Paula Garda
OCDE
Michael Koelle
OCDE
Estudios Económicos de la OCDE: Colombia 2024
OECD Economic Surveys: Colombia
Resumen
El cambio climático plantea riesgos significativos para Colombia debido a la alta exposición del país a eventos extremos relacionados con el cambio climático, incluidos inundaciones, incendios forestales, deslizamientos de tierra y días de calor extremo. Además, como un importante exportador de petróleo y carbón, Colombia enfrenta desafíos económicos sustanciales a medida que la demanda de combustibles fósiles disminuya en medio de la transición energética global. Colombia tiene ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respaldados por una sólida estrategia de transición energética que también apunta a eliminar gradualmente la extracción de combustibles fósiles y está trabajando para diversificar las exportaciones y los ingresos fiscales. Lograr los objetivos de reducción de emisiones requiere una acción rápida, pero también ofrece oportunidades para aprovechar la transición global hacia la energía verde, dada la rica biodiversidad de Colombia, su abundante potencial de energía renovable y minerales. Se requiere fortalecer las políticas de adaptación al cambio climático, frenar la deforestación y aumentar las medidas para descarbonizar efectivamente la economía, incluyendo el incremento de las energías renovables mediante el desarrollo de instrumentos financieros verdes, un marco regulatorio estable y señales de precios más ambiciosas para la reducción de emisiones.
A medida que Colombia traza su camino hacia un futuro más próspero y equitativo, enfrenta tres transiciones climáticas cruciales. En primer lugar, debe pasar de una economía vulnerable al cambio climático a una economía resiliente, implementando medidas robustas de adaptación climática. En segundo lugar, guiada por sus ambiciosos objetivos de mitigación del cambio climático, necesita transitar hacia la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Por último, con la disminución de la demanda global de petróleo y carbón, Colombia necesita lleva a cabo una transformación económica significativa.
Colombia es altamente vulnerable al cambio climático (Gráfico 5.1) y enfrenta una creciente frecuencia e intensidad de eventos extremos relacionados con el clima, como inundaciones, incendios forestales, deslizamientos de tierra y días de calor extremo. La incidencia de peligros climáticos de aparición lenta, como la sequía y el aumento del nivel del mar, está aumentando. Estos eventos a menudo tienen impactos devastadores, incluyendo daños a la infraestructura y otros activos, interrupciones en la generación y suministro de electricidad, pérdidas de capital humano, impactos negativos en la salud, pérdidas agrícolas y riesgos financieros. Una mayoría significativa (94%) de los colombianos reconoce los impactos del cambio climático en su vida diaria (EIB, 2023[1]). La adaptación al cambio climático es crucial para gestionar estos desafíos y limitar los costos económicos y fiscales. Sin inversiones en adaptación, el cambio climático podría reducir el PIB de Colombia entre un 1.5% y un 2.5% para 2050, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más pobres y vulnerables (World Bank, 2023[2]).
Nota: Los datos en los Paneles A y B son promedios de 2010 a 2022. LAC es un promedio simple de ARG, BRA, CHL, CRI, MEX y PER.
Fuente: Riesgos Ambientales y Salud de la OCDE.
A pesar de representar solo el 0.6% de las emisiones globales de CO2, Colombia tiene ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo objetivos actualizados en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que apunta a una reducción del 51% en las emisiones para 2030 y un compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Colombia también ha anunciado un plan para prohibir nuevos permisos de exploración de hidrocarburos, mientras continúa con los contratos actuales de exploración de petróleo y gas. Las reservas probadas de petróleo disminuyeron un 2.6% durante 2023, mientras que las reservas probadas de gas disminuyeron un 15.7%. Sin embargo, las medidas actuales no se alinean con el límite de aumento de temperatura de 1.5°C establecido en el Acuerdo de París (Climate Action Tracker, 2022[3]). Desde la década de 2000, las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia no han disminuido y han crecido en términos absolutos (Gráfico 5.2, Panel A). Las principales fuentes de emisiones son el sector de uso del suelo, que incluye el cambio de uso del suelo y la silvicultura, representando el 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país en 2018, y el sector energético, que representa el 33%, particularmente del transporte y las industrias energéticas (Gráfico 5.2, Panel B). Durante la pandemia, las emisiones totales de gases de efecto invernadero disminuyeron en Colombia como en muchos otros países, pero comenzaron a aumentar nuevamente en 2021 (DANE, 2023[4]). Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero se han desvinculado continuamente del crecimiento del PIB desde la década de 1990 (Gráfico 5.2, Panel C).
Nota: Los datos están disponibles hasta 2018. En el Panel A, EDC se refiere al Escenario de Continuidad y NDC se refiere a "Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional". En el Panel C, la intensidad de las emisiones se mide como los kilogramos (en miles) de emisiones de GEI incluyendo LULUCF por cada 1 000 USD.
Fuente: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la OCDE.
Colombia enfrenta significativos desafíos económicos en medio de la transición global hacia una economía verde y la disminución de la demanda global de combustibles fósiles. Con el petróleo representando el 32% del total de exportaciones y el carbón el 18% en 2023, Colombia podría perder hasta un 10% de sus ingresos por exportaciones, un 6% de los ingresos fiscales y un 8% de su PIB para 2050 debido a los esfuerzos de descarbonización global (World Bank, 2023[2]). El petróleo representa una quinta parte de la inversión extranjera directa. Estos cambios podrían llevar a la reasignación de la mano de obra y despidos en los sectores dependientes de los combustibles fósiles, afectando principalmente a los más vulnerables.
Aunque navegar estas transiciones será un desafío, presenta una oportunidad para que Colombia diversifique su estructura productiva y de exportación. Al aprovechar su potencial de energía renovable, recursos minerales, proteger su biodiversidad y el potencial del ecoturismo, Colombia puede fomentar el crecimiento a largo plazo, crear oportunidades de empleo formal y aliviar la pobreza. Al proteger la rica biodiversidad y los ecosistemas, Colombia no solo puede combatir el cambio climático, sino también apoyar el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades.
