El crecimiento se moderó bruscamente en 2023 debido a las políticas macroeconómicas restrictivas y la desaceleración del crecimiento global. Sin embargo, el crecimiento económico repuntó en el primer semestre de 2024. Una política monetaria restrictiva ha contribuido a la disminución de la inflación general desde su pico del 13.3% en marzo de 2023 al 6.1% en agosto de 2024. La demanda interna comenzó a estabilizarse a finales de 2022, con una débil inversión que contribuyó a un bajo crecimiento en 2023, aunque la inversión empezó a crecer en el segundo trimestre de 2024. El mercado laboral ha sido resiliente, con una robusta creación de empleo, disminución del desempleo y reducción de las tasas de informalidad, pero se ha deteriorado ligeramente recientemente.

Se espera que la economía experimente otro año de crecimiento modesto, del 1.8% en 2024, antes de repuntar al 2.8% en 2025 (Tabla 1). El consumo privado se mantendrá sólido, apoyado por la desinflación, la relajación de la política monetaria y remesas significativas. La inversión se recuperará a medida que las condiciones financieras se relajan gradualmente, pero seguirá siendo moderada. Las exportaciones crecerán de manera moderada. Se proyecta que la inflación converja gradualmente al objetivo del 3% para finales de 2025. Persisten los riesgos a la baja, incluidos una mayor incertidumbre global y local, anomalías climáticas, inflación persistente, tensiones geopolíticas y condiciones financieras globales más restringidas. El sector financiero sigue siendo resiliente, con bancos bien capitalizados y grandes reservas de liquidez.

Los esfuerzos de consolidación redujeron la deuda pública bruta al 57% del PIB en 2023 desde los máximos del 65% que se observaron durante la pandemia del COVID-19, pero los costos de financiamiento han aumentado desde que Colombia perdió su grado de inversión en 2021. Se necesita continuar con la prudencia fiscal para cumplir con la regla fiscal, impedir mayores aumentos de los costos de financiamiento y asegurar la sostenibilidad de la deuda. Para financiar el mayor nivel de gasto postpandemia y la ambiciosa agenda de transformación social y productiva del gobierno, se requieren reformas para aumentar los ingresos fiscales y la eficiencia del gasto.

Los planes fiscales a mediano plazo del gobierno buscan una consolidación fiscal gradual y prudente. El gobierno está comprometido a adherir a la regla fiscal, incluso si esto requiere recortes de gastos ad-hoc que podrían afectar la inversión pública y el crecimiento a largo plazo. El cumplimiento de la regla fiscal evitando recortes de inversión pública podría lograrse eliminando gradualmente los subsidios al diésel, como se hizo de manera encomiable con los subsidios a la gasolina en 2023, los subsidios a los servicios públicos que son distorsionadores y están mal focalizados, y mejorando la focalización del gasto social.

Colombia ha implementado 21 reformas tributarias en las últimas dos décadas, pero los ingresos tributarios siguen siendo bajos (Gráfico 2). La reforma tributaria de 2022 aumentó los ingresos tributarios y la progresividad del sistema, pero las reformas frecuentes y fragmentadas han incrementado la incertidumbre y la complejidad del sistema. Se necesita una reforma tributaria integral, gradual, bien secuenciada y comunicada, que reequilibre la carga tributaria de las empresas hacia los ingresos personales, reduzca los gastos tributarios, y simplifique el sistema tributario. Tal reforma no sólo aumentaría los ingresos tributarios, sino que también estimularía la inversión y promovería la progresividad del sistema. También es necesario mejorar la administración tributaria para combatir la evasión tributaria. Aumentar la eficiencia del gasto requerirá una mejor focalización del gasto social y la reducción de las rigideces en el gasto.

Colombia enfrenta grandes y persistentes disparidades regionales en ingresos y productividad (Gráfico 3) junto a una productividad a nivel nacional estancada. La transición energética global y los cambios en los patrones del comercio mundial ofrecen oportunidades para el desarrollo y crecimiento regional, al igual que el Acuerdo de Paz, que debe recibir suficientes recursos para su implementación.

La calidad de la infraestructura de transporte es deficiente, resultando en altos costos de transporte y limitada integración regional. Los proyectos de infraestructura deben priorizar la interconectividad de puertos, ríos, ferrocarriles y carreteras, y mejoras en la red de carreteras rurales para conectar las ciudades con sus áreas rurales.

Existen grandes diferencias regionales en el entorno empresarial que frenan la productividad. Ampliar las ventanillas únicas empresariales que integran procedimientos nacionales y subnacionales y fomentar una mayor adopción del régimen tributario simplificado mejoraría el entorno empresarial. Las políticas de innovación y actualización tecnológica podrían focalizarse mejor en las empresas de las regiones rezagadas.

