En este capítulo se argumenta que la reducción de las diferencias de género en los principales resultados económicos requiere un enfoque estratégico para un mejor reparto del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres en Costa Rica. Presenta un marco global para alcanzar este objetivo, siguiendo dos ejes políticos principales. El primer eje se centra en las políticas destinadas a reducir las barreras que obstaculizan un reparto más equitativo del tiempo y las responsabilidades entre los miembros de la pareja: creación de un sistema de cuidados más eficaz, ampliación de la licencia parental y reducción de la transmisión de estereotipos de género a través del sistema educativo. El segundo incluye las políticas destinadas a mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral garantizando el acceso y la inscripción de las niñas en el sistema educativo, promoviendo a las mujeres en carreras no tradicionales y puestos de liderazgo, apoyando el emprendimiento femenino y luchando contra la violencia de género. El capítulo examina detalladamente cada área y ofrece perspectivas de políticas públicas para posibles mejoras.
Igualdad de género en Costa Rica
2. Una estrategia política integral para lograr una distribución equilibrada del trabajo remunerado y no remunerado
Resumen
Como se ha expuesto en el Capítulo 1, una combinación de factores sociales, institucionales y económicos sustenta la mayor carga de trabajo no remunerado de las mujeres, que debilita sus resultados económicos a pesar de los importantes avances logrados para eliminar las brechas de género en la educación básica y reducir las existentes en el mercado de trabajo.
Como resultado, en Costa Rica las mujeres siguen estando menos empleadas, trabajando con más frecuencia en el sector informal, dedicándose menos a las carreras científicas y tecnológicas, y ganando salarios más bajos que los hombres. La reducción de estas diferencias puede suponer un aumento sustancial del bienestar y de los ingresos, tanto para hombres como para mujeres (OECD, 2023[1]; Fluchtmann, Keese and Adema, 2024[2]). Una división más equitativa del trabajo remunerado y no remunerado representa, por tanto, un interés de política pública de alta prioridad.
Dada la interacción entre los diferentes factores de desigualdad de género analizados en el Capítulo 1, se necesita un marco político global y estratégico para lograr un reparto más equilibrado del trabajo remunerado y no remunerado en Costa Rica. El marco se basa en dos ejes de diseño de políticas:
Por un lado, las políticas dirigidas a reducir las barreras que actualmente se interponen en el camino hacia un reparto más equitativo del tiempo y las responsabilidades entre hombres y mujeres, y
Por otro lado, las políticas destinadas a fomentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo mediante una mejor compensación de su trabajo remunerado.
El primer eje está formado por las políticas para reducir la cantidad total de trabajo no remunerado que tienen que realizar las familias, así como para abordar los obstáculos que dificultan que las parejas compartan el trabajo remunerado y no remunerado de forma más equitativa. Ejemplos clave de áreas específicas dentro de este eje son las políticas dirigidas a la expansión del sistema público de cuidados tanto para niños como para adultos mayores, la introducción o el refuerzo de las normativas que regulan las licencias parentales y el trabajo flexible, y la promoción de enfoques neutrales desde el punto de vista del género en todos los niveles educativos.
El segundo eje político destaca las políticas que contribuyen a reducir la brecha de género en los ingresos laborales. Estas políticas disminuyen el incentivo que lleva a las mujeres a dedicar muchas horas al trabajo no remunerado para liberar más horas que luego puedan dedicar al trabajo remunerado. Concretamente, este eje de política tiene como objetivo abordar las barreras para que todos los grupos de niñas accedan a una educación de calidad, promover las carreras de las mujeres, incluyendo en puestos de liderazgo, fortalecer la igualdad de género en el emprendimiento y luchar contra la violencia hacia las mujeres en los espacios públicos y en el lugar de trabajo.
La Figura 2.1 ilustra el marco político y sus componentes. Los dos ejes políticos se refuerzan mutuamente: la interacción de cambios políticos positivos en cada uno de ellos tiene el potencial de aumentar significativamente el número de mujeres que podrían y querrían trabajar fuera de casa, así como el número de hombres dispuestos a hacerse cargo de las tareas domésticas y de cuidado de otras personas.
Las áreas específicas abordadas en este capítulo surgieron durante una misión virtual de investigación con las autoridades costarricenses como las políticas más relevantes, tanto en términos de impacto potencial como de viabilidad. El resto del capítulo revisa cada área en detalle, comenzando con una evaluación de los desafíos y las políticas existentes. Un análisis de las ideas políticas completa el estudio de cada área, basándose en el extenso trabajo de la OCDE sobre buenas prácticas internacionales en estos campos. Aunque existe una necesidad general de garantizar que las políticas y los programas beneficien a todas las mujeres, muchas de las recomendaciones políticas se centran en las necesidades de algunos grupos de población, como las mujeres indígenas y las quienes viven en zonas remotas. En los Recuadro 2.1 y Recuadro 2.2 se resumen las principales ideas políticas de cada ámbito, respectivamente.
Figura 2.1. Un marco político global para lograr una distribución equilibrada del trabajo remunerado y no remunerado en Costa Rica
Reducir los obstáculos para distribuir equitativamente el trabajo remunerado y no remunerado
Crear un sistema de cuidado más integral
Una parte importante del trabajo doméstico no remunerado consiste en el cuidado de bebés, niños y adultos físicamente dependientes. A falta de un sistema nacional integral de atención, la mayor parte de estas actividades recae en las mujeres. En un día típico en América Latina y el Caribe, las mujeres dedican entre el 20% y el 30% de su tiempo al cuidado y al trabajo doméstico, mientras que los hombres sólo dedican el 10% de su tiempo a estas actividades. En Costa Rica, la brecha es una de las más altas de la región. Las mujeres dedican casi el triple de tiempo a estas actividades (23,7% frente al 8,2% de los hombres (Bidegain, 2018[3])). La disponibilidad de servicios públicos y privados de asistencia asequibles puede ayudar a reequilibrar la carga del cuidado entre hombres y mujeres, si se complementa con esfuerzos más amplios para cambiar las actitudes, junto con las políticas para aumentar la licencia parental y las oportunidades de trabajo a tiempo parcial para hombres y mujeres.
El gasto público en educación y atención a la primera infancia (early childhood education and care, ECEC), así como en políticas familiares es relativamente bajo en Costa Rica. En 2020, este gasto se situó en el 0,29% del PIB, significativamente por debajo del nivel de cinco años antes (0,42% en 2015). Este porcentaje es inferior al de los países de la OCDE y al de otros países de la región. En 2020, el gasto público en ECEC se situó en el 0,64% del PIB en Chile, el 0,47% en Colombia y el 0,50% en México (esta última cifra corresponde a 2019). En 2019, el último año del que se dispone de datos, Costa Rica gastó un total del 1,02% del PIB en prestaciones familiares en efectivo, en forma de servicios y en exenciones fiscales para las familias, cifra inferior a la de Colombia (1,75%) y Chile (1,76%), pero superior a la de México (0.63%) (OECD, 2024[4]).
En Costa Rica, la Red Nacional de Cuidado para la Infancia y la Persona Adulta Mayor fue establecida en 2010 con base en la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género de 2007 (y posteriormente actualizada con regularidad) (Instituto Nacional de las Mujeres, 2007[5]). Esta Política de Género incluyó como objetivo clave que toda mujer que desee participar en el mercado laboral y requiera acceso a servicios de cuidados tenga opciones ya sea provistas por el gobierno, el sector privado o financiadas con recursos mixtos (por ejemplo, proveedores privados que reciban subsidios del gobierno) (OXFAM, 2022[6]). Por ejemplo, la Red Nacional de Cuidado pretende ampliar la cobertura y garantizar niveles mínimos de calidad, haciendo especial hincapié en aumentar la disponibilidad de servicios para los hogares con rentas bajas. Se estructuró en torno a tres sujetos de atención: niños, adultos mayores, y personas con dependencia funcional o con discapacidad, respectivamente.
Para el cuidado de niños, la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), creada en 2014, coordina diferentes modalidades de servicios de guardería para niños de hasta 12 años financiados por regímenes de financiación públicos, privados y mixtos (IMAS, 2023[7]). Su objetivo es ampliar los servicios de guardería que promueven el desarrollo integral de niños y niñas (incluido el acceso a una nutrición adecuada y a la estimulación cognitiva). Los principales proveedores de servicios de guardería son (REDCUDI, 2018[8]):
Ministerio de Salud, a través de los Centros de Educación y Nutrición (CEN) y de los Centros Infantiles de Atención Integral (CINAI). Tanto los CEN como los CINAI ofrecen servicios de guardería diaria (diurna y nocturna) para niños de hasta 13 años, comidas para niños que no requieren cuidados, mujeres embarazadas y lactantes y actividades para promover el desarrollo integral de los niños. La diferencia entre ambos es que los CEN prestan servicios de guardería hasta 8 horas diarias y los CINAI hasta 12 horas. Los CEN-CINAI están ubicados en el 95% de los distritos del país y se estima que en 2014, entre los hogares beneficiarios el 55,3% se encontraba en situación de pobreza extrema y el 39,5% en situación de pobreza (REDCUDI, 2018[8]).
Modalidades privadas con subsidio del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para niños de hasta 12 años de edad. Para recibir una subvención del IMAS, el servicio debe incluir como mínimo: (i) servicios de cuidado durante 10 horas o más al día, durante al menos 5 días a la semana, y (ii) servicios de comida que incluyan desayuno, merienda a media mañana, almuerzo y merienda a media tarde. Las modalidades incluyen los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), los hogares comunitarios y las Casas de la Alegría. Los CECUDI pueden ser creados por municipios, proveedores de fondos privados o mixtos, incluidas cooperativas, asociaciones de desarrollo, asociaciones solidarias y pequeñas empresas. Los proveedores de CECUDI deben demostrar la idoneidad de su personal, incluidas las cualificaciones mínimas y una proporción adecuada de personal por niño acogido. Los Hogares Comunitarios son iniciativas privadas dirigidas por padres y organizadas normalmente como microempresas. Las Casas de la Alegría constituyen un servicio de atención estacional destinado a las poblaciones indígenas migrantes que se desplazan con sus familias, en épocas de cosecha.
Centros Infantiles Diurnos de Atención Integral (CIDAI) fundados por la entidad pública Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Estos centros atienden a niños de hasta 12 años y ofrecen servicios de atención, así como actividades educativas, recreativas y otras relacionadas con la salud para niños de distintas edades. Son gestionados por organizaciones no gubernamentales o municipios, que reciben recursos para cubrir sus gastos sobre la base de acuerdos de cooperación con el PANI. Los acuerdos de cooperación incluyen disposiciones sobre las condiciones y la calidad del servicio prestado.
El plan estratégico 2018-22 para la ampliación de la REDCUDI identificó cinco retos principales (REDCUDI, 2018[8]). En primer lugar, la distribución geográfica de los centros de atención es desigual: el 61% se concentra en alrededor del 23% de los cantones del país (18 de un total de 81), principalmente en las regiones centrales. En segundo lugar, la cobertura de la REDCUDI ha aumentado, pero sin llegar a la totalidad de los niños vulnerables. En 2019, se estimó que sólo el 14,6% de los niños de hasta 6 años de hogares pobres accedió a servicios de la REDCUDI (ILO, 2022[9]). En tercer lugar, la falta de mecanismos formales para la coordinación de servicios en el marco de la REDCUDI. Entre ellos, por ejemplo, la identificación de normas jurídicamente vinculantes que establezcan los requisitos mínimos de los servicios. También implican la creación de un sistema de respuesta que garantice que la oferta de guarderías se ajusta a las necesidades de la demanda, que pueden variar geográficamente. En cuarto lugar, la calidad de los servicios es desigual, sobre todo en los hogares comunitarios, como revela el hecho de que alrededor del 79% de los hogares comunitarios presten servicios de atención inadecuados para promover el desarrollo integral de los niños (que incluye la nutrición y la estimulación cognitiva). Por último, los recursos públicos son insuficientes para apoyar la ampliación de la REDCUDI y garantizar una cobertura adecuada de todos los niños de hogares pobres.
Para la atención de las personas adultas mayores, en 2012 el país estableció la Red Progresiva de Cuido Integral para las Personas Adultas Mayores. El objetivo de esta Red es mejorar la coordinación de las acciones destinadas a satisfacer las necesidades de las personas mayores, desde las necesidades básicas cotidianas hasta la salud y la socialización, haciendo especial hincapié en los hogares pobres (CONAPAM, 2012[10]). Los servicios asistenciales son prestados por municipalidades, organizaciones de asistencia social e instituciones privadas que reciben subvenciones del organismo público competente en materia de tercera edad, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) (Universidad de Costa Rica, 2022[11]). La Red regula la calidad de los servicios existentes (públicos y privados) centrándose en el apoyo a las personas pobres. Las modalidades de atención incluyen residencias de adultos mayores (para residencia permanente y atención integral), albergues para residencia temporal, centros diurnos para cubrir las necesidades de socialización, recreación y nutrición de los adultos mayores y apoyo a los adultos mayores en sus propios hogares (OXFAM, 2022[6]). El análisis de la Universidad de Costa Rica identifica retos en la implementación de la Red que reflejan débiles procesos de monitoreo y evaluación, falta de mecanismos para fortalecer la corresponsabilidad entre los centros de atención y la comunidad y ausencia de cooperación con instituciones educativas para sensibilizar sobre el envejecimiento de la población y sus necesidades de atención (Universidad de Costa Rica, 2022[11]).
Para reforzar la atención a las personas con dependencia funcional, incluidas las personas mayores, Costa Rica puso en marcha en 2021 el Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia (IMAS, 2021). La población objetivo de este sistema son las personas que cumplen la concurrencia de tres condiciones: (i) tener problemas para realizar actividades básicas de la vida diaria como desplazarse, comer, asearse, lavarse, entre otras; (ii) que se requiera de otra persona para apoyar estas actividades; y (iii) que estas dificultades sean permanentes o estén presentes durante un periodo prolongado. El sistema se diseñó como un servicio de gestión de casos, que implica una evaluación preliminar de la dependencia y las condiciones de vida, la preparación de una lista específica de servicios y programas que reflejen los resultados de la evaluación, y un plan individualizado de acceso a los servicios (IMAS, 2021). Dado que la política tiene menos de 3 años, aún no ha sido evaluada.
Perspectivas de política pública
Mantener el esfuerzo para garantizar la disponibilidad y asequibilidad de los servicios de atención infantil temprana. Costa Rica debe continuar fortaleciendo la REDCUDI ampliando la cobertura, mejorando la calidad y los mecanismos de coordinación. Ampliar las oportunidades de acceso a la atención podría beneficiar tanto a los cuidadores como a los cuidados. Las evaluaciones internacionales muestran que los beneficios educativos y sociales a largo plazo de la educación y los cuidados en la primera infancia (ECEC) pueden ser especialmente importantes entre los niños de familias vulnerables (Nores and Barnett, 2010[12]; Heckman et al., 2010[13]). En muchos países de la OCDE existe una diferencia significativa en el uso de los servicios de guardería entre los distintos grupos de ingresos, especialmente en el caso de los niños menores de tres años. En países como Finlandia y Suiza, los costos netos relativamente elevados de las guarderías contribuyen probablemente a que exista una gran diferencia en la inscripción en centros de ECEC entre los niños de las familias de los grupos de ingresos más bajos y los de los grupos de ingresos más altos. Dado que la ECEC también se asocia positivamente con una amplia gama de resultados para el niño y la familia, como el desarrollo cognitivo, el bienestar y la reducción de la pobreza, esta brecha en la participación puede perpetuar las desigualdades socioeconómicas (OECD, 2023[1]). En el contexto de Costa Rica, esto sugiere que los niños de familias que pertenecen a minorías culturales y lingüísticas, por ejemplo, deberían ser los principales candidatos a recibir una ECEC asequible y de calidad antes de ser incorporados a la educación formal en la escuela primaria. En el caso de las madres, un estudio realizado en 2020 reveló que, en Costa Rica, las que accedían a guarderías subvencionadas tenían una mayor probabilidad de participar en el mercado laboral de entre 9 y 14 puntos porcentuales adicionales (Quiros and Robalino, 2020[14]). Estas mujeres también trabajaron entre un 8% y un 19% más en comparación con las que no tuvieron acceso a alternativas subvencionadas de cuidado de niños. Los efectos sobre la participación laboral son mayores para las mujeres que no han terminado la enseñanza secundaria y los efectos sobre el número de horas trabajadas son mayores para las del quintil más pobre.
Para aumentar la asequibilidad, los países de la OCDE han puesto en marcha una serie de programas de apoyo al cuidado de los niños para los hogares con bajos ingresos, que van desde las ayudas para el cuidado de los niños y las desgravaciones fiscales hasta el aumento de otras prestaciones, como el cuidado de los niños a precios reducidos (OECD, 2023[1]). Algunos países cuentan con amplios planes de descuento que reducen al mínimo los gastos directos de guardería. Por ejemplo, Estonia limita las tarifas de guardería al 20% del salario mínimo mensual, mientras que Alemania exime a los hogares con rentas bajas y otros hogares vulnerables del pago de las tarifas de ECEC. En Noruega, estas tarifas están limitadas a un máximo del 6% de los ingresos brutos del hogar, y el gobierno ha introducido recientemente el derecho a 20 horas de guardería gratuitas para los padres con menos ingresos. Entre 2021 y 2026, Canadá está llevando a cabo una reforma a gran escala de la ECEC hacia un Sistema de Aprendizaje Temprano y Cuidado de Niños que abarque todo el país y que, entre otras cosas, incluya la garantía de una tarifa de cuidado de niños de un máximo de 10 CAD al día. Reformas anteriores con tarifas máximas similares (actualmente 8,7 CAD al día) en la provincia de Quebec contribuyeron a aumentar la participación de las madres en el mercado laboral.
Un ejemplo interesante de un sistema de atención eficaz en la región es el caso de Uruguay. En 2010, Uruguay puso en marcha una matriz integral de protección social centrada en la salud, la educación y la seguridad social. La matriz se complementó en 2015 con la introducción de un cuarto pilar del Sistema de Cuidados, que abarca la primera infancia y las personas físicamente dependientes. Ambos han ampliado la cobertura de los programas existentes, que han tenido éxito, y los han complementado con iniciativas innovadoras, como los Centros Siempre (guarderías públicas y privadas) y las teleconsultas médicas (MIDES, 2021[15]; OPS, 2020[16]). El primer Plan de Cuidados de Uruguay consta de cinco componentes: acceso (garantizar el acceso a los cuidados a través de instalaciones estatales propias, transferencias monetarias o licencias de cuidados); formación; regulación; una comisión de cuidados y una campaña de comunicación para incluir a más hombres en los cuidados, centrándose en la corresponsabilidad y las nuevas masculinidades (QUANTA, 2021[17]). El presupuesto del Sistema Asistencial se incrementó progresivamente desde 2015 hasta alcanzar el 0,2% del PIB en 2020. De un presupuesto total de 3.084,8 millones de pesos uruguayos en 2020, el 62% se destinó a ECEC, el 35% a atención a otras personas dependientes y el 3% a formación (UN Women, 2019[18]).
Profesionalizar los programas comunitarios. Además del esfuerzo por garantizar la disponibilidad y la asequibilidad, es importante mejorar la capacidad de la REDCUDI para dar forma a la calidad de los servicios. Esto puede lograrse reforzando los programas de capacitación en combinación con incentivos para formalizar a las personas trabajadoras del cuidado, especialmente en los hogares comunitarios. Al reforzar el reconocimiento del papel esencial que desempeñan los cuidadores, la profesionalización de los servicios asistenciales puede hacer que el sector resulte más atractivo para una mano de obra cualificada y más equilibrada entre hombres y mujeres. Algunos países han optado por reforzar la oferta de programas de formación continua para los cuidadores de niños, aumentando las opciones de programas más cortos, pero más regulares y mejor espaciados. Vietnam, por ejemplo, ofrece oportunidades de formación continua de hasta dos meses al año (Neuman, Josephson and Chua, 2015[19]). En Costa Rica, un planteamiento similar se adaptaría bien a las necesidades de las zonas rurales y alejadas, ya que en estas zonas, en comparación con los centros urbanos, escasea especialmente la mano de obra bien preparada para el cuidado de los niños. Al mismo tiempo, las necesidades de cuidado infantil tienden a seguir la estacionalidad de la producción agrícola en estas regiones, lo que significa que aumentan cuando se intensifican las actividades agrícolas y de cosecha, y vuelven a bajar tan pronto como los factores estacionales se moderan. Adaptarse a estas variaciones, desconocidas en los centros urbanos, requiere una alta capacidad de adaptación por parte de los proveedores de servicios.
Además, varios países han adoptado políticas de compensación más decisivas. Ecuador, por ejemplo, ha triplicado el salario de los proveedores de cuidado infantil comunitario, pasando de un tercio al salario mínimo completo (Moussié, 2016[20]). Aparte de los aumentos salariales, la profesionalización de las actividades de cuidado de niños puede tener efectos de retroalimentación al permitir a los cuidadores acceder a créditos de pensión y a la cobertura sanitaria, apoyando así la formalización del trabajo de cuidado de niños. Incrementar el atractivo de la profesión de cuidado infantil también tiene el potencial de apoyar la participación en la fuerza laboral.
