La justicia ambiental trata de poner solución a una serie de problemas a los que se enfrentan de manera reiterada diversas comunidades y grupos. Entre ellos figuran la exposición desproporcionada a los peligros ambientales, el acceso desigual a los servicios ambientales y el recelo por las implicaciones dispares de las políticas ambientales, que puede verse agravado por la falta de un compromiso significativo y de recursos jurídicos.
En un tiempo en que los países redoblan sus esfuerzos para hacer frente a la degradación ambiental, la contaminación y el cambio climático, la justicia ambiental es más pertinente que nunca, pues puede arrojar luz sobre la manera de garantizar la equidad en los procesos y resultados de la formulación de políticas ambientales.
Este informe examina la pluralidad del concepto de justicia ambiental, sus pilares conceptuales subyacentes y su aparición en diferentes contextos de todo el mundo. Asimismo, recoge el primer inventario de políticas sobre cómo los gobiernos de los países de la OCDE, pero no solo de ellos, están tratando de resolver los problemas de justicia ambiental, basándose en las 26 respuestas a la Encuesta sobre Justicia Ambiental de la OCDE y en un análisis documental complementario de un conjunto más amplio de países.
El informe describe las distintas formas en que se persigue la justicia ambiental, ya sea directamente a través de leyes específicas o indirectamente mediante salvaguardias adicionales para las personas más vulnerables. La puesta en valor de las diferentes palancas de que disponen los responsables políticos y los ejemplos sobre su aplicación práctica en distintos contextos sirve para fundamentar mejor los esfuerzos presentes y futuros en materia de justicia ambiental.
Al poner de manifiesto no solo los retos comunes e integradores, sino también las principales estrategias, se refuerzan los argumentos en favor del aprendizaje mutuo entre países. Con este fin, es de esperar que las ideas y prácticas recogidas en este informe impulsen los avances en materia de justicia ambiental en todos los países de la OCDE, pero no solo en ellos.