Este capítulo aborda las medidas prioritarias para las tres transiciones climáticas de Colombia. Estas incluyen políticas de adaptación climática, lograr la neutralidad climática para 2050 abordando la deforestación, acelerando la transición hacia energías limpias, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, y estrategias para convertir la transición verde global en oportunidades.
Colombia tiene un enfoque integral y proactivo hacia la adaptación al cambio climático. Cuenta con un marco de gobernanza multisectorial, un sistema de gestión de riesgos de desastres y ha priorizado la integración de medidas de adaptación climática en sus planes nacionales de desarrollo. El país ha implementado diversas iniciativas de adaptación climática, como un plan de gestión integral para ayudar a los productores agrícolas a abordar los impactos del cambio climático, guías para la ganadería sostenible y una hoja de ruta para el sector agrícola para reducir el impacto ambiental e implementar prácticas inteligentes frente al clima. Además, tanto el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Colombia como la estrategia de camino hacia la resiliencia y la neutralidad de carbono para 2050 se comprometen a reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptabilidad de sectores críticos como el transporte, la energía y la construcción, al mismo tiempo que se enfatiza la conservación del paisaje. El Plan Nacional de Desarrollo también se enfoca en la gestión del agua, lo cual es beneficioso para la adaptación al cambio climático y la prevención de la deforestación. Las soluciones basadas en la naturaleza también juegan un papel crucial en la estrategia nacional de adaptación climática.
Persisten desafíos significativos, especialmente a nivel subnacional, donde la implementación efectiva de medidas de adaptación climática se ve obstaculizada. Los gobiernos subnacionales son responsables de la mayor parte de las inversiones públicas en adaptación, pero enfrentan dificultades en el diseño y ejecución de proyectos, y los municipios tienen restricciones financieras para asignar recursos a la gestión de riesgos de desastres (World Bank, 2023[2]). Además, los planes territoriales no siempre cumplen con los requisitos legales de incorporar acciones de adaptación climática y, debido a esto, los proyectos de infraestructura a menudo pasan por alto las medidas de adaptación y resiliencia climática. Abordar estos desafíos requiere esfuerzos coordinados entre el gobierno central y las entidades subnacionales, centrándose en mejorar las capacidades locales y proporcionar apoyo para la planificación y ejecución local efectiva de la adaptación. También es necesario asegurar que las medidas de adaptación climática integren el conocimiento tradicional y las prácticas ancestrales de las comunidades étnicas, con políticas para mejorar su participación y crear espacios de diálogo intercultural. Las inversiones en adaptación climática pueden tener altos rendimientos, con relaciones costo-beneficio que van de 2:1 a 10:1 (Global Commission on Adaptation, 2019[5]). Las inversiones en adaptación no solo reducen los riesgos e impactos que plantea el cambio climático, sino que también mejoran la productividad y fomentan la innovación (Cárdenas, Bonilla and Brusa, 2021[6]). Colombia tiene necesidades significativas de financiamiento para la adaptación al cambio climático, y los bonos verdes y sostenibles pueden ayudar a abordar estas necesidades proporcionando capital para proyectos ambientales. Estos bonos se utilizan cada vez más en Colombia para apoyar iniciativas de sostenibilidad, incluida la adaptación al cambio climático.
Los esfuerzos para expandir y mejorar los sistemas de alerta temprana a nivel nacional deben continuar para mejorar la preparación y la capacidad de respuesta ante desastres (OECD, 2019[7]). Existen sistemas de alerta para ciertos peligros y en áreas específicas, pero es necesario lograr una cobertura integral de peligros y actualizar los sistemas existentes para que funcionen en tiempo real. Esto se puede lograr aprovechando las buenas prácticas que existen a nivel local, como el Sistema Integrado de Alerta Temprana para Deslizamientos implementado para proteger los asentamientos informales de Medellín (Gamperl et al., 2023[8]). Es necesario desarrollar programas de capacitación y concienciación sobre el uso de sistemas de alerta temprana en las comunidades étnicas, utilizando sus lenguas y métodos de comunicación tradicionales. Asegurar la interoperabilidad entre el registro social (Sisbén) y el registro de Gestión del Riesgo de Desastres ayudaría a identificar y alertar a las poblaciones vulnerables de manera oportuna, así como a implementar intervenciones específicas según factores de riesgo y necesidades concretas.
Colombia, un país emblemático para la biodiversidad, enfrenta desafíos significativos debido al cambio climático y la pérdida de hábitats. Las soluciones basadas en la naturaleza podrían contribuir hasta un 30% a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático para 2050 a nivel mundial, apoyando el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global (IUCN, 2022[9]). Las soluciones basadas en la naturaleza son cruciales para la gestión de los recursos hídricos, la preservación de la biodiversidad y la prevención de la deforestación en Colombia. Estos enfoques incluyen la reforestación, la forestación y las actividades de manejo sostenible de la tierra, que ayudan a compensar las emisiones de gases de efecto invernadero y a mejorar la resiliencia de los ecosistemas locales. La participación de Colombia en la COP28 resalta su compromiso para abordar la pérdida de biodiversidad a través de iniciativas como el fondo de protección forestal y subraya la importancia de integrar soluciones basadas en la naturaleza.
El sector asegurador puede proporcionar mecanismos de seguro fundamentales para gestionar los riesgos relacionados con el clima. A la fecha, los esquemas de seguros contra riesgos climáticos tienen una penetración y cobertura geográfica limitadas en Colombia (UNDP, 2023[10]). Un plan piloto que podría ampliarse es la iniciativa InsuResilience que se lleva a cabo en Medellín, una asociación público-privada para construir resiliencia urbana frente a los riesgos climáticos. El proyecto utiliza factores desencadenantes predeterminados, como niveles específicos de lluvia, que activan inmediatamente la asistencia financiera sin la necesidad de realizar extensas evaluaciones de daños. El Plan Nacional de Desarrollo incluye ajustes regulatorios para estimular el mercado de seguros paramétricos. Ampliar el acceso a los planes de seguros sería particularmente importante para el sector agrícola, especialmente entre los pequeños agricultores. La contratación de seguros agrícolas es baja, aunque el Gobierno subvenciona hasta el 80% del coste de las primas de seguros. Para aumentar la aceptación de los seguros, el gobierno puede sensibilizar a los pequeños agricultores. También puede aprender de las experiencias exitosas de otros países, como Guatemala, que cubre completamente las primas de seguro y paga en función de eventos desencadenantes predefinidos, como los niveles de precipitación medidos por satélite o eventos de desastres naturales, en lugar de indemnizar las pérdidas reales (World Bank, 2024[11]). Los seguros basados en índices climáticos, combinados con prácticas agrícolas mejoradas y dirigidas, pueden aumentar la adopción de tecnologías por parte de los agricultores que fortalezcan su resiliencia al cambio climático, como se ha visto en Malawi, donde se incrementaron los ingresos al combinar seguros con préstamos específicos para cultivos (Le and Panella, n.d.[12]).
