Se prevé que los servidores públicos tengan objetividad y congruencia en su criterio; lamentablemente, estas características no siempre son de esperarse en los seres humanos responsables de la toma de decisiones. Ambas están a menudo ausentes en las decisiones morales, en parte debido a la dinámica de la elección moral. La literatura en este campo destaca las formas en que el juicio humano es inducido a error por un sesgo inconsciente. Por ejemplo, las estructuras en un sistema de integridad y en todo el sector público deben asegurar la independencia del criterio regulatorio (OECD, 2017[30]; OECD, 2017[31]). Los prejuicios y la discriminación resultante afectan más las decisiones que dependen en gran medida del discernimiento humano. En efecto, el éxito de algunas políticas de integridad está supeditado en buena medida al criterio objetivo, por ejemplo, en áreas como manejo de conflicto de intereses, auditoría y control interno o reclutamiento. Por lo tanto, el diseño de tales políticas debe tener en cuenta los sesgos en la toma de decisiones del ser humano.
Un famoso experimento (Loewenstein et al., 1993[32]) ilustra el juicio parcial. Todos los participantes recibieron la misma información detallada sobre un accidente automovilístico en el que un carro chocó contra un motociclista. A algunos se les asignó el papel de demandante (por cuenta del motociclista), mientras que otros actuaron como la parte demandada del conductor del automóvil. Luego se preguntó a los participantes qué fallo esperarían del juez en este caso. Si su respuesta se acercaba al fallo correcto, podrían ganar dinero. A pesar del incentivo para ser objetivos, los dos grupos proporcionaron interpretaciones de una solución justa significativamente diferentes. Si bien los participantes no tenían interés real en el caso, el mero hecho de adoptar la posición hipotética del demandado o del demandante sesgó su juicio.
El sesgo autocomplaciente puede conducir al favoritismo, no solo hacia uno mismo, sino también respecto a un grupo. La gente tiende a evaluar a los miembros de su grupo de manera más indulgente. En un experimento se presentó a participantes británicos y norteamericanos un artículo de prensa sobre tortura y, posteriormente, se les solicitó su opinión. Se encontró que los participantes eran más propensos a juzgar la tortura como justificada cuando el artículo indicaba que había sido llevada a cabo por los servicios de seguridad de su propio país, en lugar de un país extranjero (Tarrant et al., 2012[33]). Asimismo, la cercanía psicológica puede conducir a juicios indulgentes. Algunas personas son percibidas como más cercanas que otras, ya sea por conocimiento personal directo o porque parecen ser similares en algunos aspectos. Por lo tanto, el discernimiento tiende a ser parcial cuando se toman decisiones acerca de estas personas (Bazerman and Tenbrunsel, 2011[20]); (Chugh, Bazerman and Banaji, 2005[34]). Tener a alguien en alta estima y al mismo tiempo reconocer un comportamiento no ético de esta persona crea una disonancia cognitiva, una condición que es psicológicamente agobiante. La mente tiende a buscar inmediatamente justificaciones para armonizar las observaciones conflictivas. Como resultado, las personas son menos propensas a reconocer un comportamiento poco ético que contradiga sus creencias acerca de una persona o grupo con el que simpaticen.
A la luz de esta investigación, los entes normativos deben ser conscientes de que los prejuicios dan lugar a conflictos de intereses que, a primera vista, podrían no ser obvios. Los aspectos generalmente deseables en los servidores públicos, como fuerte identificación con la institución, gran confianza y vínculos estrechos entre los miembros del equipo, pueden presentar un riesgo para la integridad en ciertas situaciones. Si bien es poco factible aislar a los tomadores de decisiones individuales de esos posibles conflictos de intereses invisibles, el mapeo de riesgos puede reconocer una toma de decisiones inconscientemente sesgada como riesgo para la integridad.
Debido a que el sesgo autocomplaciente no es deliberado, no se atiende eficazmente con castigos duros o control continuo. Sin embargo, la forma en que se presentan las opciones puede evitar decisiones sesgadas. Las políticas de integridad pueden garantizar que las instancias decisorias en situación de riesgo se alejen de factores potencialmente sesgados. En algunos entornos, el juicio ciego es una opción. Cuando los participantes en el experimento demandante-demandado leyeron la información antes de habérseles asignado el papel de demandantes o demandados, llegaron a evaluaciones más convergentes del caso (Babcock et al., 1995[35]). Lo mismo podría aplicarse, por ejemplo, a funcionarios de adquisiciones que revisen una propuesta sin conocer la identidad del proveedor.
Exigir una argumentación a favor y en contra de una opción, antes de tomar la decisión final, orientará a las personas hacia un mejor criterio. Se ha demostrado que pedir a los sujetos que elaboren una lista de las debilidades de su propio argumento reduce significativamente el sesgo autocomplaciente (Babcock, Wang and Loewenstein, 1996[36]). Cuando sea relevante, se podrá pedir a dos personas que argumenten una opción cada uno y luego negocien la mejor alternativa.