Este capítulo reúne diversas conceptualizaciones de la justicia ambiental basadas en una revisión bibliográfica. Además, traza la evolución de la justicia ambiental en todo el mundo, destacando el uso que de la idea han llegado a hacer las distintas partes interesadas. A continuación, desentraña algunas cuestiones sustantivas a través de las cuales pueden manifestarse los problemas de justicia ambiental, así como algunos de sus factores subyacentes.
Justicia ambiental
Contexto, retos y estrategias nacionales
Resumen
El progreso en materia de justicia ambiental empieza por reconocer que “el medio ambiente está socialmente diferenciado y disponible de forma desigual” (Walker, 2012, p. 214[1]). Es un concepto plural que carece de definición universal (Debbané and Keil, 2004[2]) y que engloba un amplio conjunto de ideas en torno a la justicia definida en términos de distribución, procesos y reconocimiento (Schlosberg, 2007[3]). En un tiempo en que los países redoblan sus esfuerzos para hacer frente a la degradación ambiental, la contaminación y el cambio climático, el concepto de justicia ambiental puede arrojar luz sobre la manera de garantizar la equidad en los procesos y resultados de la formulación de políticas ambientales.
La historia del concepto revela que la justicia ambiental ha evolucionado de forma diferente según las regiones (Schlosberg, 2013[4]). La diversidad de enfoques políticos y académicos a lo largo de las décadas en los distintos países corre en paralelo a las diferencias en las prioridades concedidas a comunidades y preocupaciones específicas de justicia ambiental. Los esfuerzos deliberados de los activistas por crear redes transnacionales han dado pie con frecuencia a la transferencia y la difusión de ideas en torno a la justicia ambiental (Debbané and Keil, 2004[2]). Si bien se cree que el origen del concepto está en los Estados Unidos, ya se ha extendido a escala internacional, como lo atestiguan las investigaciones que documentan movimientos que tratan preocupaciones similares en todo el mundo (Martinez-Alier et al., 2016[5]) (Recuadro 2.1).
2.1.1. Norteamérica
La justicia ambiental cuenta con décadas de historia que se remontan al menos a los años ochenta en los Estados Unidos, a partir de las protestas contra el vertido ilegal de residuos tóxicos en el condado de Warren, en Carolina del Norte, de población predominantemente afroamericana y con bajos ingresos (Schlosberg and Collins, 2014[6]). Los movimientos de base comunitaria en todos los Estados Unidos y los esfuerzos por reunir pruebas1 ayudaron a concienciar sobre la exposición desproporcionada de las minorías étnicas y raciales y las poblaciones con bajos ingresos a los peligros ambientales. A raíz de ello, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) incluyó la justicia ambiental en su agenda política. Posteriormente, en 1994, se emitió la Orden Ejecutiva 128982, donde se exigía por primera vez que se tuviera en cuenta la justicia ambiental en los órganos del gobierno federal (United States Environmental Protection Agency, 2023[7]).3
El Decreto 12898 atrajo una mayor atención del mundo académico hacia la justicia ambiental en los Estados Unidos. Aunque las primeras investigaciones se centraron en documentar los diferentes emplazamientos de los residuos peligrosos (Bullard, 1983[8]), luego fueron ampliando gradualmente sus ámbitos de estudio para incluir la exposición a otros peligros ambientales, como la distribución de la contaminación atmosférica, del agua y acústica (Banzhaf, Ma and Timmins, 2019[9]) y las diferentes repercusiones de las políticas ambientales (Shapiro and Walker, 2021[10]). La agenda política de justicia ambiental se ha ido reforzando progresivamente a lo largo de los años, y la EPA la sitúa ahora en el punto central de sus actuaciones (OECD, 2023[11]). En 2021, el presidente Joe Biden firmó la Orden Ejecutiva 140084, que reforzó la agenda para “avanzar en la justicia ambiental” en el contexto de dar respuesta al cambio climático (White House, 2021[12]). Más recientemente, la Orden Ejecutiva 140965 apuntaló “el compromiso de todo el gobierno con la justicia ambiental” (White House, 2023[13]).
Cuando el movimiento estadounidense saltó a los titulares internacionales en la década de los ochenta, permitió identificar pautas similares de injusticia en otros países a lo largo del tiempo (Mohai, Pellow and Roberts, 2009[14]). En el Canadá, un reciente corpus de estudios sobre la distribución desigual de los daños ambientales, junto con el activismo en favor de la justicia ambiental, han propiciado que la justicia ambiental ocupe un lugar más destacado en la agenda política. Con investigaciones que documentan la distribución desigual de los daños ambientales, incluida la contaminación del agua en comunidades indígenas y afrocanadienses de Nueva Escocia (Waldron, 2018[15]) y exposición al mercurio en la comunidad de las Primeras Naciones de Grassy Narrows (Philibert, Fillion and Mergler, 2020[16]), cada vez se reconoce más la gravedad de las disparidades en el acceso a entorno saludable. En consecuencia, ya está en marcha un proyecto de ley para elaborar una estrategia nacional de “evaluación, prevención y lucha contra el racismo ambiental y de fomento de la justicia ambiental” (Parliament of Canada, 2023[17]).
2.1.2. Europa
Aunque el papel de los movimientos de base también es importante en Europa, la justicia ambiental se ha introducido en la agenda política de una manera relativamente vertical, en respuesta a los acuerdos intergubernamentales que pretenden promover y defender los derechos humanos (Mitchell, 2019[18]). La Convención de Aarhus6 —que establece los derechos y deberes7 para garantizar el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones ambientales— ha influido en la evolución de la Unión Europea (UE) y ha fundamentado las legislaciones y los esfuerzos de los gobiernos nacionales por determinar su papel (Bell and Carrick, 2017[19]).
Además, en algunos países europeos se ha prestado especial atención a la evaluación de los problemas de justicia ambiental por medio de la reunión de datos y la elaboración de indicadores, haciendo hincapié en la distribución espacial de las cargas ambientales relacionadas con la salud y su relación con la privación económica (Köckler et al., 2017[20]). En el Reino Unido, estas medidas se tradujeron en la recopilación de datos pormenorizados de los barrios sobre una serie de factores socioeconómicos y ambientales y en la creación de un “índice de privación múltiple”, que posteriormente sirvió de base para la elaboración de este índice en otros países, como Alemania (Fairburn, Maier and Braubach, 2016[21]). Los datos regionales recientes también documentan una exposición desigual a los riesgos ambientales y sus efectos en la salud, tanto entre los países europeos como dentro de ellos (European Environment Agency, 2018[22]).
A diferencia de lo que ocurre en Norteamérica, en Europa no se ha producido un desarrollo diferenciado del concepto de justicia ambiental en función del origen racial y étnico. Sin embargo, la relativa falta de pruebas que pongan de manifiesto estas preocupaciones también puede deberse a las limitaciones en la información, ya que algunos países europeos, entre ellos Francia, prohíben la recopilación de datos sobre orígenes raciales y étnicos.8 No obstante, existen algunos estudios cualitativos que documentan la injusticia ambiental entre las minorías étnicas de Europa. Por ejemplo, en el contexto de la transición a la economía de mercado, que ha conducido a un mayor aislamiento geográfico de las comunidades romaníes en los países de Europa Central y Oriental, numerosos estudios de casos demuestran que estas comunidades no disfrutan de un acceso equitativo a los servicios ambientales (Heidegger and Wiese, 2020[23]).
2.1.3. América Latina
El desarrollo de la agenda de justicia ambiental en los países latinoamericanos coincide con la historia de la mayor integración de la región en la economía mundial desde la década de los noventa (Rasmussen and Pinho, 2016[24]). La investigación en la región ha explorado posteriormente los riesgos asociados al rápido desarrollo industrial, como los residuos industriales y la contaminación y su impacto desproporcionado en los grupos de bajos ingresos (Carruthers, 2008[25]). La evolución de la justicia ambiental en México es ilustrativa: en los primeros años de la década de los noventa, se constató una exposición desproporcionada a los riesgos químicos en los barrios próximos a los polígonos industriales dedicados a la exportación (ibid). Las quejas de comunidades y activistas sobre las repercusiones en la salud acabaron propiciando la cooperación entre organismos públicos de México y los Estados Unidos, lo que se tradujo en el compromiso de tratar los residuos industriales a principios de la década de 2000 (ibid). Estos casos pusieron de manifiesto la falta de información y de mecanismos estructurales para abordar los problemas de justicia ambiental; en consecuencia, las administraciones implementaron una serie de medidas al respecto encaminadas, por ejemplo, a la mejora de la información sobre contaminación.
El problema de la justicia ambiental en la región se ve agravado por la rápida urbanización y los retos que plantea la provisión de viviendas y servicios adecuados, que conducen al desarrollo de asentamientos informales y barrios marginales más vulnerables a los riesgos ambientales, tanto naturales como provocados por el hombre (Vásquez et al., 2018[26]). También se ha prestado atención a las raíces históricas de la distribución desigual de la tierra y los recursos hídricos (ibid). Por ejemplo, en muchas partes de América Latina, la noción de autonomía y autodeterminación de las comunidades indígenas ha adquirido una dimensión ambiental debido al auge de las industrias, incluida la agricultura donde se hace un uso intensivo de la tierra (Ulloa, 2017[27]).
