Este capítulo revisa la evidencia sobre las brechas de género en los resultados económicos y educativos en Costa Rica. Inicia con una visión general de las brechas de género en los resultados educativos y del mercado laboral en diferentes dimensiones (tasas de matrícula y deserción escolar, resultados de habilidades, junto con la participación en el mercado laboral, brechas salariales de género, y la interacción entre la maternidad y el acceso a empleos de calidad). Posteriormente, analiza los factores que contribuyen a estas brechas (la distribución desequilibrada del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, los estereotipos de género, el papel de las barreras legales, el acceso a los centros de cuidado, las barreras de infraestructura y la violencia de género). Además de comparar a Costa Rica con la OCDE y otros países de Latinoamérica y el Caribe, el capítulo aborda las diferencias de género entre grupos socioeconómicos. Esto incluye diferencias urbanas y rurales, junto con diferencias entre logros educativos, cohortes de edad e ingresos.
Igualdad de género en Costa Rica
1. Brechas de género en Costa Rica: Una comparación internacional y subnacional
Resumen
Costa Rica enfrentará un envejecimiento poblacional en las próximas décadas, lo que otorga mayor importancia a la reducción de las barreras que obstaculizan el empoderamiento económico de las mujeres. El país combina una de las esperanzas de vida más altas de América Latina y el Caribe con una de las tasas de fertilidad más bajas. Los adultos en Costa Rica alcanzan en promedio una edad de 79 años en comparación con los 73 en la región en su conjunto. Al mismo tiempo, la tasa de fecundidad se sitúa en 1,56 hijos por mujer, frente a 1,88 en la región. Esto significa que el grupo de adultos mayores (65 años o más) crecerá mucho más rápido que las generaciones más jóvenes en las próximas décadas. En 2050, se prevé que la proporción de personas de 65 años o más se duplique con creces en las próximas tres décadas, hasta llegar a casi al 24% de la población total y la proporción de jóvenes se reduzca al 14%. Este desarrollo demográfico también significa que se espera que la población en edad de trabajar se reduzca ligeramente (del 69% en 2020 al 63% en 2050). En medio de crecientes presiones demográficas, la movilización del talento femenino ocupa un lugar central en la agenda política del país para establecer una economía y una sociedad inclusiva y sostenible.
Las brechas de género en Costa Rica en los resultados educativos y del mercado laboral se han reducido notablemente durante las últimas décadas. Sin embargo, en Costa Rica, al igual que en otras partes de América Latina y el Caribe y del mundo, los hombres y las mujeres no se distribuyen por igual el trabajo remunerado y el no remunerado. Las mujeres siguen teniendo menos probabilidades de tener un trabajo remunerado y de trabajar a tiempo completo. En cambio, suelen dedicar más horas al cuidado de niños, parientes adultos mayores, y con discapacidad, y a realizar otras tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. El trabajo informal está particularmente extendido entre las mujeres que viven en zonas rurales, donde más de la mitad de las mujeres empleadas trabajan en el sector informal.
En toda la OCDE, pero también en Costa Rica y la región de ALC, el reparto desigual de horas en trabajo remunerado y no remunerado se explica por un amplio conjunto de factores interdependientes. Por ejemplo, a pesar de importantes avances educativos, las mujeres continúan tomando decisiones educativas que, a menudo, resultan en ingresos laborales más bajos, comparado con los hombres. Estas elecciones están influenciadas, a su vez, por un conjunto de actitudes y normas de género complejo. Otro factor importante es la (no) disponibilidad de servicios de cuidado infantil, que es crucial para que los padres trabajen de manera remunerada. Además, el carácter interseccional de los factores es muy importante, dado que las desigualdades de género varían ampliamente entre grupos socioeconómicos: entre generaciones más jóvenes y mayores, entre áreas urbanas y rurales, entre poblaciones indígenas y no indígenas, entre trabajadores migrantes y locales, y entre parejas y familias monoparentales.
El objetivo principal del Capítulo 1 es resaltar las barreras para una distribución más equitativa entre hombres y mujeres del trabajo remunerado y no remunerado en Costa Rica. El capítulo comienza con una revisión de los desafíos de las mujeres vistos desde una perspectiva demográfica y considerando las diferencias subnacionales, particularmente entre zonas rurales y urbanas. Luego presenta las brechas de género en los resultados educativos y laborales, junto con una discusión sobre el tiempo compartido y los patrones de ingresos. Finalmente, analiza indicadores internacionales de bienestar y brechas de género que capturan la influencia de actitudes y estereotipos relacionados con el género.
Brechas de género en resultados económicos clave
Educación
Existe un extenso cuerpo de investigaciones que se centran en la importancia de la educación para los individuos y la sociedad. La evidencia sugiere que las personas con mayores niveles de educación suelen tener una mayor probabilidad de tener empleo, obteniendo mayores ingresos (OECD, 2019[1]) y estando más saludables (Conti, Heckman and Urzua, 2010[2]; Dávila-Cervantes and Agudelo-Botero, 2019[3]). A nivel social, las inversiones en educación conducen a un crecimiento de la productividad y al desarrollo económico, generado por una fuerza laboral más calificada (Mincer, 1984[4]; Mallick, Das and Pradhan, 2016[5]; OECD, 2023[6]).
En el caso de las mujeres, estos beneficios son aún mayores, lo que refleja el doble efecto de la educación en sus oportunidades de obtener ingresos. Además de aumentar las habilidades, la productividad y las oportunidades de ingresos (Woodhall, 1973[7]; Montenegro and Patrinos, 2014[8]; OECD, 2023[6]), la educación es probable que contribuya a reducir la brecha en ingresos entre hombres y mujeres (Dougherty, 2005[9]; OECD, 2024[10]). Otros beneficios adicionales están asociados a la disminución de la mortalidad infantil y los embarazos no deseados. Es importante destacar que la redistribución intergeneracional probablemente mejorará, ya que una mayor educación de las madres generalmente conduce a una mejora en los resultados educativos y de salud de los niños, incluso después de considerar la educación del padre y los ingresos del hogar (Schultz, 1993[11]). Además, al hacer que las mujeres se sientan más empoderadas para hablar y afirmar sus necesidades, derechos y aspiraciones, los mayores rendimientos de la educación aumentan su poder de negociación dentro del hogar (Heath and Jayachandran, 2017[12]). El análisis encuentra que los retornos privados a la educación femenina superan los de los hombres en aproximadamente 2 puntos porcentuales, y que la brecha ha aumentado con el tiempo (Psacharopoulos and Patrinos, 2018[13]). Esto no implica que los ingresos reales sean mayores para las mujeres, sino que la educación es una buena inversión para las mujeres y las niñas, y una prioridad de desarrollo.
La edición de 2022 del informe emblemático de la OCDE Panorama de la Educación muestra que, en promedio, en los países de la OCDE, las trabajadoras con edades comprendidas entre 35 y 44 años ganan aproximadamente una quinta parte menos que sus homólogos masculinos, independientemente del nivel de educación (ya sea terciaria, secundaria superior o inferior, y postsecundaria no terciaria) (OECD, 2022[14]). La evidencia para Costa Rica muestra que las mujeres con educación terciaria que trabajan a tiempo completo ganan aproximadamente lo mismo que sus pares masculinos. Sin embargo, en los niveles más bajos de educación e incluyendo el trabajo a tiempo parcial, la brecha de género en los ingresos es comparable al promedio de la OCDE.
Los datos internacionales destacan una relación positiva entre el nivel educativo y el control de la natalidad, un patrón también visible para Costa Rica (Liu and Raftery, 2020[15]). Entre los diferentes niveles educativos, se considera que la educación secundaria tiene el efecto más fuerte, no solo en comparación con la educación primaria, sino también en relación con la educación diversificada, más allá del nivel secundario (normalmente entre los 14 y 16 años).
Recuadro 1.1. Beneficios de una división más equitativa del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres
Las personas que trabajan fuera del hogar generalmente tienen un mayor grado de independencia económica de sus parejas y otros miembros de la familia que quienes no lo hacen. El cuidado y el trabajo doméstico no remunerado generalmente no gozan del mismo respeto que otras actividades. En los países donde las mujeres asumen una parte desproporcionada de trabajo no remunerado, también son empleadas con mayor frecuencia en empleos a tiempo parcial o más vulnerables, y a menudo están mal remuneradas (Ferrant, Pesando and Nowacka, 2014[16]). Esto se debe a que la elevada carga de proporcionar cuidado y trabajo doméstico no remunerado implica a menudo que las mujeres no pueden encontrar una ocupación correspondiente a su nivel de calificación a tiempo parcial, lo que disminuye la calidad de su empleo y sus ingresos (Connolly and Gregory, 2008[17]).
Por el contrario, una división equitativa de las responsabilidades laborales no remuneradas puede resultar beneficiosa para toda la familia. Dado que un reparto más equitativo del trabajo no remunerado reduce las horas de trabajo totales de las mujeres (en particular en tareas que se consideran menos deseables, como las tareas domésticas y el cuidado de personas mayores) puede reducir los niveles de estrés (MacDonald, Phipps and Lethbridge, 2005[18]). Un estudio de familias británicas sugiere que las parejas en las que los hombres realizan más tareas de cuidado y domésticas no remuneradas tienen menos probabilidades de divorciarse (Sigle-Rushton, 2010[19]). Los efectos negativos de una división desigual del trabajo no remunerado sobre la calidad del matrimonio son particularmente fuertes cuando las parejas no están de acuerdo sobre cuán igualitario debe ser un matrimonio (Ogolsky, Dennison and Monk, 2014[20]). Los hombres que pasan más tiempo con sus hijos pueden tener una mayor satisfacción con la vida y los niños pueden tener una mejor salud física y mental y un mejor desarrollo cognitivo. Sin embargo, no está claro si estas diferencias se deben a factores relacionados que estos estudios no tienen en cuenta (WHO, 2007[21]).
El bienestar de las personas puede mejorar aún más si se pueden reducir las horas de trabajo no remuneradas en general. Cuando una proporción cada vez mayor de la población puede acceder a servicios públicos estables (como agua potable y electricidad) y electrodomésticos que ahorran trabajo (como las lavadoras) y, por lo tanto, necesita menos horas para las tareas domésticas, la pobreza de tiempo disminuye, mientras que las opciones y el bienestar aumentan. En los países con niveles más altos de PIB per cápita, el número de horas que deben dedicarse al trabajo no remunerado tiende a disminuir, lo que beneficia en particular a las mujeres (Ferrant and Thim, 2019[22])
Desde esta perspectiva, la mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral será clave para apoyar el crecimiento económico en Costa Rica. En particular, podría ayudar a mitigar el impacto de una fuerza laboral cada vez menor ante las futuras presiones demográficas (Kochhar et al., 2017[23]). El Banco Central de Costa Rica ha estimado que el trabajo doméstico no remunerado representa el 25% del PIB del país, del cual las mujeres aportan el 71% (Banco Central de Costa Rica, 2019[24]). Sin embargo, los beneficios de una creciente participación femenina en la fuerza laboral irán mucho más allá de la simple sustitución del trabajo no remunerado por trabajo remunerado. El análisis económico realizado por (Cuberes and Teignier, 2016[25]) ha estimado los efectos negativos de las brechas de género existentes en el mercado laboral sobre la productividad agregada y el ingreso per cápita. Los autores encuentran una pérdida de ingresos per cápita cercana al 22% en Costa Rica en comparación con un escenario del mercado laboral sin brechas de. Esta estimación es superior a la de la OCDE (una pérdida promedio del 15%), pero también a la de Chile (20%), Colombia (cerca del 18%) y Perú (14%). Según las proyecciones de la OCDE, cerrar las brechas de género en la participación de la fuerza laboral y en las horas de trabajo aumentaría el crecimiento potencial del PIB per cápita en 0,23 puntos porcentuales por año, lo que resultaría en un aumento general del 9,2% del PIB per cápita en relación con la estimación de la proyección base para 2060 (OECD, 2023[26]). Los países que tienen brechas de género sustanciales en la participación en la fuerza laboral o en las horas de trabajo podrían ver el mayor impulso al crecimiento económico anual. Por ejemplo, Colombia, Costa Rica y Turquía podrían ver más de 0,40 puntos porcentuales de crecimiento adicional del PIB por año, lo que corresponde a una producción económica entre 17 y 20 puntos porcentuales mayor que la base de referencia para 2060. Una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral sustituiría actividades de menor por actividades de mayor valor agregado y aumentaría el capital humano empleado. Dado que las jóvenes graduadas universitarias ahora superan en número a sus homólogos masculinos, se ha vuelto más urgente utilizar plenamente su capital humano. Además, la investigación a nivel empresarial encuentra pequeños aumentos de productividad al aumentar la igualdad de género en la gerencia (Kögel et al., 2023[27]).