Una mayor capacidad fiscal y administrativa de los gobiernos subnacionales podría mejorar la infraestructura y los servicios. En línea con los hallazgos de la Misión de Descentralización de Colombia, esto requeriría fortalecer los mecanismos de igualación fiscal del Sistema General de Participaciones y mejorar la generación de ingresos directos. El fortalecimiento de la capacidad administrativa debe coincidir con la delegación de autoridad, la clarificación de responsabilidades de gasto y la mejora de la coordinación intergubernamental. Continuar la lucha contra la corrupción fortalecería la capacidad del estado, especialmente en las áreas pobres y periféricas.

Colombia se encuentra entre los países más desiguales de la OCDE, enfrentando alta pobreza, impulsada por una alta informalidad, bajo acceso a educación de alta calidad y brechas de género en el mercado laboral. El gobierno tiene una amplia y ambiciosa agenda de reformas sociales que ayudará a reducir las desigualdades y aliviar la pobreza. Sin embargo, se necesitan más medidas para abordar las arraigadas disparidades y combatir la informalidad.

Reducir la informalidad en Colombia, donde alrededor del 56% de los trabajadores tienen empleos informales sin acceso a protección laboral ni beneficios de seguridad social, sigue siendo un desafío (Gráfico 4). Se necesita una estrategia integral para abordar la informalidad. Esta debe incluir la reducción de las contribuciones a la seguridad social para los trabajadores de menores ingresos que mantienen una alta informalidad, particularmente entre los más vulnerables. Reforzar el cumplimiento de las leyes laborales y tributarias, reducir los costos para la creación de empresas formales, revisar el salario mínimo para lograr un nivel más favorable a los empleos formales y el desarrollo de habilidades ayudarían a reducir la informalidad.

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es baja y muchas mujeres trabajan informalmente. Ampliar el acceso a la educación de primera infancia, especialmente en regiones rurales y vulnerables, mejoraría las perspectivas de los niños y la participación de sus madres en la fuerza laboral formal. Aumentar los servicios de cuidado de la tercera edad también impulsaría la participación femenina en la fuerza laboral.

Los bajos niveles de aprendizaje son la causa de desigualdades persistentes y la pandemia ha exacerbado este desafío. Muchos estudiantes abandonan la escuela temprano con habilidades deficientes, particularmente aquellos de contextos socioeconómicos desfavorecidos, lo que requiere apoyo personalizado para los estudiantes en riesgo de quedarse atrás. Los programas de educación y formación profesional de nivel secundario superior pueden enseñar habilidades relevantes localmente, y a menudo son la única opción educativa a este nivel en áreas rurales.

Colombia enfrenta tres transiciones climáticas. Primero, tiene como objetivo lograr emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050. Segundo, necesita fortalecer la resiliencia climática mediante medidas de adaptación efectivas. Tercero, con el declive global en la demanda de petróleo y carbón, Colombia necesita transformar su economía y diversificar su producción y exportaciones, aprovechando su vasto potencial de energía renovable, recursos minerales y rica biodiversidad para impulsar el crecimiento, crear empleos y reducir la pobreza.

Para combatir el cambio climático, Colombia se ha comprometido a lograr la neutralidad de carbono para 2050. Cumplir con los objetivos de emisión dependerá en gran medida del progreso en la lucha contra la deforestación, una fuente clave de emisiones. Esto requerirá reforzar el cumplimiento de la ley y esfuerzos de coordinación entre las administraciones para combatir la deforestación ilegal. La hoja de ruta de Transición Energética Justa del gobierno reducirá las emisiones, pero puede no ser suficiente para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 (Gráfica 5). Es necesario acelerar la generación de energía renovable, junto con el desarrollo de instrumentos financieros verdes, un marco regulatorio estable y señales de precio más ambiciosas para la reducción de emisiones.

Mayores inversiones en adaptación son cruciales para incrementar la resiliencia. Se necesita una mayor coordinación y monitoreo de las medidas de adaptación climática en todos los niveles de gobierno, junto con actualizaciones regulares de las evaluaciones de riesgos para informar la planificación subnacional, y para superar los obstáculos en la implementación de proyectos de adaptación. Se requieren esfuerzos para expandir los sistemas de alerta temprana y mejorar los esquemas de seguros para gestionar los riesgos climáticos de manera efectiva, particularmente en el sector agrícola.

Lograr la reducción de emisiones también ofrece oportunidades. Para gestionar los riesgos y aprovechar la transición, Colombia debe diversificar sus exportaciones alejándose del petróleo y el carbón, e impulsar aún más las energías renovables. También debe priorizar la inversión en minerales críticos y la conservación de la biodiversidad, además de proporcionar apoyo para reintegrar a los trabajadores desplazados en el mercado laboral.