En la última década, en América Latina se ha hecho especial hincapié en la cooperación regional en favor de la justicia ambiental. La consolidación del compromiso con los derechos de acceso a la información, participación y justicia (definidos en términos de recurso jurídico) en materia ambiental por parte de varios países latinoamericanos en la Cumbre Río+20 de 2012 ha llevado posteriormente a la celebración del Acuerdo de Escazú, un instrumento jurídico regional que garantiza y promueve estos derechos (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2022[28]) (Recuadro 2.1). Por tanto, la noción de justicia ambiental en la región pone de relieve la participación y el acceso al recurso jurídico. Esta evolución puede reflejar, entre otras cosas, el carácter transfronterizo de grandes biomas como la selva amazónica, así como la preocupación por la aparente impunidad de los autores de delitos y agresiones contra los activistas en favor del medio ambiente.9 Por ejemplo, en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, los Estados partes aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales (United Nations, 2024[29]). El Plan destaca prioridades y medidas estratégicas para avanzar en la aplicación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
2.1.4. Asia-Pacífico
A diferencia de muchos otros países en los que los movimientos de justicia ambiental se afianzaron tras los movimientos catalizadores de los Estados Unidos, la justicia ambiental no es un concepto al que se haga referencia habitualmente en el Japón (Fan and Chou, 2017[30]) y Australia (Schlosberg, Rickards and Byrne, 2018[31]). No obstante, el término se ha utilizado en los contextos más amplios de los estudios sobre la contaminación ambiental durante el crecimiento industrial a finales de la década de 1950 10 en el Japón (Fan and Chou, 2017[30]). El término también se ha adoptado por las comunidades aborígenes australianas, cuya preocupación ambiental por los recursos naturales refleja su conexión con el lugar y su sentido de la obligación moral y espiritual de cuidar el “país”11 (Schlosberg, Rickards and Byrne, 2018[31]). Aunque el término tampoco es común en Nueva Zelandia, el planteamiento cultural de las políticas pretende reconocer los efectos dispares que la acción ambiental y climática puede tener en las poblaciones indígenas (Ministry for the Environment, 2022[32]).
Corea del Sur es una notable excepción en la región, pues se ha prestado una atención cada vez más explícita a la justicia ambiental en la política ambiental de las últimas décadas. El concepto atrajo la atención pública por primera vez en 1999, cuando el Foro de Justicia Ambiental, dirigido por activistas ambientales, dio visibilidad al problema de la desigualdad de acceso al agua potable (Bell, 2014[33]). El mayor reconocimiento de la calidad ambiental diferenciada entre comunidades y regiones ha llevado a Corea del Sur a adoptar medidas paliativas, entre ellas la modificación de la Ley marco de política ambiental en 2019.
2.1.5. África
En África, se ha producido un notable desarrollo de la justicia ambiental en Sudáfrica, que puede remontarse a los movimientos de finales de los años ochenta, en el contexto de una lucha más amplia por la democracia, y que cobró impulso a principios de los noventa (McDonald, 2002[34]). Los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel importante a la hora de llamar la atención sobre los fallos de las anteriores políticas ambientales y la exposición a residuos tóxicos (Lukey, 2002[35]). La justicia ambiental entró en el acervo popular sudafricano en la conferencia organizada por Earthlife Africa, uno de cuyos principales resultados fue la creación de una organización de ámbito nacional que coordinara las actividades de los activistas por la justicia ambiental y social (McDonald, 2002[34]). El reconocimiento de los derechos ambientales, incluido el acceso a la participación, se plasmó en la Carta de Derechos de 1994, adoptada posteriormente en la nueva Constitución en 1996 (Hall and Lukey, 2023[36]).
Gran parte de la investigación sobre justicia ambiental en África se ha basado en el contexto del desarrollo económico, elucidando los vínculos entre los peligros que plantean ciertas industrias y su simultánea centralidad en sus economías nacionales. Se presta especial atención a las consecuencias de las industrias extractivas (Aldinger, 2013[37]; Banza et al., 2009[38]; Martinez-Alier, 2001[39]) o los residuos electrónicos (Akese and Little, 2018[40]) sobre la salud humana y el medio ambiente. También hay quien subraya que el alcance de la justicia ambiental podría ser, de hecho, más amplio en el África subsahariana de lo que a menudo se prevé en otros países, lo que refleja la naturaleza única de la relación de las comunidades rurales con la tierra y su dependencia de los recursos naturales (Aldinger, 2013[37]).
El movimiento por la justicia ambiental se ha descrito como “arraigado localmente pero conectado globalmente” (Cock, 2006, p. 22[41]). Un resultado ilustrativo de la deliberada creación de redes transnacionales de activismo por la justicia ambiental es el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), creado en 2014. El EJAtlas es un archivo interactivo en línea que documenta y cataloga casos de conflictos socioambientales en todo el mundo (Global Environmental Justice Atlas, 2024[42]). Es un ejemplo de la evolución de la justicia ambiental como activismo y campo de investigación, y de su mantenimiento se ocupan colaboradores de distintos países, incluidas organizaciones de la sociedad civil y académicos.
El EJAtlas da visibilidad a casos de justicia ambiental que de otro modo pasarían desapercibidos (Martinez-Alier et al., 2016[5]). Aunque cada incidencia documentada refleja agravios locales, llama la atención sobre la prevalencia de los problemas de justicia ambiental en todo el mundo. En los últimos 50 años, se han documentado más de 3.300 casos (Global Environmental Justice Atlas, 2024[42]).
Como demuestra la historia entre regiones, el concepto de justicia ambiental articula un conjunto diverso de ideas, y actualmente no existe una definición o métrica universal para medir la justicia ambiental (Walker, 2012[1]). Las diferentes formas en que se manifiestan las preocupaciones por la justicia ambiental pueden limitar el grado en que el concepto puede definirse de manera útil en todos los países. Sin embargo, hay elementos recurrentes que pueden considerarse pilares conceptuales clave de la justicia ambiental: i) justicia distributiva, ii) procedimental y iii) de reconocimiento (Schlosberg, 2004[43]).
2.2.1. Justicia distributiva
Como reflejo de los orígenes históricos enraizados en el activismo que dio visibilidad a las desigualdades ambientales, las cuestiones distributivas suelen estar en el centro de la justicia ambiental. La justicia distributiva apela a la necesidad de contemplar la repercusión de los múltiples patrones de desigualdad existentes basados en las características de las comunidades sobre la exposición desigual, la vulnerabilidad a los peligros ambientales y la incapacidad de acceder a los servicios ambientales, así como el efecto diferenciado que las políticas pueden tener en las comunidades.
2.2.2. Justicia procedimental
La justicia ambiental también destaca la importancia de los procesos y procedimientos, reconociendo la necesidad de comprender cómo se toman las decisiones y quién puede participar e influir en las decisiones en materia de medio ambiente. La justicia procedimental puede entenderse como un medio para corregir la distribución desigual o como un fin en sí misma para lograr la justicia ambiental (Bell and Carrick, 2017[19]). Como reflejo de esta doble importancia, los movimientos de justicia ambiental a menudo reclaman diversos formatos de participación que estén en sintonía con la diversidad de las comunidades (por ejemplo, cultural y lingüística) para permitir su participación significativa en la toma de decisiones ambientales (Schlosberg, 2004[43]). La importancia fundamental de una participación destacada en la toma de decisiones ambientales y del acceso a la información como derechos humanos también queda patente en diversos instrumentos internacionales y regionales (Recuadro 2.2).
2.2.3. Justicia de reconocimiento
La justicia de reconocimiento identifica la falta de respeto y la infravaloración sistemática de determinadas comunidades como fuente de injusticia (Whyte, 2017[44]). La falta de reconocimiento puede deberse a la omisión de las distintas identidades y patrimonios ambientales y culturales (Schlosberg, 2004[43]; Fraser, 2000[45]). La justicia de reconocimiento se debate a menudo en los contextos de las minorías racializadas y los pueblos indígenas, pero es un concepto global que advierte contra la generalización sistémica y excesiva de grupos y comunidades (Whyte, 2017[44]).12 Por lo tanto, el respeto de los diversos valores y experiencias de las comunidades se considera una condición necesaria para alcanzar la justicia distributiva y procedimental. Gráfico 2.1 describe las complejas interrelaciones que ponen de manifiesto cómo estos tres pilares de la (in)justicia pueden reforzarse mutuamente.
Fuente: Adaptado de (Walker, 2012, p. 65[1])
La Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convención de Aarhus), 1998
Aunque la Convención no hace referencia explícita a la justicia ambiental, obliga a las partes a garantizar los derechos de acceso a la información, participación en la toma de decisiones y justicia con el objetivo de “contribuir a la protección del derecho de toda persona de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y bienestar” (UNECE, 1998[46]). En la Unión Europea, estas obligaciones se han traducido en la legislación europea a través de directivas que son directamente aplicables en todos los Estados miembros de la UE a través de la Directiva sobre el acceso público a la información ambiental (2003/4/CE) y la Directiva sobre la participación del público (2003/35/CE) (European Commission, n.d.[47]).
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, 2018
Con un enfoque similar sobre los derechos procedimentales, el Acuerdo de Escazú es un instrumento dirigido tanto a la protección del medio ambiente como de los derechos humanos (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2018[48]). El Acuerdo hace especial hincapié en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad e incluye disposiciones especiales para proteger sus derechos a la información, la participación y la justicia. Las personas y grupos en situación de vulnerabilidad también se definen en el artículo 2 (e) del Acuerdo: por “personas o grupos en situación de vulnerabilidad” se entiende aquellas personas o grupos que encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso reconocidos en el presente Acuerdo, por las circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto nacional de cada Parte y de conformidad con sus obligaciones internacionales (ibid). Ha sido ratificado por 16 países, lo que lo convierte en un instrumento clave para el fomento de la justicia ambiental en las regiones. Las partes en el Acuerdo de Escazú ponen en práctica los principios especificados individualmente.
Principios comunes y particularidades regionales
La Convención de Aarhus y el Acuerdo de Escazú, aunque separados por dos decenios en sus respectivas adopciones, son ambos importantes elaboraciones del Principio 10 de la Declaración de Río (Barritt, 2020[49]), que señala que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda” (United Nations, 1992[50]). Sin embargo, existen diferencias importantes, que reflejan las expresiones regionalmente diferenciadas de los valores aparentemente universales de promoción de los derechos de acceso (Barritt, 2020[49]). Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú es el primer pacto internacional que contiene disposiciones (artículo 9) para mejorar la protección de los defensores de los asuntos ambientales (Andrade-Goffe, Excell and Sanhueza, 2023[51]).