Costa Rica es uno de los países de América Latina y el Caribe que ha logrado mayores avances en las últimas décadas hacia la implementación de la educación universal y garantizar la igualdad de género en el sistema educativo. El nivel educativo ha mejorado considerablemente de una cohorte a otra, con avances particularmente grandes entre las mujeres. En 2022, el 35% de los hombres y el 37% de las mujeres de 55 a 64 años en Costa Rica tenían un título de secundaria superior o terciaria (Figura 1.1). En comparación, la misma proporción fue significativamente mayor entre el grupo de edad entre 25 y 34 años: 54% para los hombres y 63% para las mujeres. De manera similar, la proporción de graduados de la escuela secundaria (aquellos que habían completado un plan de estudios de educación superior y postsecundaria) era aproximadamente 11 puntos porcentuales mayor para los hombres de 25 a 34 años en comparación con los hombres de 55 a 64 años. Para las mujeres, la brecha era aún mayor: 12 puntos porcentuales de diferencia entre los grupos de edad más jóvenes y mayores. La proporción de graduados terciarios también es mayor en las cohortes más jóvenes en comparación con las de mayor edad. En 2022, el 34% de las mujeres costarricenses entre 25 y 34 años tenían educación terciaria, en comparación con el 21% de las mujeres en el grupo de edad de 55 a 64 años.
Siguiendo un patrón común a otros países de la región de ALC (OECD, 2021[28]), las mujeres jóvenes han comenzado a superar a los hombres jóvenes en términos de logros educativos. Entre las personas de 25 a 34 años, la proporción de graduados terciarios es 6 puntos porcentuales mayor para las mujeres que para los hombres (34% frente a 28%). A pesar de estos avances, todavía hay un margen significativo para aumentar la proporción de graduados terciarios. En promedio, en los países de la OCDE, la proporción de mujeres y hombres con educación terciaria equivale al 54% y al 41%, respectivamente, para el grupo de edad de 25 a 34 años.
En Costa Rica las tasas de matrícula en educación primaria para niñas y niños superan el 95%. Independiente del género, las tasas de matrícula disminuyen en gran medida con la edad de los estudiantes en la educación secundaria. Sin embargo, la tasa de matrícula de las niñas (58%) en los niveles más altos de educación secundaria superior, sigue siendo 10 puntos porcentuales más alta que la de los niños (Figura 1.2). En general, las tasas de matrícula de Costa Rica en este nivel son relativamente bajas al compararlas internacionalmente, tanto en comparación con el promedio de la OCDE como con otros países de ALC, entre ellos, Chile y Perú.
La evidencia sugiere que múltiples fuerzas concurrentes dan forma a la relación entre edad y asistencia a la escuela. Esta combinación incluye factores económicos (ingresos familiares o personales insuficientes para invertir en educación, necesidad de contribuir a las necesidades de subsistencia de la familia, etc.), factores personales (tener responsabilidades domésticas, embarazo, matrimonio precoz, enfermedades, etc.), y la percepción de baja calidad del sistema educativo, que puede llevar a una pérdida de interés en estudiar (Adelman and Szekely, 2017[29]).
Las investigaciones sugieren que, en Costa Rica, las causas primarias (autorreportadas) de abandono de la escuela secundaria se correlacionan fuertemente con la pobreza y la falta de recursos económicos para continuar asistiendo (Asenjo and Astica, 2013[30]; Adelman and Szekely, 2017[29]). Existe evidencia basada en datos de encuestas de hogares de que las decisiones de abandono escolar difieren según el género: los niños citan con mayor frecuencia razones económicas (tener que realizar un trabajo remunerado), mientras que las niñas tienen más probabilidades de citar razones relacionadas con el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico. Aunque el porcentaje de niños que declaran que la falta de interés es la principal causa de haber abandonado la escuela es mayor que el de las niñas, esta categoría es muy relevante para ambos grupos (Adelman and Szekely, 2017[29]).
El desglose de las cifras nacionales revela que las desigualdades socioeconómicas juegan un papel importante a la hora de explicar la decisión de abandonar la escuela (Adelman and Szekely, 2017[29]; Asenjo and Astica, 2013[30]; Garcia-Ramirez, Nikoloski and Mossialos, 2020[31]). Específicamente, nacer en una comunidad rural y pertenecer a un grupo indígena se correlaciona fuertemente con el abandono de la escuela, lo que refleja factores específicos que afectan los beneficios y costos marginales de permanecer en la escuela. Por ejemplo, las brechas en la infraestructura educativa, a menudo exacerbadas por las limitadas facilidades de transporte. También incluyen fuerzas intangibles que socavan la confianza en el sistema educativo y su capacidad para ser inclusivo y racialmente neutral, percepción que es compartida por muchas familias de ascendencia africana.
Las tasas decrecientes de matrícula escolar con la edad también se relacionan con los embarazos adolescentes. Los datos de la Encuesta sobre Habilidades de Adultos muestran que los niveles de competencia en lectura y escolaridad están correlacionados con el retraso en la paternidad. Por el contrario, las personas con bajas habilidades de lectura tienen más probabilidades de haber sido padres a temprana edad, siendo este particularmente el caso de las mujeres en América Latina y el Caribe. Entre las jóvenes con bajas habilidades de lectura a los 19 años, el 6% en los países de la OCDE son madres, en comparación con el 28% en América Latina y el Caribe. La maternidad temprana está relacionada con un menor nivel educativo en la región: el 25% de las niñas de 16 a 19 años que no están matriculadas en la educación son madres, en comparación con solo el 3% de las que sí están matriculadas (OECD, 2023[32]). La fertilidad adolescente ha disminuido en Costa Rica durante los últimos años, pero esta reducción se ha visto desacelerada por el contexto de alta desigualdad socioeconómica (ver Capítulo 2).
El octavo Informe sobre el Estado de la Educación incluye estimaciones de la probabilidad de caer en pobreza para la población estudiantil excluida de la escuela secundaria y que, en los próximos años, tendrá entre 17 y 22 años, 23 a 28 años y 29 y 33 años, respectivamente. Los resultados muestran que la probabilidad estimada de caer en la pobreza es la más alta para el grupo de edad excluido entre 17 y 22 años, superando el 25% (Consejo Nacional de Rectores, 2021[33]).
El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por su acrónimo en inglés) de la OCDE permite una perspectiva de género sobre los logros educativos de los adolescentes. En promedio, en todos los países y economías participantes PISA ha encontrado que las niñas superan a los niños en lectura por un amplio margen de manera sistemática y, en menor medida, que los niños obtienen puntuaciones ligeramente superiores a las niñas en matemáticas, aunque no en todos los países. En Costa Rica hay más niños que niñas entre los “alumnos de bajo rendimiento” en materia de lectura (Figura 1.3). Por el contrario, las niñas son más numerosas entre los “estudiantes de bajo rendimiento” en matemáticas y ciencias. La Figura 1.3 ilustra las diferencias de género en el rendimiento en lectura y matemáticas, donde los valores negativos significan una brecha de género a favor de las niñas, mientras que los valores positivos significan una brecha de género a favor de los niños. Estos resultados se alinean en términos generales con la evidencia de los países de América Latina y el Caribe y la OCDE, aunque en Costa Rica (así como en Colombia) la brecha de género en matemáticas y ciencias es mucho más amplia (OECD, 2023[34]).
Las brechas de género en los logros son motivo de considerable preocupación dadas sus consecuencias a largo plazo en el futuro personal y profesional de niñas y niños. Por ejemplo, la subrepresentación de las niñas entre los alumnos de alto rendimiento en ciencias y matemáticas puede estar relacionada con una persistente brecha de género en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), incluso si no puede explicar por qué pocas mujeres de alto rendimiento eligen ocupaciones STEM. En Costa Rica, las cifras disponibles muestran que la proporción de hombres graduados en materias STEM supera la proporción correspondiente de mujeres graduadas en aproximadamente 19 puntos porcentuales., que es inferior a la brecha promedio en los países de la OCDE (25 puntos porcentuales). En comparación con los países de la región, la brecha de género en las disciplinas STEM es significativamente menor que la de Chile y cercana al nivel de Colombia, aunque mayor que la de Perú, por ejemplo (Figura 1.4).
Las brechas de género en STEM en los países de América Latina y el Caribe se reflejan en la población estudiantil y el personal docente de las universidades. Un estudio sobre las tasas de matrícula en nueve universidades en 2018 reveló que solo el 28% de la población estudiantil en programas de ingeniería, manufactura y construcción, y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son mujeres (Osorio et al., 2020[35]). Estas brechas de género son muy similares entre los países analizados por dicho estudio (Colombia, México, Costa Rica, Ecuador y Chile). Más mujeres optaron por estudiar ciencias naturales, matemáticas y estadística, disciplinas en las que constituían el 52% del total de la población estudiantil. La brecha de género también se refleja en el personal docente. Las profesoras representaron el 26% del número total de profesores en programas de ciencias y el 41% de los profesores en programas de ingeniería en las universidades objeto de estudio (Osorio et al., 2020[35]).
Varios factores explican las diferencias de rendimiento entre niñas y niños en materias cuantitativas y la débil orientación de las mujeres hacia las disciplinas STEM. Algunos se refieren a la influencia de sesgos arraigados en las actitudes y creencias sobre los roles que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad, sobre todo teniendo en cuenta que, para empezar, las diferencias en las puntuaciones en las pruebas de matemáticas son insignificantes entre los niños pequeños (Kahn and Ginther, 2018[36]; Hadjar et al., 2014[37]; Encinas-Martín and Cherian, 2023[38]). Como reflejo de sesgos en las percepciones sociales relacionadas con el género, las niñas desarrollan la creencia de que las carreras científicas son una prerrogativa de los niños desde una edad temprana, lo que desplaza sus preferencias académicas hacia la esfera de las humanidades (Nollenberger, Rodríguez-Planas and Sevilla, 2016[39]). El Capítulo 2 analiza cómo una educación sensible al género puede ayudar a reducir la influencia de los estereotipos de género en la educación.
Empleo
A pesar del alto nivel educativo, Costa Rica tiene un desempeño relativamente bajo en términos de oportunidades de empleo para las mujeres: el 47% de las mujeres en edad de trabajar (15-64 años) tenían empleo en 2022, en comparación con el 73% de los hombres (Figura 1.5). La brecha de género en el empleo de 26 puntos porcentuales es similar a la de Colombia, aunque mayor que la de Chile y Perú. También está 14 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE.
Datos recientes del segundo trimestre de 2023, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), señalan una brecha de género en el empleo de magnitud similar, pero en un contexto de tasas de empleo más bajas para hombres y mujeres: alrededor del 64% y el 38%, respectivamente (Tabla 1.1).
Las cifras del INEC, que confirman un patrón observado en muchos países de la región de ALC y de todo el mundo, también resaltan variaciones considerables por grupos socioeconómicos. En primer lugar, la brecha de género en el empleo varía significativamente entre grupos etarios. Entre las edades de 15 y 24 años, la brecha de género en el empleo es inferior a 10 puntos porcentuales, en comparación con una brecha de alrededor de 27 puntos porcentuales para las edades entre 25 y 44 años. Esto sugiere que, en Costa Rica, como en otros lugares, las perspectivas profesionales difieren significativamente entre las mujeres que tienen hijos y las que no (Kochhar et al., 2017[23]). En segundo lugar, los datos indican que en Costa Rica la educación juega un papel importante en la mejora de las perspectivas de empleo, posiblemente ayudando a suavizar las desventajas sistémicas que enfrentan las mujeres en sus carreras una vez que se convierten en madres. En promedio, la tasa de empleo de las mujeres con educación terciaria es del 63%, en comparación con el 24% para las mujeres con solo un título primario o menos (34% para las mujeres con educación inferior a secundaria). Además, las mujeres con un título universitario tienen una tasa de empleo 13 puntos porcentuales inferior a la de los hombres con el mismo nivel de educación, una brecha significativamente menos pronunciada que la observada en niveles de educación más bajos (39 y 24 puntos porcentuales en los niveles primario y secundario, respectivamente).
Tabla 1.1. Brechas de género en las tasas de empleo por grupos socioeconómicos
Tasas de empleo y brechas entre hombres y mujeres por grupo de edad, nivel de educación y área geográfica
2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I Trimestre |
II Trimestre |
|||||
Hombres |
Mujeres |
Hombres-Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres-Mujeres |
|
Tasa total de empleo1 |
||||||
63,1 |
38,2 |
24,9 |
63,9 |
38,4 |
25,6 |
|
Tasas de empleo |
||||||
Tasa de empleo por grupo de edad |
||||||
15‑24 años |
33,2 |
23,4 |
9,8 |
31,7 |
25,2 |
6,5 |
25‑44 años |
85,5 |
59,1 |
26,6 |
86,9 |
59,8 |
27,1 |
45 años y más |
57,9 |
28,3 |
29,5 |
59,0 |
27,2 |
31,7 |
Tasa de empleo por nivel de educación |
||||||
Primaria completa o menos |
62,5 |
23,4 |
39,2 |
63,1 |
23,8 |
39,3 |
Menos que secundaria |
57,5 |
35,5 |
22,0 |
58,1 |
33,7 |
24,4 |
Secundaria completa o universidad sin título |
62,1 |
40,9 |
21,2 |
63,2 |
43,1 |
20,1 |
Universidad con titulo |
75,9 |
64,9 |
11,0 |
76,5 |
63,2 |
13,3 |
Tasa de empleo por área geográfica |
||||||
Urbana |
62,4 |
40,1 |
22,3 |
63,4 |
41,1 |
22,3 |
Rural |
64,9 |
32,8 |
32,2 |
65,3 |
30,3 |
35,0 |
Tasa de empleo entre trabajadores con un empleo informal2 |
||||||
Urbana |
38,8 |
39,1 |
-0,2 |
35,9 |
35,4 |
0,6 |
Rural |
48,7 |
52,6 |
-3,9 |
48,6 |
52,0 |
-3,4 |
1. Población ocupada como porcentaje de la población en edad de trabajar.
2. Como porcentaje del total de la población ocupada. El empleo informal incluye a los siguientes trabajadores: i) Asalariados no registrados en la seguridad social por sus empleadores; ii) Trabajadores de cuidado no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores propietarios de empresas no constituidas en sociedad (no inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y que no llevan contabilidad formal).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica), “Sinopsis I-IIT2023 – Condición de actividad por sexo y zona”.