Colombia necesita reducir significativamente la deforestación para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que la deforestación es el principal contribuyente a las emisiones de carbono (OECD, 2022[13]) (Gráfico 5.2, panel A). Además, la reducción de la deforestación ayudaría a preservar la biodiversidad de Colombia, salvaguardando los recursos hídricos, protegiendo los derechos de las comunidades indígenas y locales y promoviendo el desarrollo sostenible. Entre 2001 y 2022, Colombia perdió 3.3 millones de hectáreas de bosque, con una notable aceleración tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 (Gráfico 5.3). Las principales causas de la deforestación incluyen la ganadería extensiva, la expansión de la agricultura, el cultivo ilícito de drogas, la minería ilegal, la tala ilegal y la construcción de carreteras (Fedesarrollo, 2022[14]).
Colombia tiene un fuerte compromiso y un sólido marco para combatir la deforestación (OECD, 2022[13]), y se ha propuesto reducirla a más de la mitad, hasta 50 mil hectáreas por año para 2030. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 contiene varias medidas para frenar la deforestación, enfocándose en los principales puntos críticos de deforestación en la Amazonía. También tiene como objetivo crear polos de desarrollo forestal y bioeconomía en algunos municipios priorizados para el desarrollo territorial en el acuerdo de paz. El gobierno actual busca combatir la deforestación fomentando el diálogo y los acuerdos con las comunidades agrícolas pobres. Estos esfuerzos buscan preservar los bosques, disuadir la minería ilegal de oro y el cultivo de coca, y mejorar el acceso a los servicios del Estado en regiones rurales remotas. Los esfuerzos de deforestación en 2022 fueron efectivos, logrando la meta de reducción del Plan Nacional de Desarrollo 2026 antes de lo previsto. Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se enfoca en el ordenamiento del territorio alrededor del agua, incorporando la gestión sostenible del agua en políticas, regulaciones y legislación. Este enfoque mejora la resiliencia ante impactos climáticos como sequías e inundaciones, ayuda a proteger los ecosistemas y reduce la deforestación al mantener la biodiversidad. Además, la planificación centrada en el agua asegura que las comunidades estén mejor preparadas para el cambio climático.
Aunque el control efectivo de la deforestación es clave, en Colombia los esfuerzos se ven obstaculizados por su sistema de gestión ambiental descentralizado y la desconexión entre la política del gobierno central y el control de la deforestación en el terreno. El nuevo consejo nacional para la lucha contra la deforestación puede ayudar a coordinar mejor los esfuerzos, si cuenta con suficientes recursos y es capaz de simplificar la estructura institucional (World Bank, 2023[2]). Deberían desplegarse permanentemente recursos adicionales para la aplicación efectiva de la ley a fin de acelerar la lucha contra la deforestación, particularmente para combatir la minería ilegal, como se recomendó en Estudios anteriores (Tabla 5.1, (OECD, 2022[13]). Sería esencial mejorar las capacidades de inteligencia criminal para identificar y atacar adecuadamente las operaciones de minería ilegal, lo que requeriría una mayor presencia y control del Estado en la Amazonía. Además, el fortalecimiento de la cooperación con países vecinos como Brasil es crucial para hacer frente a las redes transnacionales de minería ilegal que operan en las regiones fronterizas. Además, sería útil mejorar los marcos legales y las regulaciones para imponer sanciones más estrictas para las actividades de minería ilegal, disuadir a los perpetradores y proporcionar pautas más claras para las acciones de aplicación de la ley. Además, se deben abordar las incertidumbres con respecto a la propiedad de las tierras debido a registros de tierras incompletos en áreas remotas para evitar la deforestación oportunista, particularmente alrededor de los parques naturales.
Es necesario acelerar y expandir el pago por servicios ambientales según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El éxito de Costa Rica en revertir la deforestación muestra que el pago por servicios ambientales es un componente importante de una estrategia exitosa con múltiples enfoques (Recuadro 5.1), pero también debe incluir instituciones sólidas, incentivos fiscales para la reforestación o una aplicación efectiva de los títulos de propiedad, ya que depender únicamente de los pagos por servicios ambientales es costoso y puede no ser sostenible. Colombia está trabajando activamente en completar y actualizar los registros de tierras y resolver los conflictos de uso de la tierra (ver Capítulo 3). Deben continuar estos esfuerzos para prevenir la deforestación oportunista y alentar a los agricultores a invertir en agricultura sostenible, como se recomendó en el Estudio Económico de 2022 (Tabla 5.1). Para tener éxito, los programas de pago por servicios ambientales deben ser accesibles y beneficiosos para las comunidades étnicas, y deben diseñarse con su participación directa, promoviendo la cocreación y valorando sus prácticas tradicionales de gestión ambiental.
Nota: Las metas para 2025 y 2030 provienen de la NDC. La meta para 2026 es del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Fuente: Cálculos de la OCDE basados en datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Un mejor control de la deforestación y una agricultura productiva y sostenible pueden ayudar a frenar la deforestación (World Bank, 2023[2]). Reorientar la ganadería extensiva, una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero y un impulsor clave de la deforestación, hacia técnicas de producción modernas también podría ayudar, como se analiza en el Estudio Económico de 2022. Las prácticas agrícolas sostenibles proporcionan medios de vida alternativos, reduciendo la necesidad de talar los bosques para la agricultura. Fomentar la adopción de prácticas de agricultura climáticamente inteligente, como el cultivo de variedades de cultivos resilientes al clima o el uso eficiente de fertilizantes nitrogenados, podría ayudar a impulsar la productividad y la resiliencia, ya que solo el 15% de las unidades agrícolas en Colombia utilizaron estas tecnologías en 2020 (Gaviria González, 2022[15]). Para ampliar aún más el uso de estas prácticas, facilitar el intercambio de mejores prácticas e iniciativas de desarrollo de capacidades a través de asociaciones de agricultores e instituciones locales ayudaría a ampliar las prácticas que ya se implementan en algunos sectores (café), a otros cultivos y agricultores (Argote, 2014[16]). La asistencia de las instituciones públicas para acceder a los servicios financieros y el fomento del desarrollo de los seguros agrícolas también podrían ayudar a superar los obstáculos a la adopción.