2.2.4. Justicia ambiental y conceptos conexos
Como reflejo de la expansión del discurso de la justicia ambiental en la coordenada espacial y temporal, los conceptos con apelativos de “justicia” o “justo” se han ampliado en la última década (Agyeman et al., 2016[52]). En particular, el concepto de “justicia climática” ha ganado terreno en el discurso político de los últimos años. El origen del término justicia climática guarda una estrecha relación con la evolución de la justicia ambiental (Schlosberg and Collins, 2014[6]). El cambio climático tiene una importante dimensión distributiva, tanto en sus causas como en sus efectos, como demuestra la gran desigualdad de las emisiones entre los países y dentro de ellos (Bruckner et al., 2022[53])13 y las cargas que soportan aquellos con menos responsabilidad respecto de las emisiones históricas (Agyeman, Bullard and Evans, 2002[54]). También recurren a él diferentes partes interesadas para movilizar la acción y debatir las pérdidas y daños, la responsabilidad histórica y la distribución de la financiación y las necesidades de adaptación (Wang and Lo, 2021[55]), especialmente en los países de renta baja (Resnik, 2022[56]). La justicia climática también tiene hunde sus raíces en la justicia intergeneracional, ya que cuestiona la insuficiente atención que se presta al bienestar de los niños, los jóvenes y las generaciones futuras (Gibbons, 2014[57]).
“Transición justa” es otro término que ha cobrado importancia a medida que se visibilizan las consecuencias distributivas de la transición hacia economías más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Reconociendo las oportunidades y los retos que conlleva la magnitud de la transformación económica y social necesaria para hacer frente a los acuciantes desafíos ambientales, incluido el cambio climático, llama la atención sobre la necesidad de garantizar que nadie se quede atrás y de que las políticas compensen el impacto perturbador de la transición (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023[58]). En origen un término acuñado en el entorno laboral14, utilizado por los sindicatos en la década de 1980 para abogar por una mayor protección de los trabajadores que se enfrentaban a la perspectiva del desempleo debido a la reestructuración económica inducida por las políticas, se ha ampliado para englobar múltiples efectos sociales y económicos de transición, como el acceso a la energía. (Wang and Lo, 2021[55]). El concepto ha ganado reconocimiento como principio rector para el diseño y la aplicación de políticas, basándose en el amplio respaldo internacional a las “Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos” (International Labour Organization, 2016[59]).
Existen considerables ambigüedades en la forma de definir y utilizar la justicia ambiental, la justicia climática y la transición justa en el debate político. No obstante, a menudo se interpretan con un énfasis común en la equidad y la justicia, lo que refleja sus orígenes y su influencia mutua. Además, todos destacan la vulnerabilidad específica de algunas comunidades, apelando a la desproporcionalidad de las cargas y la importancia de los aspectos distributivos y procedimentales (McCauley and Heffron, 2018[60]).
Aunque los estudios sobre justicia ambiental suelen asociarse a las repercusiones en lugares y comunidades concretos (Rasmussen and Pinho, 2016[24]), existen importantes dimensiones nacionales y regionales. Del mismo modo, aunque la justicia climática suele vincularse a las implicaciones internacionales del cambio climático, los efectos desiguales del cambio climático y las necesidades de adaptación se manifiestan a escala local, regional y nacional (Schlosberg and Collins, 2014[6]). Por ejemplo, los grupos de renta baja de los países en desarrollo pueden ser más vulnerables al cambio climático que los grupos de renta más alta de esos países, debido a inversiones sesgadas en la reducción del riesgo de desastres en las zonas prósperas15 y a los precios más bajos de viviendas y terrenos que llevan a sus asentamientos desproporcionados en áreas propensas a riesgos (Hallegatte et al., 2020[61]). El concepto de transición justa, por su parte, pone de relieve el variado impacto sectorial de la transición hacia economías más sostenibles desde el punto de vista ambiental; sin embargo, tiene también una vertiente multiescalar en la medida en que la transformación social y económica que requiere la transición también conlleva implicaciones nacionales e internacionales (McCauley and Heffron, 2018[60]).
Se puede hacer otra distinción en la dimensión temporal. Algunos investigadores consideran que, aunque en la justicia ambiental y la justicia climática se entrelazan las consecuencias duraderas de las injusticias del pasado y la necesidad apremiante de dar respuesta a las preocupaciones distributivas del presente, la justicia climática y la transición justa también requieren abordar con un prisma distinto las futuras trayectorias (Jenkins, 2018[62]). A pesar de estos notables solapamientos en la teoría y la práctica, estos conceptos también sirven al propósito distinto e igualmente importante de contextualizar los debates políticos y fundamentar el diseño de las políticas.
La naturaleza específica del contexto de las pruebas sobre la injusticia ambiental impide generalizar sobre la situación de los diferentes países. Por ejemplo, aunque los estudios sobre justicia ambiental apuntan a que los grupos de renta baja tienden a experimentar desigualdad en los resultados ambientales, la caracterización de estos grupos como universalmente desfavorecidos no siempre es válida, ya que existen matices locales e importantes excepciones (Hajat, Hsia and O’Neill, 2015[63]).
Sin embargo, decenios de investigación interdisciplinar han revelado que existen también ciertos puntos en común entre las preocupaciones por la justicia ambiental entre los diferentes lugares y momentos, que incluyen las tres siguientes cuestiones sustantivas clave: i) desigualdad en la exposición a los peligros ambientales y el acceso a los servicios ambientales, ii) desigualdad en la distribución de los costes y beneficios de la política ambiental, y (iii) barreras de acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones y recursos jurídicos. Las características de los segmentos de la población que sufren las consecuencias de manera desproporcionada y el grado en que se consideran problemáticas determinadas cuestiones son necesariamente distintos entre los países. También es importante señalar que estas tres cuestiones sustantivas no son exhaustivas, sino que son puntos recurrentes que tienen implicaciones para la justicia ambiental y consecuencias sanitarias en las poblaciones afectadas. Sin embargo, su prominencia sugiere que hay margen para que los gobiernos aprendan unos de otros en materia de detección, análisis y solución de estos problemas.
2.3.1. Desigualdad en la exposición a los peligros ambientales y el acceso a los servicios ambientales
La investigación sobre justicia ambiental lleva mucho tiempo documentando la distribución desigual y la exposición a riesgos ambientales tanto naturales como provocados por el hombre. Entre ellos figuran los siguientes: i) contaminación de fuentes puntuales (por ejemplo, liberación de sustancias químicas tóxicas de instalaciones industriales), ii) contaminación de fuentes no puntuales (por ejemplo, contaminación del agua por escorrentía agrícola) y iii) riesgos naturales (por ejemplo, inundaciones). Si bien algunos de los contaminantes tienen vías de exposición establecidas y reconocidas, existen otras a las que a menudo se les presta poca atención o no se comprenden en su justa medida (igual sucede con la desigual disponibilidad de medios para hacerles frente). Además, investigaciones recientes también han ampliado el alcance de la investigación para tomar en cuenta las diferencias en el acceso a los servicios ambientales, que pueden agravar las vulnerabilidades existentes.
Estas desigualdades también pueden aumentar los riesgos de resultados adversos para la salud y el bienestar de unas comunidades que ya sufren las consecuencias nefastas de la contaminación. Con pruebas que demuestran la relación entre la salud y contaminantes como la polución atmosférica —la principal causa ambiental de mortalidad (Manisalidis et al., 2020[64])— la desigualdad en la exposición puede interactuar con otros determinantes sociales de la salud 16 y vulnerabilidades individuales y agravar aún más las diferencias en los efectos sobre la salud.
Tipos de contaminación y mecanismos de adaptación desigualmente disponibles
Contaminación de fuentes puntuales
Como reflejo del origen histórico del movimiento por la justicia ambiental y, en parte, de la omnipresencia de la producción de residuos en la vida moderna, los datos que describen las desigualdades en la exposición a los riesgos ambientales son especialmente abundantes en lo que respecta a los residuos peligrosos y la contaminación atmosférica, acuática y terrestre relacionada con ellos en todo el mundo (Walker, 2012[1]). Mientras que las primeras investigaciones se centraron en la relación entre raza e ingresos y la ubicación de instalaciones como vertederos de residuos (Been, 1994[65]) e incineradoras (Bullard, 1990[66]; Bullard, 1983[8]) en los Estados Unidos, los análisis académicos se fueron ampliando en los decenios sucesivos para incluir una serie de fuentes puntuales de contaminación, así como el impacto de una matriz más amplia de factores socioeconómicos y características geográficas (Sze and London, 2008[67]). Por ejemplo, ahora hay pruebas que ponen de relieve una serie de preocupaciones relativas a las cargas ambientales que soportan los inmigrantes en las regiones industriales (Viel et al., 2011[68]) o las comunidades rurales que viven cerca de explotaciones ganaderas industriales (Kravchenko et al., 2018[69]), así como sobre los efectos localizados de las actividades transnacionales (Recuadro 2.4).
Aunque se sigue debatiendo sobre el origen de esta exposición desigual (Recuadro 2.4), se han producido algunos avances metodológicos en la determinación de la exposición desigual a estas fuentes puntuales de contaminación. En consecuencia, se ha apartado el foco de la “coincidencia unidad-peligro”, que compara la composición demográfica de las unidades geográficas que contienen los peligros (con la dificultad añadida de que no tiene en cuenta la exposición de las comunidades ubicadas en las inmediaciones de la unidad elegida) con la distancia a las fuentes de contaminación (Banzhaf, Ma and Timmins, 2019[70]). Aunque la proximidad a las fuentes de contaminación sigue siendo fundamental para entender la exposición desigual, otras metodologías más matizadas incorporan las diferentes propiedades físicas y químicas de los contaminantes y sus patrones de dispersión (Cain et al., 2023[71]).