Mantener las inversiones en atención a las personas mayores. Considerando las tendencias demográficas del país, se estima que para 2050, las necesidades de cuidados por hogar con personas mayores de 65 años en Costa Rica demandarán 30 horas adicionales a la semana (4 días laborables) (OXFAM, 2022[6]). Idealmente, para reducir esta carga será necesario ampliar la Red Progresiva de Cuido Integral para las Personas Adultas Mayores y el Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia, tanto geográficamente como entre los distintos grupos de renta. Quienes prestan cuidados informales a domicilio pueden beneficiarse de oportunidades de capacitación, fácil acceso a la información sobre los servicios públicos disponibles, cuidados de relevo para ayudar a descansar a los cuidadores, ayudas económicas y cobertura de seguridad social (Rocard and Llena-Nozal, 2022[21]). Por ejemplo, en La Plata (Argentina), una red de residentes, expertos académicos y proveedores de servicios creó un sitio web para facilitar información a las familias sobre los recursos que podían ayudarles. El cuidado de relevo, destinado a proporcionar un alivio temporal a las familias de cualquier categoría de ingresos a través de servicios de guardería, cuidado en el hogar o institucional, es otra herramienta de política pública clave para apoyar a los cuidadores familiares. En Belo Horizonte (Brasil), por ejemplo, los trabajadores sociales y sanitarios pasan una semana con una familia para que los cuidadores se recuperen y aprendan a atender mejor a sus parientes (UN Women, 2017[22]).
Además, es probable que aumente la necesidad de más apoyo en forma de visitas periódicas de cuidadores capacitados, o de atención institucional. La supervisión pública es clave para garantizar el cumplimiento de las normas sobre cuidados, así como de las normas laborales, para los cuidadores remunerados, muchos de los cuales son mujeres. En los países de la OCDE, donde el envejecimiento de la población es especialmente pronunciado, las malas condiciones de trabajo de los cuidadores a largo plazo limitan el reclutamiento y la permanencia en el sector. El diálogo social es importante para mejorar los derechos laborales y las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras del sector asistencial. En Argentina, por ejemplo, un acuerdo tripartito condujo a un aumento progresivo del salario mínimo de las trabajadoras domésticas para acercarse al salario mínimo vital en 2018. Los modelos de empleo y las medidas reguladoras adecuadas pueden formalizar el trabajo de cuidado y ofrecer una protección social adecuada a los cuidadores a largo plazo (Global Deal, 2023[23]).
Ampliar la licencia parental en la economía formal e informal
Las políticas de licencia parental afectan a las decisiones familiares sobre la distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre los miembros de la pareja. Cuando no hay licencia de maternidad, las madres pueden verse obligadas a abandonar la población activa y posteriormente tener dificultades para reincorporarse. Un estudio de 159 países revela que la participación de la mujer en el mercado laboral está positivamente correlacionada con la duración de la licencia de maternidad, siempre que éste sea inferior a 30 semanas (Del Rey, Kyriacou and Silva, 2021[24]; World Bank, 2022[25]). En los países de la OCDE, la tasa de empleo femenino aumenta ligeramente con la duración del licencia de maternidad legal, pero empieza a descender cuando la duración supera los dos años. Esto pone de relieve que, más allá de un cierto límite, las licencias de maternidad excesivamente largos pueden ser contraproducentes, ya que conducen a un aumento de la brecha de empleo entre hombres y mujeres, en lugar de reducirla (Thévenon and Solaz, 2013[26]). También subraya el importante papel equilibrador que pueden desempeñar los padres al acogerse a la licencia de paternidad para romper el patrón frecuente por el que las parejas vuelven al reparto tradicional del trabajo cuando se convierten en padres. Por ejemplo, en Noruega, las parejas cuyo hijo nació cuatro semanas después de la introducción de la licencia de paternidad declararon menos conflictos sobre la división del trabajo no remunerado y algunas mejoras en el reparto de las tareas domésticas que las parejas cuyo hijo nació justo antes (Kotsadam and Finseraas, 2011[27]). Los datos de Suecia y España sugieren igualmente que las parejas se reparten el trabajo no remunerado de forma más equitativa tras la introducción de políticas de licencia parental más igualitarias entre hombres y mujeres (Hagqvist et al., 2017[28]). Un análisis detallado de Alemania muestra que los padres que se acogieron a la licencia parental disminuyeron después su trabajo remunerado y aumentaron las horas dedicadas al cuidado de los hijos. Sin embargo, sólo los padres que se tomaron más de dos meses de licencia aumentaron también su participación en otros tipos de trabajo no remunerado (Bünning, 2015[29]).
Dos rondas de leyes, una en 1996 y otra reciente en 2022, establecieron la licencia por maternidad y paternidad en Costa Rica. La Ley 7621, aprobada en 1996, incluyó en el código laboral del país una licencia por maternidad de cuatro meses dividida antes y después del nacimiento del niño. Esto se traduce en 17 semanas y supera el promedio regional de 15 semanas (). El Convenio nº 183 de la OIT sobre protección de la maternidad, de 2000, establece una norma mínima de 14 semanas y una norma recomendada de 18 semanas para que las madres dispongan de tiempo suficiente para descansar y recuperarse tras el parto (ILO, 2022[30]). La licencia de paternidad en Costa Rica se introdujo en el código laboral mediante la aprobación del proyecto de ley 21 149 en 2022. El proyecto de ley prevé una licencia parental de 2 días por semana durante las 4 primeras semanas tras el parto - 8 días en total - para los empleados de empresas privadas y una licencia de un mes para los que trabajan en entidades públicas. Por consiguiente, la licencia de paternidad en Costa Rica supera la media regional de 7 días, pero está muy por debajo de la media de la OCDE (Figura 2.2). Sin embargo, es importante señalar que la media de la OCDE, en torno a ocho semanas, refleja en parte los derechos extremadamente elevados de un año de licencia de paternidad en Corea y Japón. En estos dos países, muy pocos hombres disfrutan de una licencia de paternidad, y menos aún durante un año (Rich, 2019[31]).
El calendario de la baja por maternidad de una trabajadora dependiente en Costa Rica suele incluir 1 mes de licencia previa al parto y 3 meses de licencia posterior al parto. En caso de adopción, la licencia de maternidad es de 3 meses a partir de un día después de la fecha oficial de adopción. Estos meses de licencia no son transferibles regularmente entre los progenitores. Solo en caso de fallecimiento de la madre durante el parto o en los tres primeros meses de vida del hijo, la licencia es transferible al padre o a otro cuidador de la familia. Durante el tiempo que dure la licencia, el progenitor que lo disfrute tendrá derecho a percibir el salario íntegro, repartiéndose el coste a partes iguales -50% cada uno- entre la empresa y el seguro contributivo a la Caja Costarricense de Seguro Social, si el beneficiario ha cotizado durante al menos 3 meses consecutivos antes del nacimiento, o seis meses en los 12 meses anteriores al nacimiento (OECD, 2022[32]). La normativa del país incluye medidas antidiscriminatorias, como la prohibición de que los empresarios exijan una prueba de embarazo como condición para el empleo.
Figura 2.2. Las licencia de maternidad y paternidad en Costa Rica están ligeramente por encima de la media regional
Licencias de maternidad en semanas y licencias de paternidad en días, 2022 o último disponible
Nota: Los promedios de América Latina y el Caribe (LAC) y de la OCDE no están ponderados. Las 12 semanas de licencia adicional en Chile pueden ser disfrutadas tanto por las madres como por los padres y pueden ampliarse a 18 semanas al 50% en lugar del 100% del salario. En el caso de Costa Rica, una ley de 2022 introdujo una licencia de paternidad de 8 días (2 días por semana durante las 4 primeras semanas posteriores al parto) para las empresas privadas y de 30 días (un mes de licencia) para los empleados públicos. Los valores de los países latinoamericanos y caribeños se refieren generalmente a la licencia al que tienen derecho las personas trabajadoras del sector formal. Las semanas de licencia de paternidad se multiplican por cinco para obtener un valor diario, suponiendo una semana laboral de cinco días. La media de la OCDE se basa en la suma de la licencia de paternidad y la licencia parental reservados a los padres.
Fuente: Para los países de la OCDE, los datos se refieren a la OCDE, “Tabla PF2.1.A. Resumen de las licencias retribuidas a los que tienen derecho las madres” y “Tabla PF2.1.B. Resumen de las licencias retribuidas a los que tienen derecho los padres”, Base de Datos Familiares de la OCDE, www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.xlsx e IPC-IG y los demás datos se refieren a UNICEF (2020), “Tabla 6: Duración y beneficios de las licencias (regímenes generales)”, Maternidad y Paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe – Políticas para la licencia de maternidad y paternidad y apoyo a la lactancia maternal”.
www.unicef.org/lac/media/13931/file/Maternidad_y_paternidad_en_el_lugar_de_trabajo_en_ALC.pdf.
Aunque las licencias de maternidad y paternidad para los trabajadores dependientes son generosas en Costa Rica, en relación con otros países de América Latina y el Caribe, es importante señalar que aproximadamente 4 de cada 10 adultos en edad de trabajar en el país están empleados en el sector informal. Estas personas trabajadoras no están cubiertas por el sistema, a pesar de que las personas que trabajan por cuenta propia pueden cotizar a la Caja Costarricense de Seguro Social y recibir las prestaciones. Como trabajadores dependientes, las personas trabajadoras por cuenta propia también deben haber cotizado durante al menos tres meses consecutivos inmediatamente anteriores al nacimiento o durante al menos seis meses en los 12 meses anteriores al nacimiento. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica estima que, en 2022, el 42,5% de las personas en edad de trabajar lo hacen en el sector informal y que la prevalencia es mayor entre las mujeres (44,9%) que entre los hombres (41,1%) (INEC, 2022[33]). La mayoría de los trabajadores informales están empleados en microempresas de 5 o menos trabajadores (36,9%), en empleos precarios (27,6%) o en trabajos informales domésticos o de cuidado en las casas (10.5%) (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2021[34]), que suelen caracterizarse por una capacidad limitada para ofrecer prestaciones, como la licencia de maternidad, a sus empleadores.
Una vez que los padres vuelven al trabajo, tienen pocas opciones para aliviar la escasez de tiempo que supone trabajar y cuidar de los hijos simultáneamente. En Costa Rica, el máximo legal de trabajo diario es de 8 horas durante un máximo de 6 días a la semana, lo que supone un total de 48 horas semanales para el trabajo diario ordinario. Este máximo de horas de trabajo está por encima de la semana laboral estándar de 40 horas que es común a muchos países de la OCDE. Las estimaciones basadas en encuestas de hogares muestran que, en promedio, una persona con empleo a tiempo completo en Costa Rica trabaja aproximadamente el tiempo establecido en la ley, es decir, 47.9 horas por semana, con diferencias entre los sexos: 49.1 horas para los hombres y 45.7 para las mujeres (OECD, 2023[35]).
Perspectivas de política pública
Promover las responsabilidades compartidas de cuidado facilitando la participación de los padres y la licencia compartido entre ambos progenitores. Aunque Costa Rica ha introducido una licencia de paternidad de 8 días, el sistema podría flexibilizarse permitiendo a las madres compartir su licencia de maternidad más largo, de 17 semanas, con los padres, como forma de fomentar el cuidado conjunto durante los primeros meses de vida del niño. Además, podrían ser necesarias medidas adicionales para reforzar el disfrute de la licencia entre los padres. En 2021, Colombia introdujo una reforma que amplió la licencia de paternidad de ocho a 15 días laborables, es decir, tres semanas. La reforma también introdujo la licencia compartida remunerada, en virtud del cual los progenitores pueden atribuir libremente las últimas seis semanas de la licencia de maternidad a la madre o al padre (Congreso de Colombia, 2021[36]). Varios países europeos (entre ellos Islandia y Suecia) han impulsado con éxito la participación de los padres reservándoles una parte determinada de la licencia total permitida para ambos progenitores, lo que significa que la licencia total que una pareja puede utilizar es mayor si ambos la toman. Otra opción es prolongar la licencia de paternidad, que por definición no puede transferirse a la madre (OECD, 2019[37]).
Ampliar la protección parental a las personas trabajadoras del sector informal. Extender la protección de la maternidad a las trabajadoras del sector informal es esencial para lograr un reparto más equilibrado de las actividades laborales remuneradas y no remuneradas entre los miembros de la pareja. Además, al liberar a las mujeres que trabajan en el sector informal de la presión de trabajar demasiado durante el embarazo y de reincorporarse demasiado pronto tras el parto, probablemente se contribuirá a reducir la elevada exposición de las poblaciones vulnerables a riesgos sanitarios y económicos (WIEGO/ILO/UNICEF, 2020[38]).
Para ampliar la cobertura a las trabajadoras informales, Costa Rica podría plantearse un régimen no contributivo dirigido a los padres más vulnerables. Un estudio de las economías de la OCDE concluye que si el gobierno administra las prestaciones de maternidad financiadas con fondos públicos es menos probable que los empresarios discriminen a las mujeres en edad fértil (Thévenon and Solaz, 2013[26]). En Costa Rica, el principal programa de transferencias condicionadas de efectivo, Avancemos, sólo cubre a los niños en edad escolar (desde preescolar hasta secundaria) y no beneficia a los nuevos padres. El país también cuenta con un importante programa de transferencia incondicional de efectivo denominado Atención a Familias, que ayuda a los hogares desfavorecidos a cubrir diversas necesidades básicas, como la nutrición, la atención sanitaria, la vivienda y los servicios públicos. Sin embargo, el programa no está diseñado específicamente para hogares con niños pequeños, aunque está abierto a ellos si son de escasos recursos (identificados mediante una prueba de medios indirecta) (World Bank, 2022[39]).
En este contexto, Costa Rica podría considerar la introducción de subsidios no contributivos dirigidos a los más vulnerables, similares a los subsidios implementados en Argentina y Ecuador. En Argentina, la Asignación Universal por Hijo para niños de hasta 18 años y la Asignación por Embarazo, a la que pueden acceder desde la semana 12 de gestación hasta el parto o la interrupción del embarazo, se pagan a microempresarios inscritos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, desempleados, personas trabajadoras de la economía informal con ingresos inferiores al salario mínimo y empleadas de hogar (WIEGO/ILO/UNICEF, 2020[38]). En Ecuador, la transferencia de efectivo Bono de 1.000 Días, lanzada en 2022, se dirige a hogares con niños en los primeros 1.000 días de vida y a mujeres embarazadas en situación de pobreza (identificadas mediante una prueba de recursos) y promueve la inscripción durante el embarazo o en los primeros 45 días de vida. La transferencia se diseñó como incondicional y condicional, con una parte de la transferencia mensual y fija, y la otra parte condicionada a la asistencia a servicios sanitarios esenciales como las visitas prenatales y las visitas rutinarias del niño sano durante los dos primeros años de vida (Secretaria Tecnica Ecuador Crece sin Desnutricion Infantil, 2022[40]).
Reducir la transmisión de estereotipos de género a través del sistema educativo
Existe una amplia bibliografía sobre las actitudes relativas a los roles de género, cómo se transmiten a los niños y niñas y el papel que desempeñan los estereotipos en la elección de carrera y las estrategias de preparación para el empleo (OECD, 2012[41]; Karlson and Simonsson, 2011[42]; Wahlstrom, 2003[43]). Dan forma y estructuran las ambiciones, incluidas las carreras profesionales a las que aspiran las personas (UNESCO, 2021[44]; OECD, 2020[45]). Como se señala en el Capítulo 1, las niñas pueden rehuir la elección de carreras y ocupaciones percibidas como tradicionalmente masculinas, como los programas de grado en STEM (por sus siglas en inglés, refiriéndose a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) (Kotsadam and Finseraas, 2011[27]). Dado que las ocupaciones caracterizadas por una fuerte presencia de trabajadores masculinos suelen estar bien remuneradas, estas opciones pueden obstaculizar de forma permanente el potencial de ingresos de las mujeres (Kunze, 2018[46]). Al mismo tiempo, los niños educados en los roles tradicionales de género pueden sentirse atraídos por las profesiones relacionadas con la asistencia (OECD, 2017[47]), y pueden estar menos dispuestos a participar en las tareas del hogar y del cuidado de los niños una vez que son adultos (Lachance-Grzela and Bouchard, 2010[48]).
La igualdad de género y la educación ocupan un lugar central en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2020[49]), que reconoce el papel clave que puede desempeñar la educación para cuestionar y transformar las relaciones, normas y prácticas sociales y de género desiguales. Un enfoque educativo libre de estereotipos puede beneficiar tanto a los niños como a las niñas, al permitirles adquirir plena conciencia de sus puntos fuertes e intereses. Este enfoque se basa en dos nociones:
La primera es que el sistema educativo tiene un papel clave que desempeñar a la hora de abordar la persistencia de los estereotipos de género (Bousseau and Tap, 1998[50]; OECD, 2012[41]). Por ejemplo, aunque en muchos países las niñas han obtenido un acceso a la escolarización casi igual al de los niños, los planes de estudio y el material escolar no han seguido el mismo camino, lo que implica que la representación de los roles de género sigue siendo la misma, utilizando viejos arquetipos. Entre las iniciativas nacionales para abordar este problema se encuentran la introducción de un lenguaje más inclusivo en los libros de texto y la mejora del equilibrio entre el número de hombres y mujeres representados en los libros de texto (UNESCO, 2020[49]). En muchos países, incluidos los de América Latina y el Caribe, los libros de texto siguen funcionando como un importante motor de la reproducción de los roles de género tradicionales. Las investigaciones han demostrado que, en los libros de texto, los hombres suelen aparecer en una amplia variedad de funciones profesionales (remuneradas) y las mujeres en funciones domésticas (no remuneradas) (EU, 2012[51]). Un enfoque educativo libre de estereotipos puede ayudar significativamente a abordar estas lagunas y su transmisión entre generaciones.
El segundo concepto parte de la base de que actualmente sigue infrautilizado el potencial del personal educativo para apoyar la autoestima, la confianza y las trayectorias vitales de los y las estudiantes. Los estudios revelan que la actitud del profesorado influye en el interés de los y las estudiantes por las asignaturas escolares, que, a su vez, influyen en las orientaciones profesionales (OECD, 2012[41]; OECD, 2015[52]). Si, por ejemplo, el profesorado no confía en las capacidades científicas de las niñas y les proporciona comentarios menos alentadores, el éxito y el interés de las niñas por estas materias puede disminuir (OXFAM, 2005[53]; OXFAM, 2007[54]). En Australia, Noruega y Hong Kong (China), la influencia de las normas de género en las creencias de los profesores ya es evidente en el nivel preescolar y se manifiesta a través de una mayor participación de los niños en juegos que desarrollan la comprensión científica (UNESCO, 2020[55]). Las profesoras de ciencias y matemáticas pueden desempeñar un papel importante a la hora de abordar estos prejuicios y reorientar los intereses y las opciones de las niñas hacia las disciplinas STEM (OECD, 2019[56]; Breda et al., 2020[57]; Ahmed and Mudrey, 2019[58]). Para Chile, un estudio realizado por el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM, 2009[59]) mostró que el personal docente a menudo se dirige a la clase usando formas masculinas. Al dar ejemplos, tienden a confinar a los personajes femeninos a las esferas del “mundo privado”, es decir, a los entornos domésticos, maternales y de cuidado, mientras que colocan a los personajes masculinos en los entornos del “mundo público” donde se llevan a cabo actividades económicas plenas.
Los prejuicios sexistas de los padres también pueden influir en las expectativas y la elección de carrera de las niñas. Como se menciona en el Capítulo 1, el acceso de las niñas a la educación superior en disciplinas STEM representa un problema mundial, a pesar de que estas disciplinas generan mayores rendimientos de la educación y mayores niveles de empleabilidad. Los datos de las evaluaciones PISA de la OCDE sugieren que las niñas no parecen recibir suficiente estímulo de sus padres. En todos los países y economías encuestados sobre este tema en 2012, era más probable que los padres esperasen que sus hijos varones, en lugar de sus hijas, trabajasen en un campo STEM, incluso cuando tenían el mismo rendimiento en matemáticas y ciencias. En Costa Rica, las mujeres sólo representan el 35% de los graduados en carreras STEM (Encinas-Martín and Cherian, 2023[60]; Organizacion de Estados Iberamericanos, 2022[61]).