Costa Rica logró revertir significativamente la deforestación desde la década de 1980, aumentando sus bosques del 30% al 60% en la actualidad gracias a los esfuerzos de reforestación. Los principales pilares de esta estrategia fueron los siguientes:
El país estableció una estrategia nacional de “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques” en 2008, que incluyó niveles de referencia de emisiones de los bosques y sistemas de monitoreo. La estrategia involucró una amplia consulta pública para entender los factores que impulsan la deforestación.
Los factores de éxito de la estrategia de deforestación incluyeron: instituciones sólidas, incentivos fiscales para la reforestación, pagos por servicios ambientales, eliminación de subsidios a la ganadería y una aplicación efectiva de los títulos de propiedad de la tierra.
El pago por servicios ambientales desempeñó un papel crucial, invirtiendo aproximadamente USD 200 millones entre 1997 y 2004, protegiendo más de 460,000 hectáreas de bosques y proporcionando ingresos adicionales a más de 8,000 propietarios forestales.
Además, el desarrollo del ecoturismo contribuyó a la generación de ingresos y a incentivos para la conservación.
La política de transición energética de Colombia es una prioridad, alejándose de un modelo industrial extractivo fuertemente dependiente de las exportaciones de petróleo y carbón, hacia una economía de energía limpia más diversificada basada en inversiones en fuentes de energía renovable, minerales críticos e hidrógeno. Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, principalmente del transporte, la producción de energía y la manufactura, representan el 33% de las emisiones totales del país (Gráfico 5.2, panel A y B). Para acelerar la transición energética y transformar la matriz energética, el gobierno está dando prioridad a las fuentes de energía renovable no convencionales, como la eólica, solar, biomasa y geotérmica. Las autoridades han anunciado que no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos. La agenda de política de reindustrialización del gobierno (ver Capítulo 3) es el principal mecanismo para impulsar la transición energética mientras se facilita la reducción de la dependencia del petróleo y el carbón y se fomenta la diversificación de las exportaciones y los ingresos fiscales.
En 2023, Colombia anunció una hoja de ruta robusta para una transición energética justa que requiere un aumento seis veces mayor en la capacidad eólica y solar, pasando de menos del 0.4% de la generación total de energía hoy en día. También se planea reducir a la mitad la demanda de petróleo en refinerías para 2050, depender completamente del gas importado para 2027 y eliminar la producción de carbón térmico para 2040. Además, se plantea una reducción del 75% en el consumo de combustibles fósiles en el transporte, un cambio modal hacia el transporte público y no motorizado (como buses, trenes, bicicletas o caminatas), mayor énfasis en el transporte de carga multimodal, la adopción de hidrógeno y tecnologías verdes, y una mejor eficiencia energética en la industria, hogares y servicios. Otro componente de la estrategia de transición de Colombia son las llamadas comunidades energéticas, para promover el uso de energías renovables, permitiendo la autogeneración para usuarios no atendidos y reduciendo costos al evitar cargos adicionales de distribución o transmisión. Esta hoja de ruta es bienvenida y, si se implementa, ayudará a reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (Gráfico 5.4), sin embargo, no será suficiente para cumplir con el compromiso de Colombia con la neutralidad de carbono para 2050. Para lograr la neutralidad de carbono para 2050, es necesario hacer mayor hincapié en acelerar el despliegue de energías renovables y la reducción de las emisiones del transporte (Gonzalez, forthcoming[17]).
Nota: *2021 es simulado, ya que el inventario de emisiones más reciente disponible para Colombia es de 2018. El escenario base mantiene las tendencias actuales en producción y consumo de energía, el escenario de políticas anunciadas hasta 2022’ refleja las políticas anunciadas hasta 2022, el escenario de hoja de ruta del gobierno para una transición energética justa refleja la hoja de ruta del gobierno para una transición justa, y el escenario de emisiones netas cero para 2050 es consistente con los compromisos de Colombia bajo el Acuerdo de París.
Fuente: (Gonzalez, forthcoming[17]) y Ministerio de Energía (2023), Escenarios Nacionales, Transición Energética Justa.
5.4.1. Acelerar la adopción de energías renovables
La generación de energía de Colombia a partir de fuentes renovables, que representa el 29% del suministro total de energía primaria, es relativamente alta en comparación con el promedio de la OCDE, que es del 12%. En el caso de la electricidad, la generación a partir de recursos renovables es mayor que la de sus pares regionales y el promedio de la OCDE (Gráfico 5.5, Panel A), representando el 83% de la generación total de energía, en gran medida gracias a la energía hidroeléctrica (Figura 5.5, Panel B), pero existe un margen para desarrollar aún más la energía solar, eólica, geotérmica y bioenergía. Colombia tiene un potencial significativo para las energías renovables (Gráfico 5.5, Paneles C y D). Regiones como La Guajira, en el Caribe, tienen un potencial significativo para la generación de energía eólica y solar, con velocidades de viento tres veces superiores al promedio mundial y niveles de irradiación solar un 60% superiores al promedio mundial. Las oportunidades en bioenergía permanecen en gran medida sin explotar (OECD, 2022[18]). La mejora de la combinación de fuentes de energía renovables también ayudaría a diversificar los recursos energéticos y a garantizar un suministro de energía más fiable, ya que los fenómenos meteorológicos frecuentes, como El Niño, pueden crear restricciones en el suministro de energía.