Contaminación de fuentes no puntuales
A diferencia de la contaminación de fuentes puntuales, la contaminación de fuentes no puntuales (conocida también como contaminación difusa) se produce a partir de múltiples contaminantes y fuentes heterogéneas (por ejemplo, hogares, escorrentía agrícola) a las que a menudo no se pueden atribuir con precisión las unidades individuales de emisiones (Xepapadeas, 2011[72]).17 La distribución de los efectos de la contaminación del agua puede suponer una carga desproporcionada para algunas comunidades, lo que refleja la interconexión de los sistemas hídricos. Por ejemplo, las cuencas18 pueden actuar como canal tanto para la contaminación puntual como para la difusa y transferir los costes de la contaminación aguas arriba a las comunidades con menos recursos situadas al final de la cuenca hidrográfica (Finewood et al., 2023[73]). Debido a la dificultad de atribuir la causa de la contaminación de fuentes no puntuales de las aguas subterráneas y superficiales a agentes heterogéneos y a los elevados costes de transacción de la coordinación (OECD, 2012[74]), puede resultar difícil corregir la exposición desigual, que se manifiesta en la disponibilidad desigual de agua potable segura y asequible (Karasaki et al., 2023[75]).
El comercio internacional y el contexto transnacional en el que operan las empresas pueden ser cuestiones pertinentes a la hora de elaborar una política ambiental a nivel nacional. Las investigaciones en materia de justicia ambiental ponen también sobre la mesa, por ejemplo, la incidencia del comercio de residuos tóxicos y la extracción de materiales sobre las desigualdades económicas mundiales, y en este sentido han acuñado el término “intercambio ecológico desigual” (Pellow, 2008[76]; Martinez-Alier, 2001[39]). Aunque está en una fase relativamente incipiente, existe un corpus de investigación que estudia el impacto local ambiental (por ejemplo, agua y energía) y social del rápido desarrollo de estrategias orientadas a la importación para ampliar el uso del hidrógeno producido a partir de energías renovables (Müller, Tunn and Kalt, 2022[77]; Dillman and Heinonen, 2022[78]).
Comercio internacional y efectos ambientales
El comercio internacional ha aportado innumerables beneficios económicos y mayor bienestar, ha sacado de la pobreza a millones de personas y ha proporcionado medios y oportunidades para mantener los medios de subsistencia en diferentes países (World Bank Group and World Trade Organization, 2015[79]). Sin embargo, aunque el comercio puede contribuir a la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, permitiendo la transferencia de tecnologías limpias (Garsous and Worack, 2021[80]), se ha puesto en tela de juicio su incidencia global sobre el medio ambiente. Reconociendo las oportunidades y los retos de fomentar el comercio abierto al tiempo que se mitigan sus repercusiones negativas, los países han puesto en marcha mecanismos para integrar las consideraciones ambientales en sus acuerdos comerciales. Entre los ejemplos cabe citar la “ventanilla única”, un mecanismo público aplicable a todos los acuerdos de libre comercio de la UE al que puede recurrir la ciudadanía para denunciar el incumplimiento de los compromisos de sostenibilidad (European Commission, n.d.[81]). En este sentido, muchos países incluyen cada vez más disposiciones ambientales en los Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) negociados entre socios comerciales (OECD, 2023[82]).
El papel de las empresas
El movimiento por la justicia ambiental también reconoce desde hace tiempo las repercusiones de las actividades de las empresas (Foerster, 2019[83]). Cabe señalar a este respecto los movimientos que se produjeron en Estados Unidos en la década de 1990, que pusieron de relieve la responsabilidad de las empresas multinacionales. Estas preocupaciones mantienen su pertinencia, pues persisten los problemas de justicia ambiental, por ejemplo, en el contexto de la extracción de recursos, la eliminación de residuos (Martínez Alier, 2020[84]) y la seguridad química. El EJAtlas (véase también el Recuadro 2.2) identifica más de mil litigios entre comunidades y empresas (Global Environmental Justice Atlas, 2024[42]).
Por ejemplo, la catástrofe de gas de Bhopal (India), ocurrida hace 40 años durante las operaciones de Union Carbide, causó la muerte de miles de personas y heridas permanentes a cientos de miles más, y está ampliamente considerada como la catástrofe industrial química más grave hasta la fecha (Eckerman and Børsen, 2021[85]). A pesar de la escasa publicidad de las secuelas de Bhopal, su legado socioeconómico y ambiental perdura: las mujeres siguen padeciendo problemas de salud reproductiva, los niños siguen sufriendo discapacidades cognitivas, las enfermedades crónicas están muy extendidas y el agua y el suelo siguen contaminados (Deb, 2023[86]). También están probados los efectos a largo plazo sobre el empleo, pues aquellos que estaban en el vientre materno en el momento de la catástrofe tienen más probabilidades de sufrir una discapacidad que afecte a su empleo, presentan tasas de cáncer más elevadas y se quedan en un nivel educativo inferior (McCord et al., 2023[87]).
Estas tragedias, y sus repercusiones a largo plazo, demuestran el impacto crítico que las actividades empresariales pueden tener en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Al mismo tiempo, estas cuestiones ponen de relieve la importancia de estudiar cómo la comunidad empresarial, independientemente de su tamaño y de la ubicación de sus operaciones, puede asumir un papel más activo en la prevención del impacto adverso sobre el medio ambiente. En este contexto, la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable proporciona principios y acciones prácticas para detectar, prevenir y mitigar los efectos adversos de sus operaciones, cadenas de suministro y otras relaciones comerciales, al tiempo que reconoce y promueve las contribuciones positivas de las empresas (OECD, 2018[88]).
Peligros naturales y cambio climático
En un tiempo en que el impacto del cambio climático es cada vez más visible, la investigación ha puesto también el foco sobre la distribución desigual de los riesgos ambientales (Collins and Grineski, 2018[89]). Como demuestran claramente acontecimientos devastadores como el huracán Katrina de 2005, los peligros naturales afectan a las comunidades de forma diferente a lo largo de todo su ciclo, desde el impacto inicial y la evacuación hasta la recuperación después del desastre (Bullard and Wright, 2018[90]). Un gran número de estudios ha documentado el impacto desproporcionado de los peligros naturales en las comunidades y las personas. Por ejemplo, hay análisis que evidencian la desigualdad en la exposición a largo plazo de las comunidades indígenas a la contaminación atmosférica provocada por los incendios forestales (Casey et al., 2024[91]), así como la tasa de mortalidad significativamente más alta de las personas con discapacidad durante los desastres naturales (Stein and Stein, 2022[92]).19 Sin embargo, como la cercanía a un espacio propenso al riesgo conlleva tanto peligros ambientales como ventajas (por ejemplo, acceso al mar y al río), no es posible hacer una caracterización simplista de las vulnerabilidades en términos de dimensión espacial (Collins and Grineski, 2018[89]).
Es importante señalar que cada vez se reconocen más las interrelaciones entre los riesgos ambientales de origen humano y los riesgos climáticos. Los accidentes industriales provocados por fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más preocupantes y exponen a las comunidades de las inmediaciones a graves riesgos (Johnston and Cushing, 2020[93]). Incluso tras el cierre de las instalaciones industriales, los contaminantes del agua y el suelo procedentes de las instalaciones heredadas pueden seguir redistribuyéndose por inundaciones y huracanes, generando nuevas desigualdades en la intersección de la contaminación heredada y el aumento de la gravedad y frecuencia de los peligros naturales (Marlow, Elliott and Frickel, 2022[94]). Estas preocupaciones demuestran la creciente importancia del reto que supone rectificar los problemas persistentes del pasado y, al mismo tiempo, mitigar el impacto climático previsto en el futuro.
Desigualdad en los mecanismos de adaptación
Las limitaciones financieras pueden agravar la desigualdad en la exposición e impedir que las comunidades vulnerables a los contaminantes y peligros puedan adaptarse con estrategias como la reubicación o la adquisición de productos o tecnologías de mitigación (Ezell et al., 2021[95]; Boyd, 2023[96]). Los mecanismos de adaptación al agua insalubre, por ejemplo, conllevan cargas económicas adicionales por la compra de agua embotellada y la inversión en costosos sistemas de filtrado —opciones que pueden no estar al alcance de los grupos con bajos ingresos—, así como malestar psicológico (Karasaki et al., 2023[75]). Otro ejemplo son las limitaciones financieras para adaptarse y hacer frente a los efectos del clima, como las olas de calor cada vez más frecuentes. Algunas investigaciones han revelado que el gasto energético reacciona en menor medida a las temperaturas extremas en los hogares de renta baja, lo que sugiere una capacidad de adaptación diferencial (Doremus, Jacqz and Johnston, 2022[97]).
Incluso cuando se dispone de medidas políticas para corregir la exposición desigual, la investigación empírica sugiere que la asimilación y la participación de las comunidades vulnerables pueden verse obstaculizadas por diversas barreras en la práctica. En el caso del programa de inspección y sustitución de tuberías de plomo para garantizar la salubridad del agua potable en los Estados Unidos, varias barreras no económicas, como la falta de confianza en los sistemas de abastecimiento de agua, la ausencia de conocimientos y la inconveniencia de concertar citas, dificultaron la participación en el programa (Klemick et al., 2024[98]). Las barreras financieras también pueden limitar la participación, sobre todo en las zonas menos prósperas, en las que la carga de los costes recae en los usuarios debido a la incapacidad de los proveedores de servicios públicos para acceder a créditos y fondos públicos, lo que hace que la participación tenga un coste prohibitivo para muchos grupos de bajos ingresos (Klemick et al., 2024[98]; Allaire and Acquah, 2022[99]).
