de coordinación interinstitucional para la prevención de la corrupción podría ser reforzada para facilitar su papel como principal espacio de diálogo y coordinación entre las cinco funciones del Estado, los diferentes niveles de gobierno, y con la sociedad civil, la academia y el sector privado. Estas recomendaciones también están en línea con el informe de la OCDE de 2021 La Integridad Pública en el Ecuador: Hacia un Sistema Nacional de Integridad.

Ecuador podría mejorar la coordinación interinstitucional entre los actores públicos relevantes, así como la cooperación entre el sector público y el sector privado, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil. Dicha coordinación y cooperación incluiría la planificación e implementación de iniciativas dirigidas a promover la integridad pública en toda la sociedad y fomentar la corresponsabilidad de todos los actores relevantes en la lucha contra la corrupción. La Secretaría de Política Pública Anticorrupción podría considerar fortalecer la cooperación con la Función de Transparencia y Control Social, principalmente en la promoción de la participación ciudadana y el fomento de la denuncia de violaciones de integridad. De igual forma, la Secretaría de Política Pública Anticorrupción y otros actores institucionales con responsabilidades en materia de integridad podrían fomentar más alianzas con el sector privado, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil, particularmente en el área de educación sobre integridad para niños y jóvenes.

La Secretaría de Política Pública Anticorrupción y otros actores con responsabilidad en materia de integridad podrían fomentar la participación ciudadana y de otras partes interesadas en el desarrollo e implementación de políticas públicas de integridad. Para esto, Ecuador podría utilizar una gama más amplia de mecanismos y canales de participación que permitan incorporar las necesidades, percepciones y visiones de un mayor número de grupos de la sociedad ecuatoriana, incluyendo pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianos. Además, una cooperación más estrecha entre la Secretaría de Política Pública Anticorrupción y la Función de Transparencia y Control Social podría mejorar el diseño e implementación de actividades de formación y capacitación para la participación ciudadana. El fomento de una participación efectiva de los ciudadanos y otras partes interesadas puede ayudar a cerrar la brecha de confianza pública.

Por último, Ecuador podría mejorar sus esfuerzos para recolectar evidencia e información sobre los principales desafíos en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción. Esto incluye la recopilación de información periódica sobre los desafíos, experiencias y opiniones sobre la integridad en la sociedad ecuatoriana, sobre las prácticas y desafíos en integridad empresarial y sobre investigaciones en curso en el ámbito de la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Esta evidencia sería fundamental para informar la toma decisiones en Ecuador y promover un uso más eficiente de los recursos públicos.