Este reporte analiza las prácticas actuales de contratación pública de computadoras personales y portátiles en Chile, Colombia y México, enfocándose en la neutralidad competitiva y la interacción con el mercado. También recomienda mejoras en lo relativo a accesibilidad, competencia y conocimiento del mercado para las autoridades de contratación pública de América Latina, con base en las mejores prácticas y principios relevantes de la OCDE, como la Recomendación de la OCDE sobre Contratación Pública 2015.
Buenas prácticas para la compra pública de computadoras personales y portátiles en América Latina
Promoviendo la neutralidad y la interacción con el mercado
Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública
Abstract
Executive Summary
Principales hallazgos
En los países de la OCDE, la contratación pública se ha convertido en una herramienta para prestar servicios públicos de calidad. El volumen de recursos destinados a la contratación pública conlleva riesgos relacionados con ineficiencias, por ejemplo, derivadas de una competencia insuficiente, pero también oportunidades para lograr objetivos de política pública complementarios, como facilitar la transformación digital del sector público. A pesar de las evidentes sinergias entre la contratación pública y las políticas de gobierno digital, los países latinoamericanos no son los únicos que se enfrentan al reto de desarrollar políticas de contratación pública para las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Uno de los principales retos a la hora de adquirir computadoras y otras TIC es garantizar la neutralidad tecnológica, lo que significa que los organismos públicos deben evitar favorecer a alguna marca o tecnología en particular. En este informe, el término se utiliza indistintamente de la neutralidad hacia el proveedor, en el sentido de que el reto es evitar que una institución pública se vuelva indebidamente dependiente de una sola marca o proveedor más allá del plazo del contrato de adquisición inicial, lo que puede perjudicar la competencia en futuras compras.
Los tres países analizados en este informe -Chile, Colombia y México- han creado instituciones y estrategias para aprovechar las sinergias entre las políticas de contratación pública y las de gobierno digital. En Chile, por ejemplo, la Ley 21.180 (Ley sobre Transformación Digital del Estado) introdujo cambios en los fundamentos de los procesos administrativos para promover su transición a lo digital y facilitar servicios más accesibles, simples y ágiles para los ciudadanos. En Colombia, la Política de Gobierno Digital (PGD) es la política nacional para la transformación digital del sector público y para fortalecer la relación entre los ciudadanos y el Estado mejorando la prestación de servicios y generando confianza. El Decreto 767/2022 establece los lineamientos generales de la PGD. En México, la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 (EDN) describe las acciones a emprender por el Gobierno Federal para permitir el uso y desarrollo eficiente, democrático e incluyente de las TIC.
En Chile, la compra coordinada es el principal procedimiento utilizado por los compradores públicos para adquirir o arrendar computadoras. También existe un convenio marco para adquirir computadoras de escritorio y portátiles disponibles en el catálogo del convenio marco y no cubiertas por la compra coordinada. Se ha incorporado una cláusula en el proceso de adjudicación de la cuarta versión de la compra coordinada que exige al menos tres marcas nuevas a ser adjudicadas. Esta condición ha permitido un mayor acceso de nuevas marcas.
Colombia Compra Eficiente (CCE) estableció un acuerdo marco para la adquisición de computadoras y accesorios, que incluye la compra y el arrendamiento. Sin embargo, dado que el Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto nacional se establecen sobre una base anual, existen desincentivos para el arrendamiento o los esquemas de Dispositivo como Servicio (DaaS). El acuerdo marco adoptó una estrategia de regionalización, con el objetivo de atraer la participación de las PYME y una diversidad de marcas. Se segmentó en seis regiones (1 nacional y 5 regionales), utilizando más de 20 lotes para los diferentes tipos de computadoras y accesorios. La estrategia se apoya en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y su catálogo, diseñado para atender las diferentes necesidades de las entidades contratantes.
En México, a pesar de que el marco regulatorio permite procedimientos consolidados, sólo se redactó un contrato marco para el arrendamiento de equipos informáticos, y este es también la herramienta preferida para otras contrataciones de TIC. La estrategia se apoya en dos herramientas: la plataforma de contratación electrónica CompraNet y la tienda virtual. El contrato marco para el arrendamiento de computadoras establece los requisitos y las especificaciones técnicas que deben cumplir los proveedores, y las entidades contratantes no pueden exigir especificaciones adicionales. La decisión de favorecer el arrendamiento se tomó para evitar la obsolescencia de los equipos y los procedimientos y costos de disposición.
La interacción con el mercado es relativamente débil en América Latina. Chile y Colombia organizan grandes eventos con este fin: ExpoMercado Público y Colombia 4.0, respectivamente. Sin embargo, existen amplias oportunidades para diversificar los canales de interacción y favorecer un diálogo constructivo y transparente entre los compradores públicos y la industria de computadoras.
Recomendaciones
Con base en las experiencias de Chile, Colombia y México, este informe proporciona lecciones sobre áreas de oportunidad y recomendaciones para abordarlas y promover un entorno competitivo y valor por dinero en la compra de computadoras, así como prácticas sólidas para construir una relación constructiva entre los sectores público y privado en América Latina:
Los gobiernos deberían reconocer el carácter estratégico de la contratación pública. En concreto, la compra de computadoras puede apoyar la ágil prestación de servicios públicos, la modernización de las instituciones públicas y la conectividad de regiones marginadas.
Es importante desarrollar las capacidades de los funcionarios de contratación pública en América Latina para abordar eficazmente retos como la dependencia del proveedor.
Las autoridades contratantes deben tratar de obtener valor por dinero y permitir la experimentación y la toma de riesgos para favorecer la innovación y los enfoques dinámicos.
Las autoridades contratantes deben evitar el uso de marcas comerciales en la adquisición de computadoras y favorecer la utilización de normas técnicas e índices de referencia (benchmarks) que permitan comparar el desempeño de las computadoras y sus componentes.
Las autoridades contratantes deben fortalecer la investigación de mercado y las prácticas de interacción con el mercado para crear condiciones de igualdad para todos los proveedores de computadoras y entender los riesgos de dependencia.
La experiencia de Chile indica que otros mecanismos, más allá de los contratos marco, pueden reportar importantes beneficios. De ahí que las autoridades contratantes puedan llevar a cabo procesos de compra coordinada y evaluar el valor por dinero logrado.
Las autoridades contratantes podrían poner a prueba sistemas de compra dinámica (DPS) para la adquisición de computadoras, a fin de permitir una participación más amplia de los proveedores y la incorporación dinámica de innovaciones.
Dada la falta de experiencia con el cálculo del costo del ciclo de vida (CCV) en América Latina, las autoridades de contratación pública deberían adoptar un enfoque gradual para la implementación, con una primera fase centrada en el desarrollo de prácticas y metodologías mediante la puesta a disposición de estructuras de apoyo.
La decisión de comprar o arrendar computadoras debe basarse en evidencia y un análisis costo-beneficio, según las condiciones de cada procedimiento y las capacidades del mercado.
Las autoridades contratantes pueden desarrollar perfiles de usuario para avanzar en la estandarización, incorporando al mismo tiempo la flexibilidad que necesitan usuarios específicos.
Las autoridades de contratación de América Latina deben promover la revisión de sus respectivos marcos regulatorios para dar mayor flexibilidad para la interacción con el mercado, al tiempo que establecen medidas proporcionales para controlar los riesgos que conlleva esta actividad.