Aunque los estudios observacionales que documentan los vínculos entre los resultados ambientales y sociales tienden a examinar los problemas de justicia ambiental, la evidencia que explora sus orígenes es relativamente limitada (Knoble and Yu, 2023[100]). El establecimiento y la explicación de la causalidad ha resultado todo un reto, sobre todo porque la movilidad de las personas y sus elecciones de establecimiento residencial requieren análisis longitudinales que recojan la composición demográfica antes y después de la decisión de establecimiento (Mohai and Saha, 2015[101]).
La investigación existente ha llegado a diversas conclusiones (Mohai, Pellow and Roberts, 2009[14]). Puede producirse una exposición desigual a los residuos peligrosos, por ejemplo, a raíz de una intención discriminatoria en las decisiones de ubicación de las instalaciones. Por ejemplo, se ha constatado (Bullard, 1990[66]) que la discriminación racial contra las comunidades afroamericanas de los Estados Unidos motivó el emplazamiento de ciertas instalaciones peligrosas. En este sentido, las decisiones pueden reflejar consideraciones sociopolíticas, ya que las empresas optan por el “camino de menor resistencia”: allí donde las comunidades están menos preparadas para movilizarse y oponerse (Collins, Munoz and Jaja, 2016[102]). Sin embargo, algunos estudios han revelado también que las empresas toman sus decisiones iniciales de implantación basándose en los costes económicos convencionales, incluido el acceso a mano de obra y terrenos de bajo coste (Wolverton, 2009[103]). No obstante, incluso cuando las decisiones no son intencionadamente discriminatorias, pueden acabar afectando de forma desproporcionada con el tiempo a las comunidades socioeconómicamente desfavorecidas debido a la dinámica del mercado, al reducir el valor del suelo y de la propiedad de las zonas circundantes (Mohai, Pellow and Roberts, 2009[14]). También es probable que estas dinámicas que influyen en la catalogación de la empresa y la vivienda interactúen entre sí (Cain et al., 2023[71]).
Los diversos factores que explican la sobrerrepresentación de algunas comunidades en las zonas próximas a las amenazas sugieren que estas desigualdades deben evaluarse a múltiples escalas y a lo largo del tiempo con la participación de las comunidades afectadas; de lo contrario, su generalización puede enmascarar vulnerabilidades específicas y acentuar su falta de reconocimiento (Walker, 2012[1]).
Servicios ambientales
Las nuevas publicaciones también amplían el foro de debate para incluir el acceso a los servicios ambientales (Agyeman et al., 2016[52]), como los espacios verdes, que pueden favorecer la salud física y mental (James et al., 2015[104]). También puede atenuar los daños causados por la escorrentía, las temperaturas extremas y la contaminación atmosférica (Franchini and Mannucci, 2018[105]). Existen pruebas sustanciales de que el acceso a los servicios ambientales también es muy desigual (Watkins and Gerrish, 2018[106]). En particular, existen numerosos estudios que ponen de relieve la desigualdad de acceso a los espacios verdes y azules en las zonas urbanas. Las investigaciones demuestran que los factores y características socioeconómicos, como la renta, la raza y la educación, influyen en la facilidad de acceso (Dai, 2011[107]) y la calidad de los espacios verdes (Fossa et al., 2023[108]) y azules (Thornhill et al., 2022[109]). También cabe reseñar que el valor que las comunidades asignan a los servicios ambientales es relativo, y que las necesidades insatisfechas también pueden plantear problemas de justicia ambiental (Walker, 2012[1]).
Cada vez se reconoce más que los servicios ambientales van más allá del disfrute y el acceso a un entorno natural limpio y seguro, y algunos conceptos amplían la noción al entorno construido, como el acceso desigual a la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Por ejemplo, el acceso desigual puede surgir a partir de dos dimensiones: la asequibilidad y la propiedad de los vehículos eléctricos y la accesibilidad de la infraestructura de recarga, y puede llegar a autoperpetuarse, pues la adopción desigual de los vehículos eléctricos puede traducirse en inversiones diferenciales en la infraestructura (Hopkins et al., 2023[110]).
Vías de exposición y sus implicaciones para la justicia ambiental
Las vías de exposición de numerosos contaminantes tóxicos están relativamente trazadas, formando una ruta que va desde las fuentes de contaminación hasta su población receptora (Burger and Gochfeld, 2011[111]). Sin embargo, existen otras vías menos comunes que pueden pasarse por alto inadvertidamente en la ciencia de la exposición y la epidemiología ambiental, por lo que resulta más difícil darles una respuesta proactiva desde la política. Estas vías de exposición podrían guardar relación con ciertas prácticas culturales y religiosas de las comunidades indígenas; por ejemplo, el uso de determinadas medicinas y estilos de vida tradicionales centrados en las actividades al aire libre y la dieta (ibid). Por ejemplo, estudios realizados en el Brasil y el Canadá revelaron que los pueblos indígenas cuya dieta es tradicionalmente rica en pescado y carne de mamíferos marinos estaban más expuestos al envenenamiento por mercurio (Chan and Receveur, 2000[112]; Hacon et al., 2020[113]).
Otra vía de exposición que a menudo se pasa por alto es el consumo de alimentos envasados y enlatados y el uso de productos de consumo. Por ejemplo, los grupos de renta baja pueden estar desproporcionadamente expuestos a sustancias químicas20 empleadas en el envasado de alimentos para obtener alimentos procesados más asequibles, así como alimentos enlatados de larga conservación utilizados para la asistencia alimentaria (Ruiz et al., 2018[114]). Otros estudios han analizado las vías de exposición a través de los productos de consumo, como aquellos de cuidado personal, que afectan desproporcionadamente a las mujeres y se entrecruzan con otras categorías, como la raza21 (Zota and Shamasunder, 2017[115]; Collins et al., 2023[116]). En términos más generales, una vía de exposición también puede estar estructurada por el entorno interior diferencial, como el tamaño y la calidad de las viviendas, que media entre el entorno exterior e interior e influye en la exposición a la contaminación del aire y al plomo (Adamkiewicz et al., 2011[117]); este es un aspecto importante para tener en cuenta, ya que la población mundial pasa entre el 85 % y el 90 % de su vida en espacios interiores (Mannan and Al-Ghamdi, 2021[118]).
Además, cada vez hay más pruebas de la relación entre la ocupación laboral y otras vías de exposición. Por ejemplo, los recolectores informales de basura que recurren a la quema de plásticos en fosas abiertas por falta de instalaciones de gestión de residuos están expuestos a dioxinas peligrosas para la salud (United Nations Environment Programme, 2021[119]). Además, las vías de exposición “para llevar”, a través de las cuales los trabajadores transportan residuos en su ropa, calzado y piel, pueden exponer a otros miembros de la familia a contaminantes tóxicos (Hyland and Laribi, 2017[120]). La exposición de los niños es particularmente mayor debido a su susceptibilidad fisiológica y conductual, incluida la propensión a pasar más tiempo en el suelo, donde se depositan los residuos del polvo (ibid).
La disponibilidad limitada de datos y la falta de visibilidad pueden dificultar el reconocimiento de estas vías de exposición. La supervisión también puede verse obstaculizada por los elevados costes de instalación y mantenimiento de nuevos dispositivos y por una recogida de datos inadecuada, que puede ocultar el verdadero alcance de la contaminación (United States Environmental Protection Agency, 2023[121]). En este contexto, se ha acuñado el término “epidemiología popular” para sugerir que el conocimiento de los profanos y la experiencia de la exposición a la contaminación tóxica pueden llevar a identificar vías de exposición no reconocidas hasta ahora (Brown, 1997[122]). El compromiso activo con las comunidades afectadas, por ejemplo, a través de la ciencia ciudadana,22 facilita el acceso al conocimiento experto local de las comunidades (Brulle and Pellow, 2006[123]) y esclarece algunas conexiones ignoradas entre el medio ambiente y la salud (Johnston and Cushing, 2020[93]). Por ejemplo, en el Ecuador, un estudio de epidemiología popular llevado a cabo en cooperación con comunidades rurales e indígenas ayudó a establecer los vínculos entre la contaminación por petróleo en la región y los efectos nocivos para la salud, y las pruebas recogidas se utilizaron posteriormente en procesos judiciales contra la empresa responsable de la extracción de petróleo (San Sebastián and Hurtig, 2005[124]). También pueden complementar la vigilancia ambiental tradicional.
Justicia ambiental y salud
Existe un reconocimiento generalizado de que el deterioro de la calidad del medio ambiente afecta negativamente a los resultados sanitarios. Se calcula que los factores de riesgo ambientales modificables han sido responsables de casi una cuarta parte de las muertes en todo el mundo en 2012 (WHO, 2016[125]). En particular, cada vez hay más pruebas que acreditan la contaminación atmosférica y su relación con las enfermedades no transmisibles, sobre todo las cardiovasculares y respiratorias (Prüss-Ustün et al., 2019[126]). Es importante señalar que la exposición diferencial, la falta de opciones viables de adaptación y las vías no reconocidas interactúan con otros determinantes socioeconómicos de la salud, que pueden agravar las desigualdades sanitarias existentes.23
La evidencia corrobora los vínculos entre la disponibilidad y calidad diferenciales del medio ambiente y los resultados sanitarios desiguales con una amplia gama de variables y categorías socioeconómicas, como la renta, la raza, la condición de indígena, la edad y el sexo. Por ejemplo, la exposición a riesgos ambientales puede incidir en la salud materna a corto y largo plazo (por ejemplo, aborto espontáneo, mayor riesgo de cáncer de mama) (Boyles et al., 2021[127]). Así pues, las mujeres desfavorecidas podrían enfrentarse a un “doble peligro” derivado de los factores crónicos de estrés y de la exposición a riesgos ambientales (Morello-Frosch and Shenassa, 2006[128]). La exposición a riesgos ambientales también puede tener repercusiones diferentes según los grupos de edad. Por ejemplo, se sabe que los niños son más susceptibles a los efectos negativos para la salud de una exposición de este tipo debido a sus vulnerabilidades biológicas (por ejemplo, mayor consumo de toxinas en relación con el peso corporal, vías metabólicas inmaduras) y a los patrones de exposición relacionados con la edad (por ejemplo, jugar cerca del suelo y llevarse las manos a la boca) (Landrigan, Rauh and Galvez, 2010[129]).