Nota: LAC es un promedio simple de ARG, BRA, CHL, CRI, MEX y PER. PV = fotovoltaico. El potencial solar * incluye estimaciones específicas para instalaciones de PV en techos en grandes ciudades (sólido), mientras que el potencial de otra solar (punteado) es puramente ilustrativo, dado que la radiación solar promedio en Colombia se compara con la de Alemania. Bioenergía ** solo incluye estimaciones de la capacidad de generación de electricidad a partir de residuos agrícolas.
Fuente: Indicadores de Crecimiento Verde de la OCDE; OLADE; OCDE (2022), Condiciones habilitantes para la financiación e inversión en bioenergía en Colombia, Finanzas Verdes e Inversiones; DANE; y Ministerio de Minas y Energía.
Para capitalizar este potencial y lograr la descarbonización para 2050, Colombia debe implementar regulaciones que fomenten la inversión del sector privado en proyectos de energía renovable y aseguren la certidumbre regulatoria y política. Recientemente, ha habido retrasos significativos en la finalización de proyectos de energía renovable y líneas de transmisión debido a cuellos de botella y demoras regulatorias, así como al bajo apoyo a los proyectos por parte de las comunidades locales. Abordar estos desafíos requiere mejorar los procesos de licencias ambientales para reducir los obstáculos burocráticos (OECD, 2023[19]), involucrar tempranamente y realizar consultas informadas con las comunidades, e integrar efectivamente sus preocupaciones en la planificación y ejecución de los proyectos para evitar impactos negativos en sus territorios y formas de vida. Para mitigar los efectos adversos de los proyectos de energía renovable, es esencial evaluar y mitigar las consecuencias negativas de las fuentes de energía renovable en los ecosistemas, la calidad de vida y las oportunidades de empleo de las comunidades más directamente afectadas.
Colombia necesita significativa inversión adicional para la transición energética, siendo el sector privado una fuente crítica de financiamiento e innovación para impulsar los avances necesarios. Colombia necesita al menos triplicar su inversión anual, lo que es tres veces más de lo que actualmente invierte en el sector petrolero (BloomberNEF, n.d.[20]). La inversión extranjera directa (IED) puede desempeñar un papel importante en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores clave. Las empresas extranjeras en la industria minera y de explotación de canteras son, en promedio, un 16% menos intensivas en carbono que los competidores nacionales en Colombia. Sin embargo, Colombia es uno de los países que atrae la menor proporción de IED para la producción de energía renovable en la región (OECD, 2022[21]).
Aumentar la inversión seguramente requerirá una combinación de financiamiento público, inversión privada y mecanismos de financiamiento innovadores. Dado el limitado espacio fiscal, atraer inversión privada y desarrollar mecanismos de financiamiento innovadores se vuelve crucial para aumentar la inversión. Un desafío es que no existe una política gubernamental clara para asegurar el financiamiento necesario para la transición energética ni una evaluación del gobierno sobre cuánto costará. Los bonos verdes y las asociaciones público-privadas han demostrado ser exitosos en Colombia, mostrando experiencias positivas en inversión sostenible. Colombia ha avanzado en finanzas verdes, incluyendo la emisión de un bono verde en el mercado local en 2021, la primera emisión de este tipo en América Latina, y la adopción de una taxonomía verde nacional en 2022 que ha impulsado el crecimiento en el mercado de finanzas verdes. Este crecimiento se evidencia en el aumento de créditos verdes y ofertas, como hipotecas verdes y financiamiento para construcción sostenible, proporcionados por bancos comerciales. Sin embargo, estas iniciativas aún están en sus primeras etapas y siguen siendo relativamente pequeñas en escala. El número de emisiones privadas de bonos sostenibles y verdes ha sido modesto (5 bonos de sostenibilidad y 10 bonos verdes), y los créditos verdes representaron el 5% del total en 2023 (World Bank, 2023[2]). También serán necesarios esfuerzos adicionales para fortalecer la regulación que acelere las APP enfocadas en el cambio climático, profundice y diversifique los instrumentos de financiamiento verde, especialmente por parte de bancos locales. Además, se requiere ampliar el papel de los bancos de desarrollo públicos en el financiamiento verde. El subdesarrollo del mercado de capitales verde se debe en parte a la escasez de una cartera proyectos listos para inversión (World Bank, 2023[2]). Plataformas sectoriales que integran los sectores real, financiero y público pueden abordar esto, mientras que mecanismos de preparación de proyectos pueden cultivar una cartera de proyectos viables.
Se necesitan señales políticas adicionales y robustas para promover aún más las energías renovables. Colombia carece de metas para las fuentes de energía renovable, lo que reduce la previsibilidad de la inversión. Establecer metas a mediano plazo basadas en un análisis de costo-beneficio de las instalaciones renovables, junto con un cronograma definido de subastas para acuerdos de compra de energía a largo plazo, fomentaría la inversión privada. Fortalecer la cooperación internacional para acceder a fondos y beneficiarse de la transferencia de tecnología en la generación de energías renovables también es esencial (IEA, 2023[22]). Finalmente, aprovechar el potencial de la bioenergía requiere señales políticas robustas, como objetivos de despliegue e incentivos fiscales, para estimular la adopción temprana en el mercado (OECD, 2022[18]).
Mejorar la tributación del carbono es un elemento crucial de una estrategia de descarbonización sólida. Los ingresos tributarios derivados del uso de energía, descontando los subsidios, representan solo el 0.4% del PIB, el nivel más bajo entre los países de la OCDE (Gráfico 5.6), provenientes principalmente de gravámenes sobre combustibles, carbono, electricidad y comercio de emisiones. El impuesto explícito al carbono cubre varios combustibles, incluidos la gasolina, el diésel, el queroseno, el fueloil y el gas licuado de petróleo. La reforma tributaria de 2022 lo amplió para incluir el carbón, pero otros combustibles, como el gas natural, permanecen sin cubrir. Además, sigue siendo muy bajo, en torno a 6 EUR (o COP 25799 en 2024) por tonelada de emisiones (IEA, 2023[22]), muy por debajo de los costos estimados relacionados con el cambio climático y las tasas de otros países de ingresos similares (Federsarrollo, 2021[23]).
