En 1995, el gobierno reformó los ferrocarriles de México por medio de un estatuto a través de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. Esta contempló que la red ferroviaria pública se dividiera en un pequeño número de concesiones ferroviarias de carga privadas, exclusivas e integradas verticalmente. Las reformas ferroviarias de 1995 lograron una recuperación completa en el desempeño del sector ferroviario mexicano. El PIB en el transporte de carga ferroviario creció en promedio 4.1% por año de 1995-2017, superando el resultado de todos los otros modos de transporte.
Después de una serie de enmiendas a la Ley de 1995, se creó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), con el objetivo primario de incrementar la capacidad del gobierno para implementar regulaciones relativas a los derechos de paso y la protección de las tarifas, entre otros.