Como parte de sus políticas más amplias para promover la igualdad de oportunidades para todos, el Gobierno de Costa Rica ha introducido importantes medidas para abordar las prácticas discriminatorias en el sector educativo. El apartado sobre educación de la Ley de Promoción de la Igualdad Social para la Mujer de los años 90 (nº 7142) incluye la “prohibición de incorporar contenidos, métodos pedagógicos o instrumentos educativos que promuevan o impongan roles de hombres y mujeres que perjudiquen la igualdad social o que mantengan a la mujer en una condición de subordinación” y menciona que “los libros de texto, programas educativos y métodos de enseñanza deben contener los valores de la igualdad de género y contribuir a la eliminación de las prácticas discriminatorias por razón de sexo” (UNEP Law and Environment Assistance Platform, 1990[62]; Rojas Blanco, 2015[63]). La Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-30 incluye la meta de incrementar los servicios de capacitación y educación para el empoderamiento, autocuidado y bienestar de las mujeres (Objetivo 19 del eje 4) (INAMU, 2018). En 2014, el Ministerio de Educación Pública (MEP), al igual que otras instituciones públicas del país, creó dentro de su estructura regular la Oficina para la Promoción de la Igualdad de Género con el objetivo de garantizar la incorporación de la perspectiva de género en los lineamientos, actividades y todo el proceso educativo del Ministerio (UNESCO, 2021[64]; Escalante Rivera, 2022[65]).
La Política de Equidad e Igualdad de Género y su Plan de Acción del MEP, publicada en 2014, fue elaborada con el objetivo de “promover la incorporación del enfoque de equidad e igualdad de género en el quehacer del Ministerio de Educación Pública” (MEP, 2014[66]). Incluye cinco ejes:
i. integración de la perspectiva de género mediante el refuerzo de la cooperación entre el MEP y otras instituciones en los retos relacionados con el género;
ii. garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que trabajan en el MEP;
iii. promover la equidad e igualdad de género en todas las modalidades, niveles y competencias del Sistema Educativo Costarricense para la eliminación de patrones culturales asociados a la violencia contra las mujeres;
iv. apoyar un entorno laboral que integre la perspectiva de género; y
v. apoyar una gestión administrativa con enfoque de género.
Un objetivo específico del tercer eje es la puesta en marcha de procesos de sensibilización y formación del profesorado en materia de prevención de la discriminación y la violencia por razón de género u orientación sexual y el establecimiento de criterios de selección y edición de materiales educativos que apoyen la eliminación de los patrones tradicionales de sexismo en los currículos educativos. La investigación también muestra que cuando la igualdad de género se integra en los planes de estudio sobre educación sexual, se fomentan comportamientos y actitudes más equitativos en términos de género (OECD, 2023[67]). En la segunda parte de este capítulo se presentan las políticas de educación sexual integral en Costa Rica.
Un informe de 2022 sobre el género en el sistema educativo de Costa Rica concluye que no se han logrado avances significativos en la consecución de los objetivos del Plan de Acción del MEP (Escalante Rivera, 2022[65]). Entrevistas con representantes del MEP mencionaron que el currículo de clases como Matemáticas y Español no ha sido revisado con enfoque de género y que el profesorado no tiene directrices claras sobre cómo incorporarlo en su trabajo. El informe recomienda reforzar el papel de la Oficina para la Promoción de la Igualdad de Género con el fin de preparar un plan de acción para reforzar el seguimiento y la evaluación de los avances en la consecución de los indicadores relacionados con el género.
Perspectivas de política pública
Formación general para ayudar al profesorado a ser más consciente de la importancia de las actitudes y estereotipos de género en la escuela. Una lección de la experiencia internacional es que los esfuerzos para crear una cultura favorable a la igualdad de género deben comenzar desde la educación temprana y con el apoyo del personal docente (OECD, 2012[41]). La formación específica es importante para ayudar al profesorado a adaptar sus enfoques pedagógicos a la edad de los niños y niñas (UNESCO, 2017[68]). En Flandes (Bélgica), por ejemplo, el profesorado ha desempeñado un papel fundamental en las iniciativas emprendidas por el gobierno para crear conciencia sobre los roles de género en las escuelas flamencas. Se les capacitó para detectar la presencia de actitudes y estereotipos de género en el material curricular y se les animó a proponer soluciones para mejorar la situación. Hay indicios de que, posteriormente, el profesorado ha sido más consciente de la importancia de evitar el uso de un lenguaje hablado con los niños y niñas que pudiera favorecer el desarrollo de roles de género estereotipados. Las tareas que podrían reforzar el desarrollo de los aspectos identitarios (que las chicas desempeñen funciones organizativas y de apoyo, como tomar notas, planificar eventos, coordinar el trabajo en grupo, etc.) han ido disminuyendo gradualmente. A estos resultados contribuyó el hecho de limitar la división de niños y niñas dentro del aula y facilitar el recurso a actividades en grupos mixtos (Council of Europe, 2014[69]). Las lecciones de esta experiencia proporcionan un punto de referencia potencialmente útil para evaluar las guías pedagógicas publicadas por el Gobierno de Costa Rica y el avance de su aplicación.
Reforzar la participación de las familias en el proceso de creación de una educación sensible a las cuestiones de género. Aunque las escuelas desempeñan un papel clave en la educación de la ciudadanía del futuro, involucrar a los padres y las madres es esencial al introducir un nuevo enfoque educativo orientado a fortalecer la educación con perspectiva de género. La familia suele actuar como “portavoz” de prejuicios arraigados y los padres y madres podrían ver con recelo las nuevas iniciativas para cambiar de rumbo. Aunque el MEP ha publicado orientaciones para fortalecer la contribución de las familias a los procesos educativos de los niños y niñas en la escuela, como Familias Transformadoras y Centros Educativos y Familias, Educando Juntos para la Vida, estas iniciativas no prevén módulos o actividades para promover una educación con enfoque de género (MEP, 2020[70]; 2021[71]).
La experiencia internacional puede servir de inspiración para incorporar las cuestiones de género en los programas que apoyan las actividades conjuntas entre las familias y las escuelas. En Perú, el Ministerio de Educación lanzó en 2019 una campaña nacional para informar a los padres y madres sobre la importancia de incorporar prácticas sensibles al género en la educación y sus interacciones con el currículo. Se abrieron unos 140 centros de información para explicar a las familias cómo y por qué se aplica el enfoque de género en el currículo educativo (MINEDUC, 2019[72]). En Irlanda, como parte de la estrategia de integración de la perspectiva de género, el Ministerio de Educación y Ciencia elaboró unas directrices para uso de toda la comunidad escolar, incluyendo a los padres. Las directrices para los centros de enseñanza primaria y secundaria ofrecen a los padres información sobre las obligaciones de los centros en relación con la legislación sobre igualdad, una explicación de la integración de la perspectiva de género y lo que ésta implica, y sugerencias de medidas que los padres y madres pueden adoptar en los centros de enseñanza (Council of Europe, 2011[73]; EIGE, 2020[74]). Las directrices pedagógicas aplicadas por el Gobierno chileno alientan a las escuelas a adoptar un papel más proactivo para implicar a las familias, explorando opciones de cooperación con las asociaciones de padres (OECD, 2021[75]). Las directrices incluyen un vídeo que los padres pueden ver para informarse antes de participar en una reunión de debate. Otro ejemplo de implicación de las familias es el programa español Irene, que informa y capacita a los padres como parte de una iniciativa más amplia destinada a prevenir la violencia sexual cometida por jóvenes de cohortes de educación secundaria (Council of Europe, 2014[69]).
Proseguir los esfuerzos para aumentar el interés de las niñas por las disciplinas STEM, promoviendo al mismo tiempo modelos de conducta. Como parte del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-22, el MEP lanzó en 2017 la Estrategia Nacional STEAM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), que incluyó una meta de 101 centros educativos implementando la estrategia STEAM para 2022 (MIDEPLAN, 2018[76]). La estrategia tiene como objetivo “promover en los centros educativos el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI, desde una perspectiva de género, para que las niñas exploren y valoren las áreas STEAM como parte de sus potenciales carreras profesionales” (MEP, 2017[77]). No se dispone de evaluaciones de la estrategia, pero como parte de su aplicación, el Parlamento Europeo ha elaborado vídeos promocionales, infografías y debates anuales denominados Chicas STEAM (MEP, 2023[78]). Paralelamente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) lanzó la Política Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la Ciencia, Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación 2018-27 con el objetivo de “promover la igualdad en la participación de las mujeres en la formación, el acceso al empleo y las oportunidades de investigación en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología y la innovación” (MICITT, 2017[79]). Al igual que con la estrategia del MEP, no existen evaluaciones sobre los avances de la estrategia del MICITT. En el último año, este ministerio ha implementado programas de becas para mejorar el acceso a carreras técnicas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas por parte de niñas graduadas de educación secundaria (MICITT, 2022[80]).
Perú ofrece un ejemplo interesante de los esfuerzos continuados por promover las disciplinas STEM entre las niñas. Eureka es un programa nacional de ciencia y tecnología que data de mediados de los años ochenta. Su objetivo es estimular la curiosidad de los niños y niñas peruanos de educación primaria y secundaria por las disciplinas STEM. Docentes y estudiantes trabajan juntos para desarrollar una cultura científica utilizando enfoques pedagógicos adaptados a la edad de los niños y niñas. Entre 2012 y 2022, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), en asociación con donantes privados, implementó el programa MaCTec Perú (Mini Academia de Ciencias y Tecnología). El programa pretendía reducir la brecha de género en los campos STEM y estaba dirigido a niñas peruanas (de entre 8 y 11 años) de zonas urbanas y rurales. La actividad principal del programa consistió en un taller en el que participaron científicos consagrados y en el que niñas de distintos orígenes aprendieron, crearon y experimentaron. Al regresar a casa, compartieron su experiencia y aplicaron lo aprendido con sus compañeros y compañeras y, más ampliamente, con sus comunidades. MaCTec Perú recibió el Premio UNESCO de Educación de las Niñas y las Mujeres por su proyecto “Mobile MaCTec Bus Labs” (UNESCO, 2023[81]). La tutoría y los modelos de conducta han demostrado tener resultados positivos concretos a la hora de estimular el interés de las niñas por los campos STEM (UNESCO, 2017[82]).
De forma similar a la iniciativa MacTEC, en 2017 la OCDE y el Gobierno de México lanzaron conjuntamente el programa NiñaSTEM Pueden, destinado a estimular el interés de las niñas mexicanas por las materias STEM a través de la asistencia a encuentros educativos fuera del aula con mujeres mentoras que han destacado en estos campos (OECD, 2020[83]). Otro programa mexicano, Código X, promueve la inclusión de niñas y mujeres en el sector de las TIC mediante la organización de talleres, conferencias y hackathones para niñas y jóvenes sobre alfabetización digital, robótica y programación, al tiempo que les muestra las diferentes oportunidades que tienen en la tecnología (OECD, 2018[84]).
Para reforzar aún más las iniciativas en curso, el Gobierno de Costa Rica podría ampliar la formación del personal docente para abordar los sesgos de género en la educación STEM (Corbett and Hill, 2015[85]; OECD, 2017[47]). Estos esfuerzos podrían incluir equipar al profesorado con herramientas pedagógicas apropiadas para ayudar a los niños y niñas, especialmente a las niñas, a superar la ansiedad ante las matemáticas y su falta de confianza en sus propias capacidades científicas y matemáticas. Iniciativas como la puesta en marcha por VHTO -la Organización Nacional Holandesa de Expertos en Niñas/Mujeres y Ciencia/Tecnología- forman al personal docente para ayudar a las jóvenes generaciones a tomar conciencia de sus talentos y de cómo utilizarlos en profesiones STEM (VHTO, (Dutch) National Expert Organisation Girls/ Women and Science/Technology, 2014[86]).
La Alianza STEAM por el talento femenino, creada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, tiene como objetivo promover las ocupaciones STEM para niñas y mujeres jóvenes. La plataforma agrupa varias iniciativas en toda España y en sus regiones que se llevan a cabo a través de una red de organizaciones y empresas que se han adherido a la Alianza (Gobierno de España, 2024[87]).
Mantener el impulso de cambio es esencial, dado que la lucha contra los estereotipos de género a través del sistema educativo es un proceso a largo plazo. Dado que la mejora de la igualdad de género en la educación requiere esfuerzos continuos para mejorar la eficacia de las políticas, la supervisión es una parte importante del proceso. En el marco de una estrategia definida a largo plazo, Costa Rica podría establecer objetivos intermedios y normas supervisadas periódicamente por un organismo independiente encargado de evaluar los progresos y difundir las historias de éxito en la escuela.
Recuadro 2.1. Resumen de las opciones de políticas para reducir las barreras a la distribución equitativa del trabajo remunerado y no remunerado en Costa Rica
Las limitaciones institucionales, legales y culturales impiden reducir las barreras para lograr un reparto más equitativo de las actividades laborales no remuneradas en Costa Rica. La OCDE sugiere:
Crear un sistema de asistencia más completo
Mantener el esfuerzo para garantizar la disponibilidad y asequibilidad de los servicios de atención infantil temprana. El plan estratégico 2018-22 para la expansión de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) identificó los principales desafíos que deben superarse, entre ellos una distribución geográfica desigual de los centros de atención, la falta de capacidad para llegar a los niños y niñas vulnerables, y la falta de coordinación formal y estandarización de los servicios.
Profesionalizar los programas comunitarios. Más allá de centrarse en la disponibilidad y la asequibilidad, es importante invertir en la mejora de la calidad de la REDCUDI. La calidad de los servicios puede mejorarse mediante programas de formación combinados con incentivos para formalizar a las personas trabajadoras del sector, especialmente en los programas comunitarios. La profesionalización de los servicios de cuidado puede reforzar el atractivo del sector para hombres y mujeres cualificados, aumentando las oportunidades de empleo y su impacto. Los programas de formación continua y flexible para cuidadoras de niños podrían adaptarse especialmente a las necesidades de mano de obra de las zonas rurales de Costa Rica.
Mantener las inversiones en alternativas asistenciales para las personas mayores. Para ello sería necesario ampliar la Red Progresiva de Cuido Integral para las Personas Adultas Mayores y el Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia, tanto geográficamente como entre los distintos grupos de renta. Facilitar el acceso a la información sobre los servicios disponibles a nivel local a través de un sitio web dirigido por la comunidad -como, por ejemplo, en el caso de La Plata (Argentina)- es un primer paso. La supervisión pública es clave para garantizar el cumplimiento de las normas laborales y de atención. Para mantener los costes bajo control, los criterios de elegibilidad y prestación pueden ser inicialmente bastante restrictivos, pagando sólo en los casos en que la familia no pueda financiar el cuidado de familiares gravemente enfermos o con discapacidad.
Ampliar la licencia parental en la economía formal e informal
Promover la responsabilidad compartida del cuidado facilitando que los padres participen y fomentando el permiso parental compartido. Aunque Costa Rica ha introducido un permiso de paternidad de 8 días, el sistema podría flexibilizarse permitiendo a las madres compartir su permiso de maternidad más largo, de 17 semanas, con los padres, como forma de fomentar el cuidado conjunto durante los primeros meses de vida del niño. Podrían ser necesarias medidas adicionales para incentivar el uso del permiso por parte de los padres, como reservar una parte determinada del permiso total sólo para los padres, algo que se ha introducido en varios países europeos, entre ellos Islandia y Suecia.
Ampliar la protección parental a las trabajadoras del sector informal. La experiencia de las economías de la OCDE demuestra que si el gobierno administra las prestaciones de maternidad financiadas con fondos públicos es menos probable que los empresarios discriminen a las mujeres en edad fértil. En América Latina, Argentina y Ecuador han introducido subsidios para ayudar a las mujeres especialmente vulnerables durante el embarazo y después del parto. Basándose en esto, Costa Rica podría considerar la introducción de prestaciones no contributivas dirigidas a los grupos más vulnerables.
Reducir la transmisión de estereotipos de género a través del sistema educativo
Incorporar capacitaciones para ayudar a los docentes a ser más conscientes de la importancia de las actitudes y estereotipos de género en la escuela. Para ello podría ser necesario intensificar la aplicación de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-30. La experiencia internacional demuestra que los esfuerzos por crear una cultura favorable a la igualdad de género deben comenzar desde la educación inicial y requieren del apoyo pedagógico del personal docente. El Ministerio de Educación Pública (MEP), y su Oficina para la Promoción de la Igualdad de Género son los encargados de incorporar la perspectiva de género en las directrices, actividades y en todo el proceso educativo del Ministerio.
Reforzar la participación de las familias en el proceso de creación de una educación sensible a las cuestiones de género. Aunque las escuelas desempeñan un papel clave en la educación de los futuros ciudadanos, es esencial conseguir la participación de los padres y madres. En Perú, por ejemplo, el Ministerio de Educación lanzó en 2019 una campaña nacional para informar a los padres sobre la importancia de incorporar prácticas sensibles al género en la educación y sus interacciones con el currículo. Aunque en Costa Rica existen iniciativas para fortalecer las contribuciones de las familias a los procesos educativos de los niños y niñas en la escuela, hasta la fecha no incluyen actividades para promover la educación sensible al género.
Proseguir los esfuerzos para aumentar el interés de las niñas por las disciplinas STEM, promoviendo al mismo tiempo modelos de conducta. En los últimos años se han puesto en marcha varias iniciativas en Costa Rica para fortalecer el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI desde una perspectiva de género, incluyendo el apoyo a las carreras potenciales de las niñas en disciplinas STEM. Sin embargo, actualmente no existen evaluaciones de los avances logrados por estas estrategias, ya sea realizadas por el MEP o el MICITT.
Rentabilizar el trabajo remunerado de las mujeres
Garantizar el acceso de todas las personas a una educación de calidad
Dar a todos los niños, niñas y jóvenes acceso a una educación de calidad sigue siendo esencial para favorecer el bienestar y crear las condiciones necesarias para la independencia económica. Los niños, niñas y jóvenes pobres que abandonan prematuramente el sistema escolar tienen más probabilidades de encontrarse en situaciones de vulnerabilidad que les exponen a comportamientos de riesgo y a la violencia. En Costa Rica, las mujeres que completaron la escuela secundaria y las que completaron la educación terciaria tenían un 22% y un 44% más de probabilidades, respectivamente, de formar parte de la población activa que las mujeres que no completaron la escuela primaria (World Bank, 2018[88]). Las adolescentes y las mujeres jóvenes de los hogares más pobres tienen más probabilidades que las niñas y las mujeres jóvenes de hogares más ricos de quedar embarazadas o dar a luz antes de los 18 años (UNFPA, 2013[89]).
Como se ha comentado en el Capítulo 1, en Costa Rica los resultados educativos son muy heterogéneos. La asistencia a la escuela primaria es casi universal (99,1% para 2021), independientemente del género, la zona de residencia (rural o urbana) y el quintil de ingresos (SEDLAC, 2023[90]). Sin embargo, las tasas de matrícula disminuyen si los niños viven en zonas consideradas “territorio indígena” (90%) y con la edad, especialmente durante la adolescencia, entre los 12 y los 14 años (92,1%) y entre los 15 y los 16 (87,7%) (Fernández Aráuz, 2018[91]; MEP, 2021[92]). Los datos del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (SEDLAC) y del Banco Mundial confirman esta tendencia: la escolarización disminuye en la enseñanza secundaria (93% para los hombres frente a 95% para las mujeres), en el quintil más pobre (88,9% frente a 99,5% para el quintil más rico) y en las zonas rurales (92,8% frente a 94,5% para las zonas urbanas) (SEDLAC, 2023[90]). En la misma línea, el número medio de años de educación varía significativamente entre los grupos socioeconómicos; mientras que un adulto de 25 a 65 años del quintil más adinerado tiene una media de 12,9 años de educación formal, un adulto de la misma edad del quintil más pobre sólo tiene 6,6 años (SEDLAC, 2023[90]).
Las actividades laborales fuera de la escuela influyen en el rendimiento escolar. En Costa Rica, unos 30.369 niños de entre 5 y 17 años, es decir, el 3,1%, trabajan (INEC and MTSS, 2017[93]). La prevalencia del trabajo infantil es mayor entre los niños (4,6%) que entre las niñas (1,5%) y aumenta con la edad, mostrando una mayor carga entre los adolescentes de 15 a 17 años (8,9%), frente a los más pequeños de 5 a 14 años (1,1%). Por término medio, un niño que trabaja dedica 20,5 horas semanales a esta actividad. Las horas de trabajo son mayores para los niños (0,7 horas más que para las niñas) y los adolescentes (9,5 horas más que los niños de entre 5 y 14 años). El sector con mayor concentración de trabajo infantil es la agricultura (33,2%). El trabajo infantil afecta los resultados educativos: el retraso escolar es mayor entre los niños que trabajan (64,7% frente al 22,3% entre los que no trabajan) y la asistencia a la escuela es menor (61,1% entre los niños que trabajan frente al 95% entre los que no trabajan) (INEC and MTSS, 2017[93]).
Al igual que todos los países de la región de América Latina y el Caribe, Costa Rica ha experimentado rápidos cambios demográficos y sociales en las últimas décadas. Como testimonio de estos cambios, la tasa de fertilidad adolescente ha disminuido en Costa Rica durante las dos últimas décadas. Sin embargo, el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años sigue siendo uno de los más altos entre los países de la OCDE. Para 2020, la tasa de fecundidad adolescente en Costa Rica era de 31,8 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, significativamente superior a la media de la OCDE de 9,4 (OECD, 2023[94]). Un trabajo reciente de Sanhueza et al (2023[95]) analiza las tendencias temporales de las tasas de fecundidad adolescente, medidas como la proporción de mujeres que tienen su primer hijo nacido vivo antes de los 18 años de edad. Los resultados muestran que la maternidad adolescente sigue siendo un problema importante en Costa Rica - al igual que en la región de América Latina y el Caribe en general - a pesar de que ha habido una disminución en la proporción de adolescentes que se convierten en madres.
