El presente informe evalúa la capacidad del sector público de Honduras, y en particular del centro de gobierno (CdG), para definir y dirigir las prioridades estratégicas de todo el gobierno con el fin de lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible. Analiza, en particular, cuatro áreas de la gobernanza pública: coordinación de políticas en el CdG, gestión basada en resultados, monitoreo y evaluación de políticas, y gobierno abierto. Esta revisión se basa en una evaluación realizada a finales de 2021. Aunque la estructura de las instituciones del CdG ha cambiado con la administración de 2022-2026, las recomendaciones de la revisión sobre funciones, mecanismos y prácticas de gobernanza pública pueden, no obstante, ayudar a reforzar una gobernanza pública eficiente e inclusiva en el nuevo marco institucional.

A pesar de las recientes mejoras, Honduras se enfrenta a importantes retos de desarrollo y se sitúa por detrás de sus homólogos regionales en varios ámbitos políticos. Los niveles de confianza en las instituciones públicas también son bajos en Honduras. Mientras que los elevados índices de pobreza y desigualdad erosionan el capital humano y disminuyen el crecimiento inclusivo, los altos niveles de violencia también impiden el desarrollo socioeconómico y empujan a muchos ciudadanos a emigrar. El gasto público nacional de Honduras también es inferior al promedio de los países de América Latina y el Caribe (ALC), pero ha aumentado debido a la crisis sanitaria. La COVID-19 y las crisis relacionadas con el clima no han hecho sino agravar las debilidades estructurales del país. Un sector público más eficaz puede ayudar a Honduras a hacer frente a estos retos, proporcionándole mayor capacidad para abordar el estancamiento del desarrollo humano y los altos niveles de pobreza, desigualdad y corrupción.

La capacidad de dirección del CdG es fundamental para afrontar estos retos. Se ha avanzado en la dirección de la coordinación política desde el CdG. El marco legal implementado ha clarificado el papel coordinador del CdG, antes a través de la Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG), y ahora por la Secretaría de Planificación Estratégica. Sin embargo, el trabajo de la SCGG a menudo se solapaba con otras iniciativas dirigidas por otras unidades del CdG y no contribuía al proceso de priorización y toma de decisiones de alto nivel del gobierno. Del mismo modo, aunque la creación de gabinetes sectoriales fue una iniciativa prometedora, la ausencia de un apoyo político claro hizo que quedaran desconectados de las actividades de toma de decisiones y coordinación. La falta de intercambio de información entre secretarías también dificultó la coordinación intergubernamental. Además, la falta de claridad sobre las responsabilidades institucionales y los limitados recursos humanos dificultaron la coordinación eficaz con los gobiernos subnacionales. Para mejorar la coordinación de las políticas, el gobierno podría llevar a cabo revisiones funcionales y desarrollar progresivamente un marco de rendimiento que esbozara una serie de objetivos conjuntos. Para mejorar la coordinación vertical, el gobierno podría clarificar las responsabilidades en materia de planificación estratégica, para alinear mejor los planes territoriales con los nacionales. Por último, el sistema de información existente podría vincularse a un marco de rendimiento, integrando un número limitado de prioridades interministeriales con una serie de indicadores y mejorando la capacidad de gestión de datos.

A pesar de varios esfuerzos, la capacidad del CdG para implementar la gestión basada en resultados (GBR) de forma integrada también ha resultado un reto. Honduras ha desarrollado normas y reglamentos que determinan los componentes básicos de la planificación estratégica, la presupuestación orientada a resultados, la modernización organizativa, el monitoreo y la evaluación, y ha aclarado las responsabilidades de los distintos organismos para su implementación. Este marco desarrolló procedimientos claros para la planificación estratégica y mandatos para el sistema presupuestario, pero aún deben cubrirse varias deficiencias para implementar un marco de rendimiento gubernamental coherente y centrado en los resultados. Por un lado, la complejidad del marco de la GBR dificulta su implementación eficaz y, por otro, la implementación eficaz de los componentes se desvía considerablemente de las prescripciones formales establecidas por el marco de la GBR. En consecuencia, los procesos de fijación de prioridades y presupuestación suelen estar desconectados de los instrumentos de la GBR. El gobierno hondureño podría simplificar el marco de la GBR, centrándose en menos prioridades políticas transversales, continuando con una mejor alineación de la planificación y la presupuestación, reforzando la coordinación entre la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y la Secretaría de Planificación Estratégica, y mejorando la calidad de la planificación.

El monitoreo y la evaluación (M&E) no están suficientemente integrados en el marco de todo el gobierno. Varios agentes situados a nivel del CdG desempeñan un papel importante en la coordinación y promoción del monitoreo y la evaluación. Sin embargo, la falta de mecanismos que garanticen el uso de los resultados del monitoreo del desempeño, y la falta de un marco general a largo plazo, impiden que Honduras construya una cultura de M&E en todo el gobierno. Los esfuerzos deben dirigirse a desarrollar un marco legal sólido para guiar y llevar a cabo actividades de monitoreo y evaluación en todo el gobierno. En cuanto a la calidad general del sistema de monitoreo y evaluación, Honduras podría mejorar los indicadores de los planes nacionales e institucionales, así como la disponibilidad y la calidad de los datos para el M&E. El Gobierno también podría definir una metodología específica para comunicar las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas por el CdG y elaborar orientaciones detalladas sobre las prácticas de evaluación.

Por último, Honduras ha realizado importantes avances en el establecimiento de normas y marcos de gobernanza para ampliar el gobierno abierto. En particular, el país lleva muchos años implementando planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP) y ha adoptado una Declaración de Gobierno Abierto. Sin embargo, Honduras se enfrenta a varios retos para cumplir su promesa de crear un gobierno más transparente, responsable de la rendición de cuentas y participativo. Honduras podría reforzar su agenda de transparencia, ampliar sus elementos participativos y llevar a la práctica los objetivos de la Declaración de Gobierno Abierto. Además, Honduras podría abordar la salud de su espacio cívico para garantizar que los ciudadanos y la sociedad civil puedan construir una relación con las autoridades públicas basada en la confianza. La adopción de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto con mecanismos claros de coordinación, monitoreo y evaluación apoyaría a la implementación de la agenda de gobierno abierto del país.