La exposición a los daños ambientales por sí sola rara vez es el único factor determinante de los resultados adversos para la salud (United States Environmental Protection Agency, 2023[130]). Por lo tanto, para atribuir de forma holística y precisa el impacto de los peligros ambientales sobre la salud es necesario tener muy en cuenta otros factores determinantes del impacto del medio ambiente sobre la salud. Los factores intrínsecos, los rasgos biológicos y las condiciones de salud preexistentes provocan que algunos individuos sean más susceptibles a los riesgos ambientales. Por ejemplo, la exposición a riesgos ambientales, especialmente la contaminación atmosférica, puede agravar los síntomas del asma. Por consiguiente, se calcula que la exposición ambiental es responsable del 44 % de la carga de morbilidad del asma (WHO, 2016[125]).24
Es importante destacar que las características socioeconómicas de los individuos, la comunidad y los resultados sanitarios interactúan de múltiples formas complejas y acumulativas, con investigaciones que demuestran que diferentes tipos de daños ambientales tienden a agruparse en la misma comunidad (Banzhaf, Ma and Timmins, 2019[9]) (Gráfico 2.2).25 Por ejemplo, las malas condiciones residenciales de los grupos de renta baja y la exposición a la contaminación en interiores pueden poner en peligro sus sistemas respiratorios, lo que a su vez los hace más vulnerables a la contaminación atmosférica exterior (Solomon et al., 2016[131]). Otras variables vinculadas a la situación socioeconómica, como la exposición de la residencia a mayores emisiones de tráfico procedentes de fuentes móviles (por ejemplo, vehículos) y la imposibilidad de trasladarse a otro lugar debido a limitaciones económicas, exponen aún más de forma desproporcionada a las comunidades que viven en la zona a un mayor nivel de contaminación atmosférica en detrimento de su salud (Barnes, Chatterton and Longhurst, 2019[132]; Park and Kwan, 2020[133]).
El concepto de “exposoma”, que abarca las exposiciones ambientales en todo el ciclo vital desde el periodo prenatal, puede ayudar a descubrir estos vínculos, y distingue entre las características de salud individuales, el entorno externo específico (por ejemplo, los contaminantes ambientales y químicos) y el entorno externo general (por ejemplo, los determinantes sociales de la salud) (Wild, 2012[134]). Es importante tener en cuenta los efectos acumulativos de toda una vida, ya que las desigualdades al nacer o en el vientre materno pueden repercutir de manera prolongada en el bienestar y las diferencias de oportunidades entre los niños en función de su entorno familiar (Currie, 2011[135]). Sin embargo, la naturaleza dinámica del exposoma y el número de importante retos se traducen en unas exigentes necesidades en materia de tiempo y datos para llevar a cabo evaluaciones holísticas, pues es preciso implantar múltiples herramientas y tecnologías y recurrir a extensas muestras para desenmarañar las diferentes exposiciones correlacionadas y sus interacciones (Siroux, Agier and Slama, 2016[136]).
Fuente: Adaptado de (Wakefield and Baxter, 2010[137]) con ediciones de los autores basadas en (Siroux, Agier and Slama, 2016[136]) y (Burger and Gochfeld, 2011[111]).
2.3.2. Distribución desigual de los costes y beneficios de la política ambiental
Otra importante cuestión sustantiva es la distribución desigual de los costes y beneficios de la política ambiental. Aunque intuitivamente pudiéramos creer que mejoras ambientales beneficiarían a la sociedad en su conjunto, la literatura empírica señala la importancia crítica de considerar los costes de las políticas. Del mismo modo, las mejoras en la calidad ambiental general no garantizan necesariamente que todos los segmentos de la población disfruten de los beneficios (Mitchell, 2019[18]) ni que se reduzcan las diferencias relativas de calidad ambiental experimentadas; de hecho, un estudio reciente sugiere que, aunque la calidad del aire ha mejorado en general en los Estados Unidos, las diferencias entre las zonas más y menos contaminadas permanecen relativamente estables (Colmer et al., 2020[138]). La distribución desigual de los costes y beneficios de las políticas podría verse agravada por la insuficiencia de los esfuerzos de control y aplicación, lo que podría provocar disparidades en el cumplimiento de la normativa ambiental.
En algunos casos, los beneficios de la política ambiental pueden producirse a costa del bienestar de algunas comunidades. Las políticas que fomentan la adopción de vehículos eléctricos para descarbonizar el transporte pueden aportar beneficios ambientales a la población urbana, pero esto puede reducir la calidad del aire para la población que vive cerca de centrales eléctricas en zonas rurales (Holland et al., 2019[139]). Evitar que los grupos desfavorecidos soporten la carga desproporcionada de las políticas es fundamental para garantizar la inclusión, pero también para mantener el apoyo público a la política ambiental y climática en general (Mackie and Haščič, 2019[140]).
La evidencia empírica existente sugiere que la política ambiental tendrá efectos heterogéneos a diferentes niveles de agregación (OECD, 2021[141]). La observación de la distribución de los costes y beneficios de la política ambiental está cobrando cada vez más importancia, a medida que los países emprenden profundas transformaciones sociales y económicas para hacer frente a los retos ambientales. La bibliografía publicada en la materia apunta los siguientes motivos para los resultados desiguales de la política ambiental: i) efectos espaciales, ii) impacto en los mercados laborales y iii) impacto en la renta de los hogares. Si bien existe un corpus bibliográfico cada vez mayor, que incluye estudios que capturan los efectos dinámicos de la transformación económica a través del análisis de modelos (p. ej. (Borgonovi et al., 2023[142])), permanece como una esfera importante que merece más investigación para mejorar el diseño de la política ambiental.
Efectos espaciales
Las medidas destinadas a tratar los problemas de justicia ambiental, como las normativas circunscritas geográficamente, la limpieza de los barrios o zonas más contaminados y la mejora del acceso a los servicios (por ejemplo, el desarrollo de zonas industriales abandonadas) pueden mejorar la calidad ambiental de las comunidades que se enfrentan a una exposición desproporcionada a los peligros ambientales (Currie, Voorheis and Walker, 2023[143]). Sin embargo, también pueden acarrear indirectamente consecuencias distributivas negativas si no se diseñan cuidadosamente. Por ejemplo, la mejora de la calidad ambiental puede provocar un aumento del valor de mercado de las viviendas en las zonas afectadas. Por consiguiente, las mejoras ambientales pueden atraer a los hogares con mayores ingresos y excluir a determinados grupos socioeconómicos, como los hogares con bajos ingresos y las minorías racializadas (Melstrom et al., 2022[144]); una consecuencia involuntaria documentada en muchos barrios por todo el mundo (Wolch, Byrne and Newell, 2014[145]). Esto puede ocurrir tanto por mecanismos de demanda como de oferta: la demanda de vivienda por parte de quienes están más dispuestos y son más capaces de pagar más por una mayor calidad ambiental aumenta los precios de la vivienda y los alquileres, y la oferta inelástica de vivienda intensifica la dinámica excluyente (OECD, 2022[146]).26
Sin embargo, estos efectos espaciales presentan matices importantes. La bibliografía suele distinguir entre las repercusiones en los propietarios de viviendas y en los inquilinos, y los estudios llegan a conclusiones divergentes. Hay evidencias que prueban que los beneficios se acumulan para los propietarios en las áreas saneadas, aunque se genera al mismo tiempo un aumento de los precios del alquiler que puede expulsar a aquellos con menos capacidad económica a vecindarios menos caros (Sieg et al., 2004[147]). Otros constatan que las rentas reaccionan menos a las mejoras de la calidad ambiental (Grainger, 2012[148]), lo que implica un impacto progresivo de la política ambiental.27 Aunque menos reconocidas, las políticas que preservan los servicios ambientales también pueden acarrear consecuencias imprevistas en las zonas cercanas. Por ejemplo, una atención excesiva a la preservación de abundantes espacios verdes en las zonas urbanas puede desencadenar un desarrollo disperso en áreas periurbanas, provocando mayores daños ambientales (OECD, 2022[146]).
También hay que contemplar el riesgo de que la política ambiental provoque una distribución espacial no equitativa de los beneficios (por ejemplo, la reducción de la contaminación). Dado que instrumentos como lo regímenes de comercio de derechos de emisión inducen a las empresas que afrontan bajos costos de reducción a reducir más las emisiones, los beneficios podrían acumularse desproporcionadamente en las comunidades ubicadas en las cercanías o en situaciones favorables respecto a dichas empresas (Cain et al., 2023[71]). Aunque gran parte de los estudios empíricos existentes sobre el efecto de las políticas basadas en el mercado sugieren que no ha sido así hasta la fecha (Fowlie, Holland and Mansur, 2011[149]; Shapiro and Walker, 2021[10]), sigue habiendo ambigüedades en relación con la distribución espacial de los costes de reducción y las comunidades. Por ejemplo, algunas investigaciones que tienen en cuenta la dispersión no uniforme de la contaminación concluyen con evidencias que las zonas de renta alta obtienen beneficios desproporcionados (Grainger and Ruangmas, 2018[150]). Es importante observar los riesgos de una distribución desigual de los beneficios en relación con la magnitud agregada de las mejoras ambientales en los distintos tipos de instrumentos políticos (Vona, 2021[151]).