El embarazo adolescente impacta negativamente en el nivel educativo de las adolescentes. Las madres adolescentes tienen un menor nivel educativo que sus pares, ya que la maternidad en la adolescencia se asocia con una alta probabilidad de asistir irregularmente a clases, repetir grados escolares y abandonar prematuramente la educación formal (OECD, 2018[96]). Un estudio para seis países de América Latina (Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay) concluye que las mujeres que fueron madres a edades tempranas tuvieron 3 veces menos probabilidades de obtener un título universitario en la edad adulta y que, en promedio, las madres tempranas ganan un 24% menos que las que fueron madres en la edad adulta (UNFPA, 2020[97]).
Al igual que en otros países de ALC, el embarazo adolescente también está fuertemente asociado con la pobreza y otros indicadores socioeconómicos, como la falta de oportunidades educativas y los malos resultados de las mujeres en el mercado laboral. Así, en 2021 Talamanca, la región más pobre del país en términos económicos, tuvo la tasa de natalidad adolescente más alta, 52 por cada 1.000 adolescentes, seguida de Los Chiles, Dota, Turrialba y Limón con tasas entre 48 y 45 (UNFPA, 2022[98]). La maternidad adolescente afecta de forma desproporcionada a las adolescentes de los hogares de los grupos de ingresos más bajos, que viven en zonas rurales y pertenecen a grupos indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, la prevalencia del embarazo adolescente es cinco veces mayor entre las adolescentes indígenas de Costa Rica que entre las no indígenas (PAHO, 2023[99]). En 2017, 61.5% de las madres adolescentes entre 12 y 19 años no había terminado la secundaria y 27.6% no había terminado la primaria; 62.6% reportó como actividad principal trabajar en el hogar y sólo 34.6% mencionó que asistía a la escuela (INAMU, 2019[100]).
Hay pruebas que sugieren que la mayor proporción de nacimientos en la adolescencia de madres más pobres podría ser, en parte, consecuencia de las relaciones con grandes diferencias de edad, que con frecuencia hacen que personas en edad adolescente vivan con sus parejas o se casen. En Costa Rica, la diferencia de edad entre madres y padres es mucho mayor entre los hijos de adolescentes que entre los de mujeres de 20 años o más (INAMU, 2019[100]). Sin embargo, mantener relaciones sexuales con una persona menor de 12 años es ilegal y está penado por la legislación penal; en el caso de las niñas de 13 y 14 años, las relaciones sexuales también son ilegales si la pareja es 5 o más años mayor (INAMU, 2019[100]). Sin embargo, el hecho de que estas relaciones sean una realidad, aunque solo sea para una minoría de niñas, apunta a la necesidad de proteger mejor a las niñas en Costa Rica de la explotación y el abuso sexuales (UN Committee on the Rights of the Child, 2016[101]). Para prevenir los embarazos adolescentes no deseados es fundamental contar con políticas de salud sexual y reproductiva más integrales y sensibles al género, así como con educación sexual para adolescentes.
Los embarazos en la adolescencia también están asociados a un número relativamente alto de niñas que son objeto de matrimonio infantil en Costa Rica. En 2023, según datos de la OCDE procedentes del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI), casi el 10% de las chicas de entre 15 y 19 años ya estaban casadas o en pareja (frente al 2% de los chicos), y el 17% o las chicas de entre 20 y 24 años se habían casado antes de cumplir los 18 (OECD Development Centre/OECD, 2023[102]). En comparación, la media en la región de ALC es del 14% y el 23%, respectivamente, y del 5% y el 15% en la OCDE. Las adolescentes que resultan embarazadas pueden verse obligadas a casarse para evitar el estigma social, una práctica que a su vez aumenta la probabilidad de embarazos en la adolescencia. Las consecuencias del matrimonio infantil para la educación y las perspectivas laborales de las jóvenes novias son graves, y probablemente agraven la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que asumen las niñas. En Costa Rica persiste la dinámica de los matrimonios precoces de niñas, a pesar de que la edad legal para contraer matrimonio es de 18 años, sin excepciones legales. Esto sugiere la importancia de abordar la fuerte y persistente influencia de las normas sociales y los comportamientos tradicionales.
Perspectivas de política pública
Mantener los esfuerzos para recompensar a las familias pobres por su compromiso con la educación de los hijos e hijas. El tiempo que los niños y niñas pasan en la escuela reduce la contribución que pueden hacer a los ingresos de la familia mediante el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados u otras tareas como el cuidado del ganado. Prescindir de la contribución laboral de los niños y niñas puede resultar especialmente difícil en los hogares pobres, rurales y agrarios, donde los beneficios inmediatos de la escolarización pueden ser inferiores a los beneficios del trabajo infantil. En determinados contextos, este asunto es más preocupante con respecto a las niñas que a los niños, lo que refleja la distribución por sexos de las tareas domésticas, las costumbres matrimoniales y la falta de oportunidades de empleo para las niñas después de la escolarización. Los chicos pueden ser responsables del ganado o de otras actividades agrícolas de la familia.
En principio, las transferencias monetarias condicionadas (CCT), al proporcionar prestaciones periódicas a los padres de origen pobre que decidan mantener a sus hijos en la escuela, deberían reducir el coste de oportunidad. En Costa Rica, el programa Avancemos proporciona prestaciones condicionadas a los hogares pobres (identificados mediante una prueba de recursos sustitutiva) con niños y niñas en edad escolar. Hasta 2021, el programa se dirigía únicamente a los hogares con menores en secundaria, pero en 2022 absorbió a otros programas para incorporar a todos los hogares con niños y niñas en edad escolar a partir de preescolar (IMAS, 2022[103]). El importe de la transferencia aumenta en función del nivel educativo: para los alumnos de preescolar y primaria, la transferencia mensual es de 18.000 colones (unos 32 USD); para los de los tres primeros cursos de secundaria, 30.000 colones (53 USD); y para los de los tres últimos cursos de secundaria, 40.000 colones (71 USD) (IMAS, 2022[103]; Lentini Gilli, 2022[104]).
En 2021, una evaluación de impacto del Instituto de Investigación de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica concluyó que Avancemos influye positivamente en la permanencia y reinserción escolar de las personas que cursan estudios secundarios (Lentini Gilli, 2022[104]). La evaluación estimó que de cada 100 estudiantes de secundaria que recibieron la transferencia, 16 de ellos habrían abandonado los estudios si no hubieran recibido esta prestación económica. Los efectos fueron significativamente mayores para los jóvenes de las zonas rurales. El análisis no encontró ningún efecto del programa sobre la permanencia en la escuela de los estudiantes de primaria o preescolar, y ningún efecto adicional de las variaciones en la cuantía de la prestación sobre la asistencia a la escuela en ningún nivel escolar. La evaluación ofreció tres recomendaciones principales para potenciar los efectos del programa Avancemos. En primer lugar, aumentar el apoyo a los niños y niñas en edad de asistir a la escuela secundaria que no están matriculados en la escuela o corren el riesgo de abandonarla, ya que el único efecto significativo se encontró en la retención escolar en la escuela secundaria. Segundo, dado que el monto de la transferencia no parece tener un efecto significativo para promover la asistencia escolar, el programa debería apuntar a ampliar la cobertura sin necesariamente aumentar la generosidad del beneficio. En tercer lugar, la evaluación estimó que, sin el programa, la pobreza aumentará un 4,1% y la pobreza extrema un 17%. Sin embargo, para mantener este impacto, los importes de las transferencias deberían evaluarse cada año para tener en cuenta los aumentos del coste de la vida debidos a la inflación (Lentini Gilli, 2022[104]).
Comunicar las ventajas de concluir los estudios. A menudo, los estudiantes procedentes de familias con bajos ingresos están mal informadas sobre la rentabilidad monetaria y social de la educación y sobre la amplia gama de oportunidades laborales a las que los estudios pueden dar acceso. Con la influencia de la percepción de que la educación no afecta a su bienestar futuro, los y las estudiantes pueden abandonar los estudios prematuramente para apoyar los ingresos de sus familias. En 2018, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica creó una nueva unidad dentro de su estructura regular -la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo- con el mandato de coordinar los esfuerzos para mantener a los niños, niñas y jóvenes en la escuela (MEP, 2023[105]). Como parte de sus actividades, esta Unidad lanzó en 2022 la campaña Más Estudiantes en las Aulas, que produjo y difundió a través de redes sociales videos para motivar la permanencia de los y las estudiantes en la escuela (MEP, 2023[105]).
La experiencia internacional ha demostrado el potencial de las campañas de comunicación y sensibilización, como una forma rápida y barata de informar a los y las estudiantes sobre los beneficios de la educación. En Perú, el programa Decidiendo para un Futuro Mejor, implementado por un laboratorio de innovación dentro del Ministerio de Educación (MineduLAB), consistió en una campaña para transmitir información sobre los retornos monetarios y sociales de la educación básica y superior a través de videos e infografías enviados a las instituciones educativas (MineduLAB, 2018[106]). Los vídeos mostraban a los y las estudiantes reflexionando sobre la importancia de estudiar y tener metas, basándose en su experiencia personal y su entorno familiar. También ofrecían información sobre oportunidades de financiación de estudios superiores, como becas y créditos educativos. Los resultados de un experimento aleatorio para evaluar el programa piloto muestran una disminución significativa del número de abandonos (MineduLAB, 2018[106]). Los progresos observados en el rendimiento escolar fueron especialmente notables entre las chicas, lo que revela que un logro importante del programa reside en la capacidad de hacer frente a la brecha de género en la educación.
La tutoría escolar y el asesoramiento al estudiantado son también claves para que las niñas y las jóvenes permanezcan en el sistema educativo. El sector privado puede desempeñar un papel destacado en estas iniciativas. Un ejemplo es The Girls' Network (www.thegirlsnetwork.org.uk/), una organización benéfica nacional del Reino Unido cuyo objetivo es inspirar y capacitar a chicas de 14 a 19 años de comunidades desfavorecidas poniéndolas en contacto con una mentora y una red de mujeres profesionales que actúan como modelos. La iniciativa incluye asociaciones con colegios e institutos. Todas las mentoras son mujeres que han recibido una formación de un año en mentoría, tras haber superado un proceso de solicitud. Más de 500 mentoras formadas dan consejos prácticos sobre cómo identificar y acceder a las oportunidades y cómo desarrollar la confianza necesaria para aprovecharlas.
Garantizar el acceso a una educación e información sexual integral en la escuela y fuera de ella. Las directrices internacionales de la UNESCO (2018[107]) y el análisis de la OCDE (2023[67]) señalan la importancia de la Educación Sexual Integral (CSE) como un proceso curricular de enseñanza y aprendizaje sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. La CSE aborda los retos de la salud sexual y reproductiva: reproducción, anticoncepción moderna, embarazo y parto, junto con las infecciones de transmisión sexual (STI). En la medida en que utiliza un enfoque basado en los derechos humanos, la CSE implica crear conciencia entre los jóvenes sobre sus propios derechos y el respeto de los derechos de los demás, incluido el derecho a opciones sexuales seguras, responsables y respetuosas, libres de coerción y violencia. El objetivo es dotar a las personas jóvenes de las herramientas que necesitan para lograr una vida y unas relaciones sanas. La sensibilización sobre la importancia de este objetivo es especialmente importante, dada la creciente exposición de la gente joven a información científicamente incorrecta, contradictoria y confusa sobre la sexualidad y el género. El caso de Finlandia, que representa un modelo avanzado de educación sexual integral en Europa, señala la eficacia de la cooperación entre las autoridades escolares y sanitarias en la educación sexual de los jóvenes como uno de los puntos fuertes del modelo finlandés (Kontula, 2010[108]). Perú lanzó en 2012 el Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-21. Este plan establece cinco objetivos principales: 1. Posponer el inicio de la actividad sexual en la adolescencia; 2. Aumentar el porcentaje de adolescentes que terminan la educación secundaria; 3. Garantizar la inclusión de la Educación Sexual Integral (CSE) en el Marco Curricular Nacional; 4. Aumentar el uso de métodos anticonceptivos modernos entre los adolescentes; y 5. Reducir la violencia sexual contra las niñas y adolescentes (MINSA, 2012[109]). Como parte de la aplicación del plan, los ministerios de Sanidad y Educación pusieron en marcha iniciativas que incluyen: (i) la creación de espacios amigables para adolescentes en centros de salud primaria; (ii) el desarrollo y difusión de guías y cursos virtuales para docentes sobre educación sexual integral en todos los niveles educativos; y (iii) campañas de asistencia a niñas y adolescentes víctimas de violencia.
En Costa Rica, varias leyes y planes nacionales han ratificado la CSE como un elemento clave de la educación formal. En 2001 la educación sexual se hizo obligatoria y se incorporó como eje transversal en el currículo educativo con la aprobación de las Políticas de Educación Integral de la Expresión de la Sexualidad Humana en el Consejo Superior de Educación (Preinfalk Fernández, 2022[110]). Para 2012, el Ministerio de Educación Pública (MEP) revisó el enfoque e implementó el Programa de Educación Sexual y Afectividad Integral (PAySI) pasando de un enfoque transversal al desarrollo de cursos específicos para estudiantes del tercer ciclo de educación general básica (de 14 años en adelante). Algunos grupos de la sociedad civil se opusieron a estos cursos y solicitaron al Tribunal Supremo que declarara inconstitucional el PAySI. El tribunal dictaminó que los cursos eran optativos, los padres tenían derecho a oponerse cuando considerasen que el contenido era contrario a sus creencias o valores religiosos (Preinfalk Fernández, 2022[110]).
En 2017, respaldado por la información de las encuestas que mostraban la falta de conocimiento de la educación sexual básica entre los adolescentes y el lento progreso en la reducción del embarazo adolescente, el MEP decidió lanzar un programa PAySI revisado para el tercer ciclo de educación general básica y los estudiantes de Educación Diversificada (educación secundaria adicional durante 2 o 3 años que no se considera obligatoria pero se ofrece de forma gratuita para aquellos que se preparan para la educación terciaria, normalmente comienza cuando el o la estudiante tiene 16 años) (UNESCO, 2022[111]). Desde 2018, el PAySI está implantado como asignatura obligatoria para los alumnos de tercer ciclo de educación general básica y como optativa para los de Educación Diversificada en los centros públicos. El programa no es obligatorio en las escuelas privadas (Preinfalk Fernández, 2022[110]). Según un artículo del think tank Estado de la Nación, la implementación del PAySI desde 2012 ha contribuido a que Costa Rica haya reducido significativamente el embarazo adolescente en la última década ( (Román Vega, 2022[112]). El artículo destaca tres características del programa. En primer lugar, aborda diferentes dimensiones de la experiencia sexual (física, biológica y afectiva) haciendo hincapié en el respeto de la dignidad humana. En segundo lugar, ha abierto la oportunidad para que los y las jóvenes cuenten con un espacio formal y adecuado para discutir estos temas, ayudándoles a identificar posibles abusos sexuales o relaciones sexuales indebidas. Por último, el PAySI incorpora un Enfoque de Género al abordar los problemas de desigualdad y poder en la sociedad.
Las medidas anteriores se complementan con la Iniciativa Salud Mesoamérica, que reúne a las personas participantes de los Gobiernos de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Carlos Slim y el Gobierno de Canadá con el objetivo de reducir el número de embarazos en adolescentes en el país (IDB, 2021[113]). Desde 2012, el Gobierno de Costa Rica y los asociados de Salud Mesoamérica han centrado sus esfuerzos en 11 zonas de salud de las regiones de Brunca y Huétar Caribe. En 2018, la iniciativa había alcanzado al 75% de la población adolescente de las regiones, con la intención de ampliar el modelo a otras partes del país.
Dado que el promedio de años de educación varía significativamente entre los grupos socioeconómicos de Costa Rica, es esencial que los programas de CSE lleguen a los jóvenes y niños no escolarizados, que suelen ser los más vulnerables a la desinformación, la coacción y la explotación. La directriz del UNFPA sobre la educación extraescolar complementa la directriz inicial de la UNESCO, aportando pruebas y conocimientos fundamentados para abordar esta dimensión específica (UNFPA, 2020[114]). Recomienda un entorno más informal y flexible que el escolar, con grupos de aprendizaje más reducidos, horarios de clase adaptables, una aplicación más variada y creativa del plan de estudios y una mayor interacción entre el alumnado. Un aspecto importante se refiere a la cuestión de quién debe facilitar la información. Las personas facilitadoras pueden animar a los y las estudiantes a compartir preguntas y puntos de vista que pueden ser reacios a expresar en un entorno de aprendizaje que perciben como excesivamente formalista. Es esencial garantizar que tanto las chicas como los chicos sientan que pueden plantear preguntas, aclaraciones, dudas y preocupaciones de forma segura y cómoda. Las personas jóvenes formadas que los alumnos puedan identificar como compañeros pueden contribuir a crear un entorno informativo de apoyo.
Proporcionar ayuda médica y económica a niñas y madres adolescentes vulnerables. La maternidad precoz suele ir asociada a que las niñas no vayan a la escuela y tengan un acceso limitado a recursos clave como los médicos, psicológicos y de ingresos para cubrir sus necesidades básicas. La Caja Costarricense de Seguro Social brinda atención médica gratuita a las adolescentes embarazadas o madres adolescentes aunque no estén afiliadas a la Caja (MEP, 2019[115]). El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los niños y jóvenes de hasta 24 años deben recibir atención médica gratuita, independientemente de su nacionalidad. Las madres de adolescentes en situación de pobreza también reciben ayuda económica a través del programa Avancemos del IMAS, que proporciona una transferencia de efectivo condicionada a la asistencia a la escuela. A las niñas se les ofrecen alternativas gratuitas de cuidado infantil que les permiten pasar tiempo en la escuela para adquirir competencias que pueden utilizar en el mercado laboral. La experiencia internacional demuestra la importancia de este tipo de intervenciones. En Uruguay, un programa especializado tiene como objetivo promover proyectos educativos para madres menores de 23 años. Proporciona a las madres ayuda económica para el cuidado de sus hijos/as, junto con apoyo social para la formación y la adquisición de habilidades.
Promover a las mujeres en carreras no tradicionales y puestos de liderazgo
Solo el 15.4% de las empresas costarricenses tienen mujeres en puestos de alta dirección, en comparación con el 20.8% en la región de América Latina y el Caribe y el 19.6% en los países de ingresos medios (UCCAEP and ENRED Panamá, 2019[116]). Según datos de la OCDE (2023[102]), el porcentaje de mujeres entre los cargos directivos se situaba en el 40% en 2023, un porcentaje muy elevado incluso en comparación con la OCDE. En el mismo año, sin embargo, la proporción de empresas con mujeres en puestos de alto mando era muy inferior, del 15%. Estos datos sugieren la presencia de un fuerte efecto “leaky pipeline” (“fuga de talento femenino”), que describe la noción de que, a pesar del interés y la capacidad para tener éxito en puestos de liderazgo, muchas mujeres son incapaces de alcanzarlos. Además, la proporción de mujeres en puestos de alto mando parece disminuir con el tamaño de la empresa. La proporción de mujeres en los consejos de administración de las mayores empresas cotizadas en 2020 era del 24% (PODER, 2021[117]), por debajo de la media de la OCDE cercana al 30% (OECD, 2022[118]), pero superior a la última estimación para los países de América Latina con datos disponibles del 13% (PODER, 2021[117]).
Son varios los obstáculos que impiden a las mujeres costarricenses acceder a puestos de liderazgo. Como en muchos otros países, en ALC y en todo el mundo, un obstáculo clave se relaciona con la influencia de los estereotipos de género sobre las figuras de liderazgo y los prejuicios que las mujeres deben superar para ascender en sus carreras (Nathan Associates, 2016[119]). Es más probable que los directivos contraten a candidatos cuyas características sean como las suyas, pero como la mayoría de los responsables de contratación son hombres, las candidaturas de mujeres tienen menos probabilidades de ser seleccionadas. Esto disuade a las mujeres de presentar su candidatura a puestos de alto mando. Además, las interrupciones de la carrera profesional debidas a la maternidad reducen aún más las oportunidades de promoción (PNUD, 2010[120]). Asimismo, los puestos de liderazgo corporativo, académico o político exigen largas jornadas laborales, un alto grado de flexibilidad y disposición para viajar. Estas características son difíciles de conciliar con el hecho de que las mujeres en Costa Rica ya dedican bastante más tiempo a las obligaciones familiares y domésticas que los hombres.
Conciliar las responsabilidades laborales y vitales es muy difícil para las mujeres en los ámbitos académicos científicos. Esto implica riesgos especialmente altos de ralentización de la carrera, cuando no de abandono. En Costa Rica, el porcentaje de mujeres en la investigación es del 45,2%, uno de los más altos de los países de la OCDE (sólo superado por Letonia, con un 50%, Lituania, con un 49,1%, e Islandia, con un 46,4%) (OCDE, 2023b). No obstante, aún hay margen de mejora, ya que sólo el 25,9% de las mujeres de entre 25 y 65 años tiene estudios superiores (requisito clave para participar y dirigir proyectos de investigación) y de ellas sólo el 1,9% tiene una licenciatura en ciencias naturales, matemáticas o estadística, uno de los porcentajes más bajos de la OCDE (OECD, 2023[121]).