Los patrones de empleo (femenino) también tienen una fuerte connotación regional. A modo de ejemplo, en las zonas urbanas la tasa de empleo de las mujeres supera a la de las zonas rurales en más de 10 puntos porcentuales (Tabla 1.1). Además, en las zonas rurales la brecha de género en el empleo (35 puntos porcentuales) es significativamente más pronunciada que en las zonas urbanas (22 puntos porcentuales). Es probable que estas diferencias reflejen el considerable tiempo que las mujeres rurales dedican a responsabilidades laborales no remuneradas, por ejemplo, en las tareas del hogar y el cuidado de los niños y de otros miembros de la familia. Al mismo tiempo, cuando las mujeres rurales trabajan por un salario, es más probable que estén empleadas en el sector informal. De hecho, de todas las mujeres empleadas en las zonas rurales, el 52% trabaja en el sector informal, cifra superior a la misma proporción entre los hombres rurales (49%) y mucho mayor que la proporción correspondiente de mujeres empleadas en las zonas urbanas (35%). Las mujeres de zonas rurales pobres pueden contribuir a los ingresos familiares dedicándose a la agricultura de subsistencia, la producción o el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, con poco tiempo extra para dedicar a actividades laborales remuneradas y menos oportunidades para encontrar un trabajo regular.
Para contextualizar las precarias condiciones laborales de las mujeres rurales en Costa Rica, es importante recordar que en 2022 en las zonas rurales el nivel promedio de ingresos de los hogares era 39 puntos porcentuales menor que en las zonas urbanas (INEC, 2022[40]). En términos de incidencia de la pobreza, el porcentaje de hogares en situación de pobreza ascendió al 28% en 2022 en las zonas rurales (2 puntos porcentuales más que en 2021), frente al 21% en las zonas urbanas (donde no se registró ningún cambio significativo respecto al año anterior).
Es importante destacar que las mujeres, cuando están empleadas, tienen más probabilidades de ser contratadas en empleos de baja calidad. El empleo a tiempo parcial, por ejemplo, está más extendido entre las mujeres que entre los hombres (Figura 1.6). Aproximadamente tres de cada diez mujeres empleadas en Costa Rica trabajan a tiempo parcial, en comparación con uno de cada diez hombres. La proporción de mujeres es mayor que la observada en otros países de la región, en particular Chile y Colombia, así como el promedio de la OCDE. Además, muchas mujeres costarricenses trabajan de manera informal. Estas condiciones hacen que las mujeres sean particularmente vulnerables y estén expuestas a riesgos del mercado laboral, como en el caso del brote de la pandemia de COVID-19, por ejemplo.
Una proporción significativa de las mujeres jóvenes en Costa Rica, más que los hombres jóvenes, corren el riesgo de no tener un empleo remunerado ni recibir educación o capacitación. La Figura 1.7 ilustra la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan ni se capacitan (NiNi), como porcentaje de la población juvenil (de 15 a 29 años). Con un 28%, la tasa NiNi para las mujeres en Costa Rica es más alta que la observada en otros países comparables de la región (Chile, 27% y Perú, 27%, aunque menor que Colombia, 34%) y casi el doble del promedio de la OCDE (15%). Las mujeres jóvenes tienen 1,7 veces más probabilidades de ser NiNis que los hombres jóvenes, cifra inferior a la de Colombia (2,1 veces más probable) y alineada con Perú, aunque superior al promedio de toda la OCDE (1,3 veces).
Las tasas de NiNis capturan a los jóvenes que no cursan estudios a tiempo completo o parcial, ni se capacitan ni trabajan en empleos remunerados formales o informales. El concepto no cubre a las personas que reciben educación no formal o actividades educativas de muy corta duración, ni a quienes realizan trabajo no remunerado, por ejemplo, en el hogar, la producción doméstica o la agricultura de subsistencia. La brecha de género de 12 puntos porcentuales para los NiNis en Costa Rica se explica por una serie de múltiples factores (ver la sección sobre factores que impulsan las brechas de género). Un aspecto importante es la mayor proporción de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que realizan las mujeres desde una edad muy temprana. Ya en la adolescencia (entre 12 y 17 años), las niñas realizan un promedio de 18 horas semanales de trabajo no remunerado en Costa Rica, en comparación con las 13 horas que realizan los niños, y esta brecha continúa aumentando significativamente hasta la edad adulta (ver la sección sobre trabajo no remunerado y la Figura 1.12). La tasa comparativamente alta de embarazos adolescentes en Costa Rica (ver Capítulo 2) es otro factor que probablemente contribuye a la proporción de mujeres NiNis. Es probable que muchos NiNis en Costa Rica y otros lugares realicen trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, contribuyendo a la familia y la sociedad de manera valiosa. Sin embargo, la alta tasa de NiNis en Costa Rica, especialmente entre las mujeres, es motivo de preocupación dado el mayor riesgo de que queden excluidos socialmente, tengan ingresos por debajo del umbral de pobreza y carezcan de las habilidades para mejorar su situación económica.
Las mujeres indígenas a menudo enfrentan desventajas interrelacionadas con el género, los orígenes indígenas y las condiciones sociales y económicas. En Costa Rica hay unos 115.000 indígenas (alrededor del 2,4% de la población total) pertenecientes a ocho grupos indígenas: Bribris, Cabécares, Malekus, Chorotegas, Huetares, Ngäbes, Bruncas y Térrabas (UNHR, 2021[41]). Datos del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda muestran que estas poblaciones enfrentan distintas fuentes de exclusión social y económica (INEC, 2013[42]). Por ejemplo, en las zonas caracterizadas por una alta incidencia de residentes de origen indígena, el porcentaje de la población que declara no poder satisfacer al menos una necesidad básica esencial (debido a barreras de acceso a la atención sanitaria, la educación y la vivienda, por ejemplo) tiene un promedio del 70%, alcanzando picos del 93%, 88% y 79% en los territorios de Cabécares, Térrabas y Ngäbes, respectivamente (Varas, n.d.[43]). Estas proporciones se comparan con un promedio nacional del 25%. En los ocho territorios donde reside la población indígena (INEC, 2013[42]), la tasa de empleo promedio de las mujeres (16,9%) es significativamente más baja que la de los hombres (56,2%), además de ser más baja que la tasa de empleo de las mujeres rurales en general (ONU Costa Rica, 2022[44]). Con respecto a la educación, sólo el 13% de las mujeres indígenas tienen título de escuela secundaria. Las mujeres indígenas también enfrentan limitaciones particularmente fuertes de acceso a infraestructura (agua, electricidad y transporte), junto con servicios de salud de calidad.
Otra dimensión es la condición de inmigrante. Medido como porcentaje de la población total, Costa Rica es el país con la mayor proporción de migrantes en la región de América Latina y el Caribe (10,3%), seguido de Chile (7,5%). Esto refleja un gran número de personas nacidas en el extranjero de la vecina Nicaragua (67%), junto con proporciones más pequeñas de Venezuela (5%) y Colombia (5%) (OECD, 2023[45]). En 2021, las mujeres nacidas en el extranjero superaron en número a los hombres nacidos en el extranjero en Costa Rica, constituyendo el 52% de la población inmigrante total (UNDP, OECD and IDB, 2023[46]).
La tasa agregada de empleo de los migrantes en Costa Rica es más alta que la de los migrantes en muchos países de la OCDE, y más alta que la de la población nacional en Costa Rica. Sin embargo, existen grandes diferencias entre hombres y mujeres (Figura 1.8). En 2022, la tasa de empleo de los hombres migrantes, 83%, era 3 puntos porcentuales mayor que la de los hombres migrantes en el promedio de los países de la OCDE y 11 puntos porcentuales mayor que la de los hombres nacidos en Costa Rica. En el mismo año, la tasa de empleo de las mujeres inmigrantes fue del 52%, en comparación con el 65% en promedio en los países de la OCDE. Al mismo tiempo, las mujeres inmigrantes en Costa Rica tienen más probabilidades de trabajar que las mujeres del país, que registran una tasa de empleo del 46%.
Los trabajadores migrantes se concentran en sectores y ocupaciones que generalmente los nacionales consideran menos atractivos, ya sea debido a sus bajos salarios y peores condiciones laborales, o porque los nacionales están cada vez más sobrecalificados para esos trabajos. En Costa Rica, las mujeres migrantes tienen, por mucho, más probabilidades de trabajar en actividades del hogar, ya sea como empleadas domésticas, cuidadoras y niñeras, por ejemplo (Tabla 1.2). En conjunto, estas actividades emplean al 32% del total de mujeres migrantes, seguidas por el comercio y la reparación (16%), hoteles y restaurantes (15%) y la industria manufacturera (12%). En comparación, los hombres migrantes tienen más probabilidades de estar empleados en el sector de la construcción (27%) y en la agricultura y la pesca (19%). En conjunto, más del 90% de los hombres y mujeres nacidos en el extranjero con trabajos remunerados están empleados en empleos de baja y mediana calificación, una proporción aproximadamente 20 puntos porcentuales más alta que entre la población local (UNDP, OECD and IDB, 2023[46]).
Tabla 1.2. Diferencias de género en las características del empleo entre trabajadores nacionales y migrantes
Segundo trimestre de 2023, participación porcentual del empleo por industria, nivel de calificación y tipo formal/informal
Nacido(a) en el país |
Nacido(a) en el extranjero |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres |
Mujeres |
Hombres-Mujeres |
Hombres |
Mujeres |
Hombres-Mujeres |
|
Sectores de actividad |
||||||
Agricultura, ganadería y pesca |
13,9 |
2,8 |
11,2 |
18,9 |
3,8 |
15,1 |
Industria manufacturera |
13,5 |
12,5 |
1,0 |
9,3 |
12,3 |
-2,9 |
Construcción |
8,6 |
0,3 |
8,3 |
27,1 |
0,4 |
26,7 |
Comercio y reparación |
18,5 |
18,0 |
0,5 |
12,1 |
15,6 |
-3,5 |
Transporte y almacenamiento |
7,7 |
1,7 |
6,0 |
5,1 |
0,3 |
4,8 |
Hoteles y restaurantes |
4,1 |
9,0 |
-4,9 |
3,1 |
14,7 |
-11,6 |
Intermediación financiera y seguros |
2,2 |
2,4 |
-0,2 |
1m6 |
1,0 |
0.6 |
Actividades de apoyo profesional y administrativo |
9,4 |
9,0 |
0,4 |
11,3 |
6,0 |
5,3 |
Administración Pública |
4,1 |
5,1 |
-1,0 |
0,9 |
0,1 |
0,8 |
Educación y salud |
6,6 |
17,9 |
-11,3 |
2,9 |
6,1 |
-3,2 |
Comunicaciones y otros servicios. |
7,9 |
9,3 |
-1,4 |
6,2 |
7,7 |
-1,4 |
Hogares como empleadores |
0,8 |
11,1 |
-10,3 |
1,3 |
32,0 |
-30,7 |
Otros no especificados |
2,7 |
1,0 |
1,7 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
Total1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Niveles de cualificación |
||||||
Alto |
21,8 |
29,0 |
-7,1 |
7,6 |
8,4 |
-0,8 |
Medio |
56,4 |
52,8 |
3,7 |
49,4 |
50,5 |
-1,1 |
Bajo |
21,4 |
18,0 |
3,4 |
43,0 |
41,1 |
1,9 |
No especificado |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
- |
- |
- |
Total1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Formal e informal2 |
||||||
Con un empleo formal |
62,3 |
62,7 |
-0,3 |
45,5 |
49,8 |
-4,3 |
Con un empleo informal |
37,7 |
37,3 |
0,3 |
54,5 |
50,2 |
4,3 |
Total1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Nota: Es probable que los números no sumen 100 debido al redondeo. El empleo informal incluye a los siguientes trabajadores: i) asalariados no registrados en la seguridad social por sus empleadores; ii) trabajadores de cuidado no remunerados, iii) trabajadores por cuenta propia y empleadores propietarios de empresas no constituidas en sociedad (no inscritas en el registro nacional de la propiedad y que no llevan cuentas formales).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) (2023[47]), Encuesta Continua de Empleo al segundo trimestre de 2023, indicadores generales del II trimestre del 2023 de la condición de actividad según país de nacimiento.