Repercusiones en el mercado laboral
Podría darse otra distribución desigual de los costes a raíz de las ramificaciones de la política ambiental en el mercado laboral. La bibliografía sugiere que la política ambiental fomenta la sustitución de empleados por tecnología (que ahorra mano de obra), especialmente a largo plazo (ibid). La adopción de tecnologías más limpias e intensivas en capital en respuesta a una política ambiental estricta puede provocar una reducción de la demanda de mano de obra y de los salarios, lo que afecta de forma desproporcionada a los trabajadores poco cualificados y peor pagados (Marin and Vona, 2019[152]; Bento, 2013[153]). Aunque los datos empíricos sugieren que la magnitud de este impacto es relativamente modesta, sí que puede agravar la desigual distribución de la riqueza para generar más vulnerabilidades, habida cuenta de que los salarios son la principal fuente de ingresos de los más pobres y desfavorecidos.
Como ilustra el concepto de transición justa (International Labour Organization, 2016[59]), preocupan sobremanera las consecuencias perturbadoras de la transición climática para las oportunidades de empleo, pues acentúan la sensación de injusticia entre las comunidades afectadas. Aunque la transición hacia unas economías más sostenibles desde el punto de vista ambiental es una tendencia macroeconómica mundial, sus efectos estarán inherentemente localizados y pueden revestir una especial intensidad en los sectores con mayores emisiones, así como en las regiones con una elevada concentración de estas industrias (OECD, 2023[154]). Entre los ejemplos más citados figuran las pérdidas de empleo concentradas en la industria del carbón, pero tienen mayores implicaciones económicas para las comunidades de acogida y la economía local por la reducción del consumo y el debilitamiento de la base fiscal local (Carley and Konisky, 2020[155]).
Es importante señalar que la política ambiental interactúa con tendencias sociales y macroeconómicas más amplias, como la transformación tecnológica. Los cambios en las competencias demandadas28 en el mercado laboral durante la transición ecológica y digital (“gemela”), así como las desigualdades existentes en los logros educativos y el acceso a las oportunidades de desarrollo de capacidades y reciclaje, pueden dar lugar a nuevas formas de vulnerabilidad (OECD, 2023[156]). Esta realidad pone aún más de relieve la necesidad de políticas de formación y mejora de las cualificaciones para garantizar que la transición a una economía neutra en carbono no cree o agrave nuevas vulnerabilidades (Borgonovi et al., 2023[142]).
Repercusión en los ingresos familiares
Existe una gran cantidad de estudios que exploran la posible regresividad de la política ambiental y ponen de relieve los riesgos de que los hogares con rentas bajas soporten un coste desproporcionado de la política ambiental. Por ejemplo, el encarecimiento de la energía como consecuencia de la política ambiental puede afectar más a los hogares con rentas bajas, que invierten una parte desproporcionada de sus ingresos en facturas energéticas (Bento, 2013[153]).29 El efecto de esta regresividad se agrava aún más por la tendencia general de las personas con bajos ingresos a vivir en viviendas poco eficientes energéticamente y a poseer electrodomésticos poco eficientes en todos los países. (p. ej. (Schleich, 2019[157])). Aunque la regresividad de las políticas varía según el tipo de combustible y el país, los datos existentes subrayan la importancia de la elección de los instrumentos y su diseño.
Normalmente, los instrumentos de las políticas de mercado se perciben como más regresivos que los reglamentos y las normas debido a la visibilidad de su carga (Mackie and Haščič, 2019[140]). Sin embargo, las pruebas sugieren que puede ocurrir lo contrario, sobre todo porque los reglamentos y las normas no generan ingresos que puedan redistribuirse para aliviar la carga de los hogares con rentas bajas. La carga de los instrumentos de mercado, como un impuesto energético, también pueden variar dentro de los grupos de ingresos, lo que complica la secuenciación y el diseño de las medidas paliativas (Pizer and Sexton, 2019[158]). Por ejemplo, los grupos de renta baja de las zonas rurales con acceso insuficiente al transporte público pueden soportar mayores cargas de los impuestos sobre los combustibles para el transporte que los de las zonas urbanas. Aunque la investigación ha profundizado relativamente poco en las implicaciones distributivas de las normativas, los estudios sobre normas de combustible (Davis and Knittel, 2019[159]) y los códigos energéticos de los edificios (Bruegge, Deryugina and Myers, 2019[160]) encuentran algunas pruebas de efectos regresivos.
Cada vez más análisis empíricos sugieren patrones de distribución desigual de los beneficios de las políticas ambientales. Las subvenciones que reducen uniformemente el coste de la inversión en soluciones con bajas emisiones de carbono pueden beneficiar desproporcionadamente a los hogares de renta alta. Las inversiones en el hogar, como la mejora del aislamiento y los paneles solares, tienden a llevarse a cabo por propietarios y hogares con mayores ingresos, que tienen más facilidad para acceder al crédito (Ameli and Brandt, 2014[161]). Del mismo modo, las subvenciones a los vehículos eléctricos también pueden tener importantes efectos distributivos, ya que los hogares con mayores ingresos tienen más probabilidades de poder permitírselos (Borenstein and Davis, 2016[162]). Comprender mejor el impacto neto de la incidencia de los costes y beneficios, y cómo se distribuye entre los distintos segmentos de la población, es fundamental para un mejor diseño de la política ambiental (Bento, 2013[153]).
2.3.3. Barreras a la información, la participación en la toma de decisiones y el recurso jurídico
Como demuestran las pruebas que documentan la exposición desigual a los daños ambientales, los procesos (el acceso a la participación, la información y los recursos jurídicos, y la falta de ellos) son fundamentales para comprender cómo se derivan los resultados distributivos desiguales. Estos derechos procesales pueden considerarse “derechos de acceso” que se refuerzan mutuamente y que sustentan la justicia ambiental procedimental (Gellers and Jeffords, 2018[163]).
Barreras al acceso a la información
Aunque muchos gobiernos se comprometen a aumentar la accesibilidad de la información sobre el estado del medio ambiente, parece que persisten algunos obstáculos en este camino. Es importante destacar que la disponibilidad de información ambiental no se traduce necesariamente en un uso eficaz de tal información. Por ejemplo, el lenguaje técnico utilizado a menudo en la información sobre las condiciones ambientales podría limitar el alcance del uso que las comunidades pueden hacer de la información destinada a mejorar su resiliencia (Mabon, 2020[164]). Como se reconoce en el Acuerdo de Escazú, las comunidades marginadas pueden sufrir problemas de alfabetización y aislamiento lingüístico, o carecer de conocimientos sobre cómo formular solicitudes de información (Barritt, 2020[49]).
Hay estudios que constatan que el uso eficaz de la información ambiental depende de factores socioeconómicos como el nivel educativo (Shapiro, 2005[165]); por ello, no basta con publicar más información sin tener debidamente en cuenta los obstáculos que pueden impedir su uso, pues podrían agravarse de manera no intencionada los resultados adversos para las comunidades vulnerables. Por ejemplo, la divulgación obligatoria de la fuente de contaminación para empoderar a las comunidades vulnerables puede tener el efecto no deseado de incentivar a las empresas a trasladar sus instalaciones a zonas de bajos ingresos (Wang et al., 2021[166]). En este contexto, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre información ambiental señala la necesidad de “apoyar las medidas educativas para que el público pueda hacer uso de la información ambiental disponible” (OECD, 2022[167]).
La naturaleza de la propia información, su escala, alcance y pertinencia para la comunidad en cuestión también son claves para determinar su uso final. La información ambiental se ha publicado tradicionalmente acerca de un tema específico, y los países suelen difundir los datos sobre contaminación ambiental y las emisiones químicas documentadas en un inventario (Haklay, 2003[168]). Aunque la divulgación de datos es esencial para facilitar y permitir la investigación académica, las comunidades vulnerables pueden requerir información más procesada e interpretada; por ejemplo, el principal interés de quienes padecen asma es saber si es probable que sufran un ataque, más que el nivel de contaminación atmosférica a nivel del suelo (ibid).
Barreras al acceso a la participación en la toma de decisiones
La eliminación de las barreras a la participación en la toma de decisiones ambientales es fundamental para aliviar las cargas injustas que pesan sobre las comunidades vulnerables (Freudenberg, Pastor and Israel, 2011[169]). Aun cuando el derecho a participar está protegido por ley, sigue existiendo una flexibilidad inherente en las modalidades y formas que adopta la participación en la práctica (Barritt, 2020[49]). Las modalidades de los procesos participativos también pueden levantar barreras para una implicación significativa. Las consultas formales sobre políticas, aunque loables en su intención, no siempre están bien diseñadas para tomar en consideración toda la variedad de opiniones (OECD, 2023[170]). Parece haber un sentimiento de desilusión con respecto a los procesos, ya que más del 40 % de las personas en los países de la OCDE afirman que es poco probable que los gobiernos adopten las contribuciones de las consultas públicas (ibid).
Pese a la disponibilidad de oportunidades y su disposición formal para que cualquiera participe, algunas comunidades, en particular las menos dotadas de recursos (por ejemplo, idioma, tiempo, conexión a Internet), pueden quedar excluidas de las posibilidades de participación (Karner et al., 2018[171]). Sin un reconocimiento adecuado de los obstáculos y prejuicios existentes, el aumento de las ocasiones de implicación podría reforzar las desigualdades existentes (ibid). Existe el riesgo de que se produzca un sesgo de autoselección, ya que las convocatorias abiertas suelen atraer a participantes con más probabilidades de ser mayores, hombres, instruidos, acomodados y urbanos (OECD, 2022[172]). Ejemplos anteriores de implicación comunitaria sugieren que los procesos participativos mal diseñados pueden incluso generar frustración entre las comunidades y disuadirlas de seguir participando (Ruano-Chamorro, Gurney and Cinner, 2022[173]).