En cuanto a la representación de las mujeres en las listas electorales al Congreso, Costa Rica estableció una cuota estatutaria del 50% en 2009 (ley 8765). En las elecciones de 2022, el país eligió a 27 mujeres para el Congreso. Esto representa el mayor número histórico de mujeres en el Congreso y supone un paso más hacia la paridad, ya que las mujeres representan ahora el 47% del número total de 57 representantes electos (IDEA, 2023[122]; OECD Development Centre/OECD, 2023[102]). Costa Rica se sitúa así por encima de la media de participación femenina en los parlamentos a escala mundial (27%), en la región de las Américas (34%) e incluso en la zona de la OCDE (33%) (OECD Development Centre/OECD, 2023[102]).
Costa Rica también está mostrando importantes avances en la representación de las mujeres en la rama ejecutiva del gobierno. Las últimas tres administraciones tuvieron a una mujer como uno de los dos vicepresidentes y en 2018 y 2022 los cargos del gabinete ministerial se repartieron equitativamente entre hombres y mujeres (CEPAL, 2023[123]; INAMU, 2019[100]; Presidencia Costa Rica, 2023[124]). A nivel mundial, sólo el 22% de los puestos del gabinete están ocupados por mujeres (DANE, 2022[125]). La representación de las mujeres en otros niveles de la rama ejecutiva ha mostrado menos avances. Al final de la administración pasada, por ejemplo, la proporción de mujeres en la presidencia de las instituciones autónomas y entre los viceministros era sólo del 33,3% y 37,1% respectivamente (INAMU, 2019[100]). A nivel local la situación es menos positiva. En las elecciones de 2020 sólo 9 de los 81 alcaldes electos eran mujeres (11%), lo que representa un descenso con respecto a las elecciones anteriores, en las que las mujeres representaban el 15% de los alcaldes (INAMU, 2019[100]). Algunos de los avances en la representación política de las mujeres pueden deberse a la Ley Electoral de 2009 (Ley nº 8765), que convirtió en obligación legal la paridad de género en las listas electorales, la afiliación a los partidos y la dirección de los partidos a nivel nacional y subnacional (Tribunal Supremo de Elecciones, 2009[126]).
Perspectivas de política pública
Crear objetivos de representación femenina en las empresas privadas. Las empresas con una representación de mujeres en sus consejos de administración superior a la media en todo el mundo tienden a obtener mejores puntuaciones en responsabilidad social corporativa y resultados financieros, y a tener una tasa de supervivencia más alta que las que tienen un liderazgo dominado por hombres (World Bank, 2019[127]). En Costa Rica se establecen cuotas de género para las empresas estatales, mientras que no se elaboran regularmente cifras sobre la representación femenina en los consejos de administración de las empresas privadas (OECD, 2021[128]). La experiencia internacional ofrece ejemplos de prácticas para promover la representación femenina en las empresas privadas. Más de la mitad de los países de la OCDE y del G20 han adoptado cuotas u objetivos de género, y los datos indican que los avances han sido más rápidos en estos países (OECD, 2023[1]). En Alemania, la Ley de 2015 sobre la participación igualitaria de mujeres y hombres en los puestos ejecutivos de los sectores privado y público fijó una cuota de diversidad de género del 30 % para los consejos de supervisión y exigió a las empresas cotizadas y co-determinadas (en las que las personas trabajadoras pueden votar a sus representantes en el consejo) que establecieran objetivos de igualdad de género en los dos niveles superiores de gestión. Las empresas estatales israelíes tienen un objetivo legal de representación adecuada para ambos sexos en el consejo de administración, normalmente del 50%, a menos que exista una razón de peso que impida alcanzar dicha representación. Hasta alcanzar el objetivo, se dará preferencia a los directores del género menos representado. Las empresas que no lo cumplan pueden ser sancionadas.
Aunque medidas como las cuotas vinculantes y los objetivos voluntarios pueden contribuir a reforzar la representación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa a corto plazo, la experiencia internacional también sugiere que se necesitan otras medidas complementarias para mantener los progresos a largo plazo. Por ejemplo, las asociaciones y redes empresariales pueden desempeñar un papel importante en la aplicación de los objetivos de diversidad, utilizando requisitos de divulgación mejor diseñados, fomentando la transparencia y la responsabilidad. Es posible difundir los casos de éxito creando ocasiones para que las mujeres que ocupan puestos de liderazgo difundan su experiencia y actúen como modelos (OECD, 2023[1]; OECD, 2017[47]). Dentro de las empresas, la creación de programas de mentoría o de espacios de networking también puede contribuir a reforzar el interés de las mujeres por participar en los órganos de gobierno y toma de decisiones.
Promover una cultura académica que integre a mujeres en el cuerpo docente y las apoye para que destaquen. Especialmente en los campos STEM, la búsqueda de personal cualificado para los puestos académicos comienza con la creación de un entorno de aprendizaje inclusivo para todo el alumnado (Nathan Associates, 2016[119]). Para ello, la tutoría del personal docente más joven y el fomento de una cultura que promueva el equilibrio entre la vida laboral y personal de todo el profesorado contribuirán a garantizar que las mujeres estén más satisfechas con sus carreras y puedan sobresalir. Las mujeres que deciden permanecer en el mundo académico tienen más probabilidades de contar con oportunidades de formación y desarrollo profesional, apoyo de compañeros y compañeras de trabajo o supervisores y un equilibrio entre las funciones laborales y no laborales que las mujeres que abandonan la profesión (Corbett and Hill, 2015[85]).
Continuar los esfuerzos para reforzar la representación de las mujeres en la dirección pública. Aunque el sistema de cuotas en el Congreso costarricense ha dado resultados positivos, siguen siendo necesarias más acciones para abordar la persistente infrarrepresentación de las mujeres en el liderazgo público, especialmente a nivel subnacional. Los cambios en la legislación y la reforma de las políticas son importantes para garantizar que hombres y mujeres tengan igual acceso a la representación política en las prácticas electorales y los cargos públicos, en el reclutamiento y la promoción en la función pública y en la gestión de los recursos humanos en general dentro del sector público.
También es clave abordar la mentalidad de los líderes y gestores masculinos y cambiar las culturas institucionales que siguen arraigando los prejuicios de género tanto en el sector público como en el privado (OECD, 2023[1]). La Asamblea Legislativa de Costa Rica está debatiendo actualmente un importante proyecto de ley que pretende erradicar los factores que disuaden a las mujeres de involucrarse activamente en política y que todavía llevan a muchas de ellas a interrumpir su participación una vez involucradas porque se sienten amenazadas. Las disposiciones del proyecto de ley incluyen el fortalecimiento de la prevención y la sanción de los actos de violencia contra las mujeres en la política.
Implantar objetivos específicos y sistemas de seguimiento y evaluación. Para hacer un seguimiento de los avances en materia de liderazgo equilibrado entre hombres y mujeres y abordar los retos pendientes con reformas tangibles podría ser necesario contar con datos desglosados por sexo, tanto en el sector privado como en el público. El seguimiento es importante para evaluar si se cumplen los objetivos de representación femenina en las distintas profesiones y a nivel de liderazgo. Una forma de medir estos logros podría ser aumentando la participación de las empresas costarricenses en la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) que tiene como objetivo cerrar las brechas de género en la participación, remuneración y liderazgo en el mercado laboral costarricense (IPG, 2023[129]). El IPG también coordina con el programa Sello de Igualdad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) que tiene como objetivo proporcionar herramientas a las empresas privadas y públicas para monitorear el progreso hacia la igualdad de género. En 2019, el programa certificó a 3 empresas y 136 comenzaron a utilizar sus herramientas para monitorear el progreso y obtener la certificación (PNUD, 2020[130]). La experiencia internacional puede ser útil para inspirar formas de integrar estos esfuerzos. Por ejemplo, en Australia, la Ley de Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo exige a las empresas del sector no público con 100 o más empleados que hagan públicos sus indicadores de igualdad de género en declaraciones anuales a la Agencia de Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo.
Apoyar el emprendimiento de las mujeres
Como ya se dijo en el Capítulo 1, las mujeres de Costa Rica tienen menos probabilidades de ser empresarias que los hombres. La diferencia en la proporción de hombres y mujeres que son trabajadores/as por cuenta propia se aproxima a 5 puntos porcentuales (28,5% frente a 23,6% para hombres y mujeres, respectivamente). Además, la proporción de los que son empleadores es aproximadamente el doble entre los hombres que entre las mujeres (4,1% para los hombres frente a 2,1% para las mujeres) (World Bank, 2023[131]). Una diferencia tan significativa es conciliable con el hecho de que es más probable que los negocios de las mujeres sean informales y adopten la forma jurídica de personas físicas cuyos negocios son de propiedad individual, en lugar de tener una estructura corporativa.
La mayoría de las empresas dirigidas por mujeres son microempresas o pequeñas empresas. La proporción de mujeres en puestos directivos disminuye cuanto mayor es el tamaño de la empresa: 23,3% en las microempresas (de 1 a 5 empleados), 14,9% en las pequeñas (de 6 a 30 empleados), 13,9% en las medianas (de 31 a 100 empleados) y 5,9% en las grandes (más de 100 empleados) (UCCAEP and ENRED Panamá, 2019[116]). Además de la probabilidad de operar en el sector informal, estas empresas tienden a crearse por necesidad, más que por una oportunidad empresarial innovadora y la perspectiva de unos ingresos regulares, posiblemente crecientes. Como resultado, muchas empresas dirigidas por mujeres no se desarrollan lo suficiente como para convertirse en un negocio establecido que impulse una mayor creación de empleo. En Costa Rica, sólo 1 de cada 3 microempresas sobrevive después de 4 años (Presidencia Costa Rica, 2023[124]) y, en general, la tasa de supervivencia de las empresas disminuye cuanto menor es el tamaño de la empresa (Jiménez Fontana, 2019[132]).
Varias fuerzas interdependientes explican estos patrones. Como se ha comentado en otras secciones de este informe, las mujeres de Costa Rica no suelen tener las mismas oportunidades educativas que los hombres, aunque haya más mujeres con estudios universitarios que hombres. Además, las largas horas dedicadas al cuidado y las tareas domésticas suponen menos tiempo para actividades generadoras de ingresos, por no hablar del diseño y el desarrollo de empresas innovadoras. Además, las barreras de acceso a los servicios financieros -como las cuentas de ahorro y los préstamos de crédito- parecen agravarse a menudo por las diferencias de género en los conocimientos financieros. En 2017, el 60,9% de las mujeres y el 75,5% de los hombres de Costa Rica tenían una cuenta en una institución financiera o en un proveedor de servicios de dinero móvil; el acceso de las mujeres a una cuenta es superior a la media regional de América Latina y el Caribe (52%) e inferior a la de los países de renta media-alta (69%) (World Bank, 2023[133]).
Abordar estas barreras es clave para garantizar que las mujeres costarricenses puedan emprender nuevos negocios y ampliar posteriormente sus actividades. Desde la aprobación de la Ley 8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas en 2002, muchos ministerios y organismos públicos han prestado su apoyo a las mujeres costarricenses (MEIC, 2020[134]; Ubieta, 2014[135]). En 2020, el Gobierno lanzó una política nacional integral para coordinar estos esfuerzos, la Política Nacional de Empresariedad, dirigida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). El objetivo de esta política es promover un entorno propicio para el éxito de las pequeñas y medianas empresas (MEIC, 2020[134]). Aunque esta política no se dirige directamente a las mujeres, como ya se ha mencionado, las empresas dirigidas por mujeres están sobrerrepresentadas entre las microempresas y las pequeñas empresas. La Política Nacional se articula en torno a siete ejes principales (MEIC, 2020[134]):
Reforzar la coordinación institucional para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El objetivo de este eje es potenciar el papel del MEIC como coordinador de la política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Las principales actividades de este eje incluyen: (i) preparar estudios para perfilar a los empresarios del país y el entorno empresarial de las pequeñas y medianas empresas; (ii) desarrollar una plataforma que reúna recursos e información pertinentes para los empresarios; (iii) mantener un registro de viveros y aceleradoras de empresas, así como de servicios privados dirigidos a las pequeñas y medianas empresas; y, (iv) desarrollar estrategias territoriales que reconozcan los esfuerzos de las municipalidades por apoyar el éxito empresarial y facilitar el intercambio de conocimientos.
Mejorar el ambiente empresarial. El objetivo de este eje es promover un entorno empresarial que facilite la incubación, la puesta en marcha y el desarrollo de empresas. Las principales actividades de este eje incluyen (i) simplificación de los procedimientos para iniciar un negocio formal, actualizaciones en el marco regulatorio para permitir esta simplificación y mejoras en la plataforma digital Tramites Costa Rica para orientar a los inversionistas sobre los procedimientos necesarios para iniciar un negocio; y (ii) desarrollo de ventanillas únicas digitales a nivel municipal para negocios en diferentes sectores.
Fomento de una cultura y mentalidad empresariales. El objetivo del eje es promover actitudes, valores y creencias que refuercen la capacidad de las personas para desarrollar ideas empresariales de éxito. Las principales actividades de este eje incluyen: (i) fortalecer las capacidades de las escuelas técnicas y públicas para apoyar el desarrollo de las habilidades de los y las estudiantes para el emprendimiento; y (ii) desarrollar e implementar cursos y programas educativos relevantes para el emprendimiento con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Creación de capacidad de gestión empresarial. El objetivo de este eje es desarrollar y fortalecer las capacidades emprendedoras y empresariales a través de la prestación de una oferta integral de servicios especializados. Los principales resultados esperados de este eje son (i) apertura de centros de desarrollo empresarial en regiones clave del país para prestar apoyo, en un solo lugar, a las pequeñas y medianas empresas; y (ii) desarrollo de un programa para mejorar la calidad de los viveros de empresas.
Promover el desarrollo y el acceso a productos financieros pertinentes. El objetivo de este eje es promover, en las instituciones financieras públicas y privadas, el desarrollo de productos y servicios financieros ajustados a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Las principales actividades incluyen: (i) el desarrollo y fortalecimiento de programas de fondos semilla; (ii) la promoción del acceso de las pequeñas y medianas empresas a productos y servicios financieros existentes proporcionados por instituciones públicas y privadas que se ajusten a sus necesidades; y (iii) el apoyo a procesos de acompañamiento y apoyo financiero a emprendimientos de subsistencia, incluyendo el Fondo de Fomento de Actividades productivas y de organización de mujeres (FOMUJER) que financia ideas de mujeres para iniciar un negocio o su desarrollo temprano.
Fomentar la innovación y reducción de las brechas tecnológicas. El objetivo de este eje es promover la adopción de nuevas tecnologías y reforzar los procesos de innovación para añadir valor y mejorar la competitividad de las empresas. Los principales resultados esperados incluyen el fortalecimiento de los estándares de calidad en los procesos de las empresas y sus capacidades de innovación.
Coordinación productiva y acceso a los mercados. El objetivo de este eje es fortalecer la articulación productiva de las empresas mediante la promoción de redes empresariales, clusters, cadenas de valor y estrategias sectoriales y su acceso a mercados nacionales e internacionales. Las principales actividades incluyen la promoción de actividades para la asociación de empresas y el fortalecimiento de sus capacidades para exportar.
Como parte de la implementación de la Política Nacional de Emprendimiento, el MEIC lanzó la plataforma Nación Emprendedora que recopila recursos para la pequeña y mediana empresa incluyendo información sobre diferentes programas públicos y servicios privados y sobre la red de viveros y aceleradoras de empresas (MEIC, 2023[136]). Entre los programas enumerados en la plataforma, el Programa Nacional de Mujeres Empresarias, “Mujer & Negocios” -ejecutado por el INAMU, el INA y el MEIC- se dirige directamente a la iniciativa empresarial femenina. Su objetivo es empoderar a las mujeres emprendedoras y empresarias a través de asesoramiento y formación personalizados para emprendimientos o empresas de mercado que sean sostenibles y competitivas. El programa tiene una duración de 7 meses y se desarrolla de forma híbrida con clases presenciales y sesiones virtuales. Las personas participantes reciben 12 horas semanales de capacitación especializada y asesoramiento en diferentes áreas empresariales para apoyar su actividad emprendedora (MEIC, INA and INAMU, 2024[137]).
El índice “doing business” del Banco Mundial sitúa a Costa Rica como una economía media para iniciar un negocio en la región ALC (World Bank, 2021[138]). La puntuación del país en esta categoría es de 79,9, frente al 79,6 de la región (la puntuación máxima, que representa las condiciones ideales para crear una empresa, es 100). En el lado positivo, la puntuación muestra que Costa Rica no tiene requisitos de capital mínimo y, por debajo de la media regional, tiempo y costes necesarios para crear una empresa. Sin embargo, el índice muestra espacio para la mejora en el número de procedimientos para iniciar legalmente y operar formalmente una empresa (10 en comparación con un promedio de 8,1 en América Latina y el Caribe y 4,9 en los países de altos ingresos de la OCDE) (World Bank, 2021[138]). Aunque son comunes a hombres y mujeres, los efectos adversos de la barrera de los trámites complejos pueden ser particularmente importantes para las mujeres, cuyo tiempo suele ser más limitado, dadas las normas existentes y la división dominante de las obligaciones de cuidado en Costa Rica.
Otro requisito previo para impulsar la iniciativa empresarial de las mujeres es la igualdad de trato entre hombres y mujeres en cuanto a los derechos sobre la propiedad y el uso de la tierra. En Costa Rica, aunque las mujeres tienen el mismo derecho legal que los hombres a poseer, utilizar y tomar decisiones sobre sus tierras y bienes no relacionados con la tierra, independientemente de su estado civil, las explotaciones agrícolas en manos de mujeres son cada vez menos numerosas y de menor tamaño (World Bank, 2019[139]). Más de la mitad de las tierras de cultivo del país son propiedad de hombres (50,3%), el 45,3% de empresas y sólo el 4,4% de mujeres. Los datos internacionales demuestran que las mujeres con derechos seguros sobre la tierra y la propiedad obtienen 4 veces más ingresos y ahorran un 35% más que las mujeres sin acceso a la tierra y la propiedad; sus hijos tienen un 10% menos de probabilidades de enfermar, un 33% menos de probabilidades de tener un peso inferior al normal y el doble de probabilidades de terminar la enseñanza secundaria (USAID, 2016[140]).
Perspectivas de política pública
Reforzar el uso de enfoques combinados para apoyar el emprendimiento de las mujeres. Cada vez son más los trabajos que analizan la interacción entre las finanzas y el desarrollo de la iniciativa empresarial de las mujeres en contextos de alta informalidad (ILO, 2014[141]; ILO-WED, 2018[142]). Las medidas para reforzar los conocimientos financieros y facilitar el acceso a los servicios financieros formales - por ejemplo, la apertura de una cuenta bancaria a nombre de una mujer - pueden reforzar la determinación de las mujeres para resistir las presiones de compartir el dinero con sus familiares y reservarlo para usos empresariales. Condiciones de reembolso de la deuda más flexibles - como un periodo de gracia en los préstamos, por ejemplo - ayudan a las actividades empresariales de las mujeres y aumentan la probabilidad de que sobrevivan.
Otra conclusión importante es que alcanzar un nivel sólido de inclusión financiera requiere algo más que la oportunidad de abrir una cuenta bancaria y acceder a préstamos. Esto refleja la compleja naturaleza de la brecha financiera de género, que implica la coexistencia de muchas capas de barreras estructurales e individuales. Para Costa Rica, por tanto, es importante seguir impulsando programas que combinen el acceso a servicios financieros con otras dimensiones del desarrollo empresarial, como los mercados y la formación empresarial, por ejemplo, junto con la educación financiera y la adquisición de competencias digitales (Alliance for Financial Inclusion, 2021[143]). El Programa Nacional de Mujeres Empresarias, “Mujer y Negocios”, es un paso en la dirección correcta.