En Costa Rica, como en otras partes del mundo, un factor importante que empuja a muchas mujeres a retirarse (al menos temporalmente) de la fuerza laboral es la maternidad. Las cifras proporcionadas por el INEC para el segundo trimestre de 2023 (Sinopsis sobre las mujeres en edad de trabajar con hijos(as) en el hogar o fuera del hogar y mujeres sin hijos(as) según condición de actividad) ilustran el efecto a mediano plazo de esta llamada penalización por maternidad, mostrando que el 45% de las mujeres con hijos entre 0 y 5 años estaban empleadas, menor de lo observado para el grupo de mujeres con hijos entre 6 y 14 años (53%).
Una reciente evaluación comparativa de los vínculos entre la maternidad y los resultados del mercado laboral en cuatro países latinoamericanos –Chile, México, Perú y Honduras– confirma que la maternidad reduce la oferta laboral de las mujeres, al tiempo que desplaza las opciones ocupacionales hacia empleos más flexibles, como empleos a tiempo parcial, autoempleo y acuerdos de trabajo informal (Berniell et al., 2021[48]). Los autores destacan que, aunque estos efectos se producen inmediatamente después del parto, tienden a persistir en el mediano y largo plazo. Dado que los resultados laborales de los padres no se ven afectados, estos hallazgos revelan que la maternidad desencadena una polarización de los mercados laborales, donde es más probable que los empleos de mayor calidad sean prerrogativa de los hombres, mientras que es más probable que las mujeres trabajen en ocupaciones de baja calidad.
Como lo ilustra la Tabla 1.1, la brecha de género en el empleo se amplía significativamente con la edad en Costa Rica, oscilando entre 7 puntos porcentuales para el grupo de edad entre 15 y 24 años a 27 y 32 puntos porcentuales para los grupos de edad entre 25 y 44 años y 45 años y más, respectivamente. En Costa Rica, la edad de las madres al momento de tener su primer hijo se acerca a los 24 años, frente a los casi 30 años en promedio en la OCDE (Instituto Nacional de las Mujeres, 2019[49]) (OCDE, de próxima publicación). Esto sugiere que asumir más responsabilidades de cuidado reduce considerablemente la capacidad de las mujeres para encontrar su camino en el mercado laboral, ya que estas mayores responsabilidades a menudo coinciden con edades óptimas para acumular y consolidar experiencia laboral.
La penalización por maternidad probablemente conduzca a un deterioro de las condiciones del mercado laboral para las mujeres. La investigación empírica centrada en Chile (Berniell et al., 2021[50]) ha revelado que para encontrar la flexibilidad que necesitan para conciliar el trabajo familiar, muchas mujeres chilenas optan por un trabajo informal. Más específicamente, el nacimiento del primer hijo va acompañado de un fuerte aumento de la informalidad laboral entre las madres trabajadoras (38%), mientras que los resultados de los padres no se ven afectados en gran medida. El alcance del efecto disminuye con niveles más altos de educación, lo que implica un efecto más leve entre las mujeres con un nivel educativo alto. Las cifras del INEC (Sinopsis sobre las mujeres en edad de trabajar con hijos(as) en el hogar o fuera del hogar y mujeres sin hijos(as) según condición de actividad) sugieren que una relación similar entre la maternidad y la calidad del empleo también podría darse en Costa Rica: en el segundo trimestre de 2023, el 44,4% del número total de mujeres ocupadas con al menos un hijo estaban empleadas en el sector informal, comparado con el 23,8% del grupo de mujeres sin hijos.
Como reflejo del impacto sobre las tasas de empleo, la maternidad parece afectar negativamente los salarios de las mujeres. Un estudio muestra que las madres en América Latina ganan en promedio un 13% menos que las mujeres sin hijos. La brecha se amplía al 21% cuando los niños tienen menos de cinco años y cada hijo adicional se traduce en una mayor probabilidad de experimentar una pérdida salarial (Botello, H. A., & López Alba, A, 2014[51]). Un estudio para Costa Rica realizado por las Naciones Unidas – la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – encuentra evidencia de un aumento de la brecha salarial de género con la edad, aunque sea relativamente poco (Torres and Zaclicever, 2022[52]). Según los autores, los salarios más bajos que obtienen las mujeres no se explican por su nivel de habilidades o las características laborales de las trabajadoras, sino que reflejan una persistente discriminación, fuertes normas de género y el reparto desigual del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
En Costa Rica, el 99% del total de empresas son micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), de las cuales el 84% son microempresas, el 13% pequeñas empresas y el 3% medianas empresas (OECD, 2021[53]; OECD, 2023[54]). En el segundo trimestre de 2023, los trabajadores independientes representaron el 23% de la población ocupada (INEC, 2023[55]). Como en muchos países del mundo, la tasa de trabajadores independientes es menor para las mujeres que para los hombres, aunque, en cerca de 5 puntos porcentuales, la diferencia no está desalineada con el promedio de los países de ALC (Figura 1.9). Otra característica es que una proporción muy pequeña de estas MIPYMES están dirigidas por propietarios que emplean personas de forma estable. La mayoría de los trabajadores propietarios trabajan solos, con sus parejas o con personas que les ayudan ocasionalmente. En la comparación entre hombres y mujeres, la proporción de microempresas lideradas por mujeres que también son empleadoras es menor que la proporción de las que son lideradas por hombres.
El Índice Mastercard de Mujeres Emprendedoras incluye un indicador del progreso económico de las mujeres: el Women's Advancement Outcome (el Resultado de Avance de la Mujer). Este obtenido tras ponderar diversas posiciones como líderes empresariales, profesionales, emprendedoras y participantes en la fuerza laboral. Según la última evaluación, de 65 países, Costa Rica obtiene el puesto 14 en el indicador Resultado de Avance de la Mujer, lo que ubica a Costa Rica en el puesto 2do en América Latina, después de Colombia (que ocupa el 2do en la clasificación general) y por delante de Brasil (15 en la clasificación general), Uruguay (24) y Ecuador (27) (Mastercard, 2022[56]).
Sin embargo, el INEC considera que la necesidad sigue siendo un factor importante en la decisión de lanzar nuevos negocios en Costa Rica (INEC, 2023[57]). En concreto, identifica tres motivos principales para iniciar un nuevo negocio: i) necesidad, que incluye no encontrar trabajo como asalariado, no tener otro empleo, la necesidad de sustentar los ingresos familiares y lograr una mayor flexibilidad horaria; ii) oportunidad, particularmente haber encontrado una oportunidad de mercado y el deseo de fundar una empresa de forma independiente; y iii) tradición, a saber, la continuación de una empresa familiar preexistente y de una herencia. Hasta el 47% de los negocios encuestados por el INEC declara haber comenzado por necesidad, el 38% para aprovechar una oportunidad y el 15% para continuar una actividad familiar. Al observar la diferenciación de género de estos factores condicionantes, el 57% de las mujeres indica que iniciaron su negocio principalmente por necesidad, cifra significativamente mayor que la proporción correspondiente de los hombres (42%). Por el contrario, la proporción de hombres que indican que la tradición/herencia familiar desempeña un papel importante es mayor que la observada entre las mujeres: 19% y 7%, respectivamente. Esto probablemente refleja la influencia de las normas culturales según las cuales los hijos varones están en mejor posicionados que las niñas para hacerse cargo de un negocio familiar.
Curiosamente, obtener más flexibilidad en el uso del tiempo no se resalta como un factor destacado que influya en la decisión de iniciar una pequeña empresa en Costa Rica. A diferencia de los resultados de una encuesta reciente entre empresarios de los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), este factor es el menos mencionado por las mujeres en Costa Rica (2,5% de todas las respuestas). Por el contrario, la respuesta “horarios más flexibles” recibió la puntuación más alta entre las mujeres en los países de la Alianza del Pacífico. En contraste, la respuesta “Desarrollé un producto o servicio”, que destaca la importancia de una actividad empresarial impulsada por oportunidades, reunió la mayoría de las respuestas masculinas y la menor cantidad de respuestas femeninas. Además, los resultados de la encuesta muestran que las empresas de mujeres están sobrerrepresentadas en sectores como los servicios domésticos (69%) y subrepresentadas en sectores como los servicios financieros (12%) (OEAP, 2018[58]). Las empresas de mujeres crecen más lentamente en términos de activos que las de los hombres y tienden a concentrarse en los sectores menos rentables.
Como empleadas, las mujeres en Costa Rica están sobrerrepresentadas en actividades generalmente asociadas con ingresos laborales relativamente bajos. Los datos del INEC (Sinopsis sobre la población ocupada, brecha y diferencial del ingreso bruto medio según características del empleo por sexo y jornada de trabajo) muestran que, en el segundo trimestre de 2023, cuatro ramas combinadas representaron el 57% del total de mujeres ocupadas y el 29% de los hombres ocupados, respectivamente, estas son: i) comercio y reparación; ii) hoteles y restaurantes; iii) educación y salud; y iv) los hogares como empleadores. La segregación del mercado laboral por género es persistente, es decir, observable horizontalmente (en áreas de actividad en las que las mujeres parecen estar sobrerrepresentadas) y en forma vertical (en términos de posición ocupacional y falta de acceso a puestos directivos). En el segundo trimestre de 2023, el grupo ocupacional que englobaba a directores, directivos, profesionales, científicos e intelectuales contaba con unas 275.000 personas, siendo la división entre hombres y mujeres del 53% y el 47%.
Los patrones anteriores se reflejan en la distribución de los ingresos por género, que muestra que, en Costa Rica, las mujeres que trabajan a tiempo completo tienen aproximadamente 2 veces más probabilidades que los hombres de ganar menos de dos tercios del salario medio (Figura 1.10). El INEC elabora estimaciones mensuales de los ingresos brutos (monetarios y no monetarios, es decir, en especie) de las personas trabajadoras independientes y asalariadas. La definición se centra en las personas empleadas cuyos ingresos conocidos son superiores a cero, ignorando así a trabajadores no remunerados. En este sentido, las estimaciones del INEC muestran que en el segundo trimestre de 2023 las mujeres ganaron en promedio el 91,1% de lo que ganaron los hombres. En todos los niveles de calificación, esta cifra se situó entre el 91,5% para personas trabajadoras altamente calificadas, el 76,0% para personas con calificaciones medias y el 79,3% para poco calificados (Sinopsis sobre la población ocupada, brecha y diferencial del ingreso bruto medio según características del empleo por sexo y jornada de trabajo).
Utilizando cifras de los salarios mensuales medios de hombres y mujeres que trabajan a tiempo completo, las mujeres en Costa Rica ganan un 1,4% menos que los hombres, lo que es algo similar a Colombia (alrededor de un 2,0%) y más bajo que otros países de la región de América Latina y el Caribe: Chile (10,9%) y Perú (16,7%) (Figura 1.11). También es inferior al promedio de la OCDE (12%).
Datos más granulares de la Encuesta Nacional de Empresas del INEC muestran que se observan lagunas en todos los niveles de responsabilidades, incluidos los directivos. Al mismo tiempo, el análisis de los salarios mensuales promedio revela que la brecha salarial entre mujeres y hombres es menos pronunciada entre la población que trabaja 40 o más horas semanales que entre la población que trabaja menos de 40 horas semanales (INEC, 2022[59]).
Factores que impulsan las brechas de género en los resultados
Si la brecha de género en los resultados económicos se explica por los niveles de educación, experiencia laboral y habilidades requeridas para cumplir tareas y responsabilidades específicas de los trabajadores, el cierre de las brechas en los resultados educativos entre hombres y mujeres debería haber llevado a una disminución de la desigualdad de género en Costa Rica. Sin embargo, como en otros países, las características del capital humano no son suficientes para explicar las persistentes brechas de género. La brecha en la participación en la fuerza laboral y los salarios entre hombres y mujeres sigue siendo grande en Costa Rica, lo que se relaciona con factores estructurales y profundamente arraigados que están vinculados a las instituciones sociales en general, al reparto desigual del trabajo no remunerado, a los roles y normas tradicionales de género, leyes, violencia de género y acceso a infraestructura (Bertrand, 2020[60]; Ciminelli and Schwellnus, 2021[61]). Las desventajas que enfrentan las mujeres son de naturaleza interseccional. Es decir, interactúan con factores de riesgo como ser joven, vivir en una zona rural, provenir de un hogar pobre o pertenecer a un grupo poblacional indígena.
