La presión fiscal es una variable crucial para las políticas públicas, definida como la cantidad de recursos financieros -en porcentaje del producto interior bruto (PIB)- que un país recauda a través de los impuestos y las cotizaciones a los regímenes públicos de seguridad social para financiar el gasto público. Sin embargo, en los distintos países existen otras fuentes de ingresos públicos y configuraciones alternativas de las funciones básicas del Estado, lo que podría afectar a la comparabilidad de los indicadores de presión fiscal.
Por ejemplo, la disponibilidad de recursos naturales - renovables o no renovables - puede permitir a los gobiernos complementar las finanzas públicas mediante la obtención de ingresos a través de instrumentos no tributarios, como regalías o dividendos e intereses, ingresos no computados en el coeficiente de presión fiscal. Este es el caso de ciertos recursos derivados de la explotación de hidrocarburos y minerales, de gran relevancia en varios países de América Latina y el Caribe (ALC), así como la gestión de otras infraestructuras, como el canal transoceánico en Panamá o las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá en Paraguay.
De forma similar, en los ámbitos de la salud y la seguridad social, algunos países aplican regímenes privados de capitalización individual - de carácter obligatorio, establecidos en la legislación - que sustituyen, complementan o compiten con el sistema público de seguridad social. Estas cotizaciones privadas a la seguridad social, aunque no están incluidas en la financiación pública y son administradas por entidades privadas, forman parte del conjunto de recursos obligatorios y movilizados colectivamente; su consideración permite realizar comparaciones más homogéneas entre países.
Para tener en cuenta estas vías alternativas de financiación del gasto público, en este capítulo se aborda el concepto de "Presión Fiscal Equivalente" (PFE), que incluye dos fuentes de ingresos adicionales a las tradicionalmente consideradas (ingresos tributarios, incluidas las cotizaciones públicas a la seguridad social [CSS]), y que también suponen un esfuerzo fiscal exigido a los contribuyentes cuando son obligatorias: las cotizaciones a un sistema privado de seguridad social (pensiones y salud) y los ingresos no tributarios (dividendos, royalties, entre otros) procedentes de la explotación de recursos naturales.
La consideración de todos estos componentes adicionales (cuando se dispone de datos oficiales) contribuye a nutrir y enriquecer los análisis de las condiciones fiscales en los países de ALC. Sin embargo, el indicador PFE no invalida ni contradice las mediciones convencionales del nivel de financiamiento público. Se trata más bien de ampliar las posibilidades de comparación regional e internacional y de aportar nuevos elementos que son, al menos para el contexto específico de ALC, cruciales para obtener una perspectiva amplia e integral de estas cuestiones1.