Un examen de los programas existentes de apoyo al emprendimiento en los países de renta baja y media confirma que la capacitación puede desempeñar un poderoso papel en el fortalecimiento de las competencias empresariales de los individuos, con efectos de retroalimentación positivos sobre la creación de empleo. Sin embargo, para tener éxito, los programas de formación deben cumplir ciertos requisitos, como dirigirse a los primeros empresarios y ofrecerse en combinación con apoyo financiero (Grimm and Paffhausen, 2015[144]). Los trabajos de la OCDE también demuestran que la adopción de enfoques que tengan en cuenta las cuestiones de género en el diseño de los programas de formación es clave para ampliar el acceso, ampliando así el grupo de mujeres potencialmente interesadas. Estos enfoques deben prestar especial atención a: (i) adaptarse a los horarios de las mujeres y a sus restricciones de tiempo para el transporte y la participación en los cursos (cursos cortos, cursos en línea y vídeos de capacitación, podrían ser preferibles a los programas de capacitación largos); (ii) centrarse en tareas y contenidos que las mujeres perciben como su prerrogativa. Por ejemplo, en Perú, una iniciativa de investigación para mejorar el cultivo de la papa mostró una participación muy limitada de las mujeres (menos del 15% de todos los participantes) porque la papa se percibe como un cultivo “masculino”. Sin embargo, en las sesiones sobre plantación, cosecha y evaluación de clones de papa, la participación de las mujeres alcanzó un máximo del 60 %, ya que se trata de tareas tradicionalmente asociadas al trabajo femenino (FAO, 2011[145]); y, iii) en particular para las mujeres de hogares de bajos ingresos, las capacitaciones deben prestar atención a ciertas necesidades cotidianas, como las responsabilidades de las mujeres en el cuidado de niños y adultos mayores durante el tiempo dedicado a la capacitación (OECD, 2019[146]).
La creación de redes y la orientación mediante mentores -a través de la creación de asociaciones y foros de mujeres, por ejemplo- son también importantes catalizadores de información sobre el mercado y pueden facilitar enormemente el intercambio de conocimientos entre iguales. La experiencia de los países europeos también sugiere que la tutoría entre empresarias con experiencia y nuevas empresarias puede mejorar las capacidades empresariales si la mentora y la aprendiz encajan bien. Por lo tanto, merece la pena utilizar las entrevistas para determinar qué mentora debe asignarse a cada aprendiz. Además, las aceleradoras o viveros de empresas también pueden ofrecer oportunidades de formación complementaria y creación de redes en combinación con asesoramiento empresarial, financiero y (OECD/EU, 2017[147]). Estos aceleradores pueden ser gestionados por el propio sector público o por el sector privado o sin ánimo de lucro, con posible financiación pública (OECD/EU, 2017[147]).
Por último, Costa Rica debe seguir esforzándose por simplificar los procedimientos administrativos para registrar formalmente las empresas. Mientras que el número de días para iniciar un negocio ha disminuido significativamente desde 2004 (de 90 días en 2004 a 23 en 2020), la reducción en el número de procedimientos no ha mostrado el mismo progreso (la reducción es sólo de 12 en 2004 a 10 en 2020) (World Bank, 2021[138]; World Bank, 2023[148]). Los esfuerzos de simplificación administrativa deberían incluir la creación de ventanillas únicas en línea para el registro de empresas. Esto también ayudaría a reducir la dependencia de notarios y municipalidades en el proceso de registro, lo que podría limitar, a su vez, los riesgos de conductas fraudulentas y contrarias a la competencia.
Aumentar el apoyo a la iniciativa empresarial femenina en las zonas rurales. Las iniciativas para renovar los programas de titulación de tierras desempeñan un papel esencial en el apoyo a las actividades empresariales de las mujeres rurales. Al mismo tiempo, las conclusiones de trabajos recientes sobre el impacto de los programas de titulación de tierras en la inversión agraria sugieren que los responsables políticos deberían ser cautelosos a la hora de hacer demasiado hincapié en el impacto de la seguridad de la tenencia en la inversión agraria (Navarro-Catañeda et al., 2021[149]). Esto se debe a que los programas de titulación de tierras suelen funcionar como complemento -sin sustituirlos- de otros programas destinados a fomentar el empoderamiento económico de las mujeres. Según la OIT, estos programas complementarios deben incluir formación técnica para mejorar el rendimiento económico de las empresas de mujeres (ILO, 2016[150]), desde la mejora de las semillas, por ejemplo, hasta la adquisición de competencias de gestión y financieras, junto con otras competencias relacionadas con la identificación de mercados potenciales. La creación de redes de embajadoras escolares podría ayudar a superar la falta de modelos de conducta que suelen padecer las empresarias de las comunidades rurales. La iniciativa Frauen unternehmen de Alemania ofrece un ejemplo potencialmente interesante de cómo podría organizarse el programa. Las embajadoras son seleccionadas por un jurado, lo que aumenta su legitimidad. Sin embargo, una vez elegidas, se espera que las embajadoras asistan a un número limitado de actos con sus homólogas para que el compromiso requerido sea relativamente escaso (OECD/EU, 2017[147]).
Vigilar los efectos de las políticas. La revisión sistemática de los amplios efectos de los programas de emprendimiento en países de renta baja y media señala la complejidad de evaluar los resultados tanto en términos de creación de empleo como de empresas (Grimm and Paffhausen, 2015[144]). Esto refleja el hecho de que deben cumplirse muchas condiciones antes de que las intervenciones en favor de las empresas individuales mejoren los resultados empresariales y lleven a la decisión de crear una nueva empresa o de contratar a más empleados. En otras palabras, es probable que se necesite una larga cadena de resultados intermedios antes de que las intervenciones de las políticas se materialicen en una expansión sostenible del empleo, que también está vinculada a condiciones laborales cada vez mejores y más seguras.
También es importante tener en cuenta que muchas de las medidas políticas aplicadas no tienen como objetivo principal crear empleo, sino mejorar las prácticas de gestión, lograr flujos de ingresos más estables y reducir la pobreza. Por ejemplo, los beneficios de la tutoría y el acceso a modelos de conducta tienden a materializarse en un cambio de prácticas en cuanto a la forma en que se utilizan los recursos existentes, sin generar necesariamente más puestos de trabajo (ILO, 2014[141]). Del mismo modo, los datos disponibles parecen indicar que, aunque los programas de financiación y formación tienen efectos positivos en los resultados empresariales, como la mejora de los conocimientos y las prácticas, los efectos más amplios en las actividades y prácticas del mercado laboral son generalmente más débiles y, en ocasiones, insignificantes (Grimm and Paffhausen, 2015[144]). Estas conclusiones subrayan que puede ser más conveniente aprovechar los efectos de las intervenciones en las ventas, los ingresos y los niveles de renta que cuantificar los resultados en materia de empleo, que pueden depender de otros factores. La disponibilidad de indicadores desglosados por género merece atención para identificar posibles desigualdades no intencionadas de los resultados (Trivelli Ávila and Caballero Calle, 2018[151]).
Combatiendo la violencia contra las mujeres
La seguridad desempeña un papel clave en el empoderamiento económico de las mujeres. En todos los países, las mujeres son víctimas/supervivientes de distintas formas de violencia de género (VG), no solo en el hogar -perpetrada por sus parejas o familiares-, sino también en espacios públicos, transporte público, escuela, universidad y trabajo. Sumándose al sufrimiento físico y mental, el acoso, el abuso sexual o físico y la violación socavan las oportunidades educativas y económicas de niñas y mujeres, afectando en última instancia su participación en los mercados laborales (ILO, 2018[152]). Por ejemplo, las víctimas/sobrevivientes de la violencia doméstica tienen menos probabilidades de ser económicamente activas y, cuando lo son, menos probabilidades de ser productivas, una consecuencia del sufrimiento físico y mental (ECLAC, 2016[153]).
Para limitar la exposición a la violencia de género en espacios públicos, en la escuela y en el trabajo (ECLAC, 2016[153]), muchas niñas y mujeres restringen sus movimientos, lo que potencialmente limita sus oportunidades educativas y laborales, además de disfrutar de la vida (OCAC, 2020[154]). La violencia en el trabajo puede llevar a renunciar a una oportunidad laboral potencialmente buena; si la mujer decide quedarse, lo hace a costa de su bienestar (ILO, 2018[152]). Un alto porcentaje de niñas que han sufrido un episodio traumático en la escuela tienen que cambiar de centro o abandonar por completo el sistema educativo (OCAC, 2020[154]).
La tasa de violencia de pareja contra la mujer en Costa Rica es relativamente alta. El 27% de las mujeres de entre 15 y 49 años del país declararon haber sufrido violencia física por parte de su pareja al menos una vez en su vida, en comparación con una media estimada del 24% en los países de la OCDE. Sólo en Canadá, Turquía y Colombia los índices de violencia de pareja eran aún más elevados en 2023 (OECD Development Centre/OECD, 2023[102]). En los últimos 12 meses, el 6% de las mujeres de Costa Rica declararon haber sufrido violencia de pareja, frente al 5% de media en la OCDE, pero el 7% en toda América Latina y el Caribe (OECD Development Centre/OECD, 2023[102]).
Fuera del hogar, las mujeres suelen sufrir acoso sexual en la calle, en el transporte y en el lugar de trabajo. Según la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva de 2015, 3 de cada 4 mujeres mayores de 18 años han sufrido acoso sexual en espacios públicos a lo largo de su vida. Este acoso se manifiesta en forma de cumplidos no deseados (73%), comentarios sobre su cuerpo o forma de vestir (56%) y miradas insinuantes (65%). Otra encuesta de la Universidad de Costa Rica muestra que debido a este acoso, el 25% de las mujeres declaró haber hecho cambios en sus rutinas, incluyendo evitar salir de noche (6,1%), ir a lugares “peligrosos” (5,2%), caminar solas (4,8%) y usar transporte público (4,2%) (Universidad de Costa Rica, 2015[155]). Un informe del Ministerio de Transportes muestra que al viajar en transporte o desplazarse a pie, entre el 70% y el 75% de las mujeres han sufrido al menos un tipo de acoso sexual callejero (MiTransporte, 2021[156]). La falta de seguridad también se deriva de tener que caminar por zonas en mal estado y mal iluminadas y de tener que esperar mucho tiempo en paradas de autobús en lugares aislados (Dominguez Gonzalez et al., 2020[157]). En el lugar de trabajo, las mujeres también son más propensas a sufrir acoso sexual. Las estimaciones de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2015 muestran que el 73% de las mujeres adultas (de 18 años o más) declararon haber experimentado en el lugar de trabajo piropos no deseados, el 65% miradas insinuantes, el 57% bromas sexistas y el 57% comentarios sobre su cuerpo o forma de vestir (INAMU, 2019[100]; Ministerio de Salud and UNFPA, 2016[158]).
Costa Rica registró 19 casos de feminicidios en 2021, lo que representa una tasa de 0,7 por cada 100.000 mujeres, mostrando una mejora respecto a 2020 (cuando la tasa fue de 1,1) pero sin avances respecto a 2019 (0,7) (CEPAL, 2022[159]; Poder Judicial, 2023[160]). La edad media de las víctimas de feminicidio era de 31 años, el 53% de ellas eran madres, el 11% extranjeras y cerca del 50% de estas muertes fueron perpetradas por la pareja actual o anterior de la mujer (CEPAL, 2022[159]; Poder Judicial, 2023[160]). En los últimos años, las movilizaciones públicas contra los feminicidios han aumentado en toda América Latina y el Caribe, la región que registra la mayor tasa de feminicidios del mundo. Tras el asesinato de una joven argentina, el colectivo #Niunamenos lanzó una campaña de sensibilización que resonó en toda la región centrada en la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, entre 2013 y 2017, solo el 31% de los 121 feminicidios registrados en la base de datos del Poder Judicial costarricense recibieron una condena; y en 2017 solo el 14% de los embarazos de niñas menores de 13 años, lo que constituye estupro según la ley, fueron seguidos de una denuncia penal (INAMU, 2019[100]). Este subregistro de delitos contra las mujeres podría estar asociado a creencias culturales sobre las denuncias penales y la ley. Una encuesta de 2017 muestra que si bien el 91% de los adultos en Costa Rica considera que la violencia contra las mujeres es un problema social grave, alrededor del 30% cree que la mayoría de las denuncias de violencia doméstica son falsas (33% entre los hombres y 26,4% entre las mujeres) y el 68% que las mujeres usan la ley a su favor y para castigar a los hombres (71,6% entre los hombres y 64,3% entre las mujeres (INAMU, 2019[100]). Esta desconfianza en los relatos de las supervivientes de la violencia de género y la creencia generalizada de que las víctimas abusarán de los sistemas judiciales son un obstáculo importante para la eficacia de las políticas contra la violencia de género y su función disuasoria.
Costa Rica cuenta con varias leyes y medidas de acompañamiento contra diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Las principales leyes del país en materia de violencia de género incluyen la ley de 1995 contra el acoso sexual en el lugar de trabajo y en la escuela (ley 7476), la ley de 1996 contra la violencia doméstica (ley 7586), la ley de 2007 que penaliza la violencia contra las mujeres y tipifica el femicidio como delito (ley 8589), la ley de 2020 contra el acoso sexual callejero (ley 9877) y la ley de 2022 para la reparación de las sobrevivientes de femicidios (ley 22872) (ECLAC, 2023[161]; Gretzinger, 2022[162]). La principal política pública que acompaña a estas leyes es el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, creado en 2008 en el marco del INAMU. El sistema tiene dos objetivos principales; el primero es el establecimiento de políticas públicas nacionales, locales y sectoriales para garantizar los derechos humanos de las mujeres, y el segundo es la coordinación de esfuerzos de actores públicos y privados para brindar servicios de atención integral a las mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia y sus familias (INAMU, 2019[100]). En 2017, el sistema sacó adelante la Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades 2017-32. El objetivo de la política es promover una cultura no sexista, rompiendo los ciclos de transmisión social e intergeneracional de la violencia contra las mujeres y reforzando el compromiso del Gobierno con la debida diligencia en la respuesta a los delitos contra las mujeres (INAMU, 2017[163]). La política estructura las acciones en torno a seis ejes que se centran en la promoción de una cultura no sexista; las masculinidades para la igualdad y la no violencia; la coordinación de iniciativas públicas y privadas para reducir la asociación entre pobreza y violencia contra las mujeres; la protección efectiva, debida diligencia, sanción y no revictimización de quienes sufren violencia de género; la prevención y atención integral a víctimas/supervivientes de violencia sexual; y la prevención de feminicidios (INAMU, 2019[100]).
En respuesta a los retos que la pandemia puso al descubierto para las mujeres desfavorecidas, se crearon iniciativas de apoyo comunitario a escala local centradas en la prevención, la atención y el seguimiento de la violencia de género. Un ejemplo es el destacado proyecto puesto en marcha por la Fundación Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS) en los distritos de la provincia de Upala con el objetivo de apoyar a las mujeres y niñas nicaragüenses refugiadas en riesgo de sufrir violencia de género (UN Women, 2020[164]).
Costa Rica también ha invertido en la mejora de datos a través del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género (World Bank, 2018[88]). Este sistema fue creado en 2008 para armonizar la definición de indicadores clave para monitorear la violencia contra las mujeres en datos administrativos. Integra información del Poder Judicial, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Sistema de Emergencias 911 y el INAMU, quien lo coordina (INAMU, 2023[165]).
Perspectivas de política pública
Reducir las barreras que restringen el acceso al sistema judicial de las supervivientes/víctimas de violencia y acoso. Las supervivientes de la violencia a menudo dudan en denunciar el delito por temor a un alto riesgo de victimización en medio de largos requisitos procesales. Los principales problemas que persisten en los países de la OCDE son que no todas las formas de violencia de género se reconocen y persiguen, que a menudo hay una falta de coordinación entre los organismos e instituciones gubernamentales y que el acceso efectivo a la justicia para las víctimas/sobrevivientes es limitado (OECD, 2023[166]). Para hacer frente a la violencia contra las mujeres, es fundamental que se eliminen las barreras de acceso al sistema judicial y que los proveedores de servicios y las autoridades gubernamentales adopten un enfoque centrado en la víctima/sobreviviente (OECD, 2023[167]).
En 2019 el Ministerio de Seguridad Pública publicó el Protocolo policial para la atención de casos de violencia intrafamiliar y de pareja para orientar la labor policial en la detección de riesgos en casos de violencia doméstica (Ministerio de Seguridad Publica, 2019[168]). Como parte de los protocolos, los casos de alto riesgo en los que la vida de la mujer corre peligro, son remitidos a los Comités Locales para la Atención Inmediata y el Seguimiento de casos de alto riesgo por Violencia contra las Mujeres (CLAIS) que son grupos de trabajo interinstitucionales integrados por representantes del poder judicial, policías y personal local del INAMU (INAMU, 2023[169]).
La experiencia internacional demuestra la gran importancia que tiene la formación de la policía y de los funcionarios de justicia para hacer cumplir la ley en materia de violencia de género. Un estudio cualitativo realizado en Ghana y Nigeria llegó a la conclusión de que la cultura ocupacional masculinizada de la policía se manifiesta en los aspectos personales, estructurales y operativos de la intervención policial en los casos de violencia doméstica, lo que impide el éxito de estas intervenciones, y recomienda que se revise la formación y el plan de estudios de la policía para incluir la sensibilidad de género (Yalley and Olutayo, 2020[170]). En Argentina, un estudio sobre las Comisarías de la Mujer concluyó que las comisarías especializadas en mujeres mejoran el acceso a la justicia, empoderan a las mujeres y previenen la violencia de género (Carrington et al., 2020[171]). En 2021, Colombia promulgó una legislación específica sobre la creación y el papel de los comisarios de familia para proporcionar a las mujeres, adolescentes y niñas un mejor acceso a la justicia y a los mecanismos de protección en el contexto de la violencia doméstica (Colombian Ministry of Law and Justice, 2021[172]).
Fomentar y garantizar procesos de denuncia seguros para las mujeres que sufren acoso sexual en el lugar de trabajo. En los lugares de trabajo y en las escuelas, las mujeres pueden ser reacias a denunciar el acoso o la violencia, lo que refleja el hecho de que los agresores suelen ocupar una posición jerárquica superior, como la de un profesor o un jefe (ILO, 2018[152]). En consecuencia, el Gobierno de Costa Rica podría considerar dedicar más esfuerzos a implementar mecanismos de denuncia seguros para facilitar la denuncia de estas situaciones. La experiencia internacional sugiere que las iniciativas políticas para incentivar a las empresas a adoptar mecanismos de denuncia pueden apoyarse en diferentes herramientas, como los convenios colectivos, la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo o la legislación laboral (Eurofound, 2015[173]).
En los países escandinavos y los Países Bajos, por ejemplo, la obligación de los empresarios de establecer procedimientos o medidas para hacer frente a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo forma parte del planteamiento para salvaguardar la salud mental y física de los trabajadores. Como tal, forma parte de la normativa para mejorar el bienestar y la salud en el trabajo. Las legislaciones de Bélgica y Francia han introducido la obligación específica del empresario de prevenir la violencia y el acoso. Irlanda aconseja a los empresarios introducir un código de conducta para señalar su compromiso de hacer frente a los comportamientos abusivos. Es igualmente importante que el marco normativo fomente la adopción de prácticas preventivas, estableciendo principios y directrices que permitan a los empleadores adoptar iniciativas más proactivas. En cumplimiento de estas directrices, algunos empleadores privados organizan talleres y cursos de formación para explicar la ley contra los abusos sexuales en el trabajo y crear conciencia sobre las diferentes manifestaciones de los abusos sexuales en el trabajo, junto con la forma de denunciarlos. El papel de los interlocutores sociales también puede ser importante para ampliar las acciones preventivas aprovechando su experiencia, entre otras cosas ayudando a diseñar el apoyo individual, como la presencia de asesores confidenciales.
Educar a los jóvenes sobre los distintos aspectos de la violencia y el acoso sexuales. Las campañas de sensibilización del INAMU para reducir la violencia sexual no están dirigidas a adolescentes, a pesar de que las mujeres jóvenes son a menudo víctimas/sobrevivientes. Para desarrollar estas campañas, el país debería basarse en la propia experiencia del INAMU en la campaña para reducir el embarazo adolescente ¿Es en serio? y guías publicadas como la Guía Metodológica: Por una adolescencia sin violencia contra las mujeres (Fundación PANIAMOR, 2016[174]). En cuanto a ejemplos internacionales, España lanzó en 2019 la campaña #MeGustaComoEres, que tiene como objetivo prevenir la violencia de género entre los jóvenes a través de la promoción del respeto, la aceptación y la autonomía. Se trata de una campaña totalmente digitalizada que se difunde a través de las redes sociales. Otras campañas se centran en el acoso sexual callejero. En Argentina, la campaña #Cambiáeltrato, que mostraba a un joven explicando a otro que su comportamiento con las mujeres en la calle no era apropiado, se hizo viral.
Mejorar la seguridad en el transporte. La falta de transporte seguro puede llevar a las mujeres a restringir sus movimientos como forma de reducir la exposición a comportamientos de riesgo. Esta respuesta puede disuadir a las mujeres de participar en los mercados laborales, con efectos adversos potencialmente importantes en los ingresos de los hogares, especialmente en las zonas remotas. En Costa Rica, como se mencionó anteriormente, una encuesta de 2015 mostró que el 4,2% de las mujeres que sufrieron acoso sexual evitan utilizar el transporte público. Teniendo en cuenta esta problemática, en 2016 el INAMU en coordinación con el Ministerio de Transporte y la Defensoría de los Habitantes lanzó la campaña Actuamos en contra del acoso sexual, con el objetivo de mejorar la comprensión de lo que constituye acoso sexual en espacios públicos e informar sobre los medios para formalizar una denuncia (Presidencia de la Republica, 2016[175]). La campaña se lanzó en las redes sociales y en 450 pantallas electrónicas de 200 autobuses que funcionaban en la capital, San José. Dos años después de la campaña, una encuesta en línea preparada para evaluar los progresos no mostró mejoras significativas (Cob, 2018[176]). El estudio indica que el principal medio de transporte de las mujeres son los autobuses y que una mayor proporción de ellas sigue preocupada por el riesgo de acoso sexual (54,2% de las mujeres frente al 33,3% de los hombres). Además, no todas las zonas del país están equipadas para llevar a cabo una supervisión eficaz. La falta de datos constituye un obstáculo para identificar los puntos conflictivos y evaluar la eficacia de las políticas.
