La reforma de la administración pública ha sido una de las principales prioridades del gobierno español en la última década. Tras la creación de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA) en 2012, las reformas se han acelerado, con el objetivo de fortalecer la capacidad de las entidades gubernamentales para prestar servicios de gran calidad a los ciudadanos y las empresas, al tiempo que se mejora la transparencia y la rendición de cuentas. Varias reformas claves se centraban en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Oficina Nacional de Auditoría (ONA). Una otorgaba a estas entidades el mandato de diseñar un sistema de supervisión continua (SSC), administrado por la ONA.
A través del SSC, la ONA pretende mejorar la supervisión y la evaluación independientes de las políticas públicas mediante la monitorización de los riesgos asociados al cumplimiento de las leyes y normativas por parte de las entidades gubernamentales, la sostenibilidad económica y la relevancia. En última instancia, el SSC está destinado a mejorar la rendición de cuentas del gobierno a los contribuyentes. Mientras España se recupera de la pandemia de COVID-19 y avanza con su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 2021 a 2026, es fundamental y oportuno contar con mecanismos efectivos de control y supervisión.
El presente informe analiza los avances del SSC y la ONA en las primeras fases de su implementación. En general, la ONA ha respondido rápida y eficazmente para implementar un enfoque de supervisión continua que se adapte al contexto español. Ahora se enfrenta al reto de mejorar su avance inicial e iterar nuevas versiones del SSC que superen el listón alto que se ha fijado. El presente informe ofrece consideraciones y recomendaciones para la ONA a medida que desarrolla aún más el SSC. Se centra en las formas en que la ONA puede fortalecer su enfoque basado en el riesgo, mejorar su estrategia y capacidad de monitorización basada en datos y mejorar las formas de comunicarse y coordinarse con las partes interesadas del gobierno para fomentar la transparencia.
El presente documento fue revisado por el Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Integridad Pública (SPIO) de la OCDE en el 1 de noviembre de 2021 y desclasificado por el Comité de Gobernanza Pública en el 23 de noviembre de 2021. Fue elaborado para que lo publicara la Secretaría de la OCDE.
El proyecto fue cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales (REFORM/IM2020/006). Esta publicación se hizo con la ayuda financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en el presente documento no pueden en modo alguno tomarse como un reflejo de la opinión oficial de la Unión Europea.