Los factores que impulsan las brechas de género en los resultados se remontan a la tradicional asignación de roles relacionada con el género, según la cual las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado, además del cuidado de los niños y otros miembros de la familia. La influencia de los factores culturales, las normas de género, las percepciones y actitudes y su interacción a la hora de influir en las preferencias y los comportamientos reales puede ser todavía fuerte. Además, las leyes e instituciones desempeñan un papel en el refuerzo de estas interacciones, como las desigualdades de acceso a la propiedad y usos de la tierra, por ejemplo. Por último, el acceso a la infraestructura también es importante; un ejemplo de ello es la disponibilidad de instalaciones de atención de calidad y la infraestructura física de apoyo. El recordatorio de esta sección proporciona una visión general de estos factores, que complementan el papel que desempeña el capital humano en la configuración de los resultados económicos en todos los géneros.
Un análisis reciente de Costa Rica por parte de las Naciones Unidas – la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – ha distinguido entre dos factores que impulsan la brecha salarial de género: causas directas de la diferenciación salarial atribuibles a factores observables del mercado laboral (como las características individuales de los trabajadores o puestos de trabajo) y causas indirectas atribuibles a la discriminación (Torres and Zaclicever, 2022[52]). Los autores encuentran que en el período comprendido entre 2001 y 2009 las fuentes directas e indirectas de la brecha salarial han operado en direcciones opuestas, prevaleciendo en última instancia las últimas sobre las primeras.
Trabajo no remunerado
Como se analizó anteriormente, una razón clave para la menor participación de las mujeres en la fuerza laboral y la mayor tasa de empleo a tiempo parcial es el mayor número de horas que dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Las cifras internacionales sugieren que las mujeres en Costa Rica dedican 40 horas semanales a realizar estas tareas, frente a las 17 horas que dedican los hombres. En otras palabras, las mujeres dedican 23 horas más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. En comparación con la brecha de género en el trabajo no remunerado en otros países de la región, Costa Rica está alineada con Chile, ligeramente por encima de Colombia (22 horas) y por debajo de Perú (24 horas), pero significativamente por encima del promedio de los países de la OCDE (15 horas) (Figura 1.12, Panel A). Al mismo tiempo, en Costa Rica los hombres dedican 15 horas más a la semana a actividades laborales remuneradas que las mujeres (misma diferencia que en Chile), cifra inferior a la de Colombia (23 horas más) y superior al promedio de la OCDE (12 horas más). Los problemas comienzan temprano, ya que los datos internacionales muestran que las adolescentes realizan más trabajo no remunerado y los adolescentes más trabajo remunerado (Figura 1.12, Panel B). En promedio, las niñas en Costa Rica dedican 5 horas semanales más al trabajo no remunerado que los niños, tiempo que probablemente se dedica al trabajo doméstico y de cuidado.
Como se señaló anteriormente, la paternidad puede magnificar aún más las brechas preexistentes en la distribución entre el trabajo remunerado y no remunerado. La ENUT revela que las mujeres costarricenses en el grupo de edad entre 12 y 19 años dedican en promedio 15 horas y 58 minutos semanales a actividades laborales no remuneradas. Para las mujeres del grupo de edad entre 18 y 29 años este tiempo aumenta a 33 horas y 13 minutos semanales (INEC, 2023[62]). En Costa Rica, la edad de las madres al momento de tener su primer hijo ha aumentado lentamente con el tiempo, y ahora se acerca a los 24 años, en comparación con casi 30 años en promedio en la OCDE (Instituto Nacional de las Mujeres, 2019[49]; OECD, 2024[63]).
En Costa Rica, el 40% de las familias con al menos un hijo menor de 15 años registran un compañero que trabaja a tiempo completo y otro que no trabaja de manera remunerada (Tabla 1.3, Panel A). Esto es más de 10 puntos porcentuales que el promedio de la OCDE (26%), que, por el contrario, registra proporciones más altas de parejas en las que ambos trabajan a tiempo completo, o uno de ellos trabaja a tiempo completo y el otro a tiempo parcial. Es de destacar que Costa Rica muestra una proporción muy baja de ambas personas en la pareja trabajadoras (19%), no sólo en comparación con el promedio de la OCDE (47%) sino también con los demás países de la región.
Más de un tercio (34%) de las familias monoparentales no trabajan en Costa Rica (Tabla 1.3, Panel B), significativamente más que el promedio de la OCDE, así como los países regionales de comparación, Chile, Colombia y Perú. Las últimas cifras muestran que, en 2023, de un total de 1.526.337 madres en Costa Rica, el 44% eran jefas de hogar y el 74% vivían en zonas urbanas (INEC, 2023[64]). En términos de distribución de la pobreza, el 17% de todas las madres viven en la pobreza y casi el 8% en la pobreza extrema.
La distribución desigual del trabajo no remunerado en las familias, la pequeña proporción de familias en las que ambos miembros trabajan a tiempo completo y la proporción comparativamente alta de padres solteros que no trabajan pueden tener diferentes razones. Esto puede ser una opción práctica y temporal, por ejemplo, si una madre todavía está amamantando o tiene hijos que no pueden beneficiarse de servicios de guardería fuera del círculo familiar. Sin embargo, a menudo refleja actitudes culturales según las cuales el cuidado y las tareas domésticas son “prerrogativas de las mujeres”. Las consideraciones financieras a menudo agravan aún más la influencia de estos factores: los hombres ganan más que las mujeres en promedio.
Tabla 1.3. En más de un tercio de las familias con hijos en Costa Rica uno de los miembros de la pareja no trabaja
A. Distribución (%) de los patrones de empleo en parejas con al menos un hijo de 0 a 14 años, 2021 o año más reciente |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ambas personas en la pareja trabajan a tiempo completo. |
Uno trabaja a tiempo completo, otro a tiempo parcial |
Uno trabaja a tiempo completo, otro no trabaja |
Ambas personas en la pareja no trabajan |
Uno trabaja a tiempo parcial, otro no trabaja |
|
Chile |
39,0 |
9,6 |
44,5 |
3,0 |
3,9 |
Colombia |
31,8 |
15,4 |
46,6 |
2,6 |
3,6 |
Costa Rica |
18,9 |
7,9 |
40,4 |
1,8 |
30,9 |
Perú |
35,2 |
32,0 |
22,8 |
1,2 |
8,7 |
Promedio de la OCDE |
46,5 |
15,9 |
25,9 |
3,9 |
7,8 |
B. Distribución (%) de familias monoparentales con al menos un hijo de 0 a 14 años por situación laboral, 2021 o año más reciente |
|||||
Trabajando a tiempo completo |
Trabajando a tiempo parcial |
Trabajando – no hay información sobre horas |
No trabaja |
||
Chile |
57,2 |
13,5 |
0,1 |
29,3 |
|
Colombia |
58,8 |
15,4 |
25,8 |
||
Costa Rica |
44,6 |
21,5 |
33,9 |
||
Perú |
64,7 |
24,8 |
10,5 |
||
Promedio de la OCDE |
57,1 |
14,1 |
1,1 |
27,6 |
Nota: Los datos de Chile se refieren a 2017 y los de Perú a 2018. En el caso de Chile, la distinción entre trabajo a tiempo parcial y tiempo completo se basa en las horas reales trabajadas en el empleo principal durante la semana de referencia de la encuesta, en lugar de las horas de trabajo semanales habituales. Para Perú, se imputaron las horas de trabajo cuando faltaban respuestas. Para Colombia y Costa Rica, los datos se refieren a la situación laboral de ambos padres en “hogares biparentales” o “familias de pareja” con al menos un hijo de 0 a 14 años, en lugar de a las parejas mismas. Para Costa Rica, los datos cubren hogares donde al menos un niño (de 0 a 14 años) comparte una relación con la persona “jefe de hogar” reportado únicamente. Para obtener más información, consulte la base de datos de la OCDE sobre brechas de género en América Latina y el Caribe en www.oecd.org/latin-america/regional-programme/gender/.
Fuente: OCDE, “LMF2.2 Patrones de empleo y distribución de horas de trabajo para parejas con hijos” y “LMF2.3 Patrones de empleo y distribución de horas de trabajo para padres solteros”, Base de datos de familias de la OCDE, www.oecd.org/social/family/database.htm, consultado en febrero de 2023; y estimaciones propias basadas en el INE (2019), Encuesta Nacional de Hogares.
Como se analiza en el Recuadro 1.1, Costa Rica combina una de las expectativas de vida más altas de América Latina y el Caribe con una de las tasas de fertilidad más bajas, lo que implica que el grupo de adultos mayores crecerá a un ritmo mucho más rápido que la población joven. Las necesidades de cuidado a largo plazo seguirán aumentando en las próximas décadas, impulsadas por el envejecimiento de la población y la prevalencia de enfermedades crónicas. Alrededor de 280.000 personas en Costa Rica – correspondientes al 8% de la población adulta – experimentan dificultades para realizar actividades básicas de la vida diaria (IDB, 2020[65]).
En Costa Rica, la tarea de brindar cuidado de largo plazo a personas con dependencia de cuidado recae principalmente en familiares no remunerados, mayoritariamente mujeres. Los hogares más vulnerables son aquellos compuestos únicamente por adultos mayores y aquellos con dos o más miembros necesitados. Los cuidadores familiares dedican una media de siete horas a la semana a ayudar a las personas dependientes de cuidado, y las mujeres dedican el doble de horas que los hombres (IDB, 2020[65]). La creciente participación de las mujeres en el mercado laboral reducirá el tiempo que pueden dedicar a estas actividades. Además, la disminución de la fertilidad y la fragmentación de la vivienda en entidades residenciales más pequeñas –impulsadas principalmente por el crecimiento de hogares monoparentales en los centros urbanos– limitarán cada vez más la capacidad de la familia para brindar servicios de apoyo no remunerados. Estos patrones contrastantes sugieren que la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios de atención remunerados estará a la vanguardia de la agenda política.
El FMI ha señalado que las explicaciones de la participación relativamente baja de las mujeres en Costa Rica en la fuerza laboral deben sopesarse con consideraciones económicas, en particular la condición de país de renta media (Kochhar et al., 2017[23]). En los países de renta baja, definidos en términos de PIB per cápita, muchas mujeres trabajan por necesidad, principalmente en la agricultura de subsistencia o en la producción doméstica. A medida que aumentan los ingresos, la actividad pasa de la agricultura a la industria, lo que abre nuevas oportunidades de empleo en actividades más productivas con empleos mejor remunerados. Sin embargo, estos nuevos empleos tienden a ubicarse más lejos del hogar, lo que implica que a las mujeres les resulta más difícil equilibrar un trabajo en el mercado laboral con las responsabilidades familiares de producción del hogar y cuidado de los hijos. Claudia Goldin da una explicación similar (1994[66]), donde encuentra evidencia de una curva en forma de U para la participación laboral de las mujeres. A medida que los países se desarrollan, la actividad económica pasa de la agricultura a la industria. Los ingresos de las mujeres se vuelven menos cruciales para asegurar el sustento del hogar, mientras que los trabajos manuales están vinculados al estigma social. Esto desencadena una reasignación del tiempo de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y reduce su participación en la fuerza laboral. Sin embargo, a medida que aumentan los niveles de educación de las mujeres y los países avanzan hacia una mayor proporción de actividades de servicios, más mujeres (re)ingresan al mercado laboral, y sus ingresos potenciales provenientes del trabajo remunerado superan el valor del trabajo no remunerado que realizan en el hogar. Si este patrón histórico se mantiene en Costa Rica, dados los impresionantes avances en el nivel educativo de las mujeres más jóvenes, es probable que el país sea testigo de aumentos futuros en el empleo femenino.
Percepciones y actitudes
Las percepciones y actitudes que reflejan estereotipos y prejuicios sobre el género influyen en el empleo femenino de múltiples maneras. Las mujeres que creen que su papel es el hogar probablemente se sentirán menos inclinadas a buscar empleo fuera (Christiansen et al., 2016[67]). Este efecto de oferta a menudo aparece agravado por la actitud de la pareja si no sólo tienen la misma opinión, sino que también creen que tienen derecho a imponerla al cónyuge. Las masculinidades restrictivas, como la de que los hombres “de verdad” deben ser el sostén de la familia y ganar más que la mujer, pueden contribuir a la exclusión de las mujeres del empleo remunerado en general, y de puestos de mejor calidad y mejor remunerados (OECD, 2021[68]). Además, las actitudes sobre los roles de género en el mercado laboral pueden influir en la demanda de empleos femeninos: los empleadores que creen que ciertos empleos deben ser para hombres como prioridad, es menos probable que contraten mujeres o les paguen el mismo salario. En los países donde más hombres que mujeres creen que los escasos empleos deberían recaer primero en los hombres, la brecha salarial de género tiende a ser mayor (Fortin, 2005[69]). Por otro lado, si el empleo femenino se expande, probablemente generará efectos de retroalimentación positiva en las actitudes de género, mejorándolas con el tiempo (Seguino, 2007[70]).
La Cuarta Encuesta Nacional sobre Percepción de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica (ENPEDEMU) por el Instituto Nacional de las Mujeres proporciona información detallada sobre los roles y estereotipos de género en Costa Rica (INAMU, 2022[71]). En cuanto a las limitaciones que enfrentan las mujeres a la hora de participar en política, el 83% del total de la población encuestada (84% entre mujeres y 81% entre hombres) considera que el machismo obstaculiza la participación de las mujeres en partidos políticos y órganos de gobierno. Esta opinión es más frecuente entre personas del rango de edad entre 18 y 24 años (87%) y con mayor nivel de estudios (88%).