Recuadro 2.2. Resumen de las opciones de políticas para que el trabajo remunerado de las mujeres sea más rentable en Costa Rica
Una serie de políticas interdependientes puede reducir la diferencia de ingresos laborales entre hombres y mujeres, lo que llevaría a reforzar el incentivo para que las mujeres dediquen más horas al trabajo remunerado. La OCDE sugiere:
Garantizar el acceso de todos a una educación de calidad
Continuar los esfuerzos para recompensar a las familias pobres por su compromiso en la educación de los hijos e hijas. Una evaluación de Avancemos sugiere que el programa desempeña un papel positivo en el apoyo a la permanencia en la escuela de los estudiantes de secundaria, pero no de los de primaria o preescolar. Para potenciar el impacto de Avancemos, la evaluación recomienda apoyar a los y las jóvenes que no están matriculados en la escuela o corren el riesgo de abandonarla, ampliar la cobertura sin aumentar necesariamente la generosidad de la prestación, y reevaluar anualmente el importe de las transferencias frente a la inflación para mantener el impacto.
Comunicar las ventajas de completar los estudios. Por lo general, los estudiantes de familias con bajos ingresos están mal informados sobre los beneficios monetarios y sociales de la educación, y son más propensos a abandonar la escuela. La campaña de sensibilización Más estudiantes en las aulas (2022) del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica difundió mensajes en las redes sociales para motivar la permanencia de los estudiantes en la escuela, en línea con las buenas prácticas internacionales.
Garantizar el acceso a una educación e información sexual integral en la escuela y fuera de ella. Las directrices internacionales de la UNESCO señalan la importancia de la Educación Sexual Integral (CSE). En Costa Rica, el Programa de Educación Sexual y Afectividad Integral (PAySI), un curso obligatorio para estudiantes de tercer ciclo, complementado por la Iniciativa Salud Mesoamérica, ha reducido significativamente los embarazos de adolescentes con el paso del tiempo. Estos esfuerzos deberían ampliarse aún más para llegar a la población joven y a la niñez no escolarizadas, que suelen ser las más vulnerables a la desinformación, la coerción y la explotación.
Proporcionar ayuda médica y económica a niñas y madres adolescentes vulnerables. La maternidad precoz suele ir asociada a la desescolarización de las niñas y a un acceso limitado al apoyo médico y psicológico, así como a ingresos para cubrir las necesidades básicas. En línea con la experiencia internacional, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Código de la Niñez y la Adolescencia y el programa Avancemos apoyan a los jóvenes y, en particular, a las madres adolescentes con atención médica gratuita y ayuda económica. Además, la experiencia internacional señala la importancia de ofrecer alternativas gratuitas de cuidado infantil a estas chicas para que puedan pasar tiempo en la escuela y adquirir competencias que puedan utilizar en el mercado laboral.
Promover a las mujeres en carreras no tradicionales y puestos de liderazgo
Crear objetivos de representación femenina en las empresas privadas. Más de la mitad de los países de la OCDE y del G20 han adoptado cuotas u objetivos de género, y los datos indican que los avances han sido más rápidos en estos países. Sin embargo, la experiencia internacional sugiere que, aunque medidas como las cuotas vinculantes y los objetivos voluntarios pueden ayudar a reforzar la representación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa a corto plazo, se necesitan otras medidas complementarias para mantener el progreso a largo plazo. Por ejemplo, las asociaciones y redes empresariales pueden desempeñar un papel importante en la aplicación de los objetivos de diversidad, utilizando requisitos de divulgación mejor diseñados, fomentando la transparencia y la responsabilidad. Los casos de éxito pueden difundirse creando ocasiones para que las mujeres que ocupan puestos de liderazgo difundan su experiencia y actúen como modelos. Dentro de las empresas, la creación de programas de tutoría o de espacios de creación de redes también puede contribuir a reforzar el interés de las mujeres por participar en los órganos de gobierno y de toma de decisiones.
Promover una cultura académica que integre a las mujeres profesoras y las apoye para que destaquen. Especialmente en los campos STEM, la búsqueda de candidatas cualificadas para puestos académicos empieza por crear un entorno de aprendizaje inclusivo para todos y todas las estudiantes. Con este fin, la tutoría del personal docente principiante y el fomento de una cultura que promueva el equilibrio entre la vida laboral y personal de todos los miembros del profesorado contribuirán a garantizar que las mujeres estén más satisfechas con sus carreras y tengan la oportunidad de sobresalir.
Mantener los esfuerzos para reforzar la representación de las mujeres en la dirección pública. Aunque el sistema de cuotas en el Congreso costarricense ha dado resultados positivos, se necesitan más acciones para abordar la persistente infrarrepresentación de las mujeres en el liderazgo público, especialmente a nivel subnacional. La Asamblea Legislativa de Costa Rica está debatiendo actualmente un importante proyecto de ley que podría contribuir a erradicar los factores que disuaden a las mujeres de involucrarse activamente en política y que aún llevan a muchas mujeres a interrumpir su participación una vez involucradas porque se sienten amenazadas. Las disposiciones del proyecto de ley incluyen el fortalecimiento de la prevención y la sanción de los actos de violencia contra las mujeres en la política.
Aplicar objetivos específicos para apoyar el seguimiento y la evaluación. El seguimiento de los avances hacia puestos de liderazgo equilibrados entre hombres y mujeres requiere el apoyo de objetivos mensurables y la recopilación de datos desglosados por género para hacer un seguimiento de los progresos. Una forma de medir estos logros podría ser aumentando la participación de las empresas en el Ranking “PAR”, que pretende medir la igualdad de género y la diversidad en empresas privadas, entidades públicas y PYME de América Latina.
Apoyar el emprendimiento de las mujeres
Promover el uso de enfoques combinados para reforzar el emprendimiento de las mujeres. Mayores oportunidades de acceso a los servicios financieros formales y condiciones de reembolso de la deuda más flexibles podrían combinarse con otras medidas no financieras, como la educación y la formación sobre conocimientos financieros básicos y competencias digitales en los mercados. El Programa Nacional de Mujeres Empresarias, “Mujer & Negocios”, constituye un paso en la dirección correcta. Al mismo tiempo, Costa Rica debería seguir esforzándose por simplificar los procedimientos administrativos para registrar formalmente las empresas.
Aumentar el apoyo a la iniciativa empresarial femenina en las zonas rurales. Las iniciativas para renovar los programas de titulación de tierras desempeñan un papel esencial en el apoyo a las actividades empresariales de las mujeres rurales. Estas iniciativas suelen complementar otros programas destinados a fomentar el empoderamiento económico de las mujeres, como la formación técnica para mejorar los resultados económicos de las empresas femeninas, incluida la mejora de las semillas, la adquisición de capacidades de gestión o el desarrollo de aptitudes empresariales.
Vigilar los efectos de las políticas. The effect of the policies to support female entrepreneurs on employment is complex to measure and may take long to materialise. As a result, Costa Rica may rather focus on monitoring the impact on sales, revenues, and income levels of entrepreneurship policies. Gender disaggregated indicators are necessary to capture possible unintended inequalities of outcomes that emerge on the way to financial inclusion.
Combatir la violencia contra las mujeres
Reducir las barreras que restringen el acceso al sistema judicial de las supervivientes/víctimas de violencia y acoso. Las mujeres que sufren violencia a menudo dudan en denunciar el delito por temor a un alto riesgo de victimización en medio de largos requisitos de procedimiento. En 2019 el Ministerio de Seguridad Pública publicó el Protocolo policial para la atención de casos de violencia intrafamiliar y relaciones de pareja para orientar la labor policial en la detección de riesgos en casos de violencia intrafamiliar (Ministerio de Seguridad Publica, 2019[168]). La experiencia internacional demuestra la importancia decisiva que tiene la formación de los funcionarios de policía y de justicia en la aplicación de la ley, siempre que dicha formación y el plan de estudios aborden eficazmente el impacto de una cultura ocupacional policial masculinizada en los aspectos personales y operativos de la intervención policial.
Fomentar y garantizar procesos de denuncia seguros para las mujeres que sufren acoso sexual en el lugar de trabajo. En los lugares de trabajo y en las escuelas, las mujeres pueden ser reacias a denunciar el acoso o la violencia si los agresores ocupan una posición jerárquica superior. El Gobierno de Costa Rica podría plantearse dedicar más esfuerzos a poner en marcha mecanismos de denuncia seguros que faciliten la denuncia de estas situaciones en el lugar de trabajo. Otros países se han apoyado en convenios colectivos, normativas de Salud y Seguridad en el Trabajo o legislación laboral para animar a las empresas a adoptar mecanismos de denuncia.
Educar a los jóvenes sobre los distintos aspectos de la violencia y el acoso sexuales. Las campañas de sensibilización del INAMU para reducir la violencia sexual no están dirigidas a adolescentes, a pesar de que las mujeres jóvenes son a menudo víctimas/sobrevivientes. Costa Rica podría aprovechar la experiencia del INAMU en la campaña para reducir el embarazo adolescente y las experiencias internacionales, para prevenir la violencia de género entre los jóvenes, que se basan en la promoción del respeto mutuo, la aceptación y la autonomía.
Vigilar la seguridad en el transporte. La campaña Actuamos en contra del acoso sexual pretendía crear conciencia sobre el acoso sexual en espacios públicos; sin embargo, hay indicios de que el problema persiste. La falta de datos en algunas zonas del país es un obstáculo para identificar los puntos conflictivos y evaluar la eficacia de las políticas.
Referencias
[58] Ahmed, W. and R. Mudrey (2019), “The role of motivational factors in predicting STEM career aspirations”, International Journal of School and Educational Psychology, Vol. 7/3, pp. 201-214, https://doi.org/10.1080/21683603.2017.1401499.
[143] Alliance for Financial Inclusion (2021), “Women must be at the heart of public policy design”.
[3] Bidegain, N. (2018), Los cuidados en América Latina y el Caribe, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44361/1/S1801102_es.pdf.
[50] Bousseau, C. and P. Tap (1998), Parental education and socialisation of the child: internality, valorisation and self-positioning, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01254469/document.
[57] Breda, T. et al. (2020), Do Female Role Models Reduce the Gender Gap in Science? Evidence from French High Schools, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01713068v5.
[29] Bünning, M. (2015), “What Happens after the ‘Daddy Months’? Fathers’ Involvement in Paid Work, Childcare, and Housework after Taking Parental Leave in Germany”, European Sociological Review, Vol. 31/6, pp. 738-748, https://doi.org/10.1093/esr/jcv072.
[171] Carrington, K. et al. (2020), How Women’s Police Stations Empower Women, Widen Access to Justice and Prevent Gender Violence.
[123] CEPAL (2023), Poder ejecutivo: porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales, https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-ejecutivo-porcentaje-mujeres-gabinetes-ministeriales.
[159] CEPAL (2022), Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y al femicidio o feminicidio, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/5176486b-d060-4255-ac74-d1dc8eec9bf3/content.
[176] Cob, G. (2018), Análisis de Género del sector Transporte en Costa Rica, https://www.academia.edu/40034282/An%C3%A1lisis_de_G%C3%A9nero_del_sector_Transporte_en_Costa_Rica.
[172] Colombian Ministry of Law and Justice (2021), Las Comisarías de Familia y su Regulación en la Ley 2126 del 2021, https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/conexion-justicia/Documents/Infografias/InfografiaComisarios/LAS%20COMISARIAS%20DE%20FLIA%20Y%20SU%20REGULACI%C3%93N%20(1).pdf (accessed on 22 May 2024).
[10] CONAPAM (2012), Red de atención progresiva para el cuido integral de las personas adultas mayores en Costa Rica, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/OlderPersons/Practices/States/Costa_Rica_Annex_3.pdf.
[36] Congreso de Colombia (2021), Ley 2114 de 2021, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=167967 (accessed on 18 April 2024).
[85] Corbett, C. and C. Hill (2015), Solving the equation : the variables for women’s success in engineering and computing.
[69] Council of Europe (2014), Gender Stereotypes in and through education: Report of the 2nd Conference of the Council of Euope National Focal Points on Gender Equality, https://rm.coe.int/1680590fe5.
[73] Council of Europe (2011), Combating Gender Steroetypes in Education, https://rm.coe.int/1680596131.
[125] DANE, O. (2022), Mujeres y Hombres: Brechas de genero en Colombia, segunda edicion, https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/MyH%20BrechasColombia-NOV5-17Nov%20%284%29.pdf.
[24] Del Rey, E., A. Kyriacou and J. Silva (2021), “Maternity leave and female labor force participation: evidence from 159 countries”, Journal of Population Economics, Vol. 34/3, pp. 803-824, https://doi.org/10.1007/s00148-020-00806-1.
[157] Dominguez Gonzalez, K. et al. (2020), Why does she move? A Study of Women’s Mobility in Latin American Cities, World Bank, Washington, D.C., http://documents.worldbank.org/curated/en/276931583534671806/pdf/Why-Does-She-Move-A-Study-of-Womens-Mobility-in-Latin-American-Cities.pdf.
[161] ECLAC (2023), Gender Equality Observatory, https://oig.cepal.org/en/laws/1/country/costa-rica-10.
[153] ECLAC (2016), Otras formas de violencia contra la mujer, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40754/4/S1601170_es.pdf.
[74] EIGE (2020), Gender Mainstreaming: Ireland, https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries/ireland.
[60] Encinas-Martín, M. and M. Cherian (2023), Gender, Education and Skills: The Persistence of Gender Gaps in Education and Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/34680dd5-en.
[65] Escalante Rivera, C. (2022), Sistematización de indicadores de género en el sistema educativo costarricense y su aporte para la construcción de la política para la igualdad y equidad de género en el Ministerio de Educación Pública, https://www.mep.go.cr/sites/default/files/indicadores-deie-2022.pdf.
[51] EU (2012), Gender differences in educational outcomes: Study on the measures taken and the current situation in Europe, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/40271e21-ca1b-461e-ba23-88fe4d4b3fd4.
[173] Eurofound (2015), Violence and harassment in European workplaces: Extent, impacts and policies, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_comparative_analytical_report/field_ef_documents/ef1473en.pdf (accessed on 12 January 2021).
[145] FAO (2011), The State of Food and Agriculture 2010–11: Women in Agriculture: Closing the gender gap for development, Food and Agriculture Organization of the United Nations, https://www.fao.org/3/i2050e/i2050e00.htm.
[91] Fernández Aráuz, A. (2018), Estadísticas del Subsistema de Educación Indígena de Costa Rica Historia y situación actual (1800 - 2016), https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/ind.pdf.
[2] Fluchtmann, J., M. Keese and W. Adema (2024), “Gender equality and economic growth: Past progress and future potential”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 304, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fb0a0a93-en.
[174] Fundación PANIAMOR (2016), Guía Metodológica: Por una adolescencia sin violencia contra las mujeres., https://planovicr.org/sites/default/files/documentos/final_manual_adolescentes_08_03_2016.pdf.
[23] Global Deal (2023), “Unlocking the potential of social dialogue for long-term care”, https://www.theglobaldeal.com/resources/brief-unlocking-the-potential-of-social-dialogue-for-long-term-care.pdf (accessed on 12 February 2024).
[87] Gobierno de España (2024), Alianza STEAM por el talento feminino, https://alianzasteam.educacionfpydeportes.gob.es/iniciativas.html (accessed on 19 April 2024).
[162] Gretzinger, F. (2022), Sexual Violence in Costa Rica: A Progressive Country with Regressive Gender Policies, https://minnjil.org/wp-content/uploads/2022/09/Gretzinger_v31_i2_157_185.pdf.
[144] Grimm, M. and A. Paffhausen (2015), “Do interventions targeted at micro-entrepreneurs and small and medium-sized firms create jobs? A systematic review of the evidence for low and middle income countries”, Labour Economics, Vol. 32, pp. 67-85, https://doi.org/10.1016/j.labeco.2015.01.003.
[28] Hagqvist, E. et al. (2017), “Parental leave policies and time use for mothers and fathers: a case study of Spain and Sweden”, Society, Health & Vulnerability, doi: 10.1080/20021518.2017.1374103, p. 1374103, https://doi.org/10.1080/20021518.2017.1374103.
[13] Heckman, J. et al. (2010), “The rate of return to the HighScope Perry Preschool Program”, Journal of Public Economics, Vol. 94/1, pp. 114-128, https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.11.001.
[113] IDB (2021), “The fertility rate among adolescents Huétar Caribe Regions”.
[122] IDEA (2023), “Explore Quota Data Costa Rica”, https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/87/35.
[30] ILO (2022), Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work, ILO, Geneva, https://doi.org/10.54394/aqof1491.
[9] ILO (2022), Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una mayor igualdad en el mundo del trabajo, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_860719.pdf.
[152] ILO (2018), Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554100.pdf.
[150] ILO (2016), The labour situation of indigenous women in Peru – A study, http://www.ilo.org/publns.
[141] ILO (2014), Entrepreneurship Development Interventions for Women Entrepreneurs: An update on what works, http://www.ilo.org/sme.
[142] ILO-WED (2018), Effectiveness of Entrepreneurship Development Interventions for Women Entrepreneurs.
[7] IMAS (2023), REDCUDI, https://redcuidoinfantil.go.cr/nosotros/.
[103] IMAS (2022), Transferencias para preescolar, primaria y secundaria del IMAS se unifican en programa Avancemos, https://www.imas.go.cr/es/comunicado/transferencias-para-preescolar-primaria-y-secundaria-del-imas-se-unifican-en-programa.
[169] INAMU (2023), Anuncian lanzamiento de comités que atenderán situaciones donde peligra la vida de las mujeres, https://www.inamu.go.cr/web/inamu/clais.
[165] INAMU (2023), Sistema Unificado de Medición de la violencia de Género, https://www.inamu.go.cr/sumevig.
[100] INAMU (2019), Tercer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica / Instituto Nacional de las Mujeres, https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546/Tercer+Estado+de+los+Derechos+Humanos+de+las+Mujeres+en+Costa+Rica+%282019%29.pdf/.
[163] INAMU (2017), Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades, https://mcj.go.cr/sites/default/files/2021-06/PLANOVI%202017-2032.pdf.
[33] INEC (2022), Encuesta Continua de Empleo al tercer trimestre de 2022 RESULTADOS GENERALES, https://admin.inec.cr/sites/default/files/2022-11/ECE_III%20T_2022.pdf.
[93] INEC and MTSS (2017), Trabajo infantil y adolescente en Costa Rica 2016, https://www.iniciativa2025alc.org/publication/document/magnitud-y-caracteristicas-del-trabajo-infantil-adolescente-cr-resumen2016.pdf.
[5] Instituto Nacional de las Mujeres (2007), Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) (2007-2017), https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Biblioteca/Otros/PIEG-2007-2017.pdf (accessed on 23 February 2024).
[129] IPG (2023), Iniciativa de Paridad de Género, https://ipgcr.org/.
[132] Jiménez Fontana, P. (2019), Análisis de sobrevivencia del parque empresarial costarricense, https://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/7795/Jimenez%20y%20Segura-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[42] Karlson and Simonsson (2011), A question of Gender- Sensistive Pedagogy: discouses in pedagogical guidelines, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/ciec.2011.12.3.274.
[108] Kontula, O. (2010), “The evolution of sex education and students’ sexual knowledge in Finland in the 2000s”, Sex Education, Vol. 10/4, pp. 373-386, https://doi.org/10.1080/14681811.2010.515095.
[27] Kotsadam, A. and H. Finseraas (2011), “The state intervenes in the battle of the sexes: Causal effects of paternity leave”, Social Science Research, Vol. 40/6, pp. 1611-1622, https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2011.06.011.
[46] Kunze, A. (2018), “The Gender Wage Gap in Developed Countries”, in Averett, S., L. Argys and S. Hoffman (eds.), The Oxford Handbook of Women and the Economy, Oxford University Press, Oxford, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190628963.013.11.
[48] Lachance-Grzela, M. and G. Bouchard (2010), “Why Do Women Do the Lion’s Share of Housework? A Decade of Research”, Sex Roles, Vol. 63/11, pp. 767-780, https://doi.org/10.1007/s11199-010-9797-z.
[104] Lentini Gilli, V. (2022), Voz experta: Programas Avancemos y Crecemos sí alivianan difícil situación económica de los hogares, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/06/23/voz-experta-programas-avancemos-y-crecemos-si-alivianan-dificil-situacion-economica-de-los-hogares.html.
[136] MEIC (2023), Nacion Emprende, https://nacionemprendedora.go.cr/.
[134] MEIC (2020), Politica nacional de empresariedad 2030, http://reventazon.meic.go.cr/informacion/pyme/MEIC_PNE_2030.pdf.