Nota: Año 2021. Los ingresos netos por impuestos a la energía representan los ingresos netos estimados derivados de impuestos y subsidios aplicados a combustibles, impuestos al carbono, sistemas de comercio de emisiones (ETS) y electricidad. LAC es un promedio simple de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Perú.
Fuente: OCDE, Impuestos y Clima (base de datos).
En una decisión encomiable, en 2023, las autoridades eliminaron los subsidios a la gasolina y anunciaron un plan para reducir gradualmente los subsidios al diésel durante 2024 y 2025, aunque la economía política ha demostrado ser más compleja. Esta iniciativa llevó a un aumento significativo en los precios de la gasolina, más que duplicándolos, en un contexto de alta inflación y desaceleración económica. Eliminar todos los subsidios a los combustibles fósiles y aumentar gradualmente el impuesto al carbono para alinearlo con los objetivos de descarbonización, como se discutió en el Capítulo 2 y se recomendó en el Estudio Económico de 2022, puede incentivar la sustitución de combustibles fósiles y acelerar la transición a fuentes de energía más limpias al eliminar las ventajas de precios artificiales que disfrutan los combustibles fósiles debido a los subsidios. Incrementar el impuesto al carbono gradualmente crea una señal económica clara para que empresas y consumidores reduzcan su huella de carbono, estimulando así la adopción de prácticas energéticamente eficientes y el desarrollo de alternativas sostenibles. Además, alinear el impuesto al carbono con los objetivos de descarbonización y ampliar la base impositiva ayuda a internalizar el verdadero costo de las emisiones de carbono, reflejando sus impactos ambientales y sociales, al tiempo que genera ingresos adicionales para apoyar la inversión en energía limpia y mitigar los efectos en los más vulnerables.
Bajo el diseño actual del impuesto al carbono, las emisiones podrían disminuir un 2.6% con respecto al escenario base de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas para 2030. Sin embargo, con un impuesto al carbono que alcance los USD 67/tCO2e para 2030, las emisiones podrían potencialmente reducirse hasta en un 40%, lo cual sería consistente con un escenario de descarbonización lenta con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2060 (OECD, 2021[24]). Los ingresos, bajo este escenario, podrían aumentar temporalmente hasta en un 0.7% del PIB anual para 2030 (OECD, 2021[24]). Gradualizar el aumento y utilizar los ingresos adicionales para apoyar a los hogares vulnerables con transferencias temporales y focalizadas, mientras se invierte en proyectos para el desarrollo de tecnología de energía limpia, como iniciativas de eficiencia energética, podría aumentar la aceptación y el apoyo.
El establecimiento de un sistema de comercio de emisiones podría proporcionar un mecanismo adicional para incentivar la reducción de emisiones y fomentar la inversión en proyectos que reduzcan el carbono. Al crear un sistema basado en el mercado donde las empresas puedan comprar y vender permisos negociables, Colombia puede impulsar aún más la innovación, atraer inversión internacional y alcanzar sus objetivos de descarbonización de manera rentable. Aunque Colombia cuenta con un marco legal para un mercado regulado de carbono, este no está completamente operativo. Se ha planeado la introducción de un piloto del sistema de comercio de emisiones para 2024, pero aún no ha comenzado (CPC, 2023[25]). Se necesitan mercados de carbono transparentes y efectivos para atraer emisores internacionales a los esfuerzos de mitigación.
Una estrategia bien planificada para comunicar cómo se gastarán los ingresos de impuestos al carbono más altos podría ayudar a obtener apoyo político. Los ingresos del impuesto al carbono pueden proporcionar espacio fiscal para la transición verde y para ofrecer apoyo a los hogares y negocios vulnerables, mitigando los efectos económicos y distributivos adversos a corto plazo de los precios más altos del carbono y la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles. Estos ingresos pueden financiar asistencia social focalizada, incentivos fiscales para la eficiencia energética, programas de recualificación laboral o inversiones productivas. Por ejemplo, el impuesto al carbono de Columbia Británica, introducido en 2008, aumentó de aproximadamente USD 7.5 por tonelada de CO2 equivalente a alrededor de USD 60 por tonelada en 2024. Está diseñado para ser neutral en términos de ingresos, reasignando los ingresos fiscales a través de créditos fiscales para familias de bajos y medianos ingresos. De manera similar, Sudáfrica lanzó un impuesto al carbono en junio de 2019, que abarca aproximadamente el 90% de sus emisiones. Tiene planes para aumentos graduales en el futuro para avanzar en sus objetivos de descarbonización, a pesar de las tasas efectivas bajas actuales debido a medidas transitorias destinadas a preservar la competitividad y proteger a los hogares de bajos ingresos hasta 2025.
5.4.2. Mejorar la seguridad energética
Garantizar un suministro energético seguro debe ser una prioridad del gobierno (IEA, 2023[22]). Es crucial mantener la resiliencia en la provisión de electricidad, gas natural y petróleo, especialmente durante los períodos de sequía y en regiones remotas. Abordar las brechas energéticas requiere proporcionar electricidad a 820,000 hogares y hacer la transición de 1.7 millones de hogares del uso de leña a combustibles de cocina eficientes.
Diversificar la matriz energética es clave para mejorar la seguridad energética, especialmente dado que Colombia depende en gran medida de la energía hidroeléctrica para la producción de energía (Gráfico 5.4, panel B), lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones en las precipitaciones y los impactos del cambio climático, como se ha visto durante eventos como El Niño. Colombia podría utilizar el gas natural como una energía de transición para mantener la seguridad energética hasta que las energías renovables asuman un papel más importante. Este enfoque ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el gas natural emite un 40% menos de CO2 que el carbón y hasta un 20% menos que el petróleo, mientras complementa las fuentes de energía renovable. Sin embargo, una preocupación actual es la creciente dependencia de las importaciones de gas natural, lo que plantea riesgos para la seguridad energética. Las estimaciones indican que Colombia podría perder su autosuficiencia en gas natural para 2026. Para 2034, se proyecta que la demanda de gas natural superará la oferta, incluso con las instalaciones de importación planificadas (Fedesarrollo, 2022[14]; Gonzalez, forthcoming[17]). Esto requerirá un plan y financiamiento para mejorar la flexibilidad de la oferta y la demanda de gas, maximizando la producción de los campos actuales, invirtiendo en instalaciones de almacenamiento de gas, reduciendo las emisiones perjudiciales causadas por ciertas prácticas de extracción de gas, y ampliando las alternativas de suministro de gas del país mediante el desarrollo de terminales adicionales de GNL (IEA, 2023[22]).