La mayoría de los entrevistados, prácticamente sin diferencias entre mujeres (79%) y hombres (80%), coinciden con la afirmación de que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos laborales. Sin embargo, el apoyo a la afirmación de que las mujeres en Costa Rica enfrentan mayores dificultades para obtener un trabajo en comparación con los hombres es significativamente más fuerte entre las mujeres (74%) que entre los hombres (66%). Además, el 62% de las mujeres y el 52% de los hombres coinciden en que las empresas en Costa Rica prefieren contratar hombres. Las personas de edad relativamente joven (entre 25 y 39 años) y con un título de educación superior tienden a tener más probabilidades de compartir estas percepciones.
El hecho de que el 50% de las mujeres, frente al 43% de los hombres, no esté de acuerdo con la afirmación de que en Costa Rica se respeta el derecho a la igualdad salarial revela que las percepciones en torno a la cuestión de la igualdad salarial están polarizadas. Una polarización similar genera la afirmación según la cual “el salario de las mujeres es un apoyo a la economía familiar”: el 51% de las mujeres y el 45% de los hombres están de acuerdo con esta creencia. Al mismo tiempo, la afirmación “las mujeres deberían trabajar sólo a tiempo parcial para poder cuidar de sus hijos y de otras personas” cuenta con el apoyo del 55% de las mujeres y el 48% de los hombres.
La mayoría de los encuestados (84% de las mujeres y 82% de los hombres) coincidieron en que las mujeres y los hombres en Costa Rica tienen las mismas oportunidades para terminar sus estudios. Sin embargo, el porcentaje cae al 69% cuando se afina la pregunta para abordar las oportunidades de acceso a una carrera universitaria, donde las mujeres perciben más obstáculos que los hombres para completar un programa de educación superior. Entre las mujeres encuestadas, los dos principales obstáculos para finalizar sus estudios son la falta de recursos económicos (58%) y el embarazo y maternidad precoces (57%).
Instituciones y leyes
Un análisis de las economías en desarrollo y emergentes revela que la igualdad ante la ley, el respeto del derecho de herencia equitativa y el derecho de las mujeres a ser jefas de hogar están asociados con una disminución de la brecha de género en la participación en la fuerza laboral de alrededor de 4,6 puntos porcentuales (Gonzales et al., 2015[72]). El informe de la OCDE sobre Gobernanza pública en Costa Rica incluye una descripción general de los acuerdos legales e institucionales para promover la igualdad de género en el país, utilizando los puntos de referencia de la OCDE Recomendación de 2015 del Consejo sobre la Igualdad de Género en la Vida Pública (OECD, 2021[73]). El informe elogia a Costa Rica por su marco legal y político bien desarrollado para promover la igualdad de género, en línea con la práctica general de la OCDE. Desde 1984, Costa Rica es signataria de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Además, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer establece la obligación del Estado de promover y garantizar la igualdad de derechos de hombres y mujeres en los ámbitos político, económico, social y cultural. También obliga a todas las instituciones públicas a garantizar que las mujeres no sean discriminadas y que tengan los mismos derechos independientemente de su estado civil. El Estado tiene La tarea de promover la creación y desarrollo de programas y servicios para facilitar la participación plena de las mujeres en los campos económico, social y cultural.
El marco de políticas de todo el gobierno de Costa Rica para la igualdad de género se refleja en la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG). El PIEG 2018-30 identifica cuatro ejes de políticas estratégicas, a saber, la promoción de: i) una cultura de igualdad de derechos; ii) la distribución equitativa del tiempo; iii) la distribución igualitaria de la riqueza y iv) la distribución igualitaria del poder. Para cada área, el PIEG da indicaciones sobre el modelo de gestión y gobernanza a seguir, destacando la importancia de los objetivos regionales y locales, pero también recomendando la implementación de un enfoque orientado a resultados, para que el público pueda seguir los avances.
En línea con las mejores prácticas de la OCDE, Costa Rica tiene una institución central encargada de la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Desde hace más de 30 años, con diferentes nombres y características específicas, el INAMU ha actuado como el principal organismo público responsable de la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres. El INAMU es un organismo autónomo encabezado por una presidente ejecutiva con rango de ministra (sin cartera), que participa en las reuniones del gabinete. Su ubicación dentro del gobierno junto con su mandato y funciones están en línea con la práctica general de la OCDE (OECD, 2021[73]). El INAMU desempeña un papel protagónico en la formulación de la política nacional de igualdad de género; la protección de los derechos de las mujeres consagrados en declaraciones, convenciones y tratados internacionales y en las leyes costarricenses; y la coordinación de acciones sectoriales para la política nacional de igualdad de género. Tiene el mandato de preparar propuestas legislativas y apoyar el proceso legislativo sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres, así como monitorear la implementación del PIEG.
Recientemente, el INEC y el INAMU unieron esfuerzos para diseñar indicadores de género y desarrollar encuestas para actualizar la base de datos existente. Sin embargo, el informe de Gobernanza Pública de la OCDE destacó que los datos desagregados por género y la capacidad de las instituciones públicas para su recopilación e integración en el proceso de políticas siguen siendo desiguales. Parece haber margen para mejorar aún más los sistemas de registro administrativo para ayudar a desglosar la información recopilada por género para fortalecer la capacidad de hacer proyecciones de políticas (presupuestos plurianuales y pronósticos sociales).
Encuestas internacionales recientes permiten comparar a Costa Rica con otros países sobre sus logros para mejorar el marco regulatorio contra la discriminación de género. El Índice de Instituciones Sociales y Género de la OCDE (OECD, 2023[74]), que mide leyes, normas y prácticas sociales formales e informales, califica el nivel de discriminación de género en Costa Rica como muy bajo (Tabla 1.4). El índice Mujeres, Empresas y Derecho del Banco Mundial otorga a Costa Rica una puntuación de 92 sobre 100, superior al promedio de ALC pero inferior al promedio de la OCDE (Tabla 1.5). Las mujeres en Costa Rica tienen los mismos derechos legales a la “movilidad” que los hombres, es decir, por ejemplo, el derecho a elegir dónde vivir y el derecho a solicitar un pasaporte. En cuanto al lugar de trabajo, una mujer puede conseguir un empleo de la misma manera que un hombre y la ley prohíbe explícitamente la discriminación en el empleo por motivos de género. Además, la ley consagra el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Otras áreas donde los derechos son los mismos incluyen los “activos” y las “pensiones”, lo que implica, por ejemplo, que hombres y mujeres tienen iguales derechos de propiedad sobre bienes inmuebles, mientras que la edad a la que hombres y mujeres pueden jubilarse con una pensión completa es la misma (65 años). Sin embargo, hay margen de mejora en las áreas de emprendimiento y la paternidad, ya que Costa Rica no recibe una puntuación completa en estas áreas. Por ejemplo, el índice Empresas y Derecho revela que en Costa Rica la ley no prohíbe explícitamente la discriminación en el acceso al crédito por motivos de género. En cuanto a la paternidad, el Banco Mundial no pudo localizar disposiciones aplicables que exijan el derecho a una licencia parental remunerada.
Tabla 1.4. El Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI por sus siglas en inglés) de la OCDE de 2023 sugiere que la discriminación de género en Costa Rica es muy baja
|
SIGI |
Discriminación en la familia |
Integridad física restringida |
Acceso restringido a recursos productivos y financieros |
Libertades civiles restringidas |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Puntaje |
Cat. |
Puntaje |
Cat. |
Puntaje |
Cat. |
Puntaje |
Cat. |
Puntaje |
Cat. |
Colombia |
23,5 |
Bajo |
21,9 |
Muy bajo |
28,6 |
Bajo |
33.7 |
Medio |
7,9 |
Muy bajo |
Perú |
18,6 |
Muy bajo |
36,7 |
Medio |
21,3 |
Bajo |
8,6 |
Muy bajo |
4,5 |
Muy bajo |
Costa Rica |
10,9 |
Muy bajo |
4,7 |
Muy bajo |
20,8 |
Bajo |
13,8 |
Muy bajo |
7,1 |
Muy bajo |
Chile |
27,2 |
Bajo |
8,5 |
Muy bajo |
22,7 |
Bajo |
60,6 |
Muy alto |
7,1 |
Muy bajo |
ALC |
21 |
22 |
26 |
23 |
16 |
|||||
OCDE |
15,3 |
13,6 |
18,5 |
12,7 |
15,1 |
Nota: Los promedios de América Latina y el Caribe (ALC) y la OCDE son medias no ponderadas. El promedio latinoamericano y caribeño del SIGI se basa en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Guatemala, Jamaica, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad. y Tobago y Uruguay. El indicador de discriminación en el ámbito familiar se basa además en Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Argentina, Panamá y Venezuela (estos tres últimos también para las dimensiones de recursos productivos y financieros y libertades civiles). . Para obtener más información, consulte la base de datos de la OCDE sobre brechas de género en América Latina y el Caribe en www.oecd.org/latin-america/regional-programme/gender/.
Fuente: OCDE (2023), “Índice de Instituciones Sociales y Género (Edición 2023)”, Estadísticas de Desarrollo Internacional de la OCDE (base de datos), https://doi.org/10.1787/33beb96e-en.
Tabla 1.5. El puntaje de Costa Rica en el índice Mujeres, Empresas y Derecho 2023 está por encima del promedio de ALC pero por debajo del promedio de la OCDE
|
ÍNDICE WBL |
Movilidad |
Lugar de trabajo |
Paga |
Matrimonio |
Paternidad |
Emprendimiento |
Activos |
Pensión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile |
80 |
100 |
75 |
75 |
80 |
100 |
75 |
60 |
75 |
Colombia |
84 |
100 |
100 |
50 |
100 |
100 |
75 |
100 |
50 |
Costa Rica |
92 |
100 |
100 |
100 |
100 |
60 |
75 |
100 |
100 |
Perú |
95 |
100 |
100 |
100 |
80 |
80 |
100 |
100 |
100 |
ALC |
81 |
92 |
80 |
73 |
91 |
49 |
83 |
98 |
82 |
OCDE |
95 |
100 |
98 |
90 |
97 |
95 |
96 |
99 |
88 |
Nota: Los promedios de ALC y OCDE no están ponderados. Para el índice, se califican 35 preguntas a través de los ocho indicadores según las leyes y regulaciones que estaban vigentes en el momento de la elaboración del índice. Las puntuaciones generales se calcularon tomando el promedio de cada indicador, donde 100 representa la puntuación más alta posible. Para obtener más información, consulte la base de datos de la OCDE sobre brechas de género en América Latina y el Caribe en www.oecd.org/latin-america/regional-programme/gender/.
Fuente: Banco Mundial (2023[75]), Mujer, Empresa y Derecho, https://wbl.worldbank.org/en/wbl.
Acceso a infraestructura
Las oportunidades de acceso a la infraestructura física y social requerida para una comunidad funcional también pueden moldear las diferencias en los resultados económicos entre hombres y mujeres. Las consideraciones sobre la calidad de los medios de transporte locales, de los servicios y facilidades para el cuidado de niños, adultos mayores y personas con discapacidad, de las redes eléctricas y de agua potable, influyen, a su vez, en la capacidad de los miembros del hogar para organizar el uso de su tiempo. – las horas que necesitan dedicar a los desplazamientos, el cuidado de los niños, la cocina y la limpieza, frente a las horas que pueden dedicar al trabajo remunerado. Mientras tanto, la seguridad que sienten las personas cuando utilizan la infraestructura de servicios públicos afecta la percepción sobre la gama de actividades que pueden realizar. Si las niñas y mujeres deben cruzar zonas mal iluminadas para ir a la escuela o al trabajo, o si el acoso sexual es común en el transporte público, evitarán salir cuando esté oscuro o tomar el autobús. La inseguridad limita la gama de opciones económicas y de ocio abiertas a las mujeres.
Las condiciones de saneamiento, incluido el suministro de agua potable y una eliminación adecuada de las aguas residuales, influyen en la cantidad de trabajo necesario para mantener un hogar en buenas condiciones y en las horas disponibles para otras actividades. Además, el acceso a la electricidad y a tecnologías que ahorran mano de obra (por ejemplo, electrodomésticos como una lavadora) reducen enormemente el esfuerzo físico y de tiempo necesario para lavar la ropa, limpiar la casa y cocinar. En Costa Rica, al 2020 prácticamente todos los hogares tenían acceso a la electricidad, según cifras del Banco Mundial, sin diferencia entre zonas rurales y urbanas. Sin embargo, el acceso a la electricidad no se traduce necesariamente en una propiedad generalizada de electrodomésticos que ahorran mano de obra, especialmente entre los hogares de bajos ingresos.
