El crecimiento económico del país es uno de los más elevados de América Latina, pero también presenta gran volatilidad, debido sobre todo al peso que la agricultura tiene en la economía y a la concentración de sus exportaciones en productos agrícolas primarios y sus derivados. A pesar de esta volatilidad, el régimen de objetivos directos de inflación ha conseguido atenuar la inestabilidad de los precios, y el marco fiscal del país exhibe solidez, con unos niveles de deuda reducidos y uno de los déficits públicos más bajos de América Latina. En la década pasada la productividad creció de manera constante, pese a que los niveles de inversión fueron inferiores –en torno a 4 puntos porcentuales de PIB menos– a los de la región y la OCDE. La transformación estructural está avanzando, con una reducción del empleo agrícola de diez puntos porcentuales en los últimos diez años. Sin embargo, dado que el empleo está desplazándose en parte a actividades de baja productividad del sector servicios, la redistribución de la fuerza de trabajo está contribuyendo al crecimiento menos de lo que habría sucedido en otro caso.
El nivel de vida ha mejorado, pero la desigualdad sigue planteando un gran reto. El crecimiento económico y la estabilización macroeconómica han coadyuvado a elevar el nivel de vida de los paraguayos y a reducir la tasa de pobreza del 45% en 2007 al 27% en 2015. Asimismo, la sólida creación de empleo ha contribuido a mejorar los ingresos. La ampliación de la atención sanitaria gratuita ha ayudado a mejorar el acceso a sus servicios. La desigualdad de ingresos es una de las más altas dentro del grupo de referencia y persisten acusadas diferencias en dimensiones no monetarias, como el acceso a seguros sociales, el agua o servicios de saneamiento, especialmente entre las áreas urbanas y rurales. La vulnerabilidad también supone un factor de desigualdad: la percepción de inseguridad es relativamente alta en el país y los homicidios se concentran en unos pocos departamentos, fundamentalmente en torno a las zonas fronterizas.
La expansión económica actual ha intensificado la presión sobre el rico patrimonio ambiental del país. Paraguay cuenta con uno de los mix energéticos más limpios de la región, lo que le ha permitido mantener una baja intensidad en emisiones de dióxido de carbono y gestionar bien la contaminación atmosférica, y puede presumir de unos ecosistemas diversos y abundantes recursos para la producción primaria. Sin embargo, la deforestación es uno de sus problemas ambientales más acuciantes, debido al aumento del uso del suelo con fines agrícolas y ganaderos.
Las instituciones de gobernanza están aún atravesando por profundas transformaciones y habrá de insistirse en su reforzamiento si se quiere elevar la confianza y asegurar el Estado de Derecho. La democracia paraguaya todavía se halla en fase de consolidación. La confianza en las principales instituciones es menor que en los países de referencia, especialmente en el caso de la justicia. Tal como reflejan las encuestas, el apoyo de los ciudadanos a la democracia y su satisfacción con ella también son bajos comparados con otros países de América Latina. No obstante, ese apoyo y confianza han aumentado en la década pasada, poniendo así de manifiesto la resiliencia de las instituciones democráticas nacionales en un período salpicado por varios episodios de inestabilidad política. Los elevados niveles de corrupción que se perciben lastran la confianza en las instituciones públicas, limitan las oportunidades empresariales y erosionan el capital social. Aunque está desarrollándose un exhaustivo sistema de integridad centrado en la transparencia, garantizar su eficacia sigue constituyendo un gran reto.
Los flujos de financiamiento del desarrollo son exiguos en Paraguay comparados con los de los países de referencia y la OCDE, pese a las recientes mejoras descritas por los flujos públicos y privados. Dada la prudente orientación presupuestaria del país y su baja dependencia de la deuda pública, el financiamiento público del desarrollo proviene sobre todo del margen de maniobra fiscal del Estado. El gasto público es relativamente bajo y se sitúa en el 25% del PIB, frente al 34% de América Latina y el 45% de los países de la OCDE. Ello es consecuencia de unos bajos ingresos fiscales y de un elevado gasto no discrecional, que representa casi la mitad del gasto público total. La contribución privada al desarrollo, equivalente al 5.5% del PIB, también es relativamente modesta. La inversión extranjera directa (IED) ha aumentado, pero aún es escasa, cifrándose en un 1.16% del PIB.