Aunque la falta de participación significativa en la toma de decisiones ambientales es problemática en sí misma, también puede estancar la transición hacia economías más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, aunque las energías renovables cuentan con un amplio respaldo, esto no siempre se ha traducido en un apoyo al desarrollo de infraestructuras de energías renovables en las comunidades (Wolsink, 2007[174]), y se han observado patrones de insatisfacción pública sobre los procesos de toma de decisiones en todo el mundo (van de Grift and Cuppen, 2022[175]). Aunque no hay pruebas concluyentes que expliquen los patrones aparentemente contradictorios de amplio apoyo público y fuerte oposición local (Carley et al., 2020[176]), la falta de participación adecuada en la toma de decisiones suele ser uno de los principales factores de oposición (Suškevičs et al., 2019[177]).30 La aplicación mecanicista de la participación como proceso burocrático y ejercicio de validación de las decisiones ya tomadas puede no sustanciar adecuadamente el derecho a la participación (Armeni, 2016[178]; Wesselink et al., 2011[179]). El diseño de mecanismos de participación que garanticen que las comunidades puedan influir significativamente en los resultados puede generar un mayor apoyo, lo que a su vez puede impulsar la transición (Walker and Baxter, 2017[180]).
Barreras al acceso al recurso jurídico
El recurso jurídico también se ha reconocido como un importante factor para la resolución de conflictos y la protección de los derechos de las comunidades marginadas (Scheidel et al., 2020[181]). Aunque se sabe relativamente poco sobre las barreras al acceso a la justicia en materia de medio ambiente, a menudo se considera que es el pilar procedimental que históricamente se ha quedado a la zaga en los distintos países (Mauerhofer, 2016[182]). La bibliografía más amplia sobre el acceso a la justicia también sugiere que la disponibilidad y la calidad del recurso jurídico dependen de variables sociales y económicas (OECD and Open Society Foundations, 2016[183]). En particular, los costes de obtener representación legal también pueden ser prohibitivos, lo que se suma a los costes de oportunidad (por ejemplo, el tiempo perdido en el trabajo y las responsabilidades de cuidado). En la mayoría de los países, las personas que viven en la pobreza se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a la justicia, aunque es más probable que necesiten asistencia jurídica (World Justice Project, 2023[184]); un problema a menudo agravado por la escasez de personal y recursos para la asistencia jurídica pública (McDonald, 2021[185]). Además, los estudios existentes sugieren que gran parte de estas personas no consideran los problemas a los que se enfrentan como problemas jurídicos o no buscan ni identifican activamente los recursos jurídicos disponibles (OECD, 2019[186]), lo que puede reflejar un conocimiento limitado en materia legal, así como una falta de confianza más generalizada en los tribunales y en el sistema jurídico (OECD, 2022[187]).
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[115] Zota, A. and B. Shamasunder (2017), “The environmental injustice of beauty: framing chemical exposures from beauty products as a health disparities concern”, American Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol. 217/4, https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.07.020.
← 1. El estudio llevado a cabo por (United States General Accounting Office, 1982[196]) estimuló el movimiento al corroborar empíricamente la preocupación por el racismo ambiental (United States Environmental Protection Agency, 2023[203]).
← 2. Orden Ejecutiva 12898 sobre Acciones Federales para Abordar la Justicia Ambiental en Poblaciones Minoritarias y Poblaciones de Bajos Ingresos (White House, 1994[201]).
← 3. Véase (United States Environmental Protection Agency, 2023[203]) para obtener una visión general de la historia de los movimientos por la justicia ambiental en los EE. UU.
← 4. Orden Ejecutiva 14008 sobre la Lucha contra la Crisis Climática en el País y en el Extranjero (White House, 2021[12]).
← 5. Orden Ejecutiva 14096 sobre la Revitalización del Compromiso de Nuestra Nación con la Justicia Ambiental para Todos (White House, 2023[13]).
← 6. Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (UNECE, 1998[46]).
← 7. Por ejemplo, el artículo 5 obliga a las autoridades públicas a poner la información ambiental a disposición del público de forma “efectiva” (Bell and Carrick, 2017[19]).
← 8. Sin embargo, se reconoce que la recogida de datos en algunos casos puede ayudar a prevenir y corregir las desigualdades. Por ejemplo, la enfermedad por coronavirus (COVID-19) demostró que las estadísticas sanitarias no podían desglosarse completamente por origen étnico, por lo que no se podía aplicar una estrategia específica para proteger a los grupos sobreexpuestos (European Commission, 2021[200]). En la Comisión Europea se están realizando esfuerzos a nivel regional y se han elaborado algunas orientaciones para la recogida de datos, que proporcionan principios rectores acordes con el enfoque de los derechos humanos respecto a los datos, respaldado por el principio de “no hacer daño” (OHCHR, 2018[205]).
← 9. Por ejemplo, la región registra al parecer el mayor número de amenazas y agresiones (mortales) contra defensores del medio ambiente en el último decenio (Global Witness, 2022[204]).
← 10. Los residuos químicos e industriales contaminaron el aire, los océanos y los ríos y provocaron la aparición localizada de enfermedades como el asma (contaminación atmosférica) y dolores óseos (exposición al cadmio) (Fan and Chou, 2017[30]).
← 11. “País” es un término utilizado a menudo para designar las tierras, las vías fluviales y los mares a los que están vinculados los pueblos aborígenes (Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Isander Studies, n.d.[194]).
← 12. La discapacidad es un ejemplo de este tipo de generalización. Por ejemplo, reducir la discapacidad a una sola categoría sin tener en cuenta la identidad lingüística de las poblaciones sordas puede generar barreras para su participación (Charles and Thomas, 2007[192]).
← 13. Por ejemplo, un estudio revela que las emisiones basadas en el consumo de los más ricos (el 1 % más rico) son mayores que las emisiones de los pobres (el 50 % más pobre) (Bruckner et al., 2022[53]).
← 14. La dimensión laboral de la transición justa sigue ocupando un lugar destacado en el debate político. El preámbulo del Acuerdo de París recoge este concepto, señalando la necesidad de “reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad” (UNFCCC, 2015[197]).
← 15. Esto puede reflejar, por ejemplo, que la presencia de activos de gran valor influye en el resultado del análisis coste-beneficio y en la posterior aplicación de las políticas (Hallegatte et al., 2020[61]).
← 16. La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe los determinantes sociales de la salud como factores distintos de los médicos que influyen en los resultados sanitarios. Esto incluye las condiciones en las que las personas nacen, viven y trabajan, así como el contexto más amplio que configura las condiciones de su vida cotidiana. Los determinantes sociales de la salud influyen tanto en la salud de las personas como en su acceso a los servicios sanitarios. El medio ambiente, definido en sentido amplio como las condiciones de vida, junto con la vivienda y los servicios básicos, suele considerarse uno de los determinantes sociales de la salud que provoca desigualdades sanitarias evitables (WHO, n.d.[195]).
← 17. A pesar de la dificultad de medir la cantidad de contaminación por fuentes no contaminantes y su variabilidad en el tiempo, las estimaciones sugieren que puede constituir una gran proporción de la contaminación del agua. (Hu and Huang, 2014[190]) estiman que la contaminación de fuentes no puntuales constituyó más del 80 % de la contaminación en la cuenca de Siheshui entre 2008 y 2010. Del mismo modo, (Lee et al., 2015[189]) estimaron la cifra en aproximadamente un 69 % en cuatro grandes cuencas hidrográficas de Corea.
← 18. Las cuencas hidrográficas son zonas donde toda el agua que se acumula en un área a través de la lluvia o la nieve drena hacia una masa de agua común.
← 19. Se calcula que la mortalidad de las personas con discapacidad es hasta cuatro veces mayor que la de las personas sin discapacidad, debido a factores como el acceso a la información y a los sistemas de alerta temprana y transporte (Stein and Stein, 2022[92]).
← 20. Algunos ejemplos son los aditivos utilizados en productos plásticos, como el BPA. El uso de estos aditivos en los productos alimentarios puede regularse mediante prohibiciones y su eliminación progresiva, como se ha hecho en algunos países y la Comisión Europea (Watkins et al., 2019[188]).
← 21. Por ejemplo, las mujeres de piel oscura pueden estar expuestas a más sustancias químicas por el uso de productos de cuidado personal, como cremas aclaradoras de la piel (Zota and Shamasunder, 2017[115]).
← 22. La ciencia ciudadana implica a voluntarios en el proceso de una investigación científica, como la identificación de preguntas de investigación, la realización de observaciones, el análisis de datos y el uso de los conocimientos resultantes (OECD, 2022[172]) y a menudo se lleva a cabo fuera de los entornos profesionales, como las universidades (Haklay and Francis, 2017[191]).
← 23. Existen desigualdades en los resultados sanitarios. Por ejemplo, los estudios revelan sistemáticamente que la educación está vinculada a una serie de comportamientos nocivos para la salud, entre ellos el tabaquismo. Los grupos de renta baja también tienen menos probabilidades de buscar atención médica, en particular servicios especializados, en todos los países (OECD, 2019[199]).
← 24. La carga de morbilidad es el impacto de una enfermedad en una población, medido en años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) (WHO, 2016[125]).
← 25. Por ejemplo, estos impactos acumulativos se refieren a la totalidad de exposiciones a combinaciones de factores estresantes químicos y no químicos y sus efectos sobre la salud, el bienestar y los resultados de la calidad de vida (United States Environmental Protection Agency, 2022[202]).
← 26. Para una revisión de la literatura empírica sobre el impacto de los diversos (anti)servicios ambientales en el valor de la vivienda, véase (OECD, 2022[146]).
← 27. Por ejemplo, (Bento, Freedman and Lang, 2015[193]) constatan que el aumento de los alquileres es la mitad del observado en el valor de la vivienda.
← 28. Por ejemplo, las proyecciones indican que competencias como la comunicación interpersonal y el uso de las tecnologías digitales serán las que más crezcan entre 2019 y 2030 (OECD, 2023[156]).
← 29. También puede haber un coste indirecto derivado del mayor precio de la electricidad que se utiliza como bien intermedio para producir el bien de consumo (Bento, 2013[153]).
← 30. Otras consideraciones importantes son las repercusiones ambientales (por ejemplo, en la biodiversidad) de esta infraestructura renovable. Para una revisión, véase (OECD, 2024[198]).