Aunque la infraestructura desempeña un papel importante a la hora de facilitar la participación de las mujeres en los mercados laborales y en la vida pública en general, la cobertura suele variar según las zonas geográficas. Por lo general, en las zonas urbanas donde viven los hogares acomodados se encuentran disponibles varios tipos de infraestructura de mayor calidad. Incluso si cierta infraestructura no está disponible en un área particular, las personas más ricas probablemente podrán encontrar alternativas. Por ejemplo, las mujeres de altos ingresos pueden recurrir a medios de transporte privados y, en lugar de enviar a sus hijos a una guardería pública, contratarán a una niñera o pagarán una guardería privada. Estas consideraciones señalan la importancia de las medidas para compensar las desigualdades de acceso y de previsión estratégica, incluso en materia de usos del suelo. Por ejemplo, si los planes de inversión de un municipio no prestan la debida atención a las necesidades de cuidado, será difícil aumentar los servicios y la infraestructura de apoyo de manera que se ajusten a las condiciones de la demanda.
El acceso a servicios de cuidado infantil formales o informales asequibles y de calidad es un factor clave para apoyar la participación de las mujeres en el mercado laboral (Mateo Díaz and Rodriguez-Chamussy, 2016[76]). Además, es importante que los horarios escolares sean compatibles con los horarios laborales. Costa Rica se destaca en el contexto internacional como un país con muy bajo acceso de los niños a la educación y cuidado de la primera infancia (EAPI), particularmente de hogares desfavorecidos (OECD, 2023[77]). En Costa Rica, menos de uno de cada diez niños menores de tres años asiste a la EAPI, mientras que alrededor de seis de cada diez niños en edad preescolar de entre tres y cinco años se inscriben en EAPI (Figura 1.13). Estas tasas son más bajas que en otros países de la región ALC y que el promedio de la OCDE.
El acceso a la protección social, como el seguro de desempleo, las licencias por enfermedad o las pensiones, es peor para las mujeres que para los hombres, ya que tienen menos probabilidades de tener un trabajo remunerado y, si lo tienen, trabajan menos horas y ganan menos en comparación con sus homólogos masculinos. Las desigualdades en el mercado laboral entre hombres y mujeres se traducen en una brecha de género en las pensiones hacia el final de la vida de las personas y exponen a las mujeres a un mayor riesgo de pobreza en la vejez, en Costa Rica y otros lugares (OECD, 2021[78]). Las madres empleadas tienen más probabilidades que las mujeres sin hijos de trabajar en los sectores informales, donde es posible que no se apliquen protecciones sociales como la licencia de maternidad o el seguro de desempleo y, como resultado, dejan a las mujeres más expuestas a la pobreza y la exclusión social.
Los viajes largos y onerosos afectan negativamente las oportunidades económicas y el bienestar de hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres y los hombres no necesariamente tienen las mismas necesidades de transporte. En muchos países, los hombres tienden a pasar más tiempo yendo y viniendo del trabajo. Las mujeres, en cambio, suelen hacer viajes cortos o con varias paradas, por ejemplo, para dejar a los niños en la escuela antes del trabajo y para pasar por el mercado de camino a casa desde el trabajo. Es más probable que caminen y utilicen el transporte público y menos que conduzcan (Duchene, 2011[79]; Lecompte and Juan Pablo, 2017[80]). Un análisis reciente del Ministerio de Transporte encuentra que en Costa Rica los diferentes roles tradicionalmente asociados al género resultan en patrones diferenciados de uso, acceso y necesidades de transporte para hombres y mujeres (MiTransporte, 2021[81]). Por ejemplo, del total de personas que poseen permiso de conducir en el país, el 30% son mujeres y cerca del 70% son hombres. Como reflejo de esta división, la demanda de transporte público es mayor entre las mujeres que entre los hombres, y más mujeres utilizan esta forma de transporte, independientemente de si viajan por motivos laborales, familiares, de ocio u otros motivos. Del total de mujeres que viajan diariamente al trabajo en Costa Rica, el 77% utiliza el transporte público, en comparación con el 64% de los hombres. Incluso cuando hay opciones de transporte disponibles, las mujeres pueden mostrarse reacias a utilizarlas si temen ser víctimas de robo, acoso sexual o cualquier otro tipo de ataque (ver Capítulo 2). Los datos de la OCDE (2023[74]) sugieren que el 57% de las mujeres no se sienten seguras caminando solas de noche en la ciudad o zona donde viven, en comparación con el 40% de los hombres (ver también el Capítulo 2).
Violencia de género
La violencia de género (VG) contra mujeres y niñas representa un problema global, endémico en todas las regiones del mundo. En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres sufren violencia física y/o sexual por parte de su pareja o violencia sexual fuera de su pareja a lo largo de su vida (World Health Organization, 2021[82]). La violencia de género existe en muchas formas diferentes y puede experimentarse dentro de las relaciones familiares e íntimas, en espacios públicos, lugares de trabajo y en línea (OECD, 2021[83]). Los actos de violencia de género pueden afectar todos los aspectos de la vida de los sobrevivientes/víctimas a través de consecuencias para el bienestar físico y mental, incluida la vergüenza y el estigma social. Las víctimas/sobrevivientes pueden experimentar impactos sociales y económicos negativos y correr un mayor riesgo de pobreza y exclusión social; por ejemplo, pueden enfrentar una pérdida de salarios o costos legales. La violencia de género puede afectar su participación en la educación, el empleo, la vida cívica o la política (OECD, 2023[84]). Los efectos negativos generalmente se extienden más allá de los sobrevivientes/víctimas, impactando directamente en sus hijos, sus familias y la sociedad en general. Los estudios muestran que la violencia de género tiene costos económicos significativos en términos de gastos en la prestación de servicios (como albergues, salas de emergencia, servicios de asesoramiento y mayores costos de atención médica), pérdida de ingresos para las mujeres y sus familias, disminución de la productividad en la fuerza laboral e impacto negativo en la formación futura de capital humano. Aunque los efectos económicos de la violencia de género son difíciles de medir con precisión, los estudios centrados en la violencia de pareja estiman que esta forma de violencia por sí sola puede costar a los países entre el 1% y el 2% de su producto interno bruto anual (OECD, 2021[83]).
En Costa Rica el Observatorio sobre Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia es la entidad encargada por el poder judicial de realizar el seguimiento de la prevención y sanción de los actos de violencia contra las mujeres. Como parte de esta misión, el Observatorio monitorea la implementación del Plan de 2005 Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (LPVCM) mediante la recopilación de diferentes tipos de denuncias, desagregadas a nivel regional. Entre 2017 y 2022 se presentaron alrededor de 123.715 denuncias en las Fiscalías Penales de Adultos por delitos violatorios de la LPVCM. En 2022, se presentaron un total de 23.163 denuncias, lo que corresponde a un aumento de casi el 12% con respecto al año anterior (INEC, 2023[85]). Debido al subregistro, es probable que la cifra real sea aún mayor (ver también el Capítulo 2). Las denuncias más reportadas fueron abusos (39% del total de casos), violación de medida cautelar de protección (26%), ofensas a la dignidad (20%), amenazas (10%) y daños a la propiedad (1%).
Desde una perspectiva geográfica, los dos distritos más habitados de San José y Alajuela concentraron el 52% del total de casos. Esta concentración probablemente refleja el hecho de que el acceso al sistema de justicia está distribuido de manera más equitativa en estos distritos. Por el contrario, en los distritos donde el acceso a la ley es más desigual y disperso, las tasas de subregistro de violencia de género tienden a ser más altas. Un estudio reciente del Banco Mundial proporciona evidencia de los centros de justicia para mujeres de Perú, que son instituciones especializadas que brindan servicios policiales, médicos y legales para reducir la violencia de género (Sviatschi and Trako, 2021[86]). Una de las principales conclusiones es que, al aumentar la probabilidad de enjuiciamiento, un mejor acceso a la justicia fomenta un mayor número de denuncias de casos de violencia de género. Los países que son más activos en la prevención y el procesamiento de la violencia contra las mujeres a menudo reportan tasas de incidencia altas, a medida que disminuye el subregistro. El estudio también encuentra evidencia de efectos positivos de transmisión intergeneracional: los niños en la escuela primaria que viven en hogares potencialmente abusivos ubicados cerca de un centro de justicia tienen significativamente más probabilidades de asistir a la escuela y aprobar un grado y menos probabilidades de abandonar la escuela. El trabajo de la Friedrich-Ebert-Stiftung ha destacado que, aunque la violencia de género está presente en las zonas urbanas y rurales, las connotaciones específicas difieren; en particular, hay menos recursos colectivos para buscar apoyo en las últimas que en las primeras, donde los servicios están más presentes (Allison Quintanilla Hernández and Rebeca Arguedas-Ramírez, 2020[87]).
La pandemia de COVID-19 probablemente exacerbó la prevalencia de la violencia de género en todo el mundo (OECD, 2023[84]). Durante los períodos de confinamiento y distanciamiento social, las mujeres experimentaron mayores riesgos de violencia doméstica y de género. Los factores estresantes sociales y económicos causados por la imposibilidad de salir del hogar, la pérdida de interacciones sociales, la presencia de niños durante todo el día a raíz del cierre de escuelas, la pérdida de empleo y el estrés de salud se tradujeron en mayores riesgos de violencia. Al mismo tiempo, las restricciones a la libertad de movimiento de las personas aumentaron el control de los abusadores sobre las mujeres y las niñas durante los confinamientos obligatorios. Las víctimas de violencia de pareja enfrentaron más dificultades al intentar salir de sus hogares o llamar a líneas directas de emergencia estando presentes sus abusadores. En Costa Rica, durante el período comprendido entre enero y marzo de 2020 hubo 14.513 denuncias por violencia física, lo que representa un aumento del 14% respecto al mismo período del año anterior. En 2021 hubo 19 casos de feminicidio en Costa Rica, o 0,7 por cada 100.000 mujeres, una mejora con respecto a 2020 (cuando la tasa era de 1,1) pero ningún progreso con respecto a 2019 (CEPAL, 2022[88]; Poder Judicial, 2023[89]).
La pandemia también reveló importantes desafíos para las mujeres en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, ONU Mujeres expresó su preocupación de que las denuncias y llamadas a la línea directa no aumentaran entre las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y habitantes transfronterizos, debido a la falta de recursos económicos, mala conexión, larga distancia y dificultades de transporte (UN Women, 2020[90]). Además, la pandemia llamó la atención del público sobre el hecho de que la creciente dependencia de la tecnología digital durante el confinamiento también puede tener implicaciones para la violencia de género. Si bien algunas mujeres pudieron aumentar sus conexiones con el mundo exterior a través de la tecnología, otras experimentaron un mayor control y alienación porque sus parejas limitaron su acceso a teléfonos móviles y computadoras.
Referencias
[29] Adelman and Szekely (2017), “An Overview of School Dropout in Central America: Unresolved Issues and New Challenges for Education Progress”, European Journal of Educational Research, Vol. 6/3, pp. 235-259, https://doi.org/10.12973/eu-jer.6.3.235.
[87] Allison Quintanilla Hernández and Rebeca Arguedas-Ramírez (2020), “Mujeres Indígenas y del campo de Costa Rica”, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), San José.
[30] Asenjo, W. and M. Astica (2013), “Estudio de la exclusión educativa y abandono en la enseñanza secundaria en algunas instituciones públicas de Costa Rica”, Revista Electrónica Educare, Vol. 17/1, http://www.una.ac.cr/educare.
[24] Banco Central de Costa Rica (2019), Cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado en Costa Rica 2017, https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/CuentaSateliteTrabajoDomesticoNoRemunerado/Documento_Metodologico_Resultados_CSTDNR2017.pdf (accessed on 21 May 2024).
[48] Berniell, I. et al. (2021), Motherhood and flexible jobs: Evidence from Latin American countries, UNU-WIDER, https://doi.org/10.35188/unu-wider/2021/971-6.
[50] Berniell, I. et al. (2021), “Gender gaps in labor informality: The motherhood effect”, Journal of Development Economics, Vol. 150, https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2020.102599.
[60] Bertrand, M. (2020), “Gender in the Twenty-First Century”, AEA Papers and Proceedings, Vol. 110, pp. 1-24, https://doi.org/10.1257/pandp.20201126.
[51] Botello, H. A., & López Alba, A (2014), “El efecto de la maternidad sobre los salarios femeninos en latinoamérica”, Semestre Económico, Vol. 17/36, pp. 13-37, https://doi.org/10.22395/seec.v17n36a1.
[88] CEPAL (2022), Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y al femicidio o feminicidio, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/5176486b-d060-4255-ac74-d1dc8eec9bf3/content.
[67] Christiansen, L. et al. (2016), “Individual Choice or Policies? Drivers of Female Employment in Europe”, IMF Working Paper, No. 16/49, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Individual-Choice-or-Policies-Drivers-of-Female-Employment-in-Europe-43770.
[61] Ciminelli, G. and C. Schwellnus (2021), “Sticky floors or glass ceilings? The role of humancapital, working time flexibility and discriminationin the gender wage gap”, VOX, CEPR Policy Portal, https://voxeu.org/article/human-capital-working-time-flexibility-and-discrimination-gender-wage-gap.