5.4.3. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte
La descarbonización del sector del transporte, uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero del país, será fundamental para alcanzar su objetivo de cero emisiones netas. Para lograrlo, el sector del transporte necesita una gran transformación. El sector del transporte está dominado principalmente por el transporte por carretera, que sirve como principal medio de transporte tanto de pasajeros como de mercancías debido al terreno montañoso del país y a la dispersión de la población. Más del 80% de las emisiones del transporte son generadas por el transporte por carretera, de las cuales el 65% proviene del transporte de mercancías, lo que refleja la dependencia del sector del transporte por carretera, el uso de diésel y el mal estado de los vehículos.
La descarbonización del transporte de carga requiere aumentar sustancialmente la participación del ferrocarril en las operaciones de carga. Los esfuerzos del gobierno para la próxima década priorizan los modos fluvial y ferroviario en los nuevos programas de alianzas público-privadas 5G, como se destaca en el Capítulo 3, pero no se espera que reduzcan las emisiones para mediados de la década de 2030. El sector de transporte de carga por carretera tiene un rendimiento inferior al de sus pares regionales en términos de estándares de emisiones, modernización de flotas, tecnologías de combustible, intermodalidad y gestión logística avanzada (World Bank, 2023[2]). La implementación de programas de desguace para toda la flota de transporte de carga pesada y su extensión a todos los vehículos contaminantes más antiguos debe ser una prioridad (IEA, 2023[22]). La adopción de estándares de emisión estrictos para los nuevos camiones que ingresan al mercado garantizaría que el reemplazo de vehículos conduzca a la introducción de alternativas más limpias y eficientes, mientras que los incentivos para la modernización de flotas también serían de ayuda. Acelerar la innovación y la adopción de tecnologías de combustibles sostenibles alternativos también es clave.
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (IEA, 2023[22]) tiene como objetivo mejorar el transporte, y la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y los incentivos fiscales han mostrado avances, pero se necesitan más acciones de mitigación. Estas incluyen una mayor electrificación de la flota de vehículos privados y públicos, y el desarrollo de una red robusta de estaciones de carga. La expansión de la infraestructura de transporte público, así como la promoción de modos alternativos como caminar y andar en bicicleta, también ayudaría a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Colombia se destaca como líder global en transporte público basado en autobuses, con sistemas de transporte urbano masivo en siete ciudades, incluidos sistemas de buses de tránsito rápido, teleféricos y un sistema de metro en Medellín, que en conjunto sirven al 17 por ciento de la población. Para 2025, se espera que la implementación de autobuses eléctricos en Bogotá cree la flota de autobuses eléctricos más grande de la región (World Bank, 2023[2]). También hay planes para que ciudades intermedias incorporen autobuses eléctricos de pasajeros en sus flotas. Priorizar la electrificación adicional de autobuses es fundamental, dada su viabilidad financiera y su significativa contribución a la mejora de la calidad del aire y la salud pública.
Colombia tiene necesidades de gasto significativas para la adaptación y mitigación del cambio climático, y los marcos fiscales verdes a mediano plazo podrían ser fundamentales para crear el espacio fiscal necesario y ayudar a priorizar el gasto. Fortalecer el marco fiscal a mediano plazo para incluir sistemáticamente las consideraciones sobre el cambio climático ayudaría a mitigar los significativos riesgos económicos y costos fiscales (OECD, EU Comission & IMF, 2022[26]), siguiendo el ejemplo de algunos países de la OCDE (Recuadro 5.2). El marco fiscal a mediano plazo de Colombia proporciona una planificación transparente a lo largo de varios años (MinHacienda, 2024[27]), pero podría fortalecerse integrando los riesgos fiscales asociados con el cambio climático en las estrategias fiscales, los marcos presupuestarios a mediano plazo y los análisis de sostenibilidad fiscal a largo plazo para crear suficiente espacio fiscal para absorber pérdidas.
Desde 2021, la ley de presupuesto nacional de Colombia incluye requisitos de presupuestación verde para evaluar el impacto ambiental de las políticas presupuestarias y fiscales (OECD, EU Comission & IMF, 2022[26]). Sin embargo, Colombia solo ha comenzado a realizar evaluaciones expost del impacto ambiental de algunas medidas. En el futuro, Colombia podría priorizar la incorporación de gastos relacionados con el clima y medidas de ingresos en el presupuesto y en el marco fiscal a mediano plazo para alinear las políticas fiscales con los objetivos climáticos. Un enfoque es incluir proyecciones verdes, como emisiones, junto con proyecciones relacionadas con el despliegue de energías renovables, mejoras en la eficiencia energética, esfuerzos de conservación de la biodiversidad y prácticas de uso sostenible de la tierra, como lo hacen algunos países de la OCDE (Recuadro 2.3). Estas evaluaciones del impacto climático pueden informar el proceso de evaluación y selección de proyectos de inversión pública, mejorando la alineación con los objetivos climáticos.
Dinamarca adoptó herramientas de previsión macro fiscal y modelización que incorporan los impactos climáticos y ambientales para informar la preparación de la estrategia fiscal y el presupuesto del país. Además, su modelo macroeconómico GreenREFORM realiza proyecciones hasta 2100, facilitando el análisis a mediano y largo plazo, asegurando la alineación con los objetivos climáticos y mejorando el marco fiscal de Dinamarca con un enfoque central en la política ambiental. El modelo tiene en cuenta factores como el uso de energía, las emisiones de contaminantes y los efectos de los impuestos y subsidios ambientales.
Nueva Zelanda incorpora consideraciones sobre el cambio climático en sus informes fiscales a largo plazo, como las Declaraciones Fiscales y de Inversión a Largo Plazo que se publican cada cuatro años, junto con consideraciones sobre el envejecimiento. Además, Nueva Zelanda ha introducido una Evaluación Económica y Fiscal del Clima para ayudar a los tomadores de decisiones en los sectores público y privado a identificar y gestionar los riesgos y oportunidades del cambio climático, facilitando una transición hacia un futuro de bajas emisiones y resiliente al clima.