[137] MEIC, INA and INAMU (2024), MEIC, INA e INAMU abren convocatoria para nueva edición del Programa Nacional de Mujeres Empresarias: Mujer y Negocios, https://www.inamu.go.cr/-/meic-ina-e-inamu-abren-convocatoria-para-nueva-edicion-del-programa-nacional-de-mujeres-empresarias-mujer-y-negocios (accessed on 7 June 2024).
[78] MEP (2023), Estrategia Nacional de Educación STEAM, https://www.mep.go.cr/educatico/estrategia-nacional-educacion-steam.
[105] MEP (2023), Unidad para la Permanencia Reincorporación y Éxito Educativo, https://www.mep.go.cr/unidad-permanencia.
[71] MEP (2021), Centros educativos y familia, educando juntos para la vida, https://www.mep.go.cr/sites/default/files/interactivo-centros-educativos-familia.pdf.
[92] MEP (2021), Indicadores del Sistema Educativo Costarricense 2010-2020, https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/IndicadoresdelSistemaEducativo2010-2020.pdf.
[70] MEP (2020), Familias Transformadoras Programa de prevención de conductas de riesgo en el ámbito familiar, https://www.mep.go.cr/sites/default/files/convivir-familias-transformadoras.pdf.
[115] MEP (2019), Manual de atención del embarazo y maternidad en población de menores de edad insertas en el sistema educativo, https://www.mep.go.cr/sites/default/files/protocolo-atencion-maternidad-adolescente.pdf.
[77] MEP (2017), Programa de estudios de educación para la afectividad y sexualidad integral, https://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/afectividad-sexualidad-diversificada.pdf.
[66] MEP (2014), Política de equidad e igualdad de gener y su plan de acción, https://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/handle/123456789/248.
[80] MICITT (2022), Abierta convocatoria de becas para cursar carreras técnicas STEM, https://www.micitt.go.cr/2022/10/10/abierta-convocatoria-de-becas-para-cursar-carreras-tecnicas-stem/.
[79] MICITT (2017), Política Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la Ciencia, Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación 2018-2027, https://repositorio-snp.mideplan.go.cr/bitstream/handle/123456789/92/PP.008.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[76] MIDEPLAN (2018), Plan Nacional de Desarrollo e Inversion Publica del Bicentenario 2019-2022, https://da.go.cr/wp-content/uploads/2016/07/Plan-Nacional-de-Desarrollo-e-Inversiones-P%C3%BAblicas-2019-2022.pdf.
[15] MIDES (2021), La construcción del cuarto pilar de la protección social en Uruguay: Balance y Desafíos 2015 – 2020, https://www.gub.uy/sistema-cuidados/sites/sistema-cuidados/files/documentos/publicaciones/cuidados-informe-quinquenal-2015-2020.pdf.
[72] MINEDUC (2019), Minedu iniciará campaña para informar a padres de familia sobre el enfoque de género, https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/28286-minedu-iniciara-campana-para-informar-a-padres-de-familia-sobre-el-enfoque-de-genero.
[106] MineduLAB (2018), Decidiendo para un Futuro Mejor: Informando sobre los retornos monetarios y sociales de la educación para reducir deserción escolar.
[158] Ministerio de Salud and UNFPA (2016), Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva, https://data.miraquetemiro.org/sites/default/files/documentos/II%20Encuesta%20Nacional%20de%20SSySR%202015.pdf.
[168] Ministerio de Seguridad Publica (2019), Protocolo policial para la atención de casos de violencia intrafamiliar y relaciones de pareja, https://www.seguridadpublica.go.cr/transparencia/jerarcasDecisiones/toma_decisiones/historico_decisiones/2019/Protocolo%20Policial%20Atencion%20Violencia%20Intrafamiliar%20y%20Relaciones%20de%20Pareja.pdf.
[34] Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2021), Definición y caracterización de los vectores de empleo informal en Costa Rica, https://www.mtss.go.cr/elministerio/estructura/direccion-planificacion/documentos/vectores_IV_2020.pdf.
[109] MINSA (2012), Plan Multisectorial para la Prevencion del Embarazo en Adolescentes 2012-2021, http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Plan%20Multisectorial%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20del%20Embarazo%20en%20Adolescentes%202012%202021.pdf (accessed on 2 November 2020).
[156] MiTransporte, C. (2021), Mejorar la experiencia de las mujeres en el transporte y los espacios públicos |, https://www.madboxpc.com/innovacion-en-el-transporte-publico-como-mejorar-la-experiencia-de-los-usuarios/.
[20] Moussié, R. (2016), Child care from the perspective of women in the informal sector, UN Secretary-General’s High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment, https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/files/WIEGO_childcare-informal-economy.pdf.
[119] Nathan Associates (2016), Women’s Economic Participation in Peru: Achieving APEC Priorities for Gender Equality, https://www.nathaninc.com/wp-content/uploads/2017/10/US-ATAARI-Peru-Gender-Assessment-final.pdf.
[149] Navarro-Catañeda, S. et al. (2021), “Land tenure security and agrarian investments in the Peruvian Highlands”, Land Use Policy, Vol. 109, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105651.
[19] Neuman, M., K. Josephson and P. Chua (2015), “A Review of the Literature: Early Childhood Care and Education (ECCE) Personnel in Low- and Middle-Income Countries”, Early Childhood Care and Education Working Paper Series, No. 4, Unesco, Paris.
[12] Nores, M. and W. Barnett (2010), “Benefits of early childhood interventions across the world: (Under) Investing in the very young”, Economics of Education Review, Vol. 29/2, pp. 271-282, https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2009.09.001.
[154] OCAC (2020), Radiografia del acoso sexual en Chile: Primera encuesta nacional sobre acoso sexual callejero, laboral, en, https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe-encuesta-OCAC-2020.-Radiograf%C3%ADa-del-acoso-sexual-en-Chile.pdf.
[4] OECD (2024), OECD Family Database, https://www.oecd.org/els/family/database.htm (accessed on 12 February 2024).
[166] OECD (2023), Breaking the Cycle of Gender-based Violence: Translating Evidence into Action for Victim/Survivor-centred Governance, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b133e75c-en.
[1] OECD (2023), Joining Forces for Gender Equality: What is Holding us Back?, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/67d48024-en.
[94] OECD (2023), OECD Family Database, https://www.oecd.org/els/family/database.htm.
[121] OECD (2023), OECD Science, Technology and Innovation Scoreboard, https://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm?#focus-on-women.
[35] OECD (2023), OECD Stat, https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=ANHRS.
[67] OECD (2023), SIGI 2023 Global Report: Gender Equality in Times of Crisis, Social Institutions and Gender Index, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4607b7c7-en.
[167] OECD (2023), Supporting Lives Free from Intimate Partner Violence: Towards Better Integration of Services for Victims/Survivors, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d61633e7-en.
[118] OECD (2022), “Employment: Female share of seats on boards of the largest publicly listed companies”, OECD.Stat, https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54753.
[32] OECD (2022), PF2.1. Parental leave systems, https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf.
[75] OECD (2021), Gender Equality in Chile: Towards a Better Sharing of Paid and Unpaid Work, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6cc8ea3e-en.
[128] OECD (2021), OECD Corporate Governance Factbook 2021, https://www.oecd.org/corporate/OECD-Corporate-Governance-Factbook.pdf.
[83] OECD (2020), Iniciativa NiñaSTEM Pueden, OECD, Paris, https://www.oecd.org/centrodemexico/iniciativa-niastem-pueden.htm.
[45] OECD (2020), SIGI 2020 Regional Report for Latin America and the Caribbean, Social Institutions and Gender Index, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/cb7d45d1-en.
[146] OECD (2019), Enabling Women’s Economic Empowerment: New Approaches to Unpaid Care Work in Developing Countries, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/ec90d1b1-en.
[37] OECD (2019), “PF2.1. Parental leave systems”, OECD Family Database, https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf (accessed on 23 March 2021).
[56] OECD (2019), PISA 2018: Insights and Interpretations, OECD, Paris, https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf.
[84] OECD (2018), OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden, OECD Reviews of Digital Transformation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264302259-en.
[96] OECD (2018), “Teenage parenthood: How does it relate to proficiency in literacy?”, Adult Skills in Focus, No. 9, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/de7859a0-en.
[47] OECD (2017), The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264281318-en.
[52] OECD (2015), The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264229945-en.
[41] OECD (2012), Closing the Gender Gap: Act Now, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264179370-en.
[102] OECD Development Centre/OECD (2023), “Gender, Institutions and Development (Edition 2023)”, OECD International Development Statistics (database), https://doi.org/10.1787/7b0af638-en (accessed on 19 April 2024).
[147] OECD/EU (2017), Policy Brief on Women’s Entrepreneurship, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://www.oecd.org/cfe/smes/Policy-Brief-on-Women-s-Entrepreneurship.pdf.
[16] OPS (2020), Telemedicina en Uruguay, una estrategia que llegó para quedarse, https://www.paho.org/es/historias/telemedicina-uruguay-estrategia-que-llego-para-quedarse.
[61] Organizacion de Estados Iberamericanos (2022), Nota de prensa: Mujer debe de ganar presencia en la industria de la tecnología en Costa Rica, https://oei.int/oficinas/costa-rica/notas-de-prensa/mujer-debe-de-ganar-presencia-en-la-industria-de-la-tecnologia-en-costa-rica.
[6] OXFAM (2022), Los cuidados en Latinoamérica y El Caribe y el Caribe: Entre las Crisis y las Redes Comunitarias, https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/lac.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Informe_Los%20cuidados%20en%20LAC,%20entre%20la%20crisis%20y%20las%20redes%20comunitarias.pdf.
[54] OXFAM (2007), Practicing Gender Equality in Education, https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/115528/bk-practising-gender-equality-education-150607-en.pdf.
[53] OXFAM (2005), Gender Equality in Schools, http://www.ungei.org/oxfam_edPaper2.pdf.
[99] PAHO (2023), Schooling, income and ethnicity are the main social determinants in in the health of children, adolescents and mothers - Key report findings, https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12822:social-determinants-mch&Itemid=0&limitstart=1&lang=en#gsc.tab=0.
[130] PNUD (2020), Ficha de proyecto: Sello de igualdad de género, https://www.undp.org/es/costa-rica/publications/ficha-de-proyecto-sello-de-igualdad-de-genero.
[120] PNUD (2010), Desarrollo Humano en Chile; Género: los desafios de la desigualdad 2010, https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/ONU-MUJERES-2010-G%C3%A9nero-los-desaf%C3%ADos-de-la-igualdad.pdf.
[117] PODER (2021), Mujeres en la Bolsa de Valores, https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2020/03/MelB_Boletin_120320web.pdf.
[160] Poder Judicial (2023), Observatorio de Violencia de Genero contra las mujers y acceso a la justicia, https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio.
[110] Preinfalk Fernández, M. (2022), Educación sexual en Costa Rica. Tensiones y avances en las primeras décadas del siglo XXI, https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/53327/53732.
[124] Presidencia Costa Rica (2023), CCSS aprueba reglamento de aseguramiento de microempresas y emprendedores en el seguro de salud, https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2018/07/ccss-aprueba-reglamento-de-aseguramiento-de-microempresas-y-emprendedores-en-el-seguro-de-salud/.
[175] Presidencia de la Republica (2016), Lanzan campaña contra el acoso sexual en los espacios públicos, https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2016/08/lanzan-campana-contra-el-acoso-sexual-en-los-espacios-publicos/.
[17] QUANTA (2021), Sistemas de Cuidado en Hispanoamérica: experiencias y oportunidades para Colombia, https://cuidadoygenero.org/wp-content/uploads/2021/05/Conversatorio-sistemas-de-cuidado-2.pdf.
[14] Quiros, A. and J. Robalino (2020), El efecto de la atención infantil subsidiada sobre la participación de la mujer en el mercado laboral de Costa Rica, https://go.gale.com/ps/i.do?p=IFME&u=googlescholar&id=GALE%7cA694283408&v=2.1&it=r&sid=googleScholar&asid=1bd9a1d3.
[8] REDCUDI (2018), Plan Estratégico Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) 2018-2022, https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6330.pdf.
[31] Rich, M. (2019), “Two Men in Japan Dared to Take Paternity Leave. It Cost Them Dearly, They Say”, New York Times, https://www.nytimes.com/2019/09/12/world/asia/japan-paternity-leave.html.
[21] Rocard, E. and A. Llena-Nozal (2022), “Supporting informal carers of older people: Policies to leave no carer behind”, OECD Health Working Papers, No. 140, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0f0c0d52-en.
[63] Rojas Blanco, L. (2015), Uso del lenguaje de género inclusivo, https://secretariagenero.poder-judicial.go.cr/images/Documentos/LenguajeInclusivo/Documentos/Uso-de-lenguaje-inclusivo-de-Genero-IEM-UNA.pdf.
[112] Román Vega, I. (2022), Educación sexual y caída de los embarazos adolescentes: un logro país que debemos cuidar, https://estadonacion.or.cr/educacion-sexual-y-caida-de-los-embarazos-adolescentes-un-logro-pais-que-debemos-cuidar/.
[95] Sanhueza, A. et al. (2023), “Trends and inequities in adolescent childbearing in Latin American and Caribbean countries across generations and over time: a population-based study”, The Lancet Child and Adolescent Health, Vol. 7/6, pp. 392-404, https://doi.org/10.1016/S2352-4642(23)00077-9.
[40] Secretaria Tecnica Ecuador Crece sin Desnutricion Infantil (2022), ACUERDO Nro. STECSDI-STECSDI-2022-0010-A, https://www.infancia.gob.ec/wp-content/uploads/2023/02/19.STECSDI-STECSDI-2022-0010-A.pdf.
[90] SEDLAC (2023), Estadísticas SEDLAC, https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/estadisticas/sedlac/estadisticas/#1496165425791-920f2d43-f84a.
[59] SERNAM (2009), Analisis de género en el aula, https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/14939.
[26] Thévenon, O. and A. Solaz (2013), “Labour Market Effects of Parental Leave Policies in OECD Countries”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 141, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5k8xb6hw1wjf-en.
[126] Tribunal Supremo de Elecciones (2009), Electoral Act Law No. 8765, https://www.tse.go.cr/pdf/publicaciones/electoral_act.pdf (accessed on 19 April 2024).
[151] Trivelli Ávila, C. and E. Caballero Calle (2018), “¿Cerrando brechas?: las estrategias nacionales de inclusión financiera en América Latina y el Caribe”, Estudios sobre Desarrollo, 23, No. Documento de Trabajo 245, IEP, Lima, https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1132.
[135] Ubieta, S. (2014), Recopilacion de informacion para el programa de apoyo a Pymes y Desarrollo Economico Local, https://www.jica.go.jp/costarica/espanol/office/others/c8h0vm00009ezf53-att/study_01.pdf.
[116] UCCAEP and ENRED Panamá (2019), Las mujeres en la gestión y desarrollo empresarial. Costa Rica., https://www.uccaep.or.cr/images/content/agendas-competitividad/Lasmujeresenlagestionydesarolloempresarialv.pdf.
[101] UN Committee on the Rights of the Child (2016), General comment No. 20 (2016) on the implementation of the rights of the child during adolescence, https://digitallibrary.un.org/record/855544?v=pdf (accessed on 19 April 2024).
[164] UN Women (2020), “Costa Rica : Leaving no woman behind during the COVID-19 pandemic”.
[18] UN Women (2019), The National Integrated Care System in Uruguay: An Opportunity for the Economic Empowerment of Women, https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2019/10/SNIC%20web%20INGLES.pdf (accessed on 8 February 2024).
[22] UN Women (2017), Long-term care for older people: A new global gender priority, https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/12/long-term-care-for-older-people.
[62] UNEP Law and Environment Assistance Platform (1990), Ley de Promocion de la Igualdad Social de la Mujer, https://leap.unep.org/en/countries/cr/national-legislation/ley-n-7142-ley-de-promoci-n-de-la-igualdad-social-de-la-mujer (accessed on 23 February 2024).
[81] UNESCO (2023), Empowering girls in Peru through science, https://www.unesco.org/en/articles/empowering-girls-peru-through-science.
[111] UNESCO (2022), Educación integral en sexualidad, https://education-profiles.org/es/america-latina-y-el-caribe/costa-rica/~educacion-integral-en-sexualidad.
[44] UNESCO (2021), From access to empowerment: Operational tools to advance gender equality in and through education, http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en.
[64] UNESCO (2021), Políticas de educación y equidad de género. Estudios sobre políticas educativas en América Latina, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379491?posInSet=24&queryId=40280402-78b5-4995-baec-11790aae0a9c.
[55] UNESCO (2020), A new generation: 25 years of efforts for gender equality in education.
[49] UNESCO (2020), Regional Report of the Global Education Monitoring Report series: Latin America and the Caribbean.
[82] UNESCO (2017), Cracking the code: Girls’ and women’s education in science, technology, engineering and mathematics (STEM), https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479 (accessed on 8 February 2024).
[68] UNESCO (2017), Una mirada a la profesion docente en el Peru: Futuros docentes, docentes en servicio y formadores docentes, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260917/PDF/260917spa.pdf.multi.
[107] UNESCO et al. (2018), International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach, UNESCO, https://doi.org/10.54675/uqrm6395.
[98] UNFPA (2022), Folleto informativo sobre nacimientos en niñas y adolescentes, https://costarica.unfpa.org/es/publications/folleto-sobre-nacimientos-en-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-costa-rica-datos-2021.
[114] UNFPA (2020), International Technical and Programmatic Guidance on Out-of-School Comprehensive Sexuality Education (CSE), https://www.unfpa.org/featured-publication/international-technical-and-programmatic-guidance-out-school-comprehensive.
[97] UNFPA (2020), Socioeconomic consequences of adolescent pregnancy in six Latin American countries. Implementation of the MILENA methodology in Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexico and Paraguay., https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/eng_-_informe_consecuencias_socioeconomicas_del_embarazo_en_la_adolescencia_en_seis_paises_de_america_latina_y_el_caribe._vf.pdf.
[89] UNFPA (2013), Adolescent Pregnancy: A Review of the Evidence, https://www.unfpa.org/publications/adolescent-pregnancy.
[11] Universidad de Costa Rica (2022), Redes de cuido: por una vida digna, con calidad, autodeterminación e integridad en la vejez, https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/10/23/redes-de-cuido-por-una-vida-digna-con-calidad-autodeterminacion-e-integridad-en-la-vejez.html.
[155] Universidad de Costa Rica (2015), Encuesta Actualidades 2015, https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2015/estadistica-encuesta-actualidades-2015.pdf.
[140] USAID (2016), Improving women’s land rights in Colombia, https://www.tetratech.com/pdf/download?url=http://localhost%252fen%252fdocs%252fpd14%252d271%252dimproving%252dwomens%252dland%252drights%252din%252dcolombia%252epdf.
[86] VHTO, (Dutch) National Expert Organisation Girls/ Women and Science/Technology (2014), “Talent Viewed: Evaluation of a Project Aimed at Breaking Down (Gender) Stereotypes about STEM and STEM-Talents in Primary Schools in the Netherlands”, International Journal of Gender, Science and Technology, https://www.vhto.nl/fileadmin/user_upload/documents/publicaties/Talent_Viewer.pdf.
[43] Wahlstrom, K. (2003), Flickor pojkar och pedagoger [Girls, boys and pedagogues].
[38] WIEGO/ILO/UNICEF (2020), Family-Friendly Policies for Workers in the Informal Economy, https://www.unicef.org/reports/family-friendly-policies-workers-informal-economy.
[131] World Bank (2023), Base de datos de Indicadores principales sobre el mercado laboral, https://datos.bancomundial.org/indicator/SL.EMP.SELF.MA.ZS?name_desc=false&view=map.
[148] World Bank (2023), Doing Business Historical Data, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/excel/Historical-data---complete-data-with-scores.xlsx.
[133] World Bank (2023), Gender Portal Data Costa Rica, https://genderdata.worldbank.org/countries/costa-rica/.
[39] World Bank (2022), Opportunities for Reducing Poverty and Inequality in Costa Rica : World Bank Poverty and Inequality Assessment, http://hdl.handle.net/10986/38051.
[25] World Bank (2022), Women, Business and the Law 2022, https://wbl.worldbank.org/en/reports.
[138] World Bank (2021), Doing Business 2020 Costa Rica, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/costa-rica/CRI.pdf.
[127] World Bank (2019), Colombia Gender Assessment, http://hdl.handle.net/10986/32006.
[139] World Bank (2019), Costa Rica:Gender action plan for the national REDD+ strategy, https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/documents/gender/costa-rica/Costa%20Rica%20Gender%20Action%20Plan_Eng.pdf.
[88] World Bank (2018), Towards Equal? Women in Central America, https://documents1.worldbank.org/curated/en/940661534521240623/pdf/Toward-Equal-Woman-in-Central-America.pdf.
[170] Yalley, A. and M. Olutayo (2020), Gender, masculinity and policing: An analysis of the implications of police masculinised culture on policing domestic violence in southern Ghana and Lagos, Nigeria.