[17] Connolly, S. and M. Gregory (2008), “Moving Down: Women’s Part-Time Work and Occupational Change in Britain 1991–2001*”, The Economic Journal, Vol. 118/526, pp. F52-F76, https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02116.x.
[33] Consejo Nacional de Rectores (2021), Octavo Estado de la Educación 2021, https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf.
[2] Conti, G., J. Heckman and S. Urzua (2010), “The Education-Health Gradient”, American Economic Review, Vol. 100/2, pp. 234-238, https://doi.org/10.1257/aer.100.2.234.
[25] Cuberes, D. and M. Teignier (2016), Aggregate Effects of Gender Gaps in the Labor Market: A Quantitative Estimate, https://doi.org/10.1086/683847.
[3] Dávila-Cervantes, C. and M. Agudelo-Botero (2019), “Health inequalities in Latin America: persistent gaps in life expectancy”, The Lancet Planetary Health, Vol. 3/12, pp. e492-e493, https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30244-X.
[9] Dougherty, C. (2005), “Why Are the Returns to Schooling Higher for Women than for Men?”, The Journal of Human Resources, Vol. 40/4, pp. 969-988, http://www.jstor.org/stable/4129547.
[79] Duchene, C. (2011), “Gender and Transport”, International Transport Forum Discussion Papers, No. 2011/11, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5kg9mq47w59w-en.
[38] Encinas-Martín, M. and M. Cherian (2023), Gender, Education and Skills: The Persistence of Gender Gaps in Education and Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/34680dd5-en.
[16] Ferrant, G., L. Pesando and K. Nowacka (2014), “Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes”, OECD Development Centre, Paris, http://www.oecd.org/dev/development-gender/unpaid_care_work.pdf.
[22] Ferrant, G. and A. Thim (2019), “Measuring Women’s Economic Empowerment: Time Use Data and Gender Inequality”, OECD Development Policy Papers, No. 16, OECD, Paris, https://www.oecd.org/dev/development-gender/MEASURING-WOMENS-ECONOMIC-EMPOWERMENT-Gender-Policy-Paper-No-16.pdf.
[69] Fortin, N. (2005), “Gender Role Attitudes and the Labour-market Outcomes of Women across OECD Countries”, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 21/3, pp. 416-438, https://doi.org/10.1093/oxrep/gri024.
[31] Garcia-Ramirez, J., Z. Nikoloski and E. Mossialos (2020), “Inequality in healthcare use among older people in Colombia”, International Journal for Equity in Health, Vol. 19/1, p. 168, https://doi.org/10.1186/s12939-020-01241-0.
[66] Goldin, C. (1994), “The U-shaped Female Labour Force Function in Economic Development and Economic History”, NBER Working Paper Series, No. 4707, National Bureau of Economic Research, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w4707/w4707.pdf (accessed on 17 April 2024).
[72] Gonzales, C. et al. (2015), “Fair Play: More Equal Laws Boost Female Labor Force Participation”, IMF Staff Discussion Paper, No. 15/02, International Monetary Fund, Washington, D.C., https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1502.pdf.
[37] Hadjar, A. et al. (2014), “Gender and educational achievement”, Educational Research, Vol. 56/2, pp. 117-125, https://doi.org/10.1080/00131881.2014.898908.
[12] Heath, R. and S. Jayachandran (2017), “The Causes and Consequences of Increased Female Education and Labor Force Participation in Developing Countries”, http://www.nber.org/papers/w22766.
[65] IDB (2020), “Panorama of Aging and Long-term care: Costa Rica”, pp. 1-6, https://doi.org/10.18235/0002441.
[71] INAMU (2022), IV Encuesta Nacional de Perceptión de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica (EMPEDEMU 2021).
[85] INEC (2023), “Anuario Estadístico 2021 - 2022”.
[55] INEC (2023), “Encuesta Continua de Empleo al segundo trimestre de 2023 RESULTADOS GENERALES”.
[57] INEC (2023), “Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares 2022 RESULTADOS GENERALES”.
[62] INEC (2023), Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2022, INEC, San José, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema-2/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut%0Ahttp://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/874%0Ahttps://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ENUT/Bol_EN.
[64] INEC (2023), Las mamas en Costa Rica.
[59] INEC (2022), Anuario Estadístico 2020 - 2021 COMPENDIO DE ESTADÍSTICAS NACIONALES, INEC, San José.
[40] INEC (2022), Encuesta Nacional de Hogares Julio 2022 RESULTADOS GENERALES, INEC, San José.
[42] INEC (2013), X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 - Territorios indígenas Principales Indicadores demográfIcos y socioeconómicos, INEC, San José.
[47] Instituto Nacional de Estadística y Censos (2023), Encuesta Continua de Empleo al segundo trimestre de 2023, https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-08/ECE_II%20T_2023.pdf (accessed on 26 April 2024).
[49] Instituto Nacional de las Mujeres (2019), Tercer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica.
[36] Kahn, S. and D. Ginther (2018), “Women and Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM): Are Differences in Education and Careers Due to Stereotypes, Interests, or Family?”, in Averett, S., L. Argys and S. Hoffman (eds.), The Oxford Handbook of Women and the Economy, Oxford University Press, Oxford, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190628963.013.13.
[23] Kochhar, K. et al. (2017), Women, work, and economic growth : leveling the playing field, International Monetary Fund.
[27] Kögel, C. et al. (2023), “Gender diversity in senior management and firm productivity: Evidence from nine OECD countries”, OECD Productivity Working Papers, No. 34, OECD.
[80] Lecompte, M. and B. Juan Pablo (2017), “Transport systems and their impact con gender equity”, Transportation Research Procedia, Vol. 25, pp. 4245-4257, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.230.
[15] Liu, D. and A. Raftery (2020), “How Do Education and Family Planning Accelerate Fertility Decline?”, Population and Development Review, Vol. 46/3, pp. 409-441, https://doi.org/10.1111/padr.12347.
[18] MacDonald, M., S. Phipps and L. Lethbridge (2005), “Taking Its Toll: The Influence of Paid and Unpaid Work on Women’s Well-Being”, Feminist Economics, Vol. 11/1, pp. 63-94, https://doi.org/10.1080/1354570042000332597.
[5] Mallick, L., P. Das and K. Pradhan (2016), “Impact of educational expenditure on economic growth in major Asian countries: Evidence from econometric analysis”, Theoretical and Applied Economics, Vol. XXIII/2(607), pp. 173-186.
[56] Mastercard (2022), The Mastercard Index of Women Entrepreneurs Contents.
[76] Mateo Díaz, M. and L. Rodriguez-Chamussy (2016), Cashing in on Education - Women, Childcare, and Prosperity in Latin America and the Caribbean, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington, D.C.
[4] Mincer, J. (1984), “Human capital and economic growth”, Economics of Education Review, Vol. 3/3, pp. 195-205, https://doi.org/10.1016/0272-7757(84)90032-3.
[81] MiTransporte, C. (2021), Mejorar la experiencia de las mujeres en el transporte y los espacios públicos |, https://www.madboxpc.com/innovacion-en-el-transporte-publico-como-mejorar-la-experiencia-de-los-usuarios/.
[8] Montenegro, C. and H. Patrinos (2014), “Comparable estimates of returns to schooling around the world”, Policy Research Working Paper, No. 7020, World Bank, Washington, D.C., http://documents.worldbank.org/curated/en/830831468147839247/Comparable-estimates-of-returns-to-schooling-around-the-world.
[39] Nollenberger, N., N. Rodríguez-Planas and A. Sevilla (2016), “The Math Gender Gap: The Role of Culture”, American Economic Review, Vol. 106/5, pp. 257-261, https://doi.org/10.1257/aer.p20161121.
[58] OEAP (2018), Brechas para el Emprendimiento en la Alianza del Pacifico, http://brechas.asela.org/static/media/estudio_brecha_oeap.9c5c3040.pdf.
[10] OECD (2024), Educational attainment and labour-force status. Education at a Glance Database, https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=85692 (accessed on 12 April 2024).
[63] OECD (2024), Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/918d8db3-en.
[84] OECD (2023), Breaking the Cycle of Gender-based Violence: Translating Evidence into Action for Victim/Survivor-centred Governance, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b133e75c-en.
[77] OECD (2023), Economic Policy Reforms 2023: Going for Growth, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9953de23-en.
[6] OECD (2023), Education at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e13bef63-en.
[45] OECD (2023), International Migration Outlook 2023, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b0f40584-en.
[26] OECD (2023), Joining Forces for Gender Equality: What is Holding us Back?, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/67d48024-en.
[54] OECD (2023), OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2023, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/342b8564-en.
[34] OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/53f23881-en.
[32] OECD (2023), Skills in Latin America: Insights from the Survey of Adult Skills (PIAAC), OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5ab893f0-en.
[74] OECD (2023), “Social Institutions and Gender Index (Edition 2023)”, OECD International Development Statistics (database), https://doi.org/10.1787/33beb96e-en (accessed on 22 April 2024).
[14] OECD (2022), Education at a Glance 2022: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3197152b-en.
[83] OECD (2021), Eliminating Gender-based Violence: Governance and Survivor/Victim-centred Approaches, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/42121347-en.
[28] OECD (2021), Gender Equality in Chile: Towards a Better Sharing of Paid and Unpaid Work, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6cc8ea3e-en.
[68] OECD (2021), Man Enough? Measuring Masculine Norms to Promote Women’s Empowerment, Social Institutions and Gender Index, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6ffd1936-en.
[53] OECD (2021), OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021 Country Profiles, OECD, Paris, https://www.oecd.org/industry/smes/SME-Outlook-2021-Country-profiles.pdf.
[73] OECD (2021), Public Governance in Costa Rica, OECD, Paris, https://www.oecd.org/costarica/costa-rica-public-governance-evaluation-accession-review.pdf.
[78] OECD (2021), Towards Improved Retirement Savings Outcomes for Women, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f7b48808-en.
[1] OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en.
[20] Ogolsky, B., R. Dennison and J. Monk (2014), “The Role of Couple Discrepancies in Cognitive and Behavioral Egalitarianism in Marital Quality”, Sex Roles, Vol. 70/7, pp. 329-342, https://doi.org/10.1007/s11199-014-0365-9.
[44] ONU Costa Rica (2022), “La triple lucha contra la discriminación de una mujer indígena en Costa Rica _ Naciones Unidas en Costa Rica”.
[35] Osorio, C. et al. (2020), Participation of women in STEM higher education programs in Latin america: The issue of inequality, Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions, https://www.laccei.org/LACCEI2020-VirtualEdition/full_papers/FP368.pdf.
[89] Poder Judicial (2023), Observatorio de Violencia de Genero contra las mujers y acceso a la justicia, https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/index.php/soy-especialista-y-busco/estadisticas/femicidio.
[13] Psacharopoulos, G. and H. Patrinos (2018), “Returns to Investment in Education A Decennial Review of the Global Literature”, Policy Research Working Paper, No. 8402, World Bank, http://econ.worldbank.org.
[11] Schultz, T. (1993), “Returns to Women’s Education”, in King, E. and M. Hill (eds.), Women’s Education in Developing Countries: Barriers, Benefits and Policies, World Bank, Washington, D.C.
[70] Seguino, S. (2007), “Plus ça Change? Evidence on Global Trends in Gender Norms and Stereotypes”, Feminist Economics, Vol. 13/2, pp. 1-28, https://doi.org/10.1080/13545700601184880.
[19] Sigle-Rushton, W. (2010), “Men’s Unpaid Work and Divorce: Reassessing Specialization and Trade in British Families”, Feminist Economics, Vol. 16/2, pp. 1-26, https://doi.org/10.1080/13545700903448801.
[86] Sviatschi, M. and I. Trako (2021), “Gender Violence, Enforcement, and Human Capital Evidence from Women’s Justice Centers in Peru”, Policy Rsearch Working Paper, No. 9624, World Bank, https://doi.org/10.2139/ssrn.4127793.
[52] Torres, R. and D. Zaclicever (2022), “Brecha salarial de género en Costa Rica: una desigualdad persistente”, Comercio Internacional, No. 169, http://www.cepal.org/apps.
[90] UN Women (2020), “Costa Rica : Leaving no woman behind during the COVID-19 pandemic”.
[46] UNDP, OECD and IDB (2023), How Do Migrants Fare in Latin America and the Caribbean?, http://www.souvenirme.com.
[41] UNHR (2021), Towards more land access and greater protection for indigenous peoples in Costa Rica.
[43] Varas, V. (n.d.), Mujeres indígenas en Costa Rica.
[21] WHO (2007), Fatherhood and health outcomes in Europe, World Health Organization , Copenhagen, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/69011/E91129.pdf.
[7] Woodhall, M. (1973), “The economic returns to investment in women’s education”, Higher Education, Vol. 2/3, pp. 275-299, https://doi.org/10.1007/BF00138806.
[75] World Bank (2023), Women, Business and the Law, https://wbl.worldbank.org/en/wbl (accessed on 23 February 2024).
[82] World Health Organization (2021), Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018, https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256 (accessed on 21 May 2024).