El gobierno Escocés proporciona una evaluación de la huella de carbono de sus proyectos de presupuestos, que estima las emisiones de GEI asociadas con las compras planificadas de bienes y servicios por parte del gobierno.
En Suecia, el gobierno integra los objetivos climáticos y los objetivos presupuestarios, presentando un informe climático en su proyecto de ley de presupuesto anual, según lo exige la ley. Además, cada cuatro años formula un plan de acción de política climática que detalla estrategias para alcanzar los objetivos climáticos.
Fuente: IMF (2022[28]) and OECD, EU Commission, IMF (2022[26])
La transición hacia la neutralidad de carbono puede impulsar el crecimiento económico a largo plazo en comparación con un escenario sin acción climática, gracias a inversiones sustanciales, una mayor eficiencia energética y un aumento de la productividad (World Bank, 2023[2]). El análisis de la OCDE indica que, mientras se descarboniza, invertir en sectores verdes, tanto en capital físico como humano, podría llevar a un aumento neto del empleo formal (OECD, 2023[29]), aunque se espera que ciertas industrias, como el carbón y el petróleo, enfrenten pérdidas de empleo. La transición verde también presenta una oportunidad para mejorar el desarrollo en regiones rezagadas y cerrar las brechas regionales (como se destacó en el Capítulo 3) mediante la participación de las comunidades locales y asegurando que los beneficios de la transición se distribuyan equitativamente. La hoja de ruta del gobierno para la Transición Energética Justa tiene como objetivo cerrar las brechas regionales y asegurar que los beneficios se distribuyan de manera equitativa en las diversas áreas del país.
Una transición verde exitosa requiere diversificar las exportaciones y la economía para generar nuevas fuentes de ingresos fiscales, impulsar el crecimiento y crear oportunidades de empleo de alta calidad. Los planes de reindustrialización del gobierno priorizan el turismo, la cultura, la agroindustria y la energía renovable para diversificar sus actividades (ver Capítulo 3). Un plan de diversificación de exportaciones bien ejecutado es crucial para facilitar la transición verde, pero debe complementarse con un conjunto integral de reformas para asegurar el éxito de los esfuerzos de reindustrialización y diversificación. Estas reformas incluyen mejoras en infraestructura, optimización de la logística, un continuo énfasis en la educación y capacitación de alta calidad, medidas para reducir la informalidad y la reducción de barreras tanto arancelarias como no arancelarias, como se discute en los Capítulos 3 y 4 de este estudio. Una economía más innovadora es crucial para apoyar la diversificación de Colombia fuera del petróleo y el carbón. El uso efectivo de la ciencia, la tecnología y las soluciones innovadoras puede mejorar significativamente la sostenibilidad ambiental, impulsar el crecimiento económico y ayudar al país a alcanzar sus objetivos de neutralidad de carbono.
Las energías renovables son una opción prometedora para reconvertir las regiones mineras en el norte, como se mencionó anteriormente, aprovechando los abundantes recursos eólicos y solares. Colombia también puede aprovechar su sector minero establecido para diversificarse en minerales como el cobre, níquel y cobalto, todos necesarios en la transición energética global. El último Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 prevé una nueva política minera orientada a mejorar el conocimiento geológico de los recursos minerales de Colombia. Se requiere más exploración y claridad en los permisos para aumentar la producción, mientras que las actividades mineras deben cumplir con rigurosos estándares ambientales, sociales y de gobernanza, beneficiando al mismo tiempo a las comunidades locales. La bioeconomía presenta oportunidades significativas para que Colombia logre un desarrollo económico alineado con los objetivos de descarbonización y la transición en la estructura productiva, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo.
Aprovechar plenamente estas oportunidades también requiere apoyo para aquellos que necesitarán hacer la transición hacia nuevos trabajos. Desplegar programas de capacitación integral para los trabajadores desplazados, equipándolos con las habilidades necesarias para acceder a oportunidades laborales en nuevos sectores, es clave para minimizar el impacto social de los posibles desplazamientos laborales. También es necesario abordar la escasez de habilidades en sectores en crecimiento que probablemente surgirán, como los relacionados con el despliegue de parques de energía renovable. Por ejemplo, reutilizar la mano de obra calificada de la minería del carbón para desarrollar industrias de minerales críticos puede facilitar la transición verde. Se necesitan programas de capacitación flexibles y cortos para abordar las limitaciones de tiempo y la relevancia en el mercado laboral (OECD, 2024[30]). El aprendizaje en el lugar de trabajo y basado en la práctica proporciona experiencia práctica, al mismo tiempo que permite a los trabajadores recibir compensación financiera, haciendo que la capacitación sea accesible. Los incentivos financieros juegan un papel crucial en facilitar la participación en la capacitación, mientras que la orientación profesional es esencial para que las personas comprendan los beneficios y riesgos de la transición a empleos verdes. Por ejemplo, Estados Unidos y Suecia brindan apoyo integral, que incluye capacitación en el lugar de trabajo, ayuda financiera y orientación profesional para empleos verdes. Los desequilibrios de género en la economía verde necesitan atención, ya que las mujeres suelen estar subrepresentadas. España, Austria y Suecia abordan este tema a través de capacitación específica y apoyo financiero para promover una transición verde inclusiva.
El proyecto de ley de reforma laboral que se discute en el Congreso (ver capítulo 4) estipula que todas las empresas en proceso de descarbonización deben implementar planes de reconversión laboral para los trabajadores afectados. El Estudio Económico de la OCDE sobre Colombia de 2019 destaca la necesidad de mejorar la calidad y pertinencia de los sistemas de capacitación y los servicios públicos de empleo. Además, las transferencias compensatorias y los programas de seguros pueden servir como una red de seguridad para los trabajadores que están en transición hacia nuevas oportunidades laborales. Facilitar la reubicación espacial voluntaria de los trabajadores podría mejorar los resultados, especialmente porque las oportunidades laborales en las industrias en crecimiento pueden no estar concentradas en las regiones que experimentan pérdidas de empleo.
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